Cinco años después de que Ecuador despenalizó el aborto en casos de violación, los registros oficiales todavía no permiten determinar cuántas mujeres han accedido efectivamente a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por esta causal.
La falta de información completa dificulta conocer qué ocurre desde que una mujer solicita el procedimiento hasta que el caso se resuelve y, en consecuencia, limita la posibilidad de evaluar las rutas de atención y las políticas públicas implementadas para garantizar este derecho.
Así lo advierte el informe Interrupción voluntaria del embarazo por violación: ¿Cómo ha respondido el sistema de salud ecuatoriano?, elaborado desde el Observatorio de Violencias en Género y Sexualidades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador.
Liudmila Morales, profesora de Flacso Ecuador y una de las investigadoras que presentó el informe, explicó que los registros disponibles continúan siendo imprecisos y no permiten identificar la totalidad de los abortos por violación realizados en el país.
Ecuador no registra por separado los abortos por violación
Uno de los principales problemas identificados por las investigadoras es que las altas hospitalarias no registran de manera diferenciada los abortos realizados por violación.
La categoría de “aborto médico” agrupa tanto las interrupciones del embarazo por violación como aquellas realizadas para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.
Los lineamientos establecidos por las autoridades ecuatorianas contemplan códigos específicos para identificar los casos relacionados con violencia sexual. Sin embargo, los datos muestran que este mecanismo de registro prácticamente no se ha utilizado.
En 2022, año en que entró en vigor la legislación que reguló el acceso al aborto por violación, no se registró ningún caso con esa codificación dentro de los egresos hospitalarios por aborto médico del Ministerio de Salud Pública (MSP).
En 2023 y 2024 apareció un caso registrado de esta manera cada año. Para 2025, hasta septiembre, únicamente se habían contabilizado dos.
Ante esta situación, las cifras de aborto médico se convierten en una aproximación para intentar conocer el comportamiento de las interrupciones del embarazo por violación, aunque no permiten distinguir cuántas corresponden realmente a esta causal.
Los datos muestran una caída en el sector privado
Los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que incluyen información de los sectores público y privado, muestran que los abortos médicos alcanzaron en 2022 su cifra más baja desde 2015, con 541 casos.
Posteriormente, los registros aumentaron de manera gradual hasta llegar a 616 casos en 2024.
El descenso registrado en 2022 estuvo relacionado principalmente con la información proveniente del sector privado. De acuerdo con el informe, los casos registrados como aborto médico en instituciones privadas pasaron de 331 a 49.
Para Liudmila Morales, esto plantea otra dificultad para conocer la dimensión real del acceso.
“Posiblemente esos abortos médicos se siguen realizando en el sector privado, pero no se están registrando, entonces ya ahí hay un problema”, señaló la académica.
De esta manera, los registros administrativos no permiten saber si la disminución refleja una reducción real de los procedimientos o una falla en la forma en que son reportados.
Aumentan las solicitudes, pero no se sabe cuántas terminan en un aborto
El Ministerio de Salud Pública cuenta con información sobre las solicitudes de aborto por violación y estos registros muestran un incremento.
Sin embargo, las cifras tampoco permiten conocer con precisión qué ocurre con cada solicitud.
El problema es que los datos no permiten establecer si el procedimiento fue efectivamente realizado, si se completó dentro de una institución pública o si la mujer fue derivada a otro establecimiento.
El informe identifica también un aumento en las derivaciones, lo que implica que algunas víctimas de violencia sexual tuvieron que atravesar distintos filtros antes de acceder a la atención.
“No sabes cuándo se está resolviendo cada caso y quiénes son las mujeres que efectivamente están accediendo”, explicó Morales.
Esta falta de trazabilidad impide determinar cuántas solicitudes concluyen en una interrupción voluntaria del embarazo y cuánto tiempo transcurre entre la solicitud y la atención.
Desigualdad territorial y objeción de conciencia
Los datos disponibles también muestran diferencias territoriales en el acceso.
El aborto médico se concentra principalmente en las zonas urbanas, mientras que el informe identifica un crecimiento de la objeción de conciencia, particularmente en la región Costa.
Para las investigadoras, esta situación puede convertirse en una barrera adicional para las mujeres y niñas que buscan acceder a una interrupción del embarazo después de una violación.
La falta de información desagregada dificulta, además, identificar con precisión dónde se concentran las barreras y qué tan distintas son las condiciones de acceso entre territorios.
Sin datos completos, no se puede evaluar el acceso al aborto por violación
La legislación ecuatoriana y sus lineamientos establecieron obligaciones para garantizar la atención a las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, los registros disponibles no permiten reconstruir de manera completa la ruta que sigue una mujer desde que es víctima de violación hasta que solicita y, en su caso, accede a una interrupción del embarazo.
“Es un registro incompleto, en el que es difícil trazar realmente la ruta del registro administrativo entre una mujer que es violada, que queda embarazada y que accede a la interrupción voluntaria del embarazo en una institución de salud”, señaló Morales.
La investigadora advirtió que esta falta de información también impide evaluar el funcionamiento de los plazos y las rutas de atención establecidos para estos casos.
En Ecuador, el marco normativo contempla un plazo de hasta 12 semanas para acceder al aborto por violación, con disposiciones específicas para determinados casos.
Sin datos que permitan saber cuándo se solicita cada procedimiento, cuánto tarda en resolverse y cuántas mujeres finalmente acceden a él, las autoridades enfrentan dificultades para identificar los obstáculos existentes y realizar ajustes a las políticas públicas.
