Colectivas feministas y organizaciones de mujeres cuestionaron el reconocimiento expresado por organismos internacionales al Estado mexicano por el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. A través de un posicionamiento fechado en noviembre de 2026, las firmantes denunciaron que las felicitaciones institucionales no corresponden con la realidad de violencia e impunidad que enfrentan mujeres y niñas en el país.
El documento, titulado Respuesta a las observaciones y «felicitaciones» al Estado mexicano sobre el proyecto de Ley General contra el Feminicidio, está dirigido al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), al Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y al Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Las firmantes manifestaron su indignación ante las cartas de felicitación y validación emitidas hacia el gobierno mexicano, particularmente por la supuesta disminución de 36 por ciento en el promedio diario de feminicidios que ha sido difundida como parte de los avances institucionales.
En contraste, sostuvieron que estos indicadores no reflejan la dimensión de la violencia contra las mujeres, debido a las deficiencias en la clasificación e investigación de las muertes violentas, así como a la persistencia de la impunidad.
Cuestionan cifras oficiales sobre feminicidio
Uno de los principales señalamientos del posicionamiento es el subregistro de los asesinatos de mujeres. Las colectivas afirmaron que numerosas muertes violentas continúan clasificándose como homicidios dolosos, culposos, accidentes o suicidios, sin que se agoten las líneas de investigación necesarias para determinar si existieron razones de género.
En este sentido, mencionaron los señalamientos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y de redes de madres buscadoras sobre las dificultades para acceder a investigaciones adecuadas y obtener justicia.
El documento sostiene que menos de 10 por ciento de los asesinatos de mujeres consigue una sentencia y denuncia que, en la mayoría de las entidades federativas, alrededor de 90 por ciento de los casos de feminicidio no se investigan ni sancionan, de acuerdo con las cifras expuestas por las firmantes.
También retomaron otros indicadores de violencia para dimensionar la problemática: señalaron que siete de cada 10 mujeres son o han sido víctimas de violencia y cinco de cada 10 han experimentado agresiones sexuales.
Las colectivas sostuvieron que la falta de acceso a la justicia mantiene a las familias, madres buscadoras y organizaciones de mujeres como principales acompañantes de las víctimas y responsables de exigir investigaciones y sanciones.
Alertan sobre desapariciones y explotación sexual de niñas
Otro de los puntos abordados fue la violencia contra niñas y adolescentes, particularmente las desapariciones y la trata con fines de explotación sexual.
Las firmantes hicieron referencia al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y a análisis de redes civiles para advertir sobre la situación que enfrentan niñas y adolescentes. También cuestionaron la efectividad de los programas institucionales destinados a prevenir estas violencias.
En el posicionamiento, las colectivas expresaron su rechazo a la incorporación del término «trabajo sexual» en las leyes de protección contra el feminicidio, desde una postura feminista abolicionista.
Argumentaron que la prostitución constituye una forma de explotación sexual comercial atravesada por desigualdades de género y clase, por lo que consideraron que reconocerla como una actividad laboral podría normalizar la compraventa de mujeres y niñas.
Este señalamiento forma parte de su crítica a las recomendaciones de organismos internacionales y a la manera en que se aborda la explotación sexual en los instrumentos legislativos y de protección.
Exigen presupuesto y acceso a la justicia
Ante este panorama, las firmantes plantearon una serie de exigencias tanto al Estado mexicano como a los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Entre sus principales demandas se encuentran garantizar el acceso efectivo a la justicia y terminar con la impunidad mediante presupuesto suficiente para fiscalías especializadas y autónomas, con perspectiva de género y de clase, así como la instalación de juzgados especializados.
También exigieron erradicar todas las formas de explotación sexual, rechazar los marcos legales que reconozcan la prostitución como trabajo y desarrollar políticas públicas que contemplen alternativas económicas para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
En materia de protección a la infancia, solicitaron mecanismos de alerta temprana eficaces frente a la desaparición y el feminicidio de niñas, además de garantizar la reparación integral del daño y el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
Finalmente, las colectivas pidieron a los organismos internacionales dejar de respaldar de manera acrítica las políticas gubernamentales y responder a las demandas de las víctimas y sus familias.
«Ustedes deben proteger los derechos de las mujeres y las niñas, ese es su mandato, no solapar a los gobiernos que los violan», concluyeron en su pronunciamiento.
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