"Debido a una supervisión deficiente e insuficiente, el INE también ha tolerado y solapado el uso discrecional de recursos por parte de partidos políticos".
Comencemos por la dimensión presupuestaria. En México, el sistema político-electoral cuenta con estructuras institucionales sumamente costosas cuyo financiamiento público se incrementa año con año. Este entramado incluye al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de cada entidad federativa y a los tribunales electorales, además de la asignación monetaria a los partidos políticos. En conjunto, el presupuesto supera los 50 mil millones de pesos, una cifra que varía según los periodos electorales.
Precisamente, la falta de rigor en esa fiscalización evidencia escandalosos mecanismos de opacidad. Debido a una supervisión deficiente e insuficiente, el INE también ha tolerado y solapado el uso discrecional de recursos e incluso la malversación de fondos por parte de partidos políticos. Un sistema viciado tiende a volverse permisivo y, ante la impunidad, las prácticas corruptas proliferan.
Los recientemente expuestos esquemas de corrupción con que han operado los organismos electorales en el manejo de sus presupuestos, también muestran por qué las anomalías financieras en tiempos de campaña, o la malversación de recursos por parte de los partidos, quedan reducidos a simples anécdotas mediáticas, sin castigo alguno ni aplicación de la Ley. Como muestra de esa impunidad, se pueden citar el caso Monex o los sobornos de Odebrecht que financiaron también la campaña de Peña Nieto, entre tantos otros escándalos que quedaron sólo en lo mediático.
La gravedad de lo que ha quedado expuesto a partir del escándalo que involucra a Guadalupe Taddei y sus subordinados radica también en que los mecanismos de corrupción de funcionarios y contratistas que históricamente ha arrastrado el país, degradó también las instituciones electorales. En ellas, diversos funcionarios públicos se aprovecharon tanto de los cuantiosos recursos asignados como de la autonomía y las amplias atribuciones con las que se dotó al organismo. De este modo, utilizaron el argumento de que “la democracia tiene un costo” para encubrir sus corruptelas, disfrazando el hecho de que una parte significativa de ese presupuesto se desvía en redes de complicidad entre funcionarios contratantes y proveedores corruptos.
Cuando un contratista gubernamental recurre al soborno de quienes le contratan –ya sea mediante dinero, regalos, viajes o prebendas–, suele incluir de forma sistemática el costo de esos cochupos dentro del cobro del contrato. Esto deriva en contratos con precios inflados y sobreprecios operativos, provocando que, al final, sea el propio erario el que termine costeando el soborno. Este tipo de prácticas convirtieron tanto al INE como a los OPLE en una mina de oro para redes delictivas de contratistas y funcionarios corruptos.
Los órganos electorales no quedaron exentos del saqueo de recursos públicos que históricamente ha lacerado al país, una situación fomentada también por la tardía e ineficaz acción de las autoridades fiscalizadoras. Sólo así se explica el que se mantuviera en el padrón de contratistas a un grupo como el de los Hernández Casillas, el cual ya contaba con graves antecedentes de corrupción en el ámbito de los órganos electorales.
Actualmente, el INE y sus funcionarios, exfuncionarios y contratistas se encuentran bajo auditorías e investigaciones judiciales. El jurídico del INE, ya con un Consejo encabezado por la consejera provisional Blanca Cruz García, presentó seis denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. La FGR abrió carpetas de investigación por delitos de cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa.
A la par, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza revisiones amplias que abarcarán las contrataciones y el manejo de recursos en el INE a partir del año 2000. Esta fiscalización, que abarca más de dos décadas de multimillonarias asignaciones presupuestales, también se extenderá a las contrataciones hechas por los OPLE, tras identificarse una notable concentración de proveedores y prácticas ilegales en el gasto público.
Desde su primera etapa, estas auditorías perfilan graves actos de corrupción. La ASF detalló que desarrolla sus indagatorias con la colaboración directa de informantes que buscan acogerse al “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”.
Con esos testimonios, sumados a la recopilación de documentos, fotografías, videos, registros financieros, ubicaciones, mensajes de WhatsApp, la ASF ha documentado indicios de cómo “los beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer a sus propios intereses”, en esquemas que habrían “operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas proveedoras. Esta medida cautelar cobra especial relevancia debido a que los implicados cuyas cuentas están congeladas no podrán recurrir a la artimaña antaño utilizada de buscar ampararse frente a esas disposiciones.
Es necesaria y urgente la ampliación de las auditorías que realiza la ASF, ya que el esquema de corrupción alcanza a los OPLE. Muestra de ellos son las revisiones del Órgano Interno de Control al gasto operativo en algunas de las instalaciones en varias entidades donde se han identificado también múltiples irregularidades en el manejo del presupuesto para el gasto corriente. Estas anomalías abarcan desde duplicidad de funciones en oficinas estatales, graves deficiencias en contratos de arrendamiento, también en gastos de contratación de servicios de vigilancia y hasta en la contratación de servicios de limpieza, en los que se detectaron irregularidades en la comprobación del gasto, personal sin registro ante el IMSS, e incluso proveedores con datos fiscales inexistentes. También contratos “fantasma”, de corta duración mediante un mecanismo exprés diseñado específicamente para desviar recursos públicos.
La evidencia de actos delictivos en el manejo de recursos arraigados tanto en el INE como en los OPLE desde hace años, exige una indagatoria de la mayor profundidad. Este escenario requiere de procesos rigurosos, la aplicación estricta de la Ley y sanciones ejemplares.
Principalmente, resulta indispensable que, derivado de las investigaciones y una vez que se determine las responsabilidad, que se proceda con la incautación de los recursos y activos que funcionarios, exfuncionarios y proveedores acumularon ilegalmente a costa del erario. El marco jurídico actual contempla esta posibilidad; sólo desmantelando financieramente a los involucrados se logrará inhibir la reincidencia. Limpiar a fondo el entramado de ilegalidades en las instituciones electorales es una acción imperiosa para comenzar a recuperar la credibilidad ciudadana.
¿Qué tan profundas son las redes de corrupción y complicidad en las instituciones electorales? Determinar su verdadera dimensión es una tarea que las auditorías en curso tendrán que puntualizar. Por ahora, el escándalo de corrupción que involucra a Guadalupe Taddei, a sus subalternos cómplices y los contratistas ha provocado un enorme daño a la imagen del INE, lo que exige una respuesta pronta y contundente por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones.
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