Escrito por Jenaro Villamil
Este
2 de diciembre de 2013, cuando Enrique Peña Nieto cumpla su primer año
al frente del Ejecutivo Federal, la realidad estará muy lejos de las
promesas y expectativas despertadas con el arranque espectacular de la
firma del Pacto por México, con la proyección de 3.1 por ciento de
crecimiento económico, con la promesa de crear medio millón de empleos,
con el compromiso de combatir a los monopolios (Televisa y Telmex
dixit) y una intensa campaña en medios internacionales promovida desde
Los Pinos para vender esta coyuntura como el Mexican Moment.
“¿Qué país
se convertirá en la potencia económica más dominante en el siglo 21?
Ahora tengo la respuesta: México”, escribió el columnista Thomas L.
Friedman en The New York Times, al tiempo que los medios financieros como The Financial Times, The Wall Street Journal
daban por hecho que Peña Nieto cumpliría con su compromiso de abrir la
inversión extranjera en áreas tan delicadas como Petróleos Mexicanos,
telecomunicaciones y energía eléctrica.
México “vuelve a estar de moda”,
presumían los promotores del optimismo instantáneo. En las telenovelas
se promovía la inversión extranjera. En los noticiarios se construía el
consenso optimista. Hasta abril de 2013 todo parecía viento en popa: se
sacaron adelante las reformas constitucionales en materia laboral,
educativa (en esencia, una reforma antisindical), y de
telecomunicaciones y radiodifusión que quedó atenazada a una reforma
secundaria.
Se detuvo a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo en un golpe de impacto equivalente al quinazo del
arranque del sexenio salinista, se lanzó la Cruzada contra el Hambre y
se invirtieron más de 186 millones de pesos para promover intensamente
en medios masivos las bondades de las reformas educativas y de una
reforma energética que se formalizó como iniciativa en agosto de 2013.
Ese era el momento de Peñalandia. El
conflicto poselectoral se diluyó en la firma de las dirigencias
nacionales del PRD y del PAN –los dos polos opositores– a un acuerdo
cupular con el Ejecutivo federal y el PRI para arrancar una ambiciosa
agenda de más de 100 reformas, de las cuales sólo se han cumplido 5, a
nivel legislativo.
El retorno del PRI a la presidencia de
la República despertó en muchos ilusiones de eficacia frente al
desastre del calderonismo y la “docena trágica” panista, como le
llamaron algunos a la alternancia de 2000-2012. Se iba a distender la
“guerra contra el narco”, se prometió una gendarmería nacional, se
vislumbraba una manera distinta de afrontar el problema del crimen
organizado.
Retornaban los que “sí saben cómo
gobernar”, aunque la larga y documentada tradición de corrupción e
impunidad en el Grupo Atlacomulco, la cuna política del peñismo, ponía
todo en tela de duda. A pesar de eso, el 2 de diciembre del 2012, Peña
Nieto anunció una rimbombante Comisión Nacional Anticorrupción que
quedó en eso. El tema se fue diluyendo y en un año ya nadie del entorno
gubernamental lo menciona.
Los nubarrones y las tormentas
Sin embargo, a menos de la mitad de su
primer año de gobierno el peñismo ya comenzaba a mostrar el rostro de
un paraíso sobrevendido. Entre agosto y octubre de 2013 se juntaron una
serie de acontecimientos que mostraron la otra cara de Peñalandia:
- La misma Secretaría de Hacienda
disminuyó sus expectativas de crecimiento económico. Del 3.1 se bajó a
1.8, pero ahora, la misma dependencia, Banxico y la OCDE prevén una
tasa menor a 1.2 por ciento de crecimiento. Le llaman “desaceleración”
para no asumir que estamos en la antesala de una recesión.
- El escándalo del subjercicio en el
gasto corriente de la administración federal comenzó a documentarse de
manera clara. En un año ningún proyecto de inversión de largo alcance
se concretó. Ni en obras de infraestructura, ni en proyectos de empleo
ni de crédito.
- Las movilizaciones de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) agarraron a los
gobiernos federal y capitalino sin capacidad de respuesta, más que el
linchamiento mediático (consentido y alentado por las televisoras). El
primer gran conflicto social de las reformas peñistas surgió sin
capacidad de negociación y frente a una disidencia magisterial que se
menospreció, se intentó corromper y se hostigó como si fuera un asunto
de vialidades.
- Del gran “momento” mediático del uso
de la fuerza pública federal y capitalina en el desalojo de la CNTE del
Zócalo capitalino, el viernes 13 de septiembre, se pasó a las secuelas
devastadoras de las tormentas simultáneas Ingrid y Manuel
que demostraron una incapacidad de respuesta anticipada de los
gobiernos estatales y federal. Peña Nieto convirtió las tragedias en
plataformas mediáticas, pero no se pudo ocultar lo que los desastres
naturales sacaron a flote: el desastre político de la corrupción y la
ausencia de políticas de protección civil.
- La reforma energética, sobrevendida con antelación a nivel de spots, discursos,
se desinfló frente a dos frentes conflictivos: el condicionamiento del
PAN a sacar una reforma política-electoral; y el condicionamiento del
PRD para apoyar una polémica reforma fiscal, siempre y cuando se
pospusiera la petrolera. Entrampados en la arena reformista, el Pacto
por México dejó de ser la maquinaria metalegislativa que procesaba y
sacaba fast track las reformas.
- A finales de noviembre, no está claro
si en 2013 se completarán los ciclos de las reformas constitucionales
de telecomunicaciones (el 9 de diciembre se vence el plazo para tener
la legislación secundaria, la convocatoria del IFT a nuevas cadenas de
televisión digital y las declaratorias de dominancia, entre otras),
mientras que las reformas política y energética se entramparon entre sí.
- En el terreno de la inseguridad y la
violencia, el nuevo brote de enfrentamientos en Michoacán, Guerrero y
Tamaulipas reveló que no se había modificado en nada la guerra entre
cárteles y que surgían un nuevo actor social en el escenario de la
violencia: los grupos de autodefensa y las policías comunitarias. Tan
sólo en Michoacán hay formalmente reconocidos 19 grupos de autodefensa,
mientras se calcula que en 47 de los 113 municipios de la entidad han
proliferado los guardias blancas, los organismos de vigilancia
ciudadana.
- La disminución de la violencia
promovida por el secretario de Gobernación en sus discursos no ha
modificado ni la percepción ni la realidad. De los 4 mil homicidios
menos, según Segob, se ha documentado, tan sólo entre enero y octubre
de 2013, 17 mil 86 averiguaciones previas sobre homicidios dolosos,
producto del crimen organizado.
- Golpes espectaculares como la detención del Z-40
y de otros líderes de bandas criminales quedaron opacadas con la
liberación vía amparo del capo histórico Rafael Caro Quintero, cuyo
paradero se desconoce desde agosto. Y la extensión de los negocios y
redes políticas del capo más poderoso, Joaquín El Chapo Guzmán, se mantiene intocable.
Bienvenidos a la realidad, suelen decir
los hechos contrastantes con el optimismo desbordado de un primer año
sin un logro claro y contundente del retorno del PRI a la presidencia
de la República.
Continúa mañana.
Los Efectos Demoscópicos
Foto: AP
Para un grupo político que ha basado su
ascenso al poder en el manejo mediático, las expectativas y las
percepciones favorables construídas con publicidad y encuestas, el
primer año ya cobró factura del descenso en los índices favorables,
incluso entre las propias empresas que forman parte de la maquinaria
demoscópica.
El 19 de noviembre, la empresa Buendía-Laredo, contratada por El Universal publicó
que el índice de aprobación del gobierno de Peña Nieto bajó de 56 por
ciento en febrero de 2013 a 50 por ciento en octubre, al tiempo que la
desaprobación creció de 29 a 37 por ciento. El dato revelador del
sondeo reveló que sólo el 33 por ciento de los encuestados opina que el
país va por buen camino frente al 40 por ciento que opina lo contrario.
En
octubre, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública demostró que el 68
por ciento de la población considera insegura su ciudad y sólo el 31.7
por ciento la considera segura.
De 266 promesas de campaña realizadas por Peña Nieto, sólo se han cumplido 4, según un seguimiento del 18 de noviembre de Pulso Ciudadano.
Y del gran apoyo generado en la opinión
pública tras la detención de Elba Esther Gordillo, y la Cruzada
Nacional contra el Hambre, promovidos como los dos mayores logros de
los primeros 100 días de gobierno, las encuestas indican una creciente
preocupación por la falta de empleo, la baja en el crecimiento
económico y la falta de recursos desde la administración pública.
Tras un año de gobierno, no queda claro
quién ha resultado el sector más favorecido por la administración
peñista. La reforma fiscal lo enfrentó con la cúpula empresarial, con
los empresarios pequeños, grandes y pequeños en la frontera, con el
sector agropecuario. La reforma de telecomunicaciones se quedó a medio
camino, mientras el gobierno ha renovado su pacto con el poder
mediático.
En la reciente 55 de la semana de la
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Peña Nieto
prometió y se comprometió a continuar con los apoyos a un sector que
esperó hasta dónde llegaría su reforma.
“Seguiremos respaldando a la radio y la
televisión mexicanas, porque son una importante industria que emplea a
miles de personas, constituyen, sin duda, el motor de la economía
nacional”, afirmó Peña. Ofreció que la reforma a las leyes secundarias
del sector “ofrecerá certeza jurídica”. Ya no habló de competencia,
convergencia y mucho menos de combatir monopolios.
Al mejor estilo de las viejas pasarelas
de los concesionarios con el primer mandatario, el presidente en turno
de la CIRT, Tritán Canales, hizo un recuento triunfal de los logros
reformistas del peñismo. No hubo reclamos públicos. No hubo exigencias
claras. Se renovó el viejo pacto, quizá el más importante que mantendrá
el gobierno federal con su principal aliado: el poder mediático.
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