Álvaro Delgado
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| El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Germán Canseco |
MEXICO,
D.F. (apro).- Al instinto autoritario e inoperancia económica de
Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno, que se cumplió este
domingo 1, hay que añadirle otro rasgo inequívoco de su naturaleza
política: La corrupción.
No me refiero a él sólo como individuo
–aunque el oscuro origen de su patrimonio genera dudas legítimas sobre
su honorabilidad–, sino a la prioridad real que ha dado en su gobierno
al combate a una de las principales enfermedades que padece México y de
cuyo éxito, fracaso o indolencia depende nuestro futuro como nación.
Después
de dos gobiernos panistas que fabricaron millones de pobres y un puñado
de nuevos ricos, que se descararon en la incompetencia y el despilfarro
–que también son corrupción–, los mexicanos se encontraron con el
retorno al poder de quienes no predican honestidad porque no la
practican.
Aún así, ante evidencias de uso ilegal de abundantes
recursos para ganar las elecciones por la vía de la compra de votos a
la población más pobre y también a la más rica –los magnates, sus
operadores y portavoces, que le lavan la cara–, Peña ofreció un
“Sistema nacional contra la corrupción”.
Antes de su toma de
posesión, en noviembre de 2012, Peña presentó a través de los
legisladores priistas dos iniciativas en ese sentido y luego estas
propuestas fueron incorporadas en el Pacto por México, ese poder
fáctico que ha domesticado al PAN y al PRD.
Compromiso 85: “Se
creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una
reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones
estatales con facultades de prevención, investigación, sanción
administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de
corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE.
Y
compromiso 86: “Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con
la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros
de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas
contra la corrupción”.
A un año de haber presentado las
iniciativas y, más aún, de haberlas retomado el Pacto por México, esa
promesa de Peña y de sus aliados del PAN y del PRD ha quedado como una
entelequia.
Es obvio: Se trató de una simulación, ya no sólo de
Peña sino de sus socios y cómplices panistas y perredistas que, en
tanto políticos, no son de fiar para la mayoría de los mexicanos.
Según
el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia
Internacional, dado a conocer en julio, 7 de cada 10 personas considera
que las instituciones políticas en México han aumentado su nivel de
corrupción, cifra que supera el promedio mundial de poco más de 5 de
cada 10 personas con esta percepción.
Si bien el 72 por ciento de
los mexicanos encuestados considera inefectivas las acciones que el
gobierno ha empleado para combatir la corrupción, la encuesta revela
que, a nivel del Continente Americano, son nosotros –sólo detrás de los
bolivianos– los que más sobornos pagamos: uno de cada tres.
En un
país donde también tiene plena vigencia la impunidad, la corrupción se
socializa como doctrina para el saqueo que describió, con gran
capacidad didáctica, Elisa Ayón Hernández, regidora del ayuntamiento de
Guadalajara y secretaria general del PRI municipal: “¡Agarremos lo que
tengamos que agarrar, (pero) repártanlo, no sean culeros!”
Apuntes
¿Y
el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo? Eso no fue una acción de
combate contra la corrupción, sino un ajuste de cuentas entre mafiosos…
Comentarios vía Twitter: @alvaro_delgado
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