8/13/2011

AL AIRE !!!!! DESDE CANADÁ !!!

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ALTERNATIVA
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Propone diputada tipificar crímenes de odio


Notimex en México | Nacional

La diputada del PRD, Leticia Quezada Contreras, propuso sancionar los crímenes de odio cometidos contra la población vulnerable, así como a quienes atenten contra la integridad y dignidad de las persona, por el simple hecho de ser diferentes.
En su iniciativa de reformas al Código Penal Federal, destacó la necesidad de tipificar los delitos cometidos por “odio” a fin de evitar que continúen proliferando. “Con las reformas se generaría la correcta convivencia, la paz, la seguridad y el orden social sobre bases de equidad y justicia, pues actualmente los delitos de homicidio, lesiones y discriminación no contemplan la agravante de odio, para ser considerados como calificados, y sancionarlos con mayor severidad”, argumentó.

Asimismo, subrayó la importancia de sancionar los crímenes de odio y dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por México con las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. En el documento, indicó que con la entrada en vigor de las reformas se logrará prevenir conductas típicas, antijurídicas y culpables, además de evitar casos como el feminicidio, del que han sido víctimas cientos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Así como, señaló, detener la violencia generada hacia otros grupos específicos de la población como los adultos mayores, personas homosexuales, indígenas, entre otros.
La propuesta de Quezada Contreras establece que el Artículo 315 del Código Penal Federal señale que “se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, a traición, o por razones de odio”.

Cinco millones de mujeres laboran en la economía informal: INEGI

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2011, de 17.23 millones de féminas que trabajan, 5.06 millones lo hace en el mercado subterráneo

Fernando Franco

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo.- Casi la tercera parte de las trabajadoras mexicanas labora en la informalidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2011, dada a conocer ayer, en el país tienen trabajo 17.23 millones de mujeres, de las que 5.06 millones se desempeñan en la economía subterránea.

Los hombres en la informalidad, en tanto, son 27.99% del total de varones trabajadores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En total, hay 48.3 millones de personas en edad de trabajar en el país. De ese total, 12.97 millones (28.5%) laboraron en la economía subterránea el primer trimestre del año. Esta cantidad es la más elevada desde 2000, es decir, desde que se tienen cifras disponibles.

Información de Randstad, empresa especializada en recursos humanos, señala que la mayor parte de la población en la informalidad labora en comercios como tianguis o puestos ambulantes.

Estadísticas del INEGI detallan que 78.9% de las mujeres se ocupa en el sector servicios; 16.3%, en la industria y, 4%, en agricultura y ganadería.

La mujer , informal

Más de 29 por ciento de las mujeres que laboran en México lo hacen en la economía informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2011, dada a conocer ayer, el número de personas del género femenino que trabaja asciende a 17.23 millones, de las cuales 5.06 millones lo hacen en el sector no formal, es decir, 29.36 por ciento del total.

Vale señalar que alrededor de 12.97 millones de mexicanos laboraron en la economía subterránea durante el primer trimestre del año, es decir, 28.5 por ciento de la población ocupada.

Información de Randstad, empresa especializada en recursos humanos, señala que la mayor proporción de la población ocupada en la economía subterránea, como también se le conoce, está en pequeños comercios, llámese tianguis, mercados o puestos ambulantes.

Así, las féminas son las que mayor participación porcentual tienen dentro de la informalidad.

La tasa de ocupación del género masculino en ese sector es de 27.99 por ciento, es decir, 7.9 millones hombres, esto es, 60 por ciento de los 12.97 millones.

Estadísticas del INEGI detallan que 78.9 por ciento de las mujeres se ocupa en el sector servicios, 16.3 por ciento en el sector secundario (industria) y cuatro por ciento en actividades primarias (agricultura y ganadería).

En promedio, el ingreso que percibe la población femenina por su trabajo está 12.6 por ciento por debajo del de los hombres, de acuerdo con cifras del instituto.

El porcentaje de la población con una fuente de ingresos que se desarrolló dentro de la informalidad es el tercero más alto en lo va de la administración del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, en términos absolutos es el nivel más elevado desde 2000, que el INEGI tiene cifras disponibles.

Si bien la tasa de la economía subterránea del primer tercio del año fue menor a la observada en igual periodo de 2010 (28.49 vs. 28.64 por ciento), en términos absolutos se mostró un aumento, dado que en el último año se sumaron al sector medio millón de individuos.

Cabe destacar que la definición de informalidad del INEGI no contempla a la gente que no cumple con el fisco, sino aquellas que tienen un negocio en base a los ingresos familiares.

Sin embargo, analistas aseguran que la economía subterránea llega a superar 60 por ciento de la población ocupada.

De acuerdo con el director general del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, la definición amplia de informalidad no sólo contempla a aquellas personas que no cumplen con el fisco. Además agrega a todo aquel individuo que no cuenta con seguridad social, que trabaja sin un contrato de por medio y que, en general, no goza de prestaciones laborales óptimas.

La canción que nació de un reportaje

Un reportaje de Periodismo Humano que narraba la vivencia de dos mujeres en el momento de la expulsión de sus parejas ha hecho que su historia no sólo se cuente, también se cante.

En el taxi Juana, boliviana y embarazada, trata de contactar con el abogado de su pareja que está en el aeropuerto de Barajas a punto de ser deportado. (M.R)

“La tarde del pasado 1 de julio, Juana se extrañó de que su novio Richard, boliviano como ella, no hubiera vuelto a casa. Cuando sonó el teléfono recordó las historias que había oído sobre redadas de la policía. Dos días después, Juana se encontraba en el aeropuerto de Barajas, preguntando sin éxito por su pareja.” Así comenzaba el reportaje “Historia de una deportación” que Periodismo Humano publicó en octubre del pasado año. Y así comienza también la canción “Perdido”, del último disco del grupo Hombre-Huevo.

El compositor del grupo, César Corbi, leyó la noticia, y en poco más de dos semanas, este alicantino de 39 años ya tenía el primer boceto de un tema que trasmite las sensaciones de los inmigrantes sin permiso de residencia que viven en España, siempre bajo la amenaza de una repatriación forzosa. Meses después, desde Girona, el uruguayo Marcelo Masciadri (la otra pata del grupo Hombre-Huevo), introdujo los arreglos, más instrumentos, voces, sirenas de policía…

“Siempre me gusta aportar ideas en las canciones. No dar consejos morales, pero sí lanzar mensajitos al público”, comenta por teléfono César desde su ciudad natal. “Ya hicimos un tema sobre la llegada de pateras y otro sobre la situación que se vive en Cuba, “Habanece”. Esto explica en parte que este músico, y estudiante de periodismo, sintiera “nada más leerlo” que la “historia demencial” que contaba el reportaje merecía el esfuerzo de ponerle acordes.

Autor. César Corbi. Los integrantes del grupo Hombre Huevo, César Corbi y Marcelo Masciadri (en la pantalla), suelen componer sus temas comunicándose a través del ordenador.

Desde la humildad, este trabajador del puerto de Alicante presenta a su grupo como “cosa de amigos”, con un sonido “acústico muy casero”. César compone rápido, “dos semanas ya es mucho”. Luego escucha ese primer borrador, y si no le convence la canción va al cubo de la basura. Es su método para poder decir después: “no somos profesionales”, pero “yo lo que hago me lo creo”.

César reconoce que “la gente responde bien” al tema “Perdido”. En los conciertos “el público sí reconoce la historia”, o al menos siente que se habla de alguien que “no tiene salida ni rumbo”, con palabras que enganchan como “deportación o paradero”.

La fotoperiodista María Rodríguez Bajo junto a uno de los retratos que hizo a Romi el día que deportaron a su pareja. (A. S.)

“Alguien al otro lado”

Para María Rodríguez, la fotoperiodista que retrató la angustia de Juana y Romi, y compartió con ellas la rabia por la expulsión de sus parejas, el tema compuesto por César ha supuesto una suerte de recompensa “a un trabajo muy duro”. “Cuando informas, presupones que hay gente que te escucha, esa canción demostraba que había alguien al otro lado a quien habíamos llegado de una forma especial”.

María respira hondo antes de hablar sobre sus horas a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, donde tomó contacto con la dura realidad de las deportaciones. Meses después, la vivencia que retrató en imágenes tomaba forma musical, haciendo que ese trabajo, según ella, “llegara todavía más lejos, y tomara un poco más de sentido ese esfuerzo”.

Después de ese reportaje, María ha cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. “Para mí, Aluche ya no es un barrio normal, es el barrio donde hay un CIE”. Un lugar temido por los migrantes que conoce en Madrid, a los que ahora entiende mejor cuando le cuentan su miedo a salir a la calle y ser interceptado en alguna de las “redadas racistas” que abundan en la capital.

“La historia de muchos”

“Historia de una deportación” se centra en la desesperante experiencia de dos mujeres bolivianas, Juana y Romi. Pero para María, el valor de ese reportaje es que representa “la historia de muchas personas que viven en España, con proyectos vitales que quedan zanjados de la noche a la mañana”. “Es algo que cuesta creer que pase en un Estado democrático, pero es así”.

Y sin conocerse, César coincide con María al señalar que las situaciones que narra el reportaje afectan a muchos. Según él son “calcadas” a las de los miles de sudamericanos que logran llegar de forma ilegal a Estados Unidos. “Habla de lo mismo que El visitador”, explica, una película que también le sirvió de inspiración para la letra del tema “Perdido”.

En efecto, según el ministerio del Interior, 13.278 personas fueron repatriadas contra su voluntad en 2009. La ironía -comenta la fotógrafa- es que se trata de una realidad desconocida, pero que está muy cerca, en nuestros barrios”. Cada vez se publican más noticias e informes sobre la triple amenaza a la que se enfrentan las personas que viven en España sin permiso de residencia: alto de la policía debido a su aspecto, ingreso en un CIE, deportación al país de origen. Sin embargo, la mayoría de la población española no ha oído hablar de estas prácticas por parte del Estado.

Las organizaciones sociales de derechos humanos y de apoyo los migrantes denunciaron recientemente el “oscurantismo” del Ministerio del Interior que no deja a periodistas ni ONG acceder a los CIE, ni informa sobre las repatriaciones puntuales que se realizan. En este sentido, María cree que el colorido centro de internamiento de Aluche provoca que “mucha gente que va a la comisaría” de este barrio nunca podría imaginarse que “al lado hay gente encarcelada por una falta administrativa”.

Imagen del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) situado en el barrio madrileño de Aluche. (María Rodríguez)

César termina la entrevista preguntando por la suerte que han corrido las dos mujeres que se citan en el reportaje. “Eso es lo realmente importante, no nuestras canciones”. María le responde a través de este reportaje. “Intentamos volver a contactar con Romi, pero ella no tenía más ganas de seguir contando su historia. La última vez que hablamos estaba pensando en volver a su país (Bolivia), la sentí esquiva, dolorida por todo lo que había ocurrido”.

La última frase que le dijo Romi a María antes de colgar el teléfono fue “¿para qué hablar más, si no sirve de nada denunciar estas cosas”. Seguramente, el reportaje que narraba una deportación no le cambió en nada la vida a esta joven boliviana, sólo sirvió para que otros pudieran conocer esa realidad. Y ahora también, a que su historia se escuche en esta canción.

Trata de personas y participación ciudadana




Miguel Concha

La participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas puede atravesar por diferentes retos, entre otros que la misma crítica, e inclusive el disenso con las autoridades, sean respetados, y que se considere la concurrencia de la sociedad en su debida dimensión como un acto valioso y consecuente. Que su intervención se acompañe también de la garantía de que pueda manifestar sus diferencias y elaborar propuestas desde su experiencia, y que efectivamente tengan peso en las discusiones de los espacios y en las decisiones que se tomen. Otro reto es que se respeten las diversas formas de participación; esto es, la posibilidad que tiene la sociedad, por su pluralidad, de participar en mesas de trabajo, y además llevar a cabo marchas, jornadas culturales, etcétera. Expresiones no sólo legitimas, sino que no se excluyen, y por el contrario se refuerzan entre sí. De otra forma se caería en dinámicas de simulación en espacios oficiales en los que se pretendiera otorgar, como una especie de concesión graciosa, la presencia de la sociedad, aunque limitada a asentir con docilidad bovina.

En ese escenario, lo que se estaría incentivando es la suplantación de la ciudadanía por siervos y lacayos. El 19 de julio pasado representantes de varias organizaciones civiles, que forman parte de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas, marcharon pacíficamente en la ciudad de Tlaxcala. El motivo de su movilización era acudir a la sede del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que se encontraba en esos momentos sesionando, para entregar una propuesta ciudadana acerca de la estrategia para prevenir, atender y sancionar dicho delito en ese estado.

A partir de 2004 este movimiento se ha desarrollado como una respuesta en contra de la trata de personas, en particular mujeres, para la explotación sexual, problemática reconocida en la realidad tlaxcalteca. Compuesto por diferentes grupos comunitarios promotores de los derechos humanos, organizaciones civiles y personas comprometidas, el movimiento Iniciativa Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y la Trata de Personas cuenta ya entre sus logros los siguientes:

A) Haber visibilizado la problemática de la trata de personas, así como el reconocimiento público de la existencia en Tlaxcala de redes de tratantes para la explotación sexual;

B) Campañas ciudadanas contra éstas;

C) La tipificación del delito de trata de personas en el estado;

D) La generación de una ley estatal para prevenir y sancionar este delito; y,

E) Que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Estatal contra la Trata de Personas esté garantizada con voz y voto. El tema de la trata de personas no es menor, pues no solamente constituye un delito grave, sino que también es una violación a varios derechos humanos importantes: vida, libertad, autodeterminación, salud y libre desarrollo de la personalidad.

El municipio de Tenancingo en Tlaxcala, mencionado en el apartado sobre México en el Informe sobre la Trata de Personas, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, correspondiente a 2011, está identificado claramente como un lugar importante de origen de víctimas mexicanas de trata para la explotación sexual en México y Estados Unidos. Junto con Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, es uno de los que procede la mayoría de las víctimas identificadas. Es entonces legítimo que la sociedad organizada presente propuestas respecto de la estrategia gubernamental para enfrentar una problemática bien identificada en ese estado. Lamentablemente la propuesta ciudadana, enriquecida con las observaciones de las organizaciones civiles que conforman la Iniciativa Popular, no pudo ser presentada directamente ese día ante el consejo, sino que por el contrario se mantuvo a la ciudadanía bajo la lluvia y fuera de la Secretaría de Gobierno, permitiendo al cabo de alrededor de una hora que una pequeña comisión, integrada por tres personas, dejara el documento en la recepción de dicha dependencia.

Sin fecha fija, quedó pendiente en el consejo estatal la discusión y votación, tanto de la estrategia original, que elaboró la experta Bárbara Yllán, como de la iniciativa popular enriquecida por la sociedad civil. Esta estrategia pretende fundamentalmente establecer las máximas acciones para conseguir tres grandes objetivos:

1) Prevenir el delito;

2) Atender, proteger y reincorporar a las víctimas, y

3) Sancionar a los tratantes. Para lograrlo, se basará en cuatro enfoques para garantizar no sólo su construcción, sino también y sobre todo su eficacia:

1) Protección de derechos;

2) prevención del delito;

3) atención y protección integral e interdisciplinaria de las personas; y

4) enfoque de género. Dichos enfoques se materializarán en cuatro ejes de acción: prevención; atención y protección integral; coordinación de la administración pública estatal, e investigación y judicialización.

Hacemos votos por que la discusión sea fructífera y de ella emanen acciones idóneas para combatir este delito que atenta gravemente contra la dignidad de las personas. Como sociedad civil confiamos en que los espacios de participación se caractericen por la apertura a las demandas ciudadanas y sus diferentes expresiones, porque las personas que se dirigen a las autoridades en marchas pacíficas y organizadas merecen una consideración más sensible que la de ser atentamente invitadas a dejar sus escritos en una ventanilla. Y se espera que no se pretenderá reducir su participación a una especie de servidumbre civil, sentada en una mesa formalmente puesta para la discusión, pero materialmente inoperante, toda vez que se trata de espacios incapaces de abordar las inquietudes de la ciudadanía. Necesitamos nuevos modelos de diálogo, en los que la ciudadanía se vea como un aliado, no como un agente exógeno e intimidante.

Demandan que juez civil procese a militares



Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de agosto de 2011, p. 13

Cuernavaca, Mor., 12 de agosto. Héctor Sánchez exigió que autoridades civiles juzguen no sólo a los dos militares detenidos por la muerte de su hijo, Jethro Ramsés Sánchez Santana, sino a todos los implicados enn la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y homicidio del joven.

Sánchez leyó un pronunciamiento en la funeraria Hispano Mexicana, donde la noche de este viernes recibió el cuerpo de su hijo, quien el pasado primero de mayo fue aprehendido en la feria de la ciudad por policías municipales, los cuales lo entregaron a agentes federales y éstos a militares de la 24 Zona Militar.

Tres meses y 11 días después de que desapareció su hijo, Héctor Sánchez demandó que se limpien el nombre y la memoria de Jethro, porque los policías locales y federales, además de los soldados, lo acusaron sin fundamento de pertenecer a un grupo delictivo para justificar su abuso de autoridad.

Todo ocurrió en un lapso breve, desde que lo detuvieron, a las 18:48 horas, y trasladaron a las instalaciones de la 24 zona militar para torturarlo, hasta ocasionarle la muerte y llevarlo posteriormente a Puebla para inhumarlo de manera clandestina, con el fin de ocultar su terrible e injustificable crimen, comentó.

Reiteró que ha exigido la verdad y ahora demanda justicia, así como que la muerte de Jethro no quede impune, para que ningún muchacho vuelva a ser ultimado por militares y policías acusado de ser sicario.

Demandó que todos los que lo ayudaron a buscar al joven lo apoyen hasta que se aplique la ley.

Acompañado por decenas de familiares, amigos, compañeros de estudio del joven e integrantes de organizaciones sociales, Héctor Sánchez recibió el cuerpo de su hijo a las 22 horas de este viernes en la funeraria mencionada.

Insistió en que se debe reivindicar el nombre de su hijo y que se debe castigar a todos los implicados en el asesinato.

Enfatizó que el dolor y sufrimiento son indescriptibles y no se lo deseo a ninguna familia.

Retroceso en derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes


Alto número de embarazo en adolescentes y escaso acceso a anticonceptivos


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 12 ago 11 (CIMAC).- En el país, la prevalencia del embarazo en adolescentes y las altas tasas de menores de 20 años de edad sin acceso a métodos anticonceptivos son muestra de los vacíos que existen en las políticas públicas dirigidas a la juventud, los cuales derivan en la “flagrante” violación de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y jóvenes.

Lo anterior, lo señaló a Cimacnoticias Alma Rosa Ugarte Pérez, coordinadora del área de Investigación, de la organización Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, quien lamentó que el Estado mexicano en lugar de promover los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, obstaculiza el ejercicio de éstos.

Hoy, Día Internacional de la Juventud, la activista lamentó que en la política pública existan “vacíos en lo más básico como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos para las y los adolescentes”, que les permitan ejercer una sexualidad sin riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y también evitar embarazos no deseados o planeados.

En promedio, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) entre las mexicanas es de 9.8 por ciento, pero ésta aumenta a 18 por ciento en las jóvenes y a 25 por ciento entre las adolescentes, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009.

El número de casos de mujeres con VIH va en aumento. En 1985 por cada 10.8 hombres seropositivos había una mujer en esa condición, en 2010 la relación pasó a 4.2 hombres por una mujer. Actualmente, de cada 10 personas con VIH dos son mujeres.

Hasta noviembre del año pasado, había más de 144 mil personas con Sida en el país, de las cuales 25 mil 683 son mujeres, el 33 por ciento de ellas tiene entre 15 y 29 años de edad, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida).

La coordinadora del área de Investigación de Elige, añadió que la propagación de la epidemia en las adolescentes y jóvenes se deriva de la falta de acciones efectivas para que esta población ejerza sus derechos sexuales y reproductivos, como servicios de salud “amigables, pertinentes, integrales”.

De igual modo, dijo que se requieren campañas que informen sobre la importancia del uso de métodos anticonceptivos para prevenir ITS, sobre todo del condón masculino y femenino.

Durante los últimos cuatro años (2007-2010), el uso del condón en las relaciones sexuales de menores de 20 años de edad sólo aumentó 0.8 por ciento, alcanzando una cobertura de 25.8 por ciento de los 11 millones 26 mil adolescentes, de los cuales 5 millones 505 mil son mujeres, según datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) sólo una de cada 10 mujeres de 15 a 19 años de edad utiliza algún método anticonceptivo cuando inicia su vida sexual, debido a que no tienen oportunidad de acceder a ellos.

La NIA en esa población está relacionada con que en veinte años, la tasa de embarazos en adolescentes sólo se redujo 11.9 por ciento. Hace dos décadas, 81.4 por cada 100 mil adolescentes tenía al menos un hijo, en 2008 esta tasa disminuyó a 69.5 por el mismo número de mujeres de 15 a 19 años de edad.

Además de la falta de acceso a anticonceptivos, tampoco ha habido campañas de promoción del uso de estos métodos. Hasta 2011, el quinto año de gobierno de Felipe Calderón y el onceavo del Partido Acción Nacional en el poder, recién se lanzó una campaña para evitar embarazos no deseados o planeados, refirió la activista.

Abundó que “resulta preocupante que dejaran pasar tanto tiempo para llevar a cabo una acción importante ante la grave problemática del embarazo adolescente”. Cabe mencionar, que uno de cada cuatro embarazos en las menores de 20 años de edad no fue planeado y uno de cada 10 tampoco fue deseado, según datos de la investigadora Graciela Freyermuth Enciso del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

La falta de respuestas por parte del gobierno mexicano a las necesidades básicas de adolescentes y jóvenes se traduce en una violación a sus derechos esenciales. “El Estado no garantiza la autonomía de nuestra vida sexual y reproductiva, por el contrario intenta controlar nuestros cuerpos limitando o anulando nuestro derecho a decidir”.

Por ello, lejos de hablar de avances en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y jóvenes, “hoy hablamos de retrocesos, un ejemplo claro es la modificación a las legislaciones locales que penalizan el aborto en 17 estados del país”, indicó Ugarte Pérez.

En este escenario, existen oportunidades, aseveró, una de ellas es la organización de las y los adolescentes y jóvenes para conocer y exigir el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, pero también para demandar que sean consideradas personas agentes de cambio que contribuyan al desarrollo del país, concluyó.

Estado policial y desprotección ciudadana


Editorial La Jornada
Los cateos realizados la madrugada del jueves en varias residencias del sur del Distrito Federal –entre ellas la del poeta Efraín Bartolomé– confirman la situación de pesadilla que enfrenta el conjunto de la población en el país: ésta no sólo se encuentra sometida al acoso de la criminalidad –cada vez más extendida a pesar de la supuesta estrategia gubernamental para contenerla– sino también a la violación cotidiana de los derechos humanos por parte de las autoridades y a la indiferencia oficial constante a ese respecto.

El hecho registrado en al menos tres domicilios de la delegación Tlalpan dista de ser aislado, si se atiende a la recomendación emitida ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que el organismo observa con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública, y considera alarmante la cifra de violaciones a las garantías individuales –3 mil 786 entre 2006 y el presente año– cometidas durante los cateos.

En efecto, más allá de que este atropello haya sido cometido por una dependencia estatal –en este caso, la policía ministerial mexiquense–, el episodio refleja una deficiencia estructural de la estrategia de seguridad pública vigente a escala nacional: la ausencia, como correlato de las acciones policiales y militares puestas en marcha por el gobierno federal y los estatales –estos últimos en el contexto del operativo Conago I– de una política de derechos humanos que garantice la protección de los principios de libertad de tránsito y reunión; la inviolabilidad del domicilio y los documentos y datos personales; la presunción de inocencia y otros preceptos enumerados en la Constitución que han sido recurrentemente violados en el marco de la actual guerra contra la delincuencia.

Por lo que hace a la explicación ofrecida por la procuraduría del estado de México sobre los allanamientos referidos –la violación a los domicilios se habría cometido en el marco de las acciones para desarticular a la banda delictiva conocida como La mano con ojos–, tal intento de justificación resulta improcedente, porque se da a entender que cualquier acción de la autoridad –incluso el atropello de la gente– es válida en aras al fin supremo de combatir a la delincuencia organizada.

En otro sentido, la proliferación de este tipo de situaciones pone de manifiesto la improcedencia de los intentos legislativos por dotar a las fuerzas públicas de un marco jurídico que proteja su accionar en tareas contra la delincuencia organizada, como pretende hacerse mediante la aprobación de la ley de seguridad nacional. Ciertamente, es tarea irrenunciable del Estado combatir al crimen y para ello necesita de instrumentos jurídicos adecuados. Pero, en un país en el que la principal amenaza contra la población ha provenido frecuentemente de la propia autoridad, salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones militares y policiales nacionales no se logrará más que incrementar la zozobra de la ciudadanía, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de policías y soldados.

Sería injustificable que en el caso que se comenta las autoridades consideraran saldado el problema con el usted disculpe formulado por la procuraduría mexiquense: los excesos cometidos por sus policías deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, y las víctimas deben ser resarcidas y compensadas por los atropellos que sufrieron. Desde una perspectiva más general, resulta imperativo que los organismos oficiales y civiles de protección a los derechos humanos, y la sociedad en su conjunto, se mantengan vigilantes para prevenir la posibilidad de que el tan pregonado esfuerzo de aplicación de la ley siga dando lugar a atropellos contra la ciudadanía, y que la lógica del Estado policial se instale en forma definitiva en la circunstancia, de por sí trágica, que vive la población del país a raíz del colapso de la seguridad pública.

Liberan a guatemaltecas detenidas en Chiapas


Pasaron 3 días en Centro de detención por “tomar atajo”


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 12 ago 11 (CIMAC).- Después de tres días de haber permanecido detenidas en el Centro de detención de Comitán, Chiapas, esta tarde fueron trasladadas a la frontera mexicana por el lado de la Mesilla para ser retornadas a Guatemala, 4 activistas guatemaltecas y una menor de edad, detenidas el pasado 9 de agosto por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista telefónica Claudia Vázquez Cruz responsable del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, sección Comitán, confirmó la liberación de las mujeres, luego de que personal del INM las detuviera, haciendo caso omiso de la explicación de las activistas quienes les señalaron que sólo transitaban por un tramo de nuestro país (como una forma de atajo) para llegar a Guatemala.

La detención de las integrantes de la organización Mama Maquim - creada en 1989 en los campamentos de refugiados en Chiapas- se realizó mientras las mujeres transitaban en la comunidad Carmenxan del municipio de La Trinitaria, en la frontera de Chiapas, ya que ésta es la ruta más corta para trasladarse de un departamento a otro en Huehuetenango Guatemala.

Mama Maquín, esta integrada por mujeres que vivieron el refugio y el retorno durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Cruz agregó que las integrantes de la organización Mama Maquim (integrada por mujeres que vivieron el refugio y el retorno durante el conflicto armado interno en Guatemala) fueron detenidas el pasado 9 de agosto, y que según información del INM, ese mismo día serían trasladadas a la una de la tarde a su país de origen, situación que no ocurrió hasta hoy.

Las integrantes del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, reprobaron el actuar del personal de migración en Chiapas, y cuestionaron la política migratoria implementada por el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero.

Vázquez Cruz, precisó que tal y como sucede todos los días con cientos de personas guatemaltecas, las mujeres decidieron viajar por la frontera con Chiapas, --para no hacer un viaje de más horas-- introduciéndose a estas tierras, por unas horas, para luego retomar territorio Guatemalteco, por ello no contaban con su documentación.

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, inició sus trabajos en el 2003 en comunidades indígenas de 4 regiones: Norte, Selva, Frontera y Altos

El Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad



Enrique Calderón Alzati
Ante las noticias que confirman la participación del gobierno estadunidense en los asuntos internos de México y la subordinación del gobierno de Felipe Calderón, obstinado en continuar sus políticas de destrucción y violencia a las que está llevando al país, con la complicidad de los partidos políticos y del Congreso, como ha sido denunciado y aceptado por sus propios líderes, es claro que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, representa hoy la única esperanza que tiene la sociedad mexicana para detener toda esta locura.

Seguramente hay muchos que no piensan así y están en su derecho; sin embargo, valdría la pena preguntarse: ¿qué otra alternativa tenemos? Los logros de este movimiento, criticado por muchos como ingenuo, por otros como oportunista o como simple comparsa del gobierno, son inéditos, en cuanto a que han obligado al Presidente mismo a soportar, frente a la prensa y la televisión, los reclamos y la indignación de centenas de ciudadanos lastimados e ignorados por él mismo, por sus colaboradores y por las diferentes autoridades, que supuestamente tienen la obligación de asegurar la paz y la tranquilidad de la sociedad. De igual manera, la convocatoria para reunir a los líderes de las diferentes fracciones del Congreso y hacerles notar la complicidad de sus acciones en torno a la asignación de recursos para instrumentar la guerra que hoy agravia y enluta al país, con sus secuelas de tragedia y confusión; reclamarles su falta de compromiso para con la sociedad mexicana, para mejorar sus expectativas de vida, de alimentación, de salud y de educación, y la aceptación tácita de esas culpas por parte de los congresistas, constituyen por sí mismos un hito en la historia de nuestro país.

Gracias a todos estos hechos, la sociedad mexicana cuenta hoy con capacidad de movilización política de la cual ha estado carente por bastante más de una década; durante los últimos días he tenido oportunidad de plantear mis dudas y certezas a diversas personas amigas en torno a este tema, encontrándome en todos los casos con una corriente de simpatía creciente hacia Javier Sicilia y los demás líderes e integrantes de este movimiento, la cual comparto cada día con más entusiasmo.

Contar con esta capacidad de distensión no nos asegura que la guerra pueda ser detenida o que pueda darse una solución que ponga fin a la actual escalada de violencia y de inseguridad, la cual parece estar vinculada a intereses ajenos y desconocidos a la sociedad mexicana, pero es la única opción ciudadana que tenemos.

En días pasados he leído algunas críticas fuertes contra Javier Sicilia, de que se están utilizando los justificados motivos de protesta de familiares, respecto de la desaparición de personas, incluyendo a miles de centroamericanos o de muertes causadas por las propias fuerzas de seguridad, para plantear asuntos de otra índole, como los referentes a la desatenciones gubernamentales en materia de salud, educación y empleo o las reformas políticas discutidas por el Congreso sobre candidaturas ciudadanas. Quienes hacen esas críticas parecieran no querer entender que este tipo de conducta forma parte natural de los movimientos civiles, que una vez puestos en marcha se deben nutrir de otras causas de descontento relacionadas con la suya, para incorporar a otros segmentos de población agraviada, especialmente cuando los temas están relacionados entre sí.

Por otra parte, para los líderes de cualquier movimiento social que resulta exitoso en su capacidad de convocatoria, la presión que reciben, en torno a la politización de su movimiento, crece en razón directa de su éxito. ¿Cuántas sugerencias ha recibido el señor Sicilia para convertirse en candidato a la Presidencia de la República por ciudadanos que lo ven como la mejor opción para un mejor futuro del país? No lo sé, pero puedo pensar que muchísimas y que esto es independiente de que él lo quiera o no, ésta es la esencia de los movimientos sociales, cuando se dan en contextos de vacío como el actual. Por ello, debiéramos pensar si existen hoy opciones por las que la sociedad pueda sentirse atraída para emitir su voto en 2012.

En el caso del PAN, ciertamente que no, después de los 12 años de retroceso inocultable para la sociedad en su conjunto, y menos aún al pensar en el conjunto de personajes que aspiran a la candidatura por ese partido. El hecho de que sea la señora Josefina Vázquez Mota quien aparezca como la mejor posicionada entre ellos se antoja concluyente. Respecto del PRI, para el cual su capacidad de triunfo parece indiscutible, ello se debe no a la simpatía que sus candidatos puedan tener, sino a sus posibilidades de triunfos basados en los enormes recursos con los que cuenta para comprar votos, así como en la existencia de personajes siniestros capaces de tejer las redes de los intereses más corruptos, los mismos que han llevado al país a su situación actual. Para el caso del PRD, con mucho menos posibilidades de triunfo, la imagen es un poco mejor, pero está lejos de constituir un atractivo para la sociedad en su conjunto. La polarización existente en torno a Andrés Manuel López Obrador hace difícil pensar en que ese candidato pueda atraer un apoyo mayoritario de la sociedad, mientras que las posibilidades de Marcelo Ebrard siguen siendo reducidas.

En este escenario, la imagen diferenciada de Javier Sicilia puede parecer ingenua, pero ciertamente fresca y mejor que todas las demás. A mí en lo personal me gustaría verlo como candidato; su participación en la próxima contienda electoral haría cuando menos posible regresar a la discusión de ideas y principios, en lugar de las campañas de lodo y baratijas a las que hemos sido expuestos en los recientes procesos electorales.

Se recrudecen violencia y discriminación contra las migrantes


Vía crucis de 120 mil mujeres en su paso por México


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 12 ago 11 (CIMAC).- En 10 años, el panorama para las migrantes centroamericanas en transito y estancia en México se recrudeció por la violencia del crimen organizado, la corrupción de las autoridades, y por la discriminación y obstáculos institucionales para que ellas puedan regular su situación migratoria.

La Ley de Migración, aprobada por el Congreso el pasado 27 de abril, no impedirá las múltiples violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las y los migrantes que cruzan el país, toda vez que los criminaliza y no garantiza su integridad, señaló a Cimacnoticias Gretchen Kuhner, del Programa de Mujeres en Migración del Instituto de las Mujeres en Migración (IMUMI).

Con esta legislación se prevé que continúen las transgresiones a los derechos de las mujeres migrantes de origen centroamericano, que se caracterizan por el uso de la violencia sexual por parte de la delincuencia organizada y también de autoridades migratorias y seguridad pública.

EN TRÁNSITO

Las mujeres representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito por México rumbo a Estados Unidos; se calcula que cada año ingresan al país 400 mil personas.

Las migrantes en tránsito o transmigrantes son víctimas de múltiples delitos en su camino por territorio mexicano cometidos por bandas de la delincuencia organizada coludidas con las policías y autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), según los testimonios de estas mujeres, apuntó Kuhner.

Ante el crítico panorama el gobierno se deslinda de su responsabilidad, acusó la investigadora. Y por si fuera poco promovió una legislación migratoria que legitima las detenciones arbitrarias de transmigrantes mediante redadas y operativos en los que “las autoridades corren atrás de ellas hasta la selva o el río”.

La mayoría de las centroamericanas paga a traficantes por documentos falsos y se quedan en hoteles, a diferencia de los hombres, quienes viajan en tren y duermen en las casas de apoyo a personas migrantes.

Esa circunstancia aumenta la violencia y extorsión de las migrantes, por eso “en los casos de secuestros siempre hay mujeres”, ejemplificó.

Cuando caen en manos de secuestradores y su familia en su lugar de origen no puede costear el rescate, y tampoco tiene quien envíe el dinero desde EU, ellas cocinan o limpian en las casas de seguridad, donde las mantienen cautivas “como estrategias de sobrevivencia”.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres secuestradas son violadas sexualmente y son forzadas a prostituirse.

VAN POR UNA VIDA MEJOR

Las mujeres que salen de sus países lo hacen con la intención de conseguir un empleo que les permita “salir adelante, tener una vida mejor”. Algunas salen solas y cuando se establecen en EU mandan por sus hijos con algún “pollero comunitario” o algún familiar.

La violencia contra las personas migrantes convirtió el paso por México en un “lugar muy arriesgado para que las niñas, niños y adolescentes se trasladen solos”.

Por ello, otras mujeres prefieren viajar con sus niñas y niños con la intención de que sus descendientes crucen con documentos falsos, mientras ellas lo hacen por el desierto. Cada vez son menos las que salen de sus países en busca de la reunificación familiar; el principal motivo de expulsión es la pobreza.

Las circunstancias en que las migrantes viven en México dependen de su condición migratoria. Si tienen un permiso de estancia lo deben renovar cada año y tramitar permisos adicionales para trabajar y para que sus hijas e hijos puedan estudiar, detalló Gretchen Kuhner.

Es por eso que se ocupan sobre todo en empleos informales, como trabajadoras del hogar y carecen de servicios de salud. La falta de regularización migratoria limita sus oportunidades de acceso al empleo formal.

La educación para sus hijas e hijos también se ve limitada por su condición migratoria, ya que sus actas de nacimiento y documentos de identificación tienen que pasar por el INM.

De igual modo, cuando son víctimas de violencia no denuncian por temor a ser deportadas al llegar con las autoridades. Hasta la fecha, cuando las migrantes sufren violencia por parte de su pareja, sus compañeros suelen amenazarlas con la deportación y con quedarse con las hijas e hijos.

La Ley de Migración, mencionó Kuhner, tiene entre sus disposiciones la garantía de educación y atención médica de las personas migrantes en el país, ahora falta que se implementen.

Además, estableció que las actas civiles de registro de niñas y niños, así como de matrimonio estarán desligadas del INM; éste es un aspecto favorable porque ellas se podrán divorciar sin que el proceso tenga que pasar por ese instituto, y sus hijas e hijos tendrán derecho a la educación.

Sandak, regreso al siglo XIX



Arturo Alcalde Justiniani

De un día para otro, la empresa Calzado Sandak despidió a sus más de 300 trabajadores de la planta Calpulalpan, Tlaxcala. No hubo aviso previo ni justificación alguna, existe materia de trabajo y han ampliado su mercado. Al despedirlos, les informaba que ahora podrían laborar en sus domicilios o establecer una maquila; para ello les proporcionaría maquinaria y materia prima; eso sí, no tendrían salario fijo, pues ganarían según la producción; tampoco seguridad social, prestaciones ni sindicato. La conducta de esta empresa es representativa de la impunidad con la que se conducen las trasnacionales en nuestro país. Ignoran que, conforme a la ley, un cierre de esta naturaleza debe ser justificado ante la autoridad laboral a través de un conflicto colectivo de naturaleza económica; sin embargo, confían en que esta autoridad se convierta en su cómplice para abaratar el costo y las condiciones de trabajo, al crear una cadena productiva a domicilio, que consiste en encargar a ex empleados o a maquilas caseras distintas etapas del proceso, como costura y corte, recoger la producción, obteniendo así el producto terminado. Una auténtica cadena de explotación supuestamente superada por nuestra legislación social. Todo es una simulación: en realidad estamos regresando al pasado.

Sandak pertenece a la trasnacional Bata Internacional, cuyo origen se remonta a 1894 en Checoslovaquia. A principios de los años 40, traslada su centro de operaciones a Canadá. Actualmente se ostenta como la más grande productora de calzado del mundo, con operaciones en 70 países, en los cuales establece una planta matriz y centros de trabajo que califica de satélites. Cuenta con 5 mil tiendas de distribución. En México inicia operaciones en julio de 1958, estableciendo distintas plantas y una amplia red de maquila a domicilio. Con el cierre en Calpulalpan pretende concentrar operaciones en una planta en Iztapalapa, Distrito Federal, y otra ubicada en Chalco, estado de México, con la denominación Coscorsa SA de CV; con esta razón social tiene registrada la maquinaria y el equipo para protegerse de cualquier conflicto laboral.

La estrategia productiva de Sandak está sustentada en la diversificación de centros de trabajo con sindicatos y contratos colectivos distintos, las prestaciones también son diferentes y las utilidades las fija en una sola unidad productiva; para el periodo 2009-2010 declaró que tenía mil 800 trabajadores.

El impulso para canalizar su producción por la vía de la maquila domiciliaria fue acelerada en los últimos cinco años con motivo de la llegada a México de un nuevo director general, Carlos Casanelo, quien desde un inicio manifestó que su misión era reducir el costo salarial al máximo; para ello diseño una política tendiente a destruir al combativo sindicato independiente en Calpulalpan. Poco a poco fue sustrayendo áreas productivas de la planta fomentando el establecimiento de maquilas y trabajo a domicilio, donde los trabajadores se ven obligados a laborar jornadas extenuantes, a integrar a la familia, incluyendo los menores, para lograr las cuotas productivas y un ingreso de sobrevivencia; al no tener seguro social, la atención médica y accidentes corren a su cargo. Los centros de trabajo están plenamente identificados: basta ir a las comunidades de Francisco Villa y San Felipe, Hidalgo, ambos en Tlaxcala, donde encontraremos las maquilas Olrafe, Angiemant, Candy, Sinaí, además de diversos domicilios particulares convertidos en pequeños talleres. A pesar de las denuncias, las autoridades federales y locales se han hecho de la vista gorda. La inspección laboral está siempre ausente.

Para limpiar su imagen, Bata Internacional presume un código de ética, su pertenencia a campañas en favor de la responsabilidad social empresarial, incluso cuenta con una fundación denominada Bata Children’s Program, que en nuestro país se reduce a distribuir algunas piezas de calzado en la delegación Iztapalapa y dar contribuciones al jardín de niños Cuauhtlahuac.

La política de desplazamiento a la maquila domiciliaria se agudizó la madrugada del 6 de diciembre de 2010, cuando la empresa redujo su planta de Calpulalpan a la mitad. El pasado 18 de julio dio el golpe final intentando sustraer toda la maquinaria de la empresa. El sindicato, con el apoyo de la comunidad en Calpulalpan, se lo impidieron. Hoy, los trabajadores se encuentran en plantón en las afueras de las instalaciones y crece el apoyo nacional e internacional a su reclamo de que sea reabierta por ser una importante fuente de empleo en esa zona.

Las autoridades de trabajo han hecho causa común con la empresa para desesperar a los trabajadores y forzarlos a aceptar las reducidas liquidaciones que les ofrecen mediante volantes y comunicados en la zona. La parcialidad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala y de su presidenta, Karina Edith Torres Vázquez, ha quedado evidenciada al rechazar en repetidas ocasiones todas las gestiones legales de los trabajadores. El primer emplazamiento de huelga con motivo de la suspensión laboral lo rechazó con el argumento de que no aparecían las firmas del comité en todas las hojas del documento; cuando éstas fueron recabadas, su explicación fue distinta, ahora relacionada con la toma de nota que a la propia junta le corresponde expedir. Indica que el comité ejecutivo no está debidamente integrado y que primero deben subsanar diversos aspectos estatutarios antes de dar trámite alguno a la gestión; eso sí, se ofrece como intermediaria para lograr la inmediata liquidación de los obreros.

Ante la complicidad de las autoridades locales de Tlaxcala, los trabajadores buscan solidaridad y exigen al gobernador Mariano González Zarur que intervenga, no para buscar liquidaciones, como pretenden Sandak y la presidenta de la junta, sino para preservar la fuente de trabajo y evitar que se amplíe la cadena de esta nueva forma de esclavitud que constituye la maquila a domicilio.

OSC piden que relatores de DH de CIDH y OEA visiten México


Envían carta ante alarmante incremento de violencia contra personas defensoras


Por la Redacción

México, DF, 12 ago 11 (CIMAC).- Ante la situación de violencia que vive México, organizaciones civiles solicitaron a los relatores sobre defensores de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, que realicen una visita conjunta a nuestro país para constatar que el Estado mexicano criminaliza y estigmatiza su labor a favor de la sociedad.

Este día 152 organizaciones de DH de todo el país enviaron una carta abierta al relator de la OEA, José de Jesús Orozco Henríquez; y a la relatora de la ONU, Margaret Sekaggya, para solicitar que visiten México y emitan un pronunciamiento sobre los alarmantes acontecimientos contra defensores de derechos humanos (DH).

En la misiva las organizaciones explicaron que los abusos en contra de las y los defensores no son hechos aislados de ciertos individuos como el gobierno ha intentado argumentar, por el contrario, afirmaron que éstos ocurren en un contexto de estigma y criminalización por parte de autoridades del más alto nivel.

En el texto criticaron que desde 2006 –cuando inicio la llamada “guerra contra las drogas”, impulsada por el gobierno federal– y hasta octubre del 2010, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 165 ataques y agresiones en contra de defensores.

Afirmaron que de estas agresiones el 98.5 por ciento continúan en la impunidad y recordaron que tanto la OACNUDH, así como otros órganos de la ONU, también han documentado el uso del sistema de justicia para incriminar a las y los defensores de DH como un mecanismo para entorpecer y obstaculizar su labor.

Organizaciones estatales y nacionales denunciaron que recientemente altos rangos de las Fuerzas Armadas han hecho declaraciones que demuestran su desdén por los DH. Así por ejemplo, criticaron los dichos del secretario de la Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza; y del coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Aníbal Trujillo Sánchez.

En julio pasado Saynez Mendoza afirmó que “al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.

Días antes, el director general para los DH de la Sedena, Aníbal Trujillo Sánchez, expresó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (que estableció restricciones al fuero militar en casos de violaciones a DH en contra de civiles) al desacreditar casos de este tipo.

Ante estos hechos, las organizaciones señalaron que están convencidas que declaraciones de esa naturaleza exponen a las y los defensores humanitarios a un mayor riesgo e incrementan su vulnerabilidad.

Explicaron que son contrarias al espíritu de la recién aprobada reforma constitucional en materia de derechos humanos y al propósito del acuerdo publicado el 7 de julio en el Diario Oficial de la Federación que sienta las bases para la implementación de un Mecanismo de protección para las y los defensores.

Las organizaciones también informaron que rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación –dependencia encargada de implementar el mecanismo– hasta que las autoridades reconozcan la legitimidad de su trabajo, como lo han recomendado distintos organismos de la ONU y de la OEA.

Finalmente reiteraron la urgencia de contar con un mecanismo de protección sólido y efectivo que se fundamente en la voluntad y la cooperación mutua, por ello, solicitaron una visita conjunta de las relatorías sobre Defensores de Derechos Humanos tanto de las ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA.

Entre los firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos para las Mujeres en Chihuahua, entre otras.

¿Por qué tantas deportaciones?



Ana María Aragonés
El gobierno de Barack Obama ha endurecido la política migratoria en contra de los indocumentados al promover la deportación de gran cantidad de trabajadores, muchos de los cuales son mexicanos, sin importar que lleven años en Estados Unidos, que hayan pagado impuestos y tengan hijos nacidos en aquel país y, por tanto, sean ciudadanos estadunidenses.

Se trata de expulsiones que por supuesto están violando los más elementales derechos humanos pues, además, muchos fueron detenidos en compañía de sus familiares, pero devueltos a México sin ellos. Esta estrategia se encuentra en medio de un gravísimo problema económico en el que los partidos Demócrata y Republicano se enfrascaron en un terrible debate, que al final llevó a la calificadora Standard & Poor’s (S&P) a rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA+, poniendo en duda su capacidad para el pago de su deuda. De acuerdo con Paul Krugman, lo que demostró es que Barack Obama se rindió y el resultado será que dañará aún más una economía deprimida, así como que la extorsión cruda de los republicanos funciona y no lleva ningún costo político.

Uno debería preguntarse a qué se debe que en el contexto de tan graves problemas se añada uno más, que es la expulsión de migrantes que no han cometido ningún delito y que, tal como señala el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, esto es un suicidio nacional, estamos deliberadamente enviando a nuestro futuro fuera del país (La Jornada, 9 de agosto). Tal como señala el alcalde, lo que el país necesita en momentos de dificultades económicas son más migrantes... que crean más empleos de los que toman. Sobre todo si los flujos de migración indocumentada hacia Estados Unidos han disminuido en forma importante como resultado de la crisis en ese país y de las propias dificultades que presenta México para que estos trabajadores puedan transitar de forma segura hacia la frontera. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y con base en los resultados preliminares al primer trimestre de 2011, por cada 10 mil habitantes en México hay 36 que emigran al extranjero y 31 migrantes provenientes de otros países. Este comportamiento, señala el Inegi, en combinación con la tendencia del monto de inmigrantes internacionales tiene como resultado en términos relativos un saldo migratorio casi nulo.

Mantener a un conjunto laboral con salarios más bajos que los de los nativos y que se encuentran en sectores necesarios para relanzar la economía, como es el sector agrícola, entre otros, tiene la ventaja de ofrecer precios más bajos y con ello incrementar el consumo, lo que es una absoluta necesidad. Por otro lado, es una falacia sostener que se trata de combatir a la migración indocumentada por estar compuesta por criminales, lo cual se ha demostrado que no es así. Las supuestas felonías que pueden presentar algunos de estos trabajadores tienen que ver con pasarse un alto o conducir en estado de ebriedad.

Por tanto, una posible explicación del incremento de las deportaciones es que Barack Obama, en su afán por buscar la relección, responde así a criterios antinmigrantes extendidos por los ultraconservadores de la sociedad estadunidense, sector formado en gran parte por los miembros del llamado Tea Party, quienes tal parece están teniendo cada vez mayor fuerza, lo cual representa un enorme peligro.

Dar rienda suelta a este tipo de grupos lleva a tragedias como la vivida hace sólo unos días en Noruega, y habría que recordar el ataque a la senadora demócrata Gabrielle Giffords, acontecimientos que deberían ser un foco de alerta, sobre todo en momentos de crisis, pues es el contexto en el que van escalando posiciones electorales al encontrar apoyo en personas afectadas por las dificultades económicas. Y los gobiernos tendrían que evitar todas aquellas actitudes que promueven discursos xenófobos y racistas que favorecen la intolerancia.

Sin embargo, que Barack Obama esté incrementando las deportaciones responde a una estrategia que se aleja totalmente de las propuestas enarboladas en su campaña y se pone en juego la convivencia en una sociedad democrática. Pero parece que le interesa tener contenta a esa parte ultraconservadora de la sociedad política con un propósito: su relección.

Parafraseando a Krugman, la extorsión de los ultraconservadores funciona en este caso, aunque de ninguna manera será suficiente para asegurarle buenos resultados políticos.

Aún sin protección del Estado, defensoras mantienen su labor


Reiteran exigencia de que haya mecanismo de seguridad


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 12 ago 11 (CIMAC).- A pesar de la simulación del Estado mexicano en la “protección” a las y los defensores de Derechos Humanos (DH), y el clima de impunidad prevaleciente ante las agresiones del crimen organizado y las fuerzas de seguridad, las y los activistas recalcaron que no detendrán su labor por la vigencia de las garantías humanitarias.

Así lo manifestaron durante la inauguración del cuarto encuentro nacional de defensoras y defensores “La defensa de los Derechos Humanos y el ejercicio del periodismo: una labor peligrosa”, en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en esta capital.

Activistas de distintos estados del país denunciaron que las y los defensores de DH, al igual que el gremio periodístico, son víctimas de agresiones y de hostigamiento por parte de criminales y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que reiteraron su demanda de garantías para realizar su trabajo.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización internacional especialista en el litigio ante el sistema interamericano de DH, dijo que México aún tiene pendiente un mecanismo de protección para defensores y defensoras.

Explicó que aunque el 7 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establecen las bases para la instalación de un mecanismo de protección de defensoras y defensores de los DH, su implementación aún es una deuda pendiente que a la brevedad debe ser resarcida.

De acuerdo con un informe de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009 hubo 128 presuntas agresiones contra activistas; sin embargo, las agresiones lejos de reducirse van en aumento.

En el caso de mujeres activistas, durante 2010 fueron asesinadas tres defensoras: Marisela Escobedo y Josefina Reyes (ambas en Chihuahua), y Beatriz Cariño (en Oaxaca). Este año fueron ultimadas Susana Chávez, Malena Reyes y Luisa Ornelas, las tres en la entidad fronteriza.

Ante este escenario, el encuentro –que concluirá mañana– tiene como objetivo construir indicadores que constaten el riesgo que enfrentan defensores de DH y periodistas, con el fin de contribuir a la creación de un mecanismo eficiente de protección.

En opinión de Alejandra Nuño, las medidas de seguridad ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de 34 personas en Chihuahua y 107 en Guerrero, reflejan el peligro que hoy viven las y los activistas en todo el país.

Por lo anterior afirmó que las acciones de protección, así como la investigación de agresiones y actos de hostigamiento, son una cuestión urgente toda vez que muchas personas están saliendo del país al ver en riesgo su vida e integridad personal y al no contar con seguridad por parte del Estado.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo que las y los activistas no están pidiendo protección sino libertad. “Queremos nuestra libertad para defender la vida. Queremos trabajar con libertad. Queremos libertad porque enfrente tenemos mucho trabajo, eso es todo”, sostuvo.

Asimismo mencionó que no están pidiendo “migajas” y explicó que las y los defensores no pueden seguir confiando en que el Estado va a implementar un mecanismo “de defensa” y explicó que los activistas no pueden olvidar su labor a favor de la sociedad.

Cabe recordar que el acuerdo entre la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y otras entidades federales se presentó durante la reciente visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

En julio pasado, Pillay reconoció el trabajo de las y los activistas, en especial la labor de las defensoras que fomentan la protección de los DH en contextos de inseguridad y poniendo en riesgo su vida.

El hoy de nuestra América Latina..

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