"Para cuando Álvarez Puga y Gómez Mont se casaron y participaron de manera conjunta en la operación con factureras, él sumaba ya años operando".
La detención de Inés Gómez Mont por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, coloca nuevamente en la agenda pública la petición de extradición que –desde el año pasado– México realizó al gobierno estadounidense para que la extradite, derivado de tres órdenes de aprehensión en su contra emitidas por jueces federales, por su participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Los mismos cargos por los cuales también hay órdenes de aprehensión en contra de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por quien también se ha pedido su extradición sin que eso se concrete.
A pesar de que desde 2025 México formalizó ante el gobierno estadounidense las solicitudes de detención con fines de extradición tanto de Álvarez Puga como de Gómez Mont, –como ha ocurrido con otras solicitudes de extradición de prófugos de la justicia que el Gobierno mexicano le ha pedido a Estados Unidos–, la administración de Trump se ha negado a extraditarlos.
Como ahora ocurre con Inés Gómez Mont, el año pasado Álvarez Puga también fue detenido por violaciones a las leyes migratorias estadounidenses. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestó, pero estuvo apenas unos días detenido para después ser liberado bajo fianza. Precisamente está programada una audiencia para este mes de noviembre en la que se definiría el estatus migratorio de Álvarez Puga.
Para evadir la justicia mexicana, la pareja ahora está utilizando la artimaña de tramitar peticiones de asilo político diciendo que sufren persecución por su “ideología”, cuando en realidad las órdenes de detención que jueces federales emitieron en su contra derivan de sus delitos financieros: a ambos se les imputa su participación en una red que saqueó recursos públicos a través de empresas fantasma simulando contratos para desviar recursos del erario y ocultar su destino mediante operaciones de lavado de dinero.
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga pasaron de protagonizar las páginas de las revistas de moda y farándula a la crónica judicial cuando las autoridades federales indagaron contrataciones que se hicieron años atrás, contrataciones que se hicieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y mediante las cuales se operó el desvío de recursos públicos.
Al revisar las transacciones que derivaron de esos contratos, a Gómez Mont y Álvarez Puga se les identificó como receptores en sus cuentas personales, de depósitos que provenían de los recursos públicos que se saquearon mediante facturación falsa emitida por empresas fantasma.
Según las investigaciones, ambos participaron en la utilización de un entramado de empresas fantasma y facturación falsa para saquear recursos del erario en una operación que se hizo en el año 2016 a través de la adjudicación directa de dos contratos por casi tres mil millones de pesos, que asignó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong.
Supuestamente se adquiriría equipo tecnológico de vigilancia para penales federales, y pretextando motivos de seguridad nacional, se contrató por adjudicación directa a empresas usadas como parapeto para el desvío de recursos. El esquema operaba mediante triangulaciones: las contratistas a su vez dispersaban los fondos a otras compañías creadas sólo en papel, sin infraestructura, ni trabajadores (identificadas posteriormente por el Servicio de Administración Tributaria como EFOS, o Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), con las cuales a su vez se simulaban operaciones contractuales y para ello también utilizaban facturación falsa. Así dispersaron el dinero para buscar diluir el rastro. Al seguir el rastro del dinero, las autoridades fiscales identificaron que una parte se depositó en las cuentas personales de Álvarez Puga, Gómez Mont, y otros de sus cómplices.
Ese millonario desvío ocurrió en el mismo gobierno –el de Peña Nieto– en que en otras dependencias funcionarios operaron el esquema de saqueo que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que periodísticamente se conoció como la “Estafa maestra”. Al igual que en ese caso, las contratistas no realizaban trabajo alguno, ni entregaban insumo alguno, sino que se les usaba para el saqueo de recursos y la facturación falsa para encubrirlo.
En el caso que involucra a Álvarez Puga y Gómez Mont, la evidencia y elementos de prueba que la FGR obtuvo en su contra llevó a que desde el año 2021 jueces federales emitieran las órdenes de detención, pero se fugaron instalándose en Estados Unidos.
Inicialmente, como medida preventiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los inscribió en la Lista de Personas Bloqueadas, una acción justificada por la gravedad de los delitos y el origen público de los fondos; pero, en una polémica resolución, jueces en materia administrativa protegieron a los factureros prófugos y les privilegiaron ordenándole a la UIF retirar sus nombres de dicha lista para que sus cuentas bancarias quedaran descongeladas. Aunque la UIF interpuso un recurso de revisión, el Poder Judicial ratificó el fallo a favor de Gómez Mont y Álvarez Puga.
Aunque estaban desde el año 2021 en calidad de prófugos, su localización era secreto a voces, tanto que las compañeras de televisión de Gómez Mont, sus comadres, como se llaman entre ellas, declaraban públicamente mantener comunicación constante.
El acceso financiero a sus cuentas bancarias con que les privilegiaron sus influencias en el Poder Judicial, les permitió continuar con el estilo de vida de lujos y excentricidades, tanto que, en Estados Unidos, continuaron adquiriendo mansiones y nuevas empresas.
Ahora está por verse si finalmente el gobierno estadounidense procede a su extradición, como le han requerido las autoridades mexicanas.
La importancia de que la justicia en nuestro país procese el caso Álvarez Puga-Gómez Mont es crucial no sólo por la defraudación imputada a la pareja y a sus cómplices directos, sino por el precedente estructural, porque el criminal esquema operativo que Álvarez Puga practicó durante años, se convirtió en una práctica sistemática adoptada por múltiples empresas para evadir impuestos, así como por funcionarios corruptos para desviar fondos gubernamentales.
Bajo la fachada de asesorías contables y servicios fiscales, el despacho de Álvarez Puga y las múltiples oficinas que abrió incluso a nivel internacional, operaba en realidad sofisticados mecanismos de defraudación fiscal, evasión y lavado de dinero. Su principal herramienta eran las redes de empresas fachada diseñadas exclusivamente para simular operaciones comerciales (factureras) y dispersar el dinero ilícito para borrar el rastro.
Como detallé en este espacio en la videocolumna titulada Mafias factureras: la historia del negocio familiar se remonta al año 2000, cuando los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga abrieron un despacho de asesoría fiscal y contable. Aunque la fachada legal consistía en gestionar obligaciones laborales como el pago de salarios e impuestos de terceros, se convirtió en uno de los primeros en promover, y vender los servicios de los polémicos y rapaces esquemas outsorucing que precarizaron el empleo en México. A través de esas tramposas estructuras de subcontratación, el despacho lograba que las empresas- clientes se eximieran por completo de sus responsabilidades laborales frente a sus empleados.
Este mecanismo resultaba sumamente lesivo para los trabajadores, pero altamente atractivo para las corporaciones que buscaban eludir sus obligaciones fiscales y patronales.
Ante la omisión o colusión de las autoridades, el despacho Álvarez Puga experimentó una rápida expansión nacional e internacional, multiplicando su cartera de clientes.
Para consumar sus fraudes, el despacho y sus ramificaciones utilizaban diversas artimañas jurídicas: crearon múltiples empresas sólo de papel en varias entidades. Estas compañías fantasma operaban bajo supuestas actividades de “ingeniería fiscal”, servicios financieros, administración o promotoras de servicios fiscales; también hicieron falsas cooperativas (registraban a trabajadores bajo figuras de sociedades cooperativas o en nombre colectivo para simular que eran socios y no empleados, privándolos de prestaciones básicas como el pago de utilidades, aguinaldos y cuotas de seguridad social); y la ya descrita emisión de facturas falsas usadas por sus clientes para deducir impuestos ilegalmente, haciéndolo pasar como compras de bienes o servicios, cuando en realidad se trataba de evasión fiscal.
A pesar de que, por lo menos desde el año 2010, las autoridades fiscales detectaron las estrategias de evasión fiscal y elusión laboral que el despacho Álvarez Puga hacía para un número cada vez más creciente de empresas, y que incluso el SAT cateó sus oficinas, se les permitió continuar operando.
La notoriedad del facturero Álvarez Puga en el mundo de la farándula fue a partir de que se casó con la conductora de televisión. El rostro y nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga se volvieron habituales en las revistas de sociales y en las redes de las amistades de la conductora, quienes elogiaban a la pareja como “los mejores anfitriones”, haciendo ostentación de las celebraciones exclusivas, viajes de fin de semana en vuelos privados con champán y souvenirs de lujo.
La propia Gómez Mont se encargaba de exhibir en sus redes los viajes internacionales, prendas de diseñadores exclusivos, de relojería, joyería y colección de bolsos valuados en millones de pesos cada uno. Repasar la ostentosa exhibición de opulencia que por años hizo la pareja lleva también al cuestionamiento respecto al origen del dinero, sobre todo en el contexto de las investigaciones y graves delitos que les imputan las autoridades.
En México las redes de facturación falsa se convirtieron en algunas de las estructuras más lesivas porque se utilizan para operar delito de cuello blanco muchas veces vinculado también con delitos de alto impacto. Se volvieron un puente para simular operaciones, triangular recursos públicos y privados, y lavar dinero. El uso de ese mecanismo no sólo facilitó la elusión y evasión fiscal, sino que sirvió para el saqueo sistemático del erario.
Ese esquema no sólo ha sido una vía recurrente para el desvío de recursos públicos y el fraude fiscal, sino también un instrumento usado por la delincuencia organizada precisamente para el lavado de dinero.
Ante lo lesivo de ese esquema, las leyes actuales contemplan como delito grave la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos, ahora falta que se logren procesar judicialmente a los factureros.
Las ordenes de detención vigentes contra Álvarez Puga y Gómez Mont dan la posibilidad de que se procese formalmente uno de los mayores casos de delincuencia organizada vinculada a las mafias factureras.
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