"La desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' es una herida abierta en la sociedad".
Enrique Peña Nieto disfruta desde hace ocho años de un retiro dorado en España. Entre campos de golf exclusivos –la misma afición a la que dedicaba sus tardes presidenciales en Los Pinos– y una activa agenda de la socialité, el exmandatario vacaciona en lujosos resorts de Punta Cana (República Dominicana) y asiste a ostentosas fiestas. La más reciente fue la boda del cantante israelí Omer Adam con Sacha Israelovich, celebrada en un castillo privado de Portofino, Italia. En las fotografías del evento, Peña Nieto aparece junto a un empresario israelí comercializador de Pegasus, el software espía que su Gobierno adquirió para espiar a periodistas.
Es la vida que lleva el priista a 12 años de que en su Gobierno ocurriera la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el crimen que desde hace años fue calificado como crimen de Estado por las complicidades, omisiones y encubrimientos de funcionarios públicos de los tres niveles, pero quien fuera el funcionario de mayor jerarquía sigue intocable, y sólo algunos de los funcionarios de su Gabinete, orquestadores de la cuestionada “verdad histórica”, están bajo proceso.
El Gobierno actual mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso Ayotzinapa, bajo el compromiso de continuar la búsqueda de los jóvenes, llegar a la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. En este contexto, el 28 de septiembre se presentaron los avances sobre nuevas líneas de investigación que surgieron a partir de que se aplicó una nueva metodología y herramientas tecnológicas para la revisión minuciosa de documentos, testimonios, registros, peritajes y comunicaciones.
Mediante esa revisión se identificó que, en días posteriores a la desaparición de los jóvenes, algunas de las líneas y equipos telefónicos que pertenecían a tres de los estudiantes desaparecidos se siguieron utilizando.
El reanálisis científico de las sábanas de comunicación de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 permitió identificar a 17 personas omitidas en las investigaciones previas. Algunas de esas personas eran miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales, estatales, servidores públicos y particulares –dueños de funerarias y concesionarios del Servicio Médico Forense (Semefo)– quienes se encuentran hoy bajo investigación formal.
Se trata de Rodolfo Rueda Sebastián, su hijo Rodolfo Rueda Mazón y otros miembros de su familia, propietarios de Funerarias El Ángel y Funerales Rueda. Esta familia no sólo controlaba el negocio funerario local, sino que también administraba el panteón municipal y poseía la concesión del Semefo en Iguala. Esta cadena de negocios les otorgaba la facultad de controlar desde el levantamiento de un cuerpo, su identificación, certificar causas de muerte y autorizar sepelios o incineraciones.
Según el informe, Rodolfo Rueda es una de las personas que utilizó un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos.
Se identificó que los dueños de esas funerarias estaban vinculados con Guerrero Unidos; en octubre de 2025 fueron detenidos por delincuencia organizada.
Entre marzo y junio de este año se realizaron cateos en sus funerarias y las instalaciones en las que operaban como concesionarios de Semefo; durante los cateos se localizaron fragmentos óseos y restos biológicos que en la actualidad de encuentran bajo análisis en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El informe detalla la continuidad de las búsquedas de campo en seis municipios, acompañadas de cateos, aseguramientos de inmuebles e intervención de comunicaciones.
Paralelamente la vertiente judicial del caso ha sumado detenciones contra exfuncionarios acusados de encubrimiento, alteración de pruebas y desaparición forzada. Entre las detenciones más recientes está la de Ángel Aguirre, el exgobernador que ordenó ocultar y destruir evidencia: videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, los cuales registraron parte de las agresiones cometidas contra los normalistas.
Para la indagatoria actual, resulta indispensable concretar la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien enfrenta una orden de aprehensión por tortura y desaparición forzada de personas, pero permanece en Israel sin que el gobierno de ese país haya concedido aún su extradición.
También están pendientes las extradiciones de Ulises Bernabé, exjuez de Barandilla en la Comandancia Municipal de Iguala y responsable del registro de detenidos la noche de los hechos; las investigaciones indican que varios estudiantes fueron conducidos ante él aquella madrugada. Y la extradición de Abraham Eslava, quien se desempeñaba como mando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) durante las primeras etapas del caso.
La desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” es una herida abierta en la sociedad.
Durante 12 años, las madres y padres de los normalistas han sostenido una búsqueda titánica e incansable por la verdad y la justicia. Lamentablemente ocho de ellos (dos madres y seis padres) fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos ni recibir respuestas.
Este crimen atroz golpeó a uno de los sectores más vulnerables del país. Los normalistas eran jóvenes provenientes de hogares campesinos, de albañiles, migrantes y trabajadores en condiciones de pobreza. Para ellos, la carrera del magisterio representaba no sólo una oportunidad de desarrollo profesional, sino la forma de servir a sus comunidades, ya que estos docentes suelen ser los únicos dispuestos a trabajar en las escuelas de las zonas más precarias y de difícil acceso del país.
Como retratos de vida frente al olvido, en su libro Ayotzinapa: Horas eternas, la periodista Paula Mónaco se encarga de rescatar las identidades de los estudiantes frente a la deshumanización de las cifras. A través de testimonios de familiares y amigos, el texto recupera las infancias, sueños e ilusiones que les fueron arrebatados:
Nos cuenta que, a Abel García, cuando era niño, le gustaba jugar canicas, correr por el río y hacerle bromas a su hermano. También jugar basquetbol, tenía novia y siempre andaba bien arreglado. Hablaba mixteco y estaba orgulloso de ello; por esa razón, decidió estudiar la carrera de maestro bilingüe en Ayotzinapa. Su meta era clara: “No voy a sentir vergüenza nunca y voy a hacer que nadie se burle de los que hablamos mixteco. Quiero enseñar a los niños para que sientan orgullo de su lengua, de ser indígenas”, decía.
También relata que don Ciriaco Vázquez, papá de Abelardo Vázquez, recordaba con orgullo que su hijo jamás lloró por ir a la escuela y asistía a clases incluso cuando los maestros faltaban. Durante sus vacaciones, Abelardo trabajaba en la albañilería junto a su padre. Con esfuerzo, su padre y su madre, Bernarda Penitén, le pagaron un curso de computación que resultó muy útil: mientras cursaba la preparatoria, consiguió empleo en la oficina de un grupo de ingenieros. Allí lo animaron a continuar preparándose, lo que lo llevó a decidir entrar a la Normal Rural.
Respecto a Adán Abraján, hijo de Bernabé Abraján y Delfina de la Cruz, menciona que tenía cuatro años cuando se aprendió completa la cumbia “El listón de tu pelo”, de los Ángeles Azules. Le gustaba bailar, cantar y jugar futbol.
Así cuenta uno a uno la historia personal de los estudiantes cuyos planes de vida fueron abruptamente truncados desde aquel septiembre en que se organizaban para participar en la marcha del 2 de octubre de 2014.
Aquel septiembre, los normalistas llegaron a Iguala con el único fin de conseguir autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Su objetivo era sumarse a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, una fecha que recuerda la matanza estudiantil de 1968, otro crimen de Estado perpetrado por agentes gubernamentales que quedó impune. No se puede permitir que ocurra lo mismo con Ayotzinapa.
A la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intentó dar un “carpetazo” mediante la construcción de la mal llamada “verdad histórica”, una narrativa enunciada por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam. Ese montaje, edificado en complicidad con diversos medios de comunicación, no sólo desvió las investigaciones, sino que revictimizó y estigmatizó a los jóvenes desaparecidos, en lugar de buscar la verdad.
Años después, las indagatorias conducidas por Alejandro Encinas al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), determinaron que la desaparición de los 43 estudiantes constituye un crimen de Estado, en el que concurrieron de forma directa integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, cobijados por la omisión y negligencia de autoridades federales y estatales “del más alto nivel” que alteraron los hechos para encubrir la verdad.
En el Guerrero gobernado por Ángel Aguirre, la penetración del crimen organizado era tal que las corporaciones policiacas operaban directamente bajo las órdenes de los líderes criminales.
Desde la federación, en las más altas estructuras gubernamentales, civiles y militares, se conocía la colusión de funcionarios y policías con el crimen organizado. El 26 de septiembre de 2014, autoridades de todos los niveles supieron en tiempo real que los normalistas eran blanco de ataques armados, había sistemas de videovigilancia, comunicaciones policiales y reportes militares. Además, el Ejército mantenía infiltrado a un soldado que operaba como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), quien hoy es uno de los jóvenes desaparecidos.
Al comprobarse que se trató de un crimen de Estado, la indagatoria federal en curso tendría que incluir al expresidente Peña Nieto y a toda su cadena de mando, civiles y militares. Peña Nieto debe rendir cuentas ante la justicia por el caso más grave ocurrido durante su gestión: un crimen imprescriptible que sigue impune. Mientras los padres luchan día a día por saber dónde están sus hijos bajo la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, el exmandatario se asolea en Punta Cana, juega al golf y asiste a fiestas de élite dentro de su burbuja de privilegio y frivolidad.
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