11/09/2013

Calderón: mendacidad de Estado




Editorial La Jornada 

De acuerdo con información desclasificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y difundida por la organización National Security Archive, el gobierno de Felipe Calderón ocultó información sobre las matanzas de migrantes centroamericanos, el número de fosas clandestinas halladas en el territorio (que se eleva a 196, de acuerdo con la documentación referida), la complicidad de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado y los procesos judiciales contra delincuentes detenidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.

Dos elementos de contexto insoslayables de esta información son la tendencia mostrada por la pasada administración federal a minimizar en el discurso los saldos de la desastrosa política de seguridad adoptada a principios de 2007 –decenas de miles de muertos, aumento y expansión del poderío de las organizaciones criminales, descomposición de las corporaciones de seguridad pública, pérdida de soberanía frente a Estados Unidos–, así como la negativa que dio a finales de 2011 la Procuraduría General de la República a la solicitud, formulada por particulares, de informar sobre el número total de fosas clandestinas y de cuerpos hallados en ellas durante el pasado sexenio, con el argumento de que dicha información era inexistente. Hoy se sabe, sin embargo, que sólo entre 2010 y 2011 esa dependencia realizó más de mil 600 pruebas de ADN a los restos encontrados en inhumaciones clandestinas del país, en apoyo a las fiscalías locales.

Tales elementos, en conjunto, confirman que el manejo errático, distorsionado y poco transparente de la información por parte de la administración calderonista obedeció no tanto a deficiencias discursivas y en materia de comunicación social, sino a una inadmisible voluntad de ocultamiento. Durante los seis años, la opinión pública nacional no dispuso de información oficial clara y precisa acerca de las líneas de acción del gobierno federal, sobre la cifra de detenidos, el desarrollo de sus procesos y, desde luego, en cuanto a los saldos trágicos de la violencia que se registró –y se sigue registrando– en el territorio y que se ceba particularmente en los sectores más vulnerables, como los migrantes indocumentados.

La negación de hechos, su ocultamiento o su distorsión constituyen bajo cualquier circunstancia una práctica indeseable de los gobiernos, en la medida en que atentan contra el derecho de los ciudadanos a la información. En el caso que se comenta constituyen, además, un ejercicio subsidiario del baño de sangre que aún se desarrolla en el país: si el incremento desenfrenado de la violencia en el territorio nacional ha arrojado saldos catastróficos en vidas humanas y ha introducido en la mayor parte de la sociedad sentimientos de temor, confusión y zozobra, la tendencia de la administración calderonista a desinformar, ocultar y desvirtuar versiones distintas de la oficial profundizó el desprestigio de las instituciones, dificultó el pleno esclarecimiento de los episodios de agresiones y contravino el principio de procurar e impartir justicia para las víctimas.

En un entorno institucional sólido y de plena vigencia del estado de derecho, los elementos descritos tendrían que derivar, cuando menos, en un llamado a cuentas a los principales responsables del pasado gobierno federal, empezando por su titular, con el fin de determinar el grado de responsabilidad en que pudo haber incurrido una administración que quiso revertir su propio déficit originario de legitimidad involucrando al país en una guerra sobre la base de la desinformación y que convirtió, de ese modo, a la mendacidad en una política de Estado.

El DF no son 100 señoritos políticos y empresarios de coche


El plantón no está a discusión


1. No se si fue Rubén, Juan José o Francisco, dirigentes de la Coordinadora (la CNTE), el que puso en su lugar al gobierno del DF diciéndole: "el sitio del plantón de los maestros no está a discusión; con el arribo de más de cuatro mil maestros más: ocupamos las calles que rodean el Monumento de Revolución o ocupamos nuevamente el Zócalo". Yo he propuesto que se ocupe la explanada de Bellas Artes, el Eje Central y las avenidas Juárez e Hidalgo, dejando libre las calles del Monumento y el Zócalo.

2. Pero no contento con su posición amenazante, el gobierno del PRD del DF ha pedido participar en la mesa que Gobernación autoriza para la negociación con la CNTE; quiere exigir en nombre de los habitantes del DF "que los maestros no perjudiquen a la ciudadanía" con sus marchas y plantones, de preferencia que regresen a sus estados. No dice que en el DF viven 16 millones de habitantes y los que se quejan son sólo cien riquillos que ponen adelante a sus empleados explotados.

3. Por otro lado los legisladores del DF perredistas, al servicio de priístas y panistas, ahora aprueban "castigo ejemplar" para aquellos que en sus protestas agredan a los policías silenciando que son éstos quienes agreden a los manifestantes al no dejarlos transitar con libertad. Puta, si el PRD es izquierda, socialdemocracia o progresismo, entonces el PRI y el PAN son hijos de la caridad; pero no, estos partidos, igual que el PRD, por ser políticos y gobernantes, son sólo jurados enemigos de las luchas de los trabajadores.

4. ¿Qué pasaría si los maestros de la CNTE comenzaran a ceder -aunque sea un ápice- a las exigencias de Miguel Mancera y de Osorio Chong? Pues que sería muy grave porque los maestros de base comenzarían a desanimarse. Y este es el quid del problema porque "los maestros luchando están enseñando" y cuando no luchan no enseñan nada. Los dirigentes tienen la obligación de seguir luchando con buenos principios y educando a las bases para que sigan adelante hasta conseguir sus objetivos: la abrogación de la reforma.

5. ¿Cómo respondería un gobierno fascista o filo fascista como el que tenemos en México? Pues intensificando la campaña de desprestigio de los maestros por los funestos medios de información con el fin de preparar las condiciones para reprimirlos. ¿Cómo nos han desalojado, reprimido, encarcelados y asesinados a través de la historia por la clase dominante? 1) Intensificación del desprestigio, 2. Inventando confrontaciones, 3. Acordonando el plantón, 4. Lanzando cientos de bombas lacrimógenas, 5. Disparando balas de salva y balas reales, 6. Golpeando y apresando a quienes hagan resistencia.

6. Por defendernos con un poco de dignidad, se nos acusa de violentos. ¿Quieren acaso que arrojemos flores cuando nos están madreando con sus escudos, sus armas, sus toletes, con piedras y arrojándonos gases lacrimógenos? Investigaciones del encapsulamiento y la represión contra los estudiantes y profesores el pasado dos de octubre han demostrado que en un 95 por ciento los agresores y violentos fueron los que uniformados que encapsularon a los manifestantes obligándolos a marchar en calles de Hidalgo y Reforma.

7. El DF luce ahora un mini Estado de sitio. Apenas ven los policías algún agrupamiento corren a bloquearlo para evitar que se llegue al Zócalo. Dicen que el Zócalo es de todos; pero más bien es de los soldados que a acercarte de miran, buscan revisar tus bolsas, te preguntan. Lo mismo sucede en la zona del Monumento, en el Paseo de Reforma y en cualquier edificio de la Capital de la República. La realidad es que los gobiernos de Peña y de Mancera se están zurrando de miedo porque son pésimos gobernantes.

8. Si el gobierno de Peña abrogará la llamada Reforma Educativa al otro día desaparecería el Plantón, se reiniciarían las clases, los maestros estarían dispuestos a democratizar su sindicato y sus escuelas. Las relaciones del gobierno de Peña y los profesores sin duda serán mejor y la educación alcanzaría buenos niveles con la participación democrática de las bases magisteriales. Pero es muy difícil porque hay acuerdos anteriores firmados entre gobierno, empresarios e inversionistas extranjeros comprometidos con la privatización.

9. Así que la única salida es que los maestros se fortalezcan mucho más; mantengan su plantón en la ciudad de México; sigan negociando con el gobierno hasta obligarlo a abrogar la Reforma y continúen realizando bloqueos de calles, instituciones y aeropuerto. Como bien dice la consigna: "CNTE, aguanta; el pueblo se levanta". Y aunque el capitalismo siga controlando la situación, no olvidemos -como decía los chinos- al "viejo Tom que con constancia y convicción, pudo remover la montaña".

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Genero y crisis


Tanto las políticas que contribuyeron a generar la crisis, como las que se diseñan para la recuperación, tienen impactos diferenciados sobre mujeres y hombres



Madrid, 03 nov. 13. AmecoPress.- La crisis económica y financiera iniciada en los Estados Unidos a finales de 2008, se extendió afectando a las instituciones financieras y las economías de todo el mundo. Los efectos inmediatos se han hecho sentir en la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones. Sin embargo la crisis no afecta a todas y todos de la misma manera, ni encuentra a todas las personas en la misma situación. Las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad ante la crisis debido a la desigualdad de género existente a nivel global.

Así, tanto las políticas que contribuyeron a generar la crisis, como las que se diseñan para la recuperación, tienen impactos diferenciados sobre mujeres y hombres y sobre los distintos grupos sociales en función de su clase socio-económica, origen étnico-racial, discapacidades, ámbito rural-urbano, etc. Por eso es fundamental prevenir y advertir sobre los posibles impactos de género y proyectar políticas que incorporen esta perspectiva tanto en su diseño como evaluación, para evitar profundizar las desigualdades y contribuir a la igualdad.

La participación femenina en el mercado laboral caracterizada por el subempleo, la inestabilidad, la falta de cobertura de la seguridad social y los bajos ingresos, y sus extenuantes dobles y triples cargas laborales, muestran el mapa de la desigualdad en el trabajo y el empleo entre mujeres y hombres, que debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar y diseñar medidas anti-crisis.

Los problemas estructurales como la exclusión social, la inequidad, la pobreza, la desigualdad de género o la deficiente capacidad del Estado, se revelan con más fuerza en las crisis económicas. En este contexto es importante tener en cuenta que las políticas macroeconómicas que intentan minimizar los efectos de las crisis y fomentar la recuperación económica, tienen impactos diferenciados sobre mujeres y hombres. El enfoque de género no debe limitarse a las políticas sociales como si el objeto de éstas fuera amortiguar o compensar los efectos perniciosos de las políticas macroeconómicas (Espino / PNUD, 2009).

Los ajustes y medidas de austeridad implantadas en crisis anteriores agudizaron los índices de pobreza y la falta de equidad en los ingresos, lo cual condujo a una polarización social (Beneria, 2003). Las mujeres fueron afectadas desproporcionalmente tanto en el mercado laboral como en su vida cotidiana, a consecuencia de los recortes del gasto público y sus efectos sobre los servicios sociales relacionados con el cuidado, ya de por si escasos.

Dado que las mujeres han desarrollado históricamente el trabajo reproductivo y se han responsabilizado de la manutención y cuidado de la familia, han hecho frente a la crisis a través de la flexibilización de su tiempo de trabajo y la consecución de recursos para la sobrevivencia de la familia. Por ello es importante que aprendamos de experiencias pasadas y que las políticas de corto plazo que se diseñen para paliar los efectos de la actual crisis, no comprometan los objetivos a largo plazo como la igualdad de género.

La persistencia de la segregación de género por ramas de actividad y ocupaciones genera riesgos diferenciados para mujeres y hombres. Según la OIT (2009), durante los 9 rimeros meses de 2009, el aumento del desempleo impactó más a los hombres que a las mujeres, dado que los sectores más afectados fueron la industria manufacturera y la construcción, que son precisamente donde se concentra de forma intensiva la mano de obra masculina.

Sin embargo, la disminución de la actividad de la maquila y zonas francas derivadas de la contracción de la actividad en Estados Unidos, ha agravado la situación de desempleo femenino, dada la especial participación de ellas en este sector. En 2008, lo empleos directos generados por la maquila en Centroamérica eran 411.502 y al finalizar el año, la industria textil perdió 51.538 puestos de trabajo, con una disminución promedio del 13,5%. El 65% de las personas que perdieron el trabajo fueron mujeres (Espino / PNUD, 2009).

Ante la caída del empleo asalariado formal, la fuerza de trabajo ha buscado salidas en el sector informal, generando un aumento notable en entre 2008 y 2009. Es en este sector donde encontramos mayor número de mujeres (57.1% de mujeres frente a 51% de hombres), debido a la persistencia de los obstáculos que impiden el acceso igualitario de las mujeres al empleo formal.

Pero además, las mujeres se ubican en las categorías más rezagadas y precarias del sector informal, en ocupaciones por cuenta propia de baja productividad o en el servicio doméstico de los hogares, donde nueve de cada diez ocupados carecen de acceso a la seguridad social (OIT, 2009).

Diferentes Estados han fomentado la obra pública como vía para la creación de empleo, generando impactos positivos en la mano de obra masculina. Sin embargo, no se han registrado medidas específicas dirigidas a la creación de empleo en los sectores en los que predomina femenino (CEPAL, 2009).

La desaceleración económica de Estados Unidos perjudicará a la población inmigrante de América Latina y el Caribe, que se ha ido feminizando en los últimos años. Las mujeres han migrado de forma independiente, llegando a constituir la mitad de quienes migran por razones laborales y que contribuyen con sus remesas a la reducción de la pobreza de muchos hogares de los países emisores (CEPAL, 2007). Ellas se insertan en el sector servicios como mano de obra no especializada y son responsables de una parte importante del trabajo de cuidado en Norteamérica y Europa.

Es esencial involucrar a las mujeres y a todos los grupos sociales afectados por la crisis, para hacer frente a la misma, a través de medidas creativas y conscientes de los diferentes impactos de género, que vayan de la mano de los compromisos internacionales con la igualdad de género, los derechos humanos y el empoderamiento.
Foto:: Archivo AmecoPress.

“América Latina es una es una región muy esquizofrénica: propone avances en el papel pero en la práctica es una de las de mayor desigualdad”


La evaluación del reciente Consenso de Montevideo, qué posibilidades hay de que los acuerdos allí logrados a nivel regional se extiendan al resto del mundo, y la situación de acceso al aborto en Colombia, Brasil y Argentina fueron algunos de los temas abordados durante el conversatorio “El aborto en la agenda global y regional”, realizado el lunes 4 de noviembre en el marco de la  concreción en Buenos Aires de la Segunda Conferencia Subregional Cono Sur del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI).

COMUNICAR IGUALDAD- La Segunda Conferencia Subregional Cono Sur del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) sesionó  el 4 y 5 de noviembre en Buenos Aires analizando la situación actual de acceso al aborto en  América Latina. Durante dos días hubo paneles destinados la situación legal y empírica de acceso al aborto en cada país; la utilización del misoprostol como estrategia de reducción de daños; la necesidad de un estado laico para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población y, en particular, de las mujeres; la acción de los grupos anti-derechos; y el aborto como parte de la agenda de los movimientos políticos y sociales, entre otros temas.

El conversatorio El aborto en la agenda global y regional fue pensado como una entrevista pública, realizada durante el primer día de la Conferencia, en la que la periodista argentina Mariana Carbajal –diario Página 12 y Canal 7- entrevistó a tres integrantes de organizaciones de la sociedad civil de la región: Ana Cristina González Velez –Articulación Feminista Marcosur y Secretariado de Cairo + 20 Colombia)-, Paola García Rey -Amnistía Internacional, Argentina- y Beatriz Galli -IPAS Brasil-.

Allí se habló sobre la importancia del reciente Consenso de Montevideo, realizado en agosto en Uruguay y convocado por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), en el que 38 países de la región llegaron a acuerdos centrales y de avanzada en derechos sexuales y reproductivos como instar a los Estados a modificar las normas sobre interrupción voluntaria del embarazo y, en aquellos países en que el aborto es legal, garantizar servicios de aborto seguros.

Las representantes de las organizaciones de la sociedad civil de la región evaluaron también las posibilidades reales de que este Consenso se plasme a nivel internacional durante la Conferencia Internacional sobre la Implementación del Programa de Acción de El Cairo, que se llevará adelante en abril del 2014, y la situación en sus países tanto de acceso real al aborto en la actualidad como de avanzar hacia una normativa legalizadora.

- En el 2014 se cumplen 20 años de la realización de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de El Cairo. ¿Cómo evalúan el proceso mesabortodesde entonces hasta ahora? ¿Se avanzó?

Ana Cristina González Vélez: Hace dos años arrancó un proceso de revisión de El Cairo que culmina en septiembre 2014 y todo lo que estaba contemplado de revisión ya se hizo. Lo más importante fueron las conferencias regionales sobre población y desarrollo que se realizaron en estos dos años. En América Latina tuvo lugar la primera en agosto de este año en Montevideo. A ese encuentro llegamos con la  sociedad civil muy organizada y allí éramos más personas de la sociedad civil que de los gobiernos: había 260 personas de la sociedad civil y 240 de los gobiernos. En términos generales hay un reconocimiento amplio de que en Montevideo se avanzó en la región en la agenda de derechos sexuales y reproductivos: se retomó el lenguaje más de avanzada de El Cairo; se habló de la atención post aborto, de la implementación en los países en los que el aborto es legal, y se sugirió la ampliación de la ley porque la limitación del aborto afecta el cumplimiento de todas las metas vinculadas a la salud de las mujeres. El Consenso de Montevideo enmarcó los derechos sexuales y reproductivos dentro del estado laico y el marco de derechos humanos y con la perspectiva de la igualdad como horizonte. Un lunarcito sobre el Consenso de Montevideo es que a estos compromisos los antecede un párrafo sobre la soberanía de cada país para llevar a cabo estas recomendaciones. Hoy, tanto la sociedad civil como las agencias del Sistema de Naciones Unidas, nos estamos preguntando si estamos en condiciones de consensuar globalmente, para abril del 2014, cuando se realice la Conferencia Internacional sobre la Implementación del Programa de Acción de El Cairo. Porque lo acordado en Montevideo quizá no se traduzca exactamente a nivel internacional, nuestros gobiernos tienen comportamientos distintos en lo nacional, lo regional y lo global.

Paola García Rey: El Consenso de Montevideo es un documento de acuerdo muy importante que avanza muchísimo en lo estándares. Quizá en abril no podamos lograr todo lo que se avanzó a nivel regional en Montevideo, pero debemos reclamar a los gobiernos que suscribieron el acuerdo de Montevideo que sostengan esa posición en abril a nivel internacional. Ésta es una región muy esquizofrénica que propone muchos avances en el papel pero en la práctica es una de las regiones de mayor desigualdad del mundo.
mesab2- ¿Existe alguna posibilidad de que el Consenso de Montevideo trascienda la región y lo acordado allí quede en el documento final?

Beatriz Galli: Lo que vimos en otras conferencias regionales, por ejemplo en África, es que fue mucho más difícil acordar sobre derechos sexuales que sobre aborto. En todas las regiones tuvimos avances y también algún retroceso en relación a El Cairo, pero sin duda el consenso de Montevideo fue el más avanzado de todas las regiones. Creemos que en abril del 2014 podremos defender un 80% de lo acordado allí. Pero lo más importante es que en todas las conferencias regionales no hubo retroceso sobre lo acordado en 1994 en El Cairo.

González Vélez: No quiero ser pesimista, pero por ejemplo Colombia es uno de los países que está liderando la agenda post 2015, y Colombia no moverá un ápice por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de abril si este acuerdo pone en juego la agenda post 2015. A esta conferencia hay que verla como una oportunidad para volver a dar la pelea, pero habrá seguramente más sangre que en Montevideo. Hace 15 días volvió a reunirse la CEPAL, en República Dominicana, y a varios gobiernos ya se les había olvidado lo acordado en Montevideo. Por eso el capitulo sobre derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Santo Domingo no fue capaz de llegar a lo mismo que se acordó en Montevideo.

García Rey: La dinámica de Montevideo fue que había un documento de base muy fuerte redactado por Uruguay, que tiene una agenda muy fuerte en derechos sexuales y reproductivos en la región y que lo defendió con uñas y dientes. En abril es probable que las naciones no defiendan el Consenso de Montevideo con el mismo ímpetu porque en un contexto internacional se juegan otras cuestiones diplomáticas.

González Vélez: En nuestra región el aborto es un tema ya de agenda pública. El presidente de Ecuador, Rafaél Correa, diciendo que renunciaría a la presidencia del país si hubiera aborto legal en Ecuador, está poniendo el tema en un nivel altísimo.

- ¿Qué impacto tuvieron en la región las instancias de demandas de las organizaciones de la sociedad civil ante los organismos internacionales de derechos humanos?

García Rey: El Sistema Universal de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos no dieron los avances que quisiéramos en términos de estándares pero si dieron pasitos. El informe del Relator Especial de Salud del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011, el fallo del caso Artavia Murillo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son hitos que sirven para mover la agenda, incluir en el debate actores que no son los naturales como las cancillerías, que trabajan todo el tiempo con la agenda internacional de derechos humanos y a quienes una no visualiza como aliadas pero pueden mover esa agenda. También sirve para salirnos de las alianzas locales. Es difícil medir cómo impacta esta presión pero sí existe.

González Vélez: Estos pasitos creo que se complementan a nivel nacional con el rol que viene jugando el sector judicial. En Colombia se supone que toda la jurisprudencia la tutela la Corte Constitucional. Hubo una primera sentencia –en el 2006- y once sentencias posteriores de esta Corte que legisló sobre la despenalización en tres casos. Nosotras quisiéramos lograr estándares a partir de estas interpretaciones de la Corte porque estamos viendo la fragilidad de esos mecanismos en la medida en que la composición de la Corte cambia y se vuelve más conservadora. Porque estas instancias judiciales también comienzan a ser usadas por grupos conservadores.

Belli: Creo que el uso de espacios internacionales de derechos humanos es muy importante para dar luz a los casos más emblemáticos a nivel nacional, pero no es que se modificará todo. Este año lo vimos con el caso Beatriz, de El Salvador, que movilizó muchísimo incluso a los medios.

- Si tuvieran que pensar la agenda de debate sobre aborto a futuro en la región, ¿Qué temas incluirían? meab3
García Rey: No sé si traería temas nuevos, que ya no tenga el movimiento de derechos humanos. Si ataría mucho más la agenda de derechos humanos y la de las mujeres. Porque hay una idea de que ésta es una pelea de las mujeres y que los organismos de derechos humanos no se apropian. Otro tema central es la laicidad del Estado, que tenemos todas muy incorporado pero no sé si está abordado de forma muy concreta. Por ejemplo en la ONU el Vaticano mantiene el rol de observador.

Belli: Quisiera agregar el tema de acceso a la información ya que es muy importante el acceso al misoprostol. Hace poco una sentencia del máximo tribunal de Brasil condenó a una persona que estaba vendiendo por internet un medicamento que no estaba registrado en Brasil, y la condenaron a 13 años y 4 meses, es decir es un crimen mucho más grave que el del aborto.  Y también incluiría la regulación de la objeción de conciencia.

González Vélez: Yo quisiera continuar el tema de las causales por aborto -salud, violación- y la objeción de conciencia; el consentimiento en menores de 14 años; las semanas de gestación que aparecen como límites; y la introducción de la mifepristona, que está ausente en casi todos los países. El goce de los derechos recorre el ámbito de la legalidad y el de la legitimidad, es decir del cambio cultural por el que las feministas nos introducimos en la agenda.

- En los últimos años hubo avances normativos en sus países en el acceso al aborto. ¿Qué pasó a partir de esos hitos en relación al acceso real?

García Rey: Creo que en Argentina luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se desplegaron muchísimas resistencias en muchas provincias. Algunas redactaron sus propios protocolos de implementación del aborto no punible o adhirieron a la guía nacional, pero en otras -como Tucumán- se interpusieron acciones para frenar la implementación y hubo gobernadores que se manifestaron en contra del fallo. Hay avances en términos de prácticas y acceso pero también hay muchísimos reparos en otras provincias donde aparece la iglesia con mucha fuerza.

González Vélez: Lo primero positivo es que después que en Colombia se despenalizó el aborto en tres circunstancias, hemos visto el apoyo de una capa de periodistas que son quienes mueven la prensa escrita y también la televisión. También se ve que hoy cada vez más médicos usan la causal salud para permitir el acceso al aborto. Como negativo, vemos persistencia de congresistas que tratan de cambiar el fallo de la Corte en el Parlamento. Lo último que tuvimos en este sentido es un proyecto de ley de parto digno que promueve proteger la vida desde la concepción. Y en lo político pasa algo tremendamente inquietante que es que el Procurador General de la Nación, que tiene uno de los cargos con más poder en el país, está utilizando ese organismo para perseguir activamente a funcionarios públicos y entonces hay funcionarios que no hacen cosas porque dicen “vendrá la Procuración”. En Medellín por ejemplo intentaron construir una clínica de la mujer para casos de interrupción voluntaria del embarazo, la Procuración entonces armó una investigación para ver en qué se gastarían esos recursos públicos y se frenó la construcción. A la vez, va sumando gente muy conservadora a la Procuración. El otro problema que detectamos es de acceso ya que los sectores conservadores buscan que no haya proveedores. Desde el fallo de la Corte, uno de los temas de mayor debate en Colombia fue cuánto costaría al Estado la realización de un aborto legal. Entonces nosotras investigamos y la conclusión que obtuvimos fue que el aborto legal cuesta entre 4 y 5 veces más que la terminación de un aborto en curso, pero esto es porque se hace en instituciones de mucha complejidad, donde se obliga a las mujeres a permanecer entre 5 y 7 días y con un gabinete interinstitucional.

- ¿Qué margen ven que hay en sus países para avanzar en la despenalización?

Belli: En Brasil estamos en medio de un proyecto de reforma del Código Penal pero quizá no se trate próximamente porque el 2014 habrá debate electoral. A la vez, estamos dando una pelea muy grande en el Parlamento para que no se apruebe el Estatuto del No Nacido.

García Rey: El hecho de que el tema esté tan poco centralizado a nivel político, y que en cambio las convicciones personales estén por encima de los partidos, hace que nadie asuma la agenda de la despenalización en Argentina y que a las organizaciones nos resulte mas difícil la estrategia, porque parece que fuera una cuestión de evangelizar a uno por uno. A la vez está la idea de que la despenalización del aborto es un tema piantavotos. Creo que, en este sentido, en las últimas elecciones hubo algunas manifestaciones incipientes interesantes a favor de la despenalización y legalización. Y ha habido rumores de que se presentarían otros proyectos de legalización además del que actualmente está en el Parlamento de la Campaña.

González Vélez: El único espacio real que tenemos en Colombia es el de la exigibilidad de las causales. A la vez se está dando en nuestro país el proceso de paz: si se ponen de acuerdo la guerrilla y el gobierno, podría haber una reforma de la constitución. Las feministas no acordamos con esta reforma porque creemos que no están dadas las condiciones, pero si efectivamente se hiciera sería una oportunidad de poner allí los derechos de las mujeres.

“No toques a mi puta”: un manifiesto de varones que no quieren perder privielgios genera rechazo en Francia


Un manifiesto de varones que se oponen a un proyecto de penalización de las personas que consumen prostitución despertó la ira de los sectores feministas abolicionistas en Francia, pero también de los propios sindicatos del trabajo sexual, por una vez unidxs detrás de una misma bandera. Un debate que también resuena en Argentina.

Por Angeline Montoya, desde Paris

COMUNICAR IGUALDAD- El título es voluntariamente provocador: “No toques a mi puta”. En su edición del mes de noviembre, la revista Causeur publica un manifiesto de los autodenominados “343 bastardos”, que reivindican su derecho a ser clientes de prostitución.

En medio de un acalorado debate en Francia luego de la presentación, ante el Parlamento, de una propuesta de ley que busca “reforzar la lucha contra el sistema prostituyente” y que prevé, entre otras medidas, penalizar a los clientes, esos varones consideran que cada uno tiene derecho de vender libremente sus encantos, e incluso de que le guste”. “Y”, agregan, “rechazamos el hecho de que los diputados dicten normas sobre nuestros deseos y nuestros placeres”.

Los “343 bastardos” hacen referencia a un manifiesto escrito en 1971 por Simone de Beauvoir y publicado en la revista Le Nouvel Observateur, en el que 343 mujeres afirmaban haber interrumpido voluntariamente un embarazo, en momentos en que el aborto todavía era ilegal en Francia. Una revista satírica, Charlie Hebdo, había preguntado entonces: “¿Quién embarazó a las 343 atorrantas?”, quedando para siempre el apodo de las “343 atorrantas”.

En realidad, los “343 bastardos” no son 343, sino 19 personalidades del mundo de la literatura, la farándula o el periodismo. Entre ellos se destacan el humorista Basile de Koch, marido de la principal opositora a la ley de matrimonio igualitario; la excéntrica Frigide Barjot; el escritor Frédéric Beigbeder, director de la revista erótica Lui; Richard Malka, abogado del ex director del FMI Dominique Strauss-Kahn, procesado en Francia por “proxenetismo agravado”; así como el periodista Eric Zemmour, asociado con la extrema derecha.

“Prorrogar una opresión”

El paralelismo entre esos “343 bastardos” y las 343 mujeres firmantes del manifesto de 1971 despertó la indignación general. “Las 343 ‘atorrantas’ pedían en su momento poder disponer libremente de su cuerpo, los 343 bastardos piden disponer del cuerpo de otros. Creo que no es necesario hacer otro comentario”, fustigó Najat Vallaud-Balkacem, portavoz del gobierno y ministra de los Derechos de las Mujeres.
“¿Qué filiación puede haber entre nosotras, las ‘atorrantas’ que reclamábamos la libertad prohibida de disponer de nuestro cuerpo y esos ‘bastardos’ que reclaman hoy la libertad de disponer contra remuneración y sin penalidad del cuerpo de algunas mujeres?” preguntó en el diario Le Monde una de las firmantes del manifiesto de 1971, Anne Zelensky, presidenta de la Liga del Derecho de las Mujeres. “En el primer caso, se trata de levantar una opresión, en el segundo, de prorrogarla. Y eso en nombre del mismo concepto: la libertad.”

La organización internacional Zeromacho, que reúne a más de 1.900 varones “comprometidos contra el sistema prostituyente”, recordó que la lucha por la abolición de la prostitución, “nos libera de un mandato que llevó a generaciones de varones a comportarse como ‘bastardos’. El hecho de que algunos sigan reivindicando ese machismo no los honra. Perpetúan así comportamientos degradantes y arcaicos.”

Un día después de que el manifiesto empezó a circular en las redes sociales nació el sitio 343connards (“connard” significa “forro”), con un enlace a la cuenta Twitter de cada uno de los 19 firmantes para enviarles una “palabra de amor” redactada de antemano: “Hola, ninguna mujer es tu puta, ¡forro!”.
Pero el manifiesto, una de las finalidades del cual era, de acuerdo a la jefa de redacción de la revista Causeur, Elisabeth Levy, “joder a las feministas”, no solamente provocó el enojo de los sectores  que militan por la abolición del sistema prostituyente.

“No somos sus putas” 

La propia portavoz del Sindicato del Trabajo Sexual (STRASS), Morgane Merteuil, ferviente opositora al proyecto de ley abolicionista y, en particular, a la penalización de los clientes, criticó a su vez un “discurso antifeminista” que pretende hacer creer que los clientes son “las pobres victimas de los progresos feministas”: “Mientras ustedes defienden su derecho de follarnos, nosotros defendemos nuestro derecho de no reventar”, opinó.

“Así que”, concluyó Merteuil, “no inviertan los papeles, y dejen de ponerse como víctimas, cuando su posibilidad de ser clientes sólo es una prueba del poder económico y simbólico del que disponen en esta sociedad patriarcal y capitalista. (…) No somos las putas de nadie, y mucho menos las suyas.”
De esa manera, la polémica logró el milagro de acercar dos posiciones que aparecen como diametralmente opuestas: el abolicionismo, postura oficialmente adoptada por Francia, y el reglamentarismo, elegido por países como Alemania u Holanda.

La oposición al manifiesto de los “343 bastardos” llegó incluso a incluir nombres tan improbables como la del Abate Grosjean, sacerdote de la diócesis de Versalles, y acérrimo opositor a la ley de matrimonio igualitario.

“Carne averiada”

Ante el revuelo que provocó la publicación del manifiesto, dos de los 19 signatarios retiraron su firma: el periodista y productor de cine Daniel Leconte afirmó que en realidad nunca había dado su autorización para que apareciera su nombre. Y el humorista Nicolas Bedos, que si bien ratificó que, según él, la prostitución es un medio necesario para resolver la “miseria sexual” de algunos varones y tildó a las feministas de “dogmáticas, ciegas y paranóicas”, no quiso que su nombre quedara asociado con los de Eric Zemmour o Basile de Koch.

Otros, al contrario, volvieron a ratificar su adhesión al manifiesto. Ante la pregunta de Patric Jean, portavoz de la organización Zeromacho, que le interrogaba durante un programa de televisión acerca de cómo un cliente puede estar seguro de no estar ante una víctima de trata, Gil Mihaely, director de la publicación de la revista Causeur contestó, negando que pueda haber un deber de ética de parte de los “consumidores”: “Cuando voy a un supermercado, tampoco puedo hacer la diferencia entre una carne averiada y una carne apta para el consumo. Para ello hay instancias. (…) El Estado tiene agencias que están para luchar contra las redes, para luchar contra las mafias.”

La propuesta de ley será examinada a finales de noviembre por el Parlamento y prevé, entre otras medidas, imponer multas de 1.500 euros a los clientes de prostitución, y el doble en caso de reincidencia, así como la obligación de asistir a talleres de sensibilización. El texto también prevé varias medidas de acompañamiento de las personas que deseen salir de la situación de prostitución y la entrega de permisos de estadía para las extranjeras indocumentadas.

De acuerdo a un informe de la comisión de Asuntos sociales del Senado, la prostitución dista mucho de ser una actividad elegida: el 80% de las personas en situación de prostitución en Francia son víctimas de trata y extranjeras, oriundas principalmente de Rumania, Bulgaria, Nigeria, Brasil y China.

Hace 220 años…


Mujeres en la sierra tarahumara. Foto: J. Guadalupe Pérez
Mujeres en la sierra tarahumara.
Foto: J. Guadalupe Pérez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En 1791, mientras los revolucionarios franceses debatían la Constitución de la nueva república, Olympe de Gouges publicaba su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Tenía entonces 43 años, y tras de sí una larga trayectoria como “mujer de letras”. Su insistencia en que las mujeres deberían tener los mismos derechos ciudadanos que los hombres fue el llamado feminista a la igualdad entre los sexos más difundido de esa época, una postura compartida por unos cuantos hombres.
Poco se sabe de su vida personal. Casó a los 16 años, quedó embarazada y enviudó a los pocos meses. Crió sola a su hijo, aunque existe la duda de si después tuvo otro. Antes de la Revolución cambió su nombre y vivió como una cortesana (supuestamente tuvo varios amantes). Fue conocida en los círculos literarios parisinos por sus obras de teatro. Escribió más de 30, algunas de las cuales llegaron a ser presentadas en la Comedie-Francaise.

Ella se quejaba de la discriminación que sufría por ser mujer y de los prejuicios que existían contra las obras escritas por mujeres, pero lo que más incomodaba era su crítica política: por ejemplo, su denuncia sobre la esclavitud y su insistencia en que todos los seres humanos compartían la misma humanidad, independientemente de su aspecto y color de piel. De hecho, una de sus obras de teatro sobre el tema de la abolición de la esclavitud fue prohibida, a los pocos días de estrenada, por presiones de la organización de los dueños de esclavos, que temían que su argumento alentara una rebelión en las colonias.

No fue una salonniere, esas mujeres que recibían en sus salones a los intelectuales, aunque circuló por esos espacios elitistas. Ya cerca de la Revolución se dedicó a escribir proclamas y panfletos para el pueblo. Consideraba que las diferencias sexuales eran irrelevantes para la política. Propugnó la acción política de las mujeres como seres racionales que podían ser tan amantes de la patria como los varones. En 1788 escribió el panfleto Carta al Pueblo o proyecto de una caja patriótica, donde conminaba a resolver la crisis financiera estableciendo un fondo con la contribución voluntaria de todos los ciudadanos. Afirmaba que no había que tomar en cuenta el sexo de una persona sino su heroísmo y generosidad, y que la Revolución tenía múltiples ejemplos de mujeres con las mismas virtudes cívicas que los hombres. Ella se definió varias veces como “una mujer que actúa como hombre”, y como “una mujer que piensa como hombre”. En un panfleto contra Robespierre, firmado como Polyme, ella misma se describió como un animal raro, ni hombre ni mujer, pues tenía “el valor del hombre y a veces la debilidad de la mujer”.

Escribía compulsivamente y disponía de una gran imaginación. Soñaba con igualar las condiciones de vida entre todos los seres humanos. Además de escribir, era una oradora frecuente en los clubes. Su elocuencia era famosa y ella misma encarnaba su argumento de que las mujeres podían opinar y hacer política como los hombres. Le apasionaban los debates, y cuando se iniciaron las discusiones sobre la Constitución, rentó un cuarto cerca de la Asamblea para poder asistir a todas las sesiones. Fue una transgresora del esquema de género y se le vio como un peligro, pues su creatividad, su audacia y su valor la llevaron a desafiar los límites de lo que se consideraba “lo propio” de las mujeres.

Aunque en el registro de su aguillotinamiento aparece como “una mujer de letras”, sin duda fue una mujer política. Estuvo vinculada con los círculos de periodistas activistas y apoyó a la minoría de los girondinos contra los jacobinos. Indudablemente su feminismo y su antiesclavismo la radicalizaron, y posteriormente su oposición al absolutismo y a la tiranía la volvió víctima del periodo del Terror de los Jacobinos. Fue arrestada en julio de 1793, luego de que tapizó las paredes de París con un cartel donde abogaba por el federalismo, que respaldaba la postura de los girondinos. Robespierre vio esto como un ataque personal y la mandó detener. De Gouges se defendió diciendo que ella era una patriota que había contribuido a la Revolución con sus escritos. Luego, para evitar la ejecución, aludió a su condición de mujer y declaró que estaba embarazada. De nada le sirvió y fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Dicen que fue valiente y exclamó: “Hijos de la patria, vengaréis mi muerte”.

El reporte de su ejecución se dio con la siguiente esquela:

Olympe de Gouges nació con una imaginación exaltada y confundió su delirio como una inspiración de la naturaleza. Quería ser hombre de Estado. Ella asumió los proyectos de la pérfida gente que quiere dividir Francia. La ley ha castigado a esta conspiradora por haber olvidado las virtudes de su sexo.

Hoy la perspectiva histórica nos permite valorar que no es que hubiera olvidado “las virtudes de su sexo”, sino que consideraba que también las mujeres podían tener virtudes cívicas y patrióticas. Fue una feminista visionaria y demócrata que en una de sus agudas reflexiones señaló: “Si la mujer tiene el derecho a subir al patíbulo, también lo debería tener para subir a la Asamblea”. Esta frase se convirtió en el lema de las sufragistas del siglo XIX. El próximo domingo 3 de noviembre se cumplen 220 años de su muerte, y todavía sigue vigente su Declaración de los Derechos de la Mujer.

176 recomendaciones a México por la Violencia





Palabra de Antígona

Informes de la Cámara de Diputados señalan: en 2010, se registraron en México 2.335 muertes femeninas con presunción de homicidio, es decir, 6.4 al día. Esta cifra muestra que respecto de los últimos 25 años, 2010 fue el más violento para las mujeres



México, D.F. 05 nov. 13. AmecoPress.- No se puede callar. No es posible obviar la situación. Ya nada puede alentarnos. La violencia es irrefrenable, tenemos años gritando. Tal vez mal. Probablemente no hemos podido crear una verdadera masa crítica. Tal vez nos hemos acostumbrado a protestar sin accionar.

Tenemos decenas de denuncias internacionales en trámite; nos enfrentamos a un sistema que no hace justicia a nadie y trata de ocultar lo que sucede. No es posible entenderlo y es posible que nuestros gritos un día se escuchen. Sólo en 2013 tres periodistas asesinados, tres desaparecidos, más de 90 agresiones. Al menos tres casos emblemáticos en Sonora, Guanajuato y Morelos de feminicidio; violaciones y hostigamiento sexual que se acumulan en los archivos de las procuradurías.

Lo peor es que en estos días los gobiernos, apoyados por sociedad civil, crean nuevas disposiciones legales. Como en los últimos 14 años, para luego ser desatendidas, violadas y de sólo papel mojado. ¿Para qué? Y tampoco sirven de nada las fiscalías o los mecanismos de protección, porque cínicamente, las autoridades dicen no hay dinero para hacerlas eficaces. Igual ineficaz ha resultado la Alerta de Género.

La violencia y la violación a los derechos humanos está documentada claramente, los datos y las declaraciones serán motivo que en noviembre da mucho que decir y habrá muchos nuevos y mentirosos discursos. Hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 20 recomendaciones para atender la violencia feminicida ¿Y qué?

El Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, reprobó a México. La información señala que el país tiene 176 recomendaciones que lo condenan y es claro que en materia de derechos humanos, somos un país imposible. Todo ello cae en la indiferencia.

Según el abogado Rodolfo Domínguez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, los casos de violencia feminicida, del hostigamiento al asesinato están argumentadas, hay volúmenes inmensos de pruebas y contundencia en los testimonios, pero ello sólo ha conseguido que el gobierno busque salidas inaceptables, de la impunidad cotidiana a una respuesta sistemática que busca ocultar y minimizar el problema.

De los datos disponibles y publicados, de 2007 a junio de 2012, se perpetraron cuatro mil 112 homicidios contra las mujeres, sólo en 13 entidades. Amnistía Internacional asegura que en 10 entidades la situación es muy preocupante. En los últimos años se ha pedido que se active la Alerta de Género en 11 estados, pero en todos los casos se desechó.
Los relatos de los asesinatos no se pueden expresar, por su carácter inadmisible y sus características monstruosas. Los detalles hablan de tortura y acciones indescriptibles. En Guanajuato, las cosas han llegado al colmo, tanto que el Instituto Nacional de las Mujeres pidió al gobierno panista de esa entidad que resolviera y dejar de afirmar que no se trata de homicidios, sino de accidentes o enfermedades incurables.

Nadie parece oír nada. Informes de la Cámara de Diputados señalan: en 2010, se registraron en México 2.335 muertes femeninas con presunción de homicidio, es decir, 6.4 al día. Esta cifra muestra que respecto de los últimos 25 años, 2010 fue el más violento para las mujeres.

Las entidades que para 2010 concentraron el mayor número de asesinatos violentos contra las mujeres son Chihuahua (567), Estado de México (270), Distrito Federal (142), Guerrero (115), Baja California (112) y Sinaloa (107).

Entre 1985 y 2010 el acumulado de muertes femeninas con presunción de homicidio fue de 36 mil 606. Un tribunal feminista que en Jalisco analizó un feminicidio, una desaparición forzada, condenó al Estado, pero muy pocos medios lo publicaron.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación sostiene que entre 2001 y 2010 ocurrieron 14 mil 991 muertes por homicidio en mujeres: el 39.38 por ciento de estos decesos (5 mil 900) datan del periodo 2008- 2010; la tasa de homicidios dolosos de mujeres para 2010 fue de 4.5 por cada 100 mil mujeres. Esta cantidad superó el promedio global reportado para el Continente Americano, que fue de cuatro e implicó un retroceso de 14 años para el país que desde 1996 no reportaba tasas similares.

Imposible continuar con datos y más datos

Podemos poner algunos rostros a esta maldición: El asesinato de Priscila Carolina Hernández Guerra, de 21 años, ocurrido el 1 de julio pasado en un hotel de Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora, será estudiado el próximo martes por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Sonora. La joven fue asesinada por Singh Siddhart, un hindú de 26 años, quien la torturó con una espátula, con sierra, un tenedor y un abrelatas por más de una hora, después la estranguló y a pesar de que confesó su crimen, un juez no encontró los elementos necesarios para consignarlo por homicidio calificado con brutal ferocidad, alevosía y ventaja. Se trata del Juez IV penal, Mario Alberto Granados.

Como si fuera una burla en Sonora el pasado 23 de octubre las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Asuntos de Equidad y Género del Congreso local aprobaron el proyecto de dictamen para reformar el Código Penal de esa entidad a fin de incluir el asesinato por causas de género. Y en Chiapas se anuncia algo similar ¿Y para qué?, si la Constitución es muy clara, pero nadie parece leerla.

Los relatos indican que tipificar el feminicidio ha servido para minimizar el problema. Un caso emblemático es el de Oaxaca, donde el relato de la sociedad civil grita y grita. Hay casos inadmisibles en todo el país. Y no hay respuestas, los gobiernos desestiman las peticiones de la Alerta de Género, que está en la ley, pero que nadie la respeta. Todo comenzó en 2010 en el Estado de México que gobernaba entonces el presidente Enrique Peña Nieto. Sólo el informativo Sin Embargo hace investigación buscando la verdad.

En Morelos donde la contabilidad de 2000 a 2013 indica 533 asesinatos, el gobierno perredista, encabezado por Graco Ramírez, considera que no hay tal. Por eso la Comisión Independiente de los Derechos Humanos llevó el caso a la CIDH y ha usado miles de recursos mediáticos, sin que obtenga respuesta.

A estas alturas se ha olvidado las violaciones de elementos del Ejército en Chiapas, de tres indias Tzeltales en 1994. Y está pendiente la justicia en la región Loxicha en Oaxaca. En Chiapas el gobierno verde reconoce 97 asesinatos recientes, 38 solo en 2013; en Jalisco la cuenta va en 98, sólo en este gobierno, que en el caso es del PRI.

En el Noveno Encuentro Nacional Feminista, celebrado en Guadalajara, Jalisco, la abogada María Guadalupe Ramos dijo que ante la negativa de las autoridades estatales a tipificar como feminicidio el crimen de una catedrática, llevarían el caso ante el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Jalisco, para que este lo presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes.

Hay audiencia de esa corte. Se darán nuevas recomendaciones, otra vez todo dios se lamentará. Mientras en noviembre, puesto que el 25 se conmemora el Día de la No Violencia Contra las Mujeres, servirá para nuevas lamentaciones. Pero de resultados nada.

Es posible que sea necesario reactivar la masa crítica, como nos dijo a periodistas Carmen Aristegui, que pidió ética y no olvidar. Tal vez un día, movilizarse realmente contra estos crímenes de lesa humanidad hará la diferencia. No podemos callarnos, está bien, lo grave es que no actuamos.
Foto: Archivo AmecoPress. 

*Mayra Buvinic: ‘La pobreza femenina frena el crecimiento económico mundial’


Primer Foro internacional ’Mujeres moviendo el mundo"

No es que haya más mujeres pobres, es que la mayoría de las veces los hogares más vulnerables están encabezados por ellas; de allí sale el término ‘feminización de la pobreza’


Bogotá, 05 nov. 13. AmecoPress/El Tiempo.- De las 1.200 millones de personas que viven en la pobreza, el 70 por ciento son mujeres. Y un tercio de los hogares más vulnerables del mundo están a cargo de ellas.

Sin embargo, a medida que se insertan al mercado laboral y perciben ingresos, son capaces de cortar la perpetuación de la pobreza, pues se ha comprobado que invierten casi el 90 por ciento de sus recursos en la salud, alimentación y educación de sus hijos lo que, a la postre, se traduce en futuros adultos más productivos para la economía de un país.
Los expertos afirman, incluso, que, de fomentarse la plena inclusión económica de la mujer en las áreas rurales, la producción agrícola mundial crecería entre el 2,5 y el 4 por ciento, lo que sacaría de la pobreza a cerca de 150 millones de personas.

Para no ir más lejos: estimaciones del Banco Mundial afirman que, si la mujer participa más en el mercado laboral de un país, la economía podría crecer entre un 10 y un 25 por ciento.

“Es claro que la pobreza femenina frena el crecimiento económico mundial.

Hay que insertar a las mujeres al mercado laboral”, afirma Mayra Buvinic, experta internacional en temas de género y desarrollo social, que se desempeña como senior fellow para la United Nations Foundation. Entre el 2005 y el 2011 fue directora de Género y Desarrollo del Banco Mundial. En entrevista, la experta, quien vino a participar en el Primer Foro Internacional ‘Mujeres moviendo el mundo’, liderado por la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirma que las mujeres de los países con conflicto armado, como Colombia, son quienes soportan con mayor fuerza el impacto de la pobreza.

¿Qué se entiende por ‘feminización de la pobreza’?

Hay una mayor proporción de los pobres que están, básicamente, a cargo de las mujeres. No es que haya más mujeres pobres, es que la mayoría de las veces los hogares más vulnerables están encabezados por ellas; de allí sale el término ‘feminización de la pobreza’. Pero si esa mujer pobre tiene ingresos, logra sacar esos hogares de la pobreza, pues ellas invierten en la salud y la educación de los hijos mucho más que los hombres.

Se ha comprobado que invertir en la mujer pobre es rentable, porque corta la transmisión intergeneracional de la pobreza, dado que forma adultos más productivos.

¿Qué porcentaje de los pobres del mundo son mujeres?

Es difícil medirlo, pero lo que sí sabemos es que el porcentaje de hogares pobres encabezados por mujeres sigue aumentando: se estima que es un tercio de los hogares del mundo, particularmente en zonas de conflicto y posconflicto. Además, el 80 por ciento de los desplazados son mujeres y niños.

El conflicto armado perpetúa la pobreza femenina…

En situaciones de conflicto armado, el 80 por ciento de las muertes corresponden a hombres. La mujer queda sola y es allí donde se puede reproducir la pobreza. Por eso, en un contexto de posconflicto es importante que los Estados se preocupen por brindarles oportunidades económicas a las mujeres. Lo que suele suceder es que estas oportunidades se les brindan más a los hombres para que se desarmen y no les den vida a pandillas o grupos criminales. En cambio, a la mujer se la incorpora en programas para enfrentar la victimización. También hay que insertarlas al mercado laboral.

¿De qué manera esa pobreza femenina impacta el desarrollo de un país?

Es claro que la pobreza femenina frena el crecimiento económico mundial. Y aunque los países pueden crecer por diversas razones, es claro que la inserción laboral de las mujeres favorece un crecimiento más sostenible. Estudios recientes demuestran que, cuando una mujer trabaja y recibe ingresos, se empieza a romper el esquema cultural de que ellas son inferiores a los hombres, pues la sociedad se empieza a dar cuenta de que la mujer vale y empieza a invertir más en las niñas. En India, por ejemplo, donde existen muchos call centers en aldeas pequeñas, han entrado a trabajar allí mujeres jóvenes. No solo han mejorado sus condiciones de vida y las de sus hijos, sino que se ha transmitido una norma cultural de que la mujer y la niña valen más.

¿Qué factores culturales empobrecen a las mujeres?

Factores como considerar que valen menos o que tienen que estar protegidas, lo que implica limitar su libertad. Son mujeres que no salen a trabajar, no pueden ir a un banco… Esto pasa mucho en el Medio Oriente y esto implica una reducción de las oportunidades económicas de las mujeres. Pero hemos encontrado algo interesante: los teléfonos móviles son una salvación para ellas. Con esta tecnología, pueden hacer transacciones bancarias y económicas en privado, obtener información sobre precios y no tienen que consultar sus decisiones.

¿En qué países es más notorio esto?

Los estudios que se han estado haciendo sobre el impacto del uso de los teléfonos móviles en la productividad e ingresos de las mujeres se han hecho básicamente en África, en lugares como Kenia y Nigeria. Estos teléfonos son un método eficiente para darles la vuelta a las restricciones culturales.

Usted habla de que el adiestramiento en destrezas tradicionalmente femeninas conduce a las mujeres a empleos mal remunerados. ¿En qué se las debe entrenar?

Acabamos de terminar un estudio muy grande, que es una colaboración entre Exxon Mobil Foundation y United Nation Foundation, que evaluaba las cosas que funcionan para expandir las oportunidades económicas de la mujer. Encontramos, por ejemplo, que el entrenamiento tradicional de la mujer pobre para gerenciar empresas no hace diferencia alguna en el incremento de sus ingresos, si dura de dos a tres días. Lo que sí funciona es el entrenamiento femenino ligado a las demandas del mercado, donde participen los empleadores. Puede ser en algo tradicional o no tradicional, lo esencial es que sea en algo que el mercado requiera.

¿Está medido en puntos porcentuales el crecimiento de la economía con una mayor participación femenina en el mercado laboral?

No hay estudios rigurosos; se hacen estimaciones; si la mujer estuviera más integrada al mundo del trabajo, la economía crecería entre un 10 y un 25 por ciento. Esto se hizo para el Japón, donde la mujer no está integrada al mercado de trabajo y la economía japonesa permanece estancada.

¿En qué regiones del mundo hay mayor participación de la mujer en la economía?

En los países del norte de Europa, particularmente. En cambio, los países del Medio Oriente y de Asia del sur tienen una menor participación de la mujer en el mercado laboral. En el caso particular de América Latina, se ha visto en los últimos diez años una mayor participación de la mujer, y, aunque la economía ha crecido, su progreso se ha estancado.

¿Y cómo califica a Colombia?

Es un país particularmente avanzado en términos de la participación económica de la mujer y es uno de los pocos países donde las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres casi no existen. Pero, cuando miramos los sectores pobres e informales de la economía y las regiones en conflicto, no sucede lo mismo y es donde se deben focalizar los esfuerzos para brindarles oportunidades económicas a las mujeres.

Por otra parte, ¿cómo ve el acceso a la educación de las mujeres en el país?

Más que el acceso, lo importante es una educación de calidad, algo preocupante en toda la región latinoamericana. Pero, además de ello, preocupa la transición de las mujeres de la educación al trabajo. El hombre hace más fácil esa transición, pero ellas se pueden perder en ese tránsito porque pueden quedar embarazadas a temprana edad y terminan en trabajos precarios. Tiene que haber un apoyo a las mujeres para que utilicen su formación hacia una transición efectiva al trabajo. Posponer la maternidad en la adolescencia es una inversión simple y puede tener altos retornos económicos hacia el futuro.

Finalmente, ¿qué recomendaciones hace al Gobierno para mejorar la calidad de vida de las mujeres?

Además de que tengan acceso a educación de calidad, es insertarlas más al mercado del trabajo; darles financiamiento, créditos para sus proyectos. En este sentido, el sector privado juega un papel muy importante, pues debe entrenar a la mujer para algo que exista en el mercado. Ella es un recurso que funciona tan bien como el hombre.

Foto de: * Ana María García: Mayra Buvinic es experta internacional en temas de género y desarrollo social. 

La ONU sigue siendo el club de Tobi


 

Malasias de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. Crédito: UN Photo/Pasqual Gorriz
Malasias de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. Crédito: UN Photo/Pasqual Gorriz

NACIONES UNIDAS, 6 nov 2013 (IPS) - Frente al aumento de la violencia sexual en zonas de guerra, la ONU comenzó a designar a mujeres a cargo de algunas de las misiones de paz más importantes, además de crear la figura de la “asesora de género” como segunda línea defensiva.

No obstante, crece el escepticismo entre organizaciones no gubernamentales de que estos cambios sean simplemente cosméticos.

El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, destacó orgulloso que cinco mujeres comandan misiones de paz en Chipre, Costa de Marfil, Haití, Liberia y Sudán del Sur.
Pero Mavic Cabrera-Balleza, coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP, por sus siglas en inglés), dijo a IPS: “También necesitamos ver más allá de los altos mandos. Tenemos que examinar
dónde se encuentran las mujeres dentro de la arquitectura general de las misiones de paz”.

La GNWP es una coalición de grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales de África, América Latina, Asia y Europa, asociada a la Red Internacional para la Acción de la Sociedad Civil.

La activista señaló que los mandos medios son importantes porque interactúan con las poblaciones locales, que son las directamente afectadas por los conflictos.

Asimismo, consideró vital saber en qué nivel de jerarquía se encuentran todas las asesoras de género dentro de las misiones de paz.

“Son las que garantizan que la perspectiva de género esté integrada plenamente” en las operaciones, afirmó Cabrera-Balleza.

El problema es que, por lo general, las asesoras de género se encuentran muy abajo en el escalafón, lamentó.

El mes pasado, el secretario general destacó que nunca antes las mujeres habían ocupado tan altos cargos en el foro mundial.

“Y este año quiero mencionar un nuevo hito en la participación femenina en nuestro trabajo por la paz y la seguridad: por primera vez, un tercio de nuestras operaciones de mantenimiento de la paz (cinco de 15) son encabezadas por mujeres”, afirmó.

Estas son Hilde Johnson en Sudán del Sur, Karin Landgren en Liberia, Lisa Buttenheim en Chipre, Aïchatou Mindaoudou en Costa de Marfil y Sandra Honoré en Haití.

Ban también designó por primera vez a una mujer como mediadora en un proceso de paz: la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson (1990-1997), es la enviada especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos.
“Tenemos más camino por recorrer”, admitió, “pero nunca habíamos llegado tan lejos”.

Cora Weiss, representante de la ONU en la Oficina Internacional de la Paz, dijo a IPS que las palabras de Ban eran “bien recibidas”. “Pero desearía que pusiera el corazón en este tema”, añadió.

“Cuando mujeres de la sociedad civil redactaron lo que luego se convirtió en la histórica resolución 1325 (de la ONU) sobre mujeres, paz y seguridad, estábamos apuntando a un futuro mundo sin guerras”, señaló.
Weiss también dijo que, aunque las mujeres constituyen al menos la mitad de la población mundial, Robinson es la única que lidera un proceso de paz internacional. “Y estamos en 2013”, subrayó.

“Necesitamos más mujeres en la toma de decisiones y en la construcción de la paz, pero deben ser mujeres que amen la paz y la justicia. Los días de apelar a la fuerza tienen que llegar a su fin”, sostuvo.

En un discurso ante el Consejo de Seguridad en junio, Zainab Hawa Banguda, representante especial de la Secretaría General en temas de violencia sexual y conflictos armados, informó que “unas 50.000 mujeres han sido víctimas de violación y de otras formas de violencia sexual”, y hasta la fecha solo ha habido unas pocas condenas por esos casos.

Las víctimas “siguen caminando en las sombras y con vergüenza, incapaces de superar el pasado, descansar y seguir adelante”.

Luego de visitar la República Democrática del Congo (RDC) a comienzos de este año, Ban informó que se había reunido con mujeres y niñas violadas o mutiladas en el conflicto de ese país.

El funcionario señaló que muchas sufrían de fístula traumática, una lesión en el aparato reproductor que les causa profundo dolor y por lo general también las vuelve incapaces de controlar la vejiga y los esfínteres.
Como están discapacitadas, sus familias y sociedades las marginan.

La comunidad internacional, a través de las resoluciones 1820 (de 2008), 1888 (2009) y 1960 (2010), conformó un sólido marco para responder a la violencia sexual en conflictos bélicos.

Esas resoluciones establecen las pautas para campañas mundiales a cargo de representantes especiales de la ONU, en colaboración con la Red de Acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en Conflictos, integrada por 13 entidades del foro mundial.

El mes pasado, el Consejo de Seguridad adoptó otra resolución, la 2122, también destinada a fortalecer la participación de la ONU en todos los aspectos de la prevención de conflictos.

“La discusión que tenemos nosotros, la sociedad civil, con la ONU sobre liderazgo femenino sigue en pie. Practica lo que predicas, lidera con el ejemplo”, dijo Cabrera-Balleza a IPS.

“También queremos que se designe en puestos claves de las operaciones de paz a más mujeres con experiencia en la sociedad civil organizada y que hayan trabajado en estos asuntos durante décadas”, señaló.
“Como hemos visto en el pasado, la experiencia burocrática no ha ayudado mucho a mejorar las operaciones de paz”, añadió.

Cabrera-Balleza señaló que tres mujeres se desempeñan como vice representantes especiales de la Secretaría General: una para la Oficina de la ONU en Burundi, otra para la Oficina Integrada de Construcción de Paz en la República Centroafricana y otra para la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq.

“¿Alguna vez estas mujeres se convertirán en jefas de las operaciones de mantenimiento de paz?”, preguntó.
No faltan mujeres calificadas. “Simplemente hay escasez de políticos dispuestos a verlas en cargos de poder”, sostuvo.