Ciro Murayama
21.8 millones de mexicanos tienen ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Representan el 19.4% de la población y sólo entre 2008 y 2010 crecieron en casi tres millones y medio de personas. Esto revela que si bien el deterioro económico puede tener efectos nocivos generalizados, se ensaña en particular con la población más débil y muestra que en muy poco tiempo una amplia cantidad de personas pueden ir de ser pobres a incluso pasar hambre ante la ausencia de instituciones y redes de protección efectivas para evitar que la gente caiga en la miseria.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los hogares por debajo de la línea de bienestar mínimo para alcanzar el umbral determinado por el valor de la canasta alimentaria son los que no reúnen 978 pesos mensuales en las zonas urbanas y 684 en las zonas rurales. México, un país de ingreso medio alto según el Banco Mundial, y una de las primeras 12 economías, no es capaz de brindar a uno de cada cinco de sus habitantes un ingreso que le permita comer. La extendida presencia de la pobreza y del hambre en México, siendo un país que pese a todo se industrializó y que se ha modernizado en muchos aspectos, sólo se explica por la pésima distribución del ingreso: es la desigualdad lo que nos hace y mantiene subdesarrollados.
En 2008 el porcentaje de mexicanos que no podían adquirir una canasta alimentaria mínima fue de 16.7 y subió a 19.4, pero en algunos estados la situación empeoró de manera crítica: en Sinaloa (con un aumento del 73.4%), Jalisco (49.9%), Querétaro (46.2%), Baja California Sur (45.6%) y Chihuahua (43.9%).
Mas para cubrir las necesidades alimenticias no sólo hay que tener un ingreso mínimo sino lograr acceder a los alimentos mismos. En esto la situación es más preocupante, lo que refleja las insuficiencias de abasto en amplias zonas del país.
El Coneval señala, en su más reciente medición de la pobreza, que 28 millones enfrentan una situación de carencia en el acceso a la alimentación. De 2008 a 2010 el porcentaje pasó de 21.7 a 24.9%, con un aumento absoluto de 4.2 millones de personas. Deberíamos reflexionar si puede haber un dato más revelador del fracaso económico y social que vive México al iniciar la segunda década del siglo XXI: la cuarta parte de la población, uno de cada cuatro, sufre carencia en el acceso a la alimentación.
Esta carencia, como todo en nuestra realidad, se ha extendido de forma desigual. Incluso en estados prósperos como Nuevo León y Sonora, creció entre 2008 y 2010 cerca del 5%, lo mismo que en Yucatán. Aumentó en más de cinco puntos porcentuales en Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas. En tres estados la expansión de esta carencia fue superior al 10%: en Baja California Sur y Campeche, así como en el Estado de México.
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, en el 21% de las localidades rurales con presencia indígena no se expenden frutas y en 13% tampoco verduras, pero en el 100% se encuentran a la venta grasas, azúcares y bebidas, por ejemplo. La desnutrición, a pesar de haber ido disminuyendo, afectaba en 2006 al 30.8% de los niños menores de 5 años pertenecientes al 20% de los hogares más pobres del país. Al mismo tiempo, se constata un aumento del sobrepeso y la obesidad sobre todo en la población de menor ingreso.
La alimentación está volviendo a ser un tema crítico de México. No hay cifras recientes de alcance nacional, posteriores a la crisis, acerca de cómo ha crecido la desnutrición o el sobrepeso y la obesidad, problemas vinculados al bajo ingreso, a la carencia de acceso a los alimentos y a la mala calidad de los mismos. Es lamentable que, pese a los avances en cobertura de servicios de salud, la actual administración federal no haya aún dispuesto recursos para levantar la nueva Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que nos permitiría conocer con precisión el estado de estos dos aspectos fundamentales de la calidad de vida de los mexicanos.Investigador de la Facultad de Economía, UNAM
Editorial La Jornada
Ese cambio en las expectativas macroeconómicas del BdeM contraviene las posturas optimistas del gabinete calderonista ante los barruntos de lo que parece ser, en el mejor de los casos, una desaceleración económica mundial, y en el peor, una nueva recesión mundial: debe recordarse que en días anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rehusó modificar su propio pronóstico sobre crecimiento del PIB para el presente año, el cual se mantiene cercano a 5 por ciento. Por su parte, el pasado viernes, el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que la economía nacional tiene la fortaleza
para soportar cualquier embate procedente del exterior.
Ahora, sin embargo, los malos augurios sobre el escenario macroeconómico inmediato constituyen un signo contundente y preocupante de los estragos que tendrá en la economía de nuestro país el proceso de desaceleración que se configura en Estados Unidos: según estimaciones del propio banco central, la reducción comentada en las expectativas de crecimiento implicará dejar de crear 25 mil plazas laborales de las que se tenían previstas para este año, y esa disminución acentuará el déficit de empleo que arrastra el país desde hace décadas y que se agudiza como consecuencia del crecimiento demográfico y del reciente periodo de recesión económica.
La contracción del mercado laboral configura un círculo vicioso, en la medida en que impacta negativamente en el consumo de la población; afecta, de ese modo, a las empresas del país –sobre todo a las pequeñas y medianas– y las orilla, en consecuencia, a realizar más despidos.
El previsible agravamiento del panorama económico expuesto en el informe del BdeM exhibe, por lo demás, falta de responsabilidad en la conducción del país por parte del actual gobierno federal, el cual no ha sido capaz de llevar a la economía nacional a superar el estado de precariedad en que se encuentra: por el contrario, y a pesar de la manifiesta bancarrota en que se colocó el modelo neoliberal a raíz de la crisis de hace tres años, la actual administración ha decidido mantenerlo y profundizarlo mediante renovados intentos por privatizar la propiedad pública y la continuidad de una política fiscal injusta y regresiva. No se han dado, en cambio, acciones para revertir la vasta dependencia económica que México acusa con respecto a Estados Unidos, como la siempre postergada reactivación y fortalecimiento del mercado interno, el manejo eficiente del gasto público, la aplicación rigurosa del cobro de impuestos a las grandes fortunas y la puesta en marcha de mecanismos de protección a la economía de los más desprotegidos, que son quienes, por elementales razones, sufren en mayor medida las consecuencias de los ciclos de desaceleración y recesión.
En suma, ante la ausencia de elementos objetivos que justifiquen el optimismo del grupo en el poder en materia económica, resulta inevitable percibir tal actitud como una redición de los tristemente célebres pronósticos formulados hace tres años por el propio Carstens, y como una nueva demostración de la carencia de rumbo y de visión económica.
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