Envían carta ante alarmante incremento de violencia contra personas defensoras
Por la Redacción
México, DF, 12 ago 11 (CIMAC).- Ante la situación de violencia que vive México, organizaciones civiles solicitaron a los relatores sobre defensores de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, que realicen una visita conjunta a nuestro país para constatar que el Estado mexicano criminaliza y estigmatiza su labor a favor de la sociedad.
Este día 152 organizaciones de DH de todo el país enviaron una carta abierta al relator de la OEA, José de Jesús Orozco Henríquez; y a la relatora de la ONU, Margaret Sekaggya, para solicitar que visiten México y emitan un pronunciamiento sobre los alarmantes acontecimientos contra defensores de derechos humanos (DH).
En la misiva las organizaciones explicaron que los abusos en contra de las y los defensores no son hechos aislados de ciertos individuos como el gobierno ha intentado argumentar, por el contrario, afirmaron que éstos ocurren en un contexto de estigma y criminalización por parte de autoridades del más alto nivel.
En el texto criticaron que desde 2006 –cuando inicio la llamada “guerra contra las drogas”, impulsada por el gobierno federal– y hasta octubre del 2010, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 165 ataques y agresiones en contra de defensores.
Afirmaron que de estas agresiones el 98.5 por ciento continúan en la impunidad y recordaron que tanto la OACNUDH, así como otros órganos de la ONU, también han documentado el uso del sistema de justicia para incriminar a las y los defensores de DH como un mecanismo para entorpecer y obstaculizar su labor.
Organizaciones estatales y nacionales denunciaron que recientemente altos rangos de las Fuerzas Armadas han hecho declaraciones que demuestran su desdén por los DH. Así por ejemplo, criticaron los dichos del secretario de la Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza; y del coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Aníbal Trujillo Sánchez.
En julio pasado Saynez Mendoza afirmó que “al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.
Días antes, el director general para los DH de la Sedena, Aníbal Trujillo Sánchez, expresó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (que estableció restricciones al fuero militar en casos de violaciones a DH en contra de civiles) al desacreditar casos de este tipo.
Ante estos hechos, las organizaciones señalaron que están convencidas que declaraciones de esa naturaleza exponen a las y los defensores humanitarios a un mayor riesgo e incrementan su vulnerabilidad.
Explicaron que son contrarias al espíritu de la recién aprobada reforma constitucional en materia de derechos humanos y al propósito del acuerdo publicado el 7 de julio en el Diario Oficial de la Federación que sienta las bases para la implementación de un Mecanismo de protección para las y los defensores.
Las organizaciones también informaron que rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación –dependencia encargada de implementar el mecanismo– hasta que las autoridades reconozcan la legitimidad de su trabajo, como lo han recomendado distintos organismos de la ONU y de la OEA.
Finalmente reiteraron la urgencia de contar con un mecanismo de protección sólido y efectivo que se fundamente en la voluntad y la cooperación mutua, por ello, solicitaron una visita conjunta de las relatorías sobre Defensores de Derechos Humanos tanto de las ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA.
Entre los firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos para las Mujeres en Chihuahua, entre otras.
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