El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) expresó su preocupación por las dilaciones en dos procesos judiciales por violencia sexual que involucran a exautoridades públicas en Chile. Ante los aplazamientos, llamó al Estado a garantizar investigaciones y juicios oportunos, así como la protección integral de las denunciantes.
En un comunicado publicado el 10 de noviembre de 2026, el Comité señaló los casos del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, denunciado por violación y abuso sexual contra una funcionaria que se encontraba bajo su autoridad, y del exdiputado Francisco Pulgar Castillo, acusado de violación y abuso sexual reiterados contra una niña de 13 años.
De acuerdo con la información recibida por el organismo de organizaciones de la sociedad civil, la audiencia de preparación del juicio oral contra Monsalve, prevista inicialmente para principios de octubre de 2026, fue reprogramada para marzo de 2027.
A este aplazamiento se sumó la modificación de su medida cautelar de arresto domiciliario total a nocturno, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el caso de Francisco Pulgar, el juicio relacionado con hechos denunciados en mayo de 2021 fue aplazado hasta noviembre de 2027. Para el Comité, estos retrasos evidencian obstáculos en la respuesta institucional frente a la violencia sexual y pueden prolongar la incertidumbre de las víctimas.
Retrasos judiciales pueden favorecer la impunidad
El MESECVI recordó que ya se había pronunciado sobre el caso de Monsalve en noviembre de 2024, cuando instó a las autoridades chilenas a actuar con transparencia, celeridad y debida diligencia reforzada. Dos años después, reiteró que una respuesta judicial oportuna es indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres y las niñas.
El organismo también manifestó preocupación por la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, situación que, señaló, se suma a las brechas que persisten en la actuación de las instituciones frente a estas violencias.
En este sentido, recordó que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece la obligación de los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, además de garantizar procedimientos legales justos y eficaces que incluyan juicios oportunos.
El Comité advirtió que la lentitud de los procesos judiciales puede generar cargas adicionales para las sobrevivientes, prolongar la incertidumbre y aumentar el riesgo de que abandonen los procedimientos. También puede contribuir a la revictimización y debilitar la confianza en las instituciones.
Estas consecuencias adquieren especial relevancia cuando los procesos involucran a personas que ocuparon cargos de autoridad pública, pues las dilaciones pueden desalentar a las víctimas y transmitir a la sociedad un mensaje de tolerancia frente a la violencia.
El organismo retomó su Cuarto Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará, en el que advierte que la lentitud judicial debilita el acceso a la justicia y contribuye a la impunidad. Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar respuestas adecuadas a la edad de las niñas víctimas de violencia sexual, con acompañamiento especializado y medidas para evitar su revictimización.
Piden proteger a denunciantes y evitar estereotipos de género
El Comité de Expertas recordó que la debida diligencia reforzada no solo implica resolver los procesos con oportunidad, sino también garantizar que las autoridades judiciales apliquen los estándares sobre consentimiento y eliminen los estereotipos de género durante las investigaciones y los juicios.
Al respecto, reiteró que las asimetrías de poder, la coacción y el temor a la violencia pueden viciar o anular el consentimiento, por lo que estos elementos deben considerarse en la actuación judicial.
Si bien el MESECVI reconoció la información proporcionada por las autoridades chilenas sobre la articulación institucional y las acciones contempladas en la Ley 21.675, así como las iniciativas legislativas para fortalecer la respuesta estatal, insistió en que la prevención, investigación y sanción de la violencia sexual requieren la coordinación de todos los poderes e instituciones.
Finalmente, llamó al sistema judicial y al Ministerio Público de Chile a garantizar que los procesos en curso avancen con celeridad, transparencia y debida diligencia reforzada.
También pidió asegurar la protección integral de las denunciantes, considerar su seguridad al adoptar o modificar medidas cautelares, brindarles apoyo psicosocial durante todas las etapas del proceso e informarles oportunamente sobre las decisiones judiciales.
El Comité enfatizó que estas obligaciones deben reforzarse cuando las víctimas son niñas, quienes requieren atención adecuada a su edad y acompañamiento especializado.
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