🗞 LA JORNADA
Crece brecha salarial en el INE ;consejeros ganan más que Sheinbaum
Dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) se vive una marcada desigualdad salarial. En la parte alta de su estructura hay por lo menos 694 personas que gozan de remuneraciones brutas de más de 100 mil pesos mensuales, entre consejeros, directores, subdirectores, asesores, vocales ejecutivos locales y titulares de unidad.
En contraste, al menos 20 mil 416 empleados ganan máximo 15 mil 856 pesos; algunos con percepciones de entre 5 mil 700 y 9 mil. En este grupo se encuentran trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana, capacitadores electorales, auxiliares técnicos y operadores de equipo.
Los reportes del INE muestran discrepancias respecto al sueldo de quienes integran el Consejo General, pero todos coinciden en que los consejeros tienen ingresos que superan los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En los primeros tres trimestres del año, el salario más alto fue el que recibía la ahora ex consejera presidenta Guadalupe Taddei. En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el instituto dio a conocer que en el periodo julio-septiembre del presente año la sonorense tuvo una remuneración bruta de 393 mil 951 pesos, y de 269 mil 172.46 pesos netos.
Mientras, en los informes del portal de transparencia del propio órgano comicial se apunta que su sueldo bruto fue 262 mil 634 y de 179 mil 527.29 pesos netos. En tanto, en el sitio web del INE se establece que a Taddei se le aplicaba una reducción voluntaria mensual de poco más de 21 mil pesos, para recibir un sueldo neto mensual de 133 mil, pero no se acompaña dicha información de algún documento que verifique que se haya aplicado ese descuento.
Incluso, en su declaración patrimonial se confirma el salario elevado. Refirió que ganaba al año 3 millones 218 mil 693 pesos, sin contar con ningún otro ingreso mas que el de su cargo como consejera presidenta.
Al asumir el cargo, en abril de 2023, Taddei –quien renunció el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos de presunta corrupción– presumió que a diferencia de su antecesor, Lorenzo Córdova, ella se bajaría las percepciones para no superar las del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre los 10 consejeros restantes, en los tres informes también hay ligeras diferencias de cuánto ganan, pero en todos se expone que superan lo que recibe la mandataria federal. En el sitio web se indica que los consejeros cuentan con “percepciones brutas” por 262 mil 634 pesos mensuales, y un total neto de 180 mil 828.91.
🗞 CONTRAPORTADA
Financieras solicitaban escrituras para tramitar modalidad 40 del IMSS
La falta de reglas sobre la procedencia de los recursos para incrementar el salario de cotización abrió un vacío legal que fue aprovechado por despachos, patrones y prestamistas para hacer negocio con la Modalidad 40 del IMSS, mediante esquemas que ofrecían a los trabajadores pensiones de hasta 70 mil pesos mensuales, señalaron representantes del sector obrero ante el Consejo Técnico del organismo y abogados.
Los representantes advirtieron que se identificaron 36 entidades financieras con convenios con el IMSS para otorgar créditos a trabajadores, a quienes el organismo suspendió temporalmente la colocación de préstamos y suscribió convenios modificatorios.
La representante Leslie Baeza explicó que algunas financieras –por lo menos cinco– fueron más allá de lo autorizado incluso mediante endeudamiento a cambio de escrituras u otras garantías antes de que el IMSS resolviera el otorgamiento de la prestación. Entre diciembre de 2018 y junio de este año, el número de personas que se han pensionado bajo este esquema creció 201 por ciento, al pasar de 252 mil a 798 mil, de acuerdo con José Luis Carazo, también representante.
Los recursos destinados al pago de estas pensiones representaron aproximadamente 251 mil millones de pesos anuales, indicó Baeza, al citar información proporcionada durante la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del 10 de octubre pasado.
En entrevista, mencionó que al 31 de julio pasado, se tenían 267 mil 678 asegurados en la modalidad 40. Detalló que 103 mil 461 personas cotizaban con un salario de entre ocho y nueve veces el mínimo, y otras 44 mil 831 lo hacían en un rango de nueve a diez, lo que representó el grueso con 148 mil 292 con pensiones superiores a 70 mil pesos. En contraste, 43 mil 913 tenían pensiones de hasta un salario mínimo, es decir, poco más de 10 mil pesos.
Ricardo Landero Aramburu, abogado laboral, explicó que con la Modalidad 40 se desarrollaron dos esquemas distintos: el primero y más delicado, porque “constituye un fraude en que personas pagaban a empresas o cooperativas para aparecer como trabajadores asegurados ante el IMSS y así sumar semanas de cotización”.
En otros, los patrones registraban a los trabajadores con un salario, pero después les exigían devolverlo, una práctica que podía facilitar lavado de dinero, señaló.
El segundo mecanismo, precisó, consistía en financiar las aportaciones para elevar el salario de cotización y aspirar a pensiones de 60 mil o 70 mil pesos mensuales.
🗞 CONTRALÍNEA
Exagentes del Cisen montaron la red de corrupción de materiales electorales
El origen de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se remonta al sexenio de Salinas de Gortari, cuando fueron agentes del Cisen, órgano de espionaje político que se creó en 1989 y años más tarde estuvo implicado en elmagnicidio de Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, los ahora contratistas de materiales electorales implicados en una trama histórica de corrupción ingresaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional precisamente en 1989. Su red empresarial no sólo carece de capacidades técnicas y operativas, sino que implicaría esquemas de colusión, sobornos, posible defraudación financiera y fiscal, así como lavado de dinero. La investigación federal encontró nexos con el partido Somos, aunque ese instituto político de reciente creación lo negó
Meses después de asumir la Presidencia de la República y tras el fraude electoral de 1988, el priísta Carlos Salinas de Gortari creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El 13 de febrero de 1989 quedó formalmente constituido ese órgano de espionaje político, dependiente de la Secretaría de Gobernación –entonces encabezada por el temido Fernando Gutiérrez Barrios, quien antes fue titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad–.
Desde su creación, al frente del Cisen quedó Jorge Carrillo Olea, y como su segundo al mando entró Juan Carlos Padilla Aguilar, ahora militante del partido Somos y recientemente apodado por la prensa como “el padrino” de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes a lo largo de casi tres décadas constituyeron una red de empresas “coyotes” ligadas a materiales electorales.
Actualmente, dicha red –integrada por las empresas Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, y Formas Finas Fernando Fernández– es investigada por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la Federación por diversas anomalías. Entre éstas, destacan que carecen de capacidades técnicas y operativas –por lo que podrían ser fachadas–, así como por posibles esquemas de colusión y sobornos –en especial, los detectados en la breve gestión de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei–, probable defraudación financiera y fiscal, así como presunto lavado de dinero.
Antecedentes en el Cisen
De acuerdo con una investigación federal –que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, presentó en la conferencia presidencial del pasado 5 de noviembre–, Juan Carlos Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Cisen en 1989, e incorporó como su secretario particular a José Alfredo Hernández Casillas –identificado ahora como el nodo principal en la presunta trama de corrupción en materiales electorales–.
La relación entre ambos –que también se extendía a su hermano Raymundo Hernández Casillas– había iniciado años antes. De acuerdo con la secretaria Buenrostro, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas empezaron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación: “iniciaron, primero, en el Registro Nacional de Población. Es importante decir que José Alfredo Hernández Casillas era el secretario particular del director general de Renapo [Registro Nacional de Población], que es Juan Carlos Padilla Aguilar”.
🗞 EL UNIVERSAL
Tenía el Clan Taddei red de prestanombres
Las siete empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos de organismos locales electorales desde la época de los 90, a través de fraudes en contratación de materiales, operaban con prestanombres.
Una revisión hecha por EL UNIVERSAL a las operaciones que en el Registro Público de Comercio reportan estas empresas permitió identificar que todas ellas operan con prestanombres o socios que, incluso, han sido revelados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se trata de las compañías Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.
Fuente: Secretaría Anticorrupción
Fuente: Secretaría Anticorrupción
Aunque en el registro digital de comercio de la Ciudad de México no es posible ver el acta constitutiva de Cajas Graf, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue constituida por Salvador Luis Morett y Alejandra Ortiz González en julio de 1993.
En diciembre de 2021 se dio un poder total y se cedieron acciones a favor de Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano de José Alfredo Hernández Casillas, ligado a Guadalupe Taddei a través de videos dados a conocer por Latinus, donde se les observa repartirse porcentajes de moches que otorgan otros contratistas al ganar licitaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Ese poder y esas acciones que Víctor Hugo Aguilar Macalpin, entonces representante legal de Cajas Graf, cedió a Raymundo Francisco Hernández Casillas, se firmaron en la Notaría 185 del Estado de México, cuyo titular es Marcelo Rosseto Armida. La notaría está ubicada en Lomas de Tecamachalco, municipio de Naucalpan.
Otra empresa que utilizó prestanombres para después ceder acciones y poderes, incluso a funcionarios del INE ligados a la trama del clan Taddei, fue el Corporativo Zeg, constituida en diciembre de 2015 en la Notaría 181 de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Soberón Mainero, con domicilio en Santa Fe.
Corporativo Zeg fue constituida por Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez, pero en 2017 otorgó un poder total a Raymundo Francisco Hernández para todas sus operaciones financieras y representaciones legales, por ejemplo, para representarlo al frente de contratos y licitaciones firmados con organismos públicos locales.
Ese poder se firmó también en la Notaría 181, de Miguel Soberón Mainero. Fue hasta 2024, siete años después de haber otorgado los derechos de su representación, que Raymundo Francisco Hernández Casillas solicitó, ante otro notario, darse de baja como representante legal de Corporativo Zeg.
🗞 MILENIO
INE solicitó a FGR investigar lis contratos de la era Córdova
El INE pidió a la Fiscalía General de la República que rastree “beneficios indebidos” a proveedores en los últimos 10 años, que esclarezca a todas las personas que pudieron haber “participado, facilitado o encubierto” esta red de corrupción por la que se señala a Guadalupe Taddei, y que actúe de manera inmediata para impedir “la destrucción o alteración” de esos archivos.
Tal como MILENIO adelantó desde el pasado jueves, la mayoría de las consejerías pidieron enlistar seis posibles delitos que podrían actualizarse ante las “conductas delictivas” que se exhiben en diferentes videos entre Guadalupe Taddei, familiares, funcionarios electorales y el proveedor Alfredo Hernández Casillas.
La denuncia presentada la noche del viernes, a la que este medio tuvo acceso, y ante los señalamientos de que los beneficios a las empresas vinculadas con Hernández Casillas no surgieron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en abril de 2023, sino que vendrían desde la gestión de Lorenzo Córdova o, incluso, previamente; el INE amplió “como periodo general de referencia el correspondiente a los 10 años anteriores a la presentación de la denuncia, sin perjuicio de los antecedentes de ejercicios anteriores que resulten necesarios para contextualizar las operaciones en materia de investigación”.
Sin embargo, aunque amplió el periodo que originalmente sólo preveía la gestión de Taddei, sí recalca que “de manera particular, ameritan ser examinados por la autoridad ministerial” los procedimientos de contratación de las dos elecciones a cargo de Guadalupe Taddei como consejera presidenta: la adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025; así como los servicios y bienes vinculados con la capacitación electoral, las contrataciones y operaciones relacionadas con la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031, ante los videos que exhiben directamente a Taddei en negociaciones que la beneficiarían tanto a ella como a su familia.
“La relevancia penal de los hechos no deriva exclusivamente de la existencia de irregularidades en procedimientos de contratación o de observaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras, sino de la posibilidad de que determinadas actuaciones hubieran sido realizadas deliberadamente para favorecer a particulares, obtener beneficios económicos indebidos, disponer irregularmente de recursos públicos o utilizar las atribuciones de las personas servidoras públicas para propósitos distintos a los legalmente autorizados”, indica el documento.
Petición de resguardo inmediato y revisión de licitaciones clave
La denuncia de hechos “en contra de quien o quienes resulten responsables” pide que le reconozca al INE en calidad de ofendido, ante una posible afectación directa a su patrimonio.
Firmado por la apoderada legal del INE, Brenda Rocío Ramírez García, en 38 páginas detallan los videos que se han revelado en las últimas semanas en los que se exhiben aparentes actos de corrupción entre Guadalupe Taddei, funcionarios y proveedores, por lo que se pide turnarse a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que determine la posible existencia de conductas constitutivas de delito.
🗞 EXCÉLSIOR
El INE ofrece diálogo y mejoras para empleados
En respuesta a la demanda de cerca de cinco mil trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció acciones enfocadas en la justicia laboral, las cuales incluyen el compromiso de reforzar el cumplimiento de las jornadas de trabajo, asegurar los descansos reglamentarios y respetar de manera estricta los 30 minutos destinados al consumo de alimentos.
Asimismo, un incremento salarial de 6% para los empleados con nivel FA1 en los Módulos de Atención Ciudadana, el cual entrará en vigor a partir de enero de 2027.
La circular INE/DEA-DERFE/001/2026, fechada el 7 de noviembre y firmada por los titulares de las direcciones ejecutivas de Administración y del Registro Federal de Electores, reconoce que los planteamientos del personal reflejan “preocupaciones legítimas relacionadas con sus condiciones salariales, laborales y operativas”.
Sin embargo, respecto a los sueldos, indica que las restricciones de presupuesto impiden otorgar el aumento solicitado para 2026, por lo que, para 2027, la directiva someterá a aprobación del Consejo General un incremento, el cual dependerá de los fondos disponibles.
El organismo electoral también informó que dará mayor certeza en la programación de las vacaciones —fijando una semana continua a finales de 2026— y procurará que las actividades de capacitación se desarrollen dentro de los horarios laborales para no afectar los periodos de descanso de los empleados.
Como parte de este proceso, el instituto ha retomado y fortalecido los mecanismos de diálogo con sus trabajadoras y trabajadores, particularmente con el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), cuyas funciones son fundamentales para garantizar los servicios de identificación y atención a la ciudadanía”, indicó.
Pese a ello, se prevé que empleados del INE realicen un paro nacional hoy; en la Ciudad de México se espera una manifestación pacífica y bloqueo en Periférico, frente a las oficinas centrales del INE, a partir de las 10:30 horas.
🗞 EL HERALDO
Blinda INE adquisición de materiales electorales
El Instituto aplicará medidas de vigilancia
por parte de organismos internos y externos con la participación de la ASF y la inclusión de la figura de testigo social que sea apartidista
🗞 REPORTE ÍNDIGO
La factura de la corrupción
La facturación simulada se ha convertido en uno de los mecanismos utilizados para evadir obligaciones fiscales, encubrir operaciones y dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita. Frente a este esquema, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene abiertas distintas líneas de fiscalización que alcanzan tanto a las empresas y personas físicas que emiten comprobantes por operaciones inexistentes como a los intermediarios encargados de validarlos. Las acciones más recientes evidencian la dimensión de una red que se extiende por distintos sectores económicos y niveles de la cadena de facturación.
Por un lado, una auditoría del Órgano Interno de Control del SAT identificó a siete Proveedores de Certificación de Facturas Electrónicas que operaban con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como factureras y que, en conjunto, validan aproximadamente 20.53 por ciento de la facturación nacional. A partir de estos hallazgos, el pasado 18 de octubre, el organismo revocó las autorizaciones de cinco proveedores y abrió procedimientos administrativos contra otros dos.
El SAT informó que se revocaron las autorizaciones de Facturadoelectronico.com, DigiFact, FactoreYa, EdiFactMx y Comercio Digital, mientras que otros dos proveedores enfrentan procedimientos administrativos para retirarles sus permisos. No obstante, la información oficial no detalla el monto de las operaciones presuntamente simuladas ni el número de comprobantes involucrados, por lo que aún no es posible dimensionar el alcance económico de las irregularidades.
E la más reciente publicación del Diario Oficial de la Federación se agregaron empresas que operan irregularmente. La Ciudad de México concentra más casos.
E la más reciente publicación del Diario Oficial de la Federación se agregaron empresas que operan irregularmente. La Ciudad de México concentra más casos.
Por otro, el 6 de noviembre de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó una nueva actualización del listado definitivo de contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. La relación incorpora a 76 personas físicas y morales, cuyos comprobantes pierden efectos fiscales conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, las resoluciones y publicaciones oficiales no precisan el monto de las operaciones presuntamente simuladas ni el volumen total de facturas involucradas. Aunque las autoridades avanzan en la identificación y sanción de participantes en estos esquemas, permanece pendiente conocer el alcance financiero de una actividad que compromete la recaudación y la transparencia del sistema tributario.
🗞 LA RAZÓN
Caso Segalmex: van 2 denuncias más ante FGR y suman 13; aún sin aclarar, 2 mil mdp
Un monto sin aclarar por más de dos mil millones de pesos y más de una decena de denuncias penales por el ejercicio irregular de recursos públicos tiene pendientes con el Estado el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a casi dos años de formalizarse su extinción, reveló la Auditoría Superior de la Federación.
Las irregularidades observadas en el interior del organismo, que se creó en 2019, llevaron a que el ente fiscalizador presentara dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 22 de octubre, con lo que ya suman 13.
En sus apenas cinco años de existencia, se le llegaron a determinar observaciones por 20 mil 132 millones de pesos, de los que actualmente le quedan por solventar o justificar dos mil 164.7 millones; es decir, una décima parte, de acuerdo con la última información consultable y de la que se espera una actualización derivada de las dos nuevas demandas.
De esta cantidad, 157.8 mdp corresponden a los pliegos de observaciones de irregularidades; es decir, que aún están dentro del proceso de solventación, por lo que no han ameritado otras medidas hasta ahora.
El Tip: En los primeros 2 años de operación de Segalmex, la ASF detecto irregularidades por 15 mil 300 mdp, duplicando los 7 mil 600 millones reportados en La Estafa Maestra.
Por el contrario, los dos mil 6.9 millones restantes ya integran lo que llevó a una parte de las denuncias de hechos que interpuso la Auditoría Superior, lo que habla de que durante el proceso de fiscalización encontró indicios de un mal manejo de los recursos económicos por parte de Segalmex durante el sexenio pasado.
De las 13 acciones penales presentadas ante la FGR, ocho corresponden a la auditoría 283-E, relativa a la Cuenta Pública 2019, y las otras cinco a la 327-DE, en 2020, ambas correspondientes a la primera etapa de formación del órgano descentralizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a la cuenta del primer año de operación de Segalmex, quedaron sin justificar 725.3 millones de pesos hasta el último corte disponible en la base de datos de la ASF, donde presumiblemente aún falta por actualizar el monto atribuible a las dos denuncias que el órgano apenas presentó hace dos semanas, ya que en dicho sitio sólo aparecen seis demandas de hechos, por lo que aún falta por consignar que se promovió el último par.
🗞 REFORMA
Usan anticorrupción para extorsiones !
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, denunció ante la FGR a "quien resulte responsable" por la falsificación de su firma y alteración de papelería oficial con fines de extorsión.
La denuncia a la que tuvo acceso REFORMA, señala que empresarios y proveedores del Gobierno fueron chantajeados con documentos presuntamente oficiales con papel membretado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en donde la titular de la dependencia daba instrucciones a subalternos para indagar a empresarios por supuestos ilícitos.
El documento era exhibido a los proveedores como amenaza para consumar la extorsión.
La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía el pasado 6 de agosto por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, Director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción.
Conforme la querella, Montes de Oca indica que el 29 de julio pasado se tuvo conocimiento de que una persona de manera anónima señaló la existencia de un oficio supuestamente suscrito por Buenrostro y que ella aseveró que no lo había elaborado. Por ello, dice Montes de Oca, "se presume que es apócrifo, motivo por el cual se hace la denuncia para su investigación". La clave del expediente es FED/CDMX SZS/ 0003777/2026.
La instrucción que presuntamente daba Buenrostro a sus subalternos en el oficio falsificado decía que existía una orden directa de Ulises Lara, Fiscal Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, para investigar a proveedores. Uno de los oficios presuntamente apócrifos a los que tuvo acceso REFORMA tiene fecha de 4 de junio de 2026.
Lara renunció el pasado 14 de julio a la Fiscalía de Asuntos Relevantes. Su dimisión fue de manera intempestiva y hasta ahora no existe ninguna explicación sobre las causas de su salida ni si tiene relación con la denuncia de Anticorrupción presentada dos semanas después de su salida.
Según el documento presuntamente apócrifo, se ordenaba que si alguno de los empresarios mencionados se encontraba "en condiciones contrarias a las leyes aplicables en la materia deberá iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente dando conocimiento a la FGR para que lo tome en cuenta en la esfera de sus atribuciones".
Dicho documento era utilizado con fines de extorsión pues al mostrárselo a los proveedores enlistados se les hacía creer que estaban bajo investigación y se les pedía dinero para frenar las supuestas indagatorias. Una persona no identificada llamaba a los empresarios implicados y les ofrecía convencer a Lara de detener los procesos de investigación.
🗞 EL ECONOMISTA
Salario mínimo del 2027: el reto de acercar posturas de IP y sindicatos
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) prepara el inicio de las deliberaciones formales para fijar el incremento salarial correspondiente al próximo año.
Por parte del sector patronal, representantes de organismos empresariales como Coparmex han planteado acotar el ajuste a un solo dígito, en un rango entre 9% y 9.9%, o limitarlo al nivel de la inflación observada más un punto porcentual, con el propósito de mitigar los costos laborales directos y preservar los registros del empleo formal.
En contraparte, las organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México, han señalado que buscarán incrementos orientados al concepto de salario digno, mientras que la Confederación Revolucionaria de Obreros (CROC) planteó un alza del 12%.
Desde la perspectiva gubernamental en la Conasami, se considera que el comportamiento del empleo y del Producto Interno Bruto permite un ajuste superior al 10%, enfocado en alcanzar la meta de 2.5 canastas básicas urbanas hacia 2030 sin generar pérdidas de plazas de trabajo.
El procedimiento se desarrollará conforme a los plazos legales establecidos en la normatividad laboral. Durante la última semana de noviembre, entre los días 23 y 27, el Consejo de Representantes abrirá la sesión permanente, mecanismo estatutario que permite a los consejeros reunirse en cualquier momento para deliberar.
El 30 de noviembre concluirá el plazo legal para la recepción formal de propuestas técnicas de sindicatos, cámaras patronales y organizaciones de la sociedad civil. A partir del 1 de diciembre, el Consejo quedará formalmente facultado para votar y emitir la resolución correspondiente que entrará en vigor el primer día del año siguiente.
Durante la novena sesión ordinaria del Consejo de Representantes, la Dirección Técnica presentó un informe sobre el costo que representó para las empresas llevar a los trabajadores que ganaban por debajo del mínimo hacia el nuevo umbral.
En la Zona del Salario Mínimo General, este ajuste requirió un 1.8% de masa salarial adicional de la nómina registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte demandó un 0.7% adicional de dicha nómina.
Asimismo, la sesión abordó las disparidades en la estructura laboral entre regiones: mientras que los 45 municipios de la frontera norte concentran a 2.3 millones de trabajadores formales asegurados, con un 90% adscrito al régimen ordinario del Seguro Social, en entidades del sur como Oaxaca, Guerrero y Chiapas predomina la adscripción al IMSS Bienestar y una reducida base industrial.
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