César Jáuregui, de las juventudes panistas a Almoloya

Ana Lilia Pérez

"El impacto para el blanquiazul podría tener consecuencia sin precedentes, considerando que Chihuahua es uno de los bastiones que le quedan al partido".

La crispación interna en el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua se ha convertido en uno de los principales saldos que el CIAgate ha provocado. La crisis política que vive ese partido se manifiesta de forma abierta mediante duros señalamientos y acusaciones de traición contra la Gobernadora María Eugenia Campos. La efímera campaña del “Yo con Maru” –que en mayo pasado encendió los ánimos panistas y congregó a políticos como Vicente Fox, Felipe Calderón y a la cúpula nacional de ese partido– ha quedado en el anecdotario. Hoy, el ambiente local se va tornando en una militancia que tacha a Campos de traidora.

De este modo, la escandalosa e ilegal intromisión de agencias estadounidenses a las que el Gobierno de Campos abrió las puertas –en una violación abierta a la Constitución y a las leyes de seguridad nacional– terminó por fracturar al panismo desde adentro. El escenario actual evoca el dicho popular de que “para que la cuña aprieta, tiene que ser del mismo palo”: lo que resuena en Chihuahua son reclamos entre correligionarios contra quien hasta hace unos meses hacían hasta “presidenciable”.

Al igual que María Eugenia Campos, César Jáuregui Moreno inició sus andanzas políticas en las filas de las juventudes panistas. En su caso, se afilió al PAN en 1983, participando activamente en la defensa del voto en esa entidad a favor del blanquiazul, escalando posiciones dentro del partido, hasta convertirse en miembro del Comité Directivo Estatal y coordinador de estados en la Secretaría de Organización del CEN.

María Eugenia Campos y César Jauregui hicieron mancuerna en su trayectoria y cargos públicos. Los amigos coincidieron en el Congreso del estado de Chihuahua cuando él coordinaba la bancada blanquiazul y Campos fungía como vicecoordinadora; ya entonces ella se ufanaba de que Jáuregui era su "mejor amigo". Fue de aquellos tiempos también cuando les unía la complicidad de que ambos aparecían en la “nómina secreta”, las listas y recibos que el priista César Duarte guardaba bajo caja fuerte y que registraban los sobornos que les entregaba etiquetándolos como “apoyo extraordinario”, que se haría públicas años más tarde.

Con el tiempo, Jáuregui se convirtió en el principal operador político de Campos, desempeñándose como su coordinador de campaña tanto en la contienda por la Alcaldía de Chihuahua como en la gubernatura del estado. Como retribución, ella lo nombró su segundo al mando: primero como Secretario del Ayuntamiento y, al asumir la Administración estatal en 2021, como Secretario General de Gobierno –el segundo cargo de mayor relevancia–. Posteriormente lo designó al frente de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, institución que depende de manera directa de la Gobernadora.

La cercanía de esa dupla siempre fue evidente. María Eugenia Campos solía referirse a él con sobrenombres, como muestra de su cercanía, externándole agradecimientos y elogios, y reconociéndolo como alguien clave para su carrera política.

Cabe recordar que las componendas del Gobierno de María Eugenia Campos con agentes extranjeros de la CIA quedaron al descubierto de manera accidental. Esto ocurrió tras el siniestro del vehículo en el que viajaban empleados estatales de Chihuahua junto con los agentes estadounidenses, un hecho desafortunado en que hubo pérdidas de vidas.

A raíz del incidente, surgieron versiones contradictorias y falsas por parte del Gobierno de Chihuahua, respecto a las actividades que realmente desempeñaban.

Desde sus primeras declaraciones, el entonces Fiscal y su jefa, la Gobernadora, dieron mensajes inverosímiles: primero afirmaron que los agentes participaban en un curso de drones, luego que sólo les habían pedido “un raite” y, finalmente dijeron que formaban parte de un operativo.

Los argumentos de Jáuregui resultaron sumamente incongruentes cuando este despliegue ilegal conjunto quedó evidenciado. Del mismo modo, María Eugenia Campos se contradijo públicamente; en un principio minimizó el hecho, pero en una gira en medios quedó más expuesta al hablar abiertamente de los acuerdos que su Gobierno mantenía con agencias estadounidenses, y no sólo con la CIA. Aunque en su momento defendió el operativo, hoy responsabiliza por completo a su exfiscal en un evidente intento por lavarse las manos.

Incluso en el mitin que los panistas le organizaron el 27 de mayo a las afueras de la FGR, María Eugenia Campos asumió el operativo como propio y declaró: “Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga, de adicciones”. Esta postura la replicó en una pasarela de entrevistas con diversos medios de comunicación.

Mantuvo ese mismo discurso cuando la cúpula panista se congregó en Chihuahua para apoyarla. Al evento que llamaron “Yo con Maru”, acudieron Fox y Calderón, quienes se deshacían en elogios para María Eugenia Campos; Fox, incluso la llamó “valkiria”.

Pero después, como preámbulo a la detención que a través de la Fiscalía del estado ordenaría contra su “amigo”, el discurso de Campos dio un giro radical. Estuvo en medios de comunicación señalando que desconocía y que no podía perdonar que Jáuregui hubiera autorizado la intervención de agentes de la CIA “por la libre”, sin informarle, y criticó a su “amigo” duramente endilgándole toda la responsabilidad. Lo siguiente fue la orden de detención que la mañana del 17 de octubre la Fiscalía de Chihuahua –que depende de la Gobernadora– ejecutó contra Jáuregui. Esta detención generó de inmediato la manifestación de panistas locales, quienes la acusaron de “traidora”.

Poco después, la FGR le notificó a Jáuregui una segunda orden de aprehensión por delitos del orden federal: Traición a la Patria, un ilícito de muy alta gravedad.

Aunque es el único caso hasta ahora procesado por ese delito, la conducta de César Jáuregui no es una excepción por parte de miembros del PAN, en ese partido hay muchos que realizan acciones que podrían encuadrarse en ese delito; son muchos integrantes de ese partido los que se pliegan a las disposiciones de gobiernos e intereses extranjeros. Es más, van al extranjero a pedir la intervención en nuestro país; es un actuar que no sólo contraviene la Constitución, es también una conducta indigna y deshonesta.

En cargos de mayor relevancia, Vicente Fox y Felipe Calderón también lo hicieron durante su paso por la Presidencia: entreguistas a los intereses privados y foráneos, antepusieron los negocios particulares por encima de los intereses del país. Una muestra de ello fue Calderón, quien desde su gestión como Secretario de Energía y luego durante su paso por la Presidencia, operó la entrega de una amplia fracción del sector eléctrico a empresas españolas para las cuales, tiempo después, trabajó formalmente como consejero. Asimismo, cooperó con agencias estadounidense en operaciones ilegales que provocaron graves atrocidades, como el operativo "Rápido y Furioso"; en éste, la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) –con la complacencia calderonista– permitió el contrabando de armas de alto poder de Estados Unidos a México, que terminaron en manos de grupos criminales y causaron violentas muertes en nuestro país.

Y más recientemente Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro promoviendo la instalación de una aparentemente academia de capacitación policial, con la participación de agencias estadounidenses al margen de la Constitución.

Por lo pronto, Jáuregui enfrenta dos procesos simultáneos. A nivel estatal, bajo la causa penal 3055/2026, se le imputan los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y violaciones a los protocolos de seguridad nacional, estas últimas asociadas a la Traición a la Patria, por permitir la operación de personal extranjero. Bajo estos mismos hechos, las autoridades de Chihuahua emitieron también una orden de captura contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación.

A nivel federal, la FGR le imputa a Jáuregui formalmente el delito de Traición a la Patria en materia de seguridad nacional por autorizar operaciones clandestinas de agencias extranjeras (como la CIA) en suelo mexicano. Al respecto, la Constitución Política estipula que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y se ejerce a través de los Poderes de la Unión. Que la conducción de la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Ejecutivo Federal, y ningún funcionario estatal tiene atribuciones para pactar o autorizar la intervención de gobiernos o representantes de otros países en el ámbito de la seguridad.

Jáuregui fue trasladado e ingresado al penal de El Altiplano, en el Estado de México, y el martes tuvo su audiencia inicial.

María Eugenia Campos en sus cargos públicos –primero a nivel municipal y luego estatal– siempre tuvo como operador principal a César Jáuregui, por ello, resulta inverosímil que ahora ella pretenda deslindarse y endosarle toda la responsabilidad de haber permitido la injerencia de la CIA en la entidad, especialmente cuando desde su propia Administración se destinó infraestructura y oficinas para las operaciones de las agencias estadounidenses en la llamada Torre Centinela.

Hasta ahora nada garantiza que María Eugenia Campos quede impune de su responsabilidad por colusión u omisión en el caso de la CIA. La FGR continúa trabajando en la indagatoria y existe la posibilidad de que Jáuregui aporte más información acogiéndose a figuras legales como el criterio de oportunidad.

Aún no se aclara cuál era el objetivo ni qué actividades realizaban realmente los agentes de la CIA en Chihuahua durante el supuesto operativo en El Pinal, municipio de Morelos, porque ni las autoridades estatales ni esa agencia estadounidense poseen atribuciones legales para las acciones que dicen haber estado ejecutando.

Pero lo que sí se evidencia es que la detención del exfiscal César Jáuregui ha desatado una crisis política al interior del PAN, una fractura en la que los militantes locales señalan a Campos como “traidora”. El impacto para el blanquiazul podría tener consecuencia sin precedentes, considerando que Chihuahua es uno de los bastiones que le quedan al partido.

Actualmente, el PAN cuenta con un padrón de 366, 104 afiliados en todo el país. De esa cifra, casi 18 mil corresponden a afiliados en Chihuahua. Pese a la magnitud de la crisis que se les avecina, la dirigencia del PAN ha guardado silencio, no han aclarado si mantienen el respaldo de “Yo con Maru” o si se sumarán a quienes la tachan de traidora.

Frívolos, represores y corruptos, el sello MC

Ana Lilia Pérez

"La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos".

Hartos de recibir agua contaminada, fétida e insalubre, los habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana llevan meses denunciando la pésima calidad del suministro hídrico. La manifestación del 11 de octubre –la de mayor convocatoria hasta la fecha– recibió como respuesta por parte del Gobierno de Pablo Lemus una dura represión: golpes, gases lacrimógenos, chorros de agua y la detención arbitraria de 39 personas.

Esta reacción ante un reclamo ciudadano legítimo evidencia, una vez más, el talante autoritario y la negligencia de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), los cuales, ante su flagrante incapacidad para resolver los problemas estructurales que afectan a la población, optan por el uso de la fuerza.

Los rastros de este esquema represivo evocan las viejas tácticas priistas, replicadas por el partido naranja, así ocurrió desde la gestión de Enrique Alfaro, el primer Gobernador de ese partido y antecesor de Lemus. Como parte de su infame legado destaca el caso de Giovanni López, un hombre de 30 años de edad, de oficio albañil, quien fue brutalmente asesinado por la Policía bajo el pretexto de no llevar cubrebocas. Posteriormente, Alfaro mandó reprimir a los manifestantes que salieron a exigir justicia por el crimen, escudándose en una política de “cero tolerancia” respecto a las medidas sanitarias.

Aquel brutal asesinato quedó como el vivo reflejo de su Gobierno: una Administración que llevó a Jalisco a convertirse en la entidad con la mayor incidencia de desapariciones forzadas, crisis forense, y negligente para garantizar los derechos de los ciudadanos, tal como ocurre ahora con el Gobierno de Lemus, rebasado e incapaz de solucionar la crisis del agua en esa entidad.

La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos. Si una Administración es incapaz de cumplir con este mandato básico, simplemente es inútil.

Nuestra Constitución establece como derecho el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Mandata que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, a través de leyes que definen las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, coordinando la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.

En el ámbito local, la Constitución de Jalisco respalda este mandato en su Artículo 15, señalando que las autoridades estatales y municipales deben velar por la utilización sustentable y la preservación de los elementos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente, así como fincar responsabilidades a quienes provoquen daños ambientales. Asimismo, reitera el derecho de toda persona a un suministro de agua digno. Sin embargo, este derecho no se está garantizando en la entidad; el Gobierno estatal incumple flagrantemente sus obligaciones y, además, con su violenta y represiva respuesta, vulnera otros derechos de la ciudadanía.

Durante el sexenio de Alfaro (2018-2024), la Federación transfirió recursos millonarios a Jalisco para contribuir a solucionar la problemática del agua, pero el Gobierno estatal no hizo lo que le correspondía, dejando a la entidad sumida en una crisis hídrica cada vez más grave.

En Jalisco la problemática del agua se ha intensificado debido a múltiples omisiones y actos de corrupción, tales como la autorización irregular de desarrollos habitacionales, descargas clandestinas que contaminan los acuíferos y la proliferación de vertederos de residuos sólidos que carecen de tratamientos para mitigar el impacto del suelo. A esto se suma la inoperancia o insuficientes plantas de tratamiento de aguas residuales, el deterioro de la infraestructura de alcantarillado, las inundaciones recurrentes, la insuficiente inspección a sectores con deficiente manejo de desechos; también el monitoreo inoperante de la calidad del líquido; además del negligente actuar de las autoridades.

Las consecuencias de esa negligencia van más allá de la escasez: el suministro de agua contaminada ha provocado graves enfermedades crónico-degenerativas en diversas comunidades urbanas y rurales, causando una alta incidencia de problemas renales entre la población.

Esta problemática ha sido ampliamente documentada en investigaciones de organizaciones medioambientales y en informes especiales emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en los que detalla la crisis histórica a la que los gobiernos estatal y municipales han sido omisos.

Una prueba contundente de este colapso es el flujo constante de quejas y denuncias contra los organismos cuya obligación es planear, gestionar y supervisar los servicios hídricos, específicamente, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Contra esos organismos los ciudadanos han acudido reiteradamente a presentar quejas ante la CEDHJ. En respuesta, durante años la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido Recomendaciones, pronunciamientos e informes especiales que comprueban la violación sistemática al derecho humano al agua y al saneamiento, pero son señalamientos y exhortos que las autoridades han ignorado.

Lejos de solucionarse, la problemática se recrudece. El SIAPA se volvió una de las dependencias más denunciadas ante la Comisión por violaciones a los derechos humanos. Tan sólo de enero a septiembre de este año, la CEDHJ recibió 727 quejas contra ese organismo, la mayoría por la negativa o la pésima prestación de servicios en materia de agua. El agravamiento de la situación quedó evidenciado desde septiembre, cuando el 33 por ciento de todas las quejas ciudadanas recibidas por la Comisión –por violaciones a los Derechos Humanos– correspondieron a fallas y omisiones del SIAPA, según los datos que consulté en los informes de la CEDHJ.

Ese es el contexto en el cual el hartazgo por la falta de soluciones y la indiferencia del Gobierno de Lemus llevaron a la ciudadanía a las calles en una manifestación histórica. Miles de jaliscienses expresaron su rechazo al suministro de agua pestilente que reciben en sus hogares desde hace meses, un servicio deficiente que el SIAPA les cobra puntualmente; la violenta respuesta del Gobernador fue la represión.

Conversé con vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, del municipio de Guadalajara –quienes participan activamente en las movilizaciones–, relatan el calvario de denunciar la problemática de instancia tras instancia gubernamental sin que se les dé una resolución. “Ya sólo nos falta denunciar ante la iglesia”, comentó con ironía uno de los colonos al compartir su testimonio.

Me dicen que el agua pestilente comenzó a brotar de sus llaves desde el año pasado. Al principio era intermitente, pero la situación se recrudeció críticamente a partir de mayo. Las consecuencias en la salud pública son alarmantes: “Nunca había visitado tantas veces el hospital como ha ocurrido estos meses”, relata consternado otro vecino, quien detalla cómo él y su esposa han padecido infecciones recurrentes a causa del agua contaminada.

A pesar de que acudieron instancia tras instancia para presentar quejas formales, lo único que encontraron fue una barrera de indiferencia por parte de las autoridades, lo que les llevó a manifestaciones públicas desde el mes de junio, se fueron sumando más y más afectados, congregando el mayor número en la manifestación del domingo.

“Lo que más indigna es la indiferencia de las autoridades. Hemos hecho muchas manifestaciones, ¿y sabe cuántas veces he visto a la Alcaldesa, a algún Diputado o al Gobernador pararse y decir: ‘Estoy aquí, los escucho?’. Ninguna. Es una prepotencia absoluta, actúan como si se sintieran tocados por Dios, pero olvidan que son servidores públicos. Tienen que hacer su trabajo; la gente tenemos derechos y nuestras peticiones son legítimas. Ni siquiera la gente por la que votamos tiene la decencia de pararse a escucharnos”, agrega.

Al preguntarles qué camino tomarán ahora, luego de que en la última movilización hubo represión, detenciones arbitrarias, chorros de agua a presión… su respuesta es firme:

“Nos seguiremos manifestando porque no vemos otra manera. No encontramos una solución a corto plazo; nos preocupa e indigna la indiferencia gubernamental y esta total apatía hacia el ciudadano. Desde la manifestación que hicimos en julio afuera de Casa Jalisco, donde nos reunimos 400 personas, solicitamos formalmente en nuestro pliego petitorio una mesa de trabajo para vigilar de manera permanente la calidad del agua, así como la gestión del SIAPA. Desgraciadamente, el organismo parece la caja chica del Gobierno, donde se ha designado a directivos sin preparación, simplemente por ser amigos del Gobernador”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas de consumo e higiene, y evitar problemas de salud. La OMS enfatiza que el agua debe ser segura, estar libre de contaminantes y ser garantizada por los gobiernos como un derecho fundamental, no como una mercancía económica. En contraste, lo que proyecta el Gobierno “fosfo fosfo” apunta hacia la privatización del servicio, una intención que pretenden ocultar detrás de eufemismos.

La violenta respuesta del Gobierno de Lemus ante los reclamos ciudadanos no es un caso aislado. Se trata de un modelo represivo que ya había puesto en práctica Enrique Alfaro.

Tras una ola de indignación pública por la violencia de su Gobierno contra manifestante, el martes Lemus publicó un video en sus redes sociales en que reconoció el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas por parte de su Policía, prometiendo que estos actos no se repetirían. El mensaje de Lemus parece el mismo guion que usara Alfaro para aparentemente “disculparse” tras ordenar la represión de quienes protestaban por el asesinato de Giovanni López, comprometiéndose entonces a realizar reformas estructurales para evitar la repetición, según él, de los abusos. Hoy su amigo y correligionario de partido repite la misma acción de represión y luego prometer que no se repetirá. El mismo patrón y discurso de gobiernos represivos.

Tanto Alfaro como Lemus en Jalisco, y Samuel García en Nuevo León, llegaron al poder abanderados por el partido que el expriista Dante Delgado fundó en 1999 bajo el nombre de Convergencia por la Democracia, que en 2002 acortó su nombre a Convergencia, y en el año 2011 se le cambió a Movimiento Ciudadano.

Con el nombre de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado usa la idea de que su base ideológica es la participación democrática. Sin embargo, en la práctica, los gobernadores que han alcanzado el cargo bajo su bandera han demostrado lo contrario: un profundo desdén por la ciudadanía. La estrategia de ese partido se reduce al marketing digital, viralizando en redes sociales videos, canciones pegajosas y frases huecas que carecen de verdadera sustancia política.

Su popularidad se basa en la mercadotecnia, y en postular a influencers y perfiles de la élite; juniors desconectados de la realidad que viven en una burbuja de privilegio y frivolidad, resultando incapaces de resolver las problemáticas estructurales que afectan a la población.

Otra clara muestra de esa desconexión es el influencer Samuel García, quien, de cara al Mundial de Futbol, ordenó tapiar y ocultar visualmente las zonas de alta marginación y pobreza en su estado, un acto profundamente clasista y discriminatorio, que también fue denunciando ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

Asesinatos y redes sociales

Ana Lilia Pérez

"Ante la dificultad para moderar el flujo masivo de información, el entorno virtual se ha transformado en un catalizador de la apología criminal".

Armados con machetes, cuchillos y petardos, los hermanos Carlos y David irrumpieron violentamente en la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila. Durante la agresión, asesinaron a la subdirectora, Nedi Edith Nevárez, e hirieron gravemente a un profesor y tres estudiantes.

Los agresores, gemelos de 18 años, conocidos como “Los Cuates”, son exalumnos del plantel. El día en que perpetraron su ataque llegaron vistiendo ropa oscura y cargando mochilas en las que ocultaban las armas punzocortantes y los artefactos explosivos artesanales que detonaron. Tras su captura, ambos fueron vinculados a proceso por homicidio calificado –con las agravantes de premeditación, ventaja, alevosía y brutal ferocidad–, además de tentativa de homicidio en perjuicio del profesor y los estudiantes a quienes lesionaron.

Una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado se centra en el consumo recurrente de contenidos digitales violentos por parte de los hermanos. En sus dispositivos electrónicos y cuentas de redes sociales difundían mensajes de odio, manifestaban su fanatismo por perpetradores de masacres escolares, principalmente en Estados Unidos, incluso publicaron imágenes de las armas que planeaban utilizar.

El ataque cometido por los hermanos Carlos y David, nos remite a otro que también en Torreón realizó José Ángel, un menor de sólo 11 años. Esa mañana de enero de 2020 llegó al Colegio Cervantes, donde cursaba el sexto grado y les dijo a sus compañeros: “Hoy es el día”. Minutos después de que todos ingresaran a sus aulas, José Ángel pidió permiso para ir al baño y llevó consigo su mochila. En los sanitarios se cambió el uniforme por un atuendo que aludía a Eric Harris, uno de los perpetradores de la masacre de Columbine, en 1999. Posteriormente, José Ángel sacó de su mochila dos pistolas (calibres .22 y .40) con las que asesinó a una profesora, hirió a seis personas más (profesores y estudiantes) y se quitó la vida.

En ambas indagatorias las autoridades de Coahuila destacaron un factor determinante: el alarmante perfil de consumo digital de los agresores. Estos trágicos eventos evidencian la urgencia de legislar para evitar que contenidos que incitan a la violencia, circulen libremente en redes sociales.

Hace unos meses, en este espacio hablé sobre tres casos de adolescentes de 15 años quienes, en el lapso de una semana y en tres países distintos de la región (México, Argentina y Estados Unidos), acudieron a sus escuelas armados para perpetrar ataques mortales.

En México fue el caso de Osmar, quien la madrugada del 24 de marzo se tomó varias selfies y videos en su habitación horas antes de cometer su crimen. En las imágenes, aparecía de pie frente al espejo, vestido con pantalón, sudadera negra y guantes negros, y sosteniendo un fusil de asalto AR-15 calibre 5.56 –un arma de combate estadounidense de uso exclusivo de las fuerzas armadas–. Osmar publicó las imágenes en sus redes sociales con la frase “Hoy es el día”, el mismo mensaje que en Torreón le escucharon decir a José Ángel antes de iniciar el tiroteo en el Colegio Cervantes.

Para interactuar en foros de Internet y videojuegos, Osmar utilizaba una cuenta en Instagram bajo un pseudónimo similar al que empleaba uno de los perpetradores de Columbine. Tras realizar su publicación digital esa mañana, Osmar salió de su casa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, rumbo a la preparatoria privada donde cursaba sus estudios. Ocultó el fusil dentro de un estuche de guitarra y, al llegar al plantel, sacó el arma para asesinar a las profesoras Tatiana y María del Rosario, contra quienes efectuó 14 disparos. El pasado 30 de marzo un Juez determinó vincular a proceso a Osmar por los delitos de doble feminicidio y portación ilegal de arma de fuego.

El mismo día en que en México se llevaba a cabo la audiencia de Osmar, en San Cristóbal –una localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina– otro adolescente de 15 años llegó a su colegio con un arma también oculta en un estuche de guitarra. Se trataba de una escopeta de caza calibre 12-70 que pertenecía a su abuelo, y llevaba también una canana con 40 cartuchos.

Pasaban de las 7:00 de la mañana cuando los estudiantes comenzaban a reunirse en el patio para izar la Bandera. El adolescente entró al baño donde sacó el arma y los cartuchos; allí lo vio otro estudiante, un chico de 13 años a quien asesinó. Luego caminó hacia el patio de la escuela y, mientras gritaba “¡Sorpresa!”, abrió fuego de manera indiscriminada. Hirió a dos estudiantes y otros seis más sufrieron lesiones al intentar huir en estampida.

Los videos y testimonios evidenciaron cómo las víctimas trataban de ocultarse del tirador, hasta que uno de los porteros de la escuela logró detenerlo y desarmarlo. “Salí a cazar el fin de semana”, le decía el adolescente, quien hablaba de que quería matar a toda la escuela.

Sus abogados defensores detallaron que no se trató de un ataque contra alguien en particular, que el joven desde los 10 años manifestaba tener pensamientos autodestructivos, un perfil psicológico que se reflejaba en sus redes sociales, donde solía postear persistentemente contenido de combate y atentados violentos.

Con horas de diferencia, el mismo lunes en que se registró el ataque en la escuela en Argentina, en Estados Unidos, otro estudiante de 15 años llegó a su escuela preparatoria –en Texas– con un revólver calibre .357 que sustrajo de su casa. El joven disparó contra una de sus profesoras dejándola malherida, y posteriormente se suicidó.

Ese ataque reavivó el dolor por la tragedia ocurrida en ese mismo estado en mayo de 2022, cuando Salvador, un joven que recién había cumplido 18 años, irrumpió en una primaria de Uvalde armado con un fusil de asalto AR-15; asesinó a tiros a 19 niños, a dos maestras, e hirió a 17 personas más.

El día en que cumplió 18 años, Salvador se compró como regalo los dos fusiles AR-15 y 375 cartuchos de municiones a través del sitio web de una armería estadounidense. En su cuenta de Instagram publicó la fotografía de las armas que puso sobre la alfombra de su habitación.

Desde aquel violento tiroteo en la escuela de Uvalde los familiares de las víctimas presentaron demandas en que acusaron la responsabilidad que en aquella masacre tenían también las empresas de redes sociales, sitios web y videojuegos, porque argumentaron que los contenidos de esas plataformas contribuyeron directamente al comportamiento del atacante, que los algoritmos y las comunidades digitales le fomentaron la idea de adquirir las armas.

Los casos descritos evidencian un factor común alarmante: el perfil de consumo digital radicalizado en los jóvenes y la complejidad que enfrentan las autoridades para regular los contenidos que en la web hacen apología del delito. Resulta preocupante el aumento de agresiones perpetradas por jóvenes en instituciones educativas. Estos ataques comparten elementos comunes: los autores suelen ser seguidores o imitadores de matanzas masivas –como las de Columbine o Uvalde en Estados Unidos–, cuyas conductas son glorificadas en foros de Internet y plataformas digitales.

Frente a esta realidad, resulta imperativo actualizar los marcos jurídicos para sancionar eficazmente a las compañías tecnológicas cuyas plataformas promueven discursos de odio o incitan a la agresión. Los recientes incidentes en las aulas –donde jóvenes han atacado brutalmente a profesores y compañeros, provocando muertes e incluso trágicos suicidios– reafirman la necesidad de una intervención institucional del Estado.

Ante la dificultad para moderar el flujo masivo de información, el entorno virtual se ha transformado en un catalizador de la apología criminal y en un terreno fértil para la delincuencia. A esto se suma que la sobreexposición a dinámicas virtuales altamente violentas ha convertido a las redes sociales en espacios de influencia donde jóvenes vulnerables buscan la aceptación y pertenecer a comunidades donde se ensalzan conductas destructivas.

La existencia de comunidades virtuales que promueven este tipo de agresiones hace urgente un marco regulatorio estricto que combata la proliferación de contenidos nocivos. Estos mensajes se propagan sin control en el ecosistema digital, donde un simple “me gusta” a publicaciones violentas ha dejado de ser una reacción inocua. Hoy en día, esa interacción se ha convertido en un mecanismo de complicidad indirecta que facilita, acelera y normaliza la violencia en el mundo real.

Peña Nieto y Ayotzinapa

Ana Lilia Pérez

"La desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' es una herida abierta en la sociedad".

Enrique Peña Nieto disfruta desde hace ocho años de un retiro dorado en España. Entre campos de golf exclusivos –la misma afición a la que dedicaba sus tardes presidenciales en Los Pinos– y una activa agenda de la socialité, el exmandatario vacaciona en lujosos resorts de Punta Cana (República Dominicana) y asiste a ostentosas fiestas. La más reciente fue la boda del cantante israelí Omer Adam con Sacha Israelovich, celebrada en un castillo privado de Portofino, Italia. En las fotografías del evento, Peña Nieto aparece junto a un empresario israelí comercializador de Pegasus, el software espía que su Gobierno adquirió para espiar a periodistas.

Es la vida que lleva el priista a 12 años de que en su Gobierno ocurriera la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el crimen que desde hace años fue calificado como crimen de Estado por las complicidades, omisiones y encubrimientos de funcionarios públicos de los tres niveles, pero quien fuera el funcionario de mayor jerarquía sigue intocable, y sólo algunos de los funcionarios de su Gabinete, orquestadores de la cuestionada “verdad histórica”, están bajo proceso.

El Gobierno actual mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso Ayotzinapa, bajo el compromiso de continuar la búsqueda de los jóvenes, llegar a la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. En este contexto, el 28 de septiembre se presentaron los avances sobre nuevas líneas de investigación que surgieron a partir de que se aplicó una nueva metodología y herramientas tecnológicas para la revisión minuciosa de documentos, testimonios, registros, peritajes y comunicaciones.

Mediante esa revisión se identificó que, en días posteriores a la desaparición de los jóvenes, algunas de las líneas y equipos telefónicos que pertenecían a tres de los estudiantes desaparecidos se siguieron utilizando.

El reanálisis científico de las sábanas de comunicación de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 permitió identificar a 17 personas omitidas en las investigaciones previas. Algunas de esas personas eran miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales, estatales, servidores públicos y particulares –dueños de funerarias y concesionarios del Servicio Médico Forense (Semefo)– quienes se encuentran hoy bajo investigación formal.

Se trata de Rodolfo Rueda Sebastián, su hijo Rodolfo Rueda Mazón y otros miembros de su familia, propietarios de Funerarias El Ángel y Funerales Rueda. Esta familia no sólo controlaba el negocio funerario local, sino que también administraba el panteón municipal y poseía la concesión del Semefo en Iguala. Esta cadena de negocios les otorgaba la facultad de controlar desde el levantamiento de un cuerpo, su identificación, certificar causas de muerte y autorizar sepelios o incineraciones.

Según el informe, Rodolfo Rueda es una de las personas que utilizó un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos.

Se identificó que los dueños de esas funerarias estaban vinculados con Guerrero Unidos; en octubre de 2025 fueron detenidos por delincuencia organizada.

Entre marzo y junio de este año se realizaron cateos en sus funerarias y las instalaciones en las que operaban como concesionarios de Semefo; durante los cateos se localizaron fragmentos óseos y restos biológicos que en la actualidad de encuentran bajo análisis en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El informe detalla la continuidad de las búsquedas de campo en seis municipios, acompañadas de cateos, aseguramientos de inmuebles e intervención de comunicaciones.

Paralelamente la vertiente judicial del caso ha sumado detenciones contra exfuncionarios acusados de encubrimiento, alteración de pruebas y desaparición forzada. Entre las detenciones más recientes está la de Ángel Aguirre, el exgobernador que ordenó ocultar y destruir evidencia: videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, los cuales registraron parte de las agresiones cometidas contra los normalistas.

Para la indagatoria actual, resulta indispensable concretar la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien enfrenta una orden de aprehensión por tortura y desaparición forzada de personas, pero permanece en Israel sin que el gobierno de ese país haya concedido aún su extradición.

También están pendientes las extradiciones de Ulises Bernabé, exjuez de Barandilla en la Comandancia Municipal de Iguala y responsable del registro de detenidos la noche de los hechos; las investigaciones indican que varios estudiantes fueron conducidos ante él aquella madrugada. Y la extradición de Abraham Eslava, quien se desempeñaba como mando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) durante las primeras etapas del caso.

La desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” es una herida abierta en la sociedad.

Durante 12 años, las madres y padres de los normalistas han sostenido una búsqueda titánica e incansable por la verdad y la justicia. Lamentablemente ocho de ellos (dos madres y seis padres) fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos ni recibir respuestas.

Este crimen atroz golpeó a uno de los sectores más vulnerables del país. Los normalistas eran jóvenes provenientes de hogares campesinos, de albañiles, migrantes y trabajadores en condiciones de pobreza. Para ellos, la carrera del magisterio representaba no sólo una oportunidad de desarrollo profesional, sino la forma de servir a sus comunidades, ya que estos docentes suelen ser los únicos dispuestos a trabajar en las escuelas de las zonas más precarias y de difícil acceso del país.

Como retratos de vida frente al olvido, en su libro Ayotzinapa: Horas eternas, la periodista Paula Mónaco se encarga de rescatar las identidades de los estudiantes frente a la deshumanización de las cifras. A través de testimonios de familiares y amigos, el texto recupera las infancias, sueños e ilusiones que les fueron arrebatados:

Nos cuenta que, a Abel García, cuando era niño, le gustaba jugar canicas, correr por el río y hacerle bromas a su hermano. También jugar basquetbol, tenía novia y siempre andaba bien arreglado. Hablaba mixteco y estaba orgulloso de ello; por esa razón, decidió estudiar la carrera de maestro bilingüe en Ayotzinapa. Su meta era clara: “No voy a sentir vergüenza nunca y voy a hacer que nadie se burle de los que hablamos mixteco. Quiero enseñar a los niños para que sientan orgullo de su lengua, de ser indígenas”, decía.

También relata que don Ciriaco Vázquez, papá de Abelardo Vázquez, recordaba con orgullo que su hijo jamás lloró por ir a la escuela y asistía a clases incluso cuando los maestros faltaban. Durante sus vacaciones, Abelardo trabajaba en la albañilería junto a su padre. Con esfuerzo, su padre y su madre, Bernarda Penitén, le pagaron un curso de computación que resultó muy útil: mientras cursaba la preparatoria, consiguió empleo en la oficina de un grupo de ingenieros. Allí lo animaron a continuar preparándose, lo que lo llevó a decidir entrar a la Normal Rural.

Respecto a Adán Abraján, hijo de Bernabé Abraján y Delfina de la Cruz, menciona que tenía cuatro años cuando se aprendió completa la cumbia “El listón de tu pelo”, de los Ángeles Azules. Le gustaba bailar, cantar y jugar futbol.

Así cuenta uno a uno la historia personal de los estudiantes cuyos planes de vida fueron abruptamente truncados desde aquel septiembre en que se organizaban para participar en la marcha del 2 de octubre de 2014.

Aquel septiembre, los normalistas llegaron a Iguala con el único fin de conseguir autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Su objetivo era sumarse a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, una fecha que recuerda la matanza estudiantil de 1968, otro crimen de Estado perpetrado por agentes gubernamentales que quedó impune. No se puede permitir que ocurra lo mismo con Ayotzinapa.

A la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intentó dar un “carpetazo” mediante la construcción de la mal llamada “verdad histórica”, una narrativa enunciada por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam. Ese montaje, edificado en complicidad con diversos medios de comunicación, no sólo desvió las investigaciones, sino que revictimizó y estigmatizó a los jóvenes desaparecidos, en lugar de buscar la verdad.

Años después, las indagatorias conducidas por Alejandro Encinas al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), determinaron que la desaparición de los 43 estudiantes constituye un crimen de Estado, en el que concurrieron de forma directa integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, cobijados por la omisión y negligencia de autoridades federales y estatales “del más alto nivel” que alteraron los hechos para encubrir la verdad.

En el Guerrero gobernado por Ángel Aguirre, la penetración del crimen organizado era tal que las corporaciones policiacas operaban directamente bajo las órdenes de los líderes criminales.

Desde la federación, en las más altas estructuras gubernamentales, civiles y militares, se conocía la colusión de funcionarios y policías con el crimen organizado. El 26 de septiembre de 2014, autoridades de todos los niveles supieron en tiempo real que los normalistas eran blanco de ataques armados, había sistemas de videovigilancia, comunicaciones policiales y reportes militares. Además, el Ejército mantenía infiltrado a un soldado que operaba como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), quien hoy es uno de los jóvenes desaparecidos.

Al comprobarse que se trató de un crimen de Estado, la indagatoria federal en curso tendría que incluir al expresidente Peña Nieto y a toda su cadena de mando, civiles y militares. Peña Nieto debe rendir cuentas ante la justicia por el caso más grave ocurrido durante su gestión: un crimen imprescriptible que sigue impune. Mientras los padres luchan día a día por saber dónde están sus hijos bajo la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, el exmandatario se asolea en Punta Cana, juega al golf y asiste a fiestas de élite dentro de su burbuja de privilegio y frivolidad.

Las trampas de proveedores y funcionarios públicos

Ana Lilia Pérez

"La creación de sociedades de papel y 'factureras' no sólo surgió como una estrategia de evasión, sino como una herramienta para saquear el erario".

Históricamente, el sector gubernamental ha sido el principal contratante de bienes, obras públicas y servicios, lo que impulsa a las empresas privadas de todas las dimensiones a competir en licitaciones y adjudicaciones. Sin embargo, a lo largo de los años se consolidaron esquemas ilícitos diseñados para desviar recursos mediante contratos simulados y empresas fachada. La creación de sociedades de papel y de las llamadas “factureras” no sólo surgió como una estrategia de evasión fiscal, sino como una herramienta sistemática para saquear el erario bajo una apariencia de supuesta legalidad.

Ese mecanismo de corrupción implica la colusión de al menos dos partes: las empresas corruptoras y los funcionarios públicos coludidos. Así, el sector privado ha operado múltiples modalidades de fraude que permean diversos niveles institucionales, con la colusión y complicidad de funcionarios públicos en distintos ámbitos.

Por ello, es fundamental que las instancias de fiscalización y combate a la corrupción vigilen de manera permanente y con un enfoque preventivo tanto el gasto público como la conducta de los involucrados en las contrataciones gubernamentales.

Al respecto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), expuso durante la conferencia en Palacio Nacional los avances –que en sus dos años al frente de esa Secretaría– ha tenido en diversas investigaciones para el combate a la corrupción.

En la presentación que hizo de los casos y las cifras, expuso también las modalidades de las prácticas ilícitas detectadas:

Por parte de los contratistas, tanto personas físicas como empresas, hay los que suelen presentar documentación falsa para participar en licitaciones; otros que una vez que recibieron los contratos no entregaron los bienes o los servicios en tiempo o en forma, o que de plano nunca los entregan. Otros más que simulan experiencia técnica o capacidad económica falsificando documentación: falsean desde los currículums, la documentación de sus empleados, a veces ni siquiera tienen infraestructura o personal, sino que simplemente se trata de empresas de papel.

Están también las empresas que ocultan conflictos de intereses o simulan competencia: porque pertenecen a un mismo propietario, o a un mismo grupo empresarial o incluso que están vinculadas a funcionarios.

En esas tretas las empresas que simulan competencia suelen hacer propuestas económicas para las contrataciones públicas con montos muy elevados, manipulando los precios para que el contrato si o si lo reciba una de esas empresas, que suelen pertenecer a un mismo propietario.

Esa es otra de las trampas que desde hace muchos años han puesto en práctica proveedores gubernamentales en diversos niveles y en distintos sectores.

Por irregularidades como las antes descritas, 286 empresas han sido sancionadas, de esas 222 inhabilitadas y multadas, y 64 multadas.

En tanto que cuatro mil 193 servidores públicos han sido sancionados por conductas ilegales, tales como: otorgar o autorizar pagos indebidos; por autorizar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados; por aprobar compras innecesarias o hacer compras innecesarias e injustificadas; por sustraer información que podría incluir datos personales; por ocultar sus bienes o el incremento a su patrimonio; por falsificación de documentos; y algunos de ellos hasta por prácticas de hostigamiento y acoso sexual. Son algunas de las principales conductas por las cuales se ha sancionado al número de servidores públicos ya descrito.

De los casos en los cuales se han impuesto sanciones, en tres mil 528 se consideraron faltas no graves, y en 665 se consideraron como graves.

Relacionado con lo anterior, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se remitieron mil 737 expedientes de servidores públicos, y está en el ámbito de ese Tribunal determinar las sanciones correspondientes; de esos mil 650 se encuentran en etapa de proceso y 87 ya fueron notificados.

En manos de ese Tribunal están también 33 denuncias contra particulares vinculados como cómplices de servidores públicos.

Ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría Anticorrupción ha presentado 517 denuncias contra servidores públicos por delitos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

Uno de los casos en los que la Secretaría Anticorrupción logró ya inhabilitaciones de hasta por 20 años contra servidores públicos se relaciona con el desvío de más de 65 millones de dólares que cometieron funcionarios de la entonces Policía Federal relacionado con un contrato que firmaron en diciembre de 2015.

Ese año los funcionarios de la entonces Policía Federal contrataron supuestamente un servicio de inteligencia, por un monto de 130 millones de dólares; asignaron dicho contrato con el argumento de “seguridad nacional” y a cuenta de ese contrato los funcionarios sacaron 65 millones de dólares; el dinero salió, pero el contrato no se pagó.

La indagatoria identificó el desvío de recursos públicos, abuso de funciones de los servidores públicos, y logró estas inhabilitaciones de 15 y 20 años para el extitular de la División de Inteligencia y para la exsecretaria general de la Policía Federal, y está pidiendo la reparación del daño: los 65 millones de dólares; está en curso además la indagatoria penal que deriva de la denuncia que la Secretaría Anticorrupción presentó ante la FGR.

Otra de sus investigaciones se relaciona con una contratación que en 2025 hizo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, relacionado con servicios de producción y envasado de más de dos mil toneladas de frijol, por 80 millones de pesos, de los cuales de manera anticipada se pagaron 73.6 millones de pesos, lo que, explicó la Secretaria, constituye una irregularidad “porque los servicios se pagan hasta que se prestan, los servicios nunca se pagan de manera anticipada”. Y en ese contrato se pagó de manera anticipada, pero el servicio nunca se dio. Se remitió ya ante el TFJA y ante la FGR, la denuncia penal en contra de nueve servidores públicos y el proveedor.

Una indagatoria más derivó de una denuncia que en el año 2025 se presentó ante la Secretaría Anticorrupción, contra servidores públicos –del ISSSTE- y un proveedor, por el reetiquetado de medicamentos (en su mayoría oncológicos) en almacenes que además fueron contratados sin motivo ni fundamento. En febrero de 2026, la Secretaría comprobó el abuso de funciones y daño patrimonial cuantificado en 1.8 millones de pesos por parte de dos servidores públicos, y derivó la indagatoria ante el TFJA, y en la vía penal en la FGR.

Los resultados son importantes para el combate a la corrupción, muestran avances significativos en la fiscalización, pero también evidencian el rezago en la consolidación de sanciones penales: de las 517 denuncias que la Secretaría Anticorrupción ha interpuesto ante la FGR, contra servidores públicos y contratistas por delitos graves como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, fraude, lavado de dinero y peculado, hasta ahora sólo en 53 de esas denuncias han derivado en vinculación a proceso penal, lo que representa apenas el 10 por ciento de las denuncias formuladas.

De forma paralela, en el ámbito de la justicia administrativa también es excesiva la duración de los procesos. Esta lentitud también suele deberse a los tiempos y recursos legales –como el juicio de amparo– a los que recurren funcionarios y particulares para retrasar o evadir la acción de la justicia, lo que puede prolongar los litigios por años.

Investigar y sancionar la corrupción en el servicio público sigue siendo un proceso excesivamente lento. Desde que se inicia una investigación por conductas ilícitas de funcionarios o proveedores –derivada de denuncias o quejas ante las contralorías internas– y hasta que se dicta una sanción administrativa o penal, suelen transcurrir varios años. Esta prolongada duración obstaculiza la eficacia del Estado para castigar las irregularidades en la administración pública.

Ante este panorama, la Secretaría Anticorrupción diseña una propuesta de reforma legal en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación y el TFJA, para optimizar la gestión pública y el combate a la corrupción desde un enfoque preventivo.

Consolidar un sistema nacional anticorrupción que opere bajo este criterio en los tres niveles de Gobierno –federal, estatal y municipal– es un desafío inaplazable para un país que, históricamente ha arrastrado graves problemas en el manejo del erario y su fiscalización. Para ello la estrategia federal tendría que replicarse en los demás órdenes de Gobierno, ya que la dispersión de los fondos públicos diluye la capacidad de vigilar su correcta aplicación en tiempo real.

Por ello, la federación y los estados tendrían que unificar sus criterios de prevención y sanción frente a las artimañas que funcionarios y contratistas emplean para apropiarse indebidamente de los recursos públicos.

Resolver esta problemática requiere también fortalecer la fiscalización preventiva tanto desde la ASF como desde las auditorías estatales, porque muchas de áreas prácticamente se manejan como elefantes blancos solapando el manejo discrecional de los recursos por parte de gobiernos locales. De igual forma, el TFJA debe agilizar sus procesos para terminar con el crónico estancamiento de expedientes que en ese Tribunal suelen durar años.

Campañas electorales y políticos desesperados

 

Ana Lilia Pérez

"Ante su incapacidad para competir con una propuesta de partido, la desesperación llevó al PAN a arrancar los tiempos de campaña mediante gira por Europa".

En Estados Unidos, durante la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas, en plena campaña electoral, Donald Trump ofreció abiertamente cinco mil dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos logran mantener el control del Congreso –la Cámara de Representantes y el Senado– en las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Ni Trump ni su equipo explicaron cómo pretenden financiar esa promesa. La prensa estadounidense calificó la medida como inviable en términos financieros; diversos economistas calculan que incluso la recaudación fiscal actual que ese país tiene sería insuficiente para cubrir el monto total y que esa iniciativa provocaría una grave crisis inflacionaria de deuda.

Más allá de lo inverosímil de ese ofrecimiento, la clara intención de comprar votos evidencia la degradación del sistema político estadounidense. El país que alguna vez se autonombró “el faro de la democracia”, hoy tolera sobornos electorales abiertos. Esto desvirtúa por completo el derecho al ejercicio libre del voto, degradándolo a una mera transacción económica, y convierte las elecciones estadounidenses en un negocio financiero.

No es la primera vez que abiertamente Trump busca coaccionar el voto de manera directa, lo hizo incluso en otros países: lo hizo con los argentinos al advertirles que o votaban para que el gobierno de Milei conservara el control del Congreso en Argentina o no les daría respaldo económico mediante el mecanismo de intercambio de divisas (swap) por 20 mil millones de dólares. Luego hasta se jactó públicamente de que la victoria de Milei para retener el control del Congreso se debió a su intervención.

Anteriormente, Trump también prometió a los estadounidenses que cada uno recibiría un cheque de dos mil dólares financiado con el dinero recaudado por los aranceles comerciales que su gobierno ha impuesto a otros países. Aunque Trump ha mantenido su terrorismo arancelario contra medio mundo, esos cheques que le prometió a los estadounidenses nunca se los envió.

La decisión de Trump de ofrecer incentivos económicos directos a cambio de votos expone su desesperación frente al desplome del Partido Republicano en las encuestas. De mantenerse esa tendencia, los republicanos podrían perder el control del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato, lo que a Trump dificultaría la continuidad de su plan de gobierno. Este escenario es parte de las consecuencias de la baja aprobación ciudadana hacia su gestión, marcada por severas contradicciones; la más grave, a ojos de los estadounidenses es haber llevado a ese país a otra guerra, a pesar de haber prometido lo contrario durante su campaña electoral.

La guerra declarada contra Irán ha impuesto una carga financiera insostenible para Estados Unidos. El gasto se ha concentrado en el envío de recursos multimillonarios para armamento de alto poder, provocando además una profunda inestabilidad en el mercado energético global. Actualmente los estadounidenses enfrentan las consecuencia de ese prolongado conflicto, a través del deterioro de la economía local y una creciente inflación interna.

Al que sí ha dado enormes ganancias esta guerra es a Trump y su familia, quienes han aumentado su fortuna mediante inversiones en empresas bélicas, especulación con el negocio del petróleo y otros negocios.

Así el panorama, el descontento de la ciudadanía estadounidense se ve reflejado en la intención de voto dándole una ventaja al Partido Demócrata según los sondeos.

La realidad económica suele pasarle factura a los gobiernos en las elecciones de mitad de periodo, donde los ciudadanos hacen patente con su voto su aval para la continuidad, o el “voto de castigo”.

A menos de dos meses de las elecciones en Estados Unidos, los sondeos de opinión reflejan que la principal preocupación de los votantes es el deterioro de la economía interna y el encarecimiento del costo de vida. Como recordaba el estratega demócrata James Carville con su famosa frase “La economía, estúpido”, el impacto directo en el bolsillo es el factor que realmente define el ánimo del electorado estadounidense.

La ciudadanía estadounidense padece las consecuencias de tener un presidente enfocado en su beneficio personal, quien ha involucrado a ese país en un conflicto bélico cada vez más costoso e impopular. Esta gestión se refleja claramente en el desplome de su aprobación dentro de las encuestas de opinión.

Además, aunque la política migratoria le funcionó en el pasado para consolidar su base electoral, las atrocidades de los agentes del ICE contra migrantes y contra ciudadanos estadounidense –asesinados bajo balas de agentes migratorios en las indiscriminadas redadas– han generado un fuerte rechazo de amplios sectores de la población a esa política. Debido a eso, varios candidatos republicanos intentan suavizar sus discursos antimigrantes para atraer el voto de la comunidad latina.

Y es en ese contexto que ya de plano el Presidente de Estados Unidos le ofrece dinero a los votantes, una oferta económica directa a cambio de su voto, por más que quieran matizarlo, llamándolo “Dividendo Trump”. Y aunque las leyes federales estadounidenses prohíben estrictamente realizar pago o promesas financieras con el fin de influir en el voto de los ciudadanos.

De forma paralela, el inicio del Proceso Electoral 2026-2027 en México para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos a nivel estatal y miles de cargos a nivel local, arrancó con mucha intensidad, y también medidas desesperadas de dirigentes políticos:

Ante su incapacidad para competir con una propuesta de partido para el electorado, la desesperación llevó a la dirigencia del PAN a arrancar los tiempos de campaña mediante una gira por Europa. Durante ese tour Jorge Romero y sus acompañantes se fotografiaron en las instalaciones del Parlamento Europeo, en Bruselas, a donde acudieron también a solicitar la injerencia extranjera en México.

Esta acción emula a los conservadores del siglo XIX, quienes fueron a Europa a pedir una intervención en el país. O como hace de manera reiterada el dirigente del PRI en Estados Unidos. En esta ocasión los panistas no acudieron a Washington debido a que ese recorrido y las escalinatas del Capitolio son la escenografía en la que posa para fotos y videos el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, siguiendo las instrucciones de los estrategas estadounidenses a quienes paga por asesorías.

El arranque del proceso electoral tiene ya a todo lo que da campañas salpicadas de noticias y hasta supuestas “encuestas” falsas, que promueven medios de comunicación, en los que alientan de manera irresponsable e irrespetuosa la riesgosa intromisión extranjera en el país.

El inicio del proceso electoral se ensombrece por una oleada de desinformación. Diversos actores políticos y medios de comunicación difunden encuestas apócrifas y contenidos falsos que, alientan una peligrosa injerencia extranjera y vulneran la soberanía nacional. Esta preocupante insidia o carencia de rigor metodológico en los sondeos de opinión pública amenaza con distorsionar la contienda desde sus primeras etapas.

En este vertiginoso escenario, en las urnas no sólo se evaluará el desempeño de las distintas fuerzas políticas por alcanzar puestos de representación, sino que pondrán a prueba la capacidad del partido en el poder para consolidar la continuidad de su proyecto de Gobierno, frente a los intentos de la oposición por persuadir al electorado.

Son 20 mil 109 cargos de elección popular, por los cuales ocho partidos políticos (Morena, PRI, PAN, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y los nuevos Somos y PAZ) se disputarán los votos, algunos de esos partidos en alianzas.

Ya el proceso de selección de candidaturas exhibe el pragmatismo y oportunismo entre la clase política; el evidente reciclaje de políticos, las fracturas internas con inconformes a quienes no favoreció la designación; otros más que por su intensión de enquistarse en el poder mediante sus cónyuges y otros familiares se quitarán la camiseta de un partido, para ponerse otras siglas con tal de mantener sus feudos.

Ante la ausencia de un marco regulatorio estricto y con la complicidad de ciertos medios corporativos, el despliegue masivo de granjas de bots -emulando las cuestionadas estrategias de manipulación digital estilo Fernando Cerimedo- y el uso de Inteligencia Artificial (IA) como estrategias de campañas buscarán incidir en el proceso, por lo que el INE tendría que establecer mayor vigilancia en ese ámbito.

A ese complejo panorama local se suma el factor del vecino del norte, que ha intervenido mediante estrategias digitales en procesos electorales en países de la región, y ahora busca hacerlo en Brasil y también en México.

Políticos migajeros

Ana Lilia Pérez

"A estas alturas de su tragicómico historial, ver a Fox abrazando las ruinas del priismo ya no es sorpresa".

Vicente Fox tropieza, como de costumbre, con sus propias palabras. Su verborrea actual se enreda al grado de colocarlo al mismo nivel de aquellos a quienes antes fustigaba. Durante su campaña presidencial del año 2000, el panista cimentó su popularidad con una narrativa en que criticaba al PRI calificando a ese partido y sus integrantes como un nido de “mañosos, corruptos incorregibles, víboras prietas, alimañas y tepocatas”, esas eran las expresiones que utilizaba. Hoy se funde en un abrazo con la dirigencia del partido tricolor.

Como reza el viejo dogma de que en política “la forma es fondo”, Fox decidió llevar su cinismo al siguiente nivel: para su encuentro con la dirigencia del PRI en la sede de ese partido hasta se vistió a juego con Alejandro Moreno y la cúpula priista. Las fotografías así lo muestran: corbata roja a tono con el color institucional del PRI, y una combinación de sonrisas ensayadas y amnesia política.

A estas alturas de su tragicómico historial, ver a Fox abrazando las ruinas del priismo ya no es sorpresa, pero lo más absurdo es que apenas en mayo, en Chihuahua, Jorge Romero, lo elogiaba con bombos y platillos –junto a Felipe Calderón– como uno de los “baluartes” del panismo.

Durante su campaña presidencial, Fox afirmaba que “la corrupción es sinónimo del PRI” en este país, y ahora convoca a la unidad con dicho partido. Su urgencia radica en consolidar nuevamente una alianza para el proceso electoral que arranca formalmente este 10 de septiembre, donde se disputarán miles de cargos a nivel local, gubernaturas y la Cámara de Diputados.

El reciente encuentro entre Fox –acompañado con otros panistas que ahora se hacen llamar “Alma de México”– y la cúpula del PRI, va materializando las desesperadas súplicas de Alejandro Moreno para que la coalición “PRIAN” vuelva a figurar en las boletas electorales. Esta urgencia también responde a la necesidad de supervivencia del tricolor: al PRI le queda sólo presencia en dos gobiernos estatales (Coahuila y Durango), y en cuanto a su cobertura territorial ese partido perdió ya la estructura mínima requerida en seis entidades.

Además, los partidos políticos deben mantener al menos un número de militantes afiliados equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral federal, y la afiliación del PRI se desplomó.

La verificación del número real de militancia afiliada en sus padrones le corresponde al INE, en una revisión que realiza cada tres años. La más reciente concluyó en agosto y, según la compulsa que hizo el INE, el PRI tiene 819 mil 103 militantes.

Aunque el desgaste estructural de ese partido viene desde hace muchos años, la negativa percepción pública que se tiene de su dirigente Alejandro Moreno, también provocó la desbandada de sus integrantes y mucha de su militancia. El drástico desfondamiento de la militancia del PRI ha ocurrido precisamente bajo su gestión como presidente nacional del partido.

En agosto de 2019, cuando Alejandro Moreno asumió la dirigencia, el cotejo oficial del INE registró un padrón de seis millones 764 mil 615 militantes. Para 2023, más de cinco millones de personas ya se habían desafiliado, reduciendo la base a un millón 411 mil.  La debacle continuó, disminuyendo su número de afiliados a 819 mil 103, 42 por ciento menos que en 2023.

En balance, durante los años que Alejandro Moreno ha dirigido el PRI, ese partido perdió casi seis millones de afiliados; una contracción de más del 80 por ciento del padrón con el que recibió el cargo. Cada vez más disminuido, al PRI le urge coaligarse nuevamente con los otros partidos.

Para el PAN sus resultados tampoco son cifras alegres: el deficiente ejercicio de Gobierno de los sexenios de Fox y Calderón llevaron a su partido a perder posiciones de manera consecutiva.

En las elecciones de 2012 el PAN cayó a la tercera posición al obtener 25 por ciento de la votación. Esta tendencia a la baja se agudizó en 2018, cuando obtuvo el 17.84 por ciento de la votación.

En un intento de recuperar posiciones, se coaligaron con el PRI y el PRD, pero su estrategia resultó contraproducente: el PAN obtuvo apenas el 16.31 por ciento de los sufragios. Por su parte el PRD perdió su registro nacional al no alcanzar el mínimo legal de votos.

Después del descalabro de su coalición, en 2025 el PAN anunció su “relanzamiento”,  su estrategia de “afiliarse” con un solo click, prometiendo incluso que al afiliarse participarían en una rifa mensual de celulares Iphone. Con ese gancho tan superficial y vacuo, Jorge Romero intentó incentivar la afiliación al blanquiazul.

El PAN aumentó su militancia en 88 mil 439 afiliaciones: en los padrones de 2023 tenía 277 mil 665 afiliados, ahora tiene 366 mil 104.

Cuando Romero anunció el “relanzamiento” del partido y afiliación masiva, lo hizo también bajo la premisa de romper definitivamente sus coaliciones electorales, pero desde el día del anuncio se exhibieron contradicciones, porque tenía allí mismo en el evento a algunos priistas y perredistas que conformaría el ahora partido Somos, vinculados a Claudio X. González.

La incongruencia de sus figuras políticas ha derrumbado los mitos fundacionales que presumía el Partido Acción Nacional: el de Ernesto Ruffo Appel, a quien solían referirse como el primer Gobernador de oposición en la historia de México al romper la hegemonía del PRI en Baja California. Ese símbolo idílico se les desmoronó drásticamente: hoy Ruffo se encuentra bajo proceso judicial en prisión preventiva, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible (huachicol fiscal).

A ese colapso se suma el de Fox, a quien se le promovía como el panista que en el año 2000 logró la “alternancia” en el poder al “desterrar al PRI de Los Pinos”. Pero la nostalgia de aquella alternancia se disuelve en el cinismo. Aquel candidato que se ufanaba de “sacar a las víboras priistas” ahora es entusiasta promotor de ese mismo partido. Esto demuestra que su antigua retórica de campaña no fue más que la mercadotécnica de un gerente refresquero usando como gancho un supuesto “cambio”, para en realidad edificar su negocio personal a la sombra del poder público.

Aquellas frases coloridas y expresiones que en su momento empataron con el hartazgo ciudadano frente al régimen priista ciertamente le ganaron la simpatía de millones de votantes. El electorado vio en él una posibilidad de transición; sin embargo, todo quedó en un cambio de membrete y en actos teatralizados, como cuando en su campaña aplastaba figuras de plástico que simulaban a las “víboras prietas” de la corrupción, asegurando enardecido que así las erradicaría. Al final Fox sólo capitalizó el descontento social para su propio beneficio, comprometiéndose a cambios que nunca cumplió.

Más pronto habían quedado en el Congreso concretadas las primeras alianzas prianistas, como la conversión de la deuda privada del Fobaproa en deuda pública. Esta determinación, que hace casi tres décadas tomaron el PRI y el PAN, sigue costando millonarios recursos al erario a través de una deuda interminable que se paga año tras año, y que en su momento sirvió como salvadidas para unos cuántos empresarios beneficiados por esas componendas.

La Presidencia de Fox no representó una ruptura con el priismo, sino una continuidad intensificada del modelo neoliberal y un crecimiento desmedido de los privilegios para la “burocracia dorada”. La élite panista, que había prometido desterrar la corrupción del Gobierno, terminó repartiéndose los cargos para el uso, goce y beneficio personal de quienes estaban en el poder, cobrando y disfrutando lo que antes criticaban de los priistas, incluso con un costo mucho mayor para el erario.

Lo que se vivía en Los Pinos con una pareja presidencial como Vicente Fox y Marta Sahagún es muestra de lo que se vivió en aquel periodo. La pareja presidencial dándose vida de realeza, en estilo de derroche que era extensivo a secretarios de Estado y a quienes dirigían las paraestatales, pagándose a cuenta del erario también lujos y privilegio.

De esos años data el derroche y privilegio como el de Raúl Muños Leos, designando director de Pemex por Vicente Fox. Raúl pagaba las cirugías plásticas estéticas de su esposa Hilda con recursos de la paraestatal. A su vez la amiga de Hilda, Marta Sahagún, hacía pagar sus lujosos atuendos con recursos públicos.

Ese sistema de beneficios se extendía a la cúpula panista. En ese contexto se gestionó que a María Amparo Casar –entonces asesora de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación– se le autorizara la millonaria pensión vitalicia, que hasta ahora sigue cobrando, a pesar de las evidentes irregularidades en su aprobación.

Un caso que refleja los modos que se tenían en el Gobierno de Fox es el de la familia de Amparo Casar: su cónyuge, Carlos Márquez Padilla ingresó a Pemex asignado a un cargo directivo de alta relevancia porque era amigo de Octavio Aguilar Valenzuela, a quien Fox puso como director Corporativo de Administración de Pemex, y lo puso en ese cargo porque Octavio es el hermano de quien entonces era su vocero en la Presidencia, Rubén Aguilar.

Así era la designación y manejo de cargos en esos tiempos, en los cuales, a la sombra de Los Pinos Vicente Fox y Martha Sahagún, fueron operando el entramado que los llevaría a su dorada jubilación como poseedores de inmuebles y numerosas empresas de giros diversos.

El acercamiento actual de Fox con lo que queda del priismo tampoco resulta sorprendente. Ya desde el sexenio de Peña Nieto, Vicente Fox fue de los panistas que se volvieron de los principales promotores de ese gobierno; en el caso de Fox para hacer negocio.

Un claro ejemplo son las transacciones vinculadas al Centro Fox: desde el Gabinete de Peña Nieto se le mandaban funcionarios a “capacitarse” en sus “cursos de liderazgo”. Por los que el Centro Fox cobraba más de 20 mil dólares por funcionario, con cargo al erario.

En esos años Fox también cobraba su ostentosa pensión de expresidente y tenía al Estado Mayor como servidumbre personal.

En los próximos meses, con el proceso electoral, seremos testigos de nuevas alianzas. Esta unión de membretes y políticos, en muchos casos no responde a coincidencias ideológicas, sino al lucrativo negocio que les garantiza la supervivencia de los partidos. Al final, aunque ahora pretendan autonombrarse el “alma de México” sólo buscan asegurar prerrogativas, exhibiéndose como lo que realmente son: vulgares migajeros.