Editorial La Jornada
Los hechos referidos no sólo permiten ponderar la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país: revelan, además, una supeditación inadmisible de encumbrados funcionarios del gabinete calderonista a los designios de un gobierno extranjero, lo que constituye a su vez una contravención inaceptable, por la actual administración, del marco legal vigente, así como una liquidación, en los hechos, del principio de la soberanía nacional.
Sin dejar de reconocer el grado de infiltración de las organizaciones delictivas en las instituciones nacionales de seguridad pública y procuración de justicia, permitir a una potencia extranjera, sea cual sea, que certifique a los funcionarios de un Estado soberano e independiente abre la posibilidad de que la conducta de éstos deje de regirse por el interés nacional y que terminen por plegarse a los intereses de las agencias de seguridad e inteligencia estadunidenses. Esa perspectiva coloca a la nación y a sus habitantes en un estado de vulnerabilidad extrema.
Por añadidura, si a esto se le suma el creciente intervencionismo de la Casa Blanca en asuntos relacionados con la seguridad pública y nacional –el cual ha sido tolerado y aun promovido, según la información disponible, por el gobierno calderonista–, se asiste a la configuración de un panorama en que la nación queda reducida –al menos en lo que toca a esos temas– a la condición de proconsulado de Estados Unidos.
Por desgracia, y aunque los elementos de juicio disponibles ponen en relieve un incumplimiento alarmante de la obligación gubernamental de cumplir y hacer cumplir la ley y de salvaguardar la cohesión nacional, los principales medios de información y sus opinadores han venido ensayando alegatos orientados a minimizar la gravedad de la presencia y operación de agentes estadunidenses en el territorio; a presentar las resistencias generadas por esa circunstancia como producto de concepciones anacrónicas
y pasadas de moda
sobre la soberanía, y a facilitar, en suma, justificaciones a la inaceptable abdicación de los deberes institucionales del Estado mexicano. Tales posturas pasan por alto la consideración elemental de que la defensa de la independencia y la soberanía no es un capricho; que tales principios constituyen conquistas históricas irrenunciables en las que se cifra la viabilidad misma del país, y que no se puede, por tanto, hacerlos a un lado en aras de un pretendido cosmopolitismo o de una modernidad
mal entendida.
En suma, el comentado retroceso del Estado mexicano frente el gobierno estadunidense configura, cuando menos, una responsabilidad política de suma gravedad por el grupo que detenta, en lo formal, la conducción del país, y ese solo aspecto tendría que dar pie a un rechazo social, político e institucional de gran extensión, y a una amplia presión para que las autoridades federales no sólo den explicaciones a la opinión pública, sino, ante todo, rindan cuentas a la ciudadanía.
Emilio Álvarez IcazaLos complejos momentos de violencia que vive nuestro querido México obligan a pensar y diseñar diferentes e
strategias y acciones. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), ha venido desplegando diferentes acciones con ese fin. En una apretada síntesis, parte de las acciones que despliega actualmente se resumen en tres pistas.
Pista 1. Movilizaciones para la construcción de la paz: De cara al debate nacional y legislativo sobre la Ley de Seguridad Nacional ha quedado en evidencia la necesidad de explicar con toda claridad la dinámica de conflicto por la que pasa México, así como la urgencia de contribuir a la construcción y entendimiento del concepto de Paz.
En atención a lo anterior el MPJD retoma las acciones de movilización social. Éstas buscan adicionalmente fortalecer al movimiento. Así, el domingo pasado convocó a la campaña económica “1 peso por la Paz” y este domingo 14 está convocada la marcha silenciosa “paz-os hacia la paz” que sale a las once horas del Museo de Antropología rumbo a Los Pinos y termina en la nueva sede del Senado en avenida Reforma.
En septiembre se tiene pensado realizar la Caravana al Sur que, entre otras cosas, busca ponerle nombre a las miles de víctimas y contribuir a sacar a la luz lo que sucede en las entidades de esa región.
Pista 2. Búsqueda de la justicia: El MPJD tiene en las víctimas una de sus principales razones de ser e identidad. La lucha por la justicia para ellas y sus familiares es fundamental. El entendimiento de éstas (las víctimas) va más allá de lo particular, busca que en la atención y solución a diversos casos se contribuya a que cambien procedimientos y operen mecanismos que ayuden a que las instituciones responsables operen mejor, contribuyendo así a una posible mejora de orden estructural o general.
Por esta razón, entre muchas otras, ha continuado la labor de la mesa de trabajo número uno entre el MPJD y el gobierno federal, de manera que se dé puntual seguimiento a los casos que presentó el movimiento. Otra experiencia muy ilustrativa ha sido el trabajo de seguimiento que el MPJD en colaboración estrecha con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), de Monterrey, ha dado a diversos casos de desapariciones y otros delitos en el estado de Nuevo León.
El miércoles de esta semana se realizó la tercera reunión con el procurador del estado, Adrián de la Garza. Afortunadamente, en esta ocasión se reportaron importantes avances, la Procuraduría hizo un esfuerzo significativo. La síntesis de la reunión la hizo una víctima: “en estas semanas se ha avanzado más que en los últimos tres años”, aunque no se debe perder de vista que el objetivo es que las familias se reúnan de vuelta y/o que se castigue a los culpables.
Pista 3. Política pública por la paz y la dignidad: Distintas instancias tanto del Poder Legislativo Federal (PLF), como del Ejecutivo Federal (PEF), han mandado diversos menajes para dar al MPJD los elementos suficientes que llevan a reactivar los diálogos que entraron en pausa la semana pasada.
Esto permitirá continuar los trabajos conjuntos en el desarrollo e instrumentación de política pública que, por ejemplo, coadyuve a garantizar los derechos de las víctimas y disminuir la deuda que el Estado mexicano tiene con ellas y brindarles un trato que respete su dignidad mediante una ley general, un sistema integral de atención y un fondo específico; además de abordar aspectos vitales cuya atención ayudará a transformar las causas de la actual situación nacional, tales como la aprobación de la obligatoriedad de la educación media superior; los controles y participación ciudadanos de las policías y en las instancias de seguridad; avanzar en la definición de una política de Estado en materia de seguridad congruente con una concepción democrática y con la actual Constitución vigente que contiene ya una perspectiva de derechos humanos, entre otros.
En estas tres pistas el MPJD se mueve de manera simultánea acompañado de muy diversos actores, especialistas, organizaciones y personas. Vamos para cinco meses de proceso, y por supuesto que todavía hay mucho, pero mucho, que hacer y consolidar tanto dentro como fuera del movimiento.
Aunque también es cierto que lo logrado hasta ahora no es menor, probablemente de las cosas más significativas sean justamente su contribución a la construcción de las víctimas como “sujeto social” y no como objeto y a ayudar a pensar un horizonte —para ellas y el país— que antes parecía estar desdibujado.
Defensor de los derechos humanos
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