Efrén Flores
Antes de pensar en el uso de las fuerza policiaca o militar, los
candidatos a la Presidencia de la República deben tomar en cuenta
mecanismos de prevención y herramientas para disuadir la violencia y la
delincuencia con esquemas mixtos de atención, que ponga el bienestar de
las personas y a las víctimas al centro de las acciones de seguridad,
con énfasis en la niñez, las mujeres y los jóvenes, urgieron hoy
organizaciones.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Para traer paz a México,
no basta con el ejercicio de la fuerza pública. Urgen mecanismos de
prevención y herramientas de justicia transicional, que ulterior a lo
penal y a lo punitivo, implican la inclusión de la sociedad (trabajo
comunitario) en la resolución del problema, concluyeron este día
integrantes de la sociedad civil.
El domingo pasado, durante el primer debate presidencial, los cinco
candidatos a la silla grande tocaron el tema de seguridad pública. Se
concentraron en estrategias “reactivas” o frontales, explicó la doctora
Eunice Rendón, coordinadora de Red Viral. Pero faltan propuestas
integrales con una visión “multicausal” del problema, recalcó.
“La seguridad tiene que verse como un tema real” con “reacción de las policías”. Pero no es suficiente. “La prevención del delito es lo único que no se ha intentado” en este país, dijo la especialista.
Representantes de las asociaciones Red Viral, Red Retoño y Cauce
Ciudadano concordaron con que debemos transitar de una “perspectiva
limitada de seguridad pública”, a una “perspectiva amplia de seguridad
humana”.
Ello implica disuadir la violencia y la delincuencia con esquemas
mixtos de atención, que ponga el bienestar de las personas y a las
víctimas al centro de las acciones de seguridad, con énfasis en la
niñez, las mujeres y los jóvenes. Ir a las causas de los problemas -de
manera focalizada y diferenciada- para hacer frente a la crisis desde su
origen.
“Hay alrededor de 30 mil huérfanos en el país que no han sido atendidos”, refirió Carlos Cruz, fundador de Cauce Ciudadano. “Y como buscan venganza, la falta de acciones los arroja al torrente de la violencia”. Eso es lo que debemos evitar, puntualizó.
Para él, como para la doctora Rendón, la militarización del país
diluye la capacidad local y la responsabilidad de los estados en materia
de seguridad, en un territorio en el que, entre 2006 y 2017, hubo más
de 234 mil asesinatos y más de 33 mil desapariciones.
En el último sexenio, ejemplificó Rendón, han aumentado “20 veces más
los presupuestos en materia de seguridad dura, reactiva”. No así los de
prevención. Urgen políticas de Estado al respecto.
Al interior de la Alta Escuela para la Justicia, en Coyoacán, los
activistas mencionaron que un modelo integral de prevención implica
políticas para desarrollar habilidades psicosociales de resiliencia
individual y comunitaria; promover la participación de las personas y
las comunidades en los procesos de transformación; desmantelar la base
social de la delincuencia organizada; y construir alternativas para el
buen vivir.
Urge una estrategia de seguridad pública que “vincule y coordine las
diversas áreas, empezando por la prevención y terminando con el sistema
penitenciario, pasando por la justicia penal y las policías”, recalcaron
los activistas.
Recordaron que la lucha contra el crimen y la violencia no termina en
la cárcel, porque “uno de cada cuatro [criminales encarcelados]
reincide y el 55 por ciento lo hace a los dos años de haber salido”.
SANAR EL MÉXICO HERIDO
“Este país tiene una herida profunda […]. Necesitamos construir paz y
aprender a construir resiliencia” porque los asesinados y desaparecidos
“no son cifras. Son vidas y son historias”, dijo Erika Llanos, de Red
Retoño.
Para ello, las asociaciones civiles proponen diversas consideraciones:
I. No politizar la seguridad, es decir, las autoridades deben de ser
competentes y estar especializadas. Designar cuates no funciona. “La
seguridad es un tema técnico y así es como se debe manejar” (sin
improvisaciones).
II. Focalización. “Debemos priorizar recursos en aquellas poblaciones
y lugares que por sus contextos presentan un riesgo mayor de incurrir
en conductas y dinámicas delictivas para reducir la propensión al crimen
con mayor precisión”.
Un
joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a tiros en la entrada de
un acuario ubicado en la calle Fernando Montes de Oca, en la colonia
Ciudad Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos. Foto: Margarito Pérez,
Cuartoscuro
Para Eunice Rendón y Carlos Cruz, la rendición de cuentas y la
transparencia en los presupuestos de seguridad pública es elemental. Y
las acciones deben incluir evaluaciones de las intervenciones a nivel
local, así como “transversalidad” en las políticas (que aborden en
paralelo el desarrollo y la economía sociales, la educación, etcétera).
III. Esquemas mixtos de atención que se concentren en la persecución
de victimarios, pero que también atiendan y reduzcan el número de
delincuentes y los factores que los llevan a delinquir.
IV. Políticas públicas de prevención sobre gobernanza
interinstitucional y corresponsabilidad entre instancias y gobiernos;
para consolidar mecanismos de prevención en el sistema de justicia penal
e implementar equipos técnicos a nivel local, además del
fortalecimiento de las capacidades ciudadanas; para generar alternativas
de desarrollo individual, familiar y colectivo; para generar más y
mejor información sistematizada y especializada en la materia; para
fiscalizar y desmantelar la estructura operativa y financiera de las
organizaciones criminales (acabar con el pacto de impunidad); entre
otras.
V. Construir paz y justicia transicional es con estrategias
judiciales y no judiciales, que incluyen la creación de comisiones de la
verdad e internacionales de justicia, mismas que garanticen la
reparación del daño y la no repetición del exabrupto.
También proponen la integración de un Sistema Nacional de
Desmovilización de jóvenes involucrados en delincuencia organizada;
programas de mediación e interrupción de la violencia; y la
incorporación de “medios de justicia alternativa como herramientas de
participación ciudadana”.
VI. Reinserción social, familiar y económica sobre castigo, para
evitar que quienes delinquen vuelvan a dañar a la sociedad, como hoy
sucede.
VII. No militarizar al país. Para ello proponen la abrogación de la Ley de Seguridad Interior.
Los integrantes de Red Viral, Red Retoño y Cauce Ciudadano, al final,
exhortaron a los candidatos presidenciales a ir más allá de “las ideas
vagas” porque así “no van a transformar al país”.
Hicieron un llamado a que ellos y sus respectivos equipos de trabajo
tengan una discusión pública y abierta sobre el modelo de prevención
social de la violencia.
“El diálogo nacional no tiene que esperar al 1 de julio. Es necesario
plantearlo desde ahora”, concluyó Carlos Cruz de Cauce Ciudadano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario