Por Jenaro Villamil Rodríguez
La semana pasada, la directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, afirmó durante una sesión del subcomité judicial de la Cámara de Representantes que el fentanilo es “producido masivamente en México” por los cárteles de Los Chapitos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y que constituye la principal amenaza para su país.
A tono con el discurso de alarma por las miles de muertes anuales provocadas por el ascendente consumo de fentanilo en Estados Unidos, Milgram volvió a repetir las recetas del enemigo externo.
La DEA, en el peor momento de su historia tras la serie de escándalos de corrupción de sus agentes, su subdirector y la propia Milgram, prefiere exportar su mirada. El nuevo caballo de batalla es el fentanilo. Ya no se trata de la cocaína, la mariguana o la heroína, sino de esta droga de diseño porque “solo dos miligramos, el equivalente a unos pocos granos de sal, pueden matar a una persona”.
“Para ser muy clara,esas pastillas se están produciendo en masa en México”, sentenció Milgram, durante su comparecencia.
En su alegato ante los congresistas, Milgram nunca fue cuestionada por asuntos tan obvios como los siguientes: por qué si el fentanilo está produciéndose “en masa” en México, más del 70 por ciento de los detenidos por el tráfico de esta sustancia son norteamericanos; por qué durante la operación titulada Ultima Milla, realizada recientemente y que provocó la incautación de 44 millones de pastillas de fentanilo y más de 3 mil arrestos del Departamento de Justicia, la gran mayoría se trató de traficantes menores que operan a través de redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Signal, Wire y Wickr; por qué se desconoce qué medidas adoptó la DEA contra estas grandes plataformas, la mayoría propiedad de corporativos norteamericanos.
La operación Ultima Milla se realizó entre el 1 de mayo de 2022 y el 1 de mayo de 2023, con la colaboración de policías federales, estatales y locales y resultó en más de 1,337 arrestos y la incautación de casi 44 millones de pastillas de fentanilo, más de 6 mil 500 libras de polvo de fentanilo y 91 mil libras de metanfetamina. Para ser un operativo de estas dimensiones, sólo pudieron incautar 100 millones de dólares en efectivo y 1,100 casos (80 por ciento) se relacionaba con plataformas digitales y mensajes encriptados. Es decir, puros charales y ningún gran “pez gordo”.
Ante la pobreza de estos resultados, Milgram expuso ante el Capitolio cifras extraordinarias sobre el “ejército” de Los Chapitos y del CJNG: 26 mil miembros trabajan en 100 países para los hijos del Chapo Guzmán y operan en 19 entidades de México; mientras que el otro cártel opera en 21 entidades y tiene 8,800 personas a su servicio.
Para completar el complot exterior que “envenena” a los jóvenes de Estados Unidos, Milgram afirmó que la cadena de suministro empieza en China que fabrica los precursores necesarios para el fentanilo; luego los envía a México y a otros países de América Latina. Los principales introductores del fentanilo son Los Chapitos que logran penetrar el territorio norteamericano por aire, tierra y mar.
Es decir, una especie de Al Qaeda trasnacional del fentanilo que entra al suelo estadounidense para “matar” a los ciudadanos del país vecino.
¿Pruebas? Ninguna, más que su palabra.
Por supuesto, el diagnóstico de Milgram generó una dura respuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien negó que ambos cárteles dominen el territorio del país. “Que nos digan cuáles son las pruebas” y afirmó que el problema principal de la DEA es que no se coordina con otras agencias norteamericanas.
Hasta ahora, el gobierno chino no ha reaccionado a este diagnóstico de la directora de la DEA, pero ya antes había negado de forma muy dura la pretensión de involucrarlo en el tema del fentanilo.
El 6 de abril de este año, el presidente Xi Jinping respondió en una carta enviada a López Obrador que “no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México”. A su vez, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, negó que desde su nación se realicen envíos ilegales de precursores químicos a México.
El 30 de mayo de este año, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, informó que fueron sancionados 17 individuos y “entidades” mexicanas involucradas en el tráfico de fentanilo (incluyendo a Los Chapitos) y 13 personas y empresas de China, que presuntamente operan en territorio de nuestro país, cuyos nombres se desconocen.
Hasta ahora, ni Blinken ni el director del FBI ni otras agencias norteamericanas han documentado o reforzado la tesis del súper ejército de 26 mil miembros del cártel de Los Chapitos que operan desde 100 países para producir, distribuir, vender y “lavar” las ganancias derivadas del consumo de fentanilo.
Los únicos que han hecho eco de estas cifras no sustentadas de la DEA son las y los periodistas que acostumbran transcribir, como si fuera una revelación incuestionable, el diagnóstico de Milgram.
Los “cárteles” son las farmacéuticas de EU
Por el contrario, la prensa norteamericana y la propia agencia informativa pública AP han documentado los recientes escándalos de corrupción de altos mandos de la DEA, incluyendo a la propia Milgram.
El caso más ilustrativo de la doble cara de la DEA es el de Louis Millione, subdirector de la agencia que renunció este mes de julio tras conocerse una investigación periodística que reveló sus nexos como consultor de empresas farmacéuticas vinculadas a la crisis de sobredosis de analgésicos opioides en Estados Unidos, como es el caso de Purdue Pharma.
En 2017 Millione se convirtió en consultor privado tras trabajar 21 años en la DEA. Testificó a favor de Purdue Pharma, acusada de enriquecerse con la comercialización del fármaco OxyContin, promovido como un fármaco inocuo, a pesar de ser el principal antecedente a través del cual se “legalizó” el consumo de sustancias como el fentanilo.
Millione cobró 600 dólares la hora por asesorar a Purdue Pharma en varias demandas judiciales. No fue el único que obtuvo ganancias de esta empresa farmacéutica. Los Sackier, familia propietaria de esta compañía, recibieron homenajes y becas educativas en su honor, a pesar de que ya estaba bien documentado el efecto altamente adictivo del consumo de OxyContin.
Millione también testificó a favor de la compañía Morris & Dickson, la cuarta distribuidora más grande del país, que buscaba retener su licencia para vender analgésicos a hospitales y farmacias, a pesar de que cuatro años un juez administrativo documentó cómo esta empresa no informó de miles de pedidos sospechosos durante la peor crisis de opioides en Estados Unidos. La DEA no hizo nada contra Morris & Dickson.
Un estudio reciente, publicado por el National Institutes of Health, con profusión de estadísticas y datos revela que en la crisis de consumo y muertes provocadas por el fentanilo (106 mil personas en 2021) no hay grandes “cárteles” sino médicos y empresas farmacéuticas que desde 1999 promovieron el consumo prescrito de opioides naturales y sintéticos como la metadona, que contiene fentanilo, así como el propofol y otros analgésicos hasta para un dolor de muelas.
En otras palabras, el gran secreto no está en el exterior ni en una “guerra” contra cárteles mexicanos, creados y rebautizados cada determinado tiempo para justificar los cientos de millones de dólares de presupuesto de la DEA, sino en el seno de un negocio interno, multimillonario, que involucra a las farmacéuticas, a los hospitales y a una cultura de la anestesia emocional y social para evadir el dolor.
