En el Día Internacional de la Mujer, las madres buscadoras
colocaron en la acera mantas en tonos morados con la imágenes de sus
hijas y las rodearon de velas artificiales y flores, el 8 de marzo de
2025. Foto Carolina Gómez
Ciudad de México. A un lado de
las vallas que cercan Palacio Nacional, madres buscadoras realizaron,
desde justo antes que amaneciera, una ceremonia en la que recordaron a
sus hijas desaparecidas víctimas de feminicidio, y anunciaron la
fundación del frente de madres buscadoras Luciérnagas.
María
del Carmen Volante Velázquez, madre de Pamela Gallardo Volante,
desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en el Ajusco, en la Ciudad de
México, cuando tenía 23 años de edad, expuso que la constante en las
indagatorias es la impunidad.
“Los
juzgadores, los ministerios públicos; todos nos han fallado en las
investigaciones; para ellos son solo carpetas, y para nosotras son seres
amados, es una hija que con su ausencia se lleva a toda una familia
completa”.
En el Día Internacional de la
Mujer (8M) las madres buscadoras colocaron en la acera mantas en tonos
morados con la imágenes de sus hijas y las rodearon de velas
artificiales y flores. Allí denunciaron la ineficiencia de las
procuradurías y el desaseo de las indagatorias, así como el “nulo”
compromiso de los gobiernos para proporcionarles justicia.
Explicó
que “somos un frente común de familias. Vamos a quitarle la
colectividad, porque realmente las que caminamos y seguimos buscando
somos las madres, somos las familias”.
Aidé
Hernández Ávila, madre de Natali Carmona, desaparecida el 27 de enero de
2019 cuando salió desde la Ciudad de México a Puebla junto con su
pareja, consideró que quienes deben otorgarles justicia “han normalizado
la impunidad” en los casos de desapariciones y feminicidios.
“Ella
estuvo tres años desaparecida, yo exigí una búsqueda en Puebla, porque
allí fue localizada su pareja a los 15 días de que ellos desaparecen. La
Fiscalía de Desaparecidos hizo tres búsquedas, supuestamente, con
resultados negativos. Nunca hubo línea de investigación, para ellos mi
hija no estaba en el lugar donde habían encontrado a su pareja.
“Osea
que tres años, la fiscalía y la comisión de búsqueda me vieron la cara,
porque fueron tres búsquedas simuladas, que la familia se creyó. En la
última búsqueda tuvo que estar la familia presente para demostrarles a
las autoridades que adonde nosotros decíamos que ella podía estar,
efectivamente estaba”.
Refirió que “al no
haber búsquedas inmediatas, dentro de 72 horas, y malas investigaciones,
todo esto se va atrasando ¿Y en qué terminan? En feminicidios. Yo
siento que el Estado ya lo normalizó la impunidad”.
Juana
López Martínez, de la comunidad triqui, narró que su hija de 36 años
desapareció el 20 de junio de 2024. Alrededor de cinco meses ella estuvo
desaparecida, hasta que su cuerpo fue encontrado en la carretera
México-Querétaro.
“En cuanto se perdió fui a
pedir ayuda, fui a la fiscalía de la Ciudad de México a levantar la
denuncia. No me hicieron caso, y no hicieron nada”.
Destacó que solo cuando acudió a un grupo de madres buscadoras puso avanzar el caso.
Mujeres marchan por Paseo de la Reforma, a la altura de
avenida Juárez, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la
Ciudad de México, el 8 de marzo de 2025. Foto María Luisa Severiano
María Luisa Severiano
Ciudad de México. Desde la
llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma,
salieron los primeros contingentes de la marcha por el Día Internacional
de la Mujer. Las manifestantes, muchas de ellas vestidas de morado,
avanzan hacia el Zócalo entre demandas de justicia y alto a la violencia
feminicida y machista.
Son madres de
víctimas de feminicidio, desaparición y otras violencias, así como
universitarias, artistas, abogadas, danzantes, académicas, niñas,
ciclistas, entre varias más.
Colectivas
se manifestaron con un ‘performance’ en la Glorieta de las Mujeres que
Luchan en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de
México, el 8 de marzo del 2025. Foto Yazmín Ortega Cortés
“Mujer
escucha, esta es tu lucha”, “porque vivas se las llevaron, vivas las
queremos”, “hay que abortar este sistema patriarcal” y “niñas al frente,
siempre valientes”, son algunas de sus consignas.
Las exigencias de las manifestantes se entremezclan con las batucadas que las acompañan.
“El
punk no ha muerto, vive en las mujeres”, “Menos machos y más michis”, y
“vivas libres y sin miedo”, son los mensajes que portan en algunas
pancartas.
Foto Yazmín Ortega Cortés
En
su avance, algunas también han hecho pintas en mobiliario urbano con
mensajes como “Libertad para Kenia Hernández”, y han pegado imágenes de
hombres que han sido acusados de violencia contra las mujeres.
Los
contingentes son monitoreados por personal de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, igualmente hacen algunos libros y hay
presencia de protección civil.
Al llegar a
avenida Juárez, integrantes del bloque negro comenzaron a pintar vallas,
paredes y golpearon con martillos, principalmente diversas estructuras.
A
la altura del cruce con Balderas, lograron perforar una de las tablas
de madera que protegía uno de los edificios. La quitaron y con martillos
quebraron las puertas de cristal del inmueble.
Algunas
de las presentes comenzaron a grabar, mientras rompían las puertas,
pero les pidieron que no lo hicieran bajo el argumento de que “fuimos
todas”.
Entre los muros pintados se leen “Estado feminicida”; “Yo si te creo”; “tolerar el machismo es machismo”.
También,
otros colectivos han pegado hojas con fotografías de sus agresores. En
letras grandes aparece “violador; acosador, potencial feminicida;
abusador; deudor alimenticio”.
Pronunciamiento del Grupo de Género de la Liga Mexicana por la defensa de los Drecehos Humanos GELIM en el Marco del 8 de marzo de 2025
Hoy, 8 de marzo de 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hacemos un llamado a todas las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, a la ciudadanía de México, a reconocer y actuar en defensa de los derechos de las mujeres, que siguen siendo sistemáticamente vulnerados en nuestro país.
En México, las mujeres continúan siendo víctimas de violencia de género, feminicidios, desigualdad salarial, y una falta de acceso a servicios de salud adecuados, educación y justicia. A pesar de los avances en legislación y políticas públicas, la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo insuficiente y, en muchos casos, inexistente en las comunidades más marginadas.
Exigimos:
Justicia para las víctimas de feminicidio y violencia de género: Los feminicidios deben ser tratados con la seriedad que requieren y no deben quedar impunes. Exigimos un sistema judicial que garantice justicia, transparencia y castigo a los responsables de estos crímenes atroces.
Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva: Es esencial que todas las mujeres, independientemente de su origen, clase social o ubicación, tengan acceso a servicios médicos de calidad y sin discriminación, especialmente en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción legal del embarazo.
Desigualdad salarial y económica: Las mujeres en México siguen enfrentando brechas salariales significativas y barreras para acceder a puestos de toma de decisión. La igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia económica deben ser prioridades para las políticas laborales y fiscales.
Erradicación de la violencia institucional: Las mujeres continúan enfrentando violencia en sus interacciones con el sistema judicial, la policía y otras instituciones del Estado. Este tipo de violencia debe ser combatido con medidas firmes de sensibilización, capacitación y sanción.
Empoderamiento político y social: Las mujeres deben estar en espacios de toma de decisiones políticas y sociales, no solo como cifras de representación, sino como agentes de cambio real. Exigimos la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Reparación integral de los derechos humanos de las mujeres: La reparación de los derechos humanos de las mujeres debe ser una prioridad. Esto implica no solo justicia, sino también medidas de restitución, compensación y garantías de no repetición.
Reiteramos nuestra solidaridad con todas las mujeres en México que luchan por su dignidad y por sus derechos, y nos unimos a las demandas de justicia, paz, y equidad. Hoy no solo conmemoramos, sino que seguimos luchando por un futuro libre de violencia, discriminación y desigualdad para todas las mujeres en México.
¡Las mujeres somos el presente, y la justicia es nuestro derecho!
Firma: GELIM
Grupo de Género de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Por parte de una campaña encabezada por Hazme Valer, se
hicieron productos especiales para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer. Foto Jair Cabrera Torres
Ciudad de México. Al menos una
docena de internas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa
Martha Acatitla participan en el taller de crochet donde aprenden hacer
muñecas, bolsas, bufandas, ropa interior entre otros productos, y
después venderlos para así poder solventar sus gastos dentro de prisión.
“No
había mucho que hacer y este curso llegó por primera vez aquí en la
época de la pandemia, entonces decidí tomarlo porque sino me iba a
aburrir mucho. Después me empezó a gustar y le tomé amor. Todo lo que sé
ahora lo he aprendido aquí, ahora sé hacer varias cosas porque he
pasado por muchos talleres que han dado en la peni. Me emociona, me da
gusto, cuando estoy haciéndolas pienso que alguien más lo va a tener y
sé que a veces todo esto es parte de cada una de nosotras, las
emociones, como se siente uno, y lo hago con el propósito de que la
persona a quien se lo vayan a vender o a regalar sea de su agrado”
mencionó Makelina, una interna de Santa Martha Acatitla.
Para
Makelina elaborar rostros de personajes es todo un reto, “Han llegado
pedidos difíciles, por ejemplo cuando nos toca hacer de algún personaje
en específico, como el de la presidenta que hicimos su imagen, la verdad
si cuesta trabajo. Personalizar el muñeco, la cara de una persona se
vuelve un reto”.
Foto Jair Cabrera Torres
“Cuando
se hace la invitación en algunas ocasiones las chicas se encuentran un
poco renuentes pero con el paso del curso van tomando confianza y y
descubren talentos que ellas mismas tenían y no se daban cuenta o no lo
sabían” mencionó Gabriel Villanueva, coordinador de la marca Hazme
Valer, la cual es una marca que promociona todos los productos que se
realizan dentro de los diferentes reclusorios de la Ciudad de México.
“Yo
ya sabía tejer allá afuera, aprendí en la secundaria, entonces cuando
empezaron las asesorías aquí pues me inscribí y entonces a través de las
imágenes empezamos a hacer las figuras, me relaja mucho y me motiva.
Aquí aprendí a tejer las muñecas, los muñecos, los rosarios y los
animalitos. Cuando los estoy haciendo siempre hablo con ellos y les digo
“tienen que hacer feliz a la personita con la que se van a ir” y
realmente me motiva mucho cuando veo la reacción de las personas. Estas
actividades es una motivación muy grande y además es un ingreso
económico para todas nosotras” mencionó María Guadalupe, intenta de
Santa Martha Acatitla
Foto Jair Cabrera Torres
Por
parte de una campaña encabezada por Hazme Valer, se hicieron productos
especiales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, los cuales
se pueden encontrar en la planta baja de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la ciudad de México, ubicada en la calle de Liverpool 136,
colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Makelina
y María Guadalupe concluyeron con un mensaje para todas las mujeres
“Tomen capacitación, tomen cualquier curso, que se distraigan, que
intenten algo nuevo, que se impulsen, porque como mujeres sabemos hacer
muchas cosas, somos muy trabajadoras y nos esforzamos mucho en lo que
hacemos”, “Que todos sueños y metas con perseverancia se alcanzan, que
nunca se rindas y aunque se caigan aprendan a levantarse”.
Este es un
artículo de opinión de Antonia Kirkland, directora global de Igualdad
Legal y Acceso a la Justicia de Equality Now, y de Tara Carey, directora
global de Medios de Comunicación de la misma organización.Este artículo integra la cobertura de IPS por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo.
Imagen: Equality Now
NUEVA YORK – Un nuevo informe mundial que analiza la
discriminación sexual en las leyes revela que, si bien en los últimos
cinco años se han logrado algunos avances encomiables en el
fortalecimiento de las protecciones legales para las mujeres y las
niñas, el progreso sigue siendo lento, desigual y cada vez más amenazado
por una creciente reacción contra los derechos de las mujeres.
La investigación de Equality Now (Igualdad Ya) identifica
cómo las mujeres y las niñas continúan experimentando discriminación
sistémica e interseccional en las leyes, políticas y prácticas
culturales, exponiéndolas a múltiples formas de daño, a veces con poca o
ninguna protección legal.
De manera alarmante, en algunos lugares, los derechos legales de las
mujeres se han deteriorado significativamente, con protecciones
duramente ganadas debilitadas o anuladas a través de cambios
legislativos regresivos, fallos judiciales y la retirada de fondos.
La Plataforma de Beijing
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Plataforma de
Beijing) es un marco global innovador para promover los derechos de la
mujer. Adoptada en 1995 por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial
de la ONU sobre la Mujer, describe los compromisos para lograr la
igualdad de género en todos los aspectos de la vida.
Es crucial que los países se comprometan a «revocar cualquier ley restante que discrimine por motivos de sexo».
Las leyes y prácticas que limitan los derechos de las mujeres y las
niñas están obstaculizando el progreso de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 5 sobre igualdad de género, lo que pone al mundo en peligro
de no alcanzar estos objetivos fundamentales.
La coautora del informe, Antonia Kirkland, explica: «Las mujeres y
las niñas merecen la plena protección de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales en virtud de la Plataforma
de Beijing y otros compromisos internacionales de derechos humanos».
Y prosigue: «Esto requiere derogar toda la legislación
discriminatoria por razón de sexo, consagrar la igualdad de género en
las constituciones e introducir y hacer cumplir leyes que protejan
plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en toda su
diversidad».
Retroceso en los derechos legales de las mujeres
Algunos gobiernos están permitiendo leyes y prácticas religiosas y
consuetudinarias discriminatorias por razón de sexo y género, mientras
que las justificaciones religiosas, culturales y nacionalistas se
utilizan cada vez más para socavar y revocar los derechos de las
mujeres.
Por ejemplo, en Afganistán, restricciones draconianas han prohibido
por completo a las mujeres y niñas participar en la vida pública, la
educación, el trabajo y el ocio. La situación también es grave en Irán,
donde las mujeres han sufrido una represión sostenida y quienes se
oponen a las leyes discriminatorias por razón de género han sido objeto
de arresto, detención, tortura y muerte.
Tara Carey
Los legisladores de Bolivia y Uruguay están considerando proyectos de
ley regresivos para debilitar las protecciones para las sobrevivientes
de violencia sexual. Mientras que en Gambia, un proyecto de ley para
derogar la ley que prohíbe la mutilación genital femenina amenazó con
deshacer años de progreso. Afortunadamente, una fuerte oposición impidió
con éxito su aprobación.
En Rusia, la «promoción» de las relaciones Lgbtiq+ fue prohibida en
2022 entre todos los adultos, y a finales de 2024, bajo la rúbrica de
«antipropaganda», se adoptó una legislación para prohibir la promoción
de un «estilo de vida sin hijos».
Mientras, Kirguistán y Georgia han adoptado leyes similares que restringen los derechos Lgbtiq+.
En Argentina, se han producido importantes recortes presupuestarios
en las políticas para abordar la violencia de género, y se ha suprimido
el Ministerio de la Mujer, lo que dificulta considerablemente la
capacidad del Estado para proteger a las mujeres.
En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes
sobre el aborto. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos se
enfrentan a ataques continuos. Un ejemplo de ello es Polonia, donde en
2021 se eliminó uno de los pocos motivos permitidos para acceder al
aborto: el «defecto fetal» o enfermedad incurable.
En Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó en 2022 que la
Constitución estadounidense no contempla el derecho al aborto. En enero
de 2025, el aborto estaba penalizado en 14 estados, y se están
realizando esfuerzos para prohibir los viajes a otros estados para
acceder a servicios de aborto.
La República Dominicana es uno de los cinco países de América Latina y
el Caribe que han impuesto una prohibición total del aborto. Su Senado
está a punto de aprobar un proyecto de ley que mantiene esta prohibición
y reduce las penas por violencia sexual conyugal, calificándola de
«actividad sexual no consentida» en lugar de violación.
Leyes explícitamente discriminatorias por razón de sexo
Países como Sudán y Yemen otorgan a los miembros masculinos de la
familia una amplia autoridad sobre las mujeres de la familia y exigen
legalmente que las esposas sean obedientes.
En Arabia Saudí, las mujeres deben obedecer a sus maridos de manera
razonable, y los maridos tienen derecho conyugal a las relaciones
sexuales. Si una esposa se niega a tener relaciones sexuales o a viajar
con su marido sin una excusa legítima, esta desobediencia puede hacer
que pierda su derecho a la manutención económica conyugal.
Los maridos pueden divorciarse unilateralmente de sus esposas sin
condición alguna, pero las esposas deben solicitar al tribunal un
divorcio basado en la culpa y demostrar la culpa dentro de criterios
estrictos.
Según el Banco Mundial, Arabia Saudí es solo uno de los 45 países con diferentes normas de divorcio para mujeres y hombres.
La violación conyugal también está permitida en las Bahamas y la
India, mientras que en Kuwait y Libia, un violador puede escapar del
castigo casándose con su víctima.
Varios países tienen leyes que restringen el acceso de las esposas a
cuentas bancarias, préstamos e incluso la capacidad de beneficiarse de
su propio trabajo en negocios familiares.
Por ejemplo, un marido en Camerún controla la administración de todos
los bienes personales de su esposa y puede vender, disponer e hipotecar
sus bienes comunes sin la cooperación de la esposa. Las esposas en
Chile enfrentan una discriminación similar.
El Banco Mundial informa de que 139 países siguen careciendo de una
legislación adecuada que prohíba el matrimonio infantil. Uno de ellos es
Estados Unidos, que no tiene una ley federal contra el matrimonio
infantil, y 37 estados todavía lo permiten.
California permite excepciones para casar a menores sin edad mínima,
mientras que estados como Misisipi imitan a países como Bangladés, Malí,
Pakistán y Tanzania al autorizar el matrimonio de niñas más jóvenes que
los niños.
La pobreza, agravada por la crisis climática y la migración forzada,
está poniendo a las niñas en mayor riesgo de matrimonio infantil, ya que
los padres lo ven como un mecanismo de supervivencia para aliviar la
presión financiera y «proteger a sus hijas de la violencia sexual», pese
a que el matrimonio infantil facilita las relaciones sexuales no
consentidas con una menor.
Por ejemplo, Etiopía sufrió una grave sequía en 2022 y, en un año, las tasas de matrimonio infantil se duplicaron.
Como nota positiva, Colombia, Cuba, la República Dominicana, Sierra
Leona y Zambia han introducido recientemente leyes que prohíben el
matrimonio infantil de menores de 18 años, sin excepción.
A nivel mundial, las leyes y políticas discriminatorias en materia de
sexo están limitando la plena participación económica y social de las
mujeres, atrapando a millones de ellas en la pobreza y la dependencia, y
aumentando su vulnerabilidad a los malos tratos. En muchos países, se
niega a las mujeres la igualdad de acceso al empleo, a salarios justos, a
la propiedad, a los ingresos familiares y a la herencia.
Esto contribuye a que las mujeres estén sobrerrepresentadas en
empleos inseguros y mal remunerados, y a que asuman la mayor parte del
trabajo de cuidados remunerado y no remunerado.
En países como Kirguistán, Madagascar y Rusia, las mujeres tienen
prohibido trabajar en determinados empleos. Entre los avances logrados
desde 2020, se encuentra la eliminación de restricciones laborales
similares en Azerbaiyán, Jordania y Omán.
También es necesario reformar las leyes de nacionalidad sexistas,
como en Bahréin, Brunei, Malasia, Mónaco, Togo, Estados Unidos y otros
países. Cuando no se concede a las madres y los padres la igualdad de
derechos para transmitir su nacionalidad a sus hijos, se crean graves
problemas jurídicos y sociales, como la apatridia.
Aumenta el riesgo de matrimonio infantil y forzado, se crean
problemas de custodia de los hijos y las esposas pueden permanecer en
matrimonios abusivos por miedo a perder su condición jurídica.
Kirkland concluye: «Eliminar la discriminación sexual y de género en
la ley es una responsabilidad fundamental de los gobiernos. Equality Now
pide a todos los países que revisen y modifiquen o deroguen
urgentemente sus leyes discriminatorias por razón de sexo, eviten la
supresión de derechos legales y establezcan garantías constitucionales o
legales específicas de igualdad para todas las mujeres y niñas».
Antonia Kirkland es directora global de Igualdad Legal y Acceso a la Justicia; Tara Carey es directora global de Medios de Comunicación. Ambas de Equqlity Now.
Equality Now (Igualdad Ya) es una organización
internacional de derechos humanos dedicada a proteger y promover los
derechos de todas las mujeres y niñas en todo el mundo. Su trabajo se
organiza en torno a cuatro áreas programáticas principales: Lograr la
igualdad jurídica, Poner fin a la violencia sexual, Poner fin a las
prácticas nocivas y Poner fin a la explotación sexual, con un enfoque
transversal en los desafíos únicos que enfrentan las adolescentes.
Crédito: Lucia Escobar.- Para
una guatemalteca acostumbrada a toda una vida sin tener transporte
colectivo digno ni eficiente, moverse en la Ciudad de México se siente
como vivir en el primer mundo.
Tener
opciones de metro, metro bus, cable bus, bicicletas públicas y espacio
exclusivo para mujeres, a un precio accesible y en una variedad de
horarios, es algo nuevo.
Pero, no todo es color de rosa en el transporte público.
Para
empezar, los datos de acoso sexual en la Ciudad de México son
aterradores. Diversos estudios confirman que el 95 por ciento de las
mujeres han sufrido por comentarios inapropiados, miradas lascivas,
hasta contacto físico no consensuado y exhibicionismo en espacios
públicos.
Acoso sexual, pecado original
Es
tan recurrente esto, que la idea de los vagones exclusivos para mujeres
comenzó en la Ciudad de México apenas unos meses después de haberse
inaugurado el metro, en 1970, por quejas de las usuarias en las horas
pico en los trayectos más concurridos. Y lograron que a las líneas 1 y 3
se les asignaran dos vagones exclusivos para ellas. Esta fue la primera
vez en el mundo que se realizó algo así. Y treinta años después, en
2000, la separación se extendió a las otras líneas del metro. En 2005,
la ciudad de Tokio siguió este modelo. Y dos años después, en México, se
creo el programa Acoso Cero que incluye un tercer vagón del tren para
uso de mujeres, niños menores de 12 años y personas con capacidades
diferentes.
Pero, ¿han logrado los vagones exclusivos para mujeres
frenar el acoso sexual o son un paliativo frente a la violencia
estructural?¿El transporte realmente facilita o limita la autonomía de
las mujeres? En el sitio Desinformémonos sobre cómo el acoso sexual determina la movilidad de las mujeres en la Ciudad de México se responde parte de estas preguntas.
Parece
que estas medidas no atacan la raíz del problema. Muchas mujeres
enfrentan acoso en estaciones, transbordos y zonas mixtas. Además, en
sistemas con alta demanda, el acceso a estos vagones es limitado o más
tardado. Y es que el transporte urbano afecta a las mujeres en diversos
sentidos. Desde lo más básico y elemental: ¿Cómo nos vamos a vestir?
Lucía Escobar
Por ejemplo, Edna Sandoval,
organizadora de base guatemalteca, viviendo en CDMX, toma tres cosas en
cuenta cuando va a usar el transporte público: llevar tenis o zapatos
cerrados, usar cangurera cruzada por delante para que no le saquen las
cosas y, por último, llevar pantalones o falda larga para evitar acoso.
“Ya lo normalicé, aunque no es normal porque yo traigo ese trauma de
Guate y no debería ser así”. Edna lo ha sufrido en carne propia. Un día,
en hora pico, entró al area mixta y sintió como que la acosaban.
“Fueron como cuatro, en menos de cinco minutos. Me tuve que salir de la
estación para pasar al área de mujeres. Y es que, cabal en las
amontonaderas, aprovechan y meten mano.”
La Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), registró en 2022, mas de 5 mil 562 denuncias
por acoso sexual en el transporte público de la Ciudad de México. Se
estima que la cifra real es mucho mayor, ya que muchas víctimas no
denuncian estos incidentes.
Lucía Escobar
Yo
fui testigo cuando una noche, regresando de un concierto con una amiga,
logramos tomar el último viaje en metro, pero no logramos llegar al
vagón de mujeres. Estábamos literalmente ensardinandas, cuando mi amiga
gritó: “Alguien me está metiendo mano”. Risas en el vagón e incluso el
agresor tuvo el descaro de decir: “A ver quién es, así lo golpeamos”. Yo
no supe qué hacer, por mucho que tenía enfrente los letreros con el
número al cual quejarse, ni porque leía: “Viaja Segura, te escuchamos,
te creemos, te acompañamos”. Nos bajamos hasta en la estación que nos
correspondía. Mi amiga no denunció.
¿Es la segregación por género un paliativo o la respuesta?
Tanto la dramaturga Paula Acevedo, como la coreógrafa Vanessa Rivera,
ambas guatemaltecas, usan siempre que pueden el vagón exclusivo para
mujeres. Esta última dice: “Honestamente, en comparación con Guate, acá
siento menos o casi nulo el tema de acoso”. Para Paula, quien se
trasladó a vivir a México desde Guatemala con dos niños pequeños, estos
vagones son el resultado de la lucha de las mujeres por reinvindicar sus
derechos. “Recuerdo que en el 2018, cuando comencé a usar estos
espacios y viajaba con mis hijos pequeños, hasta les cedían los asientos
a ellos” y en un par de ocasiones vió meterse a hombres al vagón de
mujeres y fue a avisar a los policías, ayudando a poner orden. Considera
que hay una dinámica solidaria de ayudarse, ceder lugar y avisar si se
sale o entra. “Es una lucha larga, son pasos. Esto es parte de un plan
mas grande que comenzó cuando Claudia Sheinbaum (hoy presidenta) fue
gobernadora de la ciudad y continua ahora con Clara Brugada.”
Parte
de esta política es que el transporte público es gratuito para las y
los adultos mayores, como me cuenta la ex magistrada guatemalteca Maria Eugenia Morales,
de 77 años. Ella tiene un carnet que da el Insitituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores que le da movilidad gratuita. “Quisiera esto
para Guatemala, sobre todo despues de la última tragedia ocurrida en la
calzada de La Paz” comenta la abogada, quien se moviliza de dos a cuatro
veces por semana en metro, metrobus y peseros. Una gran diferencia a
como lo hacía en Guatemala, donde siempre tuvo vehículo y contaba con
seguridad por su trabajo. Desde que se encuentra en el exilio en Mexico,
siempre que puede utiliza los espacios exclusivos para mujeres y se
siente segura haciéndolo.
Lucía Escobar
En
las pantallas del metro me entero de que el gobierno instalará 40 mil
nuevas cámaras. El anuncio dice: “¿Sabías qué…? La capital de la
transformación será la ciudad más videovigilada de América Latina”.
Ojalá que esto se traduzca en mayor libertad de movimiento y más
seguridad para todxs.
Autora: Lucía Escobar
Texto publicado originalmente en el medio feminista La Cuerda
Foto de Xiaoyi: https://www.pexels.com/es-es/foto/interior-corredor-celula-movil-5377052/ .-
Cefereso 16, escarmiento de Estado contra mujeres
Ciudad
de México.- El Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16
en el estado de Morelos, se ha convertido en uno de los capítulos más
violentos en la historia de México contra las mujeres y ni los
escándalos mediáticos que evidenciaron torturas contras las internas, ni
los documentos oficiales que lo avalan, ni testimonios de
sobrevivientes, han sido determinantes para su inminente clausura, por
lo que hoy se convierte en una cárcel para el ejercicio de violencia
feminicida auspiciada por grandes capitales ligados al poder político y
la cúpula empresarial mexicana.
Actualmente, este Cefereso es
el único centro penitenciario federal para mujeres en el país y
considerado uno de los más grandes en América Latina, se ubica en el
estado de Morelos, a unas dos horas aproximadamente de la Ciudad de
México.
Lo que sucede en el Cefereso 16 tiene dos responsables:
Carlos Slim y el Estado mexicano. Con información pública del Gobierno
de México del 9 de diciembre del 2024, la empresa asociada al
adjudicatario de esta prisión es Capital Inbursa cuyo
propietario es este empresario reconocido como un aliado del poder.
Nexos que lo ha capitalizado con cada presidente en turno, desde Carlos
Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador.
Desde el
2022 en México se informó en medios de comunicación de una veintena de
suicidios de mujeres internas del Centro Federal de Readaptación Social
femenil 16 ubicado en Morelos, no obstante, hoy la situación rebasa
cualquier evidencia publicada hasta el momento, porque las muertes
violentas siguen ocurriendo con la misma incidencia desde que comenzó
sus operaciones en mayo del 2015, a lo que se suma una política de
escarmiento de Estado que incluye torturas, castigos, tratos crueles e
inhumanos y violaciones a derechos humanos, todo esto, bajo un cobijo
sistémico.
Cabe señalar que para Jane Caputi y Diana E.H. Russell, precursoras del término femicide (feminidio) en Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres, señalan que:
«El
feminicidio es el extremo de un continuo terror antifemenino que
incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico: como
violación, tortura, esclavitud sexual, incesto y abuso sexual infantil
extra familiar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual,
mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias,
heterosexualidiad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada,
psico cirugía, negación de alimentos a las mujeres en algunas culturas,
cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza. Siempre
que estás formas de terrorismo resulten en la muerte, son feminicidios».
Un concepto procedente de la academia que permite darle un concepto a lo que sucede en el Cefereso 16.
Además,
se debe agregar estos casos de feminicidio tienen una responsabilidad
compartida entre el Estado mexicano y Carlos Slim. Según datos del
Gobierno de México del 9 de diciembre del 2024, la empresa asociada al
adjudicatario del Cefereso 16 es Capital Inbursa cuyo propietario es
este empresario. Nunca sobra decir sus nexos con la política que lo han
capitalizado con cada presidente en turno, desde Carlos Salinas de
Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador.
En este cautiverio de
mujeres se han dado a conocer estos presuntos suicidios masivos de, al
menos, 20 mujeres quienes habitaron este lúgubre espacio, pero lo cierto
es que estas muertes violentas siguen ocurriendo y se desconoce el
número preciso. El último registro fue notificado el 7 de febrero del
2025. Fue una mujer de nacionalidad colombiana, con ella se suman tres
casos en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.
Ahora, desde el
término se están violando derechos porque no se puede afirmar que sí fue
un suicidio sin antes realizarse una investigación con perspectiva de
género. Este tipo de muertes violentas de mujeres apelan a la sentencia
Mariana Lima Buendía emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación del 2015, la cual exige que se presuma un delito aunque parezcan
un «accidente» o «suicidio».
Suponiendo que estos sí fueran hechos
generados por las mismas internas, estarían relacionados con una
estricta política de control al interior del Cefereso, la cual quiebra
el espíritu de las mujeres quienes al ingresar son víctimas de estos
castigos, tratos crueles e inhumanos.
Por ejemplo, hemos podido
documentar a través de testimonios de las mismas sobrevivientes, que al
ingresar son aisladas completamente por varios meses, rompen sus lazos
afectivos, restringen su movilidad corporal en espacios estrechos hasta
la ansiedad y pánico, las alimentan con comida podrida, las hidratan con
agua contaminada, les suministran medicamentos psiquiátricos a destajo
provocando una población adicta y les infligen castigos degradantes e
infamantes conocidos como “cuatro puntos” o “seis puntos”, en los que
permanecen sujetas e inmóviles en una misma posición, hasta por una
semana, esto mientras permanecen cercanas a sus deposiciones.
Foto de Rene Terp: https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-sentada-cerca-del-muro-de-hormigon-marron-1351383/
Actualmente,
este Cefereso es el único centro penitenciario federal para mujeres en
México y considerado de los más grandes en América Latina, se ubica a
unas dos horas aproximadamente de la Ciudad de México. Cuenta con una
capacidad para albergar a 2 mil 528 mujeres pero tiene una población de
mil 201.
Ser mujer y vivir en reclusión exige una revisión distinta. De acuerdo con Documenta, en su informe El 5% importa. Situación de los Derechos de las mujeres privadas de su libertad, informaron que en México, dentro de las mujeres privadas de la libertad coexisten una diversidad de factores sociales:
«Mexicanas
y extranjeras, con condiciones de estancia regular e irregular;
indígenas y afrodescendientes; jóvenes en edades laborales y mujeres
mayores de 65 años, sin instrucción escolar y también con estudios
superiores. Las mujeres que han sido sentenciadas en su mayoría es por
posesión ilegal de drogas».
Además, la situación de las internas
está relacionada con lo informado en el Censo Nacional de Sistema
Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE), cuando documentaron que del
2020 a la fecha ha existido un recrudecimiento de la prisión preventiva
sobre las mujeres, quienes tienden a permanecer bajo esta medida con
mayor incidencia en comparación de sus congéneres, por ejemplo, en 2023
el 36% de los hombres fue imputado con esta medida cautelar; las mujeres
en un 46.9%, esto representa 10 puntos porcentuales más.
El 22%
de estas mujeres esperará más dos años para recibir una sentencia y sólo
el 19% esperará menos de 3 meses para terminar oficialmente la prisión
preventiva -con una sentencia favorable o condenatoria.
En
este sitio facultado para la reclusión humana se aprecia una estética
incolora e inodora, características propias para la neutralización
absoluta. Cuenta con extensas y amplias estancias que recorren custodios
fuertemente armados y ocasionalmente algunos visitantes quienes pueden
perderse fácilmente por su configuración laberíntica, pero esta amplitud
no es compartida con las internas, a ellas se les constriñe en su andar
diario.
La vigilancia es abrumadora. Por ejemplo, un equipo legal
que ingresa al Cefereso 16 para encontrarse con su defendida debe pasar
exhaustivos filtros de revisión y en cada uno de ellos son
videograbadas mostrando en alto una identificación y así continuar al
siguiente y al siguiente y al siguiente.
Como visitante es
intimidante el lugar. En el caso de las mujeres, les exigen no portar
sostenes con varilla y en caso de acudir en días menstruales se verifica
que el ingreso se haya dado sólo después de un cambio de toalla
sanitaria, acto que será corroborado. Las entrañas de los visitantes
serán analizadas a través escaneo biométrico y de rayos x.
Si esto sucede solo para ingresar, la situación de las mil 200 internas al interior es degradante.
Esta
tortura de Estado contra mujeres también se hace acompañar de opacidad
informativa, la cual no es fortuita, con ese ocultamiento se configura
la asimetría de poder contra las internas quienes sienten un desamparo
total.
Además del horror que se difunde a través de las
sobrevivientes resulta un mensaje ejemplificante y atemorizador hacia
otras, para quienes se atrevan a atentar contra el orden político.
Por
tanto, la labor periodística para documentar lo ocurrido en el Cefereso
16 es titánica, cuando debería ser pública y de fácil acceso porque
están a cargo de la vida y seguridad de estas mil 200 mujeres y además
reciben recursos públicos de la federación.
Según el Censo
Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024, el
presupuesto ejercido por los centros penitenciarios y centros
especializados fue de 39 mil millones 631 millones 595 mil 452 pesos.
Del total 41.2% lo concentraron los centros federales y 58.8 %, los
centros estatales.
En cuanto al presupuesto
ejercido destinado a la adquisición y mantenimiento de la
infraestructura tecnológica para la seguridad y vigilancia, los centros
penitenciarios y centros especializados ejercieron un total de 379
millones 652 mil 716 pesos.
Viridiana
Molina fue una de las primeras mujeres en ser trasladada al Cefereso
16. Ella fue transferida de Tepic en el estado de Nayarit hacia Morelos,
para este propósito debió realizar un recorrido de más de 700
kilómetros para llegar al Cefereso 16. Narra en entrevista que ese
camino:
“Fue extremadamente violento y negligente”, pues ninguna de las internas contaba con algún tipo de expediente médico».
Viridiana
El
traslado perjudicó especialmente a mujeres con padecimientos crónico
degenerativos. Pudo presenciar en ese primer traslado la muerte de una
de ellas, “una señora de apellido Molina quien presentaba una enfermedad
degenerativa”. Luego recordó a Blanca, quien antes de llegar a Morelos
fue enviada a Tepepan donde perdió la vida: «No recibió medicamento,
seguimiento y olvidémonos de quimioterapia», dice Viridiana.
Luego
en 2022 dio inicio la segunda ola de traslados masivos de más mujeres
hacia el Cefereso 16, procedentes de distintas partes de México. Se supo
que en este segundo capítulo murió Juana Ortiz, asesinada a golpes por
los mismos custodios, “cuando intentaron sacarla de su penal” y también
Guadalupe Merino, quien fue llevada a Morelos, sin ningún historial
clínico, tenía principios de cáncer y aunque al llegar se pudo
realizarse estudios médicos, falleció porque tenía metástasis, no
recibió atención.
La muerte comenzó a rondar entre las que iban
sobreviviendo a los traslados para poblar el Cefereso 16. El ambiente
era desolador. Viridiana narra que ella junto con sus compañeras
debieron hacerse cargo de las exequias de sus compañeras quienes iban
muriendo.
«Los
últimos cuerpos que recogimos, tuvimos que ponerlos [en ataúdes] arriba
de botes porque el centro no dio los utensilios para poder velar a las
compañeras. Están equivocadas cuando dicen que son 19 o 20 muertes, son
29 mujeres que han perdido la vida entre traslados masivos, negligencias
médicas, enfermedades crónico degenerativas no atendidas, suicidios y
posibles no suicidios.»
Cabe señalar que el número de mujeres en
el país que viven en condiciones de reclusión es infinitamente menor al
de hombres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (Inegi) en 2022 había 233 mil 277 personas en México en
alguna cárcel del país, de esos el 94.3% corresponde a hombres y solo
5.7 % a mujeres.
Ahora, no solo la proporción exige una lectura de género, sino los tipos de delitos. Marcela Lagarde y de los Ríos, en Los cautiverios de las mujeres: madreesposas, monjas, presas, putas y locas, expone
que muchas de las presas están ligadas a delitos contra la salud, por
ser compañeras sentimentales de traficantes, es decir, su relación
conyugal, filial, o materna con los hombres está en la base de la
transgresión.
Por
tanto, hay un nexo entre mujeres y las determinaciones sociales y
culturales del delito que se configura para que actúen como delincuentes
y víctimas.
Lagarde especifica que hay dos tipos de mujeres
ligadas a las drogas: las que cometen delitos a lado de sus hombres y
son detenidas junto con ellos, aquí hay que apuntar que no hay bandas
narcotraficantes de mujeres, pero sí en todas hay hombres que las
dirigen. Ellas no funcionan solas en esta célula delictiva.
Y el
otro tipo de mujeres ligadas con el narcotráfico son las que están
conminadas al delito por un hombre preso quien trafica en la misma
cárcel. Ellas introducen drogas a la cárcel amparadas en la visita
conyugal.
“Varias
presas comentaron que antes de llevar drogas a la cárcel, no eran
“malas”, pero que se habían animado a meter la droga por amor o por
obediencia” donde su vagina sirvió de vehículo para introducir drogas a
petición de su pareja que les exigió realizar el hecho.
Para
Marcela Lagarde y de los Ríos, el cautiverio de las mujeres se concreta
políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se
caracteriza por la privación de la libertad y además determina al poder
como la esencia de su cautiverio.
Ser mujer y vivir en condiciones de reclusión exige una lectura desde la perspectiva de género.
“La
situación de las mujeres en prisión las hace más vulnerables por el
doble abandono: primero, por su familia como una forma de reprocharle,
en su condición de mujer, haber infringido la ley y haber sido
etiquetada como delincuente, sin importar si el delito lo cometió por el
bien de su familia. Segundo, por la institución penitenciaria, al no
concederle condiciones para su encierro ni oportunidades para su
reinserción social cuando salgan” (visitadora adjunta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Faviola Elenka Tapia Mendoza).
¿Escarmiento de Estado contra mujeres?
Kenia
Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha
dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de
mujeres indígenas.
Fue
dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento
Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, además de ser
beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas.
Desde
febrero de 2019, Kenia y los miembros de su colectivo comenzaron a ser
objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio de 2020, durante
una manifestación por la liberación de los presos del Movimiento por la
Libertad de Presos Políticos, ella y tres activistas fueron detenidos
sin orden de aprehensión en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el
estado de México. Posteriormente, Kenia estuvo cinco días en prisión
preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, antes de ser
liberada.
Cuatro
meses después, el 18 de octubre de 2020, Kenia fue detenida en la
caseta de Amozoc, en Puebla, por más de una veintena de elementos
policiacos, quienes no le informaron el motivo de su aprehensión ni
presentaron una orden judicial. Al día siguiente se comunicó a sus
familiares que se encontraba en el Centro de Readaptación Social de
Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Se le acusó de ataques a las vías de
comunicación contra Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Desde entonces está detenida como “un acto de persecución política para tenerla lo más aislada posible”, afirma.
Enfrenta
una condena de 21 años y 9 meses de prisión. El caso de esta defensora
afroindígena sigue sin mostrar avances significativos, por ello, el Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia,
entregó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir
su liberación y recordando su compromiso de visibilizar la lucha de las
mujeres indígenas.
Además, lo que vive Kenia no es aislado, este
sistema de agresión contra defensoras ha sido documentado. Entre 2012 y
2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan
creado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos, IM-Defensoras, documentó 35 mil 77 actos de violencia
en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953
organizaciones y colectivas que luchan por la defensa de los derechos
humanos.
Kenia ha sido mencionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se hizo énfasis de la violencia, intimidación y criminalización hacia las y los defensores.
Tras
su paso por Almoloya, fue trasladada al Cefereso 16 en Morelos, donde
estuvo del 25 de octubre del 2020 hasta el 25 de enero del 2024; 3 años
con 3 meses exactamente, tiempo durante el cual también vivió las
torturas sistemáticas contra la internas.
“En la madrugada llegaron por mí, ejecutaron la orden de aprehensión y me mandaron a ese penal”.
Sus
primeros meses en el Cefereso 16 fueron de total encierro. Solo
recorría el Pabellón de máxima seguridad donde estaba interna, un
espacio de 10 metros por 15 de largo. Cuando le permitían la salida al
patio recorría una distancia aún más diminuta que consistía en 4 metros
por 2 de ancho y el lugar estaba cubierto, “no podía ver el cielo”.
El
aislamiento total la llevó a no tener contacto con ninguna persona por
cuatro meses. La resistencia debió ser un aliciente para sobrevivir ante
las circunstancias de vida que se le presentaban, por lo que generó
protestas hasta que le permitieran salir a ese patio por una hora
completa cada día, pero las demandas debían ser consecutivas para que
esa ganancia fuera posible.
Transcurridos esos cuatro meses fue
trasladada a otra área donde se le presentó una rutina menos estricta la
cual iniciaba a las 5 de la mañana, momento justo en que se abrían su
celda para volver a la cerrarse a las nueve de la noche. La luz en
ocasiones no era apagada y así debía intentar descansar.
“Después,
me dejaron estar con otras compañeras como servidoras públicas o ex
líderes del crimen organizado, ese era el perfil con el que estuve
bastante tiempo, hasta que a todas nos dejaron ir a mediana seguridad y
ahí, nos permitían salir a sectores compartidos para trabajar donde,
momentáneamente, podíamos convivir con otras compañeras de 9 de la
mañana a 9 de la noche”.
Hay que señalar que el artículo 75 del Protocolo de Estambul
ha remarcado los efectos negativos del confinamiento solitario en las
mujeres, incluyendo los casos donde las mantienen separadas de sus hijas
e hijos. También establece que las malas condiciones penitenciarias se
consideran maltrato y tortura contra las personas.
La huelga de hambre
Ante
las condiciones que vivía Kenia en el 2021 en el Cefereso, decidió irse
a huelga de hambre. Lo hizo dos veces en el mismo año. Sobra decir que
esta protesta estaba dirigida a terminar con las torturas.
Además,
en una ocasión autoridades del Cefereso 16, le restringieron el ingreso
a uno de sus familiares cuando fue a visitarla y se le negó el espacio
para tener comunicación privada. Ello a pesar de que esa persona cumplió
con todos los requisitos burocráticos que establece el penal para la
visita presencial.
A esto, se sumó que tras un año de prisión en
el Cefereso 16, no se le había permitido la comunicación privada y
personal con su abogada. En abril de ese 2021, la defensora denunció
ante el juez de control que ordenó su prisión, que era víctima de
tortura psicológica y otros delitos, por lo que Kenia Hernández requería
ampliar su declaración, para lo cual necesitaba hablar con su equipo
legal de manera presencial y no a través de elementos electrónicos que
podrían ser intervenidos.
Aunque buscó denunciar formalmente estos hechos, el personal del mismo penal se rehusó a recibir y entregar sus oficios.
“Cuando
yo estuve en huelga de hambre pasé dos meses en el hospital y pude
darme cuenta del alto sentido humano de un doctor. Me dijo: «Ya no aguanto, Kenia, voy a renunciar«,
me dijo que el problema era con las autoridades que trabajaban ahí (en
el Cefereso 16). Mira esta lista, y me enseñó una lista de 57 personas,
me dijo: «De aquí a que yo entregue mi turno tengo que haberlas atendido
a todas, ¿sabes cuántas realmente vienen porque están mal? Son 8 las
que tienen enfermedades crónico degenerativas como principios de cáncer,
pero las otras 49, tengo instrucción de la directora para darles
medicamento controlado, Clonazepam, Quetiapinas y Gabapentina. La
directora dice que se los dé y yo ya le dije que no puedo seguir dando
más medicamento controlado porque es falto a la ética, yo no estoy
capacitado, no soy psiquiatra; les estoy haciendo una adicción, pero la
directora Gabriela Cerón dice que dé el medicamento y ya». A la semana,
ese doctor renunció, entonces, por el tema de dar a mano abierta el
medicamento controlado se descuidaban a las mujeres con enfermedades
crónico – degenerativas.
Ingesta de comida podrida
El
testimonio de Kenia ha permitido echar abajo la información filtrada
por algunos medios de comunicación quienes sólo documentaron un hecho
general en el Cefereso, el 1 de octubre del 2022, en el que aconteció
una intoxicación masiva por alimentos en mal estado en el 2022. Ella da
fe de dos ocasiones en que esto le sucedió en carne propia.
Kenia
se intoxicó en dos distintas fechas, en cada una de ellas sintió que
moriría. La primera ocasión fue en marzo del 2021, ella junto con 30
compañeras presentaron la misma sintomatología por consumo de comida
podrida e insalubre.
Hernández –quien pertenece a la comunidad
indígena n’ooomdaa’ y es hablante del amuzgo– aunque permanece en
prisión, hoy, pudo tomar la llamada de esta agencia de noticias desde el
Reclusorio Femenil Tepozanes en el estado de México para dar su
testimonio de lo que vivió en el Cefereso 16.
La defensora afirma
que en el Cefereso 16, la preparación de alimentos se lleva a cabo con
agua contaminada la cual se obtiene directamente de la llave y aunque
las autoridades les manifestaban que “estaba bajo todos los estándares
de calidad y era apta para tomar”, lo cierto es que las autoridades
penitenciarias nunca la consumían.
Además, la salud de las
internas tiene costo y no todas la pueden costear. Si deciden hidratarse
de forma segura, deben comprar garrafones de agua por 104 pesos y 47
pesos cuando se trata de rellenarlos, situación que Kenia se negaba a
realizar porque “la ley dice que el agua debe ser gratuita”.
Afirma
que el agua de consumo humano en el Ceferso 16 está llena de salitre lo
que provoca que algunas internas ya presenten afecciones por “piedras
en el riñón o infección en vías urinarias y esto tiene mucho qué ver con
el agua, que con tal de hacerla apta, le echan mucho cloro”.
Kenia
sobrevivió a la intoxicación alimentaria masiva del 2022 que afectó al
75% de la población del Cefereso. Repasa que el hecho “fue muy crudo”.
Había más o menos mil cien mujeres internas en ese momento y 800 de
ellas fueron las que enfermaron de salmonelosis. En el lugar solo había
disponibles 300 vacunas para la desintoxicación.
La mayoría de
las internas requirieron atención médica porque presentaron: vómito,
diarrea, dolor de cabeza, fiebre e incluso algunas con desmayos. Hasta
la noche del viernes 31 de septiembre, las autoridades penitenciarias
mantenían en reserva los casos de intoxicación masiva.
En ese
momento, en el Cefereso 16 había 202 mujeres con padecimientos
crónico-degenerativos, lo que las ponían aún en mayor riesgo ante la
intoxicación.
Hay imprecisión sobre lo que se sirvió esa noche. De
acuerdo con testimonios recabados por la CNDH, esa noche sirvieron
caldo de pollo en poca cantidad, cuatro tortillas y agua concentrada de
arroz, y más tarde un trozo de pizza pero no alcanzó para todas por lo
que les dieron tortillas de harina crudas con salsa y unas rodajas de
jitomate.
Aunado a esto, las mujeres internas argumentaron
insuficiencia de papel higiénico e insumos de limpieza para atender la
emergencia.
“Recuerdo
que me retorcía del dolor y fue algo muy difícil, incluso, pedir
atención inmediata a mí y a otras 3 compañeras del pabellón, pues éramos
8 y tres estábamos muy, pero muy mal. Honestamente, pensé que me iba a
morir, el primer día evacué 49 veces y el segundo día 43 veces, fue algo
muy difícil para nosotras porque pensábamos que nos íbamos a morir y yo
lloraba de la impotencia”.
Kenia recibió atención en un hospital donde se percató que había otras compañeras más delicadas que ella.
“Me
arrastraba del dolor pero cedí mi lugar con tal de que atendieran a las
otras hasta que la directora técnica me pidió que me aplicaran la
vacuna; yo me olvidé mi dolor, fue la forma en que lo enfrenté, ayudando
a las otras”.
La escasa información y la nula rendición de
cuentas que maneja el Cefereso 16 da pie a especulaciones de lo sucedido
en materia de intoxicación alimentaria. En primeras versiones se manejó
que fueron 400 internas quienes atravesaban la ingestión de comida
podrida el 29 de septiembre del 2022, pero en realidad fueron el doble.
Documenta,
una asociación civil, informó que familiares de las mujeres
intoxicadas, “aseguraron que varias de las internas fueron sacadas en
camiones, fuertemente custodiados, para trasladarlas a hospitales de la
zona surponiente del estado”. Además denunciaron que “la comida que
reciben las internas es de mala calidad y en poca proporción”.
La
situación había causado conmoción nacional. Era casi la totalidad de la
población de un Cefereso quienes enfrentaban una intoxicación, pero la
noticia no pudo alcanzar mayores titulares en la prensa porque se
atravesó el fin de semana.
Transcurridos
unos meses del hecho, específicamente para el 31 de marzo del 2023, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 59/2023 porque se había dado a la tarea de investigar aquella noche en el Cefereso 16.
De esta visita se presentó un expediente de queja CNDH/3/2022/11637/Q,
en el que se acusaban violaciones al derecho humano a la alimentación
durante una contingencia sanitaria por ingesta de comida que derivó en
un cuadro clínico digestivo infeccioso colectivo.
La Comisión
confirmó que la intoxicación afectó al menos al 75% de la población
quienes tuvieron gastroenteritis probablemente infecciosa, se dijo que
hubo negligencia en la supervisión de alimentos que se suministraron
entre el 28 y 29 de septiembre de 2022 en ese establecimiento
penitenciario. Aunado a esto, se acreditó la falta de diligencia para
brindar atención médica oportuna e integral a la población penitenciaria
femenil.
Se dijo que el personal de servicio de alimentos en el
Cefereso es capacitado al menos una vez al año con los temas que dicta
la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, pero los hechos distan de esta afirmación.
En
su visita, la CNDH, encontró en la zona de preparación de alimentos:
“lámparas sucias y con tijerillas”, “restos de alimentos, basura y fauna
nociva”, “refrigeradores descompuestos y fuera de servicio”.
Esta
situación que enfrentan las mujeres en el Cefereso vulnera leyes que
protegen a las internas como la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP),
que afirma, deben “recibir alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad, adecuada para la protección de su salud”, así como “un
suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su
consumo y cuidado personal; y atendiendo a la perspectiva de género”.
Así
como la Regla Mandela 22, que mandata: “todo recluso recibirá de la
administración del establecimiento penitenciario, a las horas
acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y
servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su
salud y de sus fuerzas”.
Y la Ley General de Salud, que hace
mención de las finalidades del derecho a la protección a la salud,
siendo estas: “I. El bienestar físico y mental del hombre para
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, II. La prolongación y
el mejoramiento de la calidad de la vida humana […]”
Cabe señalar
que el suministro de alimentos está a cargo del Departamento de
Producción de Alimentos, mismo que depende de la Dirección de
Administración de ese lugar, quienes están obligados a servir alimentos
con un aporte calórico de 2 mil 586 kcal. El diseño de menús y las
raciones se realizan en función a lo establecido en el Contrato de
Prestación de Largo Plazo de conformidad con la NOM-043-SSA2-2005.
Aunque
se presentó este informe de la CNDH y hubo un escándalo mediático por
los hechos, las condiciones insalubres “se mantuvieron exactamente
igual” tras las infecciones masivas que vivió Kenia.
Lo
solucionaron de una forma: “en el Cefereso solo dejaron de servir
chicharrón, el guiso al que le atribuyeron la salmonelosis”.
Jheralding
Jheralding
Pantoja era originaria de Cali en Colombia, estuvo siete años en
prisión preventiva sin sentencia por el delito de delincuencia
organizada. Falleció dentro de la cárcel por presunto suicidio el pasado
7 de febrero del 2025, fue su madre Mónica Botero quien se vio en la
forzosa necesidad de viajar para repatriarla quien dio testimonio de las
torturas que vivió su hija al interior de este sitio.
Su caso
estuvo plagado de inconsistencias, esencialmente, porque Jheralding
llegó a México en febrero del 2018 y los hechos delictivos que le
imputaron ocurrieron un mes antes de su llegada, asimismo, la familia
desconoce de un acompañamiento legal efectivo.
La familia de Jheralding desconoce hasta el día de hoy cuándo, cómo y dónde fue aprehendida.
Durante
el tiempo que Jheralding estuvo en el Cefereso 16, Mónica su madre pudo
percatarse de las torturas que se le infligían a su hija. Fue testiga
de los golpes, castigo por sujeción e incluso la medicalización no
consentida, la cual, especial, era suministrada en la comida.
Tras la llegada de Mónica a México, Cimacnoticias
pudo conversar con ella y su testimonio es fundamental para dar fe de
las torturas que vivió su hija al interior de este cautiverio.
«Una
niña muy querida, especialmente, por el papá que siempre le compraba
paletas; nunca se quedaba quieta». Emprendedora, comerciante y concluyó
su bachillerato. Era querida en su comunidad y la red vecinal, realizaba
mandados; le recogía, el medicamento a una vecina mayor y también, daba
mantenimiento al barrio. Como aquella vez que hizo una rifa grande,
siendo aún una adolescente, para comprar unos botes de pintura color
fluorescente y mejorar el aspecto de las canchas comunales: «Ese día
agarró los botes y se fue a pintarlo todo, ese era el tipo de cosas que
ella hacía».
Jheralding se convirtió en madre autónoma de 2 niños.
Para sostener a su familia trabajó como cajera de autoservicio y
posteriormente, derivada de su facilidad para los negocios, “encontró un buen trabajo en Las Canchas Panamericanas, un lugar popular en Cali donde se venden cholados”, un tipo de raspado de hielo con distintos sabores, describe Mónica.
Ante
la situación que enfrentaba por sostener a sus dos hijos, Jheralding
decidió migrar; tenía el sueño de comprar una casa para su familia. Por
tanto, planeó en conjunto con otras 2 amigas -una de ellas vecina del
barrio-, la posibilidad de trabajar en México y luego dar el salto hacia
los Estados Unidos.
Entonces, echó el corazón en la maleta y dejó
a sus dos hijos al cuidado de su madre, abuela, hermanas y hermanos en
Cali, así Jheralding llegó a Puerto Vallarta en febrero del 2018 a la
edad de 23 años. Todas las mañanas y antes de dormir, Jheralding hacía
videollamadas a la familia para mostrarles su vida, les documentaba
sucesos cotidianos; sus desayunos, la comida, paisajes e historias del
trabajo.
De pronto, un día del mes de mayo de ese 2018, Jheralding
dejó de comunicarse. Entonces, Mónica contactó al padre de la vecina
con quien había viajado su hija para obtener alguna respuesta, y ahí,
recibió la noticia:
«¿Apoco
no sabe? Las cogieron [a Jheralding y a su hija] y están en un penal,
están presas», yo le pregunté porqué, si estaban trabajando bien; nadie
nos avisó nada y si nos dimos cuenta fue por él, yo no sé de leyes
mexicanas pero creo que el deber es avisar a familiares o permitirle a
ella que nos hablara.
Ellos le compartieron el celular de la
defensora mexicana Viridiana Molina, quien estaba cercana al caso, así
como el teléfono del área social del Cefereso 16 y finalmente,
le informaron a Mónica que las 3 jóvenes caleñas tendrían una
representación legal conjunta, sin embargo, ella nunca recibió una
llamada telefónica de este abogado.
En cuanto tuvo la información,
se comunicó al área de Trabajo Social pero ahí le compartieron que su
hija debía aceptar la llamada primero si quería entablar contacto y
afirmaron que Jheralding “se negaba a tomarle la llamada a su mamá«,
por lo tanto, no podían comunicarla. Situación que la misma Jheralding
refuta días más tarde cuando por fin logra conversar con Mónica.
Las torturas contra Jheralding
Desde
que Jheralding entró al Cefereso 16, Mónica supo que tenía el derecho a
hablar por teléfono con su hija dos veces a la semana y una vez al mes,
sostener una videollamada de 10 minutos, sin embargo, había obstáculos
persistentes que la autoridad aducía: falta de internet y esto
postergaba sus encuentros virtuales hasta por 2 meses.
El calor en la entidad de Morelos resulta abrazador, de ahí que, en México este Estado llevara por apodo popular «El de la eterna primavera»,
durante las videollamadas, Jheralding solía aparecer sólo con su
playera del uniforme que es de un color beige más suave que el del
pantalón y la chamarra, sin embargo, esa tarde que habló con Mónica
tenía puesta la chamarra; Mónica narra en entrevista que eran las
pequeñeces como esta las que la hacían saber que algo no andaba bien con
su hija, por lo que le cuestionó si todo estaba bien y que por qué
tenía puesto eso, si ella sabía que ahí siempre el clima es caluroso.
Jheralding
le explicó: «Me obligaron a ponérmela porque…». Entonces se escucharon
pasos al fondo que se aproximaron rápidamente: era una custodia. La
mujer frenó rápidamente la idea y quedó en silencio, después de unos
segundos, continuó: «Lo que pasa es que tengo frío». El resto de la
llamada, Jheralding parecía en constante alerta y mientras movía sus
manos al hablar, el cuello de la chamarra se tiró hacia un lado y Mónica
notó hematomas en su cuello y clavícula.
Un golpe fuerte que
vivió Jheralding en el Cefereso 16 fue la muerte de su hermano. Un joven
que murió el 10 de enero del 2024 a causa de un agresivo cáncer de
hígado y quien era el encargado de atender las llamadas desde el penal.
Mónica recuerda que, tiempo después de este suceso, cuando hablaba por
videollamada con su hija, ésta lucía inquieta y en un momento, mientras
se tocaba su rostro, observó lesiones en sus muñecas.
«Le
vi que, mientras se rascaba su carita, tenía algo en sus muñecas, como
si la hubieran amordazado, tenía muy lastimados sus bracitos y yo muy
preocupada le dije: «¿Qué te pasó, Jheral?, ¿qué te hicieron?» y me
dijo: «Me dio una crisis por la muerte de mi hermano Oscar y dicen que
me amarraron para que no me haga daño». La llamada se cortó
inmediatamente después de decirme eso.»
Mónica refirió no recordar
fechas exactas y tampoco años: «Cuando una pierde a un ser querido es
muy doloroso, no entiendo nada, ni sé de fechas», respondió. Sin
embargo, sí recuerda con lucidez todos estas violencias que, en sus
palabras, le quebraron el alma. Especialmente, una temporada donde
Jheralding fue castigada por agredir a una custodia y se le cortó toda
posibilidad de contacto; fueron semanas de angustia.
Mientras Jheralding se bañaba, una custodia se le acercó y comenzó a acosarla. ¿Sexualmente?
No, no fue puntual en decirme, pero yo me imagino que sí, porque la
otra mujer miraba a mi hija desnuda mientras tomaba un baño. Entonces,
Jheralding reacciona empujándola para alejarla y la repliega contra la
pared, acto seguido, la custodia se va muy ofendida y regresa acompañada
de otras 5 mujeres y con sus bolillos [macana policial], le propinaron
una golpiza a mi hija que estaba desnuda.
Según narra Mónica, le
pegaron en el torso y también, le abrieron la parte superior de la
cabeza, a la altura del lóbulo frontal, la herida fue tan profunda que
requirió intervención y no volvió a crecerle cabello en su cicatriz.
A
lo largo de los años, para Mónica era evidente de que su hija estaba en
un constante peligro y a pesar de que mandó un sinfín de correos al
Consulado Colombiano en México de que intervinieran y brindaran
seguridad a Jheralding, nunca hubo respuesta favorable.
Esto lo
corroboró una llamada previo al suicidio de su hija. Pasando la
medianoche en Calí, Colombia, una custodia -de quien nunca supo su
nombre- se comunicó con Mónica y le advirtió: «Rápido, comuníquese con el consulado, porque quieren sacar a Jheralding de su celda y la van a matar«.
Mónica
recordó levantarse de un salto de la cama; intentó llamar 3 veces al
Consulado y mandó múltiples reportes vía correo donde refería que su
hija estaba en peligro, que le habían avisado de que intentarían
matarla, tras un largo tiempo de angustia y sin posibilidad de hacer
más, obtuvo una respuesta: Se pondrían en contacto con la dirección del
penal para estar al tanto de la situación.
«Al
otro día se comunicó conmigo un representante del Consulado y me dicen
que no pasa nada, que les informaron que sólo se había tratado de una
inspección de rutina, sin embargo, todo eso me decía que algo no estaba
bien, yo seguía preocupada por la vida de mi hija. A los 2 días, yo
escribo de nuevo que quiero más seguridad para ella».
La noticia
¿Eres familiar de Jheralding Marcela Pantoja Botero?
-Sí, yo soy la hermana, ¿por qué, qué pasó?
Una
voz de mujer les dijo que se comunicaban de Trabajo Social para
notificar el deceso de su hermana. Dijo no estar autorizada a decir más
información. Les pidió comunicarse al día siguiente.
Intentaron
comunicarse con el área de Trabajo Social del Cefereso 16; nunca
obtuvieron respuesta. La abuela de Jheralding llamó una y otra vez, así
como sus hermanos pero nunca atendieron ninguna llamada, ni lograron
tener contacto con autoridades del centro penitenciario.
Mónica
se comunicó por correo con el consulado de su país en México, les
escribió que Jheralding murió y les reclamó porque “no la habían
protegido a sabiendas, de que era violentada en el penal”. En la
respuesta sólo se limitaron a cuestionar quién le había informado sobre
el tema. No era la respuesta que Mónica quería; ella necesitaba auxilio,
indicaciones sobre qué hacer y cómo repatriar a su hija a Calí.
«Quedé
con mucho dolor y no recuerdo bien cómo fue todo, pero sí tengo claro
que mi hija era agredida ahí adentro», sostiene Mónica a quien el
consulado le llamó después para darle un ultimátum: Tenía 7 días para viajar a México o reconocía vía zoom el cuerpo de Jheralding para empezar las debidas diligencias. Terminado ese plazo, su hija sería enviada a una fosa común.
La
madre de Jheralding comenzó a reunir dinero ese mismo día y la
comunidad de Valle de Cauca se unió para hacer una donación; las y los
vecinos hicieron una colecta que alcanzó los 2 millones de pesos
colombianos (aproximadamente 9 mil 800 pesos mexicanos o 484 dólares).
Dinero apenas suficiente para comprar sólo un ticket de ida, esa misma
tarde del martes 11 de febrero, Mónica tomó su mochila y salió del país.
A
más de 3 mil kilómetros de Calí, en la capital mexicana, la defensora
Viridiana Molina ya estaba enterada del caso y había entablado
comunicación con Mónica Botero con antelación.
Viridiana relató en entrevista para Cimacnoticias,
que los representantes del Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social, no sólo se mostraron indolentes, sino
además, incrédulos; dudaban que Mónica llegaría a México a reclamar el
cuerpo de Jheralding.
«Subestimaron
que Mónica vendría porque cuando yo peleaba en el Órgano me dijeron:
«Ah, ¿y ustedes la van a traer?, ni tienen cita en el Ministerio
Público para ver el cadáver». ¿¡Cómo!?, les grité, ¿la madre necesita
una cita para ver el cuerpo de la compañera que falleció dentro de la
custodia de ustedes? Ahí fue cuando me di cuenta que esto no era normal y
que el estado iba a ser omiso.»
Mientras Mónica tomaba el vuelo
con dirección a México, Viridiana, se acuerpaba por la Defensoría
Pública; Angélica Ospina, asignada al Programa de Política de Drogas
(PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la
defensora migrante Yarima Merchan Rojas, quienes, en conjunto, habían
empezado el movimiento y la agitación entre las autoridades: «Estábamos
listas para recibirla, una mandaba correo, otra estaba buscando el
canciller, nos preparamos para cachar todo lo que iba a venir, porque
teníamos que ser su escudo [de Mónica Botero]».
Cuando Mónica
llegó a la frontera sur, se le prohibió el paso, pues no tenía boleto de
ida y se le cuestionó el motivo de su paso por México.
«Yo
le dije a la señorita que venía a México para recuperar el cuerpo de mi
hija y que no sabía cuántos días tardaría, por eso no compré el boleto,
bueno, además de que no tenía el dinero tampoco para hacerlo, pues
yo pensaba: Dios proveerá. Me dijeron que no me podían dejar pasar, yo
me sentí frustrada y caí de rodillas, llorando, pidiéndole a dios que me
ayude, entonces, me suena el teléfono y me llama Norma, quien es
hermana de la expareja de Jheralging y padre de sus hijos; una mujer
religiosa quien hizo una recaudación de emergencia en su iglesia y
costeó el vuelo de regreso a Colombia.»
Tras su llegada, el jueves
13 de febrero fue el más complejo. Viridiana y Mónica salieron de la
Ciudad de México por la mañana con rumbo al Ministerio Público de
Jojutla para el reconocimiento del cuerpo, sin embargo, ninguna
autoridad le explicó a la madre de Jheralding el sistema penitenciario,
todo fue un intercambio privado de información entre la Fiscalía de
Morelos y el Ministerio Público.
Mientras tanto, a Viridiana le
indicaron que ellos tenían la instrucción de darles el cuerpo pero que
sólo sería enviado a CDMX y que no había forma de repatriarlo hasta
Colombia.
Tras horas de espera en el Ministerio Público, Mónica pasó a reconocer el cuerpo de su hija Jheralding.
Lo
que encontró en ese reconocimiento es indecible aún. Mónica entra en un
estado alterado que le impide emitir palabras. Necesita realizar
ciertas acciones que le permitan tranquilizarse para continuar.
En
ese reconocimiento, dos representantes de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) también realizaron acompañamiento y
permanecieron vigilando, un hecho que, en palabras de Viridiana, era
insólito: «Nunca había visto que le entraran así a los madrazos, hicieron un excelente trabajo«. Todo terminó a la 1 de la mañana del viernes 14 de febrero.
El
Estado mexicano tenía encima los ojos del Instituto de la Defensoría
Pública y de la CNDH, junto con la defensora Viridiana. No hubo más
remedio, «sabían que esto les iba a estallar«, dice Viridiana. Esa misma noche, la Secretaría de las Relaciones Exteriores tomó el caso para empezar la repatriación.
Mónica, madre de Jheralging en Ciudad de México. Foto: Arantza Díaz
Viridiana
señala que todo terminó, pero hay que ser claras, «el Estado quiso
callar a Mónica y engañar a una persona que no conocía las leyes,
querían que se enfrentara sola a esto. Esto es un precedente porque
recuerda que las mujeres privadas de su libertad no son un número de
expediente, fue una mujer que murió bajo custodia del Estado y tiene
nombre: Jheralding Pantoja Botero».
SAVO
El
Instituto Federal de Defensoría Pública explicó que el 20 de junio de
2024, tuvo conocimiento de la muerte de SAVO, iniciales de esta mujer
quien fue privada de la libertad en el Cefereso número 16, información
que se pudo constatar hasta el 23 de junio de ese año, cuando defensoras
públicas federales acudieron a una visita extraordinaria.
Por
este hecho, el IFDP presentó una demanda de amparo indirecto 21/2024
del Juzgado Décimo de Distrito de Morelos. En el marco de dicho juicio,
se otorgó la suspensión frente al entorno de tortura que se reclamó.
El
instituto denunció que esta falta de atención médica oportuna, no sólo
se le negó a SAVO, sino a la mayoría de las mujeres privadas de la
libertad, asimismo, reclamó que su personal había tenido dificultades
para ingresar al Cefereso 16, para conocer directamente la situación de
internamiento de sus representadas, así como la negativa de información
respecto al estado de salud de las personas privadas de la libertad.
Frente
a esto, el IFDP explicó que se habían iniciado diversas acciones con la
finalidad de lograr el ingreso de las personas defensoras al Centro,
entre ellas 14 controversias, una de ellas relativa por Savo y una
controversia judicial 556/2024 resuelta por la Jueza de Distrito
adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, en
funciones de Jueza de Ejecución, el 6 de junio de 2024.
Poco más
de un mes después de la muerte de SAVO, el 5 de agosto del 2024, un Juez
Décimo de Distrito del estado de Morelos declaró procedente una
denuncia de incumplimiento promovida por el IFDP, donde se acusaba al
Cefereso 16 de “inobservancias”.
Esta legitimación resultó
fundamental, pues fue la primera vez que una autoridad reconoció la
inacción de las autoridades penales, pero también, la corresponsabilidad
con el Gobierno de Morelos y de las instituciones de salud que han
ejercido el abandono institucional en contra de las mujeres privadas de
su libertad.
Consecuentemente, las autoridades del Cefereso
pretendieron deslindarse de esta responsabilidad, refiriendo que sí
habían cumplido con las órdenes del amparo para salvaguardar el interés
supremo de la vida de las internas, sin embargo, el Juez de Distrito
falló en su contra y se giró el caso al Ministerio Público para
continuar las diligencias de investigación.
Hasta el momento, no
existe documento que sustente cuál ha sido el trabajo de las autoridades
ministeriales, por lo que Sofía de Robina, secretaria Técnica de
Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública,
advirtió que esta etapa sería una de las más complejas por atravesar,
pues se atañe de un fenómeno común en México: La impunidad.
Quebrar el espíritu. La ¿vida? en el Cefereso
Una
vez que las mujeres ingresan, las autoridades del Cefereso 16 las
llevan al aislamiento absoluto, porque las distancian de sus redes
familiares, fracturan su identidad y deterioran sus vínculos afectivos,
lo que se suma a un clima emocional de desesperanza, invalidez y de
insignificancia.
Los familiares de Kenia Hernández Montalván
viajaban para los encuentros con ella cada 15 días donde solo tenían
autorizado hablar con ella por 10 minutos y luego regresar a su
comunidad en Guerrero.
Al ser un centro de reclusión federal, hay
mujeres de diversas entidades, incluso de otros países como el caso de
Jheralding por lo que visitarlas se complica, incluso solo pueden ir a
verlas una vez al año.
“Una
llamada de 10 minutos cada 4 días te parte; te parte no saber qué pasa
con tu familia, supe de algunos casos de suicidio entre junio y
diciembre del 2023. Al menos 3 casos fueron porque recibieron una mala
noticia por teléfono y no les dio tiempo de desahogarse, escuchar, saber
qué pasó. Tienes que esperar otra llamada y sólo son 10 minutos.
Recibían noticias de la muerte de su madre, de su hijo, de un familiar y
no podían saber nada por 4 días”.
Ante revertir esta situación,
Kenia afirma que se debería impulsar una Ley de Ejecución Penal, que
establezca llamadas frecuentes para las internas y así fortalecer su
vínculos y mejorar las condiciones de vida.
Medicalización
En
2019 María de los Ángeles García Martínez, dejó la dirección del
Cefereso y en su lugar entró Gabriela Cerón Martínez, quien era
directora del penal de las Islas María y fue transferida al Cefereso 16
en Morelos.
Con este cambio directivo de Cerón Martínez, de
acuerdo con versiones de sobrevivientes internas, se modificó la
dinámica, porque se eliminó la restricción de medicamentos controlados y
hasta el momento ha sido complejo contener la adicción generada.
Desde el Reclusorio Femenil Tepozanes “Neza Sur”,
Kenia Hernández hace una pausa para hablar del problema de adicción;
una cruenta realidad que, en sus palabras, se relaciona un 70% en los
casos de suicidios masivos.
“Las
mujeres se desesperan, quieren más y más, quieren más Clona
(clonazepam), porque ya no les hace efecto, entonces la revuelven con
otros medicamentos, hacen un cóctel y lo inhalan como si fuera cocaína,
entonces, se vuelven adictas al medicamento controlado.
El
testimonio de Kenia Hernández, hace sinergia con la voz de la también
defensora Viridiana Molina, quien también estuvo privada de su libertad
en el Cefereso 16 entre 2015 y 2019; quien rememora lo que era
permanecer bajo los efectos de los medicamentos y sentir cómo pasaban
los días.
La llegada de Cerón Martínez se volvió, en palabras de Molina, “el error más catastrófico y en el génesis de todo”.
«Entra
Gabriela Cerón Martínez y fue el error más grande del penal, porque
pusieron a una persona que no tiene idea de nada; no entendió a mujeres
que vienen regidas por sistemas de manos atrás y cabeza agachada
[militarizado]. Cerón llega con el modelo más leve de centro
penitenciario común; entonces llegaban las mujeres a exigirle cosas como
medicamentos y ella a todo les decía que sí. Todo este problema que
ahora es una crisis que no pueden contener”.
Entonces llegó la
nueva directora del Cefereso 16, Jazmín Ochoa en junio del 2023 y les
dijo a las mujeres internas “que no se dejaría chantajear”, cuenta Kenia
Hernández. De la noche a la mañana decidió quitarle todos los
medicamentos controlados. Sólo se dispensaba a quienes contaban con una
receta psiquiátrica, es decir, 1 de cada 10 contaban con este
comprobante, el resto, que correspondía al 90% se quedaron sin
sustancias.
Lo que derivó en crudos síndromes de abstinencia, pero
también, abrió la brecha a una gran oportunidad de negocio para las
internas que sí recibían periódicamente sus pastillas; se comenzó a
gestar una venta ilegal de medicamento entre las mujeres, pero también,
la perpetuación de las adicciones a través de consejos prácticos sobre
cómo actuar, qué decir y qué hacer para que el personal médico en turno
les recetara cierto tipo de medicamentos controlados:
Desde la
autodefensa y en un intento por abatir estas prácticas, Kenia impulsó un
proyecto de desintoxicación favorable, pues el panorama se había
recrudecido gravemente desde el ascenso de Jazmín Ochoa y su política
restrictiva.
En los primeros días que empezó el programa, un
total de 30 mujeres se reunieron con Kenia, posteriormente sólo 16
aceptaron la ayuda y poco tiempo después, sólo 3 mujeres continuaban
mostrando interés en abandonar el consumo de medicamentos; el programa
piloto fracasó y la baja participación no sólo fue la señal inequívoca
de que algo no iba bien, sino también, fue un mensaje de auxilio de que
urgía una atención inmediata encauzada en acabar con las adicciones,
narra Kenia.
Castigos
Dentro
de los centros de reclusión donde se violan los derechos humanos es
habitual infligir castigos corporales como una forma de control a través
del dolor, el escarnio y vergüenza entre quienes los reciben, el
Cefereso 16 no es la excepción con esta descripción.
De acuerdo
con la Ley Nacional de Ejecución penal artículo 41, En México, está
prohibido el uso del aislamiento físico de personas privadas de la
libertad por más de 22 horas consecutivas y por un periodo mayor a 15
días, así como el aislamiento con penas corporales o en condiciones
torturantes.
Sumado a las declaraciones de sobrevivientes. El
Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ha documentado 10
casos de sujeción mecánica forzada entre un grupo de 57 mujeres, entre
las que se encuentra Rosa, de 31 años quien intentó suicidarse y fue
rescatada a tiempo, pero al despertar, después de estar inconsciente por
48 horas, estaba sujeta de brazos, pies y cuello, así permaneció por
seis días.
Casi
una semana después, Rosa aún tenía las marcas de amarre con moretones.
En ese estado se presentó a una entrevista con un representante del
Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien acudió para
documentar los casos.
“Sí,
esto de la sujeción, allá se le dice «a 4 puntos», son compañeras que
quisieron ahorcar o se cortaron, entonces, se las llevaban al hospital;
eran sujetadas con grilletes de pies y manos. Sabíamos que algunas eran
agarradas a 6 puntos, cuando agredían a alguna custodia o se peleaban,
eso sí me consta”, sostiene Kenia Hernández.
El
IFDP también pudo recoger el testimonio de Sandra, de 23 años -los
nombres de las internas fueron cambiados para reservar su identidad-
quien también había intentado suicidarse a principios de enero del 2024,
aunque no recuerda bien el día.
Lo
que sí sabe es que después de eso estuvo amarrada una semana, de pies y
manos, en una cama. Solo le desataban una mano para que comiera. “No
podía ir al baño, tenía que evacuar en un cómodo que tardaban mucho en
retirarle”.
Durante
una de sus visitas, el Instituto entrevistó a Estela, una mujer de 30
años, quien refirió al representante del IFDP que tuvo una “crisis” y en
respuesta, el personal del Cefereso, -a quienes no pudo identificar-,
la golpeó y, al igual que Rosa, también la amarraron a cuatro puntos
(de pies y manos). Permaneció así una semana en la zona de enfermería, a
la que todas llaman “el hospital”.
Sofía de Robina Castro, del IFDP, explicó en entrevista para Cimacnoticias
que el Instituto ya había tenido conocimiento de un caso en el que
amarraron a una mujer privada de su libertad en este Cefereso en 2022.
Por ese caso se interpuso un amparo, para evitar esta práctica, con el
argumento de que era un acto de tortura.
“El
juez concluyó que en efecto lo era y dictó que no debía volver a
ocurrir y medidas de reparación, y aunque solo aplica para la persona
por la que se metió el amparo, ya tenía conocimiento el penal de que
esto es una práctica inadecuada. Se habían hecho peticiones,
controversias judiciales ganadas, se habían presentado solicitudes para
cambio de medida cautelar; sin embargo, no se atendieron los hechos”,
subraya.
Ante todo lo documentado por el Instituto, De Robina
Castro detalló que el IFDP ha puesto una denuncia penal y dos demandas
de amparo en representación de 58 mujeres. Ambas demandas tuvieron una
suspensión, por lo que un juez federal exigió medidas inmediatas.
Posteriormente, uno de los amparos fue desechado, mientras que el otro
sí fue admitido.
¿Suicidio? Sistemático
A
finales del 2023 la prensa nacional informó que en el Cefereso 16 se
suscitó una oleada de suicidios entre las mujeres internas, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer en
noviembre de ese año un total de ocho casos de mujeres privadas de la
libertad.
Una
cifra que se ha duplicado a lo largo de los años y deja en vilo cuál es
la cantidad precisa de mujeres que han muerto al interior del Centro,
pues ex-internas como Viridiana, acusa que son aproximadamente 29 los
casos.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP)
consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debía investigar
esos suicidios de mujeres ocurridos bajo el protocolo de feminicidios.
“Todas
las muertes ocurridas dentro de Centros Federales consideradas como
violentas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la
República, debiéndose deslindar todas las responsabilidades por acción u
omisión de las autoridades correspondientes, y tratándose de muertes de
mujeres, deben investigarse como feminicidios”, señaló.
Para el
28 de noviembre del 2023 se realizó una brigada del IFDP junto con los
titulares de la Unidad de Defensa Penal, Unidad de Litigio Estratégico
en Derechos Humanos y la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura,
debido información sobre irregularidades ocurridas en dicho Cefereso:
«Esto
ante un contexto de creciente preocupación y alarma por la información
recibida respecto de la pérdida de la vida de al menos ocho mujeres en
meses recientes, a las que han denominado las autoridades penitenciarias
como suicidios, mientras se encontraban bajo custodia del Estado en el
Cefereso 16 en Morelos. Durante esta visita, 21 personas servidoras
públicas se entrevistaron con 41 mujeres que contaban con antecedentes
en materia de salud mental y que deben ser atendidas con urgencia”,
expuso el Instituto.
Las indagatorias resultaron en una
primera lectura: Las 13 mujeres que cometieron suicidio entre el 20 de
julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023 en el Cefereso 16, no tuvieron
acceso oportuno a servicios psicológicos y psiquiátricos adecuados y
las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado fueron
inapropiadas. Así lo determinó la recomendación emitida por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El
organismo también identificó irregularidades en la investigación
realizada por la Fiscalía de Morelos relacionada con las muertes y
planeaba interponer denuncias administrativas en contra de los
servidores públicos responsables.
Además, precisó que no llevaron a
cabo mayores diligencias tendientes a investigar y determinar si existe
alguna responsabilidad penal del personal de esa prisión, en tanto no
se agotó el principio de exhaustividad y omitieron apoyarse de
instrumentos internacionales, como el Protocolo de Minnesota -que
contiene procedimientos que deben realizarse cuando acontece una muerte
potencialmente ilícita-.
En respuesta, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 276/2023 dirigida al
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
(OADPRS) por violaciones a los derechos humanos y a la Fiscalía General
del Estado (FGE) por omisiones y dilaciones en la investigación de
dichos casos.
Para emitir esta recomendación, la CNDH llevó a cabo
un estudio en materia de Antropología Social, el cual, en términos
generales, señaló que las víctimas se encontraban en una situación de
vulnerabilidad social, tomando en consideración que 86% de las mujeres
privadas de la libertad en el Cefereso son madres de niños pequeños y
provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con
sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono.
“Ante
los decesos por suicidio acontecidos en el Cefereso 16, resulta
indispensable que la autoridad del OADPRS, en el modelo de gestión
penitenciaria, visibilice y considere una perspectiva interseccional,
tomando en cuenta de forma permanente y precisa las condiciones de
vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres privadas de la
libertad, cuyos contextos sociales, familiares, económicos y/o
culturales son diversos a los de los hombres, y que por tanto ameritan
un enfoque diferencial y especializado que observe de manera integral la
salud física y mental, la atención de riesgo suicida, el encierro
prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así
como el tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y
estados de depresión; en ese mismo sentido, como factores detonadores de
conductas de riesgo suicida, se fortalezca la intervención por parte
del personal médico, psicológico y psiquiátrico en el tránsito de
duelo”, (CNDH)
El organismo de derechos humanos también determinó
que hubo retrasos significativos en la atención de emergencia que se
brinda por parte de los custodios y el servicio médico del centro.
Consecuentemente, se exigió que las -entonces- 13 mujeres fallecidas y
las 18 víctimas indirectas fueran incluidas en el Registro Nacional de
Víctimas, así como la reparación integral, indemnizaciones y la
provisión de atención médica centrada en la salud mental.
Ahora,
si bien lo más escandaloso en este caso del Cefereso 16 que llegó a la
prensa nacional e internacional fue el suicido colectivo de 13 mujeres,
lo cierto es que las raíces de la violencia son más profundas y tiene un
sistema activo que respalda su continuidad.
Es de resaltar que no hay ninguna persona detenida por su responsabilidad en las muertes de estas mujeres.
Escarmiento de Estado
El
Cefereso 16, entre otras cosas, también se ha convertido en un brazo
articulado del Estado para ejercer el punitivismo, criminalización y el
aislamiento de ciertas mujeres que se tornan incómodas para el sistema
como Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada del homicidio y secuestro de
Alberto Wallace en julio del 2007, uno de los casos más grandes de la
historia contemporánea debido a la desaparición del hijo de una
acaudalada familia mexicana y la lucha de su madre, Miranda de Wallace
por encontrarle que terminó por convertirse en un paladín «por la
justicia».
Lo que rodea al -apodado- Caso Wallace son versiones
contrarias y encubrimientos gubernamentales sobre cuál es el verdadero
trasfondo de la desaparición de Alberto.
En medio de este proceso,
Isabel Miranda inició un proceso de criminalización mediático y ejerció
presión a las autoridades para detener a Brenda Quevedo quien fue
aprehendida el 28 de noviembre del 2007, aún cuando no existían pruebas
que la involucraran con el homicidio de Alberto.
En su peregrinaje
por la libertad, también fue derivada al Cefereso 16, donde permaneció
recluida hasta el 26 de junio del 2024 cuando se logró que continuara su
proceso en libertad a través del arraigo domiciliario.
Brenda
Quevedo es sobreviviente de actos de tortura sexual, ocurrida en el
contexto de su detención, privación de la libertad y violaciones que
recientemente se acreditaron en la recomendación VG127/2023 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Brenda Quevedo
permaneció por más de una década privada de su libertad sin recibir
sentencia. Pasó sus últimos años penitenciarios, al interior del
Cefereso 16 donde también fue aislada de su familia y encerrada bajo
condiciones de tratos crueles, alimento en mal estado y tortura a manos
de las autoridades.
Privatización de cárceles; negocio acaudalado
¿Sabes qué pasa aquí?,
pregunta Viridiana Molina, defensora en la organización Artículo 20 y
ex interna del Cefereso 16, «un pinche negociazo que tienen con nosotras
y que sólo beneficia a Slim, porque a él se le paga la licitación del
Cefereso 16 por manejar el Grupo Inbursa y ser dueño del grupo que nos
da la comida».
México es el séptimo país con mayor población penitenciaria, de acuerdo con el Prison Studies, World Prison Brief International Centre for Prison Studies,
alcanzando picos sostenidos desde hace 10 años; 255 mil 638 personas
permanecen privadas de su libertad, buena parte bajo condiciones
penitenciarias de extrema violencia, resistiendo a prácticas de tortura y
contextos de vulnerabilidad.
Entre el caos del punitivismo
mexicano, el sector privado se embolsa una rebanada grande del recurso
público y desde hace años, ha logrado -exitosamente- hacer negocio con
los centros penitenciarios.
El
Estado mexicano decidió abrir un esquema de privatización y
acreditación para que el sector privado metiera las manos en el sistema
penal y «apadrinara» la construcción y atención de algunos centros de reclusión en todo el país.
Han
pasado 15 años desde que Felipe Calderón anunciara en su Cuarto Informe
de Gobierno este sistema conjunto con el sector privado y durante el
primer semestre de 2010 se desarrollaron lineamientos de diseño y, en
coordinación con las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y
Crédito Público, se definieron las condiciones jurídico financieras del
proyecto que expidió una serie de contratos por hasta 20 años, todo
ello, bajo la premisa de una mejor sustentabilidad y una ligera
«liberación económica» del Estado mexicano para maniobrar con mayor
libertad sus recursos presupuestales.
Así, se cuadró un escenario idóneo donde el sector privado llegaría como el brazo económico salvador del Estado por el módico sacrificio de representar un cargo multimillonario al Presupuesto de Egresos de la Federación cada año.
De
esta manera, el Cefereso 16 se convirtió en un sólido negocio bilateral
entre la inversión privada y el gobierno mexicano que desde hace años,
produce una cuantiosa derrama económica.
Hace 10 años el Grupo
Ideal -perteneciente a la compañía CRS Morelos S.A de C.V- presidía el
millonario negocio, hasta 2019 cuando CRS Morelos y el Grupo IDEAL
fueron compradas por el hombre más rico del país: Carlos Slim y su
bastión, el Grupo Inbursa.
De acuerdo con el informe anual del
Grupo IDEAL, CRS Morelos S.A de C.V tiene, desde el 31 de diciembre del
2017 el 100% de la participación en el Cefereso 16, esto a través de la
construcción y administración del centro.
Asimismo,
el documento Proyectos México Oportunidades de Inversión, presume como
una oportunidad de inversión al Cefereso 16 de Coatlán del Río en
Morelos, a través del diseño, construcción, mantenimiento, cubrir
requerimientos físicos, materiales y tecnológicos a efecto de que el
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
(OADPRS) pueda llevar a cabo todas sus funciones penitenciarias con
éxito.
Este proyecto se logró a través de un contrato de
prestación de servicios por un plazo de 22 años bajo el aval de Banobras
y Fondo Nacional de Infraestructuras (Fonadin).
Ahora bien, entre las cláusulas del contrato se encuentra:
«El
inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia son propiedad del
proveedor, NO DEL GOBIERNO, o bien podrán ser objeto de un nuevo
contrato».
En 9 años, el Gobierno de México ha pagado 85 mil 398
millones de pesos y se proyecta que, al final de los contratos (para
2035), habrá depositado un total de 276 mil 619 millones de pesos.
De
acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2021, el
Grupo Inbursa (a través de CRS Morelos S.A de C.V) percibió un pago de 1
mil millones 925 millones pesos esto, por sostener y cubrir los gastos
de -hasta ese entonces- 806 mujeres privadas de su libertad que,
supuestamente, representan un gasto diario de seis mil 634 pesos para el
sector privado, lo que convierte al Cefereso 16 en el Centro más
costoso de todo el país por persona, una cifra contrastante con el
número tan bajo de mujeres privadas de su libertad.
En un ejemplo
concreto, el Centro Penitenciario de Sonora que alberga -según el
registro 2021- a 2 mil 5 personas, también se rige bajo un contrato con
el sector privado; a este Centro el Gobierno extendió un pago anual mil
824 millones de pesos, es decir, 31 millones de pesos menos que el pago
que recibió el Grupo CRS de Carlos Slim en el mismo periodo de tiempo.
Viridiana
Molina refiere que ha denunciado esta situación desde hace años,
particularmente, entre los grupos de Carlos Slim y Genaro García Luna,
quien fue uno de los beneficiarios de estos contratos durante el
calderonismo; el asunto medular es que los grupos de Slim se sirven con
la cuchara grande en el Cefereso 16, pues además, desbancaron al
Cosmopolita «las cosmitos«, un grupo que se encargaba de proveer alimento a todos los Ceferesos del país.
«Se sacan a las cosmos y entra el grupo de los verdes
para darnos comida, eso es del mismo Slim y es cuando se da la
intoxicación masiva en 2022. Carlos Slim le dice al gobierno: Te hice un
Centro con 4 mil lugares, lleno o no, ustedes deben pagar esos cupos
porque se está pagando el recurso para que funcione».
El
13 de enero del 2021, Andrés Manuel López Obrador anunció en su
mañanera que acabaría con las concesiones de los centros penitenciarios
como parte de una estrategia para perseguir su política de la
austeridad; durante su conferencia anunció que estos Centros eran «un
hotel de gran lujo», pues en promedio, se pagaban 3 mil 500 pesos
diarios por cada persona privada de su libertad. Su promesa fue empezar
con una denuncia en lo civil para cancelar los contratos; nunca se
cumplió.
Lo
que sí se cumplió fue que, apenas unos días después del anunció del
-entonces- presidente, repuntaron los traslados; esto sólo sería el
inicio de una bola de nieve que reventaría cuando el Estado intentara
«aprovechar» el recurso del sector privado a través de el traslado de
mujeres de todo el país al Cefereso 16, todo ello, sin importar si
pertenecían al fuero común o federal, el objetivo era concreto: Llenar
el espacio.
El 21 de octubre del 2015, se hizo público a través
del Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se
incorporó el Centro Federal de Readaptación Social número 16 al Sistema
Penitenciario Federal, con la firma del entonces secretario de
gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, durante el sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto.
Durante el 2016, el Comisionado Nacional de
Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia asistió al Cefereso16, como parte
de la supervisión de las instalaciones a un mes de entrar en
funcionamiento, recorrió módulos y escuchó a algunas internas a las que
expresó: “estar en un centro penitenciario no implica de ninguna forma
la violación de derechos, ni arbitrariedades ni agresiones”.
Sales Heredia anunció que en este Centro Penitenciario Femenil, estarían permanentemente representantes de la Comisión Nacional de Seguridad,
para escucharlas y buscar solución a sus problemas. En el recorrido
también estuvieron presentes la entonces directora del Cefereso 16,
María de los Ángeles García Martínez.
Sí,
López Obrador dijo en una mañanera que los Ceferesos eran cárceles de
lujo, refiere Viridiana Molina y sucintamente denuncia que, sólo dos
semanas después, se iniciaron los traslados masivos no sólo de mujeres,
sino de hombres también.
El asunto aquí, es que las mujeres
-algunas de entidades lejanas como Monterrey o Quintana Roo-, quedaron
encerradas en el Cefereso de Morelos, mientras que la mayoría de los
hombres ya han sido regresados a sus entidades de origen.
Los fueros
Cuando
se desdibuja la línea de ambos fueros; federal (delitos de corte
nacional como daños a la salud o enriquecimiento ilícito) y común
(delitos individuales como homicidio o robo). Se reproduce un escenario
de múltiples violencias estructurales y agresiones entre las mujeres que
habitan el Cefereso. A este capítulo, Viridiana Molina lo nombra
«cuando estalló la dinamita».
Es importante recalcar que
Viridiana fue una de las primeras mujeres en ser trasladadas al Cefereso
16, proveniente desde Tepic, llegó junto a otras mujeres provenientes
de las Islas Marías; el espacio era grande y las primeras dinámicas de
poder comenzaban a gestarse, hasta encauzar al día de hoy en un fenómeno
incontenible de muertes por negligencia y suicidios.
«Debemos
pensar en mujeres que sólo conocen el vivir a través de la violencia y
la constante supervivencia; mujeres que llegan al Cefereso y deben
convivir con otras compañeras del Penal de Topo Chico o de El Bordo.
Muchas mujeres del fuero federal tuvieron qué aprender a sobrevivir, a
aprender que habrán otras que les quitarán sus zapatos y a dormir con
una pluma atorando la puerta porque sino, se les meten en la madrugada y
les van a dar», narra la activista.
¿Cómo
fue tu paso en el Cefereso 16?: Recuerdo cuando nos llevaron perfiles
de sentencias de 120 o 130 años, mujeres a las que les vale madre matar a
quién sea, esto no lo digo como activista, ni tampoco con intenciones
de discriminar, sino como mujer que estuvo ahí adentro y lo vivió. Hay
que defenderse y luchar por sobrevivir. Hay mujeres que se han puesto de
acuerdo para quebrar las cámaras y crear puntos ciegos para golpearte.
Nos dieron en la madre, con tal de llenar el lugar y poco les importó
que lo que hicieron era un tema de seguridad nacional.
A través
de la organización Artículo 20, conformada por familiares de mujeres
privadas de su libertad y sobrevivientes, Viridiana Molina ha
documentado que, desde principios de año ha existido un repunte
de hombres que laboran al interior del Cefereso; guardias de seguridad
que, Viridiana ha señalado por iniciar relaciones románticas que son
asimétricas y violentas, en añadidura, dan pie a dinámicas de poder que
merman la salud mental de las mujeres y reproducen sentimientos de
angustia, tristeza y ansiedad.
Asimismo, la activista refiere
que, al estar aisladas y con la posibilidad de sólo realizar una llamada
cada 4 días, algunas mujeres negocian favores con estos guardias; una
llamada telefónica a cambio de tocamientos de corte sexual en senos y
genitales.
Viridiana les apoda a esos hombres «el sultán»,
funcionarios que eligen mujeres para iniciar relaciones sexoafectivas,
para posteriormente, socavarlas emocionalmente y, dejarlas en un
contexto de vulnerabilidad que, combinado con factores como el
aislamiento y la dependencia a medicamentos controlados, tensan la
estabilidad emocional de múltiples mujeres que no cuentan con redes de
apoyo cercanas para sostenerse.
«¿Tu
crees que ahí adentro no se hacen vínculos? Estos son hombres que
también son inestables porque prácticamente también están privados de su
libertad, pasan 24 horas ahí encerrados porque no hay personal. Se
enamoran de las internas, reproducen codependencias e inician relaciones
que son violentas y desembocan en las autolesiones de algunas
compañeras, son detonantes en la salud de las mujeres; oficiales que las
engañan [infidelidad] y después, viene la extrema violencia entre
nosotras».
Cuando estaba recluida en el Cefereso 16 dedicaba sus días a hacerle pedicure
a sus compañeras, les daba masajes en sus pies cuando las notaba
decaídas y convertía esta rutina en un espacio seguro de sanación, ahí
siempre pensaba en un hecho inequívoco:
«Entender
que estás ahí es doloroso, que estás privada de tu libertad, es un
proceso donde nos vemos como enemigas pero entendí que no era así, que
las compañeras eran igual que yo y que estaban atravesadas por el mismo
sistema opresor. Esta es una de las claves: Todas las que estábamos ahí,
antes de ser victimarias, fuimos víctimas».
Autoridades frente al Cefereso 16
Paralelamente, el Congreso de Morelos también ha llevado esta crisis a la Cámara de Diputados, donde políticas como Anayeli Muñoz del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano exigió investigar los suicidios de las mujeres y esclarecer los hechos.
El
Congreso de Morelos exhortó a investigar el suicidio colectivo,
asimismo, pidió al Cefereso 16 entregar en cuanto antes, los documentos
requeridos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero
ninguna de estas demandas se ha cumplido hasta la publicación de este
texto.
Un año después de esta denuncia, a finales de 2024 el diputado Alonso de Jesús Sotelo Martínez
volvió a exhortar al fiscal general del Estado a que informara al Poder
Legislativo sobre qué seguimiento se le habían dado a las
recomendaciones de la CNDH, “recordamos que las mujeres privadas de la
libertad no pierden sus derechos humanos al trato digno, a la salud, a
la integridad, pero sobre todo a que tengan acceso a la justicia”,
sostuvo el diputado.
A la propuesta del legislador se sumaron las
diputadas Nayla Carolina Ruíz Rodríguez, Martha Melissa Montes de Oca
Montoya, Ruth Cleotilde Rodríguez López y los legisladores Rafael Reyes
Reyes y Luis Eduardo Pedrero González.
Para julio del 2024, el
caso también arribó a la Cámara de Senadores, donde la legisladora
Geovanna Bañuelos solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social, rendición de cuentas sobre las medidas
que ha tomado para prevenir nuevos casos de suicidio en el Cefereso 16.
Asimismo,
advirtió que el aumento de suicidios representa una crisis humanitaria y
que los centros de Readaptación Social en nuestro país se volvieron
espacios de reclusión, castigo y abandono, sobre todo para las mujeres.
El avance de la denuncia contra el Cefereso y la sentencia de la Corte Interamericana
El 12 de noviembre del 2024, el Caso Cefereso 16 llegó a la Comisión Interamericana,
siendo Taissia Cruz Parcero, titular de la Defensoría Pública,
acompañada del representante Christopher Sánchez quienes abrieron la
audiencia, denunciando frente a la comisionada de la CIDH, Roberta
Clarke, la situación de violencia y vulnerabilidad que viven las mujeres
privadas de la libertad al interior del Centro.
En
esta exposición argumental se refirió que, desde el 2021 hasta el
pasado 5 de noviembre, las mujeres continuaban cometiendo suicidio;
muertes en custodia que debieron ser prevenidas.
«Algunas
están confinadas en su celda las 24 horas del día, también, se detectó
que se han suscitado riñas donde las autoridades no han intervenido,
tampoco hay acceso a atención ginecológica, ni odontológica, (son)
muertes en custodia que pudieron evitarse si el estado hubiera cumplido
con las obligaciones en materia de derechos humanos y que ya han
deparado en 19 muertes prevenibles», denunció Sánchez ante la CIDH.
Desde
el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción
Social, los representantes del Estado Mexicano reconocieron que, si bien
existían deficiencias, eran ellos los principales interesados en
contener la situación, además, recordaron que el Cefereso 16 apenas si
ha logrado un 50% de su capacidad por lo que las internas gozan de
espacios de esparcimiento amplios; una versión que se contrapone a los
dichos de las mismas mujeres privadas de su libertad y entrevistadas por
Cimacnoticias, quienes aseguraron que, si bien el Centro
cuenta con una extensa construcción, el espacio de esparcimiento es
sofocante y algunas, no pueden estar, siquiera, a cielo abierto pues los
pabellones están techados.
Jacobo Rodríguez y Richard Rubina
apuntaron a que en el Cefereso 16 hay 2 modelos; el primero, donde las
mujeres están en semi libertad y el segundo, donde están alienadas a un
módulo de seguridad, rechazando así, la ofensiva de la sociedad civil
que denunció la reclusión aislada y la sujeción.
Al iniciar las
indagatorias sobre el suicidio, los representantes del Estado se
defendieron señalando que ya habían realizado un estudio profundo sobre
el contexto que atraviesa a las mujeres del Cefereso y el resultado de
esta línea de investigación fue: El abandono familiar es la causa del
suicidio de estas mujeres.
Según la defensoría del Estado, el
gobierno de Morelos, en conjunto con la Comisión Nacional de Salud
Mental y Adicciones, ya habían desarrollado servicios de atención
psicoterapéutico, además, de haberse realizado el levantamiento médico
de todas las mujeres para determinar análisis internos y externos para
reconocer los motivos del suicidio.
Además, expusieron que ahora
las mujeres ya han aprendido a gestionar de mejor forma su salud mental,
se ha sensibilizado al personal y también, se ha procurado la conexión
con su familia a través de videollamadas. Asimismo, presumieron mesas
jurídicas, talleres literarios, traslados a Monterrey, Nuevo León para
que las mujeres estén cerca de su familia y logrado viajes para que
familias enteras puedan volver a ver a las mujeres que habitan el
Cefereso; todo esto, tuvo un «mejor clima de convivencia y mejores
relaciones internas».
En respuesta a los argumentos presentados,
Roberta Clarke, comisionada de la CIDH, en conjunto con Andrea Pochack y
Edgar Stuardo Ralón -especializado en crímenes de tortura en personas
en situación de reclusión- cuestionaron si las acciones afirmativas del
Gobierno eran suficientes y denunciaron la necesidad de atender las
necesidades de las mujeres privadas de la libertad quienes, usualmente,
no reciben ningún tipo de cuidados, permanecen más tiempo en prevención
preventiva y lidian por su cuenta con sentimientos de abandono y
desesperanza.
La CIDH pidió al Estado coordinar una visita al
Cefereso 16 y entregar un documento con el estado de salud de cada una
de las internas; información crucial para determinar una recomendación
objetiva en un futuro próximo y que, de lograrse un fallo a favor de la
sociedad civil, se alcanzaría una sentencia histórica donde se reconoce
el desacato del Estado por la dignidad y una vida libre de violencia de
las mujeres en situación de reclusión.
El
Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de
Morelos, debe ser juzgado y conocido a nivel internacional, con
denuncias precisas de responsables de este feminicidio sistémico contra
las mujeres internas y sus familias para nunca olvidar este capítulo
violento en la historia de México.
Foto Jair Cabrera Torres
