Análisis de 70 ONG en documento para Gabriela Knaul
Por la Redacción
México, D.F., 6 oct. 10 (CIMAC).- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos" (Redtdt), entregó un informe a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y los abogados, Gabriela Knaul, quien se encuentra de visita aquí para evaluar la aplicación de la justicia en México.
En el documento, la Redtdt -conformada por 70 organizaciones de derechos humanos- revela las dificultades que la población enfrenta para acceder a la justicia y cuestiona la aplicación del fuero militar en casos de abusos cometidos por militares contra civiles, los “avances” en la implementación de la Reforma al Sistema Penal y las violaciones a sus garantías cometidas durante el arraigo. En el documento, presentan un panorama general sobre el abuso de la prisión preventiva, la admisión de pruebas obtenidas bajo tortura, el acceso a la justicia de las mujeres, migrantes e indígenas, la ausencia de intérpretes y traductores durante la etapa de averiguación previa; el hostigamiento contra defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH), así como el desigual acceso a la justicia.
Este informe se entregó el pasado el 4 de octubre a Gabriela Knaul, quién desde el primero de este mes, se encuentra en una gira de trabajo por México con el objetivo de observar el nivel de independencia e imparcialidad de los magistrados, jueces, abogados y fiscales, después de lo cual emitirá recomendaciones que fortalezcan la efectividad del sistema judicial del país.
De acuerdo con la Redtdt, diversos organismos de DH nacionales, internacionales, de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano -en numerosas ocasiones- han señalado las deficiencias del sistema de justicia, mismas que derivan de la “falta de voluntad política y vicios históricos que han dado como resultado una cultura de impunidad”. Agrega que esta problemática, no gira sólo en torno a los poderes judiciales o a las deficiencias de los profesionales del derecho: los poderes ejecutivo y legislativo federales y locales “han ayudado en gran parte a generar este ambiente de falta de acceso a la justicia y de desconfianza en las instituciones”, asegura la Redtdt. La pasada visita de esta relatoría fue en 2001, cuando Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones a México.
En ese entonces Dato'Param Coomaraswamy, expresó su preocupación por la falta de imparcialidad en los tribunales militares y el hostigamiento e intimidación contra abogados y defensores de DH, entre otros temas. La Redtdt afirma que hasta el momento esas recomendaciones no han sido cumplidas, “ni tomadas en cuenta en la elaboración de políticas públicas en la materia”; por tal razón el interés de que esta visita oficial, sea una oportunidad para que las autoridades mexicanas garanticen que mujeres, indígenas y gente pobre pueda acceder a la justicia sin discriminación.
El despliegue de elementos de las Fuerzas armadas en el país, no ha dado marcha atrás a la tendencia de la inseguridad en México, por el contrario, “es preocupante que en varios lugares la policía, e inclusive elementos castrenses, han asumido la investigación de crímenes y la custodia de individuos detenidos, así como el control de unidades policiales en varias ciudades y estados del país”, señala el informe.
El derecho internacional de los DH es unánime en considerar inaceptable que las víctimas de abusos militares deben de dirigirse ante órganos militares para acceder a la justicia, además la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la sentencias por el caso Radilla Pacheco, ordenó al Estado mexicano a llevar a cabo cambios legislativos para asegurar que las violaciones a DH sean investigados y juzgados en el fuero civil. Al igual que lo hizo en dos sentencias por los casos de violación sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
El informe destaca que hasta la fecha, México no ha cumplido con la sentencia por el caso de Rosendo Radilla, mientras que la SCJN tiene pendiente resolver una discusión sobre el cumplimiento de esta resolución vinculante. En este contexto, el informe precisa que en México las víctimas no tienen la posibilidad de utilizar mecanismos tales como el amparo o la apelación ante un tribunal militar en casos de violaciones a DH, así concluye que no es posible afirmar que las autoridades judiciales civiles ejerzan control sobre las acciones de los militares en esos casos.
México, D.F., 6 oct. 10 (CIMAC).- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos" (Redtdt), entregó un informe a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y los abogados, Gabriela Knaul, quien se encuentra de visita aquí para evaluar la aplicación de la justicia en México.
En el documento, la Redtdt -conformada por 70 organizaciones de derechos humanos- revela las dificultades que la población enfrenta para acceder a la justicia y cuestiona la aplicación del fuero militar en casos de abusos cometidos por militares contra civiles, los “avances” en la implementación de la Reforma al Sistema Penal y las violaciones a sus garantías cometidas durante el arraigo. En el documento, presentan un panorama general sobre el abuso de la prisión preventiva, la admisión de pruebas obtenidas bajo tortura, el acceso a la justicia de las mujeres, migrantes e indígenas, la ausencia de intérpretes y traductores durante la etapa de averiguación previa; el hostigamiento contra defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH), así como el desigual acceso a la justicia.
Este informe se entregó el pasado el 4 de octubre a Gabriela Knaul, quién desde el primero de este mes, se encuentra en una gira de trabajo por México con el objetivo de observar el nivel de independencia e imparcialidad de los magistrados, jueces, abogados y fiscales, después de lo cual emitirá recomendaciones que fortalezcan la efectividad del sistema judicial del país.
“CULTURA DE IMPUNIDAD”
De acuerdo con la Redtdt, diversos organismos de DH nacionales, internacionales, de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano -en numerosas ocasiones- han señalado las deficiencias del sistema de justicia, mismas que derivan de la “falta de voluntad política y vicios históricos que han dado como resultado una cultura de impunidad”. Agrega que esta problemática, no gira sólo en torno a los poderes judiciales o a las deficiencias de los profesionales del derecho: los poderes ejecutivo y legislativo federales y locales “han ayudado en gran parte a generar este ambiente de falta de acceso a la justicia y de desconfianza en las instituciones”, asegura la Redtdt. La pasada visita de esta relatoría fue en 2001, cuando Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones a México.
En ese entonces Dato'Param Coomaraswamy, expresó su preocupación por la falta de imparcialidad en los tribunales militares y el hostigamiento e intimidación contra abogados y defensores de DH, entre otros temas. La Redtdt afirma que hasta el momento esas recomendaciones no han sido cumplidas, “ni tomadas en cuenta en la elaboración de políticas públicas en la materia”; por tal razón el interés de que esta visita oficial, sea una oportunidad para que las autoridades mexicanas garanticen que mujeres, indígenas y gente pobre pueda acceder a la justicia sin discriminación.
“INVESTIGACIÓN CASTRENSE”
El despliegue de elementos de las Fuerzas armadas en el país, no ha dado marcha atrás a la tendencia de la inseguridad en México, por el contrario, “es preocupante que en varios lugares la policía, e inclusive elementos castrenses, han asumido la investigación de crímenes y la custodia de individuos detenidos, así como el control de unidades policiales en varias ciudades y estados del país”, señala el informe.
El derecho internacional de los DH es unánime en considerar inaceptable que las víctimas de abusos militares deben de dirigirse ante órganos militares para acceder a la justicia, además la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la sentencias por el caso Radilla Pacheco, ordenó al Estado mexicano a llevar a cabo cambios legislativos para asegurar que las violaciones a DH sean investigados y juzgados en el fuero civil. Al igual que lo hizo en dos sentencias por los casos de violación sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
El informe destaca que hasta la fecha, México no ha cumplido con la sentencia por el caso de Rosendo Radilla, mientras que la SCJN tiene pendiente resolver una discusión sobre el cumplimiento de esta resolución vinculante. En este contexto, el informe precisa que en México las víctimas no tienen la posibilidad de utilizar mecanismos tales como el amparo o la apelación ante un tribunal militar en casos de violaciones a DH, así concluye que no es posible afirmar que las autoridades judiciales civiles ejerzan control sobre las acciones de los militares en esos casos.
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