4/28/2018

La ONU endurece la lucha contra los abusos de las fuerzas de paz

Efectivos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí patrullan la aldea de Bara, en el noreste del país, uno de los destinos más peligrosos. Crédito: Harandane Dicko/UN Photo.
NACIONES UNIDAS, 16 abr 2018 (IPS) - La Organización de las Naciones Unidas (ONU), muy observada por denuncias de abuso sexual y violaciones de derechos humanos contra sus fuerzas de paz, reafirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de “los más altos estándares de conducta, capacidad e integridad”.
Y no hay excepciones a la regla, que se aplica a más de 100.000 funcionarios civiles, militares y policiales actualmente desplegados en 14 operaciones de mantenimiento de la paz y en 23 misiones políticas especiales en el mundo.
“Los estados miembro que proveen personal a las operaciones de paz de la ONU tienen la responsabilidad de certificar que ninguno estuvo involucrado, por acción u omisión, en violaciones al derecho humanitario internacional ni a los derechos humanos, y no fueron repatriados por motivos disciplinarios estando en una operación de la ONU”, explicó Nick Birnback, portavoz de las Fuerzas de Paz.
El último caso investigado es el despliegue de 49 efectivos de Sri Lanka a la Fuerza Interina en Líbano (Unifil, en inglés), quienes no pasaron por el proceso de evaluación, esta vez a cargo de la Comisión de Derechos Humanos local, con sede en Colombo.
El Departamento de Operaciones de las Fuerzas de Paz (DOMP) solicitó que “el gobierno srilankés priorice de inmediato la culminación de la investigación de los 49 soldados ya desplegados a la Unifil”, indicó.
“Si surgen motivos de preocupación por alguno de los 49 efectivos el DOMP puede solicitar su repatriación y su reemplazo a expensas del gobierno”, precisó Birnback.
“En el caso de Sri Lanka, donde hay una preocupación específica por los derechos humanos”, acotó, la ONU implementó medidas de evaluación adicionales en 2016 para ayudar a garantizar que el personal desplegado cumpla con los estándares fijados.
Antes del despliegue a la Unifil, la Misión Permanente de Sri Lanka en la ONU entregó certificaciones de que el contingente no había estado involucrado en ninguna violación.
“Pero en febrero de 2018, nos enteramos de que la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, la que el gobierno accedió a que se encargara de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos de todo el personal srilankés, no había completado la evaluación cuando comenzó la rotación de la unidad de la Unifil”, explicó.
“La Fuerza de Paz planteó esto de inmediato a las autoridades de Sri Lanka y se interrumpió el despliegue”, acotó.
“Mientras, pedimos al gobierno de Sri Lanka que formalizara los acuerdos para la evaluación con la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka”, indicó.
“El cumplimiento de esos acuerdos se solicitará antes de que la ONU pueda recibir nuevos despliegues o rotaciones de ese país. El gobierno coopera con esto”, apuntó Birnback.
Según el DOMP, la Carta de la ONU exige que todo el personal mantenga los más altos estándares de integridad y de conducta.
Los Estándares de Conducta se aplican a todas las categorías del personal desplegado en las misiones de la ONU. Hay una estrategia de tres partes para atender las conductas indebidas: prevención, cumplimiento de los estándares y medidas correctivas.
En julio de 2008, el Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno lanzó el Sistema de Seguimiento de Faltas, una base de datos mundial, de acceso restringido y confidencial para procesar los malos comportamientos.
Los Estándares de Conducta se basan en tres principios clave: los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad; política de tolerancia cero a la explotación y al abuso sexual y la responsabilización de los mandos y/o las autoridades por no hacer cumplir los estándares de conducta, según DOMP.
Pero como los abusos sexuales y las demandas por paternidad aumentan entre las fuerzas de paz, la ONU colabora activamente con los países que aportan contingentes para la recolección de muestras de ADN, un protocolo introducido en 2014.
El número de denuncias por paternidad, o posible paternidad, aumentó de forma significativa de 12, en 2013 y 2014, a 15, al año siguiente, 33, en 2016, y 56 el año pasado.
Las denunciantes son víctimas de “abuso y explotación sexual”, según la ONU.
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, “recibimos 40 acusaciones de todas las entidades y socios ejecutivos”, declaró a la prensa el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, el 22 de febrero.
De las 40 denuncias, 15, que no son nuevas, son de las operaciones de mantenimiento de la paz, y se cargaron,  a medida que llegaban, a la base de datos de Conducta y Disciplina, un sitio público de Internet.
Las 25 restantes proceden de agencias, fondos y programas del foro mundial, e incluyen ocho de socios ejecutivos.
De las 40 acusaciones, 13 se ingresaron en la categoría de abuso sexual, 24, en la de explotación sexual, y tres, de naturaleza desconocida.

Esas denuncias afectan a 54 víctimas, 30 mujeres, 16 menores de 18 años. Se desconoce la edad de otras ocho. Además, 12 de las acusaciones se hicieron en 2017, siete, en 2016, tres, en 2015 o antes, y de 18 de ellas se desconoce la fecha, detalló Dujarric.
En lo que respecta al estatus de las 40 denuncias, dos fueron corroboradas en investigaciones, 15 están en distintas etapas de la investigación, 18 están en evaluación preliminar y dos se están revisando con información limitada por parte de la entidad investigadora, añadió.
En la actualidad, hay 14 operaciones de mantenimiento de la paz, siete de ellas en África.
Más de 100.000 efectivos, militares y civiles proceden de 123 países, y los cinco mayores contribuyentes son Etiopía, con 8.326 efectivos, India, con 7.471, Pakistán, con 7.161, Bangladesh, con 6.772, y Ruanda, con 6.146.
El presupuesto aprobado para las fuerzas de paz para el año fiscal que fue del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, fue de 7.870 millones de dólares, ligeramente menor que el año fiscal anterior.
“Es menos de uno por ciento del gasto militar mundial, es dinero bien gastado”, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres.
“Es una fracción del costo de permitir que los conflictos se propaguen y erosionen los logros del desarrollo económico”, puntualizó.
“La inversión se multiplica por el crecimiento económico y la prosperidad que siguen a la estabilidad y seguridad que dejan las misiones de paz exitosas”, añadió Guterres.
“Los soldados de las misiones de paz de la ONU suelen carecer de equipamiento, estar mal preparados y no estar listos; hay vacíos en el comando y en el control”, explicó.
En una reunión del Consejo de Seguridad, Guterres declaró: “Nuestras fuerzas de paz son vulnerables y son blanco de ataques”.
El año pasado, 59 efectivos de las fuerzas de paz perdieron la vida por ataques intencionados, el mayor número que se haya registrado y un fuerte aumento con respecto al año anterior, cuando murieron 34.

Traducción: Verónica Firme

Igualdad y seguridad para las mujeres, un reclamo nacional


Monedero
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*


El tema del día  y para buen rato es el debate presidencial y sus efectos en los votos para los candidatos a la Presidencia, los subtemas de primer orden: Seguridad, Violencia y Corrupción; todos hijos predilectos o productos “naturales” del modelo económico del país neoliberal, capitalista y globalizador. Si es que se quiere abordar las causas de la situación en que se encuentran las mujeres del país y que debería forma parte de los temas a debatir.
La violencia que se ejerce contra las mujeres es de tal magnitud que según la ONU México ocupa el primer lugar en violencia sexual. Además o de “complemento” está la violencia económica que produce mujeres pobres –sean o no trabajadoras–, también produce mucha desigualdad de género y vuelve a las mujeres más sensibles a la violencia, entre otras cosas.
¿Cómo se explica que en 2007 la tasa nacional de defunciones femeninas con presunción de homicidio (feminicidios) era de 1.9 y para 2011 creció a 4.6 o 4.4 en 2017? (ver gráfica aquí). En 2017, los asesinatos de mujeres se incrementaron 52 por ciento en comparación con 2015, al registrarse 3 mil 256 casos. De 2014 al año anterior, sumaron 8 mil 904, de las cuales sólo en 24.57 por ciento se inició una investigación como feminicidio, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). La Jornada 11 de abril 2018.
Hallaron que muchos de los feminicidios son cometidos por la delincuencia y el crimen organizado en entidades como Guerrero, Sinaloa, estado de México y Morelos. Sin embargo, dijo, estos casos tampoco son investigados. Total impunidad.
Bueno, pues a pesar de todo ello el tema no estuvo en el debate. ¿Cómo abordar el tema de la violencia contra la mujer cuando se le considera parte del grupo vulnerable?, un término discriminatorio por definición, eso a pesar de representar más de la mitad de la población.
El candidato José Antonio Meade dijo que cuidaría que no se le faltara “el respeto a las mujeres”, ¡vaya que tranquilidad! Regresemos al lenguaje de las “Damas versus Caballeros”, del siglo XVIII, muy propio de la cultura patriarcal y machista que tanto daño causa y ha causado a las Mujeres.
Como bien dice Rita Sagato el problema no son los hombres, o por lo menos no es el único problema, el centro de la cuestión es la Sociedad, entrarle a la causalidad, plantear un proyecto de nación para todos y todas.
Ante el nivel de feminicidios que tiene México eso de “faltarle al respeto” más bien parece un chiste cruel. Y ni hablar del mujerismo y la desvergüenza de la candidata independiente (más bien dependiente) Margarita Zavala.
Para empezar está usurpando un lugar en ese debate, su presencia es muy cuestionable y ya se vio a quién apoya o quién apoya su presencia, sus votos tendrán un destino final: Meade.
Pero cuando dijo que quería hablar de la Mujer y que las apoyaría y defendería evidentemente quiere explotar su condición de mujer. Habría que recordarle su actitud ante las madres de la guardería ABC; sus respuestas a las trabajadoras del SME cuando la fueron a ver por lo que hizo su marido, el expresidente Felipe Calderón, con Luz y Fuerza; su silencio cómplice frente a las madres, esposas o hijas de los miles de muertos y desaparecidos en su sexenio como primera dama.
Gracias a la reforma laboral que se aprobó en el sexenio de su marido hoy miles de trabajadoras del país tienen un salario más raquítico, hay más desempleo y han perdido sus derechos laborales. Por favor, no hay que darle la oportunidad de que siga “defendiendo” a las mujeres.
Al “trampas” (perdón Bronco), como Salvador Camarena llama al candidato independiente, Jaime Rodríguez, otros lo caracterizaron como Talibán o miembro del Islam. Aunque es el rey de los memes sobre el debate creo que si es muy preocupante todo lo que dijo. A diferencia Denise Dresser que en el programa de Carmen Aristegui mencionó que no valía la pena ocuparse de él, es necesario.
Llegó a ese debate con mil trampas evidenciadas por el propio INE y con muchas firmas de apoyo de priistas de viejo cuño en el norte del país. Nos guste o no representa a un sector de la sociedad mexicana: violenta, machista, misógina y francamente fascista, no sólo de la derecha como Anaya o Meade.
Propone “educación militarizada”, desaparecer los partidos (muy peligroso); sus expresiones sobre las mujeres y la diversidad sexual lo retratan de cuerpo entero. Obvio, los votos que sume irán a la causa de Meade, es decir del PRI. Y todavía nos preguntamos por qué hay tantos feminicidios, impunidad, violencia contra las mujeres, corrupción y etcétera, etcétera.
La respuesta no está en el viento, sino en la construcción de un proyecto de nación transformador. El único que habló de un proyecto de nación –en el que podemos o no estar de acuerdo–, fue el puntero en las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, que tuvo un magnifico cierre en el dichoso debate, a pesar de que, sí, le echaron montón.
En este nivel de superficialidad con que se abordaron los temas no tiene que sorprender la ausencia del tema de violencia/mujeres. En los spot del candidato Ricardo Anaya se dice que no es “normal” la brecha salarial, la violencia doméstica, etcétera, etcétera.
Perdón pero desgraciadamente si es “normal”, basta escuchar al trampas; a Zavala o al mismo Anaya que es ha sido y será gozne, con un sistema político ya caduco y de salida. O bien, para mayor evidencia, la actitud que tienen y han tenido frente a esta problemática en los últimos 30 años los diferentes gobiernos y partidos políticos.
Sus spots son como los llamados de Miguel Ángel Osorio Chong (exsecretario de Gobernación), cuando hacía sus discursos para combatir la violencia doméstica, siendo jefe de la seguridad nacional y de la tortura como método de trabajo. Ambos son una burla cruel para la causa de las mujeres, ya basta de simulación.
En un país donde sólo el 10 por ciento de la población es dueño de toda la riqueza que se produce, donde el abrumador incremento de la pobreza femenina es una realidad que no se cuestiona –a tal grado que Coneval en sus informes invisibiliza las cifras de pobreza femenina–; donde las palabras “bienestar y distribución del ingreso” prácticamente han sido borradas del diccionario, porque no va a ser “normal” toda esta violencia, corrupción e impunidad en que se vive. Si se siembran camotes, se cosechan camotes.
* Economista especializada en temas de género
Twitter: @ramonaponce
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Distrés postraumático…una consecuencia emocional de la inseguridad social


Mujeres y salud mental 
   Por: Alejandra Buggs Lomelí*
 

 
Admito que ahora que retomo mis colaboraciones para CIMAC, experimento una sensación ambivalente, por un lado, me siento feliz de tener el tiempo necesario para escribir nuevamente en este importante espacio, y por otro, me es difícil por lo profundamente doloroso abordar el tema de los efectos emocionales de la inseguridad en mujeres y hombres.
Día a día la violencia cobra más y más fuerza, en México y en el mundo, preocupantemente en lugar de perder fuerza a través de todo trabajo realizado especialmente por los grupos feministas, por tanto, considero sumamente urgente abordar este tema, para abonar desde nuestros diferentes espacios, algo que nos permita vivir libres de violencia y con mayor libertad.
Si bien la seguridad es un estado de ánimo, una sensación, se puede entender como un objetivo y un fin que las personas anhelamos o deseamos constantemente, incluso sin darnos cuenta, como una necesidad primaria.
Existen diferentes tipos de inseguridad, sin embargo, para fines de esta columna, me enfocaré en explicar dos tipos de inseguridad: la inseguridad personal o interna que puede ser generada por una baja autoestima, una descalificadora  autoimagen y un pobre  autoconcepto, derivados de la propia historia de vida, y que provocan vulnerabilidad y/o inestabilidad emocional.
El segundo tipo de inseguridad es la llamada inseguridad ciudadana o como le llamo yo: inseguridad social, desafortunadamente, es una inseguridad que es parte, desafortunadamente, de todas las sociedades, debido a que vivimos en un mundo en el que la violencia de todo tipo, se ha extendido a lo largo y ancho del planeta y se ha convertido en una especie de “clima generalizado”, que tiene el riesgo de naturalizarse a tal grado, que ni siquiera seamos capaces de identificar los efectos emocionales que la violencia provoca en cada mujer y hombre que la sufren.
Sabiendo de antemano, que por vivir en un mundo donde el sistema de relación sigue siendo patriarcal y por tanto de dominación masculina, seguimos siendo las mujeres quienes más sufrimos los efectos de la violencia y al mismo tiempo nos enfrentamos a otro tipo de violencia porque somos nosotras mismas quienes por lo general, tenemos que construir mecanismos de defensa para protegernos, porque es hora en que los gobiernos no han logrado accionar programas efectivos que atiendan las necesidades integrales de las víctimas de violencia.
Es una realidad que cada mañana, los distintos medios de comunicación nos sirven de desayuno reportajes sobre los hechos delictivos ocurridos la noche anterior, o informan acerca de los operativos que tienen como objetivo desarticular bandas de roba coches, pandillas de asaltantes, homicidios, extorsiones, trata de personas, feminicidios y tráfico de drogas.
Este bombardeo mediático de una situación que triste y lamentablemente es real, nos produce una gran variedad de efectos emocionales.
Muchas personas, resultado de esta inseguridad que hoy día vivimos, pueden presentar: preocupación, depresión, miedo (especialmente de andar por las calles), ansiedad, estrés, insomnio, ataques de pánico, taquicardia, hipervigilancia, angustia, entre otros síntomas, muchos de los cuales ni siquiera logran identificar, porque no los vinculan al alto grado de violencia que estamos experimentando cotidianamente.
Al conjunto de los síntomas antes mencionados se le llama distrés postraumático, podríamos entenderlo como aquellos cambios o disturbios posteriores a una experiencia psicológica incómoda, desagradable o altamente agresiva y que tiene como consecuencia profundos efectos emocionales negativos pasajeros o duraderos, en el pensamiento, la afectividad y las actitudes, de quienes los experimentan, y lo adecuado es ser atendidos de manera ética y profesional, tomando en cuenta la variable de género.
El distrés es un alto nivel de angustia que de acuerdo a las investigaciones sobre el tema puede originarse por tres causas: la persona observa  un acontecimiento donde se producen muertes, personas heridas o existen amenazas para la vida de otras y otros; la persona se entera por un familiar o por otra persona de alguna muerte inesperada o violenta, y por último, la persona ha sido dañada directa y seriamente con peligro de muerte o herida de gravedad.
Y “esa persona”, en un 70 por ciento de los casos tanto en nuestro país y como en el mundo, es ¡una mujer!, y por ello, tenemos como sociedad la responsabilidad de mostrar esa violencia, de denunciarla, para atenderla, y sobre todo prevenirla y erradicarla, para  de esta manera contribuir a desnaturalizar la inseguridad.
*Psicoterapeuta Humanista Existencial, especialista en Estudios de Género, y Directora del Centro de Salud Mental y Género.
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Mujeres en resistencia de todo el mundo se dan cita en Montreal

© Radio Canadá Internacional con nuagedemots.co

Acciones públicas enfocadas en hombres pueden promover la igualdad de género


Estudio de Gendes revela poca coherencia en capacitación de varones
   

En las políticas públicas mexicanas no existen intervenciones integrales para los hombres con el fin de alcanzar la igualdad de género. Este es el resumen de un estudio realizado por la organización Género y Desarrollo (Gendes) donde presentó sus propuestas y líneas de acción.
El documento llamado “Suma por la Igualdad. Propuestas de Agenda Pública para implicar a los hombres en la equidad de género” fue presentado ayer junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Cómplices por la Equidad.
La coordinadora de posicionamiento público de Gendes, Patricia Carmona Hernández, explicó que desde su punto de vista no se necesita insistir más en decir que la violencia merece atención, o que tenemos una cultura machista. Eso es evidente, pero “lo que no hemos visto es exactamente, qué de eso le toca a los hombres?”.
En el estudio, Gendes analizó cuatro ejes temáticos e hizo varias propuestas para personas que tienen el poder de tomar decisiones sobre políticas públicas. Los temas que analizó son cambio cultural, corresponsabilidad, salud de los hombres y vida libre de violencia.
En cuanto al cambio cultural, el estudio señaló que lo que se busca es un cambio de patrones culturales que permitan la construcción de una sociedad basada en la igualdad. Las acciones sugeridas son, por ejemplo, capacitar al personal encargado en igualdad de género, revisar contenidos educativos para identificar y eliminar sesgos y otras formas de discriminación o instalar un observatorio permanente para identificar la publicidad sexista.
La corresponsabilidad, explica el documento, busca implicar los hombres más en el trabajo reproductivo, es decir, en las tareas de casa. Asimismo, las líneas de acción sugieren, por ejemplo, ampliar los permisos de paternidad, o incidir en las discusiones acerca de horarios laborales desde una visión de la perspectiva de género, que promueva a su vez la responsabilidad masculina.
En el área de salud de los hombres, narró Carmona Hernández, existe “una cultura de que el hombre es una máquina que no se descompone.” Cuando en realidad, dijo, el autocuidado no beneficiaría sólo a ellos, sino también a las mujeres en términos de la sobrecarga que ellas llevan actualmente. Por eso pidieron promover el autocuidado de los hombres en salud general, mental, sexual y reproductiva.
En el eje de una vida libre de violencia, vista desde una perspectiva masculina, no solamente existe la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. También, expuso, habría que considerar la violencia de parte del crimen organizado, las pandillas, que tendrían incidencia en la masculinidad.
Gendes articuló estrategias de prevención, las cuales incluyen generar un registro sobre las causas estructurales, los costos sociales, económicos y políticas de violencias en el país.
Otras sugerencias son incorporar el trabajo reeducativo con hombres en el catálogo de penas del Código Penal, incluyendo los casos de acoso y hostigamiento sexual, o crear centros de atención integral a hombres que ejercen violencia, tema cuestionado por algunas agrupaciones feministas.
Al final, el documento urgió en mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia, por ejemplo mediante capacitaciones para servidores públicos.
La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, valoró el trabajo de Gendes y destacó  la importancia de la publicación al poner énfasis en temas como la corresponsabilidad en crianza de hijos e hijas. Relató que desde su experiencia como defensora de los derechos de niñas y niños, el cambio cultural y la corresponsabilidad son fundamentales.
Ramírez Hernández advirtió que habría corrientes “hoministas”, por ejemplo en medios sociales que supuestamente quieren promover los derechos de los hombres y denunciar discriminaciones de los hombres, como los vagones para mujeres en el metro, pero “en realidad lo que quieren es incrementar la desigualdad”.
En cambio, dijo la defensora, el trabajo “Suma por la igualdad” tendría una agenda feminista.
Resumió que en la agenda internacional lo que empuja es que “tenemos que hacer estrategias y alianzas para prevenir y eliminar la violencia y formas de discriminación hacia mujeres y niñas haciendo alianzas en el trabajo con hombres y niños. Yo abono sobre esa lógica.”

Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Agricultoras peruanas llevan la alimentación saludable a sus escuelas

Por Mariela Jara 

Bajo el ardiente sol de la costa del océano Pacífico, en el departamento de Piura, 25 productoras en proceso de capacitación dentro de la Escuela Agreocológica regresan de una jornada de asistencia técnica de campo, en la provincia de Morropón, en el norte de Perú. Crédito: Cortesía de Sabina Córdova
CHULUCANAS, Perú, 25 abr 2018 (IPS) - Lograr que niños y adolescentes sustituyan la comida “chatarra” por alimentos locales orgánicos y nutritivos es el objetivo de un grupo de agricultoras, al mismo tiempo que superan el impacto de fenómeno de El Niño costero, en una zona rural de Piura, en la costa del norte de Perú.
“Hemos dado charlas sobre alimentación saludable a los colegios porque en estos tiempos hemos olvidado lo que es comer sano y nutritivo y todo lo vemos frituras y dulces, por eso hay desnutrición y obesidad”, comentó a IPS una de estas mujeres, Rosa Rojas, quien posee un biohuerto en la comunidad de Piedra de Toro.
Ella es una de las 25 productoras rurales capacitadas en técnicas agroecológicas por el no gubernamental Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Todas se dedican a la pequeña agricultura en los valles y alturas de Morropón, una de las ocho provincias de la región, de la que Chulucanas es su capital.
“Siento que contribuyo al bienestar de mi familia y de mi comunidad, con las otras señoras hacemos un trabajo constante para alejar de nuestras vidas la desnutrición, la anemia, la obesidad porque eso origina otros males. Si nos quedamos de brazos cruzados, ¿qué futuro vamos a tener?": Jacqueline Sandoval.

El departamento de Piura fue golpeado por el fenómeno del Niño costero entre diciembre del 2016 y mayo del 2017. Se trata de un evento propio de los litorales de Ecuador y Perú, por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico oriental, en una de las forma en que se expresa el fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (Enos).
Durante ese periodo,  las lluvias e inundaciones dejaron en su territorio más de un millón de personas afectadas, otras 230.000 damnificadas y 1.200 hectáreas de cultivo destruidas, según  el gubernamental Sistema de Información Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
Rojas, de 53 años, recuerda que fueron meses terribles en que muchas familias se vieron desmembradas con la partida de los padres o hermanos mayores, forzados a migrar para obtener su sustento y el de quienes dejaban atrás en sus comunidades.
“Las mujeres nos quedamos a cargo de la casa y de las parcelas con la preocupación de cómo dar el alimento a nuestros hijos y nietos”, contó.
“Hemos tenido que comer nuestro frejol (como llaman en la zona al frijol) que guardábamos para semilla y apoyándonos con las vecinas nos hemos recuperado de a poco para poder volver a sembrar sobre la tierra que había sido lavada por las lluvias”, rememoró.
A casi un año del paso del fenómeno climático, ella ha vuelto a cosechar sus hortalizas, como cilantro, lechuga, zanahoria, beterraga (remolacha), repollo, poro (porrum), tomate, ají amarillo y pepinillo, todas producidas con abonos orgánicos elaborados por ella misma.
“Mi canasta familiar está enriquecida con estos frutos orgánicos sanos y nutritivos. Mi comunidad está en un despertar de lo que es la alimentación natural, estamos aprendiendo la importancia de comer verduras diariamente y es lo que estamos compartiendo en los colegios con los profesores, madres, padres y estudiantes”, refirió.
Yaqueline Sandoval, de 42 años, agricultora en la comunidad de Algodonal, en el vecino distrito (municipio) de Santa Catalina de Mossa, también está recuperándose de los estragos del Niño costero.

Rosa Rojas, segunda a la derecha, entre las productoras participantes en la Escuela Agroecológica del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, donde se capacitaron en el manejo de técnicas de producción orgánica que vienen aplicando en sus biohuertos, en el área rural de la región de Piura, en el norte de la costa peruana. Crédito: Mariela Jara/IPS
Cuenta que  ha retomado el cultivo de su biohuerto, junto con su familia,  donde el producto estrella es el frijol caupi, conocido como cabecita negra y al que llaman el “frijol de la esperanza” por su corto periodo vegetativo.
“Sembramos y en 40 días ya estamos comiendo nuestro frejolito. Es una planta muy generosa, nos alimenta y es semilla para el futuro porque se adapta a diferentes condiciones y es muy fuerte, algo vital ahora que enfrentamos el cambio climático”, relató a IPS.
Cambiando hábitos escolares
Este es uno de los insumos con los cuales las agricultoras pasaron a elaboar lo que llaman “loncheras saludables”, los pequeños recipientes donde portan los alimentos los estudiantes para comer en los colegios, los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria que están en los cascos urbanos de los municipios.
En esas loncheras se incluyen unos fiambres elaborados con los productos hortícolas, que reemplazan a lo que los escolares compraban en los quioscos de los centros educativos, como galletas y chocolate, bebidas azucaradas y otras golosinas procesadas industrialmente.
“Hacemos tortillas con verduras y nuestro frejol, preparamos refresco de maracuyá (Passiflora edulis) y lo acompañamos con un plátano (banano dulce)”, contó Sandoval sobre lo que ahora llevan los niños en sus loncheras.
“Son frutos de nuestra tierra sanos y nutritivos, libres de químicos, que alimentan y no dañan la salud”, expresó orgullosa sobre la iniciativa que está desarrollando con otras madres de los escolares en el local Colegio  Horacio Zevallos.
Esta experiencia comenzó el año pasado con charlas en las aulas de los cursos de secundaria, en las que orientaron al alumnado sobre los beneficios de una alimentación saludable y los efectos negativos en su cuerpo y salud de la llamada comida rápida o “chatarra”.
“Hubo tanto interés que este año en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente están haciendo prácticas en un pequeño huerto que han dispuesto en el mismo colegio donde están sembrando lechuga, zanahoria y otras hortalizas”, añadió.
Para esta agricultora, que se considera a sí misma luchadora y emprendedora, la agroecología es una herramienta que le ha permitido mejorar su relación con la naturaleza, aprovechar mejor sus suelos, agua y semillas, y en consecuencia, su alimentación y salud.
“Siento que contribuyo al bienestar de mi familia y de mi comunidad, con las otras señoras hacemos un trabajo constante para alejar de nuestras vidas la desnutrición, la anemia, la obesidad porque eso origina otros males. Si nos quedamos de brazos cruzados, ¿qué futuro vamos a tener?”, reflexionó.
La preocupación de Sandoval tiene una razón muy fundamentada.
El gubernamental Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad indica que más de 53 por ciento de la población peruana tiene exceso de grasa corporal y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúa al país como el tercero de América Latina con más sobrepeso y obesidad.

Escolástica Juárez, una agricultora de 59 años, en la parcela familiar donde cultiva en forma orgánica frutales y hortalizas, en el caserío de Chapica, en la provincia de Morropón, en el costero y norteño departamento de Piura, en Perú. Ella ha contribuido a impulsar la alimentación saludable en la escuela local. Crédito: Cortesía de Sabina Córdova

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud ha alertado que uno de cada cinco menores de 10 años, niñas y niños, vive ya ese problema debido a la conjugación de factores como dietas inadecuadas y escasa actividad física. Y en Piura, tres de cada 10 menores de cinco años sufre de anemia.

Alimentarse sano y nutritivo en una región rica en biodiversidad podría parecer algo cotidiano, sin embargo es todavía un objetivo pendiente ante la falta de inversión pública en la pequeña agricultura, en capacitación a las poblaciones rurales y atención al problema de falta de agua.

En ese contexto, aprovechar los saberes tradicionales y usar los nuevos adquiridos en capacitaciones y asistencias técnicas, coloca a las mujeres productoras rurales en mejores condiciones ante los desafíos permanentes del cambio climático para lograr la seguridad alimentaria.
“Saber de agroecología nos ayuda a utilizar mejor el agua, a regar nuestra siembra sin desperdiciar, a sustituir los cultivos que necesiten mucho riego, a optar por los frejoles que se adaptan a las sequías. Este conocimiento es importante para nuestra seguridad alimentaria”, indicó Escolástica Juárez.
Esta agricultora de 57 años vive cultiva en el caserío de Chapica, en el distrito de Chulucanas, donde la temperatura llega a los 37 grados centígrados, y también ha llevado la propuesta de lonchera saludable al local Colegio de Fátima.
“Nos ha vuelto a llamar el director para seguir con las charlas este año, mi nieto me dice que ya más de sus compañeritos están comiendo sano, es cuestión de persistir, cambiar los malos hábitos es de familia, toma tiempo pero se aprende”, dijo convencida a IPS.
Agrega que se siente agradecida con el frijol de la esperanza, que como otras productoras ha aprendido a elaborar de diferentes maneras, en conocimientos compartidos entre ellas.
“Se puede comer fresco recién salido de su vaina, lo almacenamos para preparar más adelante y lo seleccionamos para semilla. Aunque falte agua sabemos que nos alimentará. Nosotras devolvemos esa generosidad de la plantita compartiendo lo que sabemos con otras vecinas y en los colegios”, remarcó.

Edición: Estrella Gutiérrez

Policía canadiense investiga posible motivos misóginos en atentado

Ataque en Toronto dejó diez personas muertas

Odio a las mujeres pudo ser la razón para que un hombre de 25  años dirigiera su camioneta en contra de un grupo mayormente de mujeres el pasado lunes, en la ciudad de Toronto, Canadá. 10 personas murieron en el ataque, 14 quedaron heridas.

La policía de Toronto confirmó que está investigando un mensaje de tono misógino en la página de Facebook del acusado, Alek “M”, en que hizo alusión a Eliot Rodger, un estudiante que mató a seis personas e hirió a 13 en la ciudad de Santa Barbara, California, en 2014.

Rodger se autoidentificaba como parte del movimiento “Incel”, y Alek “M” también podría estar involucrado luego de que escribió en su cuenta: “La rebelión incel ha empezado. Vamos a derribar todos los Chads y los Stacys”. Desde entonces, Facebook cerró la cuenta del acusado.
“Incel” es la abreviación en inglés de “célibe involuntario”, lo que se refiere a hombres que han sido rechazado por mujeres y que no han tenido contactos sexuales nunca o desde hace mucho tiempo. Los términos Chads y Stacys se refieren al mismo ámbito, Chads significa hombres que ‘tienen éxito’ con las mujeres y Stacys los que no lo tienen.
Aunque todavía no se puede hablar de un motivo concreto, es notable que las víctimas del ataque fueron en su mayoría mujeres entre 20 y 80 años, relató el investigador Graham Gibson, de la policía de Toronto, en rueda de prensa.
Según investigaciones de varios medios, los “incel” son grupos de hombres que se encuentran en plataformas de internet para expresar  y cultivar su odio a las mujeres. Forman parte de un contra movimiento al feminismo y al #MeToo, creado en contra del acoso sexual, y de los auto llamados masculinistas que luchan contra la supuesta discriminación de los hombres.
También se pueden considerar una de las raíces del movimiento derechista “AltRight” en Estados Unidos, con personajes como el ex líder y columnista de la página derechista “Breitbart”, Steve Bannon y Milo Yiannopoulos, respectivamente. Este movimiento dio un empuje a la campaña del entonces candidato a la presidencia, Donald Trump, en 2016.
Un grupo de hombres célibes involuntarios podría parecer estrafalario, señala la prensa estadounidense, pero los contenidos que intercambian los incel en internet son sumamente preocupantes. Eliot Rodger, el estudiante asesino venerado por la comunidad, escribió un manifiesto de 141 páginas, según la revista alemana “Der Spiegel”.
En éste, compartió su idea de una guerra contra las mujeres. El medio alemán lo cita diciendo: “Voy a vengarme de todas las mujeres que me privaron del sexo. No puedo matar cada una de las mujeres en el mundo. Pero voy a atacar las chicas que representan todo lo que odio del sexo femenino”.
El acusado del ataque de Toronto, Alex “M”, se refirió a Rodgers en su post de Facebook como un “caballero supremo”.

Imagen de Silvia Nuñez
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

La manada: extremos de una justicia misógina



La Jornada 

Las principales ciudades de España fueron escenario ayer de manifestaciones de protesta en contra de la sentencia atenuada que recibió un grupo de cinco jóvenes sevillanos conocido como La Manada, que en el verano de 2016, en Pamplona, en el curso de la fiesta popular conocida de San Fermín, violaron tumultuariamente a una joven madrileña, videograbaron la agresión y robaron el teléfono celular de la víctima.
Basados en un subterfugio legaloide, dos de los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Navarra –José Francisco Cobo y Raquel Fernandino– fallaron en el sentido de que el ataque puede considerarse abuso sexual pero no por violación, dado que en los videos de referencia no apreciaron signos de resistencia por parte de la joven ni uso de la fuerza física para doblegar la voluntad por parte de los agresores. Para colmo, el tercer juez, Ricardo González, estimó que no hubo abuso ni agresión, sino únicamente explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo y pidió la absolución de los reos. Por lo demás, el fallo absuelve a los violadores de los delitos de agresión sexual, robo con violencia, intimidación y ataque a la intimidad.
Para efectos prácticos, el impresentable matiz de los magistrados significa que los agresores no recibirán sentencias de 22 años de cárcel, como lo exigían la fiscalía y la defensa de la víctima, sino penas de nueve años de prisión y el pago de una indemnización total de 50 mil euros, a pagar entre todos.
Como se recordará, la denunciante ha señalado de manera consistente en sus declaraciones que, ante la situación de total indefensión en la que se encontraba, e intimidada por la superioridad numérica y de complexión de sus atacantes, optó por no resistirse y se limitó a no pensar, a cerrar los ojos, a esperar que el tiempo pasara rápido y la agresión terminara cuanto antes, y cuando la agresión finalizó, presentó una denuncia que culminó con la detención de los imputados: Ángel Boza Florido, Alfonso Jesús Cabezuelo (soldado), Jesús Escudero Domínguez, Antonio Manuel Guerrero Escudero (policía) y José Ángel Prenda Martínez.
El estallido de indignación generado por la sentencia en contra de los integrantes de La Manada, –así llamados por el grupo de WhatsApp en el que se comunicaban– apunta a una de las claves de la creciente violencia de género que se vive en España y en muchos otros países (incluido, desde luego, el nuestro): la resistencia en las instituciones de justicia para sancionar los actos de esa violencia con todo el rigor que la ley permite, lo que se traduce en impunidades totales o parciales, en la consiguiente indefensión de las víctimas que se atreven a denunciar y, finalmente, en el descrédito de tribunales en los que impera el machismo e incluso una actitud de complicidad para con los agresores.
El torcimiento de la justicia en el caso de La Manada obliga a recordar episodios similares ocurridos en México y que se han saldado con una denegación total o parcial de justicia, como el de la violación de una menor perpetrada por una pandilla juvenil veracruzana que se hacía llamar Los Porkys, o el impresentable fallo de 2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que absolvió al ex gobernador de Puebla Mario Marín y al empresario de esa entidad Kamel Nacif, quienes documentadamente conspiraron para encarcelar y agredir sexualmente a la periodista Lydia Cacho.
Cabe esperar, finalmente, que la presión y la indignación sociales sean capaces de hacer ver a jueces y tribunales la imperiosa necesidad de sacudirse la misoginia, la insensibilidad y el machismo que caracteriza a los ámbitos judiciales en buena parte de los países y de ponerse a la altura para hacer su tarea ante la epidemia de violencia de género en todas sus manifestaciones –desde el acoso callejero verbal y gestual hasta el feminicidio– que campea en el mundo.

Repudio en España a la sentencia contra La Manada por abuso sexual

Cinco jóvenes son condenados a 9 años de cárcel; los declaran no culpables de violación

Los hechos ocurrieron en 2016 en las fiestas de San Fermín

Indemnizarán a la víctima


Al grito de no es abuso, es violación, miles de personas se manifestaron este jueves en varias ciudades españolas en repudio a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que impuso a cinco individuos condenas de nueve años de cárcel y una indemnización de 50 mil euros (un millón cien mil pesos) a la víctima de una agresión sexual grupal.
Los hechos ocurrieron en las tradicionales fiestas de San Fermín, en 2016, y el tribunal se basó en el testimonio de los involucrados –tanto la víctima como los victimarios, estos últimos negaron los hechos– y en un video que registró un fragmento del ataque.
Miles de personas y colectivos feministas salieron a las calles para expresar su indignación por lo que tildaron de justicia patriarcal y machista, sobre todo porque este caso, conocido como el de La Manada, se convirtió en uno de los estandartes del movimiento feminista y tuvo repercusión en medios de comunicación. Algo similar a lo que ocurrió con Los Porkys, en Veracruz, en 2015.
Los jueces mantuvieron en prisión preventiva a los cinco acusados: José Ángel PM; Jesús ED; Ángel BF; Antonio Manuel GE y Alfonso Jesús CE, desde su detención hace casi dos años. El ataque se perpetró durante las fiestas tradicionales de San Fermín, en Pamplona.
La víctima, una joven que entonces tenía 18 años, se encontró en la madrugada con los cinco jóvenes en estado de ebriedad. Tras intercambiar unas palabras, la metieron a un edificio y ahí abusaron sexualmente de ella, mientras se hacían fotos y se grababan riéndose y hasta haciendo mofa de su víctima. Ella, reconoció en el propio tribunal, se limitó a cerrar los ojos, a no pensar y a esperar a que el tiempo pasara y acabara cuanto antes la agresión.
Cuando los miembros de la pandilla que se hacía llamar La Manada finalizaron la agresión, dejaron a la joven en el portal del edificio semidesnuda, y además le robaron su teléfono celular.
Los jueces –tres hombres y una mujer– que integran la Audiencia Provincial de Navarra encontraron culpables a los acusados del delito de agresión sexual, pero no de violación, que según el Código Penal español supone que haya habido de por medio violencia e intimidación. También fueron exculpados de los delitos de robo con violencia (por el celular) y de atentar contra la intimidad de la víctima, por las grabaciones que realizaron.
Tanto la fiscalía como la acusación particular –impulsada por agrupaciones feministas– solicitaron la máxima pena por el delito de violación, que hubiera llevado a una condena de 22 años de cárcel. La sentencia no fue decidida por unanimidad, toda vez que uno de los jueces emitió un voto particular, en el que advirtió que consideraba inocentes de todos los cargos a los acusados porque en la grabación de la agresión él sólo vio jolgorio y regocijo.
En el ámbito de la responsabilidad civil, los cinco condenados deberán pagar una indemnización de 50 mil euros a la víctima. También deberán entregar mil 531 euros al Servicio Navarro de Salud por la atención sanitaria a la chica, tras el ataque. Adicionalmente, fueron condenados a cinco años de libertad vigilada que cumplirán tras la pena privativa de libertad, de la que se descuenta el tiempo que llevan en la cárcel, y a no acercarse a la víctima a menos de 500 metros en un plazo de 15 años.
Hermana, yo sí te creo, no es un abuso, es violación y justicia patriarcal fueron los lemas con los que miles salieron a las calles de las principales ciudades del país, con especial afluencia en Pamplona, donde se emitió la sentencia.
El caso de La Manada es similar al que ocurrió en Veracruz en enero de 2015, en la violación grupal que perpetró un grupo de amigos a los que se conoció como Los Porkys y cuya sentencia, en este caso absolutoria, indignó a la sociedad mexicana.
Tanto los abogados de la víctima de la agresión sexual en Pamplona como los de los agresores anunciaron sendos recursos ante el Tribunal Supremo, que podría admitir el caso y cambiar el sentido de la condena.

Armando G. Tejeda Corresponsal, Periódico La Jornada
Madrid.

Sentencia de 'La Manada': "Es violación, no es abuso", grito en la calle tras conocerse el fallo




Es violación, no es abuso”, grito en la calle tras conocerse el fallo

Al grito de “es violación, no es abuso” ha sido recibida en las puertas de la Audiencia de Navarra el fallo que condena a penas de nueve años de prisión a cada uno de los cinco de los miembros de La Manada por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento de una chica en los sanfermines de 2016.
Varios centenares de personas, muchas de ellas exhibiendo manos rojas, símbolo contra las agresiones sexistas, permanecen concentradas ante las puertas del Palacio de Justicia, donde han expresado de esta forma su disconformidad con el fallo y han repetido la consigna de “yo si te creo”.
La concentración, convocada por los colectivos feministas Andrea, Lunes Lilas y Gafas Moradas, tiene como lema “¡No es no! ¡Justicia!”.

Los condenados no han estado presentes en la sala
No han estado presentes en la sala de vistas los cinco condenados y sí sus abogados, así como la fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.
En el exterior del Palacio de Justicia se han congregado esta mañana numerosos periodistas a la espera de la llegada de los abogados de la defensa de los acusados así como de los representantes de la joven denunciante. Alrededor de 60 medios se han acreditado para seguir la lectura del fallo, a la que ha accedido también público, entre ellos, alumnos de Periodismo de la Universidad de Navarra.
Cabe recurso, contra el fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra

La condena a los cinco jovenes sevillanas conocidos como “La Manada” a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual cuanta con el voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González, quien ha abogado por la absolución de los cinco jóvenes de los delitos de los que se les acusaba, agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación.
El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, contra el que cabe recurso, les condena además de a 9 años de prisión al pago de un tercio de las costas procesales, les impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por 15 años, y les obliga a indemnizarle conjunta y solidariamente con 50.000 euros.
Además a uno de los acusados le condena por un delito leve de hurto, por quedarse con el teléfono móvil de la chica, por lo que deberá pagar una multa de 900 euros.

La Plataforma 7N  afirma “que, de nuevo, la justicia patriarcal ha actuado contra la víctima, los violadores han visto rebajado el tipo penal de agresión a abuso sexual. Ha puesto en valor el papel de la fiscalia “que sí entendió que lo que se estaba dando era una agresión sexual”. Han calificado la sentencia de decepcionante y reclamado “un Plan de Acción contra la Violencia Sexual que haga comprender a la sociedad española solo un sí es sí, que la ausencia de no, no es suficiente y que permita a las mujeres ir sin miedo por las calles”.

Relato de la violación múltiple en San Fermín 2016 - La Manada



El sexo sin consentimiento es violación, ¿por qué sólo nueve países europeos lo reconocen?


Amnistía Internacional

Aproximadamente nueve millones de mujeres en la Unión Europea (UE) han sido violadas después de los 15 años. La cifra es inquietante. Igualmente alarmante es el hecho de que pocos países europeos se tomen este delito con la seriedad que deberían, tanto en la ley como en la práctica.

De 33 países europeos, sólo 9 reconocen la simple verdad de que el sexo sin consentimiento es violación (contando por separado las tres jurisdicciones de Reino Unido).

¿Qué mensaje envía esta actitud a quienes perpetran estos actos? ¿Qué dice esto a nuestras sociedades, donde se sigue culpando abrumadoramente a las supervivientes de las agresiones sexuales que sufren?

La ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que recae en nosotras como mujeres la responsabilidad de protegernos de la violación. Estas actitudes son peligrosas y tienen que cambiar.

En Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, así como Bélgica, Chipre, Luxemburgo y Alemania tienen definiciones basadas en el consentimiento.

Pero los restantes países europeos están muy rezagados, pues sus leyes penales siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza, la coacción o la incapacidad para defenderse. De los países nórdicos, a los que generalmente se considera modelos de igualdad de género, Islandia es el primero y único hasta ahora que ha introducido una definición basada en el consentimiento.


Jón Steindór Valdimarsson, parlamentario que impulsó el cambio en Islandia, declaró a Reykjavik Grapevine: “Es probable que ayude a impedir las relaciones sexuales que tienen lugar sin consentimiento. Creo que esta es la principal repercusión de esta ley”.  

¿Seguirán su ejemplo los demás países nórdicos y el resto de Europa?

En Noruega, los políticos acaban de perder la oportunidad. El 5 de abril, el Parlamento noruego rechazó ese cambio, el mismo día que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticaba al gobierno por la legislación en vigor. Sin embargo, en la vecina Suecia el gobierno está resuelto a aprobar una nueva “ley de consentimiento” antes del verano. En Dinamarca y Finlandia hay propuestas semejantes que se están debatiendo o han sido propugnadas por numerosos activistas u organizaciones.

La definición legal de la violación basada en la ausencia de consentimiento no es nueva ni innovadora. Es una norma internacional reconocida de derechos humanos. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ampliamente considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. A pesar de que el Convenio de Estambul ha sido ratificado por más de 20 Estados europeos, la mayoría de ellos no han modificado aún sus definiciones legales de violación.

En los últimos cinco años, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) ha instado a varios Estados europeos a armonizar su legislación sobre la violación con las normas internacionales, incluido el Convenio de Estambul, y a definir la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento.
 
 
Asistentes a la manifestación por la igualdad y contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer en Kiev, Ucrania, 8 de marzo de 2018. La pancarta dice "Yo elijo la distancia". REUTERS / Valentyn Ogirenko



Según la encuesta sobre violencia de género realizada en 2016 por la Comisión Europea, casi un tercio de las personas que respondieron consideraron que la relación sexual sin consentimiento podría estar justificada “en determinadas circunstancias”. Entre ellas figuran, por ejemplo, si la persona está ebria o bajo la influencia de drogas, si va voluntariamente a casa con alguien, viste prendas provocativas, no dice “no” claramente o no se resiste.

De hecho, a pesar de la expectativa de que una víctima “prototipo” de violación se resistirá a su agresor, el bloqueo al hallarse ante una agresión sexual ha sido reconocido como respuesta fisiológica y psicológica habitual, que deja a la persona sin capacidad para oponerse a la agresión, a menudo hasta el punto de la inmovilidad. Por ejemplo, un estudio clínico publicado en Suecia en 2017 reveló que el 70% de las 298 mujeres supervivientes de violación evaluadas experimentaron “parálisis involuntaria” durante la agresión.

En un caso aún abierto en el norte de España, la autopsia del cuerpo de Diana Quer, que desapareció en 2016, no permitió establecer si había sido violada a partir de los datos biológicos debido al grado de descomposición del cuerpo. Pero el caso ha dado lugar a importantes debates sobre lo equivocado de las expectativas de que las mujeres se resistan físicamente a la violación después de que algunos medios de comunicación especularan que Diana fue asesinada precisamente por resistirse a la agresión sexual. Además de las expectativas de la sociedad, un número excesivo de sistemas de justicia penal también hacen recaer la carga en que las mujeres luchen en vez de hacerlo en que los autores de tales actos no violen.


En Irlanda del Norte mereció una amplia cobertura de los medios de comunicación la absolución de cuatro jugadores de rugby del Ulster de cargos de violación y otros delitos sexuales, que provocó un debate de ámbito nacional sobre la idoneidad de los procesos legales y el trato que dispensan a las personas que denuncian. Durante el juicio la denunciante fue interrogada por cuatro abogados defensores durante ocho días y se exhibió ante el tribunal su ropa interior manchada de sangre. Esto suscitó una oleada de solidaridad con la mujer tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, y miles de personas asistieron a manifestaciones en Belfast, Cork, Dublín y otras ciudades, que expresaron su apoyo a través del hashtag #IBelieveHer (Yo la creo) y una página de Facebook y compartiendo sus propias historias.

Lo que el juicio de Belfast ha mostrado con claridad es que, incluso en una jurisdicción donde la violación se define sobre la base de la falta de consentimiento, sigue habiendo numerosos obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia cuando sufren una violación. Las definiciones de violación basadas en el consentimiento y las reformas legales no son soluciones definitivas para abordar y prevenir este delito omnipresente, pero son importantes puntos de partida. La implementación y la prevención se ven obstaculizadas por los prejuicios, la culpabilización de las víctimas y los estereotipos y mitos generalizados con frecuencia entre quienes tienen encomendado prevenir la violación y permitir el acceso de las personas supervivientes a la justicia. Con el movimiento #MeToo / #YoTambién, nuestras voces como mujeres se oyen como tal vez nunca se habían oído. Pero no corresponde únicamente a las y los activistas aplicar los cambios. No ser objeto de violación es un derecho humano. Ha llegado la hora de que los Estados asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto para que se reconozca en la ley que el sexo sin consentimiento es violación.