12/07/2013

@alerprensa: México:Dictamen energético incluye pago en efectivo y con petróleo a trasnacionales

Este domingo se iniciará en el Senado la discusión de la reforma energética, con base en un proyecto de dictamen elaborado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en el que se reforma los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para permitir el otorgamiento de todo tipo de contratos a empresas privadas nacionales y extranjeras, que van desde los de producción compartida hasta las concesiones, vía la figura de licencias.
 
Las modificaciones propuestas incluyen el pago en efectivo a las petroleras internacionales, pero también el pago con barriles de petróleo.
 
El documento se hizo público después de las dos de la tarde y en el mismo, de forma tramposa, como lo hizo notar el senador del PRD, Alejandro Encinas, se permite la posibilidad de concesionar el petróleo, mediante la figura de licencias, todo ello establecido en artículos transitorios, ya que en el artículo 27 se establece que "tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e inprescriptible y no se otorgarán concesiones".
 
Se trata de un párrafo que se adiciona a la redacción actual del artículo 27, en el que se establece también que "con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo de plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria".
 
Cabe mencionar que se ubica a Pemex y a la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) como "empresas productivas del Estado" y en la nueva redacción propuesta para el artículo 27 se precisa que "para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos".
 
En el artículo transitorio IV se detalla todos los tipos de contratos que el Ejecutivo podrá asignar con empresas privadas nacionales o extranjeras para que exploten el petróleo. Y en ese sentido se detalla que los contratos "podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares".
 
Durante la reunión de las mesas directivas de las comisiones dictaminadores, el senador perredista Alejandro Encinas hizo notar la contradicción y recalcó que en el proyecto de dictamen se establece que se podrá pagar en efectivo o con un porcentaje del petróleo a las trasnacionales. "De entrada, están entregando el principal bien de la nación a extranjeros".
 
Por su parte, la también perredista Dolores Padierna hizo notar que el dictamen se elaboró en forma secreta, oculta y fuera del Senado, y que el PRD no participó en su redacción. A su vez, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, demandó que haya mayor tiempo para dictaminar, toda vez que les acaban de entregar el documento, con el que se pretende perpetrar una de las cosas más graves que le podrían ocurrir al país y deben analizar a fondo sus 300 páginas.

Diciembre negro






Hace 24 años, 14 mujeres fueron asesinadas por un hombre que odiaba al género y especialmente a las feministas. La matanza de Montreal actualizó varios dilemas, especialmente el de la violencia hacia las mujeres. No mucho tiempo después de esta sangría, dos psicólogas, Esperanza Bosch y Victoria Ferrer (Universitat de les Iles Balars) confirmaban, luego de años de investigación, el origen ideológico del comportamiento violento contra las mujeres.

Hannah Arendt propone en su libro Los orígenes del totalitarismo un camino de lectura. Para “comprender”, dice, hay que responder a tres preguntas: ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? y ¿Cómo ha podido suceder?
¿Qué sucedió el 6 de diciembre de 1989 en la Universidad Politécnica de Montreal?

Un joven de 25 años, Marc Lépine, tomó una escopeta, fue a la Universidad y mató a 14 mujeres estudiantes (de entre 20 y 31 años), hirió a 9 más y a 4 hombres. Luego de consumada la masacre se suicidó. Entre sus manos encontraron una carta en la que explicaba por qué lo había hecho. Marc Lépine odiaba a las mujeres, y a las feministas en especial. En su misiva había una lista de 19 mujeres destacadas de su comunidad, casi todas dedicadas a ocupaciones no tradicionales, incluidas la primera mujer bombero y la capitana de la policía de Montreal. Pensaba matarlas a todas. Adujo que no pudo hacerlo por falta de tiempo. “La falta de tiempo, puesto que he empezado muy tarde -explicó-, ha permitido a estas feministas radicales sobrevivir”. Fue así que se ocupó de eliminar a quienes tenía a mano y estaban más indefensas: a las mujeres que le refrescaban su reciente fracaso como ingresante en la Politécnica de Montreal, todas alumnas de la carrera de ingeniería.

Efectivamente, Marc Lépine no había sido admitido como estudiante de este centro académico. Era su segundo fracaso puesto que, tiempo antes, tampoco había sido admitido en las filas de las Fuerzas Armadas Canadienses.

Culpó de sus fracasos a las mujeres. Si él no estaba “adentro” era porque alguna mujer lo había desplazado. Su punto ciego le dictaba que ellas eran el principio y el fin de su infelicidad. Y el 6 de diciembre fue el paroxismo de su ira.

“Por favor- decía en su carta-, tomen nota de que si estoy cometiendo suicidio no es por razones económicas... sino por razones políticas. Por eso he decidido matar Ad Patres ( a los padres), las feministas que han arruinado mi vida... las feministas siempre han tenido el talento de irritarme. Ellas quieren retener las ventajas de ser mujer.... mientras tratan de arrebatar aquellas de los hombres... Son muy oportunistas ya que descuidan el provecho del conocimiento acumulado por los hombres a través de los siglos...” Hablaba de su suicidio, no de su matanza.

Luego del estupor, siguió un conmovedor y multitudinario entierro de las víctimas en la catedral de la Universidad. Luego del estupor, el análisis.

¿Por qué sucedió?

En toda la historia oficial de Canadá no había ocurrido hecho semejante. Es una de las peores tragedias que registra ese país desarrollado, esa ciudad bella, cosmopolita y sofisticada. Esta cualidad de lo inédito atravesaba la información y entraba y salía de los hechos con una invariable perplejidad. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo fue posible en este tiempo y este espacio?

Desde la Revolución Silenciosa de Québec en los ‘60, las mujeres que vivían en Canadá acumulaban importantes conquistas en sus derechos. En 30 años era evidente que habían ocupado espacios tradicionalmente destindos a los hombres, como en la Êcole Polythecnique du Montreal. Este país contaba con lo más avanzado de la legislación sobre género y su sociedad no podía salir de su asombro por lo que había ocurrido allí. Justamente allí.
Pero ocurrió...

Y a la perplejidad siguieron las dudas: ¿Se trataba de un acto irracional perpetrado por un loco? O bien ¿Se trataba de un feminicidio? ¿De un acto de rebosante lógica siniestra y oscura racionalidad?

La razón busca comprender, ensaya respuestas. Primero fue en busca de la biografía del asesino. Sin dudas se trataba de una persona con algún problema mental. Había sufrido abusos cuando niño, pero además era un adicto a películas bélicas (este dato sacó el foco de su individualidad y lo colocó fuera, en la influencia de los medios masivos de comunicación sobre personalidades complejas)

La reforma migratoria, un asunto feminista



mail:daniela.villegas@24-horas.mx Daniela Villegas

El 19 de noviembre la aclamada feminista estadunidense Gloria Steinem visitó a activistas que están a favor de la reforma migratoria y que se encuentran en huelga de hambre desde el 12 de noviembre en el National Mall de Washington D.C., para presionar a la Cámara de Representantes a que aprueben este año una ley integral que detenga las deportaciones y de certeza legal a los 11.5 millones de migrantes que se encuentran en Estados Unidos.

En esa ocasión que coincidió con la entrega a la activista de 79 años del reconocimiento “Medalla de la Libertad” en la Casa Blanca por sus contribuciones a la lucha por los derechos de las mujeres, hizo saber a decenas de activistas que “La inmigración es un asunto feminista porque alrededor de las tres cuartas partes de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en EU son mujeres y niños”.

Justo el feminismo es la lucha contra la inequidad, la explotación, violencia e ignorancia que existe en la sociedad hacia los grupos más desprotegidos de la población, especialmente las mujeres y sobre todo aquellas que por su inestable condición migratoria se ven más vulnerables.

Las mujeres que se encuentran indocumentadas en Estados Unidos se enfrentan a retos aún mayores que sus homólogos masculinos. La paga por su trabajo es menor y se ven obligadas a laborar en ambientes inseguros y a verse sometidas a acoso sexual por parte de los empleadores. Viven en una situación en que tienen poco o nulo acceso a recursos jurídicos para denunciar abuso físico, emocional y sexual cometidos contra ellas ya que temen ser arrestadas o deportadas, lo que las sitúa en gran indefensión.

El sistema de protección para las mujeres por el cual las feministas estadunidenses han trabajado duro durante muchos años se ve totalmente socavado por el sistema actual de inmigración en Estados Unidos, y es por eso que como bien señalara Steinem la reforma migratoria es un tema feminista, que debe ser abordado y apoyado desde diferentes frentes.
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Gloria Anzaldúa, la teórica chicana feminista, señala de manera acertada esta situación de vulnerabilidad en su libro Borderlands. The New Mestiza=La Frontera: “Vivir en la frontera de nadie, atrapad@ entre ser tratad@s como criminales y ser capaz de comer, entre la resistencia y la deportación, l@s refugiad@s ilegales son algún@s de l@s más pobres y l@s más explotad@s de cualquier pueblo en EU”.

Estados Unidos necesita un plan que proporcione acceso a la educación pública, apoya la unificación de las familias, ofrezca vías realistas para la ciudadanía legal y el trabajo, y le dé a los inmigrantes indocumentados la inmunidad de deportación cuando denuncian abusos en el trabajo o en otras áreas de sus vidas.

Aunque el proyecto de reforma migratoria se ha estancado ante la negativa del líder republicano en la Cámara de Representantes, cámara baja del Congreso, John Boehner, de dialogar con la cámara alta del Congreso, el Senado, para una reforma integral migratoria, grupos de mujeres activistas cohesionadas en el grupo We Belong Together, han luchado intensamente por  centrar la atención en el impacto negativo que tiene en las mujeres la falta de una reforma migratoria.

Según datos de We Belong Together,  las mujeres constituyen aproximadamente el 51% de la población inmigrante. “Un voto en contra de la reforma de inmigración, o la falta de acción en este tema”, dijo Pramila Jayapal, co-presidenta del grupo de inmigración de We Belong Together, “es en realidad un voto en contra de las mujeres, los niños y las familias”.

Pese a las presiones de las y los activistas pro inmigración, la Cámara de Representantes que tiene mayoría republicana ha evitado tratar una iniciativa integral migratoria. Si no han querido entablar un diálogo, mucho menos una votación. Esta situación deja en la inestabilidad la reforma que el presidente estadunidense Barack Obama prometiera se cumpliría este 2013.

Parece que de nuevo esta reforma quedará sin aterrizar, hecho que ha dejado mermada la credibilidad de Obama y esto lo podemos constatar con la interrupción que el activista indocumentado Ju Hong de la Universidad de California en Berkeley hizo durante un discurso del presidente estadunidense en San Francisco la semana pasada,  al demandarle se detengan las deportaciones: “Por favor, use una orden ejecutiva para detener las deportaciones; necesitamos que nos ayude ahora”.

Esta petición responde a que en los últimos años Obama ha deportado a un millón de indocumentad@s, lo que lo sitúa como el presidente estadunidense que ha hecho más deportaciones en la historia de Estados Unidos. Cada día, 100 mil inmigrantes son deportados por las medidas anti inmigratorias bajo la administración Obama, lo que ha afectado de manera exponencial a las mujeres, al fragmentar a las familias y poner en una situación aún más frágil su situación económica y legal.

El apoyo de Steinem aunque no es decisivo en el Congreso, es simbólico y de gran contundencia, ya que ella como una de las más importantes líderes del movimiento feminista estadunidense posibilita mediante su apoyo y presencia, como modelo a seguir, que otros grupos de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad se sientan respaldadas y empoderadas y por lo mismo se ponga en relevancia lo que muchas y muchos activistas trabajan por el progreso de una de las naciones que si bien suele olvidarlo, se ha cimentado en el hecho de ser un país construido a base de la riqueza en la multiplicidad de las procedencias migratorias de sus habitantes.

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Políticas del feminismo institucional



Cada año de forma más patente, se observa cómo la atención mediática es para el feminismo institucional y sus actos

“... si alguien sale mucho en la foto, esta cruz tiene su envés, y entonces se invisibiliza al movimiento feminista autónomo”





Madrid, 05 dic. 13. AmecoPress/Cuando llegan fechas como la del 25 de noviembre, “Día internacional contra la violencia sexista”, se suceden las actuaciones oficiales, institucionales y de varios agentes sociales, que solo puntualmente en estos días especiales, salen a la palestra de las celebraciones por temas denominados “de género”. Por supuesto, desde el movimiento feminista, que es quien instauró el día y la conmemoración, se realizan multitud de convocatorias y actividades.

Cada año de forma más patente, se observa cómo la atención mediática es para el feminismo institucional y sus actos. Y utilizo el término institucional en el sentido más amplio posible de la palabra, pues también se integran en estas celebraciones, partidos, sindicatos, ONGs, universidades,.... además de todo tipo de entidades locales y autonómicas, en su ámbito representativo y administrativo.
Y, claro, si alguien sale mucho en la foto, esta cruz tiene su envés, y entonces se invisibiliza al movimiento feminista autónomo, al movimiento más callejero y alternativo y más cañero, que siempre ha realizado sus propios actos al margen del poder institucionalizado. Bueno, esto es una cuestión permanente para los movimientos y para las organizaciones más contestatarias.

Ya se sabe que los medios tienen sus deudos y sus preferencias, y por otro lado, las instituciones y su mundo trabajan para su galería. Algunas organizaciones y movimientos solo aparecen en los medios cuando su gente es detenida, o multada, o reprimida por la policía, o cuando ha realizado una protesta saltándose los márgenes de lo políticamente correcto, por ejemplo, desnudándose para reivindicar el derecho al aborto. Entonces ya no se informa sobre lo que están reivindicando, ni sobre la justicia de su protesta, sino sobre las formas, que no son lo debidamente encauzadas o que las personas que lo protagonizan tienen antecedentes o pertenecen a diversos entramados o entornos que siempre derivan en grupos terroristas, anarquistas o en el “todo es ETA”.

Así las imágenes de este día se repiten con el siguiente formato: concentración de cargos políticos del Parlamento del lugar, más varios del Ayuntamiento de la capital, más algunos cargos políticos de cualquier instancia, más sindicatos y algunas asociaciones y ONG,... que realizan una declaración en la que denuncian la lacra que supone la violencia de género y hacen un llamamiento a luchar de forma implacable contra ella.

Muchas veces el mensaje va dirigido a la propia mujer, que está siendo víctima y no se anima a presentar la denuncia: “¡Mujer denuncia, no te calles, atrévete, termina tu calvario...!” Parece que es ella la que fácilmente puede terminar con esta situación y le falta que el “arco parlamentario” le anime un poco. Quizá son los mismos que no han apoyado a la asociación de su pueblo en demanda de una guardería pública y gratuita, o que incumplen la ley y no han puesto en su ciudad el centro de asesoramiento a mujeres en situación de agresión, o los que aprobaron una ley en la que la violencia de género sólo se considera si los golpes los propina su pareja o ex-pareja, pero no los guardianes de los CIES, varias veces denunciados por vejar y agredir sexualmente a mujeres ahí internadas.... A veces, algunas de estas personas tan “pulcramente” vestidas y que realizan sus declaraciones y celebraciones dentro de los marcos reglamentarios del orden, son las mismas que han decidido que las personas inmigrantes sin papeles no tienen derecho a la asistencia sanitaria universal y gratuita, o a los subsidios mínimos por falta de ingresos, o a permanecer en su piso frente a los desahucios que ejecutan los bancos,...

Algunos Ayuntamientos, por su parte, inauguran calles en homenaje a las víctimas de la violencia de género, y realizan actividades, como charlas, películas, teatros, músicas, meriendas y comidas incluso, para celebrar tal evento. Todo esto supone una gran actividad y unas tareas importantes para las nuevas profesionales denominadas técnicas de igualdad.

Y las feministas, a la vista de estos despliegues y de este inusitado interés por la violencia contra las mujeres no dejamos de asombrarnos y de preguntarnos cómo es posible que cada vez más se produzca mayor violencia contra las mujeres, que se eleven de forma notable los niveles de impunidad y de falta de protección para las previsibles víctimas y, lo que es realmente muy grave, que la calificada como violencia simbólica campee a sus anchas por el imaginario colectivo de esta sociedad.

Así, reforma tras reforma, de las que va imponiendo el gobierno, y también los gobiernillos autonómicos, están dibujando un escenario donde los roles masculino y femenino se configuran de la forma dicotómica y clásica, apareciendo la figura de “la mujer” como la madre y la esposa, y en todo caso, dentro de la familia, como miembro dependiente, debido a la precarización del trabajo asalariado y al incremento del trabajo de cuidados en los hogares, especialmente para ellas.

Dentro de este panorama, de cierto, digamos, cinismo de las políticas oficiales, frente a las agresiones contra las mujeres, creo que merece la pena detenerse en dos sucesos importantes.
En primer lugar, el intento pertinaz del gobierno y de los grupos de extrema derecha que le jalean y los medios que le apoyan, de deslegitimar la sentencia europea que anula la “doctrina Parot”, se ha focalizado de una forma interesada y exagerada en los casos concretos de libertad de violadores y asesinos. Llama poderosamente la atención que se consideren unos execrables crímenes, que lo son, y que, sin embargo, no son considerados crímenes sexistas por la legislación vigente.
No solamente esto, sino que el sangrante caso del asesinato de Nagore Laffage, el día 7 de julio, en Iruñea, por negarse a tener relaciones sexuales con su asesino, que no era ni su novio, ni su pareja, ni su ex-pareja, no fue considerado tal, y se le impuso una pena de 9 años –la misma que le pedían a uno de los “tartalaris” que enmerengó a Barcina– que seguramente se quedará en cinco de cumplimiento.
Y lo mismo, para las dos mujeres extranjeras, asesinadas por el falso “xaolí” en Bilbao, en junio pasado, que tampoco entra dentro del epígrafe de violencia de género. A la hora de agitar a la opinión pública en contra de una medida que piensan que favorece a la izquierda abertzale, no dudan estos medios y estas autoridades en utilizar los casos de violencia más grave y asesina contra las mujeres, y el dolor que ello nos produce. Eso sí, sin mover un solo dedo, para que estos sucesos no se vuelvan a producir ni poner en práctica medidas que aminoren estas agresiones.
El segundo caso que me ha llamado la atención estos días, tiene que ver también con la violencia contra las mujeres, pero en este caso es directamente alentada por el ministro Gallardón y su gobierno y ejecutada por las huestes ultra-católicas que pululan por las tierras navarras. Alumnas y alumnos de medicina de la Universidad del OPUS, están acudiendo a las puertas de la clínica privada que realiza las IVEs en Navarra (interrupción voluntaria del embarazo) –debido a que no se practican en la red pública– a hacer su particular campaña de extorsión y amenaza. Estos niñatos, se plantan a las puertas del edificio y acosan a las mujeres que supuestamente van a abortar, ofreciéndoles consejos y folletos y llamándoles a la reflexión para que no “asesinen” a sus hijos y para que sigan adelante con el embarazo, y cumplan con los designios divinos de ser madres.
Fotos de los habituales fetos, de “ferminicos”, distorsionados de forma que parecen criaturas 6 ó 12 meses, adornan su propaganda escrita. Obviamente esta campaña está inscrita dentro de la necesaria agitación que el Ministro necesita para imponernos su nueva ley penalizadora del derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad.
Este sí es un caso de violencia sexista y de género, auspiciado por el gobierno y alimentado por la Iglesia Católica. Esto sí lo podrían denunciar las fuerzas institucionales y también podrían tomar medidas ejemplares contra sus ejecutores, por ejemplo, dejando de subvencionar a estos centros de educación religiosos. Que además practican la ilegal educación segregada por sexos.
*Begoña Zabala forma parte del Consejo Aseso de Viento Sur.
Foto: Archivo AmecoPress.

Trece puntos para erradicar el sexismo en los medios

NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Autocontrol, no violencia de género y participación femenina

Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Ante la escasa difusión de información que refleje las problemáticas y necesidades que vive la población femenina, un grupo de académicas, periodistas y comunicadoras presentó 13 puntos para que se expida una ley que garantice que los medios de comunicación no difundan contenidos discriminatorios, y garanticen el derecho de las mujeres a comunicar.

De cara a la próxima discusión legislativa para expedir una Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, las mujeres integradas en la “Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y a la Información” elaboraron una propuesta legislativa con perspectiva de género, para que sea considerada en las discusiones parlamentarias.

La académica Aimée Vega, la ex legisladora Martha Tagle y las periodistas Lurdes Barbosa, María Eugenia Chávez y Lucía Lagunes explicaron que entre estas 13 propuestas se pide que los medios tengan medidas de autorregulación, para evitar contenidos que fomenten la violencia de género y estrategias que promuevan la participación femenina en la plantilla laboral.

Durante un seminario que organizó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, las expertas dijeron que es necesario que la sociedad civil y la academia se involucren en el debate sobre la regulación en radio y TV para cambiar el papel de las mujeres en los medios.

Aimée Vega, académica e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), dijo que con estas propuestas se busca la presencia de las mujeres en puestos claves en esta industria, ya que actualmente no figuran como propietarias de medios ni como socias en los consejos de administración.

Precisó que si las mexicanas no participan en estas áreas no pueden influir en los contenidos, en la edición, ni en la producción de los programas, donde hasta ahora abundan los contenidos sexistas y discriminatorios.

Los 13 puntos son parte de una propuesta más amplia que elaboró la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres a  propósito de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que se discutió en 2008 en el Senado. Las activistas retomaron estos lineamientos, toda vez que en aquel entonces no fueron incluidos.

Al respecto, Vega lamentó que hasta ahora no haya acciones contundentes a favor de los derechos femeninos y que la sociedad civil involucrada en este tema no se interese por incluir la perspectiva de género, ya que esto deriva en tímidas recomendaciones que en la práctica tienen un efecto mínimo en los medios.

Destacó que los expertos en telecomunicaciones acusan a las feministas de atentar contra el derecho de la libertad de expresión porque piden que los contenidos se regulen, sin embargo lo que ellas demandan es que las industrias tengan códigos de ética, que se creen observatorios de medios, y se incluya a las mujeres en puestos de decisión.

Lurdes Barbosa, directora de Mujeres en Frecuencia, mencionó que hay que tomar acciones para que se deje de ver a la población femenina como consumidora y no como receptora de información, pues según la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión a las mexicanas se les presentan programas para que compren productos.

Es decir, las mujeres se convierten en un grupo de consumo al que le ofrecen programas de “chismes del espectáculo”, y esto aunado a que ellas no tienen acceso a la propiedad de medios y a la inversión económica, es muy difícil que puedan influir sobre el tipo de contenidos que se presentan a las audiencias.

Barbosa mencionó que si bien existen medios alternativos donde hay espacio para promover otra visión sobre la población femenina, en realidad estos espacios no alcanzan los mismos niveles de audiencia que los grandes medios, en especial las dos cadenas de televisión en México, que llegan a comunidades remotas.

Por ello destacó que es urgente retomar los tratados avalados por la comunidad internacional para que las leyes mexicanas integren principios internacionales, toda vez que si la sociedad cuenta con una norma clara puede tener un arma poderosa para exigir y demandar responsabilidad por parte de los medios de comunicación.

En su oportunidad, Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dijo que en este debate entre los políticos y los industriales de la radio y TV se debe involucrar la sociedad civil, porque de lo contrario se perderá una oportunidad histórica para fracturar los monopolios que hoy persisten.

En junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (Telecom), por lo que ahora el Congreso debe expedir una Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, pero a decir de la periodista es necesario cambiar la mirada cultural y no sólo la ley.

Lagunes mencionó que la sociedad debe ser más exigente, porque de lo contrario las mujeres seguirán siendo “invisibles” en este terreno donde, por ejemplo, por cada nueve columnistas hay dos mujeres porque se cree que ellas son más emocionales y hablan de la farándula, y no pueden analizar temas relevantes.

En el encuentro en el que también participaron Martha Tagle y la coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, María Eugenia Chávez, se anunció que esta tarde se presentaría la propuesta ante la Comisión de Radio y Televisión del Senado, a fin de que forme parte de las discusiones legislativas.

13/AGM/RMB

Chile: Las mujeres en el centro del poder pero lejos de una igualdad real



La representación femenina en el Congreso no supera el 20%

Tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en América Latina (48%)


Santiago de Chile, 05 dic. 13. AmecoPress/AFP.- Chile tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en América Latina (48%), mientras que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres llega al 30%, pese a existir una ley de igualdad de salarios. La representación femenina en el Congreso, en tanto, no supera el 20%.

La elección presidencial chilena se definirá por primera vez entre dos mujeres. Dos mujeres lideran también las dos más poderosas federaciones estudiantiles y desde agosto una mujer preside la mayor multisindical del país.

Las mujeres en Chile han llegado al poder aunque aún la igualdad está lejos de alcanzarlas a todas

La socialista Michelle Bachelet, pediatra y madre de tres hijos, se enfrentará el 15 de diciembre a la exministra del Trabajo, Evelyn Matthei, en un balotaje que confrontará en Chile por primera vez a dos mujeres.

La atención especial que ha concitado esta contienda entre mujeres disgusta a Bachelet, que en 2006 marcó otro hito al convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Chile. “¿Alguna vez alguien ha dicho que hay una campaña de dos hombres?”, se quejó la exmandataria ente corresponsales en agosto.

“Cuando hay dos hombres, se discute lo trascendental y no lo circunstancial”, abundó esa vez Bachelet, que con su incursión en política abrió la esperanza entre las mujeres chilenas.

“La señora Bachelet nos dio un ejemplo tan lindo, que ahora cualquier mujer puede llegar a ser presidenta”, dice a la AFP Inés Vega, miembro de las llamadas “Clones de Bachelet”, fervientes partidarias que se visten como ella y usan una banda presidencial para emularla.

Al igual que Bachelet, otras mujeres han llegado al poder en Chile: Camila Vallejo, la exdirigenta estudiantil que lideró en 2011 masivas marchas callejeras, resultó electa diputada, junto a otras 17 mujeres. Siete mujeres fueron elegidas senadoras.

Mujeres dirigen además dos de las comunas más importantes del país: la exdirigente vecinal Josefa Errázuriz desbancó en Ñuñoa a un edil que llevaba 16 años en el cargo, mientras que Carolina Tohá es la primera mujer en ocupar la alcaldía de Santiago.

La profesora de Filosofía, Bárbara Figueroa, derrumbó a su vez una larga tradición tras convertirse en la primera mujer en presidir la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Mujeres ganaron también la presidencia de las federaciones de estudiantes más importantes del país: Naschla Aburman, en la Universidad Católica, y Melissa Sepúlveda al frente de la Universidad de Chile.

Un “espejismo”

Pero alcanzar el poder no ha sido suficiente para las mujeres chilenas. “Es más bien un espejismo”, afirma a la AFP Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, que promueve y defiende los derechos de las mujeres.
Chile tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en América Latina (48%), mientras que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres llega al 30%, pese a existir una ley de igualdad de salarios.

La representación femenina en el Congreso no supera el 20%

Las chilenas que quieren trabajar o entrar el mundo político enfrentan todavía muchos escollos: “En la dirigencia de los partidos políticos es donde está el mayor problema”, agrega Carrera, quien explica que a la hora de elegir candidatos los partidos optan mayoritariamente por hombres debido a una “tradición machista”.
A nivel laboral, las mujeres -sobre todo las madres- enfrentan también un panorama abrumador: bajos salarios, extensas jornadas y una insuficiente red de cuidado infantil. “De las personas que por primera vez podrían buscar un empleo, un 54% no lo hace, porque no resulta atractivo el mercado laboral por los salarios”, asegura a la AFP Bárbara Figueroa, de la CUT.
La mayor dificultad radica en que en Chile “el cuidado infantil no está garantizado ni protegido”, al existir una insuficiente red de guarderías públicas y no estar garantizado el derecho a salas cunas para las madres, agrega Figueroa.
“El costo de reproducción recae en Chile en su totalidad en las mujeres”, afirma por su parte Carrera. Un paso importante lo representa la reciente instauración de la licencia maternal de seis meses, la más extensa de la región.

Esperanza en tiempos mejores

Bachelet le sacó a Matthei una ventaja de 21 puntos en la primera vuelta y es amplia favorita para adjudicarse el balotaje. Tanto ella como Matthei han apelado a las mujeres en su campaña hacia la segunda vuelta.
Bachelet anunció que creará un Ministerio de la Mujer, en reemplazo del actual Servicio Nacional de la Mujer, modificará la ley de violencia intrafamiliar para aumentar las penas, creará nuevos planes de salud dental para mujeres y aumentará el número de guarderías. Matthei propuso por su parte cambiar la legislación sobre tribunales de familia a favor de la mujer y un subsidio de vivienda para víctimas de violencia intrafamiliar.
Son las mujeres mayores, pobres y separadas la principal base de apoyo a Bachelet, de acuerdo con varios estudios. “Ellas la ven como alguien capaz de representar sus intereses”, explica a la AFP el periodista político Daniel Matamala.
A Bachelet, las mujeres le agradecen la primera pensión básica de vejez universal que creó que, un bono para capear la crisis de 2008, un programa estatal para mejorar sus dentaduras y el ajuar que se entrega a cada madre que tiene un bebé, todas medidas implementadas durante su anterior mandato (2006-2010).
Foto: Archivo AmecoPress.

“Noe no me come”



   DESDE LA LUNA DE VALENCIA


Imagen retomada del sitio estereotiposxxi.blogspot.com
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | España.-

Esta es la frase comercial de una “famosa” marca de muñecas para vender este producto llamado Noe. El video promocional no tiene desperdicio y, como estamos en fechas de compras de juguetes, entre ayer por la tarde y un rato de esta mañana me “he dado un paseo” por los principales catálogos de juguetes de este año.

El resultado sigue siendo desalentador: hemos avanzado muy poco por no decir nada en materia de igualdad entre niñas y niños. O dicho de otro modo: los juguetes siguen reproduciendo los estereotipos de género de toda la vida.

En los juguetes destinados a la primera infancia se sigue utilizando los colores para “marcar” si son niñas o niños, aunque irrumpen otros como el verde o el amarillo para compensar un poco los azules y rosas.

Pero a medida que avanzamos, el rosa inunda el apartado de muñecas y materiales que proponen jugar a ser mayores hasta provocar dolor en los ojos. Es un horror.

De las muñecas me encargaré después, pero en aquellas propuestas que pretenden hacer jugar a ser mayores, sobre todo destinadas a las niñas, aparte del color rosa de Disney, que es un horror, sólo se proponen actividades heteroasignadas y especialmente las cocinas súper equipadas que van acompañadas de imágenes de niñas jugando a preparar platos o haciendo la compra.

Tampoco pueden faltar las planchas y las lavadoras con niñas utilizándolas, por supuesto. En esta sección sólo aparece una foto de un niño con el carro de la compra y sonriendo a las dos niñas que ejercen el papel de vendedoras. Nada nuevo bajo el sol, desgraciadamente.

En la sección de manualidades, vuelve el rosa con fuerza y nos encontramos que la mayoría de propuestas son para crear abalorios como pulseras de letras, sets de maquillajes, de peluquería, todo tipo de artilugios para la belleza femenina. Ni una sola propuesta coeducativa. Ni un solo juego de alfarería, por ejemplo. Nada.

En los juegos de mesa y científicos es menos explícito en fotografías, pero predominan los colores azules y turquesas. Y una curiosidad. En esta sección nos encontramos con una propuesta que es un set de anatomía de 11 piezas y está diseñado para criaturas a partir de ocho años y la sorpresa es que es un cuerpo completamente asexuado.

No aparecen en la parte desmontable ni en la fija, ningún órgano sexual ni reproductivo de mujeres u hombres. Nada. ¿Cómo pretendemos educar a nuestras hijas e hijos desde la más tierna edad en el conocimiento de sus cuerpos si los escondemos de esta manera?

Continuo por este viaje que de verdad genera mucho rechazo y llegamos al apartado de figuras y escenarios, o algo parecido. El apartado de los superhéroes. Y digo bien, son ellos, los superhéroes masculinos, los modelos a seguir, los que luchan contra el mal para salvar la humanidad… Eso sí, con todos sus artilugios de espadas, pistolas, ametralladoras… todos bien pertrechados para las batallas que han de venir.

Todo un modelo de ejemplo de valores de paz, tolerancia, resolución pacífica de conflictos, respeto, etcétera… Sin más comentarios.

Y llegamos al apartado de muñecas. Terrible. Horrible. Y sean de las marcas que sean. Las hay de todos los colores, precios, modelos, y todas con sus accesorios destinados al entretenimiento de las niñas. Y más que entretenimiento yo diría que al aprendizaje de las niñas en las tareas que se espera que realicen a lo largo de sus vidas.

¿Sabían que ya están en el mercado las muñecas hijas de personajes famosos de los cuentos clásicos? Son las hijas de Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente y de la malvada Madrastra de Blancanieves, y todas ellas por supuesto complementadas con las características de sus famosas madres y por tanto despojadas de sus cualidades propias.

También hay un muñeco que es el hijo del cazador del cuento de Blancanieves. Por lo visto el formato masculino tiene menos salida, a pesar de que también le han despojado de sus propias cualidades para encarnar las de su padre. Vomitivo en todos los sentidos.

Y, por supuesto está Noe, la muñeca que no come y en cuyo video promocional podemos ver a las niñas cómo tienen la ropita tendida, preparan papillas y retan al público a ver si Noe al final come.

No pensaba que esto fuera tan deprimente. Han pasado muchos años para que todo esto no haya cambiado casi nada.

Sobre el papel de los juguetes en nuestras vidas no voy a profundizar puesto que no soy experta en el tema, pero lo que sí que sigo viendo en todo esto son las enormes fauces del patriarcado extendiendo sus redes, para que todo siga igual y que el sistema androcéntrico y sus privilegios no se vean amenazados ni siquiera en su aspecto más simbólico.

Es cierto y no puedo negarlo que también van apareciendo otros modelos minoritarios de juegos en grupos de iguales, donde se practica la solidaridad, la equidad y otros valores que no son la competitividad y el ir matando por la vida o buscando príncipes que nos rescaten de nuestras propias vidas.

Pero estos nuevos modelos de juegos deben contar con unas férreas creencias del entorno de las y los menores de edad que los protejan del resto del grupo, puesto que se corre el peligro de que el resto de la “manada” aísle a esa criatura por diferente.

Sería necesario reflexionar como sociedad cada vez que regalamos un juguete, qué es realmente lo que estamos regalando, puesto que a veces, con la mejor intención, lo que regalamos son patrones de desigualdad, de modelos sociales que queremos combatir por ser discriminatorios en muchos sentidos.

Estamos en plena campaña de compra de juguetes para la Navidad y los Reyes Magos y desde este humilde espacio sugiero que, con pequeños actos como la reflexión del fin último que pretendemos al regalar esos juguetes, quizás ayudemos a nuestras niñas y niños a vivir en un mundo más equitativo, más justo, más afectivo y con valores que promuevas actitudes realistas, pacifistas, relaciones más simétricas, y menos privilegios para unos y menos sumisión para otras.

¿Es una utopía? Quizás lo sea, pero sin creer y luchar para que esas utopías dejen de serlo para convertirse en realidades, sería muy duro levantarse por las mañanas.

Hay algunas niñas que ya no quieren ser princesas. Y eso ya no es utopía. Les dejo este enlace para que lo comprueben. Seguro que les saca una sonrisa.

http://www.huffingtonpost.es/2013/11/29/princesas-no-son-inteligentes_n_4359289.html?ncid=edlinkusaolp00000009
                                                                     
tmolla@telefonica.net

*Corresponsal en España. Periodista de Ontiyent.
 

Mujeres soldado de una base en Texas fueron presionadas para prostituirse por los oficiales




Unas mujeres soldado de la base militar de Fort Hood en Texas confesaron que habían sido presionadas por los oficiales superiores para prostituirse. La red fue creada por un sargento involucrado en el programa contra las agresiones sexuales.
El hecho se descubrió durante una sesión de la corte marcial contra otro soldado de Fort Hood acusado de utilizar los servicios sexuales de las soldados con problemas materiales.

El sargento Brad Grimes es un veterano del Ejército que durante 17 años sirvió en Irak y Afganistán. Los fiscales del Ejército acusaron a Grimes de haber participado en la red de prostitución creada por otro sargento de Fort Hood, que aún no ha sido acusado.

El caso saltó a partir de la investigación de un asalto sexual por parte de un coordinador de nivel inferior del programa de prevención del acoso en Fort Hood. El Ejército dijo que el oficial implicado en el programa había reclutado a mujeres soldado en su red de prostitución. Junto con el sargento de primera clase Gregory McQueen -un oficial no comisionado en el Fuerte Hood- Grimes organizó una red de prostitución que buscaba convencer a las jóvenes reclutas de tener relaciones sexuales por dinero.

Una testigo declaró que McQueen fue la fuerza principal detrás del plan y que él tuvo un "contacto sexual abusivo" con ella durante una "entrevista" para determinar si podía dedicarse a estas cosas.

Los fiscales, basándose en el testimonio de una de las víctimas, afirmaron que Grimes de hecho tenía relaciones sexuales con una de las jóvenes por 100 dólares en el hotel La Quinta Inn. Gran parte de su defensa se basaba en la idea de que tal intercambio nunca tuvo lugar.

"Él fue tentado y no es un crimen ser tentado", dijo el abogado de Grimes, Daniel Conway, en su discurso de clausura. "Al final del día, el sargento Grimes optó por hacer lo correcto y no tener relaciones con la señorita", añadió Conway. "El sargento Grimes no tuvo nada que ver con eso".

Conway pidió al coronel Gregory Gross, el juez militar que preside el juicio, que retire el caso en contra de Grimes. El juicio continuará hasta el martes.

El incidente en Fort Hood es solo una de las historias en la larga lista de casos parecidos. Una larga fila de mujeres soldado se han presentado en los últimos años para informar de que han sido víctimas de agresión sexual durante su tiempo en el servicio.

Un sondeo de noviembre reveló que el Departamento de Defensa ha registrado un aumento del 50% en las denuncias de asalto sexual durante los tres primeros trimestres de 2012, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/113316-eeuu-soldados-mujeres-base-texas-prostitutas

Brasil: 40.000 mujeres asesinadas en los últimos 10 años



Denuncian activistas que abanderan la lucha contra la violencia de género

Los feminicidios en Brasil alcanzan cifras comparables con una guerra civil

 Fabíola Ortiz


Río de Janeiro – Brasil, 01 dic. 13. AmecoPress/IPS.- Una madre de una joven asesinada en Pernambuco, cuando estaba embarazada, reivindica en una protesta el derecho de las brasileñas a vivir libres de violencia. (Emanuela Castro/IPS).
Cada año, entre el 25 de este mes y el 10 de diciembre, la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres impulsan 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres.

Las dos semanas de lucha fueron una iniciativa del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, que en 1991 pidió dedicar a este problema el intervalo entre el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Este año, en Brasil las jornadas adquieren mayor relevancia porque el 3 y 4 de diciembre se realizará en la sureña ciudad de Porto Alegre un encuentro para elaborar el Informe Alternativo de la Sociedad Civil para presentar ante el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que se reunirá en febrero en Ginebra.
El llamado “informe sombra” está destinado a apoyar el análisis del Comité de la Cedaw sobre las acciones del gobierno brasileño para enfrentar la trata y mejorar la salud de las mujeres. “Estos días de activismo dan mayor visibilidad a las agendas de los derechos de género. La violencia contra las mujeres salió de debajo de la mesa, y la sociedad asume que es una realidad y no una invención”, dijo la coordinadora en Brasil del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Ingrid Leão.
Un estudio realizado por el Instituto Avante Brasil arrojó como resultado que entre 2001 y 2010 fueron asesinadas 40.000 mujeres. Solo en 2010 hubo un feminicidio cada una hora, 57 minutos y 43 segundos, lo que se tradujo en que ese año se cometieran 4,5 homicidios por cada 100.000 mujeres.
Para este año, la proyección en Brasil es de 4.717 feminicidios
Pero la violencia contra la mujer es mucho más, recordó Leão, que citó otras expresiones como la simbólica, la psicológica, la económica o la sexual. Contra todas ellas existe desde 2006 una ley que tipificó este tipo de delitos y estableció sus penas.
Se la conoce como la Ley Maria da Penha, en reconocimiento a esta farmacéutica maltratada por su marido, quien en 1983 intentó asesinarla dos veces, la primera con disparos que le causaron una paraplejia irreversible.
Con apoyo de Cladem, Penha interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en el marco de la Organización de Estados Americanos. Fue el primer caso de violencia de género tratado por esta instancia y concluyó en 2001 con el Estado brasileño responsabilizado de negligencia.
Además de la Cedaw, adoptada en 1979 por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el país también suscribió en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, aprobada en esa ciudad amazónica brasileña.
“¿Cómo podemos convivir todavía con ese nivel de violencia contra las mujeres, pese a casi 40 años de denuncias?”, se preguntó la especialista Télia Negrão, de la Red Nacional Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
A su juico, no es posible establecer un perfil de las mujeres maltratadas, porque el problema involucra a todas las clases sociales, razas y edades. “Todas las mujeres, solo por su condición de género, son vulnerables y son objeto de violencia”, explicó.
Pero Negrão, también coordinadora del Colectivo Femenino Plural, destacó que el grado de vulnerabilidad aumenta cuando se suma la desigualdad social, la pobreza, la baja escolaridad, las menores oportunidades laborales, los bajos ingresos y la residencia en zonas con elevada violencia.
“Esas mujeres tienen pocos instrumentos sociales a los que recurrir. Sin algún grado de autonomía, a la mujer le es más difícil salir de su situación de violencia”, admitió. En agosto de 2013, la presidenta Dilma Rousseff sancionó una ley que penaliza la violencia sexual. La norma obliga a todos los centros de salud a atender a las víctimas y brindarles tratamiento contra las enfermedades de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana.
También debe proveerse a las víctimas de la píldora anticonceptiva de emergencia y, en casos de embarazo, las víctimas tienen derecho a que se les realice un aborto.
“La ciudadanía es la realización de los derechos humanos. Logramos mucho, pero todavía es poco”, argumentó Negrão, quien desde 1985 participa en el monitoreo del cumplimiento brasileño de las convenciones internacionales.
En el informe sombra para la Cedaw, “incluiremos hechos concretos (de discriminación) que el Estado brasileño no va a incorporar, porque a ningún gobierno le interesa exponerse en el plano internacional”, comentó Negrão.
En su reunión de 2012, el Comité de la Cedaw hizo hincapié en dos puntos: la trata de mujeres, para la que demandó medidas concretas, y la necesidad de una legislación unificada en cuanto a la salud de las mujeres.
En un balance divulgado a comienzos de octubre, la Secretaría de Políticas para las Mujeres de la Presidencia destacó que las denuncias de trata aumentaron en 1.547 por ciento durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2012.
Entre enero y junio la línea 180 de atención a las víctimas recibió 263 denuncias, de las cuales 173 se refirieron a casos internacionales y el resto a locales. En 34 por ciento de ellos, había riesgo de muerte para la víctima.
“La velocidad de las medidas relacionadas con la trata son muy lentas y las respuestas también. No tenemos actualmente capacidad de medir la magnitud del problema”, denunció Negrão.
Estela Scandola, quien integra el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas como representante de la sociedad civil, dijo que el país no ha conseguido poner en práctica una política de Estado para enfrentar este delito.
“Contamos con una política del gobierno mediante un decreto. Necesitamos la presión externa. La trata de personas es en sí misma una denuncia sobre las fallas del proceso de desarrollo de un país”, afirmó.
A su juicio, la sociedad civil tiene el papel de “denunciar esas fracturas” del Estado brasileño en la instrumentación de políticas apropiadas contra el delito.
“La impresión es que hay lentitud para que las cosas pasen. La burocracia no tiene fin”, criticó al referirse a la demora en la implementación del Segundo Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y de la propia creación del Comité Nacional para atender el problema, estancada por falta de fondos.
Scandola adelantó que el informe que la sociedad civil presentará ante el Comité de la Cedaw señalará la ausencia de una política adecuada.
A su juicio, las autoridades tienen cómo anticiparse y prevenir la trata allá donde haya mayores posibilidades de que el delito se propague, como en las grandes obras de infraestructura que se desarrollan en el país y que atraen a grandes contingentes de personas trabajadoras.
Foto: Archivo AmecoPress.

Bolivia: fracasa ley contra la violencia de género


INTERNACIONAL
   Casos de agresiones quedan impunes

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Helen Álvarez Virreira
Cimacnoticias/SEMlac | La Paz.-

Desde el pasado 9 de marzo han transcurrido ocho meses desde la promulgación en Bolivia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia número 348, y durante este tiempo lo que la norma ha promovido es la impunidad.

Hasta septiembre pasado, al menos en las ciudades de La Paz y El Alto no había un solo caso con sentencia, debido a lo largo de los procesos penales que pueden extenderse por años.

Ésa es la conclusión luego de haber entrevistado a ocho mujeres en situación de violencia, dos abogadas especialistas en la temática, una fiscal y a representantes de organizaciones civiles y autoridades.

Los relatos son un recuento de los daños que la normativa ha ocasionado a la lucha contra la violencia machista. Una de las situaciones que enfrentan las agredidas, y que está en el contexto del sistema patriarcal, es que “tienen que demostrar” que son “buenas mujeres”.

La dilación de justicia, los cobros ilegales, la revictimización, la corrupción, los vacíos en la norma, la deficiente infraestructura y la falta de personal especializado y sensibilizado, como establece la norma; así como la presión social y familiar para impedir que los agresores vayan a la cárcel, y la lógica de mantener unida a la familia a costa de que las mujeres soporten las agresiones, entre otros aspectos, han provocado que muchas mujeres ni siquiera se animen a denunciar, que desistan en el camino e incluso que vuelvan con sus agresores.

Los registros de algunas de las organizaciones que atienden casos corroboran esto. El servicio legal Mujeres en Busca de Justicia tenía medio centenar de casos resueltos hasta agosto de 2012, pero en el mismo periodo de 2013 atendieron 25 denuncias y de éstas, 10 mujeres ya habían desistido.

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) registraba un promedio de 45 denuncias por semestre, pero hasta agosto de 2013 solo tenía 15.

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) no tuvo ni una sola denuncia hasta abril; entre mayo y agosto sumaron 15 –de las cuales una fue abandonada– cuando el año pasado, hasta agosto, tenían 28 casos con sentencia ejecutada.

Similar es la situación en los centros integrados de justicia que dependen del Ministerio de Justicia, según indicó una funcionaria que pidió se reservara su nombre.

Pero además están las mujeres que deciden no denunciar y que, en muchos casos, optan por resolver lo inmediato en los juzgados de familia, como pensiones para las y los hijos, que el agresor salga de la casa o ellas mismas dejan su vivienda y suelen iniciar el proceso de divorcio.

Entonces, los violentos quedan impunes. Cada una de estas organizaciones recibe de tres a cinco consultas nuevas por día.

NI CELERIDAD NI GRATUIDAD

Entre marzo y agosto cada una de las ocho fiscales que procesan las denuncias por la Ley 348 en las ciudades de La Paz y El Alto acumuló 345 casos, es decir 2 mil 760 en cinco meses.

Pero hasta ese momento, la fiscal Frida Choque, por ejemplo, sólo había logrado 20 imputaciones, menos del 6 por ciento del total, y sus colegas, según su cálculo, iban más o menos por la misma cantidad.

Choque explicó que además de los 17 tipos de violencia incorporados en la Ley 348, también están atendiendo los casos de la Ley Integral número 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, además de delitos de violencia sexual.

Si un niño de cuatro años sufre violación sexual en el colegio y al mismo tiempo se presenta una víctima de violencia familiar, “dígame usted ahora qué voy a priorizar”, señaló.

Para la imputación, que es acusar formalmente al denunciado, la ley establece un plazo de ocho días. Pero sólo la asignación del fiscal para que trabaje en la investigación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), creada en abril por mandato de la norma, demora entre cinco y 12 días, según la directora nacional de la FELCV, Rosa Lema Zannier. Entonces, el plazo se amplía entre 30, 45, 60 días y más.

Después de la imputación se inicia la investigación, cuyo plazo es de seis meses, aunque lo normal es que sea más, y pasará más tiempo todavía para llegar al juicio oral donde se dicte sentencia.

Todas las abogadas entrevistadas coincidieron en que no hay un proceso penal que dure menos de dos años, tiempo en el cual las mujeres quedan a expensas de los agresores.

Por otro lado, las organizaciones y las mujeres consultadas afirmaron que, a pesar de que la ley establece gratuidad, los cobros irregulares están institucionalizados.

Notificaciones, transporte y refrigerios para los investigadores, gasolina, tarjetas para llamadas telefónicas, fotocopias, película para fotos y revelado, entre una larga lista de exigencias, tienen que ser cubiertas por las denunciantes, que en general son de escasos recursos.

JUSTICIA PATRIARCAL

Todas las personas entrevistadas señalaron que los problemas se deben a que los delitos de violencia contra las mujeres ahora se tratan exclusivamente en el sistema penal, que tiene carencias. Por ejemplo, permite la “chicanería”, que es una serie de acciones de los demandados para alargar los juicios.

La abogada Marisol Quiroga, que participó en la primera etapa de elaboración del proyecto de ley, explicó que un gran error fue pensar que todas las mujeres estarían dispuestas a enfrentar al sistema penal y eso las ha dejado “en mayores niveles de vulnerabilidad”.

La decisión de penalizar la violencia en todas sus formas fue asumida por la Asamblea Legislativa y esto fue impulsado por las presidentas del Senado, Gabriela Montaño, y de la Cámara de Diputados, Betty Tejada.

“Ha habido una omisión de recordar que la justicia tiene sexo y que es macho”, sostuvo la abogada especialista en género y ex fiscal María Soledad Álvarez. En su criterio, “la ley puede ser perfecta”, pero no va a funcionar si no hay voluntad política, si no hay dinero, si no hay condiciones.

Y sobre condiciones, la de la FELCV es una de las más críticas. Como fuerza ahora tiene que atender unas 58 mil denuncias, pero dispone de unas 500 personas para hacerlo, frente a las 3 mil que tiene la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que ahora recibirá menos casos, dijo Mónica Bayá, secretaria técnica de la CDH.

La FELCV tiene 90 investigadoras e investigadores y cada quien maneja unos 50 casos, sostuvo a su vez Lema Zannier. A esto hay que sumar todas sus carencias de infraestructura y vehículos, y la corrupción y el machismo que pesan sobre la institución.

SIN REGLAMENTO

La directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional del Ministerio de Justicia, Inés Pérez, sostuvo que el problema está en la falta de voluntad de los operadores y que hay funcionarias que están logrando mover todo el andamiaje judicial.

Hay esfuerzos locales para que, por ejemplo, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) respondan al mandato de la ley, que ha convertido a esta instancia en un pilar de la articulación en la lucha contra la violencia.

No obstante, sólo 158 de los 339 municipios del país tienen SLIM y son recurrentes los reclamos sobre el maltrato que las mujeres reciben en estas instancias municipales. El director de Defensorías del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Marcelo Claros, atribuyó esto al desgaste que implica la atención de casos.

Por otro lado, cada institución que tiene asignado un rol por la ley está preparando su protocolo de atención. Sin embargo, todas las organizaciones han demandado la reglamentación de la ley, ya que ahora cada quien la interpreta a su criterio, lo que dificulta aún más su aplicación.

Esto es crítico para aplicar la única conciliación permitida por la ley, que debería ser decisión de cada mujer. Pero las abogadas consultadas advirtieron que casi todas las fiscales promueven la conciliación.

Una funcionaria del Ministerio de Justicia, que denunció a su ex pareja por violencia, vivió esto de manera personal cuando la fiscal de su caso le sugirió que “arregle nomás” porque además “sólo tenía dos días de impedimento”.

En todo caso, el Ministerio de Justicia confía en que los protocolos resolverán varias dudas y también la Rectoría de los Derechos de las Mujeres que se creará y será una entidad pública desconcentrada.

ESFUERZOS

Varios grupos civiles están asumiendo por su cuenta la capacitación de fiscales y jueces, policías, forenses y médicos.

La cooperación internacional también está apoyando. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió los 937 mil dólares de la fase de arranque del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), en el que todo estará registrado.

También respaldan la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y ONU-Mujeres, entre otras.

Pero lo más urgente, coincidieron todas las instituciones y organizaciones, es que el gobierno asigne un presupuesto específico para que los operadores respondan al mandato de la ley y a eso se comprometió el vicepresidente Álvaro García Linera.

Según el último costeo de la ley, el primer año de aplicación se necesitaban 249 millones de bolivianos (36 millones de dólares) para 2013, y 137.5 millones (cerca de 20 millones de dólares) para 2014.

Todas las organizaciones consultadas consideraron que el compromiso real del Estado, de cara a la lucha en contra de violencia de género, se verá cuando se conozca el presupuesto general del Estado Plurinacional 2014.

Mientras, las abogadas no tienen otra alternativa que maximizar su voluntad, su creatividad y hasta su rabia para que las mujeres no se queden sin respuesta, aunque la violencia quede en la impunidad.
 

Pobreza femenina, otra arista de la violencia


El Estado no impide que las mujeres caigan en la miseria


México, DF, 02 dic. 13. AmecoPress/Cimacnoticias.- Además de altos índices de agresiones físicas y sexuales, las mujeres carecen de empleo y condiciones de vida digna debido a la política económica del Estado mexicano.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre el 40 y 50 por ciento de las mexicanas ha vivido violencia física o sexual de parte de su pareja, lo que las coloca como las más violentadas de los países que pertenecen al organismo internacional.

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En su más reciente informe, “¿Cómo está la vida? 2013”, la OCDE señala que México no ha logrado garantizar a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, condiciones ambientales adecuadas, servicios de salud, salarios justos, así como tampoco garantiza que la vida laboral sea compatible con la vida personal e individual.
De 10 puntos que esta organización calificó para su informe, nuestro país apenas obtuvo 3.42, lo que lo ubica en el penúltimo lugar de los 36 países miembros del llamado “club de los ricos”.
Que el Estado mexicano no garantice al 52 por ciento de la población una vida digna es violencia, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
La norma define a la violencia económica como “toda acción pero también omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima”.
El artículo 18 de la Ley General define como una modalidad de violencia a “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas”.
Para la economista especializada en género, Carmen Ponce, las políticas públicas creadas en México para atender a la población femenina no conciben a las mujeres como agentes activos, sino que las vislumbran como “mujeres pobres y carentes de tiempo propio”.
Sin derecho a una vida digna
Ejemplo de ello es “doña Mari”, quien vive con su hijo de 15 años de edad en una pequeña recámara rentada. Es sobreviviente de violencia, ya que durante su embarazo fue golpeada, lo que provocó a su hijo sordomudez.
Su jornada empieza todos los días a las seis de la mañana, limpia su cuarto, prepara la comida y lleva a su hijo a la escuela antes de irse a trabajar en la limpieza de casas.
Por jornadas de más de nueve horas, “Doña Mari” recibe entre 150 y 200 pesos diarios, dependiendo de la casa en la que le toque hacer la limpieza; con ello paga la renta y tendría que pagar gastos de la escuela de su hijo, alimento y vestido, y si acaso le alcanza, enviar cada mes una pequeña cantidad a su familia que vive en Veracruz.
No le alcanza para ahorrar y todos sus ingresos los destina a las necesidades diarias.
“Mari” forma parte de los 28.2 por ciento de hogares con jefatura femenina, pero que tienen los ingresos más bajos ya que destinan el 37.3 por ciento de sus ingresos a alimentación, según la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares.
Carmen Ponce refiere que la volatilidad en los precios de los alimentos es muy importante para la economía familiar porque genera pobreza alimentaria, pero este fenómeno sería menos importante si los salarios no tuvieran esos aumentos “de miseria” y pudieran recuperar su poder adquisitivo, se generaran suficientes empleos y se regularan algunos precios.
Si bien hoy 18 millones de mexicanas están dentro de la población ocupada, 11 millones no cuentan con servicios de salud (62 por ciento). Si de ingresos se trata, alrededor de 55 por ciento recibe dos salarios mínimos y únicamente seis de cada 10 trabajadoras ganan más de cinco salarios mínimos.
Para la OCDE es fundamental que se incremente el bienestar de las mujeres, pues es la clave en la salud y desarrollo de sus familias y de la sociedad, toda vez que la salud de las y los menores de edad está “estrechamente” relacionada con el acceso de las mujeres a los recursos, así como a los servicios.
Con respecto a la salud, el organismo reportó también la ampliación de la expectativa de vida para las mexicanas, quienes llegan a vivir incluso 10 años más que sus parejas varones, lo que no necesariamente implica que vivan con mejores condiciones de salud y calidad de vida.
En otras palabras –dijo la OCDE–, las mujeres “se enferman y los hombres mueren rápidamente”. Por ejemplo, mientras en 2011 el 72 por ciento de los varones (en el promedio de los países miembros) reportaron gozar de buena salud, sólo el 68 por ciento de las mujeres lo hicieron.
La especialista Carmen Ponce advierte que de no frenarse este empobrecimiento y de no asegurar a las mujeres el acceso a condiciones de empleo digno –debido a los cambios poblacionales futuros–, las adultas mayores serían el grupo poblacional más afectado.
CIMACFoto: César Martínez López.