Escrito por Jenaro Villamil
Foto EE: Araceli López
A petición expresa del gobernador del
Banco de México, Agustín Carstens, las comisiones dictaminadoras en el
Senado de la reforma constitucional en materia de acceso a la
información y transparencia incorporaron un “candado” más para que el
organismo financiero pueda impugnar resoluciones del IFAI, al igual que
la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
El 3 de octubre pasado, durante una
reunión privada con la bancada del PAN, Carstens pidió que el Banco de
México pudiera impugnar las resoluciones del IFAI argumentando que
obligar a transparentar las decisiones del banco central podría afectar
la estabilidad económica y la seguridad nacional.
Sin
consultar a los organismos especializados en acceso a la información y
con la oposición expresa de los comisionados del IFAI, los senadores de
las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, Estudios
Legislativos Primera y Anticorrupción aprobaron un dictamen que
incorpora el siguiente párrafo en la fracción VIII del artículo 6
constitucional:
“Las resoluciones del organismo garante
son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos
obligados. El Consejero Jurídico del gobierno podrá interponer recurso
de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los
términos que establezca la ley, sólo en caso que dichas resoluciones
puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la
materia.
“Asimismo, el Banco de México podrá
interponer dicho recurso en los casos en que las referidas resoluciones
puedan afectar el mandato que le confiere el artículo 28 de esta
Constitución”.
Esta adición, que podría atorar aún más
la reforma constitucional que originalmente se aprobó en el Senado el
20 de diciembre de 2012 y en la Cámara de Diputados, como revisora, se
modificó y aprobó el 23 de agosto de este año, ha generado una severa
crítica, hasta en el interior de la bancada del PAN.
El senador Javier Corral, del
blanquiazul, consideró como un “despropósito” que el Banxico pueda
impugnar las resoluciones del IFAI, mientras que el senador Alejandro
Encinas, del PRD, ha expresado su desacuerdo con éste y el “candado”
que le permite a la Conserjería Jurídica de Los Pinos negar acceso a la
información pública, bajo el argumento de la seguridad nacional.
Por su parte, el comisionado presidente
del IFAI, Gerardo Laveaga, advirtió desde la discusión en la Cámara de
Diputados que agregarle este tipo de “candados” abría la posibilidad de
que las resoluciones del instituto fueran impugnadas lo mismo por la
PGR que por el Banco de México u otro organismo autónomo como la CNDH.
“Esto provocaría la judicialización de
un derecho fundamental que, hasta ahora, se ha ejercido en México en
forma gratuita, pronta y expedita, y que ha colocado a nuestro país
como referencia mundial en la materia”, subrayó el IFAI en un
comunicado del 20 de agosto 2013.
En protesta por los cambios adoptados en octubre por las comisiones del Senado, las organizaciones no gubernamentales Fundar y México Infórmate advirtieron que “estas nuevas previsiones no son necesarias en la reforma constitucional porque el órgano especializado en materia de transparencia debe ser la última instancia en la materia”.
En protesta por los cambios adoptados en octubre por las comisiones del Senado, las organizaciones no gubernamentales Fundar y México Infórmate advirtieron que “estas nuevas previsiones no son necesarias en la reforma constitucional porque el órgano especializado en materia de transparencia debe ser la última instancia en la materia”.
“Las reservas a la información sensible
que posea el Banco de México, por las importantes funciones que
realiza, pueden sostenerse mediante el procedimiento establecido de
prueba de daño, con el que se confirma que difundir cierta información
puede causar perjuicio mayor que el beneficio del interés público de
conocerla”, agregaron ambas organizaciones especializadas en
transparencia y acceso a la información.
Fundar y México Infórmate exhortaron al
Senado a concluir el proceso de reforma constitucional, atorado desde
casi un año, en medio de la crisis al interior de IFAI y las presiones
para incorporar candados de opacidad.
La decisión de las comisiones del
Senado ocurrió en el contexto de un nuevo diferendo del IFAI con el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), que se niega a dar a
conocer la lista de las empresas que se beneficiaron de la condonación
de créditos fiscales de más de 74 mil millones de pesos entre 2007 y
2013, argumentando que se trata de datos protegidos por el secreto
fiscal. El SAT mantiene reservada esta información hasta por 12 años.
La comisionada María Elena Pérez Jaén
respondió el pasado 29 de octubre que la reserva de información del SAT
es improcedente por las siguientes razones:
“-La condonación es un gasto fiscal que
comprende, en términos generales, los montos que deja de recaudar el
Estado, por lo que constituye una transferencia de recursos públicos en
sentido negativo. Que también es un beneficio a favor del
contribuyente, que implica un gasto público y que como tal debe
reportarse.
“-La decisión de condonar un crédito
fiscal no involucra únicamente al Servicio de Administración Tributaria
y a la persona que se le condona el adeudo, sino a toda la sociedad, en
tanto que por disposición constitucional, todos los mexicanos están
obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y
equitativa”.
Entre las empresas que recibieron los
beneficios de la condonación de 74 mil millones de pesos en los últimos
seis años se encuentran las dos grandes televisoras, Grupo Televisa y
TV Azteca, así como la cadena Walmart, y otros grandes consorcios.
Apenas este año, se generó un escándalo cuando se confirmó que el SAT
condonó un adeudo fiscal de 3,300 millones de pesos a favor de Grupo
Televisa, de 2003 a 2007.
En previsión de que el SAT otorgue los
datos específicos de los “perdones” fiscales, los abogados de Televisa
y TV Azteca promueven al menos 9 demandas de amparo en tribunales
federales y capitalinos, argumentando que la Unidad de Enlace del SAT
no les notificó las solicitudes de acceso a la información, según la
nota publicada por Alfredo Méndez y Ciro Pérez en La Jornada, el miércoles 30 de octubre.
De
acuerdo al dictamen de las comisiones del Senado, la posibilidad de que
el Banco de México pueda negar acceso a la información se justifica
porque este organismo “requiere controles precisos en torno a la
información que posee en aras de cumplir su misión constitucional, ya
que en la medida en que la información sensible de este órgano autónomo
pudiera transferirse a otras instancias en aras de la máxima
publicidad, como resultado de una resolución del órgano garante que se
propone crear con carácter también de autónomo, se incrementa el riesgo de que dicha información pueda ser divulgada de manera inadecuada”.
Los
senadores describen como información “sensible” aquella relacionada a
la materia de política monetaria y cambiaria; sobre administración de
reservas de activos internacionales; sobre materia financiera; sobre
emisión y circulación de moneda nacional.
En política monetaria y cambiaria
consideran que “revelar esta información de manera anticipada podría
ocasionar decisiones prematuras de inversionistas o agentes económicos
que, en última instancia, podrían derivar en serias afectaciones a la
economía”.
De todas maneras, argumentó un asesor
del Senado que pidió el anonimato, “los grandes empresarios sacan
dólares del país con información privilegiada que les da el propio
Banco de México”.
Sobre la administración de las
reservas, los senadores afirman que “si se llegan a conocer aspectos
particulares sobre esta materia, las instituciones financieras con las
que Banxico lleva a cabo inversiones podrían tomar ventaja de dicha
información, ante lo cual se podrían elevar los costos de transacción
para el Banxico o reducir las oportunidades de inversión de dichos
activos”.
En otras palabras, se trata de cuidar el dinero de los inversionistas, aducen otros expertos consultados por Proceso.
Sobre información financiera el
dictamen considera que “su divulgación indebida puede ocasionar peligro
en la seguridad de los particulares o en la conducción de las propias
instituciones y es menester protegerlas bajo las normas de los secretos
bancario, financiero e industrial”.
Y en materia de emisión y circulación
de la moneda nacional, argumentan que “toda la información concerniente
a la logística de producción y circulación de la moneda nacional tiene
implicaciones de seguridad nacional. Ante esto, la información sobre
las características del material utilizado en la elaboración de los
billetes y monedas y la logística para su distribución en el país, como
rutas y cronogramas de traslado del circulante, debe ser conservada en
la mayor reserva”.
Hasta ahora, según la base de datos del
IFAI, nadie ha solicitado tener acceso a la información sobre las
características y las rutas de distribución de los billetes mexicanos.
Las razones de la opacidad en la
información del Banxico no está relacionadas con la producción de los
billetes o la estabilidad financiera sino con datos altamente sensibles
que no se han confirmado de manera oficial.
De manera extraoficial se maneja que la
cartera vencida del país ha llegado a su monto máximo en los últimos 10
años, sólo por debajo de la que tuvo lugar antes de estallar la crisis
de 1994.
En días pasados, Banxico recortó su
tasa de interés de referencia a 3.5 por ciento, como una respuesta a
los índices de la desaceleración económica registrada en los últimos
meses.
#SATHazmeUnParo
En paralelo, el debate surgido entre el
SAT y el IFAI por la lista de las empresas que han recibido
condonaciones fiscales en los últimos seis años, por un monto de más de
74 mil millones de pesos, revivió el episodio del sábado 11 de mayo de
este año, cuando en las redes sociales se divulgó el hashtag
#SATHazmeUnParo, en referencia a los beneficios a Grupo Televisa por la
condonación de 3,300 millones de pesos en deudas, a cambio de una
renegociación del pago de 10 por ciento de sus créditos fiscales.
Desde el 13 de diciembre de 2013, en el
Senado, la legisladora Dolores Padierna advirtió que el artículo
tercero transitorio de la Ley de Ingresos para este año traía
dedicatoria a favor de alguno de los grandes grupos empresariales. Tal
artículo estipulaba que se podía condonar hasta el 80 por ciento de
créditos fiscales incobrables, a cambio del desistimiento de los
juicios.
El subsecretario de Ingresos Miguel
Messmacher, y el titular del SAT, Aristóteles Núñez, afirmaron que este
artículo transitorio estaba orientado a incentivar el pago de créditos
fiscales anteriores a 2007 y crear “un esquema de regularización” y no
a beneficiar a ningún gran grupo empresarial.
Grupo Televisa confirmó, cinco meses
después, que ese ordenamiento la benefició. En su informe ante la Bolsa
mexicana de Valores, la empresa de Azcárraga Jean reportó que desde el
15 de abril “con el consentimiento del Sistema de Administración
Tributaria”, la empresa presentó ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa un desistimiento al juicio de nulidad y realizó
un pago de 343 millones 254 mil pesos, equivalentes el 10 por ciento de
un crédito fiscal por 3 mil 334 millones 960 mil pesos que el consorcio
adeudaba al SAT por deducciones erróneas en el pago del Impuesto sobre
la Renta. En otras palabras, le perdonaron el 90 y no el 80 por ciento.
En un comunicado, el SAT informó que
esta condonación era resultado del programa “Ponte al Corriente”, a
través del cual los deudores pueden acceder a la condonación total o
parcial de adeudos fiscales causados antes del 1 de enero de 2007.
El SAT informó que gracias a este
programa cerca de 27 mil contribuyentes se acogieron y se obtuvo un
pago “superior a los 11 mil millones de pesos”. El programa concluyó el
31 de mayo.
Ahora, el SAT puso un candado de 12
años a toda la información por concepto de deudas y atrasos en el pago
de impuestos, entre 2007 y 2013, argumentando que se trata de “datos de
contribuyentes protegidos por el secreto fiscal, el cual obliga a los
servidores públicos del organismo a guardar absoluta reserva de las
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por
terceros con ellos relacionados, así como de los obtenidos en el
ejercicio de sus facultades de comprobación”.
El pleno del IFAI respaldó la
resolución de la comisionada María Elena Pérez Jáen, quien argumentó
que no se puede reservar información que equivale a “una transferencia
de recursos públicos en sentido negativo”, ya que son montos que no
ingresan a las arcas de la Secretaría de Hacienda.
El IFAI recordó la sentencia dictada por la juez Quinto del Distto al resolver un juicio de amparo en materia de secreto fiscal:
“El secreto fiscal no protege la
información que tiene que ver con la cancelacion de créditos fiscales,
porque éstos son necesarias contribuciones que deja de percibir el
estado y que debería percibirlas… de allí que estos datos no estén
protegidos por el secreto fiscal, pues los gobernados están interesados
en conocer a quiénes les cancelaron sus obligaciones tributarias”.
Pérez Jaén propuso revocar la
clasificación e instruyó al SAT a entregar el listado de las
condonaciones fiscales realizadas durante los últimos 6 años a personas
físicas y morales.
En previsión de que el SAT dé a conocer
esta información que se ha convertido en uno de los secretos mejor
guardados, tanto Grupo Televisa, como TV Azteca ya promueven amparos en
distritos de materia administrativa federales responsabilizando al IFAI
o al SAT de no haberles notificado las solicitudes de acceso a la
información relacionados con la condonación de sus deudas fiscales.
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