8/16/2026

Examinar el examen

 Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

Examinar el examen

"La situación ideal en materia de educación sería que cualquier joven que deseara ingresar a una institución pública de educación superior pudiera hacerlo".-Examinar el examen. Por Lorenzo meyer

Se supone que en determinadas circunstancias los estados modernos tienen la capacidad y el derecho de encuadrar a la mayoría de sus ciudadanos jóvenes en sus instituciones armadas vía el servicio militar obligatorio o legislaciones propias de tiempos de guerra. Los exámenes a los que se les somete al momento de su reclutamiento no son particularmente estrictos y menos en materia de conocimientos generales.

Sin embargo, la situación se invierte cuando son los jóvenes quienes demandan masivamente al Estado su ingreso a instituciones públicas de educación superior. Aparecen entonces unos exámenes relativamente complejos que buscan, entre otras cosas, rechazar a un buen número de los solicitantes -a veces a la mayoría- bajo el supuesto de su falta de los conocimientos académicos que ya debían poseer. Se trata de un mecanismo de discriminación en nombre de priorizar una cierta definición de calidad y capacidad intelectual.

El fenómeno se agudiza en el caso de las instituciones de supuesta excelencia académica y científica, lo mismo en países ricos que en los no lo son. En Estados Unidos, por ejemplo, el conjunto de las universidades de mayor prestigio -Harvard, Yale, Princeton, Columbia, etcétera- rechazan, en promedio, al 95 por ciento de los solicitantes (Washington Post, 03/08/26). En nuestro país y en el pasado inmediato la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la universidad pública más importante del país recibió en 2025 alrededor de 200 mil solicitudes para presentar el examen de ingreso a alguna de sus licenciaturas, 160 mil lo presentaron y finalmente fueron aceptados 19 mil 554, es decir, el 10 por ciento de los que inicialmente iniciaron el trámite.    

Como se sabe, este año la UNAM recibió 191 mil 306 solicitudes para cursar alguna de sus licenciaturas; de ese total 158 mil 712 presentaron el examen de ingreso, y por primera vez lo hicieron en línea, 21 mil 962 recibieron la aceptación. Sin embargo, y como también se sabe, los aspirantes que tuvieron más de cien aciertos en un examen de 120 interrogantes fue de 16.3 por ciento cuando en el pasado inmediato -entre 2021 y 2025- el porcentaje había sido de apenas entre el tres por ciento y el 3.5 por ciento. Pero lo realmente fuera de rango fue que aquellos que tuvieron más de 110 aciertos fueron alrededor del 5.5 por ciento cuando en el pasado el porcentaje apenas rozó el uno por ciento. Obviamente, variaciones tan espectaculares no pueden ser atribuibles a una igualmente espectacular transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las preparatorias mexicanas, sino a fallas en la forma en que se llevó a cabo el examen.

Pero dejémosle a la comisión de expertos ad hoc que se formó para encontrar la explicación y la solución de la incógnita, y abordemos un tema de más fondo: ¿hasta qué punto un examen de conocimientos adquiridos por estudiantes jóvenes en su paso por las instituciones de educación elemental, media y media superior en México, puede ser un indicador efectivo y justo de las capacidades intelectuales y del compromiso con la actividad académica de quienes buscan obtener un título universitario? ¿Hasta qué punto las universidades públicas tienen el derecho de admitir sólo “a los mejores” medidos por ese examen de conocimientos y rechazar al resto de quienes dijeron estar dispuestos a adentrarse en el mundo de las ciencias y las artes universitarias para obtener un título que les de acceso a una profesión y a la forma de vida a la que aspiran?

En un país como el nuestro, tan claramente marcado por las diferencias de clase, aquellos a quienes les tocó en suerte nacer en un hogar de clases media o alta, tienen de entrada mayores oportunidades de acceso a todos esos conocimientos y experiencias que permiten tener éxito en los exámenes de ingreso a las instituciones universitarias.

Un hogar con libros y medios electrónicos de información puede estimular desde muy temprano el contacto de niños y adolescentes con el “ancho mundo” y por esa vía obtener un conocimiento temprano de la naturaleza de la ciencia y las artes, de hechos y datos, de experiencias y ambientes diferentes y contrastantes con el entorno propio. Un hogar donde la educación formal e informal de la familia también estimula la discusión temprana y constante de temas que van más allá de las experiencias del entorno inmediato influye decisivamente en el conocimiento, imaginación y voluntad de niños y jóvenes de ampliar sus horizontes y por ende su visión y comprensión del mundo que les rodea. Obviamente “los viajes ilustran” lo mismo que el dominio de un segundo idioma adquirido en casa o en instituciones privadas, y que permite a esos jóvenes tener acceso y confianza en el manejo de fuentes de información útiles para hacer frente con éxito a exámenes de admisión a centros educativos y al posterior dominio aprovechamiento de las ciencias y artes que ahí se ofrecen bajo el concepto de “educación superior”.

Es claro que son principalmente los jóvenes provenientes de los sectores privilegiados los que pueden permitirse retrasar su entrada al mercado de trabajo y por un tiempo -años- vivir sin preocuparse por tener que ganar un salario y enfocar su energía en familiarizarse y emplear los medios que su clase social ha puesto a su disposición desde el inicio para enfrentar los retos propios del ingreso al mundo del adulto. En contraste, los jóvenes que provienen de hogares donde desde el inicio ha dominado una “cultura de la pobreza” desde sus comienzos están en desventaja en su esfuerzo por salir del entorno en que nacieron, y no por falta de inteligencia o voluntad, sino por lo limitado de su educación formal e informal.

Para ponerle “datos duros” -cifras y porcentajes- a los efectos de la desigualdad social sobre las oportunidades de los jóvenes en el campo que aquí se discute se puede recurrir a los estudios sobre el fenómeno. De acuerdo con lo publicado por el Coneval, en 2022, 45.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años en México vivían en situación de pobreza multidimensional, equivalente a unos 17.0 millones de menores.  Un investigador, Emilio Blanco Bosco, encontró que en México y en el grupo de personas nacidas entre 1962 y 1971 las diferencias en los recursos o “activos económicos” de sus familias podían explicar hasta en un 36 por ciento los efectos de la desigualdad social en relación con el acceso a la educación superior.  A lo anterior se añade que el nivel de escolaridad formal de los padres aportaba otro 30 por ciento al mismo fenómeno. Finalmente, el tipo de ocupación de quien encabezaba la unidad familiar añadía otro 18 por ciento a la explicación, (véase el estudio en Revista Mexicana de Investigación Educativa, No. 98, 2023). Es claro que a los indicadores mencionados se podrían añadir otros más que operarían en el mismo sentido como son el sexo, el fenotipo, la naturaleza del lugar de residencia (urbano o rural y el tipo de comunidad), la región, la religión y otros.

La situación ideal en materia de educación sería que cualquier joven que deseara ingresar a una institución pública de educación superior pudiera hacerlo y sí su desempeño lo ameritara tuviera beca, pero incluso entonces aparecería otro obstáculo: el título universitario sólo tiene pleno sentido si el mercado laboral ofrece empleos adecuados, pero ese ya es tema para otra columna. Para ésta, lo importante es considerar que si bien dadas las limitaciones de recursos destinados para la educación pública, la oferta de plazas en las universidades del Estado es muy inferior a la demanda. De ahí que la exigencia de un examen de ingreso a esas instituciones sea una solución práctica, pero que sirve para ocultar una injusticia social: la selección de “los mejores” sólo con base en un examen de conocimientos tiene un inevitable sesgo en contra de los aspirantes que nacieron y se desarrollaron en condiciones de pobreza. Y eliminar ese sesgo requeriría modificaciones urgentes y de mucho calado en la estructura social mexicana. Se trata de un tema vital para la juventud mexicana que urge abordar.

¿Y si el verdadero obstáculo es la política?

 El Poder del Consumidor

Alejandro Calvillo

"Durante demasiado tiempo, la conversación pública ha estado dominada por las grandes corporaciones alcoholeras que obtienen beneficios económicos del statu quo". 

¿Y si el verdadero obstáculo es la política? Por Alejandro Calvillo

Durante años se nos ha repetido el mismo argumento. Cada vez que se plantea algún tipo de regulación a ese producto que causa daños por alrededor de 552 mil millones de pesos (mdp) cada año en México, que se vincula con uno de cada tres casos de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar y con 112 muertes diarias, se responde que "La sociedad mexicana no la aceptará". Este es el discurso favorito de una industria multinacional que ha logrado convertir sus intereses comerciales en supuestos consensos sociales, contando con fuertes aliados en el gobierno. Hablamos del alcohol.

Pero… ¿Y si esa narrativa no es cierta? Si no es cierto que no es la sociedad la que se opone a las regulaciones del alcohol, sino todo lo contrario.

Los resultados de una encuesta oficial reciente son contundentes: el 85 por ciento de la población aprueba impulsar varias medidas para reducir el consumo de alcohol, como restringir la publicidad de bebidas alcohólicas, eliminar el patrocinio deportivo, fortalecer los programas de alcoholimetría y limitar los días y horarios de venta.

Y en relación con la medida más efectiva para reducir el consumo y que se ha hecho pensar que no es apoyada por la población, como es el impuesto a estas bebidas, el 67 por ciento de la población mexicana está de acuerdo con ella, con aumentar los impuestos. Incluso, entre quienes consumen alcohol, más del 50 por ciento apoya incrementar los impuestos y más del 79 por ciento apoya el impulso de las demás regulaciones.

El estudio elaborado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) de la Secretaría de Salud, utilizó datos representativos de la población mexicana obtenidos en la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025), acaba de desmontar uno de los principales mitos corporativos que han frenado durante más de una década la actualización de las políticas de alcohol en México.

A la luz de estos resultados, vale la pena preguntarse, entonces, si la ciudadanía ha expresado que quiere una mejor regulación, ¿qué intereses siguen impidiendo que el Estado actúe?

Porque mientras la discusión pública permanece atrapada entre falsas dicotomías sobre "libertad de elección" y "prohibicionismo", el consumo de alcohol continúa generando una enorme factura que termina pagando toda la sociedad.

La pagamos cuando una mujer llega golpeada a un servicio de urgencias después de un episodio de violencia familiar donde el alcohol estuvo presente. La pagamos cuando un joven pierde la vida en un siniestro vial provocado por un conductor alcoholizado. La pagamos cuando los hospitales destinan recursos crecientes para atender enfermedades hepáticas, diversos tipos de cáncer, lesiones, trastornos mentales y cientos de padecimientos relacionados con el consumo de alcohol. La pagan las empresas mediante pérdidas de productividad, ausentismo y accidentes laborales. La pagan las familias con ingresos reducidos, gastos médicos y vidas fracturadas, que destinan una buena parte de sus ingresos a tratar a sus familiares con problemas de alcohol.

La Organización Mundial de la Salud ha documentado que el alcohol contribuye a más de 200 enfermedades, lesiones y condiciones de salud, provocando alrededor de tres millones de muertes cada año en el mundo. Además, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) clasifica al alcohol como un carcinógeno del Grupo 1, asociado con diversos tipos de cáncer: boca, garganta, laringe, esófago, mama, hígado, colon, recto y, recientemente, páncreas. En México, de acuerdo con datos del estudio de Carga Global de Enfermedad, mueren cada día 112 personas por causas asociadas al consumo de alcohol; esto significa que cuatro personas morirán en la siguiente hora en México por una causa que es 100 por ciento prevenible.

A pesar de esto, en el Poder Legislativo se sigue discutiendo si conviene actualizar un impuesto que, en términos reales, ha perdido buena parte de su capacidad para reducir la asequibilidad del alcohol. Mientras el impuesto al tabaco ha tenido aumentos en términos reales en 2011, 2020 y 2026, el impuesto al alcohol se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2014.

Y el consumo de alcohol le cuesta de manera directa e indirecta a México 552 mil mdp al año, lo que equivale al 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que, bajo el esquema de impuestos actual, en 2021 la industria alcoholera pagó apenas alrededor de 58 mil mdp en impuestos, 0.2 por ciento del PIB, menos del 10 por ciento de lo que cuesta.

Es un debate sobre quién absorbe los costos.

Hoy esos costos recaen sobre los sistemas públicos de salud, las familias, las víctimas de violencia y los contribuyentes. Mientras tanto, quienes obtienen las ganancias por la venta del alcohol no asumen proporcionalmente los daños sociales que genera su producto.

Ese desequilibrio explica por qué organismos internacionales como la OMS, la OCDE, el Banco Mundial y múltiples grupos de investigación internacionales insisten en la implementación de una combinación de políticas integrales: impuestos que reduzcan la asequibilidad del alcohol, restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas, regulación de la disponibilidad (días, horarios y puntos de venta), etiquetados con advertencias sanitarias, prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol y acceso oportuno al tratamiento.

Ningún gobierno serio debería ignorar un consenso de esta magnitud. Mucho menos cuando hablamos de un problema que está relacionado con violencia familiar, homicidios, lesiones, accidentes de tránsito, enfermedades crónicas, cáncer, problemas de salud mental y enormes costos económicos para el Estado.

Actualizar la política nacional de alcohol ya no puede seguir posponiéndose.

Aumentar el impuesto es el primer paso. México necesita además una reforma integral que incorpore las medidas recomendadas por la iniciativa SAFER de la OMS: reducir la disponibilidad del alcohol, fortalecer las acciones contra la conducción bajo sus efectos, garantizar acceso al tratamiento, restringir integralmente la publicidad y el patrocinio, implementar etiquetados sanitarios efectivos y utilizar la política fiscal para disminuir la asequibilidad del alcohol. El respaldo ciudadano a estas acciones es ampliamente mayoritario.

Durante demasiado tiempo, la conversación pública ha estado dominada por las grandes corporaciones alcoholeras que obtienen beneficios económicos del statu quo. Hoy, la evidencia científica nacional demuestra que la sociedad mexicana está diciendo otra cosa.

Hoy ya no hay pretextos. La evidencia existe, las recomendaciones internacionales existen y ahora sabemos que la sociedad mexicana también respalda una regulación más fuerte del alcohol. Si todo apunta en la misma dirección, la pregunta ya no es por qué debemos regular el alcohol; la pregunta es por qué el Gobierno sigue sin hacerlo. ¿Qué ha impedido durante más de una década actualizar una regulación que protege la salud pública? ¿Por qué, cuando hay consenso científico y respaldo social, las decisiones siguen aplazándose? La inacción también tiene consecuencias, y esas consecuencias se cuentan en miles de muertes evitables, millones de pesos en costos para el sistema de salud y una enorme carga de violencia y discapacidad que hoy siguen pagando las familias mexicanas.

Agradezco a los maestros Luis Alonso Robledo y Norberto Hernández, de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), por su colaboración en esta columna.