"Alito" y su costoso show

Ana Lilia Pérez

"Parecería que el cerco de indagatorias y proceso judicial se cierra sobre 'Alito', pero está por verse si en el Congreso procede su desafuero".-

Envalentonado por la inmunidad que le otorga el fuero constitucional, el Senador priista Alejandro Moreno ha convertido las escalinatas fuera del Capitolio estadounidense en su fondo de pantalla para la foto y escenario para sus videos en los que, con una retórica agresiva y repetitiva, amenaza con denuncias que dice presentar contra el Gobierno de México y hasta contra consejeros del Instituto Nacional Electoral, al mismo tiempo que, de manera patética le implora al gobierno estadounidense que intervenga en México.

El político que arrastra de manera sistemática los peores niveles de aprobación en las encuestas de percepción ciudadana, parece empecinado en consolidarse como el sepulturero definitivo del PRI, y en esa ruta fue despojando al partido tricolor de lo poco que le quedaba de aquella base ideológica con que un día fue fundado, que era la bandera del nacionalismo revolucionario y la defensa de la soberanía, lo que "Alito" aniquiló con su actitud absolutamente entreguista ante el gobierno estadounidense.

Y es que Alejandro Moreno hizo de los despojos del PRI su franquicia personal, para usar las siglas como membrete para suplicarle a gobiernos extranjeros y a otras instancias internacionales que intervengan en los asuntos internos de México.

Su teatralizada estrategia –que incluye violentas artimañas porriles tanto discursivas como físicas– tiene como finalidad evadirse de los cargos que se le imputan por enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones, defraudación fiscal y lavado de dinero que arrastra desde su periodo de Gobierno en Campeche (2015-2019) cuando fue acumulando lujosas propiedades, bienes muebles e inmuebles de las que hay discrepancias fiscales millonarias, que son los cargos señalados por la Fiscalía de Campeche.

A partir de que esa Fiscalía abrió carpetas de investigación relacionadas con esos delitos y que comenzó a indagar las inconsistencias e irregularidades en su inexplicable patrimonio, Alejandro Moreno, ya entonces como Diputado federal y presidente nacional del PRI empezó con su estrategia de viajes al extranjero y denuncias que él promueve como “denuncias contra la narcodictadura”.

Así, cada vez que hay avances en las indagatorias de la Fiscalía de Campeche, el dirigente priista se organiza otra “gira internacional” y difunde videos con su altisonante perorata.

En su viaje más reciente para fotografiarse en las escalinatas del Capitolio, el 10 de agosto escribió en sus redes sociales que acudió a Washington a denunciar a consejeros del INE ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Días antes la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una resolución en la que determinó procedente la adopción de medidas cautelares contra las calumniosas publicaciones realizadas por Alejandro Moreno a nombre del PRI y difundidas en los canales oficiales del tricolor en las que hizo graves acusaciones en contra de Morena. En específico cinco publicaciones realizadas desde las cuentas de Alejandro Moreno como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta del PRI, en las que usa términos como “narcodictadura” y otros similares.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó el retiro de esas publicaciones al considerar que “podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos”.

"Alito" respondió con la repetición de su show desde Washington. Un show que tiene un costo.

Recientemente la revista Forbes publicó que el presidente del PRI paga 120 mil dólares por gestorías -en seis cuotas mensuales de 20 mil dólares- a una empresa de relaciones públicas que le coordina su agenda logística en sus visitas a Washington.

La empresa contratada, cita Forbes, es Concord Hill Strategies, “quien le coordina la logística de las reuniones con funcionarios del gobierno de Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos, así como le recomienda cómo vestirse en esos encuentros”.

Aunque el PRI tiene muy disminuida su presencia como partido y en número de afiliados, ese partido aún recibe recursos públicos millonarios que se le transfieren como prerrogativas, y que "Alito" utiliza para su intensa autopromoción: prácticamente todas las campañas tienen su rostro; manda imprimir su nombre en bardas, mantas, pósters y toda clase de promocionales; aparece también en anuncios que el PRI paga en televisión, radio y multiplataformas.

Son además sus retratos lo que rellena los “libros” a los que destina millones de pesos. Describo uno de éstos que, en el año 2022, para el 93 aniversario del PRI, su dirigente mandó hacer: lleva su retrato en la portada, en 47 de 408 páginas incluye fotografías donde él aparece, y su nombre se menciona 50 veces. En ese “libro” gastó un millón 624 mil pesos.

Alejandro Moreno asumió la dirigencia del PRI en 2019, y ha manejado desde entonces en promedio más de mil millones de pesos anuales que ese partido ha recibido para su gasto ordinario, más lo adicional en años de campaña.

Modificando los estatutos del PRI, Alejandro Moreno se reeligió como dirigente del partido para el periodo 2024-2028, en un proceso de reelección ampliamente criticado por muchos de sus correligionarios y que generó otra desbandada de priistas.

Para 2024, año de elecciones, el PRI recibió más de mil 200 millones de pesos para sus gastos ordinarios y más de 600 millones para sus gastos de campaña. Fue en ese periodo cuando "Alito" se asignó el primer lugar de la lista nacional del PRI para el Senado por representación proporcional, con lo que aseguró también su fuero.

Para el próximo 2027, al PRI se le transferirán más de mil 300 millones de pesos, para sus gastos ordinarios y para gastos de campaña, según las cifras del anteproyecto de presupuesto aprobado por el INE.

De ese tamaño sería la bolsa de recursos que maneje el dirigente de ese partido, quien seguirá con su autopromoción y “giras” pagadas con recursos públicos, si es que en San Lázaro siguen manteniendo en la congeladora su proceso de desafuero.

A cada avance en las indagatorias que la Fiscalía de Campeche hace relacionadas con las carpetas de investigación que se le imputan, "Alito" intensifica sus agresivos mensajes.

Las más recientes son la detención y vinculación a proceso del contador Luis Antonio Espinosa Campos, y de Carlos Alberto Medina Hernández, a quienes se imputa el delito de peculado, la malversación y desvío de recursos públicos mediante un entramado en el cual se habrían desviado al menos 36 millones de pesos utilizando empresas fantasma con operaciones simuladas (EFOS), a través de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche con Alejandro Moreno.

A diferencia del contador Espinosa Campos, a quien se le dictó prisión preventiva, a Medina Hernández recién se le modificó la medida cautelar y obtuvo el beneficio de libertad provisional bajo fianza, para que lleve su proceso en libertad.

Parecería que el cerco de las indagatorias y proceso judicial se va cerrando en torno a Alejandro Moreno, pero está por verse si en el Congreso procede su desafuero, que prácticamente se ha mantenido en la congeladora por años, evidenciando que los modos priistas de negociaciones y complicidades aún pesan en San Lázaro, y que los políticos siguen utilizando el fuero como un instrumento para la impunidad.

La Constitución, en su Artículo 111, mandata que para que una persona que tiene fuero sea sujeta a procesos de índole penal en un tribunal, tiene que pasar primero por un procedimiento en el que se le retire la inmunidad procesal penal.

Para retirar esa protección, la Cámara de Diputados debe realizar una declaratoria de procedencia –desafuero– a través de su Sección Instructora. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspende todo procedimiento, pero “ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continué su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo”. Si la Cámara declara que “si ha lugar”, “el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con apego a la Ley”.

La Fiscalía de Campeche solicitó desde hace ya varios años que el Congreso iniciara juicio de procedencia para el proceso de desafuero a Alejandro Moreno, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones, defraudación fiscal y lavado de dinero de su periodo como gobernador.

Pero en la Sección Instructora el expediente se mantuvo archivado, luego se dijo que la documentación se había extraviado, después, ante los diversos cuestionamientos por su evidente inacción, a finales del año pasado el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, salió a decir que sería en febrero de 2026 cuando se retomaría la revisión del caso, pero transcurrieron los meses y tampoco pasó.

Hace unos días, tras la detención y vinculación a proceso de los excolaboradores de Alejandro Moreno, en San Lázaro parecieron recordar que en la Sección Instructora está pendiente la revisión de la solicitud de desafuero.

Al frente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores mantuvo congelado el proceso de desafuero del dirigente del PRI, y ahora Hugo Eric Flores está entretenido en dirigir su nuevo partido, el PAZ, que recibirá una partida presupuestal cuantiosa. En el anteproyecto de presupuesto del INE se estipula que el PAZ recibiría más de 157 millones de pesos para sus gastos ordinarios y más de 47 millones de pesos para campaña.

Ahora los legisladores dicen que será en septiembre, al arranque del último año de la actual Legislatura que se discutirá el caso de Alejandro Moreno. Así que "Alito" seguirá impune y montando su show con cargo al erario, en tanto la inacción cómplice de los diputados lo mantenga con fuero.

Ángel Aguirre, Peña Nieto y la impunidad en el caso Ayotzinapa

Ana Lilia Pérez

"En septiembre se cumplirán 12 años de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, más de una década sin verdad ni justicia".-

Con la vinculación a proceso de Ángel Aguirre, quien era Gobernador en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) parece avanzar en la indagatoria para el esclarecimiento de ese crimen, el más grave de desaparición forzada de las últimas décadas, y el de mayor impunidad, que a casi 12 años de ocurrido sigue sin resolverse.

La participación de Ángel Aguirre en la desaparición forzada de los estudiantes nuevamente pone en evidencia el grave nivel de corrupción de los funcionarios involucrados en esa atroz acción y su colusión con grupos del crimen organizado.

El entonces Gobernador –según las imputaciones de la Fiscalía– ocultó y ordenó destruir evidencia: los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27, que precisamente grabaron las agresiones a los normalistas que viajaban en el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro, el cómo y quienes los sacaron, y hacia dónde se llevaron a los estudiantes.

Según la información que ha obtenido la FGR –a partir de la cual obtuvo los elementos de prueba para la vinculación a proceso– Ángel Aguirre dio la orden de destruir los videos, porque evidenciaban que su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez tenía relación con el crimen organizado, con el grupo "Guerreros Unidos", y que habría participado en la desaparición de los jóvenes normalistas.

La designación que Ángel Aguirre hizo de muchos de sus familiares en puestos de su Gobierno fue documentada por la prensa local, que incluso destacó el poder que ejercía Ernesto Aguirre Gutiérrez en el Gobierno de su tío.

A Ernesto su tío lo designó Coordinador de Planes y Proyectos Estratégicos, luego lo dejó como asesor. Pero además Ernesto Aguirre representaba al propio Ángel Aguirre en eventos. Así, por ejemplo, en actividades gubernamentales a las que acudían a Guerrero funcionarios del Gobierno federal, del Gabinete de Peña Nieto, era Ernesto Aguirre el que en ocasiones representó al Gobernador.

Ángel Aguirre, un priista de toda la vida fue en los años noventa, Gobernador sustituto del sanguinario cacique Rubén Figueroa, cuando éste fue destituido por el Congreso tras la matanza de Aguas Blancas. Fue también funcionario en varios gobiernos priistas en la entidad, además de dirigente de su partido y legislador; pero renunció al PRI cuando no le dieron la candidatura a las elecciones de 2011, y entonces se hizo perredista, partido bajo cuyas siglas asumió el cargo de Gobernador ese año.

Aunque con membrete de otro partido, en su Gobierno simplemente dio continuidad a las mismas caciquiles prácticas priistas de represión y corrupción. Al respecto, las organizaciones independientes de defensores de derechos humanos en la entidad dieron cuenta de manera puntual de los abusos y represión en ese periodo contra defensores de derechos humanos, activistas y estudiantes.

Además, en los años de Ángel Aguirre como Gobernador, Guerrero se ubicó como una de las entidades con mayor número de homicidios y otros indicadores de violencia, también por la diversificación de grupos del narcotráfico, algunos escindidos de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, así como por la fuerte presencia que alcanzaron grupos como "Guerreros Unidos" y "Los Rojos", particularmente por su enorme nivel de cooptación de funcionarios y policías en el estado, a tal punto de controlar varios de los municipios.

El grado de penetración y vinculación de grupos del crimen organizado se evidencia a partir de que eran las policías las que operaban y actuaban según les ordenaran los líderes criminales. Los jefes de plaza de los cárteles eran a su vez mandos policiacos, quienes se encargaban de recaudar el cobro de derecho de piso, de levantones y ejecuciones a nombre de los grupos criminales.

En las más altas estructuras gubernamentales se tenía conocimiento de la operación y cooptación de funcionarios y policías con grupos del crimen organizado. El mapeo criminal de la entidad la tenía identificada instituciones del Gobierno federal, sin embargo, desde la federación también había omisiones.

A partir de la amplia información y documentación que fue obteniendo en su indagatoria, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) describe en uno de sus informes que, en Guerrero, y especialmente en Iguala, la violencia se incrementó desde el 2012, y el índice de desapariciones y muertes violentas fue ascendiendo también, que en esa época, el índice delictivo por entidad del país es ocupado en primer lugar por Guerrero.

Cifra que del 1 de diciembre de 2012 al 1 de agosto de 2014 se registraron en esa entidad dos mil 265 hechos delictivos, incluidas ejecuciones y secuestros.

Detalla dicho informe que, “para el 2014 existen varios mensajes de instituciones de Sedena, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia CRFI de Iguala y del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, que alertan sobre existencia de crimen organizado, de la presencia de 'Guerreros Unidos', de acciones de violencia extrema, incluso 10 o 15 días antes de la desaparición de los normalistas en Iguala. En muchos de esos documentos existen referencias precisas de lugares, presencia de grupos armados, presencia de filtros de entrada y salida, y control de medios de transporte de servicio público”.

Agrega, que “existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena en ese momento sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que lejos de ser cuestiones ajenas al propio ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto que permitían tener conocimiento directo de la situación”.

De manera que ese año 2014, la delincuencia y vínculos de autoridades locales con el crimen organizado fueron del conocimiento de las instituciones del Gobierno federal, pero éste era omiso.

Y es que el de Peña Nieto era un Gobierno que vivía en la frivolidad absoluta, comenzando por el Presidente quien con su familia se la pasaban en la parafernalia y superficialidad en Los Pinos, o en sus fastuosas giras frecuentes por el mundo.

Ante sucesos tan graves como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de Peña intentó dar “carpetazo” mediante la mal llamada “verdad histórica”, enunciada así por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam. Un montaje con el que, en complicidad de muchos medios de comunicación, revictimizaron y estigmatizaron a los desaparecidos.

Años después, derivado de las indagatorias que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), encabezó Alejandro Encinas, en sus informes la CoVAJ determinó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos" y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Que autoridades federales y estatales “del más alto nivel” fueron omisas y negligentes, respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

Señala la CoVAJ en sus informes que “la creación de la ‘verdad histórica’, fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.

Detalla que la que Murillo Karam anunciaría como “verdad histórica” se fundó en una versión “que fue adoptada durante una de las sesiones del Gabinete realizada en la oficina del Presidente de la República”, es decir, la oficina de Peña en Los Pinos.

En septiembre se cumplirán 12 años de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, más de una década sin verdad ni justicia.

21 personas vinculadas al caso fallecieron, algunos en diversas circunstancias y otros fueron ejecutados. Se contabilizaban muchas detenciones, pero muchas de esas también quedaron sin efecto por maniobras de jueces del antiguo Poder Judicial.

Aunque en los informes más recientes –que son los emitidos por la CoVAJ– se reconoció como un crimen de Estado, muchos de los responsables aún siguen impunes.

Ángel Aguirre es el segundo exfuncionario público de mayor jerarquía en el cargo que ha sido vinculado a proceso –el primero fue Murillo Karam–, el exgobernador estuvo impune, y tan se sentía impune que aparecía en eventos y reuniones con sus amigos políticos, como lo mostró una fotografía que en enero de 2024 publicó el Senador priista Manuel Añorve Baños en su red social, donde aparecen él, Ángel Aguirre y Alejandro Moreno, con el mensaje: “Junto a mi primo y exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, visitamos en su oficina a mi Presidente alitomoreno”.

Al tratarse de un crimen de Estado, la Fiscalía debe llegar hasta las más altas estructuras, para no queden impunes los exfuncionarios públicos involucrados por acción o por omisión, incluido Enrique Peña Nieto, quien disfruta de un retiro dorado en España.

Fortuna de narcos, ganancia para Estados Unidos

Ana Lilia Pérez

"Si se considera el tiempo en que 'El Mayo' estuvo activo en el narcotráfico, desde sus 16, se volvió más poderoso que cualquier otro narcotraficante".

En su redituable sistema consistente en extraditar narcotraficantes, negociar con ellos información e incautarles parte de la fortuna amasada durante su actividad criminal, a cambio de sentencias “benévolas”, Estados Unidos ve en el sinaloense Ismael Zambada García, "El Mayo" , la posibilidad de obtener el mayor decomiso a un narcotraficante: 15 mil millones de dólares, según la sentencia que se le dictó en julio pasado.

Dos años después de que su ahijado Joaquín Guzmán López –hijo de Joaquín Guzmán Loera– lo secuestrara transportándolo en un avión cuya propiedad se atribuye el FBI (Buró Federal de Investigaciones), para entregárselo a las autoridades estadounidenses y, tras aceptar su culpabilidad en delitos de narcotráfico, el 20 de julio Zambada fue sentenciado a cadena perpetua y a que le decomisen 15 mil millones de dólares.

Su defensa ya había adelantado que Zambada se declararía culpable y aceptaría la sentencia del Juez Brian Cogan (el mismo que procesó a Joaquín Guzmán Loera y a Genaro García Luna) para no ir a juicio y que le permitiera cumplir su condena en un centro penitenciario con atención médica, en lugar de una prisión de máxima seguridad.

Si se considera el tiempo en que "El Mayo" Zambada se mantuvo activo en el narcotráfico, desde sus 16 años de edad (nació en 1948), se volvió más poderoso que cualquier otro narcotraficante, incluso más que el colombiano Pablo Escobar, quien estuvo 23 años en el narcotráfico, de los años setenta a 1993, cuando fue abatido en su tiempo como prófugo.

Para Zambada trabajaron delincuentes como Guzmán Loera, los hermanos Beltrán Leyva y muchos otros narcotraficantes.

Usando los alias de Gerónimo López Landeros, Javier Hernández García, Mario Zambada García, mantuvo un bajo perfil, por lo que generó enorme revuelo mediático la publicación de la entrevista que le hizo el periodista Julio Scherer García, que se publicó en abril de 2010 en la revista Proceso.

Relató el periodista que el encuentro tuvo lugar en la sierra, en una construcción rústica edificada sobre una superficie de tierra apisonada, y bajo un techo de troncos y bejucos. “Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma”, escribió.

Aquella reunión ocurrió meses después de que Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", fuera extraditado a Estados Unidos, tras permanecer por un tiempo en un penal de máxima seguridad. Al respecto Scherer, le preguntó:

“–¿Y Vicente?

–Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros.

–He de preguntarle, soy lo que soy. A propósito de su hijo, ¿vive usted su extradición con remordimientos que lo destrocen en su amor de padre?

–Hoy no voy a hablar de ‘Mijo’. Lo lloro.”

Al poco tiempo de extraditado Vicente Zambada se volvería “testigo colaborador” a cambio de una pena benévola; se le determinó un decomiso de un millón 373 mil dólares. Años más tarde su medio hermano Serafín Zambada Ortíz fue detenido y se le ordenó el pago de 250 mil dólares. Contrario a "El Mayo", sus hijos como Serafín, eran asiduos a hacer en redes sociales ostentación de objetos de lujo, armas, fajos de dinero, vehículos deportivos, animales exóticos.

Desde hace por lo menos 20 años, el Departamento del Tesoro fue identificando activos mediante los cuales Ismael Zambada a través de sus familiares, de testaferros, socios y operadores han lavado parte de las ganancias criminales, negocios de todo tipo, de todo giro comercial: ranchos, centros comerciales, empresas del sector ganadero, de producción de leche, agrícola, comercializadoras, constructoras, autotransporte, gasolineras, parques acuáticos, y hasta una estancia infantil.

Para las autoridades estadounidenses siempre ha sido redituable extraditar narcotraficantes también, porque en los procedimientos ya sea mediante juicio o las negociaciones directas que realizan con integrantes de las organizaciones criminales, les incautan parte de esas fortunas que acumularon mediante negocios ilícitos.

Como decomisos, multas o “reparación del daño” catalogan lo que van obtenido de capos que procesan bajo un sistema de justicia en el que los criminales pueden tener beneficios si “colaboran” en los términos que las agencias y fiscales estadounidenses deciden.

El monto que se determinó como el decomiso que buscan obtener de "El Mayo", sería el más alto hasta ahora para un narcotraficante. El segundo fue el que se impuso a su compadre Joaquín Guzmán Loera, a quien se le sentenció a pagar 12 mil 600 millones de dólares.

En el caso de Ovidio Guzmán López, extraditado en 2023, al poco tiempo su extradición comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses para volverse testigo colaborador a cambio de penas benévolas.

Se declaró culpable de cargos de conspiración de tráfico de drogas y que, tras el arresto y posterior extradición de su padre, él y sus tres hermanos –Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín– conocidos como "Los Chapitos" asumieron el liderazgo del grupo criminal en la sociedad que tenían con Zambada García y otros como Damaso López.

El acuerdo de culpabilidad se formalizó en julio de 2025 y allí se estipuló un decomiso de 80 millones de dólares como reparación de daño que tendrá que hacer.

Los beneficios que la justicia estadounidense ha dado a esa facción del Cártel de Sinaloa incluyó el que se recibieran y protegieran a 17 integrantes de su familia.

Otro de los montos cuantiosos fue el que en 2017 se le determinó pagar a Alfredo Beltrán Leyva, una multa de 529 millones de dólares.

Años antes, a los hermanos Arellano Félix y a algunos de sus lugartenientes que fueron extraditados y procesados por delitos de conspiración para tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero, también se les decomisaron millones de dólares.

Benjamín Arellano Félix, alias "El Señor" o "El Min", dirigió la organización Arellano Félix o Cártel de Tijuana –en conjunto con sus hermanos Ramón, Eduardo y Francisco Javier– desde 1986.

Benjamín fue detenido en marzo de 2002 en una casa del estado de Puebla, apenas unas semanas después del asesinato de su hermano Ramón, en Sinaloa. "El Min" estuvo prenso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, hasta 2011 cuando fue extraditado.

En menos de dos meses negoció admitir su culpabilidad de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de no ser enjuiciado por todas las muertes que se le imputaban. Se le sentenció a 25 años de prisión con la posibilidad de ver reducida su pena “por buen comportamiento”, y se le ordenó pagar 100 millones de dólares.

En 2007, a Francisco Javier Arellano, "El Tigrillo", se le sentenció a pagar 50 millones; él fue detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos en agosto de 2006, cuando viajaba en su barco Doc Hollyday. El mismo monto se estipuló como sentencia a Eduardo Arellano, el último de los hermanos en ser procesado.

A sus lugarteniente los hermanos Ismael y Gilberto Higuera, se les impuso multas por cinco millones de dólares y un millón de dólares respectivamente.

Otro de los narcotraficantes que negoció con el gobierno estadounidense fue Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien proporcionó información en extensas declaraciones que fueron sellados “de por vida” y pagó una multa de 50 millones de dólares.

Su hermano Mario fue extraditado en 2022 y tras declararse culpable acordó entregar 10 millones de dólares.

Mario Cárdenas Guillén junto con otros familiares de Osiel, asociados con Los Zetas conformaron el grupo criminal que llamaron La Compañía, que hizo del robo y contrabando de combustible, el huachicol, uno de sus negocios principales a nivel binacional.

En junio de 2025, a Jaime González Durán, "El Hummer", uno de Los Zetas extraditados, se le sentenció a 35 años de prisión y a pagar 792 millones de dólares. En septiembre de ese mismo año, a otro zeta extraditado: Eleazar Medina-Rojas, "El Chelelo", se le sentenció a 31 años de prisión y un decomiso de 26.5 millones de dólares.

Otros líderes de ese grupo criminal también extraditados, como los hermanos Treviño Morales están aún bajo proceso, y aún no se estipula el monto que los fiscales piden confiscarles, su audiencia está programada hasta 2028.

En el caso de Edgar Veytia, el polémico Fiscal de Nayarit apodado "El Diablo", es otro de los narcotraficantes que negoció convertirse en “testigo colaborador” a cambio de una sentencia benévola también. En 2017 fue detenido y procesado por el gobierno estadounidense por conspiración internacional para fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana mientras desempeñaba su cargo público en Nayarit. Se declaró culpable, se hizo testigo colaborador para que se le redujera la condena, y pagó un millón de dólares.

Así algunos de los montos que las autoridades estadounidenses han obtenido al procesar narcotraficantes extraditados.

Ahora que está reciente la sentencia en la cual el sistema de justicia de Estados Unidos valoró en 15 mil millones de dólares el monto a decomisar a Zambada, por parte del Gobierno de México también se tendrían que intensificar los procesos para que las autoridades de nuestro país puedan tener parte de esos decomisos.

Hay ya un antecedente de un caso en que por primera vez el Gobierno de México presentó en tribunales de Estados Unidos demandas para recuperar activos relacionados con el esquema de corrupción del narcotraficante Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad del Gabinete de Felipe Calderón.

En septiembre de 2021, el Estado mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en cortes de Florida el caso contra García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y sus socios y operadores de una red de corrupción y lavado de dinero.

Tras un litigio de casi cuatro año, se dictó la primer sentencia favorable para el Estado mexicano: en mayo de 2025 el tribunal de Florida condenó a García Luna y Linda Pereyra a pagar 2448 millones de dólares. Como parte de la sentencia algunos de los activos le han sido incautados, pero apenas cubren una parte de los montos, así que se tendrán que seguirse rastreando e identificando los activos a nombre de García Luna, de su esposa o de sus testaferros para proceder a su incautación.

Una segunda resolución se emitió en mayo de este año, en esa sentencia se determinó que la familia Weinberg, socios contratistas de García Luna, deben resarcir al Estado Mexicano 578.5 millones de dólares.

En el caso de Zambada y su organización criminal, los decomisos podrían derivarse además de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas contra el narcotraficante; son 32 carpetas de investigación, según informó la Fiscalía recientemente.

De manera que tendrían que identificarse todos los activos que el grupo criminal ha operado mediante familiares y testaferros, para proceder a las incautaciones.

La incautación de activos y la extinción de dominio son herramientas legales esenciales para desmantelar las finanzas del crimen organizado. Su aplicación permite al Estado confiscar bienes ilícitos y redirigir esos recursos hacia fines públicos y sociales, como una manera también de resarcirle a la sociedad los daños provocados por esos grupos mafiosos.

Hijos de narcos y academias de élite

 Ana Lilia Pérez

"Para cuando Wendy Amaral matriculó a su hijo en esa academia 'de élite' llevaba tres años enlistada en Los Cuinis y el CJNG".

Con un campus ubicado en Bradenton, Florida, Estados Unidos, la IMG Academy se promueve como “el mejor campus del mundo”, para “formación deportiva y académica” de “élite” con modalidades educativas que tienen como opción el programa de clases durante el día o como internado, para grados de secundaria y preparatoria cuya matricula tiene un costo anual de 79 mil 400 a 99 mil 900 dólares.

El nombre de esa escuela, que dice tener una admisión “selectiva”, vuelve a colocarse en las páginas de la prensa no porque esté a punto de iniciar el ciclo escolar, sino porque la jalisciense Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja de Gerardo González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses, en específico la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) que le impedía realizar operaciones en el sistema financiero estadounidense, al realizar transacciones por 504 mil 497 dólares para el pago de la matrícula de su hijo en esa academia “de élite”.

La Ley Kingpin está vigente en Estados Unidos desde 1999 y mediante esta se prohíbe a cualquier persona física o moral realizar transferencias, negocios, o cualquier tipo de transacción con individuos y organizaciones extrajeras que operan en actividades de narcotráfico identificadas y enlistadas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Desde por lo menos el año 2015 el nombre y la fotografía de Wendy Dalaithy Amaral Arévalo aparece en los listados elaborados por la OFAC, como parte de la red de operadores y lavadores de dinero de Los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Wendy Amaral nació en Guadalajara, Jalisco, en 1980 y en 2002, a sus 22 años de edad, se casó con Gerardo González Valencia con quien tiene tres hijos.

Gerardo, alias "el Flaco", es uno de los hermanos González Valencia que conforman la organización criminal Los Cuinis, dirigidos por su hermano Abigael, también fundadores y operadores del extinto Cártel del Milenio y luego convertidos en el principal brazo operativo, financiero y de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde que ese cártel lo fundara y dirigiera su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" esposo de su hermana Rosalinda González Valencia.

Gerardo, su esposa Wendy Amaral y sus hijos llevaban una vida de lujos, viajando por países de Europa, Sudamérica, acudiendo a safaris en África y partidos del Mundial como el de Brasil en 2014. Desde 2009 vivieron en Argentina donde habitaban lujosas propiedades y operaban negocios fachada. Allí también matricularon a sus hijos en un costoso y exclusivo colegio privado en el que estudian hijos de diplomáticos.

En 2011 se trasladaron a vivir a Uruguay y comenzaron también a adquirir propiedades en Montevideo y Punta del Este. De igual manera en ese país matricularon a sus hijos en colegios costosos.

Incluso, apenas en marzo, el gobierno de Uruguay subastó cuatro propiedades decomisadas a Gerardo González Valencia, entre esas un lujoso y enorme inmueble de 15 mil metros llamado “Quincho Grande” que tiene una mansión de mil metros de construcción y jardines, piscina y canchas deportivas, en el parque de Golf de Punta del Este. González Valencia lo había adquirido en 2011 por dos millones de dólares.

Gerardo y Wendy decían que eran empresarios y que vivían de arrendar inmuebles y estacionamientos en México.

Desde Uruguay y países de la región Gerardo coordinaba trasiegos de droga hacia Estados Unidos mandándolos por semisumergibles y otras embarcaciones, y se encargaba también de las operaciones de lavado de dinero para el CJNG, hasta que fue detenido en 2016, en un operativo en que lo atraparon justo cuando había acudido a recoger a dos de sus hijos en el exclusivo colegio de Montevideo en el que los había matriculado, la Escuela Italiana, otra de las costosas escuelas de élite por las que pasaron sus hijos.

Cuando lo detuvieron, el gobierno de Uruguay le abrió proceso por lavado de dinero. Estuvo allí cuatro años preso intentando frenar –mediante estrategias jurídicas– el proceso de extradición que las autoridades estadounidenses habían solicitado. Finalmente fue extraditado en el año 2020.

En Estados Unidos, la OFAC identificó que entre 2018 y 2022, la exclusiva academia ubicada en Florida recibió los pagos de la matrícula de uno de sus hijos. Para cuando Wendy Amaral matriculó a su hijo en esa academia “de élite” llevaba por lo menos tres años enlistada en el grupo de Los Cuinis y el CJNG.

Al aparecer en la lista de personas identificadas como operadores o vínculos con grupos criminales, las personas físicas o morales que realizan o reciben esas transacciones incurren también en violaciones a la Ley Kingpin, de allí que la investigación se hizo extensiva a esa escuela privada derivó en que en febrero pasado esa escuela llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar 1.72 millones de dólares por aparentes violaciones de sanciones antinarcóticos relacionadas con la admisión de hijos de personas ligadas a un cártel de drogas, y por recibir y procesar pagos por esas matrículas.

El martes 28 de julio el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo se declaró culpable de violar deliberadamente la ley al realizar transacciones y operaciones inmobiliarias con IMG Academy, en la que su hijo asistía a cursar la preparatoria.

En palabras del Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, “Wendy Dalaithy Amaral Arévalo violó deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico al canalizar más de medio millón de dólares provenientes del narcotráfico como pagos de matrícula a través de la Academia IMG en Bradenton, Florida, a pesar de tener prohibido realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense”.

Se imputa a Wendy Amaral utilizar el pago de matrícula a la escuela como vía para canalizar millones de dólares provenientes del narcotráfico para el CJNG. Para las autoridades estadounidenses su declaración de culpabilidad “expone la audacia calculada y el alcance sofisticado de las redes financieras de los cárteles que operan dentro de Estados Unidos”.

Desde julio de 2023, su exmarido Gerardo González Valencia, fue sentenciado a cadena perpetua por cargos de conspiración para distribuir cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

De los cargamentos que Gerardo González Valencia enviaba vía marítima, algunos le fueron interceptados: uno de 280 kilos de cocaína que se trasegaban en un semisumergible; otro de 750 kilos de cocaína que mandó ocultos en tiburones congelados. También Gerardo se encargaba de traficar las armas de Estados Unidos para México para el CJNG y Los Cuinis.

Por muchos años, los González Valencia han operado el entramado financiero para el lavado de dinero del CJNG. En los Panama Papers se expuso cómo contrataron los servicios del polémico despacho panameño Mossack Fonseca para adquirir bienes mediante empresas offshore.

A Los Cuinis se les ha identificado toda clase de negocios para lavado de dinero operados por las parejas de los González Valencia o sus testaferros o socios: negocios de inversión, gasolineras, restaurantes, edificios, inmuebles, renta de cabañas, y muchos otros giros comerciales en varios países.

El tipo de transacciones que Gerardo González Valencia y Wendy Amaral Arévalo hacían de país en país con dinero del narcotráfico evidencia cómo el dinero con origen criminal se inyecta y circula en ámbitos de todo tipo, incluso los que se promueven como academias “de élite”.

Tras admitir su culpabilidad de violaciones a la ley, Wendy Amaral enfrenta cargos por los cuales podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. Será el próximo 2 de diciembre cuando se le dicte sentencia.

Ernesto Ruffo y los contrabandistas “con respetabilidad”

Ana Lilia Pérez

"El huachicol fiscal involucra delincuentes comunes y de cuello blanco, estos últimos suelen ser funcionarios, empresarios, 'hombres de negocios' con fachada de 'respetabilidad'".

El contrabando de combustible inició hace décadas en el país y creció a la par que el robo de hidrocarburos a las instalaciones de Pemex en sus diversas modalidades: toma clandestina, buques, terminales de almacenamiento y refinerías. En la modalidad de contrabando metían combustibles por las fronteras, principalmente las de Tamaulipas, haciéndolos pasar como aceites, lubricantes o algunos otros derivados; en algún tiempo simplemente le llamaban energéticos “genéricos”; los encargados de su transportación eran los mismos que transportaban para Pemex hidrocarburos de uno y otro lado de la frontera, y los comercializadores de esos “genéricos” los empresarios dueños de compañías de transporte y franquicias gasolineras que se autoabastecían y abastecían a otros transportistas, fábricas, empresas, comercios y muchos otros clientes.

A partir de la reforma energética peñanietista en que se dio la apertura a la importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, esa apertura sin que se establecieran mecanismos de controles volumétricos ni de trazabilidad de los combustibles, en un mercado donde crecía exponencialmente la comercialización de combustibles de origen ilícito, detonó también el contrabando, sobre todo en su modalidad de contrabando técnico dicho coloquialmente como huachicol fiscal: utilizando documentación falsa o documentos con datos falsos como el declarar sustancias distintas a las reales, o declarar volúmenes mucho menores.

En los primeros años de aplicación de la reforma energética peñanietista se otorgaron mil 377 permisos de importación para gasolina, diésel, turbosina y gas avión, gas licuado de petróleo, así como aceites crudos de petróleo. De esos permisos mil 363 se le autorizaron a privados y 14 a Pemex.

Muchos de esos permisos que se le otorgaron a los privados –personas físicas o morales– sin que acreditaran siquiera que eran empresas que operaban de manera legal, o que tenían infraestructura o capacidad técnica para la actividad que realizarían, de manera que entre las beneficiarias hubo también empresas fachada y factureras, y también empresas que nunca acreditaron contar con la infraestructura para el manejo de combustibles.

En esos tiempos del peñanietismo tampoco las autoridades hacendarias establecieron mecanismos para realizar cruces de información de los volúmenes de combustible que se metían al país, lo que se comercializaba y lo que se declaraba ante aduanas y al fisco.

En síntesis, omisión o colusión que generó que se sistematizaran operaciones organizadas de contrabando técnico, que evidentemente vinculaba a funcionario cómplices.

Aún y cuando entraban barcos, trenes, pipatanques con enormes cargamentos, no se reportaban ante las autoridades hacendarias, y cuando se hacía, en las aduanas usualmente decían que eran precisamente aceites o desechos de aceites, naftas, o alguna otra materia prima que evadía el pago de impuestos, utilizando también documentación apócrifa para evadir el pago de los impuestos correspondientes.

En las redes de contrabando técnico el agente aduanal tiene un lugar clave, porque son estos quienes facilitan documentación en la que se registra la información falsa para encubrir los volúmenes de combustible, o declarar otras sustancias, es decir, una declaración falsa.

El agente aduanal es formalmente la persona física autorizada por Hacienda mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, o previstos en la Ley Aduanera.

Los agentes aduanales son quienes representan a los importadores y exportadores ante la aduana para llevar a cabo el despacho de sus mercancías y son coadyuvantes de la autoridad y enlace entre el sector público y los importadores y exportadores, por eso su operación resulta clave para las redes de huachicol fiscal.

La colusión en puertos, aduanas terrestres, marítimas, patios fiscales por parte de empleados gubernamentales consistía en que daban validez a esos documentos y no realizaban las pruebas ni verificación física para comprobar que se trataba de lo que decían los documentos.

El otro eslabón del contrabando lo constituye la parte de comercialización. Y en cuanto a permisos de comercialización con las reforma energética peñanietista se autorizaron centenares de permisos también a personas físicas o morales que algunas operaban sólo como factureras, y que tampoco se verificaban los volúmenes de comercialización.

Entre 2019 y 2024, ya en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, más de mil 300 de los permisos de importación fueron cancelados por incumplimientos diversos: había empresas que por periodos de más de un año habían declarado que no habían realizado importaciones de combustibles, pero se les detectaron cargamentos; otros que declaraban que habían metido cargamentos que habían registrado como desechos de aceite o aceite y en realidad era gasolina o diésel; otros que usaban documentación falsa.

Revisé muchos de los expedientes donde se presentaba la argumentación de por qué se les cancelaban los permisos.

Sin embargo, algunos beneficiarios de dichos permisos se ampararon contra la resolución. Una de las empresas a la que desde 2019 se le retiró el permiso por detectársele irregularidades diversas, fue Ingemar –en la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo es accionista–, pero de manera influyente la empresa logró obtener un amparo del Poder Judicial, del antiguo Poder Judicial. Fue un Juez el que ordenó a la Sener que le restituyera el permiso, y así fue como la compañía siguió operando.

En ese contexto, cuando se desplegaron operativos de verificación, se fue identificando también empresas que continuaban metiendo cargamentos de contrabando técnico; es decir, con información o documentación falsa.

En julio de 2025, en Ramos Arizpe y Saltillo se detectaron 129 carrostanque de ferrocarril con un cargamento ilegal de 15.5 millones de litros de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación y en las indagatorias se fue identificado las empresas y los involucrados en esa trama, una red de contrabando que involucra empresas que operan en México y en Texas, en Estados Unidos mediante un estructurado mecanismo para encubrir sus operaciones ilícitas.

Durante un año se realizó la indagatoria identificándose a Ingemar como una de las empresas involucradas, junto con otras 11 compañías de México y Estados Unidos.

A partir de los elementos de prueba, en julio de 2026 la FGR obtuvo las órdenes de aprehensión como medida cautelar justificada para ocho de las 25 personas que se identificó en esa red.

En las órdenes de detención que hasta ahora se han hecho como parte de la indagatoria, el 16 de julio fue detenido Ernesto Ruffo, junto con otros de sus socios de Ingemar como Ricardo Thompson, bajo los cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

En una audiencia inicial se les dictó prisión preventiva justificada trasladándolos al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La audiencia para que la Jueza del caso determinaría si se vincularía o no a proceso a los ocho detenidos inició la tarde del martes 21 de julio prolongándose hasta el día siguiente. Una larga audiencia a puerta cerrada por petición del MP, ya que se pusieron a disposición los elementos de prueba de la Fiscalía de una indagatoria en la que aún hay vinculados que no han sido detenidos, además de presentarse los alegatos de cada uno de los abogados defensores.

Además de la red de contrabando en que está implicada Ingemar, actualmente la FGR investiga centenares de empresas involucradas en la utilización de documentación falsa para el contrabando y comercialización ilícita de combustibles.

La defensa que políticos y en medios de comunicación corporativos han hecho de Ernesto Ruffo, es que fue el primer Gobernador de oposición: del Partido Acción Nacional al entonces mayoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue Gobernador de Baja California de 1989 a 1995. Su carrera política incluye que en el gobierno de Fox fue comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, y años después también fue Diputado y Senador.

Pero parte de su biografía es también que una de sus empresas –en la que es socio junto con otros– está involucrada en contrabando de combustible.

A partir de que el gabinete de seguridad informó sobre el aseguramiento en Ramos Arizpe y Saltillo de los carrostanque que transportaban 15.5 millones de litros, y de las indagatorias que se hacían a las empresas involucradas, los socios de Ingemar empezaron a dar declaraciones públicas de supuestas disputas internas: los Thompson acusaron que Ernesto Ruffo y José Merino Valdez Cuervo les redujeron su participación accionaria, intentando los Thompson de deslindarse de las operaciones ilícitas.

En ese repartidero de culpas y deslindes, el abogado de Ruffo, Fernando Gómez Mont, ha dicho en medios de comunicación que la responsabilidad es de la transportista, una empresa de Nuevo León. En la indagatoria son las autoridades las que deberán determinar, comprobar con evidencia de la participación que en esa red tenía cada uno.

Gómez Mont el abogado de Ruffo es por cierto tío de Inés Gómez Mont, otra implicada en redes de factureros. El abogado fue Secretario de Gobernación de Calderón en tiempos en que el Secretario de Seguridad era Genaro García Luna.

Hace unos años a Ruffo eran sus compañeros de partido quienes le hacían graves señalamientos: en 2017 en sus redes sociales Felipe Calderón, su compañero de partido, solía tuitear mensajes en que a Ernesto Ruffo y su hermano se les vinculaba con los Arellano Félix. Ahora salió en su defensa. Tan incongruente Calderón como cuando en su libro acusaba a Jorge Romero –el dirigente del PAN– de extorsionador, y ahora le aplaude y acude a cuanto evento le organiza.

Para cuando Ruffo se integró como consejero a Somos México, ya llevaba tiempo bajo investigación al igual que sus socios, por el cargamento en los ferrotanques asegurados por el Gabinete de Seguridad en 2025.

El contrabando técnico de combustible, como lo es el genéricamente llamado huachicol fiscal involucra diversos eslabones: empresas que tengan autorizaciones formales para importar, exportar, comercializar combustibles, agentes aduanales que facilitan la documentación falsa o con datos falsos, así como operadores logísticos, funcionarios omisos o cómplices de esas redes.

Ha quedado clara y comprobada la participación de agentes aduanales en las redes de contrabando, y fue por eso que en 2025 se cancelaron 41 patentes aduanales, y también se reformó la Ley Aduanera.

El huachicol fiscal involucra delincuentes comunes y delincuentes de cuello blanco, estos últimos suelen ser funcionarios, empresarios, “hombres de negocios” con fachada de “respetabilidad”, banqueros que se encargan de la parte financiera, así es como funciona el negocio del crimen organizado.

El huachicol, tanto en su modalidad de robo a las instalaciones de Pemex, como el que entra de contrabando conforman un mercado ilícito de combustible inmenso, y ha sido por décadas un flagelo para el país, no sólo en términos de impacto económico, sino social, y con muchas implicaciones; colude delincuentes con funcionarios corruptos, es crimen organizado. Para combatirlo son necesarias las investigaciones profundas que indaguen y logren desarticular cada uno de los eslabones que componen las redes criminales, aplicando la Ley sin distingos, porque históricamente el delito de cuello blanco es el que ha tenido mayor impunidad.

ICE, con licencia millonaria para abusar

 Ana Lilia Pérez

"La muerte de Lorenzo a manos del ICE ha generado movilizaciones, protestas en EU, y por parte de México la presentación de 17 denuncias penales".

Ronaldo reconoció la voz de su papá Lorenzo Salgado Araujo en un video que circuló en redes sociales. La imagen mostraba a un hombre gritando por auxilio mientras yacía herido, desangrándose en el suelo sometido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Horas antes, como hacía de manera cotidiana, Lorenzo salió de madrugada de su casa para recoger a sus compañeros de cuadrilla y comenzar su larga jornada en su trabajo en la construcción, iba con ellos cuando camionetas sin rótulos ni insignias le cerraron el paso; de allí descendieron los agentes que lo sacaron de su camioneta, lo sometieron y le dispararon.

A Lorenzo lo mataron dos veces: la primera por las arteras balas que cegaron su vida, la segunda despojándolo de sus identificaciones y documentación para hacerlo pasar como “desconocido”.

Hasta hace unos años era obligatorio que los agentes del ICE portaran cámaras corporales, pero el gobierno de Trump se opuso a las cámaras; los agentes que le dispararon a Lorenzo no las llevaban. Pretextaron que lo confundieron con otra persona a quien llevaban días vigilando y lo revictimizaron acusándolo de que supuestamente pretendía usar su vehículo como arma; sin embargo, han salido a la luz videos que contradicen esa versión y muestran el abuso de los agentes; están también los testimonios de los compañeros de Lorenzo, testigos de lo ocurrido.

Acusar a sus víctimas de que supuestamente pretendían usar su vehículo como “arma”, o que los agentes “se sintieron en peligro”, es una artimaña que con más frecuencia usan los integrantes del ICE para excusarse de sus criminales abusos, un guion que se repite una y otra vez, que han usado también en los casos de los estadounidense a quienes han matado, así lo hicieron con Renee Good en enero de 2026, y antes con Rubén Ray Martínez en marzo de 2025.

La misma artimaña usaron también los agentes en Chicago, cuando en septiembre de 2025 le dispararon a Silverio Villegas, originario de Michoacán, de 38 años de edad. La mañana en que lo mataron, Silverio había dejado a sus hijos en la guardería y se dirigía a su trabajo como cocinero, cuando agentes del ICE lo interceptaron. Le dispararon en el cuello.

Ahora, la muerte de Lorenzo a manos de agentes del ICE ha generado movilizaciones, protestas en Estados Unidos, y por parte del gobierno de México la presentación de 17 denuncias penales contra el ICE por el caso de Lorenzo, y los de otros connacionales que han muerto durante los operativos antimigración o durante su confinamiento en los centros de detención que son operados por empresas privadas.

Es tan relevante como necesario el paso que da el Gobierno de México al transitar de las notas diplomáticas a las denuncias formales por los casos de connacionales muertos bajo custodia del ICE, porque además de ir en aumento, son consecuencia de una política antimigración ejecutada por agentes que han hecho cotidianas sus letales prácticas fascistas.

Seis días después de que Lorenzo fue asesinado, en Maine, Joan Sebastián Guerrero, un joven colombiano de 23 años de edad, quien tenía permiso de trabajo e incluso número de seguridad social, también moría cuando los agentes del ICE lo sacaron de su vehículo y le dispararon.

Desde el arranque del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025 arreció su política antimigración que busca hacer la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Para aplicarla inicialmente al frente del Departamento de Seguridad Nacional designó a Kristi Noem, y al frente del ICE a Gregory Bovino, quienes hicieron un espectáculo de los violentos operativos que ellos mismos encabezaban.

A raíz del escándalo por las muertes de Alex Pretti y Reene Good, Noem fue reemplazada en marzo de 2026 por Markwayne Mullin, y en el ICE de manera interina se dejó a David Venturella, sustituido hace dos semanas por Lancge Schroyer. Han cambiado a las cabezas, pero las prácticas son las mismas.

En junio pasado, un grupo de senadores remitió una carta al Secretario Mullin, y al entonces director interino del ICE, Venturella, para expresarles su alarma ante el aumento de muertes de inmigrantes bajo custodia del ICE. Contabilizaban 50 fallecidos a partir del arranque del segundo mandato de Trump. Recién había ocurrido la muerte de Mamuka Artmeladze, inmigrante georgiano de 43 años de edad, en el Centro Correccional Winn en Louisiana, donde el ICE lo tenía desde hacía cuatro meses.

Señalan en esa carta que las muertes de personas bajo custodia del ICE “deben entenderse en el contexto de las decisiones políticas deliberadas de esta Administración”, ya que, dicen los senadores, el Departamento de Seguridad Nacional “ha expandido agresivamente el uso de la detención, ha intentado someter a amplias categorías de inmigrantes indocumentados a detención obligatoria sin audiencias de fianza individualizadas y ha continuado defendiendo esa política”, con más personas detenidas durante períodos más prolongados, “esto ha ejercido, como era de esperar, mayor presión sobre un sistema que ya padece negligencia médica y condiciones peligrosas”.

“Su administración, o bien no tuvo en cuenta este resultado previsible o procedió a pesar de él”, –le dicen al Secretario Mullin, y al director interino del ICE.

Aluden a un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) que reveló las graves condiciones en que opera el centro de detención ubicado en Texas, (Camp East Montana en Fort Bliss), creado como parte de los planes de deportación masiva del gobierno de Trump, y en el cual al menos tres detenidos han fallecido. Subrayaron los “graves problemas en las condiciones del centro, incluyendo dormitorios insalubres, fallas médicas y una muerte por uso de la fuerza que posteriormente fue declarada homicidio”.

Alertan lo grave que resulta la operación de centros de detención que no tienen las condiciones físicas ni legales adecuadas, cuyas instalaciones están deterioradas, donde no hay un adecuado suministro de alimentación, con deficiencia en el servicio médico, y en los cuales se registran incidentes de uso prohibido de la fuerza.

Señalan además que, contrario a la ley, el ICE está operando con carácter punitivo y que los centros de confinamiento prácticamente operan como cárceles.

Detallan casos de familias con niños detenidas durante periodos prolongados, o personas que por su condición de víctimas estaban en proceso de solicitud de asilo y de visa, y que fueron llevados a esos centros de detención recluidos durante meses. También ciudadanos detenidos por confusión de los agentes.

En esa carta, los senadores pidieron a los funcionarios los registros e información relacionados con las revisiones específicas de cada una de las muertes ocurridas bajo custodia del ICE.

Revisé los registros oficiales que el ICE tiene sobre las personas fallecidas bajo su custodia y se trata de personas originarias de México, Colombia, Cuba, Etiopía, Ucrania, República Dominicana, Vietnam, Haití, Canadá, China, El Salvador, Jordania, Guatemala, Filipinas, Pakistán, Eritrea, Nicaragua, Bulgaria, Camboya, Irán, Afganistán, Georgia.

De los ciudadanos mexicanos muertos en esos centros, el más joven de ellos era Royer Pérez Jiménez, de 19 años de edad, originario de San Juan Chamula, Chiapas. Royer trabajaba en un restaurante en Florida cuando fue detenido en febrero de 2026 y llevado a un centro del ICE. Cuando lo ingresaron su estado de salud era normal, según la ficha de registro del ICE, dos semanas después lo encontraron colgado en una ducha. El informe dice que supuestamente lo encontraron “inconsciente, con una ligadura de tela alrededor del cuello sujeta a un elemento fijo de la ducha”, que “los agentes que acudieron al lugar iniciaron de inmediato maniobras de salvamento, comenzando con la reanimación cardiopulmonar”, pero que murió.

En su informe el ICE dice que fue suicidio, pero su familia ha rechazado esa versión y han pedido que se investigue.

Hay otros casos en similares situaciones: el fallecimiento de Hebert Sánchez Domínguez, según la ficha de registro del ICE: “El 14 de enero de 2026, aproximadamente a las 02:03 horas, un oficial del pabellón encontró al Sr. Domínguez con una ligadura alrededor del cuello, atada a la litera de su celda, y activó el protocolo de emergencia médica. El personal de custodia retiró la ligadura y lo colocó en el suelo. A las 2:05 a.m., llegaron dos enfermeros; al encontrarlo inconsciente, sin pulso y sin respiración”.

Son sólo algunos de los casos de connacionales que han perdido la vida bajo custodia del ICE, cuyas causas y circunstancias, a partir de las denuncias que presentó el Gobierno de México, deberán ser investigadas.

Es en el gobierno de Trump que la agencia (que fue creada en 2003 mediante la fusión de las unidades de investigación y control del Servicio de Aduanas y el Servicio de inmigración), ha cobrado mayor presupuesto pese a su notorio historial de graves abusos por parte de sus agentes.

Al mismo tiempo que se ha recortado abruptamente presupuesto a la ciencia, educación, a los centros de investigación médica, en contraste el dinero no se escatima al ICE, por el contrario: el año pasado el Congreso le asignó presupuesto para que ampliara el número de agentes, y en junio se le autorizaron 70 mil millones de dólares para que junto con la Patrulla Fronteriza refuercen sus operaciones por lo menos hasta el término de la administración de Trump.

La muerte de Lorenzo y del joven colombiano Joan Sebastián a manos del ICE ocurre en días en que supuestamente Estados Unidos tendría que ser un territorio de fiesta por el evento mundial del balompié; pero se volvieron días en que recrudecieron los operativos antimigración.

Ya lo alertaba Amnistía Internacional en el informe que emitió en marzo y que comenté en este mismo espacio: que en el contexto del Mundial, la política antimigración del gobierno estadounidense se advertía como el mayor riesgo, la mayor amenaza, porque, “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias estadounidenses se han transformado en unos cuerpos que actúan al estilo paramilitar y en los que agentes federales armados y enmascarados han echado abajo puertas para irrumpir sin orden judicial en hogares, y han detenido, recluido, sometido a abusos arbitrariamente y han matado a miembros de comunidades en todo el país”.

Cuando los agentes dispararon y mataron a Lorenzo, lo revictimizaron despojándolo de sus identificaciones y documentos, para llevarlo como “desconocido”. De manera valiente sus hijos han compartido ampliamente ante medios de comunicación quién era su padre, los recuerdos que les deja; se les escucha honrarlo, dignificarlo.

Lorenzo Salgado, originario de Tlatlaya, en el Estado de México, emigró a Estados Unidos hace 35 años y desde entonces trabajaba de sol a sol para sostener a su familia, para la educación de sus hijos “para que nunca nos faltara nada”, han dicho ellos.

En sus palabras: “Mi papá Lorenzo Salgado Araujo fue un hombre humilde, un hombre que nada más quería trabajar, para dar mejor vida para su esposa, nuestra madre, y para mis hermanos. Él se levantaba cada mañana y hacía las mismas cosas cada día: se levantaba, se vestía, agarraba su lonche y se iba al trabajo desde las seis de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, 12, 14 horas en el sol de Houston, de Texas, para proveer para nosotros, para darnos de comer, para darnos educación, para que nunca nos falte nada en esta vida”.

De Lorenzo, han dicho sus hijos: “Yo quiero que la gente sepa de mi papá, que siempre nos decía que le echemos ganas en esta vida, que la educación nos va a llevar adelante, yo quiero que mi papá ustedes lo recuerden como un hombre de familia, un aficionado de la Selección de México, de las Chivas de Guadalajara. Que sepan que mi papá fue un hombre honesto, trabajador, que él le dio oportunidades de trabajo a muchas personas, gente venía a nuestra casa, tocaba la puerta para pedirle a mi papá la oportunidad de trabajar con él, que él le dio a mucha gente, a muchos hombres la oportunidad de trabajar con él, para construir casas para la gente de Houston”.

Las muestras de solidaridad y afecto hacia la familia de Lorenzo confirman el profundo aprecio y arraigo que el connacional tenía dentro de su comunidad. A través de la presentación de demandas formales se abre la posibilidad de que su familia, así como las familias de los otros connacionales muertos bajo custodia del ICE, encuentren verdad y justicia.

Trump, Infantino y el Balogun Gate

 Ana Lilia Pérez

"Lo que Trump toca lo ensucia, así, la carrera de Balogun quedó atrapada en el centro de la polémica ante la intromisión presidencial".

Toda clase de refranes, expresiones jubilosas, ironías y memes se desataron en redes sociales, blogs y canales de transmisión durante y después del encuentro futbolístico entre las selecciones de Estados Unidos y Bélgica. Con un marcador de 4 goles contra 1, el equipo europeo dejó fuera de la contienda al anfitrión en un estadio de Seattle.

La disputa se esgrimió más allá de la cancha y quedará como uno de los episodios por los cuales se recordará este Mundial: las manos de Trump manchando la competencia.

“La pelota no se mancha”, decía Maradona; sin embargo, cuando el torneo llegó a cancha estadounidense, un Donald Trump ególatra, autoritario y habituado a transgredir las leyes, romper las reglas, ignorar los reglamentos e imponer su voluntad, también lo hizo con la contienda futbolística que organiza la FIFA. Como todo lo que toca lo mancha, la Copa no fue la excepción.

Horas antes del partido por el pase a los cuartos de final –celebrado el 6 de julio–, el nombre de Folarin Balogun, delantero de la Selección de Estados Unidos, ocupó las páginas de la prensa internacional más allá de la sección deportiva. El jugador se colocó en el centro de la polémica debido a la abierta y escandalosa intromisión del Presidente de Estados Unidos, quien llamó a Infantino para que la FIFA anulara la suspensión de Balogun y así permitirle jugar contra Bélgica. Trump saboteó el “juego limpio” en un abierto abuso de poder.

Folarin estaba suspendido porque durante el partido previo, entre las selecciones de Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, recibió una tarjeta roja por pisar el tobillo y la pierna del defensa Tarik Muharemovic, provocándole una aparatosa torcedura. El artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA, que deben cumplir todos los participantes, establece que una tarjeta roja de expulsión conlleva que el jugador quede suspendido para el siguiente partido.

“Las expulsiones conllevarán automáticamente la suspensión durante el siguiente partido. Los órganos judiciales de la FIFA podrán imponer adicionalmente otras suspensiones por partidos y otras medidas disciplinarias”, cita el Código. De manera que, según el reglamento de la FIFA, al haber sido expulsado, Balogun no podía participar en el partido siguiente contra Bélgica.

Sin embargo, Donald Trump llamó a Infantino para que la FIFA levantara la suspensión. El propio mandatario estuvo ufanándose y alardeando de dicha intervención. Y la FIFA levantó la suspensión, lo que desató fuerte indignación y enojo de los otros contendientes.

La Real Federación Belga de Futbol (RBFA) solicitó a la FIFA el informe del árbitro, así como los documentos del procedimiento que llevó a la decisión y la justificaciones mediante las cuales se declaró que Balogun podría jugar. En respuesta la FIFA declaró como inadmisible la “apelación”, lo que, en consideración de la RBFA constituyó “una violación de las normas de la FIFA”.

Explica la RBFA en un comunicado que, al enterarse de la decisión de la FIFA, solicitó el informe del árbitro, así como los documentos del procedimiento y las justificaciones mediante las cuales se declaró que Balogun podría jugar; sin embargo, la FIFA no entregó ninguno de esos archivos. Que, si bien la federación belga simplemente solicitó una aclaración legítima, la FIFA convirtió unilateralmente “esta solicitud en una apelación, para luego declararla inadmisible de inmediato”. El comunicado añade que, “al mismo tiempo, la FIFA se negó a responder a las solicitudes de información, perfectamente legítimas”, de la federación.

Las ligas europeas de futbol reaccionaron expresando su indignación. En un comunicado, la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Futbol), –que es la confederación y máximo organismo de ese deporte en Europa, que agrupa a 55 federaciones– se posicionó con firmeza: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

La comunicación oficial de la UEFA fue contundente:

“El futbol, como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad.

“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”.

La polémica decisión de la FIFA, tras la abierta intromisión de Trump, hizo ineludible recordar otros episodios de manipulación política sobre la Copa del Mundo. Una clara muestra de ello ocurrió en 1934, durante la segunda edición del torneo que tuvo como sede Italia, cuando Benito Mussolini intervino para coaccionar a los árbitros a favor del equipo de su país. Otro antecedente fue la injerencia de Adolfo Hitler en el Mundial siguiente, el de 1938.

Hay quienes señalaron el desenlace del partido que sacó a la Selección de Estados Unidos de la contienda como un “karma”. Lo cierto es que la abierta intromisión de Trump se le revirtió rápidamente: en la cancha, Balogun tuvo un mal desempeño y, en ese polémico encuentro, el equipo estadounidense perdió frente a Bélgica, con un estrepitoso marcador de 4-1. De allí que el resultado se convirtiera en uno de los más celebrados del Mundial, un alivio equiparable al rechazo e indignación que generó la conducta de Trump, calificada como un claro tráfico de influencias y abuso de poder en complicidad con Infantino.

El tema no quedó zanjado con el marcador. Por el contrario, se tornó en un escándalo mayúsculo para Infantino: en el Parlamento Europeo, un grupo de eurodiputados presentó una iniciativa para solicitar que se investigue la conducta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el caso Balogun, así como la presión del Presidente de Estados Unidos para que la FIFA levantara la sanción al jugador.

El posicionamiento de los legisladores está dirigido a las 27 federaciones de futbol de la Unión Europea, a quienes piden actuar ante la FIFA y solicitar una investigación formal sobre el caso.

La prensa europea publicó parte de ese posicionamiento, el cual señala: “Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones europeas de futbol, todas ellas miembros de la FIFA, intervengan y pidan a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones en el caso de Balogun”.

Es la segunda ocasión en que los eurodiputados cuestionan la conducta de Infantino, ya que el año pasado también expresaron su extrañamiento y solicitaron una investigación por la concesión que la FIFA con Infantino le hizo a Donald Trump, de su “Premio de la Paz”.

A ojos de todos ha sido evidente que Gianni Infantino se ha mostrado servil ante Trump, inventándole hasta ese “Premio de la Paz” de la FIFA, el cual entregó al mandatario durante la ceremonia del sorteo final de la Copa en Washington en 2025. A nombre de la FIFA premiaba a quien tan sólo ese año había ordenado operaciones militares en al menos siete países –como Siria, Irán, Irak, Nigeria, Yemen, Somalia y Libia–además de acciones contra embarcaciones en la región del Pacífico y el Caribe venezolano. A partir del 20 de enero de 2025, en que comenzó el segundo mandato de Trump, la organización no partidista de monitoreo de conflictos, Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), contabilizó 622 ataques de estados Unidos en países extranjeros.

Lo que Trump toca lo ensucia, así, la carrera de Balogun quedó atrapada en el centro de la polémica ante la intromisión presidencial. Resulta paradójico que casi la mitad de los integrantes de la Selección de Estados Unidos sean hijos de migrantes que representan a ese país, en un contexto en el que el Presidente Trump ha buscado eliminar la ciudadanía por nacimiento, para aquellos descendientes de padres extranjeros que no son ciudadanos ni residentes permanentes. Apenas el 30 de junio, la Suprema Corte de ese país frenó la orden ejecutiva que Trump había emitido en ese sentido, al considerar la Corte, que esa medida es violatoria de la Constitución estadounidense; en respuesta Trump ha insistido en que mantendrá su postura.

Folarin Balogun nació por casualidad en Estados Unidos, cuando su madre –ciudadana nigeriana residente en Londres–, con un avanzado estado de embarazo, no pudo tomar un vuelo de regreso a Reino Unido desde Nueva York. Por ello, el delantero nació en suelo estadounidense, aunque la mayor parte de su vida ha vivido en la capital británica, hacia donde su familia regresó cuando él tenía apenas dos meses de edad. Su trayectoria en el futbol profesional inició en el Arsenal y, tras pasar por otros clubes, en el año 2023 fue fichado por el Mónaco.

A partir de lo ocurrido en el Mundial de 2026, su nombre se convirtió en tendencia global asociado a la intervención de Trump. Así, la carrera de este futbolista quedó marcada por la escandalosa intromisión de un mandatario que, como dicta el refrán popular, mancha lo que toca.

Irónicamente, serán Trump e Infantino quienes entreguen la Copa a la selección que resulte triunfadora el próximo 19 de julio.