7/30/2011

Vale más una imagen que cien palabras: la realidad del México capitalista con 70 por ciento de pobres




Pedro Echeverría V.



1. Si como señala el secretario Ejecutivo de Coneval de México, Gonzalo Hernández, “la pobreza es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno y éste debe establecer los mecanismos ‘de Estado’ para garantizar el acceso a los derechos sociales plasmados en la Constitución”, entonces la Constitución Mexicana sirve para un carajo o los gobiernos encargados de guardar su vigencia son grandes traidores a ella y al pueblo. De lo que sí estoy seguro es que esa Constitución –producto de la revolución burguesa- es una Carta Magna que plasma en grandes letras el respeto a la propiedad privada y el gobierno (ahora sí) defiende con todas sus fuerzas a los grandes propietarios. Por ello, aunque se diga mil veces que la Constitución protege al pueblo lo que se puede demostrar desde que fue proclamada en 1917, es que dicho documento ha servido para proteger a gobierno y empresarios.

2. Por eso el presidente ilegítimo Felipe Calderón –como todos los gobiernos del PRI y del PAN- lleva el cinismo y la demagogia hasta sus últimas consecuencias. Se publica hoy en La Jornada que: “Tras conocerse que se sumaron 3.2 millones de mexicanos a la pobreza entre 2008 y 2010, Calderón aseguró que gracias a la responsabilidad con la cual los “gobiernos humanistas” han conducido a la nación, hoy México no tiene los efectos terribles que sufren las economías más desarrolladas ni padece el “empobrecimiento general” de otras épocas. Al referirse a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre el incremento de la población pobre, de 48.8 a 52 millones, Calderón dijo: “los datos muestran que entre 2008 y 2010, aun en medio de la crisis, se logró reducir carencias importantes en acceso a servicios de salud y seguridad social”. ¿Se habrá vista acaso mayor cinismo gubernamental?

3. En México tenemos 113 millones de habitantes y de ellos el 70 por ciento -78 millones vive en la pobreza y alrededor de 40 millones en la miseria; entre tanto un puñado de ricos –unos cinco mil- han concentrado enormes riquezas en distintos campos de la economía. Calderón y su gobierno culpan a “crisis externa que nos llegó sin que México tuviera algo que ver”, pero esconde que su propio gobierno fue incapaz de ver más que “un catarrito”, que México no pudo resistir y que otros países la sufrieron menos. Si el gobierno panista de Fox fue funesto para los trabajadores del país, el de Calderón lo ha superado con creces. Así como Fox a los tres años de gobernar debió de renunciar, Calderón después de su primer año de gobierno –al intensificarse la inseguridad, el desempleo y la pobreza- debió de ser expulsado de la Presidencia.

4. Datos conservadores (con el fin de no disgustar mucho) publicados por el Coneval (organismo paraoficial) demuestran que en la medición por ingresos, que fue la metodología oficial que se usó hasta hace dos años, el número de pobres patrimoniales creció en 7.1 millones de personas, ya que pasó de 50.6 millones (47.7 por ciento) en 2008 a 57.7 millones (51.3 por ciento) en 2010. Lo anterior nos demuestra que a esta condición de pobreza se sumaron 13 millones de mexicanos durante los primeros cuatro años del gobierno de Calderón, ya que en 2006 eran 44.7 millones. Son 13 millones de pobres, más los que se acumulen en los siguientes años de gobierno. Por eso Calderón ordenó que de inmediato salieran sus secretarios de salud, educación y desarrollo social a hacer declaraciones echándole la culpa a la crisis externa para aminorar el peso de la denuncia publicada.

5. Desde 2009 se publicó: En los próximos meses la pobreza en México afectará directamente a 60 millones de personas, es decir, al 55 por ciento de la población, debido a que la crisis ha ocasionado un aumento catastrófico en los índices de desempleo, ya que en el último trimestre perdieron su trabajo 250 mil mexicanos. Tan solo en el 2009 habrá más de un millón de desempleados y más de un millón de mexicanos van a necesitar trabajos nuevos. La Secretaría de Desarrollo Social considera que 54% de los mexicanos (57.8 millones) vive en pobreza de patrimonio, lo que indica que vive con menos de 4 dólares diarios, ($53.00) mientras que el 32% (34.3 millones) lo hace con menos de 2.5 dólares ($33.00), y 24% (25.7 millones) con menos de 2 dólares ($27.00). Bajo esta perspectiva, los Estados de mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango, y en ellos se concentran altos porcentajes de población indígena.

6. Aunque nos esté llevando el carajo ver a millones de limosneros, a millones de familias en la miseria, a decenas de millones en el desempleo y subempleo, aunque se esté derrumbando el país en pedazos, Calderón declara que todo está bien y exige que “hay que hablar bien de México”. Nadie habla mal de México porque es país con ricos recursos naturales, con campesinos, obreros, empleados, trabajadores, que –cuando se les paga y se les trata bien- son muy productivos y honrados. De lo que no se puede hablar bien es de los gobiernos mexicanos siempre corruptos hasta el extremo; de sus empresarios explotadores que pagan salarios de hambre; de sus medios de información que desinforman mintiendo; de la inmensa mayoría de sus intelectuales que se venden al poder y del sector más poderoso del clero (los jerarcas) en estrecha alianza con la clase dominante.

7. Es tan feliz “este país del que sólo se debe hablar bien, según Calderón”, que en la foto de arriba pueden verse a dos galanes de las clases acomodadas que, por el sólo gusto, ofrecen buena música de violín y guitarra a las personas que salen del Metro y también se ve a un niño que ofrece vasos de jugo a cada una de ellas. Pero además estas variedades musicales se repiten en cientos de miles de lugares de la ciudad de México y demás ciudades del país. Pero para mayor goce, en cada uno de los mil vagones de las distintas líneas del Metro también se podrá encontrar a uno o dos personas que ofrecen productos variados para los miembros de la familia. Lo único malo es que en México –aunque no le guste al presidente- le llaman a esos, millones de adultos, jóvenes y niños, limosneros, vendedores ambulantes, malabaristas, tragafuegos o desempleados.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

El Show de los Huesos Patrios


Foto: Archivo El Universal. Fuente: eluniversal.com.mx

El único evento de los festejos del Bicentenario de la Independencia que no generó suspicacias en las cuentas, abultados presupuestos millonarios y dispendios típicos de este gobierno, fue sacar a pasear los huesitos de Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Nicolás Bravo, Quintana Roo, Josefa Ortiz de Domínguez y otros héroes presuntamente identificados y catalogados por el INAH para exhibirlos en el Palacio Nacional.

Quizá por esta razón, el gobierno de Calderón decidió hacer un maratón televisivo –transmitido en vivo por Foro TV y Milenio TV- para halagarse a sí mismo con el llamado “Retorno de los Héroes”, en una ceremonia que tenía más de ritual mortuorio de índole religioso que un acto cívico.

Desde las 8 de la mañana se realizó la transmisión de este evento con el boato de la ceremonia militar este sábado 30 de julio.

No dejé de pensar que mientras los restos óseos de más de 50 mil muertos de la “guerra” del primer mandatario que se ha comparado con Winston Churchill son ignorados o apilados en fosas de Tamaulipas por el crimen organizado, los comentaristas de ForoTV se quejaban porque no estaban ahí los huesos de Agustín de Iturbide, el emperador que nos legó sus excesos y su crueldad, típica de estos tiempos.

Por supuesto, hubo la solemnidad militar típica, los uniformes de gala, los discursos al estilo de Suave Patria por parte de los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, pero, sobre todo, la reducción de una gesta histórica al show de unos huesos que tal vez le sirvan a Calderón para desviar por unos días la atención de los gastos millonarios del Bicentenario.

Relatoría especial condena crimen contra periodista en México



Washington D.C. 29 de julio de 2011 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la periodista mexicana Yolanda Ordaz, que apareció muerta el 26 de julio en el municipio de Boca del Río, Veracruz. La Relatoría Especial solicita a las autoridades la realización de investigaciones prontas y diligentes para esclarecer el motivo del crimen, identificar y sancionar adecuadamente a los responsables, y nuevamente exhorta al Estado a implementar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México.

De acuerdo con la información recibida, Yolanda Ordaz trabajaba como reportera de asuntos policíacos en el periódico Notiver de Veracruz. La misma había desaparecido desde el domingo 24 de julio, después de avisar a familiares que iba a cubrir una información. Su cuerpo fue encontrado decapitado detrás de las oficinas del periódico Imagen del Golfo y cerca de la radioemisora MVS.

Este es el segundo homicidio cometido contra periodistas de Notiver en un mes y el quinto contra comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio de la profesión. El pasado 20 de junio, el periodista Miguel Ángel López Velasco (conocido como Milo Vela), subdirector de Notiver, fue asesinado en su casa, en Veracruz, junto con su esposa y su hijo. En 2011 han sido reportados además: la desaparición y el posterior asesinato de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; los homicidios de Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; y la desaparición de Marco Antonio López Ortiz, el 7 de junio en Guerrero, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

Asimismo, en su Informe Anual de 2007 la Relatoría Especial documentó que el 3 de mayo de ese año una cabeza humana fue arrojada en frente de la sede de Notiver con una nota que decía “este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy bien”.

La Relatoría Especial manifiesta nuevamente su preocupación por los crímenes reportados y hace un llamado urgente a las autoridades para que fortalezcan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementen adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad de los crímenes cometidos así como la repetición de este tipo de hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes, juzgarlos, sancionarlos y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

Según la información disponible, los investigadores analizan diversas hipótesis acerca de los motivos del crimen. En ese contexto, la Relatoría Especial solicita a las autoridades mexicanas agotar con rigor y diligencia la hipótesis en virtud de la cual el asesinato pudo haber sido motivado por el trabajo periodístico de la comunicadora. El esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia, y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

¿Qué es ser de izquierda?



Rosaura Ruiz y Bruno Velázquez



Con cariño a la familia de Adolfo Sánchez Vázquez
Inspirados bajo la luz de Adolfo Sánchez Vázquez, maestro querido, sabio poeta, admirable persona y filósofo de la praxis, recordaremos algunas de sus respuestas a la pregunta que ahora nos guía.

A lo largo de su obra, Sánchez Vázquez nos dice que ser de izquierda es estar por un modelo de desarrollo que responda a los intereses y necesidades de las mayorías, y, por ende, ir en contra de un sistema que favorezca al egoísmo de una minoría y a los intereses ajenos (ya sean gobiernos extranjeros o de transnacionales). Es oponerse a las relaciones desiguales y de dependencia entre las naciones y repudiar las prácticas hegemónicas y neocolonialistas de las potencias; estar por un desarrollo sustentable que no amenace la vida humana y planetaria, y por tanto, defender las reivindicaciones ecológicas. También, nos dice, ser de izquierda es combatir toda forma de discriminación, asumir y luchar por los derechos de todas las personas sin importar su género, raza, etnia, condición, creencias, orientación sexual o nacionalidad, pues la más mínima manifestación discriminatoria “deshonra al individuo, grupo social o poder que lo tolera o promueve”.

Ser de izquierda es hacer una política que no confunda ni separe los fines y los medios, que no se guíe por resultados inmediatos e insustanciales ni pierda de vista los valores y principios que le dan sentido en busca de dádivas y prebendas individuales o grupales. En suma, es hacer una política que sea congruente con sus ideales, que sea incorruptible y se sostenga sobre un profundo contenido moral.
Ser de izquierda requiere de escepticismo frente al dogmatismo y de una constante crítica y autocrítica. Significa ser crítico de los males sociales producidos por el sistema político-económico imperante, pero también de las deficiencias y debilidades propias; implica tener o sumarse a un proyecto a largo plazo de nación y sociedad, que tenga como fin el que desaparezcan las injusticias sociales; conlleva conocer la realidad y tener claras las posibilidades, las condiciones necesarias y los medios adecuados para transformarla; finalmente, para Sánchez Vázquez, ser de izquierda es tener una voluntad inquebrantable para realizar el proyecto de una sociedad más justa, solidaria, equitativa y libre.

No se puede ser de izquierda en teoría o de forma nominal, no se es de izquierda por pertenecer a un partido o grupo específico, o por el sólo hecho de conocer la realidad de los marginados. Pues ser de izquierda es, sobre todo, una praxis.

Parafraseando a Marx, la gran mayoría de los filósofos, políticos, intelectuales y líderes de opinión se limitan a interpretar y opinar sobre el mundo; cuando de lo que se trata es de transformarlo. Para Sánchez Vázquez, más que una posición, ser de izquierda es una práctica diaria y cotidiana, un hacer, es actuar conforme a lo que se sostiene en la palabra, el discurso o la teoría, ser congruente y practicar lo que se piensa y se dice. De lo que realmente se trata el ser de izquierda no es de posicionarse, sino de transformar al mundo.

Ante la barbarie actual de la que sobran ejemplos y actores, entre otros, todos los que mantienen a México en vilo con sus actos violentos y su falta de dignidad, o el vergonzosamente célebre terrorista xenófobo, fascista y declarado enemigo del multiculturalismo Anders Behring; ante el peligro de que el huevo de la serpiente termine por resquebrajarse, soltando así toda su inmundicia, precisamos que emerja una alternativa que nos guíe en la necesaria cuan urgente transformación de la realidad que vivimos.

Ojalá que los políticos que se dicen de izquierda se preocuparan más por llevar a la práctica su izquierdismo, y menos por su popularidad, su imagen mediática, los costos y beneficios particulares o de partido de un hacer u omitir, o de su posicionamiento antes y después de las elecciones en puerta.

Directora de la Facultad de Ciencias, UNAM

Tres graves riesgos de la reforma laboral




Arturo Alcalde Justiniani

Todo parece indicar que, presionados por el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han convenido la reforma laboral, y que intentarán aprobarla en un periodo extraordinario durante la segunda quincena de agosto. Conviene enfatizar cuáles son sus aspectos más lesivos, orientados a abaratar el costo de la mano de obra, precarizar las condiciones de trabajo e incrementar la indefensión obrera.

La máxima prioridad está centrada en el tema del outsourcing o trabajo en régimen de subcontratación, contenido en un nuevo artículo 15 bis del proyecto del PRI de marzo de 2011. La intención es acabar con el principio toral de la legislación laboral, que reconoce el carácter de patrón a quien recibe y se beneficia del servicio personal subordinado. Esta responsabilidad original es base del modelo laboral y de las instituciones que le dan sustento: salario remunerador, jornada máxima, respeto de la integridad y dignidad de la persona que trabaja y, obviamente, los derechos colectivos, incluyendo los de libre asociación, contratación colectiva y huelga.

El régimen de subcontratación propuesto convierte en mercancía al trabajo a pesar de que la ley expresamente lo prohíbe, al autorizar la venta de los servicios de trabajadores, obligando tan sólo al respeto de los derechos mínimos. Se trata de legalizar prácticas que contravienen el marco jurídico vigente.

Para convencer de las bondades de esta nueva normatividad, los abogados de la Coparmex, redactores de esta iniciativa, afirman que es necesaria para mejorar la competitividad y la inversión productiva, alegando que ya existe en otros países, y llegan al extremo, sin acreditarlo, de afirmar que su finalidad es evitar abusos, pues con el nuevo sistema se respetarán al menos los derechos fundamentales. Su filosofía se sostiene en la tesis de que más vale un mal empleo que estar desempleado. Mediante este engaño se busca suprimir de tajo la responsabilidad del verdadero patrón beneficiario del servicio, evitar la fiscalización del Estado e impedir que los trabajadores puedan organizarse en defensa de sus intereses. Todo en paquete. El tema tiene tal trascendencia que el representante legal de la Coparmex admitió publicamente: Si nos conceden este punto, lo demás sale sobrando.

No se puede negar que en los procesos productivos se justifique, bajo ciertas condiciones, la contratación de mano de obra externa, pero debe regularse, como se ha hecho en otros países, distinguiendo la subcontratación positiva de la depredadora, y tomando en cuenta los siguientes criterios: 1) Tener un carácter excepcional; en consecuencia, no debe subcontratarse la totalidad de una empresa o centro de trabajo, como sucede actualmente con las llamadas empresas de servicios. 2) Debe justificarse el insumo adicional especializado que se agrega al proceso productivo con la mano de obra externa, la cual a la empresa beneficiaria no le sería rentable contratar por sí misma. 3) Garantizar el principio de igualdad entre los trabajadores cuando realizan el mismo trabajo. 4) Registrarse ante el Estado para ser objeto de inspección periódica y evitar la simulación. 5) Debe sancionarse, en caso de abuso, al verdadero patrón, que es la empresa beneficiaria, y no solamente a la subcontratista. 6) Debe garantizarse el respeto a los derechos colectivos.

Un segundo tema en el que ha hincado el diente la Coparmex es el relacionado con el despido libre o barato, que limita el pago de los salarios caídos hasta por un año. La propuesta busca justificarse frente a la absurda realidad de la duración de los juicios laborales de hasta cinco años. Es claro que esta lentitud no tiene justificación, ya que lesiona tanto a trabajadores como a patrones. Sin embargo, el problema no se resuelve castigando a los trabajadores por una tardanza que no les es imputable. La solución está en crear las condiciones para que los juicios se tramiten en un corto tiempo; ello es absolutamente posible, y así lo ordena nuestra Carta Magna. Aceptar esta propuesta patronal invitará al despido y a incumplir la ley, alargará aún más los juicios, porque el costo se congelará a un año, presionará a los trabajadores a aceptar cualquier pago en demérito de sus derechos y colocará las formas colectivas de defensa laboral en mayor grado de postración.

El tercer riesgo se refiere a las restricciones a la libertad sindical. La Coparmex ha buscado, a través de la reforma laboral, consolidar el sistema patronal de mantener al sindicato de su preferencia. Para ello, intenta restringir la posibilidad de emplazamientos por firma de contrato colectivo de trabajo o demandas de titularidad tendientes a que los trabajadores cambien de sindicato. Es un viejo sueño para cerrar el círculo del control. En la iniciativa panista se incluyeron los llamados requisitos de procedibilidad para obstruir estas posibilidades de los trabajadores mediante un proceso administrativo previo de autorización o certificación de los padrones de socios por parte de la autoridad. Hoy, la inciativa priísta retoma esta misma intención, encubriéndola con la limitación al derecho de voto en los recuentos, a los que solo podrán acceder trabajadores sindicalizados, esto es, los que estén previamente autorizados en los padrones oficiales y en las nóminas patronales.

Por último, por encargo de los empresarios de las líneas aéreas de bajo costo, tendiente a impedir la expansión de los sindicatos democráticos de sobrecargos y pilotos (ASSA y ASPA), se adiciona al artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo una restricción a los sindicatos para reclamar la titularidad de un contrato colectivo aun cuando la mayoría de los trabajadores de su profesión así lo pretendan.

Debemos impedir a toda costa, antes de que sea demasiado tarde, que estas agresiones a los derechos humanos laborales adquieran carácter de ley. Más allá de su carácter inconstitucional, son una afrenta a los hombres y mujeres quienes, a pesar de sus bajos salarios y agobios cotidianos, dan vida a este país.

El dilema actual de la sociedad mexicana





Enrique Calderón Alzati
La masacre cometida en días pasados en Noruega tiene varias lecturas posibles, todas desde luego siniestras; una de ellas es la proclividad a la violencia máxima por parte de algunos individuos de la especie humana, proclividad que debería haber sido erradicada para siempre luego de las grandes tragedias del siglo XX causadas por el odio y la irracionalidad ejercida por quienes teniendo acceso a las armas y al control de éstas hicieron uso de ellas para destruir y asesinar a sus semejantes, incluyendo a víctimas inconscientes del peligro que se cernía sobre ellas. En el contexto actual, resalta desde luego la naturalidad de este asesino para justificar su crimen, dando una serie de razones por las que más que sentirse culpable, se considera como una especie de héroe o paladín de una causa, que está por encima de cualquier otra consideración. Ello nos dice mucho del grado de trastorno mental al que pueden llegar algunos individuos hoy en día.

Las recientes declaraciones del jefe de la Armada de México, orientadas a poner en duda las acciones de los organismos civiles que hoy están buscando cambiar los escenarios de violencia en los que nuestro país se encuentra inmerso, constituyen una respuesta desafortunada a las denuncias publicadas por La Jornada en días pasados, respecto al comportamiento violento e injustificado de infantes de marina que en los estados de Tamaulipas y Nuevo León se han venido dedicando a secuestrar, a desaparecer y amenazar a miembros de la población de regiones cercanas a la frontera con Estados Unidos, siguiendo un comportamiento errático e inexplicable, denuncias que nos presentan una vez más los riesgos implícitos en el uso de las fuerzas armadas para hacer frente a un problema cada día más grave, pero limitado al ámbito propio de la sociedad civil. Seguramente para el hombre que hoy desgraciadamente dirige al país y a quien está obligado a servir el jefe de la Armada se trata de unas noticias más, como tantas otras, que están generando probablemente algunos daños colaterales adicionales a los ya conocidos, originando más protestas que les son molestas y a las cuales es necesario neutralizar.

Lo que el Presidente y sus colaboradores del gabinete de seguridad se han negado a entender es que los miembros de las fuerzas armadas han sido entrenados y preparados para defender el territorio nacional frente a fuerzas extranjeras, por lo que su comportamiento tiene como objetivo la destrucción de las fuerzas enemigas y en ningún momento la de ponerse a investigar el nivel de riesgo que esas fuerzas representan. En los ámbitos de la sociedad civil, por lo contrario, ningún individuo, aun cuando éste sea sorprendido cometiendo un delito, puede ser castigado, y menos dañado físicamente, sino ser puesto ante la justicia, con un expediente que amerite su detención y su castigo, garantizando siempre sus derechos humanos, para evitar entre otras cosas lastimar física o moralmente a quienes resulten ser ajenos a los delitos imputados. Este es el error que todos los días y en todas partes del país vienen cometiendo quienes hoy gobiernan, protegiéndose en el hecho, reconocido sólo por ellos, de que nos encontramos en estado de guerra. Sin embargo, en este caso este error conforma por sí mismo un delito, y un delito grave, porque en la realidad no existe ningún estado de guerra con país alguno, y el uso de las fuerzas armadas tiene una normatividad establecida por la Constitución, precisamente para asegurar que estas cosas no ocurran.

El delito específico que en lo personal considero ha sido cometido por el señor Felipe Calderón, con implicaciones directas en la muerte de miles de individuos, está tipificado en el ámbito internacional como genocidio, si bien no es posible imputar aspectos de racismo o de algún otro tipo de odio, sino irresponsabilidad y seguramente trastornos mentales de su parte, razón suficiente, por cierto, para ser inhabilitado por el Congreso, que al no hacerlo ha incurrido en una forma de complicidad. La conducta es similar a la del director de un hospital que ante un paro o la simple ausencia o incapacidad de sus cirujanos, llamara a los electricistas y demás personal de mantenimiento a hacerse cargo de los quirófanos y de la intervención quirúrgica a los pacientes; la diferencia radica, desde luego, en el agravante que existe en el caso real, de los enormes atractivos que representan para un militar, al igual que para un agente de seguridad, los ofrecimientos de recursos económicos que el crimen organizado puede hacerle, sobre todo cuando no existe una formación ética adecuada, tal como los hechos demuestran en cientos o quizás miles de casos en que esos servidores han decidido cambiar de bando, sea de forma abierta o encubierta.

Esta, desde luego, no es la razón única de que nuestros gobernantes parezcan estar respaldados por ciudadanos que piensan como ellos, pues también está el hecho anunciado por el propio Presidente de los extraordinarios aumentos de recursos financieros dedicados a equipar a las fuerzas de seguridad, así como al Ejército y la Armada, con lo cual se han abierto enormes posibilidades de negocios a los mercaderes de armas, aspectos que también debiera ser responsabilidad del Congreso investigar.

El dilema al que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad valientemente encabezado por Sicilia y otros distinguidos luchadores sociales nos ha llevado es el de decirnos cada uno de nosotros si debemos darles nuestro apoyo o dejar que las políticas de seguridad sigan conduciendo al país por senderos de destrucción y muerte, y que el Presidente siga pensando que su lucha se justifica por sí misma y que sus causas están por encima de la sociedad, de los derechos humanos de los mexicanos y de la Constitución.


Natalia Saltalamacchia

La Marina y los derechos

En el contexto de incertidumbre que produce la batalla contra el crimen organizado cada palabra y cada posicionamiento de las distintas instituciones estatales cuenta.

Cuenta para bien que en la reciente ceremonia de graduación de oficiales de la Armada el secretario de Marina, Francisco Saynez, haya recordado que no es necesario violar la ley para hacerla cumplir y que es obligación del Estado respetar cabalmente y a conciencia los derechos humanos.

Pero importa y preocupa también su visión sobre el papel que desempeñan las organizaciones de derechos humanos en esta lucha. El secretario sugirió que “grupos ciudadanos” son presa de la manipulación del crimen organizado, el cual utiliza la “bandera de los derechos humanos” para obstruir las acciones en su contra. Esta declaración, lanzada al aire sin mayor elaboración, resulta problemática y peligrosa en tres sentidos.

Primero: al no identificar a los grupos a los que se refiere, se convierte en una descalificación general a la labor de las organizaciones de derechos humanos; se desconoce así el grado de profesionalismo que han alcanzado muchas de ellas a lo largo de los años y su importancia en el desarrollo de la cultura de los derechos humanos en el país.

Segundo: cuando las organizaciones de la sociedad civil (OSC) abogan por los derechos de todos, incluyendo los criminales, no lo hacen desde la “ingenuidad” sino a sabiendas de que cada fisura de la legalidad debilita al Estado democrático de derecho, ese dique tambaleante que nos aleja de la violencia indiscriminada.

Tercero: infunde entre sus subordinados, esos mismos que en su trabajo de campo tienen contacto con los defensores de derechos humanos en diferentes partes del país, la idea de que —aunque sin dolo y con base en “engaños”— su trabajo atenta contra el prestigio de la Marina. ¿Cómo se espera entonces que un oficial de rango inferior los vea con buenos ojos y se conduzca con el respeto debido?

Por estos motivos se comprende el enérgico rechazo manifestado por las OSC. Después de todo, ellas, como las Fuerzas Armadas, “ponen el cuerpo” en una lucha que es común: la defensa del Estado de derecho.

Y aunque, por la naturaleza de sus respectivas funciones, la tensión entre ambas partes es inevitable, debe prevalecer el mutuo reconocimiento y respeto a la igual dignidad de la labor que desarrollan. Es cierto que las OSC son a veces estridentes porque la principal herramienta con la que cuentan es la publicidad que los medios de comunicación otorgan a sus denuncias; pero también saben aplaudir avances, cuando los hay, como en el caso de la reciente reforma de derechos humanos. Por su parte, las Fuerzas Armadas desarrollan lentamente una política de reconocimiento de errores y abusos de sus integrantes, derivados de una tarea que no pidieron ejercer y en la que se sienten incómodas.

Sería deseable que en esta coyuntura la Marina se sumara públicamente a la posición de otras instancias del Estado mexicano que, como hace la SRE en su “Informe de México: avances y desafíos en materia de derechos humanos” de reciente edición, reconocen “la importante labor que realiza la sociedad civil organizada” y “sus múltiples aportaciones”.

Profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM

Jorge Luis Sierra

Medios contra crimen y corrupción

Los medios de comunicación de Panamá han comenzado a desarrollar un proceso único en América Latina: los ciudadanos denuncian hechos de criminalidad y corrupción en forma anónima a un sitio de internet y periodistas profesionales los investigan para publicar reportajes en tres periódicos y dos cadenas de televisión de este país centroamericano.

Respaldado por el Centro Internacional para Periodistas, una organización sin fines de lucro que se dedica a incrementar la calidad del periodismo en más de 85 países del mundo, el sitio de internet llamado www.mipanamatransparente.com ha adaptado la plataforma digital Ushahidi, una tecnología creada en África para geolocalizar incidentes de violencia con ayuda de ciudadanos.

Empleada sólo por organizaciones humanitarias, Ushahidi se desarrolló en Kenia y Congo para monitorear elecciones violentas, en Atlanta para registrar delitos, o bien en Chile y Haití para facilitar la ayuda a víctimas del desastre causado por terremotos. Sin embargo, ésta es la primera vez en que un grupo de periodistas utiliza la misma herramienta para recibir reportes ciudadanos sobre corrupción y criminalidad y profundizarlos con técnicas de periodismo de investigación.

La experiencia es nueva en muchos sentidos. Primero, porque cambia la relación vertical tradicional entre periodistas y ciudadanos, los acerca en un esfuerzo común para disminuir la corrupción y la inseguridad.

En segundo lugar, es nueva porque permite que los ciudadanos usen plataformas digitales y mensajes de texto para denunciar hechos que afectan la transparencia y la seguridad.

Y tercero, porque acerca profesionalmente a los medios de comunicación, antes separados por la desconfianza mutua y las filiaciones grupos rivales de la política y la economía de Panamá.

Desde que mipanamatransparente.com fue lanzado, en junio de 2010 en una asociación con el Fórum de Periodistas de Panamá, un grupo de más de 300 ciudadanos y 115 periodistas de Panamá ha comenzado a trabajar para investigar problemas que van desde el uso de aeropistas para el traslado de drogas hasta redes de explotación sexual de mujeres colombianas, uso indebido de vehículos oficiales, abandono de hospitales comunitarios, asaltos frecuentes en los puentes peatonales, o esquemas de fraude de las autoridades aduanales en la frontera con Costa Rica.

La publicación de los reportajes basados en las denuncias ciudadanas ha comenzado a modificar la realidad panameña: la Policía Nacional aumentó la vigilancia en un área asolada por la delincuencia de pandillas en el este de la ciudad de Panamá, los aviones del Servicio Aeronaval comenzaron a vigilar la zona usada por narcotraficantes para aterrizar vuelos clandestinos, una empresa responsable del mantenimiento de los puentes peatonales de la ciudad de Panamá puso iluminación en el puente donde se denunciaba un gran número de asaltos de jóvenes pandilleros, y el ombudsman atendió a un hospital sin recursos ni utensilios médicos de la provincia de Coclé.

El proyecto está en vías de ser replicado en México y Colombia, y posteriormente en Venezuela, Guatemala y República Dominicana.

En esos países, la violencia se ha acrecentado por la presencia de bandas del crimen organizado y las dificultades evidentes para contener su actividad. Los ciudadanos han perdido una buena base de su confianza hacia la eficacia de las autoridades y, en algunos lugares, no siempre tienen acceso a oficiales honestos y profesionales. Las quejas ciudadanas suelen quedarse en el silencio.

Este proyecto permitirá ver patrones de corrupción y criminalidad y abrirá la posibilidad de que el ciudadano denuncie en forma confiable y segura. Con la plataforma Ushahidi, las autoridades también podrán ver información de primera mano y actuar para diseñar políticas adecuadas.

En este contexto, la participación de los medios de comunicación de México, Colombia y Venezuela y los demás países será indispensable y crucial. Los ciudadanos podrán contar con una plataforma tecnológica que les permitirá enviar reportes sobre crimen y corrupción en forma anónima.

Los periodistas podrán, entonces, retomar esa información, ponerse en contacto con los ciudadanos denunciantes, emplear las mismas plataformas digitales y contribuir con sus reportajes a una sociedad más segura y transparente.

jlsierra@hotmail.com
Analista de temas sobre seguridad nacional

Pobreza y violencia


Serpientes y Escaleras | Salvador García Soto


Los dos indicadores más duros con los que la administración de Felipe Calderón se enfila hacia su último año de gobierno son dolorosos y lacerantes: la pobreza y la violencia que han crecido en este sexenio.

Ante la contundencia de las cifras, provenientes no de los críticos o detractores del gobierno, sino de los propios organismos oficiales, las explicaciones salen sobrando. Que si “teníamos que hacerlo de ese modo o esto hubiera sido peor”, que si “fueron las crisis externas las que afectaron”, que si “nadie me dio una mejor opción”; la realidad es lo que importa y en el resultado final hablamos del agudizamiento de un problema estructural como la pobreza, por el fracaso de las políticas y ineptitud de las medidas públicas para frenarla; y del agravamiento y el descontrol en el manejo de otro problema histórico como la producción y el tráfico de drogas.

Cincuenta y dos millones de pobres y más de 40 mil muertos son saldos demasiado grotescos y evidentes como para ignorarlos y creer ingenuamente que no es culpa de nadie.

¿A qué le apuesta un país y un gobernante que no es capaz de evitar que casi la mitad de sus habitantes se siga depauperando y que de esos ejércitos de pobres se abastezca al crimen que por otro lado dice combatir? ¿Qué se ha hecho para evitar tanta pobreza? Mientras 3 millones más de mexicanos se empobrecen, 10 o 15 familias de apellidos de sobra conocidos ganarán dinero a raudales y se volverán cada vez más ricos.

Las cifras del Coneval son una vergüenza para todos, pero debieran serlo especialmente para los que se encargan de administrar el dinero público y de dictar y aplicar las políticas que deberían haber disminuido la pobreza. Y ahí entran todos, desde el Presidente y sus comodines secretarios de Estado que, lastimosamente indignos e insensibles apenas atinan a culpar a las crisis externas, hasta los gobernadores que dispendian el dinero en campañas políticas y en autopromoción televisiva de su imagen, igual que los cínicos congresistas, diputados y senadores, que se construyen edificios de lujo y se dan vida de ricos.

Por supuesto que ninguno de ellos asumirá responsabilidad alguna en la tragedia; si acaso, inmorales como son, buscará cada uno un discurso correcto donde lamente sin sentirlo la pobreza, una frase adecuada y un tono dolido para aparecer en las notas de los medios, una forma ingeniosa para escabullirse de cualquier señalamiento de culpa.

¿Dónde están todos esos que dicen que quieren ser presidentes, que se cuentan casi por docenas para decirnos qué hicieron ellos mientras en dos años 3 millones 200 mil personas caían en la pobreza? La mayoría ocupa actualmente cargos públicos y de ninguno de ellos, que se sepa, se conoció una acción clara, una medida efectiva o una iniciativa contundente que logrará evitar que 4 mil 383 mexicanos cayeran en la pobreza, según las cifras del Coneval. Ellos estaban más ocupados en hacer campaña, en pagar encuestas para admirarse en ellas, de torcer la ley para promover su imagen con dinero público.

Dieciséis mil millones de pesos para organizar una votación, además de los miles de millones de pesos en tiempos oficiales que se gastarán en spots mediáticos, parecen una bofetada frente a las cifras de pobreza que se conocieron ayer. Una clase política y una democracia que nos siguen costando demasiado caras y que son, lejos de ser parte de la solución, buena parte del problema. Porque recursos los tiene este país, sólo que en lugar de haber ido a parar a todas esas familias a las que se les cayó el ingreso y haberlos rescatado de las garras de la pobreza, terminaron en los onerosos sueldos de los funcionarios y representantes, en las lujosas oficinas públicas, en las costosísimas campañas políticas… total, los pobres son más pobres y los políticos más ricos.

NOTAS INDISCRETAS…Si el beso político de Elba Esther Gordillo a Marcelo Ebrard pudo ser corrosivo, el beso físico que le dio el escritor Javier Sicilia al senador Manlio Fabio Beltrones puede resultar muy positivo para el político sonorense que mantiene viva su aspiración presidencial. ¿Qué quiso decir el dirigente civil del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuando se despidió de Beltrones con un afectuoso beso en la mejilla? ¿Que le tiene especial aprecio al político priísta, que el diálogo ciudadano con él le pareció más productivo, que al respetable don Javier le gusta Manlio para la Presidencia? Cada quien le dará el significado que quiera darle, pero ese beso pareció todo menos desintencionado… Gobernadores, dirigentes civiles, funcionarios de su gobierno y las corrientes perredistas que lo apoyan se reunirán este domingo en el WTC en lo que intenta ser un relanzamiento del proyecto presidencial de Marcelo Ebrard.

Como queriendo ahuyentar a los fantasmas de las últimas semanas y mostrar que aún tiene músculo y posibilidades de volverse candidato “de las izquierdas”, el jefe de Gobierno capitalino presentará lo que han llamado “el arranque del proyecto progresista” en el que buscan sumar a diversos sectores de la sociedad civil a una plataforma de gobierno que abandere “un frente amplio ciudadano” afín al PRD. Según las listas que manejaban ayer en el Palacio del Ayuntamiento asistirán gobernadores como Juan Sabines, Mario López Valdez, Ángel Heladio Aguirre, Gabino Cué y Rafael Moreno Valle. Además de personajes de la política y la sociedad como Agustín Basave, Marta Lamas, Carlos Mercenario, José Sulaimán, Federico Pizarro, Gustavo Arriaga, Jesús Ortega, Alonso Aguilar Zinser y Hortensia Aragón. El principal orador será, por supuesto, Marcelo Ebrard… Los dados cierran con serpiente. Semana de altibajos.

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Procuración mediática de justicia

Miguel Concha

En 1968 el artista estadunidense Andy Warhol dijo que en un futuro todo el mundo podrá tener 15 minutos de fama. El artista no se refería necesariamente a que todos fueran a realizar acciones dignas de reconocimiento, sino al avance en los medios de comunicación y su mediatización de diversas expresiones como el arte.

Probablemente algunas lectoras y lectores se encontrarán de acuerdo con la frase, y hasta les parezca atractiva. Sin embargo, ¿qué tan atractivo sería si durante esos 15 minutos los medios electrónicos e impresos señalaran a alguno de ellos como culpable de un crimen que no cometió? ¿Qué pensaría si esa imputación se realizara sin que ni siquiera le hayan mencionado que es parte de una investigación? ¿Qué tan gloriosos serían esos 15 minutos si es señalado como responsable frente a su familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, de un crimen que no realizó? ¿Qué tal si le agregamos que ni siquiera ha sido juzgado?

Esta triste realidad es algo que vivimos en nuestro país todos los días. Somos testigos de un fenómeno bastante peculiar, que podemos denominar la procuración mediática de justicia. El alcance de los medios nos ha llevado a un fenómeno que de unos años a la fecha se ha vuelto una expresión cotidiana de violaciones a los derechos humanos. Me refiero a la exposición en medios de gente que es señalada ante la sociedad por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia como culpable de crímenes que por su naturaleza generan un reclamo social. Nadie puede dudar que en la actualidad existe un serio problema de inseguridad en el país, y que la violencia y sus efectos provocan que la sociedad exija que las autoridades cumplan con su función, y sancionen a los culpables. Ante esto, día con día ellas pretenden legitimar sus acciones anunciando con bombo y platillo la aprehensión de gente señalada como presunta responsable de delitos investigados. Para ello convocan a un escandaloso espectáculo, en el que exhiben ante las cámaras a gente que ha sido aprehendida, porque de alguna u otra forma la han visto relacionada con la investigación. Lamentablemente, muchas de estas personas no siempre tienen que ver con el delito. Un ejemplo de ello es el reciente caso de la estudiante Mariel Solís, a quien se le acusó de ser cómplice del homicidio de un catedrático de la UNAM. Basados en las vagas declaraciones de un detenido, acusado ya anteriormente como homicida, y en grabaciones de una cámara de vigilancia de un cajero automático, en las que aparece una mujer cuyos rasgos no coinciden con los de ella, la Procuraduría General de Justicia capitalina la privó de la libertad. Y aunque fue detenida además arbitrariamente con violencia, y presentada luego a rendir testimonio en calidad de testigo, se le cambió también posteriormente su situación jurídica a la de presunta responsable, anunciándose públicamente su detención. Ante la presión social, afortunadamente la PGJDF reconoció que los indicios no eran suficientes para sustentar la acusación, y se decidió no ejercer mayor acción en su contra. Fue así como felizmente este caso paradigmático terminó con la puesta en libertad de la persona, pero ello no significa por supuesto que aquí no pasó nada, pues existe una serie de derechos que ya fueron vulnerados, como el derecho a la honra y a la dignidad, a la libertad personal, a la integridad y presunción de inocencia, y al debido proceso.

Y podemos también asegurar que esta situación es la excepción que confirma la regla, pues lamentablemente existen ejemplos que no se resuelven de la misma manera, en los que la persona detenida es presentada ante los medios vestida con un traje infamante, como autor del delito, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado, como afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Cantoral Benavides. En la sentencia de este caso, la CoIDH determinó que se violaron los derechos a la libertad, a la integridad personal, la seguridad jurídica, la legalidad y la protección judicial de una persona exhibida y acusada de terrorismo, que fue procesada y condenada con base en una investigación manipulada, con la complicidad del Poder Judicial. Tenemos también como ejemplo el caso de Florence Cassez, en el que de manera por demás vergonzosa el secretario de Seguridad Pública federal admitió que las imágenes que se transmitieron a escala nacional por un canal de televisión sobre el supuesto arresto de una banda de secuestradores, y el rescate de sus víctimas, fue una recreación. Lo que no se mencionó es que, sin que hubiera rendido siquiera una declaración, o sin que se mencionara que había sido detenida casi 24 horas antes en un lugar distinto al del supuesto rescate, a partir de ese momento ella fue tachada como secuestradora y condenada a priori por el imaginario colectivo. Lamentablemente, en este asunto no hubo autoridad que dijera públicamente nos equivocamos. Por el contrario, las pruebas del montaje fueron desechadas por el Poder Judicial, y ahora corresponde a la misma Suprema Corte de Justicia hacer una valoración adecuada del expediente.

Lamentablemente los ejemplos sobran. En estos días los juicios se hacen frente a las cámaras, y las autoridades no parecen comprender que la única forma de legitimar su trabajo, y de recuperar con ello la confianza de la sociedad, es mediante el respeto de los derechos, tanto de los probables responsables como de las víctimas, porque, y debemos tener eso muy en cuenta, la inseguridad no se reduce con estadísticas o inocentes en las cárceles. Ni sólo con medidas de violencia exhibidas como propaganda en los medios, con el objetivo de generar terror en la sociedad.

La carreta delante de los bueyes


Manuel Gil Antón

Vayamos a 2020. Hace nueve años, las autoridades propusieron incrementar la cobertura de la educación superior hasta llegar, cuando menos, a 50%. Pasar de 2.5 inscritos por cada 10 muchachos en edad de estudiar, a uno de cada dos era el reto. En el 2011 había, en números redondos, 2.5 millones de estudiantes menores de 23 años y 10 millones de jóvenes entre los 18 y 23. Suponiendo que el grupo de edad no variara mucho, la matrícula tendría que duplicarse. La meta requería incluir, como promedio, a 250 mil nuevos estudiantes cada año. Dos y media entradas completas al Estadio Azteca. Menuda empresa la que estaría por delante.

Hicieron planes para que Hacienda les diera dinero: ¿cuánto costaría construir las instituciones? ¿Cuál es, y sería luego, el costo por alumno? ¿Y el gasto para avituallar a las instalaciones con libros, canchas, luz, agua, cables de todo tipo y pagar maestros? Equis cifra. Grande. Prever los recursos, ladrillos, pupitres y computadoras es más fácil que pensar. Aunque pensar sea necesario.

México, 2020. Concedamos: se invirtió lo previsto. Hay instituciones públicas nuevas y ampliadas. Mas algo desconcierta: están casi vacías, o con capacidad instalada de sobra. ¿Qué pasó? Tal vez los calculistas trabajaron bajo el supuesto que el problema era incrementar la oferta (generar más lugares) sin advertir que ese tema lleva atado considerar la demanda y sus flujos: ¿hubo tantos aspirantes a ingresar como pensaron? Parece que no. Las instituciones no producen alumnos; son los aspirantes los que requieren instituciones.

Regresemos al sol de hoy. Cada año perdemos 600 mil muchachos en el nivel medio superior. Serán 6 millones los que carezcan del certificado indispensable para entrar en el decenio. No serán demanda. Además, en la escuela básica, son abandonados y se van 700 mil niños cada periodo lectivo. Parte importante de esos 7 millones, acumulados en 10 años, tendrá edad para aspirar a la educación superior, pero no tocarán la puerta. No tienen con qué. Ni la secundaria terminan. Los muchachos que concluyen la media superior sin querer o poder seguir estudiando —no son pocos— tampoco solicitarán ingreso. Sin más aspirantes habilitados, la meta puede fallar por el lado de la demanda. ¿Más lugares sin suficientes alumnos? Puede ser. Para evitarlo hay que mejorar el sistema educativo previo (calidad) y enmendar las condiciones de desigualdad actuales (equidad). Nada más.

Los flujos estudiantiles, por su parte, son complejos. Si los técnicos pensaron que la mayoría de los que ahora no ingresan a una institución pública dejan de estudiar, asumieron un supuesto endeble. Hay un mercado enorme de certificados de educación superior, “barato y con facilidades” (como la Universidad Stanford, campus Temixco) que “cacha” la demanda no atendida por las públicas de abolengo y las privadas de élite. Ahí hay, al menos, 750 mil estudiantes hoy. Ése es el tamaño del mercado no regulado académicamente de instituciones, legalizado y bien visto por las autoridades, pues alivia la presión de la demanda en las públicas y ofrece lo que éstas ya no abren: derecho, contabilidad o administración. Las taquilleras. A las que tienden los estudiantes que son la primera generación de su estirpe familiar en llegar a la universidad. ¿Técnico superior universitario? No: quiero ser abogado o contador. Para sacar adelante a la familia. De coyote en un juzgado, o como contador de un sitio de taxis, se gana más. Es cierto. Aunque sea de la Stanford, campus Temixco.

Si las nuevas instituciones públicas fueran atractivas para los que están en las llamadas universidades patito, habría una mudanza: de éstas, por negocio, a las patote por improvisación y despilfarro. Serán los mismos de otra forma acomodados. Por eso, sin mejorar los niveles educativos previos, la cantidad de aspirantes puede ser menor a la esperada. Por más instituciones que se abran, si no hay interesados con requisitos en orden, la meta es imposible. No jala la carreta si está delante de los bueyes.

Como siempre, nada es simple asunto de dinero y hacer cuentas. Hay que pensar. Eso es más caro. No es frecuente entre los que mandan, sobre todo si ya se van… y no se quieren ir del todo.

Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

Denuncian a relator política del Estado contra migrantes


Activistas se reúnen con Felipe González en Tapachula


Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, 29 jul 11 (CIMAC).- Representantes de la sociedad civil y redes de Derechos Humanos (DH) de Chiapas, Tabasco y Centroamérica demandaron el diseño de una política integral de migración con un enfoque de género y humanitario, y que desligue este tema al de seguridad nacional a fin de evitar la criminalización de la población migrante que ingresa a México.

Lo anterior forma parte de las propuestas que activistas presentarán hoy y mañana en su reunión con el relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

En un comunicado, organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Tlachinollan y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, se pronunciaron por la protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados y/o separados de sus familias y porque se prohíba la detención de migrantes en estaciones migratorias como regla general.

Además demandaron la eliminación del visado para los países centroamericanos, situación que –aseguraron– disminuiría el tráfico de personas y redes de corrupción.

Las organizaciones celebraron que la reunión sea en Tapachula, toda vez que, advirtieron, “por años esta frontera sur ha sido olvidada pese a que es la puerta de ingreso a territorio mexicano y transito hacia Estados Unidos de países centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y africanos”.

Consideraron que la reunión con el relator de la CIDH en esa ciudad fronteriza “constituye una forma de visibilizar las prácticas que vinculan el tema migratorio al de seguridad nacional y donde confluyen los diferentes flujos migratorios y se palpa la discriminación y desigualdad hacía esta población”.

Las y los activistas denunciarán ante Felipe González las “prácticas de control y regulación migratoria, disfrazadas de una política migratoria a favor de los Derechos Humanos, (que) han aumentado la condición de irregularidad y las rutas por las que las personas migrantes transitan, al mismo tiempo que aumentaron las posibilidades para que las y los migrantes y sus familias corran riesgos de robos, agresiones físicas, sexuales y psicológicas, extorsión, desapariciones forzadas, secuestros, intimidaciones y detenciones arbitrarias que tienen como perpetradores o coadyuvantes, por acción u omisión, a autoridades adscritas a los tres órdenes de gobierno”.

Manifestaron que Chiapas y Tabasco son los estados que merecen mayor atención por su condición fronteriza y por ser el principal paso de migrantes. Dijeron que en la frontera sur mexicana se realizan el 85 por ciento de las detenciones a la población migrante, además de encontrarse más de 15 puntos de detención entre los que se encuentra la Estación Migratoria Siglo XXI, una de las más grandes de América Latina, garitas y casetas de verificación.

Se espera que en próximos meses Felipe González emita una serie de recomendaciones al Estado mexicano con el propósito de que garantice el respeto y acceso de los DH de la población migrante.

AI llama a México a firmar Protocolo de Derechos Económicos


No es creíble el discurso de combate a la pobreza, acusa

Por la Redacción

México, DF, 29 jul 11 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) calificó de escandalosas las cifras que presentó hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y que muestran el por que México se encuentra ante la crisis más severa de Derechos Humanos (DH).

En comunicado de prensa, aseguró que los datos muestran la grave situación a la que se enfrentan más de 52 millones de personas en el país. Detrás de estas cifras, se encuentran personas con historias de injusticia, desposesión, discriminación e inseguridad que en tanto no sean escuchadas, “los responsables difícilmente rendirán cuentas”.

Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, afirmó que la magnitud de la población en pobreza ha hecho que México se encuentre ante la crisis más severa de DH y es inaceptable que el tiempo transcurra sin que se adopten medidas para remediar esta situación.

“Millones de personas que viven en la pobreza no pueden seguir esperando” por lo que llamó a Felipe Calderón para que sin mayor dilación se firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y al Senado de la República para que lo ratifique.

El Protocolo Facultativo establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.

AI informó que en los próximos días junto con otras organizaciones civiles de DH, entregará cerca de 20 mil firmas de mexicanas y mexicanos que exigen al gobierno la firma inmediata del Protocolo Facultativo. Además de que el 2 de agosto encabezará un acto simbólico en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir medidas efectivas en el combate a la pobreza.

Alberto Herrera afirmó que si bien “la adhesión al Protocolo Facultativo no solucionará por sí misma el complejo problema de la pobreza, si representará un paso fundamental para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional hacia la erradicación del problema”.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo y lo puso a disposición de los Estados para su firma hace más de dos años.

Sólo ocho países de América Latina lo han firmado: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. AI considera que el hecho de que México se esté quedando atrás compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza.

Mujeres pobres, más vulnerables ante la violencia


“Sin recursos no se pueden reclamar derechos”: analista


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 29 jul 11 (CIMAC).- La pobreza que afecta a un gran número de mexicanas las hace más vulnerables ante la violencia de género y la falta de acceso a la justicia, afirmó la investigadora Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz.

En entrevista con Cimacnoticias, la investigadora del Departamento de Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, señaló que la pobreza es una condición que impacta de manera negativa todas las condiciones de vida de las mujeres y las afecta en el ejercicio de sus Derechos Humanos (DH).

De acuerdo con los resultados de la medición de pobreza 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entre 2008 y 2010 la población en pobreza en el país pasó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que representa un incremento de 48.8 a 52 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres, si tomamos en cuenta que representan más de la mitad de la población.

En México, de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Censo de Población y Vivienda 2010 hay 57 millones 481 mil 307 mujeres.

Ehrenfeld Lenkiewicz precisó que hay una mayor vulnerabilidad para que las mujeres que viven en condiciones de la pobreza sean víctimas de abusos de todo tipo, ya que no cuentan con los recursos, herramientas e información para ejercer sus derechos.

“Te hace más vulnerable en reclamar tus derechos, porque no tienes los recursos, ni el acceso para reclamar, en ese sentido hay mayor vulnerabilidad, lo que también impide el acceso a la justicia”.

Aunque la justicia se debería ejercer sin que la víctima la reclame; ésta es discriminatoria y no todas las personas pueden acceder a ella y mucho menos las mujeres de escasos recursos, toda vez que no sólo las y los aplicadores de justicia las discriminan, sino en sí la práctica de la justicia en México es de esta forma.

La también investigadora del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” agregó que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género son pobres, ya que tienen menos recursos para oponerse a agentes violentos, es decir la condición de pobreza en la que viven las mujeres las hace más vulnerables no sólo a la violencia si no a todas las cosas malas de la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que cuando conviven pobreza y violencia de género la carga para las mujeres es inmensa. La marginación y la falta de dinero afectan y restringen cada aspecto de su vida, la forma en que viven y donde viven, lo que hacen y con quien interactúan.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), 67 por ciento de las mexicanas de 15 años y más es violentada en diversos ámbitos, no sólo de pareja, sino en el trabajo, en la familia o en la escuela.

Hay 3.2 millones de pobres más en México


Se infiere que mujeres son las más afectadas: Carmen Ponce

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 jul 11 (CIMAC).- En México el número de personas pobres aumentó de 48.8 millones en 2008 a 52 millones en 2010, lo que podría indicar que hay más mujeres pobres, aseguró la economista especializada en género Carmen Ponce Meléndez.

De acuerdo con el estudio “La medición de la pobreza en México 2010. Resultados a nivel nacional y por entidad federativa”, 3.2 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza y aunque no precisa cuántas son mujeres se puede estimar un amplio aumento, afirmó Ponce Meléndez.

El estudio que hoy presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que en dos años (de 2008 a 2010) la pobreza aumentó 1.7 puntos porcentuales al pasar de de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, pero no desagrega datos por sexo.

A partir de estos datos y considerando que el informe “Panorama social de América Latina 2009” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que por cada 100 hombres pobres hay 115 mujeres pobres, se puede deducir que aumentó el número de mujeres pobres, explicó la economista.

El estudio del Coneval presenta datos desagregados por entidad federativa y por población rural y urbana, sin embargo no precisa el número de mujeres y hombres que viven en pobreza. Según el secretario ejecutivo del organismo, Gonzalo Hernández Licona, el desagregado po sexo se hará en siguientes análisis.

MUJERES INVISIBLES

En opinión de Ponce Meléndez la dimensión del problema se diluye cuando el Coneval desestima datos por sexo. La especialista explicó que en dos años se encontró que las personas perciben menos ingresos y tienen menor acceso a alimentos, lo que afecta principalmente a las mujeres.

Señaló que está comprobado que las mujeres tienen salarios más bajos, menores ingresos económicos y que cada vez crece el número de hogares encabezados por mujeres, quienes deben cargar con los gastos de la familia, lo que deriva en peores condiciones de vida.

Los indicadores del Coneval señalan que hasta agosto de 2010 cada persona que vive en el área urbana contaba con 2 mil 114 pesos para satisfacer sus necesidades básicas (alimentos, vivienda, educación y salud), mientras que cada persona que vive en el área rural contaba con mil 329 pesos para el mismo fin.

Asimismo señala que el porcentaje de población vulnerable por ingresos aumentó de 4.5 por ciento (4.9 millones de personas) a 5.8 por ciento (6.5 millones de personas), es decir, ahora hay 1.6 millones de personas más que no cuentan con el dinero suficiente para solventar sus gastos.

CIFRAS CONTRADICTORIAS

Aunque el Coneval señala que la pobreza aumentó, también afirma que entre 2008 y 2010 se redujeron las carencias sociales de acceso a los servicios de salud, seguridad social, servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, y rezago educativo, lo cual resulta contradictorio.

Según el secretario ejecutivo del organismo, Hernández Licona, esto se debe a que hay una amplia cobertura de programas sociales en materia de salud, educación y vivienda, sin embargo, el ingreso de los hogares decreció debido a la crisis económica. Finalmente explicó: “No es contradictorio, es la foto general del país”.

Los resultados de la medición 2010 muestran que las entidades que mostraron mayor aumento en el número de personas en situación de pobreza fueron Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California; mientras que los estados con mayor pobreza extrema son Chiapas, Puebla, Michoacán, Veracruz, el Estado de México y Jalisco.

En las zonas rurales, entre 2008 y 2010 la pobreza aumentó de 62.4 por ciento a 64.9 por ciento, en tanto que en las zonas urbanas el porcentaje aumentó de 39.1 por ciento a 40.5 por ciento.

Al respecto la especialista explica que si se toman en cuenta las tendencias, las mujeres que viven en zonas urbanas reciben menos ingresos y tienen más gastos, lo cual dijo es preocupante porque muestra que hay un doble problema si el Estado no reduce la pobreza y, por el contrario, aumenta la demanda de servicios gratuitos.

Se fortalece Red Nacional de Periodistas

Foto: Itzchel Moreno Maldonado

Se fortalece Red Nacional de Periodistas

A 16 años de creada, realiza Cuarto Encuentro en Tamaulipas

Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviada

Ciudad Victoria, 29 jul 11 (CIMAC).- Con el propósito de consolidar acuerdos que permitan la disminución de la brecha entre mujeres y hombres en los medios de comunicación mediante la labor periodística desde un enfoque de género, ayer comenzó aquí el Cuarto Encuentro de la Red Nacional de Periodistas “Red de Ideas: Impulso al Periodismo de Género”.

Durante la inauguración, Rosa María Rodríguez Quintanilla, coordinadora de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, recordó que la lucha por la equidad en los medios de comunicación no está ganada, por lo que es preciso que las periodistas en unidad trabajen para alcanzar este objetivo.

En entrevista con Cimacnoticias, Rodríguez Quintanilla señaló que el acto en el que participan más de 100 mujeres informadoras de 25 estados del país, “es una oportunidad histórica para fortalecer el trabajo de las periodistas que contribuye a desnaturalizar la violencia contra las mujeres y la desigualdad entre mujeres y hombres”.

Desde el Primer Encuentro Nacional en 1995, dijo, se sembró la semilla que ahora da frutos, uno de los más trascendentes es que la presencia de las periodistas que impulsan su labor desde un enfoque de género está en las 32 entidades federativas, refirió la también directora de la Agencia de Noticias de Género Red Tamaulipas.

Colocar las problemáticas que afectan a las mexicanas en los medios de comunicación para incidir en la agenda pública se ha traducido en avances significativos para el avance de las mujeres: “Ahora tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha bajado a los estados, también ha comenzado la tipificación del feminicidio en el país”.

Los anteriores, mencionó, son triunfos que “difícilmente se hubieran logrado si las denuncias de violencia contra las mujeres no hubieran estado en los medios de comunicación”.

Sin embargo, advirtió, al camino por la igualdad entre mujeres y hombres en los medios de comunicación aún le queda un largo trecho. Un ejemplo es que en 2010 sólo 24 por ciento de las personas sujetas de noticias en los medios de comunicación eran mujeres, sólo 7 por ciento más que en 1995, cuando se realizó el primer Monitoreo Global de Medios.

En Tamaulipas, se realizó un estudio semejante que abarcó 50 medios de comunicación locales, el cual mostró que 30 por ciento de las y los profesionales de la comunicación en el estado son mujeres, expuso Rosa María Rodríguez durante la inauguración del Cuarto Encuentro, que inició ayer y culmina mañana 30 de julio.

Respecto a los cargos que las periodistas ocupan en los medios tamaulipecos, Rosa María Rodríguez indicó que la presencia femenina en puestos directivos es muy reducida. Así encontraron que las periodistas representan el 8 por ciento de las editoras o propietarias de las empresas de comunicación.

De igual modo, refirió que de los 50 medios sólo 20 por ciento cuentan con una directora editorial, el 25 por ciento son jefas de información o redacción y un 46 por ciento ocupan cargos gerenciales.

Sumado a la escasa presencia de las tamaulipecas en cargos directivos, desde donde se definen los contenidos mediáticos, las periodistas que cubren la nota política o de información general apenas representan el 33 por ciento, en contraste con la fuente de sociales que se cubre en 95 por ciento por mujeres.

La Red Nacional de Periodistas fue fundada por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) el 23 de septiembre de 1995; 38 periodistas pactaron en ese momento su compromiso por la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres.

El objetivo primordial era y sigue siendo que la información relativa a la población femenina sea prioritaria en los medios al momento de su planeación y jerarquización.

La Red Nacional de Periodistas ha construido en todo el país más de 30 suplementos o revistas y más de 40 espacios en radio y televisión.


El hoy de nuestra América Latina..

La Prensa Latina
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El Cairo, 30 jul (PL) El ataque anoche a una comisaría policía en la ciudad de El Arich ocasionó la muerte de cuatro personas, y casi dos decenas de heridos, acorde con una versión oficial circulada hoy.
La Radio del Sur
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El Mundo
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Admiten que jefe militar de la oposición libia fue asesinado por sus compañeros
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Rebelión
América Latina y Caribe
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