Tras accidente, mujer jornalera en Baja California es abandonada por su empresa Rancho Los Pinos

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Fotografía: Cortesía Cristina Solano Díaz

Baja California, BC.- La empresa Rancho Los Pinos abandonó a su suerte a Herlinda Santiago Martínez, una trabajadora jornalera que sufrió un accidente en el campamento agrícola El Vergel, ubicado en Baja California. La compañía incurrió en diversas violaciones a sus derechos tras dejarla en manos del personal de una clínica, sin su familia y con conocimiento que la mujer mixteca no habla español.

Los hechos ocurrieron el día 23 de septiembre, cuando Herlinda se encontraba trabajando en el Sector 5, malla 6 del campamento agrícola, localizado en la localidad San Quintín, donde cada año la empresa envía a sus trabajadores temporales, que rondan cerca de dos mil personas más sus familias.

Herlinda realizaba trabajo de deshoje, cuando comenzó a sentirse agobiada por el cansancio provocado por jornadas extenuantes que la obligaban a permanecer bajo el sol extremo por varias horas.

A raíz de este cansancio la mujer piso un tomate podrido y se resbaló, lo que provocó que su pierna derecha chocara contra uno de los postes metálicos del surco de las plantas. Al intentar reincorporarse descubrió que su extremidad estaba fracturada.

De inmediato pidió auxilio. Quien llegó primero fue su hermana, posteriormente un hombre a quien se identificó como “el mayordomo”, que solicitó una ambulancia que tardó una hora en llegar.

Herlinda fue llevada a la Clínica 13, ubicada en La Cali; sin embargo, no quiso ser atendida en ese lugar, por lo que fue llevada a la Clínica 8 de Ensenada, donde la empresa dejó a la mujer a manos del personal.

Fotografía: Cortesía Cristina Solano Díaz

La empresa agrícola no envió a nadie para dar seguimiento de la situación, tampoco se le brindó una persona intérprete para poder comunicarse. Así permaneció durante 13 días: sin recibir atención a su fractura y únicamente ingiriendo paracetamol para el dolor que sufría por la lesión.

A la clínica llegó su sobrino, quien durante esos días se dedicó a cuidarla, motivo por el que decidieron no continuar en este lugar pues no recibía una atención adicional más que la de su familiar.

El personal médico hizo que Herlinda firmara unos documentos y así volvió a San Quintín. Sin embargo, al llegar al campamento El Vergel ella y su familia fueron abordados por el jefe del lugar de nombre Luis Andrés Huerta Chaires y la trabajadora social Erika Guerrero Valera, quienes la reprendieron por haber abandonado la clínica e incluso la amenazaron con enviarla a la cárcel, incluyendo a su sobrino.

Así fue como corrieron a Herlinda y a su familia del campamento, dejándola con la pierna fracturada, sin recursos económicos y en una localidad que ella no conoce, ya que como fue contratada en Cochoapa, Guerrero, por un supuesto enganchador enviado por la empresa agrícola Rancho Los Pinos.

En su andar pudo encontrar a una mujer de Guerrero, quien le dio un espacio en un pequeño cuarto que rentaba. Al siguiente día llegó a ese domicilio Luis Andrés Chaires a entregarle un cheque por la cantidad de tres mil pesos que, en ese momento le dijo, era un “apoyo de la empresa”. El hombre obligó a Herlinda a firmar un documento que posteriormente le indicó que se trataba de su renuncia voluntaria y el deslinde de responsabilidades hacia la empresa. Después la trabajadora entendió que el dinero entregado era su finiquito.

Así fue como Herlinda quedó abandonada, lejos de su familia y sin poder volver a su lugar de origen; además con un estado de salud crítico que podría desencadenar otros problemas que pondrían en riesgo su vida.

“Esta es la práctica que a pleno siglo XXI sigue realizando la empresa trasnacional Rancho Los Pinos de San Quintín”, expresó a Cimacnoticias Cristina Solano Díaz, indígena Ñuu Savi, dirigente estatal, activista política en favor de las condiciones de vida entre la comunidad jornalera, rural y migrante.

El caso de Herlinda es uno de tantos que han motivado la lucha de Cristina, quien actualmente construye un espacio digno para continuar las labores de atención y acompañamiento a su colectiva jornalera y migrante.

El punto que la ha llevado a convertirse en activista es buscar «establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas».

CIMACFoto: César Martínez López

Cabe destacar que en México se estima que alrededor de tres millones de personas se desempeñan como jornaleras y jornaleros en los campos agrícolas. Esta población cuenta con una alta proporción de personas indígenas: ya que 24 por ciento habla una lengua indígena. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también estima que las y los trabajadores agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio.

«La población jornalera es víctima de múltiples violaciones a sus derechos laborales: irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas, condiciones de explotación», destaca la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Por ello exigen que se genere un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita el diseño y ejecución de un diagnóstico de personas jornaleras con perspectiva de género, infancia e interculturalidad.

Neoliberalismo profundiza injusticias laborales de género, aseguran especialistas

 desinformemonos.org

La separación o división sexual del trabajo en el neoliberalismo profundizó las desigualdades e injusticias de género y afectó a la sociedad propiciando una crisis en las actividades domésticas y de cuidados, señaló la doctora Marcia de Paula Leite, académica de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Sin embargo, “durante la pandemia por COVID-19 nuestras sociedades identificaron que ya no era sostenible esa centralidad que el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo otorgan a la ganancia y a la acumulación de capital y están empezando a disminuir –aunque no en todos los países– las horas de trabajo”.

Al participar en la Mesa 1 del Seminario internacional La crisis de la reproducción social, organizado por el Departamento de Estudios Institucionales de la citada sede universitaria, indicó que estas políticas neoliberales están siendo cuestionadas, “aun cuando en naciones como Brasil los gobiernos se muestran cada vez más apegadas a ellas”.

La relación entre trabajo productivo y reproductivo fue fuertemente avalada por la pandemia con el brutal aumento de las labores de cuidados y el cansancio físico y mental de las mujeres; por tanto, es preciso discutir la posibilidad de una transición a una sociedad de igualdad de género.

Varios estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros grandes organismos han determinado la factibilidad, lo que supondría un reto importante a discutir.

La investigadora sostuvo que los cambios que han profundizado las desigualdades e injusticias de género en América Latina responden a que los estados neoliberales disminuyeron las inversiones estatales en los servicios de cuidado, presentaron reformas que redujeron los sueldos y los derechos a los trabajadores, con lo que afectaron a las familias cuyos miembros requieren de más horas laborales para cubrir sus necesidades básicas.

“Muchas mujeres que no trabajan de manera remunerada fuera de sus hogares salieron a buscar un salario, sumado a que muchas de ellas buscan su autonomía financiera ante el aumento también de la tarea de cuidados debido al envejecimiento de la población”.

Esta situación produce una crisis de los cuidados y de la reproducción social, que se agravó con la pandemia porque en varios países la división del trabajo entre varones y mujeres acabó creando una situación en la que el sector femenino es considerado como responsable de la atención en la que los varones participan muy poco.

En este contexto, la doctora Leite subrayó que el cuidado o care no debe ser exclusivo de las mujeres, sino de toda la sociedad, lo que significa una mayor participación del Estado en la prestación de servicios volcados a la reproducción social, los cuales el neoliberalismo trató de disminuir o simplemente cortar por completo.

La doctora Nadya Guimaraés, académica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, convino en que estas discrepancias en América Latina fueron agudizadas por la pandemia en la escala global y en caso concreto “esta desigualdad aguda y previa fue peor porque se combinaba con la extrema pobreza y la ausencia del Estado”.

Entonces, explorar analíticamente las divergencias es muy relevante aún más cuando la pandemia alcanzó a las mujeres de una manera especial, debido a la inactividad, a la no presencia por no existir las condiciones en el mercado de trabajo.

La especialista aseveró la urgencia de abandonar la comparación sistematizada entre países del sur con los del norte para tener los progresos en ambas realidades orientados a valorizar y desarrollar los avances teóricos que se están obteniendo, “volcados a capturar especificidades y a enriquecer y ampliar las interpretaciones”.

Debido a la actuación del Estado “vivimos en una crisis de larga duración en la que el trabajo de ellas es invisibilizado y si bien ahora hay guarderías las políticas son ridículas y frágiles, como en el caso de Brasil donde además carecemos de un modelo de cuidados y es casi nulo el de atención a personas mayores”.

La doctora Radhika Balakrishnan reconoció que gran parte de esta ocupación es mal remunerada y por lo general es realizada por mujeres que pertenecen a minorías migrantes, mientras que 90 por ciento de las enfermeras son del sexo femenino.

“Con el impacto del COVID, los niños se fueron a casa y por lo menos en Estados Unidos la cobertura de seguridad social no pudo lidiar con la situación y la infraestructura no se hizo cargo de las trabajadoras domésticas que se quedaron sin empleo y sin dinero”, aseveró la académica del Departamento de Estudios de la Mujer en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos.

Por tanto, “necesitamos reflexionar en un contexto de políticas económicas más amplias, porque el neoliberalismo que hemos visto los últimos 30 años, así como la financiación y el tipo de responsabilidad del Estado respecto de estas ocupaciones se han reducido, mientras la riqueza de los billonarios aumentó 70 por ciento durante la pandemia”.

La doctora Ipek Ikkaracan, académica de la Universidad de Estambul, Turquía, fungió como moderadora de la Mesa 1. Reproducción social y cuidados del Seminario convocado por el Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa de la Casa abierta al tiempo.

Foto: Esbin García

Regresan mujeres a la “nueva normalidad” en mercado

 César Martínez López

CIMACFoto: César Martínez López

1. María de Jesús Cabezas tiene 76 años de edad y 58 años trabajando en el mercado Martínez de la Torre, ubicado en la colonia Guerrero. Es la locataria de mayor edad entre el sector de abarrotes, para ella reabrir el mercado fue “volver a la normalidad”. Su ingreso se estancó desde el cierre del mercado, y por “mi condición de edad hago 3 comidas al día, con el cierre solo hacía 2”.

CIMACFoto: César Martínez López

2. El pasado 23 de marzo las autoridades de Salud en México implementaron la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) a raíz en el aumento de personas contagiadas por el nuevo coronavirus SARS-COV2, y el cual provoca una enfermedad llamada COVID19.

CIMACFoto: César Martínez López

3. Esta medida implicó para la población cumplir un “resguardo domiciliario corresponsable” y al cierre de actividades laborales no esenciales. Los mercados populares estuvieron exentos de dicha medida y pudieron continuar con sus actividades.

CIMACFoto: César Martínez López

4. Sin embargo, poco más de un mes después del anuncio del “resguardo”, el 27 de abril las y los locatarios del mercado Martínez de la Torre, decidieron cerrar sus comercios mientras pasaba el “pico más alto” de contagios en la Ciudad de México para salvaguardar la salud de las y los habitantes de la colonia pero dejando sin ingreso a cientos de locatarios del mercado durante 3 semanas..

María de Jesús sólo alcanzó a entregarles una despensa a sus trabajadores “para que más o menos pasaran estos días” y hasta el sábado anterior a la reapertura a María se le acabó la comida y “pues qué voy a comer, pues ábrete un atún sin jitomate y sin nada porque cómo sales a comprar”.

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CIMACFoto: César Martínez López

5. Luego de 21 días de permanecer cerrado el pasado lunes 18 de mayo reabrieron sus actividades comerciales con un protocolo de salud para el acceso, venta y distribución tanto para las personas asistentes así como de las y los comerciantes.

CIMACFoto: César Martínez López

6. A la reapertura acudieron mujeres, en su mayoría adultas mayores, para realizar su “mandado”, quienes portaban cubrebocas y sólo algunas utilizaban caretas de protección.

CIMACFoto: César Martínez López

7. Hasta este miércoles México ha permanecido en cuarentena por 59 días desde el anuncio de JNSD. De acuerdo a un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ese stima que la pandemia dejará 10 millones más de pobres en el país.  

CIMACFoto: César Martínez López

8. Para Karina Prado de 26 años de edad, quien junto con su familia tienen un local de venta de chiles y especias, considera que no será tan fácil entrar a esta “nueva normalidad” pues al dejar de vender por el cierre del mercado los pagos a proveedores no pararon por lo que tuvieron que seguir pagando esa deuda.

CIMACFoto: César Martínez López

9. Hasta este miércoles, en la Ciudad de México hay 15 mil 844 contagios confirmados y mil 347 fallecimientos por el virus SARS-COV2, que ocasiona covid19, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud.

Mujeres trabajadoras: Con nuestra fuerza podemos frenar todas las reformas de la derecha y los empresarios

Beatriz Bravo

Izquierda Diario - Chile

La rabia se siente en cada mujer que conoce en carne propia la opresión y la explotación. Las mujeres trabajadoras sabemos de esto. Doble carga laboral, trabajo y casa. Muchas veces, acoso. La violencia de género asecha en la calle y en la misma familia. Capitalismo y patriarcado: una alianza que conocemos y que la derecha defiende. 

A la derecha podremos enfrentarla en las calles, con la fuerza de las mujeres al frente, la juventud y la clase trabajadora. Esto es el único camino realista si queremos lograr algo. Porque las fuerzas resistentes a darnos algo son grandes.

Las mujeres trabajadoras que empezamos a hacernos parte del movimiento de mujeres, podemos jugar un importante papel en activar a nuestros compañeros e impulsar la unidad con la juventud.

La derecha en el continente busca asentar el camino a las políticas imperialistas yanquis. Es así como Piñera representa la agenda de Trump no sólo en América Latina sino también en nuestro país. De ahí la creación del PROSUR, organismo del cual Sebastián Piñera ostenta la primera presidencia. De ahí la cita con el actual secretario estadounidense Mike Pompeo, quien vino con un objetivo muy claro: marcar el terreno ante China en el marco de la guerra comercial.

En este sentido, la aprobación de la cámara de diputados del proyecto iniciado por el gobierno de la ex Nueva Mayoría con Bachelet a la cabeza, el TPP-11, donde EE.UU. evalúa reintegrarse, es un golpe a las y los trabajadores, las mujeres y la juventud, pues viene a “rematar” los derechos sociales en pos de aumentar las ganancias de grandes empresarios nacionales y translanacionales. No es de extrañar que el conjunto de Chile Vamos votara a su favor, junto con sectores de la ex Nueva Mayoría como el Partido Radical, un voto del Partido Socialista y... la Democracia Cristiana, que sigue jugando el mismo rol que con la idea de legislar la reforma tributaria, de esta forma, demuestra lo estéril e inservible de la estrategia de maniobras parlamentarias y “unidad de la oposición” parlamentaria con los partidos de la vieja Concertación por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, que en vez de fortalecer las convocatorias a movilizaciones que se levantaron desde sectores estudiantiles poniendo a sus figuras, cargos estudiantiles y sindicales a disposición de éstas, depositaron todas sus fuerzas en sectores proempresariales.

Pero no fue el único ataque, la reciente implementación de la ley Aula Segura con el allanamiento a 6 estudiantes del Liceo Darío Salas y el reaccionario control preventivo de identidad que sólo busca criminalizar a la juventud, la pobreza y precarización que genera el mismo sistema que mantiene las ganancias empresariales a costa de millones. Se sumó el dictamen de la Dirección del Trabajo que golpea a las trabajadoras madres -más de lo que ya están- donde restringen el pago de locomoción a las compañeras con fuero maternal por el derecho a amamantamiento. Una política aberrante a poco más de un mes de la multitudinaria movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora donde cientos de miles copamos las calles exigiendo nuestros derechos.

A la derecha la tenemos que enfrentar con nuestra fuerza en las calles

La fuerza que demostramos el 8M no surge de la nada, es la expresión concreta de una rabia con años de opresión y explotación sobre nuestras vidas. El movimiento de mujeres llegó para quedarse, y las mujeres trabajadoras comenzamos a hacernos parte, pero un enorme freno son la dirección del Partido Comunista en la CUT que con la convocatoria a paro del 11 abril demostró que está lejos de querer impulsar una pelea seria y consecuente contra la agenda precarizadora del gobierno y la derecha en el continente. Tanto uno como otra persiguen el mismo objetivo: desatar sobre nuestros hombros el costo de sus ganancias salvaguardadas a toda costa.

Estos dirigentes, así como también los dirigentes sindicales del Frente Amplio en el Colegio de Profesores, partidos que pertenecen a la oposicion parlamentaria, pretenden realizar hitos en la calle para fortalecer las maniobras parlamentarias que no sólo son infértiles como una y otra vez se muestra por el papel que juega la DC. Lo han demostrado con los despidos que van desde el año pasado, donde miles de familias quedaron en la calle y no hubo respuesta de las centrales sindicales más grandes a nivel nacional.

El ejemplo más gráfico fue en ENAP, donde el dirigente del sindicato de refinería Hualpén, Iván Montes, se lamentó: “no tuvimos prácticamente ningún poder o posibilidad de influir o inferir a quiénes se iba a despedir”; más claro echarle agua, lo que lamentan no son los despidos, si no que no ser parte de quienes decidieran los nombres. De ahí que anularan toda posible lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos por movilizarse, rebajando las preocupaciones a demandar “mejores finiquitos”. En otras palabras, abandonan sistemáticamente la defensa férrea a los trabajadores y sus puestos de trabajo.

Esto va de la mano con una práctica más bien rutinaria, pasiva, de la CUT y las centrales, confederaciones y asociaciones de trabajadores más grandes, frente al movimiento de mujeres. Las mujeres somos hoy la mitad de la clase trabajadora a nivel mundial. En la misma planta CTP la mayoría de las trabajadoras somos mujeres. No nos son ajenas las demandas del movimiento de mujeres. ¿Cuántas mujeres trabajadoras opinamos que es necesario el aborto legal? ¿Cómo luchar para terminar con la brecha salarial?

Apostar por la fuerza de las mujeres trabajadoras y la clase trabajadora, en común con nuestros compañeros, apostar por la fuerza de la juventud, es lo que hacemos desde Pan y Rosas. Para conquistar nuestras demandas, construimos una agrupación que está codo a codo con trabajadoras y trabajadores que deciden resistir, como el año pasado en el Ferrocarril Antofagasta Bolivia.

Luchamos por poner en pie una práctica política totalmente distinta y luchamos por levantar comisiones de mujeres en la planta CTP de Correos de Chile, así como también en la planta de Komatsu Reman. Lo demostramos también en la pelea por la reincorporación de los trabajadores del FCAB durante el año pasado, una lucha que continúa con Nicolás Bustamante, dirigente del Sindicato Interempresa de FCAB y parte de la agupación de trabajadores ferroviarios “6 de Febrero” poniendo en pie la campaña por su reincorporación definitiva, una lucha que damos también con Nicolás Mondaca, delegado sindical de Correos de Chile, recientemente despedido. Estas son batallas que muestran que con lucha y organización si podemos contribuir en marcar un camino distinto, como lo fue el triunfo de la reincorporación de la profesora Daniela Avilés, delegada sindical de la escuela Patricio Cariola, también parte de nuestra agrupación Pan y Rosas.

Por ello nuestros compañeros y compañeras de la agrupación de estudiantes VENCER hoy disputan las elecciones de la federación de la universidad de Tarapacá con Narcisa Calderón, estudiante trans y feminista socialista, y a la Federación de la Universidad de Chile con Alejandra Decap, referente del movimiento de mujeres donde buscamos encender la fuerza de mujeres, trabajadores y estudiantes para enfrentar la agenda antijuventud de la derecha.

La alianza criminal entre capitalismo y patriarcado nos ha hecho acumular mucha rabia, esa rabia se siente en cada mujer que conoce en carne propia la opresión y la explotación, es esa alianza la responsable de las miserables condiciones en nuestras pegas, los salarios más bajos, el acoso laboral y sexual, el trabajo doméstico no remunerado, que cuando se es inmigrante, negra y mujer trabajadora, muestran su cara más aberrante. Y es que esa rabia la queremos convertir en organización, en una enorme fuerza social que vea la necesidad estratégica de unir al movimiento de mujeres con el gigante dormido que somos las y los millones de trabajadores, junto a la juventud, para darlo vuelta todo. A la derecha la enfrentaremos con esta fuerza en las calles. Por ello, como Pan y Rosas venimos realizando los talleres de “Feminismo Socialista”, para dar a conocer nuestras ideas y nuestro proyecto político a cientos de compañeras y compañeros, porque estamos por un movimiento de mujeres que enfrente a la derecha y al imperialismo.

Beatriz Bravo es Delegada Sindicato Operadores Postales Correos Chile

https://www.laizquierdadiario.cl/A-la-derecha-la-enfrentaremos-en-las-calles-con-la-fuerza-de-las-mujeres-al-frente-la-juventud-y-la

CDHDF desoye a trabajadoras despedidas del IEMS

 No pidió a PGJDF que indague agresiones

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se negó a exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que investigue las agresiones crecientes hacia las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).

Así lo informaron las trabajadoras en un comunicado, en donde advierten que no desmontarán el plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2, en Iztapalapa, y continuarán difundiendo sus demandas por ser recontratadas por el IEMS, pese a que este mes dicho plantón fue allanado por tercera vez y a que la CDHDF no llamó a la autoridad judicial a indagar las agresiones.

Las trabajadoras fueron despedidas desde enero de 2016, bajo el argumento de que fue la empresa ROCMAN la que hizo el contrato y no el Instituto, por lo que buscan ser recontratadas y reconocidas por IEMS como trabajadoras de la institución.

SOLICITUD DENEGADA

Desde finales de enero, afirman, han aumentado los actos de vigilancia hacia ellas y al plantón por parte de personas con uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México y civiles, así como el hostigamiento, con actos como  dos allanamientos a su plantón el 10 y 11 de marzo.
Por eso, el 13 de marzo, las mujeres despedidas y las organizaciones que acompañan su caso, el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), solicitaron a la CDHDF la emisión de medidas precautorias para garantizar su seguridad.

Sin embargo, tras reunirse con la Quinta Visitaduría de la CDHDF el 21 de marzo, un día después de que su plantón  fuera allanado, robado y se cortara una de las lonas que lo mantiene, la instancia dijo que no pediría a la PGJDF que investigue la agresión.


Afirman que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y el subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, están enterados de las medidas que solicitaron y de sus exigencias ante la constante violencia que han vivido durante los últimos meses, pues así se los dieron a conocer en un documento que entregaron  en la Oficialía de Partes del edificio de Gobierno de la Ciudad de México el pasado 16 de marzo.

En ese documento se pidió a las autoridades capitalinas que la SSP les otorgue un código ciudadano a las trabajadoras con el que se salvaguarde su seguridad física y las  pertenencias del plantón.

Las trabajadoras denunciaron que las agresiones “intentan lograr el aislamiento de las trabajadoras y quitarles un lugar que les ha sido incomodo a las autoridades de la Ciudad de México durante ya un año y tres meses”.

Durante una conferencia de prensa realizada el martes pasado en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) el defensor de derechos humanos e integrante del Comité Cerezo,  Alejandro Cerezo advirtió: "Hacemos responsable a las autoridades capitalinas de la integridad física y psicológica de las trabajadoras".

Las trabajadoras no desmontarán el plantón y continuarán difundiendo sus demandas por ser recontratadas por el IEMS. Para eso, continuarán realizando  actividades culturales, como la que está programada para el 31 de marzo, cuando  la defensora de derechos humanos, María Atilano Uriarte, presente su libro “Tradoc: la esperanza obrera” en el plantón que mantienen frente al plantel Iztapalapa 2 a las 17:00 horas.

CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

Por: Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.-  

Ya nos volvieron a saquear

Pensiones

Miguel Ángel Ferrer

Rebelión

Indudablemente ya está en marcha el plan para modificar los sistemas públicos de pensiones. Una amplia campaña en medios busca sembrar en la conciencia de la población la falsa idea de que esos sistemas de pensiones son inviables y que deben ser modificados en breve plazo. Casi sobra decir que tales modificaciones no serán en beneficio de los afiliados a las instituciones de seguridad social. Y, más claramente dicho, que supondrán un grave perjuicio para la población asegurada.

El gobierno ya está avisando que, por ejemplo, será aumentada la edad de la jubilación. Y que si ahora es de 65 años, muy pronto será establecida en 70. Y no sólo eso. También están avisando que subirán los montos de las aportaciones de los trabajadores a los fondos de pensiones.

Este es uno de los tristes frutos del llamado Pacto por México, suscrito por los tres principales partidos de la derecha mexicana: PRI, PAN y PRD. Y ese pacto, presentado como la puerta de entrada a la prosperidad está siendo, por lo contrario, la puerta de ingreso a mayor pobreza generalizada, es decir, a una severa reducción de los ya de por sí precarios niveles de vida del pueblo llano.

Pero no acaban aquí las malas noticias. El gobierno, a través de la siniestra Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) está avisando que habrá una reducción de los rendimientos de los fondos de retiro, lo que en buen romance quiere decir que por cada peso ahorrado por un trabajador éste recibirá menos dinero que en el actual esquema. De modo que si ahora un ahorrador puede esperar al final de su vida laboral una pensión equivalente al 30 por ciento de su último salario, con las modificaciones previstas sólo recibirá 20 por ciento o menos.

Estas cifras no son sólo alarmantes; son angustiantes y aterradoras. Sobre todo si se toma en cuenta que cuando se privatizaron los sistemas de pensiones mediante la creación de las Afores (empresas privadas administradoras de los fondos de retiro) las pensiones prometidas eran del 80 por ciento del último salario recibido.

Recibir el 20 por ciento en vez del 80 prometido puede calificarse como un fraude colosal, como una estafa gigantesca. Pero el asunto toma tonos de tragedia griega si se considera que los trabajadores afiliados a las Afores no pueden hacer nada para impedir el atraco. Por ley no pueden retirar sus ahorros. Pueden, eso sí, pasar de una Afore a otra, pero eso no impide el robo, sólo cambia al banco autor del latrocinio.

Y mayor y más devastadora tragedia si también se considera que no está garantizado ni siquiera el 20 por ciento antedicho. Y la razón es muy sencilla: ese dinero (los fondos de pensiones) realmente ya no existen. Fueron, a lo largo de los años, malversados, sustraídos, robados. Existen, eso sí, en libros, en papeles sin valor, en documentos incobrables, pero el dinero ya no está, ya fue utilizado, ya se gastó en cualquier cosa. Cómo pagar entonces los retiros si los fondos ya no existen.

Y lo peor es que ahora el gobierno amenaza (y lo va a cumplir) con la exigencia de mayores aportaciones por cuenta de los trabajadores. Esos aumentos servirán para disimular por un tiempo el desfalco, para retrasar el estallido del problema de la carencia de fondos. Una huida hacia adelante, diría el clásico. “No nos volverán a saquear” dijo el presidente López Portillo en 1982. Pero ya nos saquearon de nuevo.


Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.com.mx www.economiaypoliticahoy.wordpress.com

Cuidado sin paga de enfermos es quinta parte del gasto en salud

 Labor no remunerada de mujeres asciende a casi 190 mil mdp

El trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar para el cuidado de personas enfermas equivale a 187 mil 103 millones de pesos (mdp) del gasto en salud en México (20.5 por ciento), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

 

Lo anterior se desprende de la “Cuenta satélite del sector salud de México 2013”, en la que Inegi reporta que para ese año el gasto del sector salud público y privado fue equivalente a 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir 910 mil 850 mdp.

 

De ese monto, 79.5 por ciento fue generado por la actividad de las unidades económicas que integran el sector (hospitales, consultorios, administración pública de la salud, medicamentos y comercio de bienes).

 

Mientras que el 20.5 por ciento del gasto en salud (187 mil 103 mdp) fue generado por el valor monetario del trabajo no remunerado que se realiza en el hogar para el cuidado de las y los enfermos.

 

Es de mencionar que la proporción del trabajo no remunerado en el cuidado de las personas enfermas del hogar creció casi tres puntos porcentuales al pasar de 17.6 a 20.5 por ciento de 2008 a 2013.

 

Estas actividades –explicó Inegi– se conforman por el cuidado de enfermos temporales y crónicos en el hogar, la ayuda a otras y otros para el mismo fin, y representa un desplazamiento del trabajo de mercado hacia la esfera del hogar.

 

Así, el valor económico del trabajo no remunerado en el cuidado de salud ascendió a 187 mil 103 mdp en 2013, lo que  equivale al 1.2 por ciento del PIB nacional.

 

De este valor, 94.4 por ciento corresponde a la atención de las y los enfermos del propio hogar, mientras que el 5.6 por ciento restante es producto del cuidado brindado a enfermos de otros hogares y el trabajo voluntario.

 

Inegi enfatizó que las mujeres realizan 72.2 por ciento del valor económico equivalente del trabajo no remunerado en el cuidado de la salud destinado a miembros del propio hogar, pues ellas son las principales encargadas de la atención de las y los dependientes familiares independientemente del grado de enfermedad o discapacidad que presenten.

 

Cuando se trata de brindar cuidados de salud a personas de otros hogares, la brecha de participación por sexo se acentúa, pues las mujeres contribuyen con 82 de cada 100 horas destinadas a estas actividades, mientras que los hombres participan con 18 por ciento del tiempo de cuidados.

 

Es de mencionar que en el cuidado de personas enfermas del propio hogar, 61.8 por ciento de su valor económico equivalente recae principalmente en la atención a enfermos crónicos o personas con discapacidad.

 

No obstante, en términos del tiempo invertido, seis de cada 10 horas de cuidados se dirigen a personas con enfermedades temporales como tos, fiebre, infección estomacal, entre otros.

 

La “Cuenta satélite del sector salud” también da cuenta de que en México los hogares pagaron alrededor de 403 mil 623 mdp en la adquisición de bienes y servicios de salud durante 2013.

 

Lo que equivale a que cada hogar gastó cerca de mil 95 pesos al mes por estos conceptos, sin considerar el valor monetario del tiempo que destinan al cuidado no remunerado de sus enfermas y enfermos.

 

Así, por cada 100 pesos de gasto en salud de estos hogares, 65 corresponden a la adquisición de medicamentos y materiales de curación; 15.9 pesos se erogan en consultas médicas; y 6.9 pesos se pagan en los hospitales.

Foto: DaniRojinegro

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

México, país donde más se maltrata a trabajadoras del hogar

Publica CIESAS libro con análisis de condiciones laborales

Trabajadoras del hogar de diferentes países donde no se han regularizado sus condiciones laborales enfrentan situaciones similares de discriminación y explotación, documentaron especialistas en Ciencias Sociales.

Hoy se presenta en el Museo de Culturas Populares, en esta ciudad, el libro “Trabajadoras en la sombra. Dimensiones del trabajo doméstico latinoamericano”, que publicó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

De acuerdo con María Elisa Velázquez Gutiérrez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y comentarista de la publicación, el libro recoge experiencias de trabajadoras del hogar de varios países de América Latina (como México, Guatemala y Argentina), Estados Unidos y de algunas naciones de Europa, como Francia y Gran Bretaña.

Señaló que los testimonios, datos y análisis que integran el libro –coordinado por las antropólogas Séverine Durin y María Eugenia de la O, y el antropólogo Santiago Bastos– revelan similitudes en las condiciones de explotación y discriminación que enfrentan las empleadas del hogar en los países donde esta labor no está regularizada en la ley.

Por ejemplo, detalló la académica, llama la atención que en países como Francia o Gran Bretaña las jóvenes que se emplean como trabajadoras del hogar (también llamadas “au pair”) sean migrantes que eligen esa labor para tener la oportunidad de participar en intercambios estudiantiles o culturales, pero quienes también enfrentan malas condiciones laborales como bajos salarios o jornadas de trabajo excesivas sin ninguna red de apoyo cercana.

México es uno de los lugares donde las trabajadoras del hogar enfrentan condiciones laborales más injustas, según se documentó, ya que las empleadas además de ser explotadas, son discriminadas y maltratadas por sus empleadoras, observó Velázquez Gutiérrez.

Además, a pesar de estas coincidencias, cada región del mundo muestra diferencias sustanciales, como que las trabajadoras en Europa son en su mayoría migrantes de AL, y que las empleadas domésticas de México son principalmente indígenas.

Asimismo, la obra del CIESAS documentó la experiencia positiva de Brasil tras haber ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente, lo que puso a las trabajadoras de ese país en una condición superior incluso a las de naciones europeas.

Al respecto, la académica del INAH dijo que en los artículos de la publicación se llama a que los países generen instrumentos jurídicos para regular las condiciones de las trabajadoras del hogar, así como a ratificar con urgencia el Convenio189 de la OIT.

La publicación también incluye testimonios de varones empleados del hogar que padecen una discriminación diferente a la que sufren las mujeres, pero que perciben mejores salarios y hay un mayor respeto a su situación laboral.

Según expresaron las coordinadoras de la obra, se pretende “rescatar de la sombra a quienes realizan esta actividad (trabajo del hogar) en varios países, haciendo visibles sus experiencias y analizando el servicio doméstico desde múltiples facetas”.

Las 25 investigaciones que las y el experto reunieron analizan la heterogeneidad de las relaciones sociales entre trabajadoras del hogar y sus empleadoras en diferentes países del mundo.

La intención es contribuir a las perspectivas latinoamericanas sobre el tema y complementar los estudios realizados en Europa y EU para dar cuenta de los cambios y continuidades del servicio doméstico en tiempos de la globalización, dijeron los coordinadores.

En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado y 95 por ciento de ellas son mujeres; no obstante, según datos recientes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) el 90 por ciento de ellas no cuenta con un contrato de trabajo.
 

Especial

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Usar “ingenio” para mejorar condiciones de empleadas del hogar

Senadora dice que no hay que depender de Convenio de OIT

De acuerdo con nuevas cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 90 por ciento de las trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato de trabajo, una de cada cinco no tiene edad legal para trabajar, y 84 por ciento de las empleadoras no están dispuestas a que ellas estudien.

No obstante, durante la presentación hoy de estas cifras la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, no urgió la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo decente para las trabajadoras del hogar.

En su lugar, la senadora apeló al “ingenio” de las y los empleadores –más de medio millón de familias en México– para que empiecen a reconocer los derechos laborales de las más de 2 millones trabajadoras del hogar remuneradas que hay en el país.

Gastélum Bajo aclaró que no hablaba como legisladora “sino como persona”, ya que –expresó– “yo no necesito el Convenio 189, perdón por lo que voy a decir, para tratar bien a las trabajadoras domésticas y no hacer todo este desprecio y humillación que se les hace”.

Y continuó: “No es un pretexto la ratificación del Convenio 189, éste debe ser ratificado, pero antes nuestra actitud debe de cambiar porque quién le dice (a la audiencia) que no puede darle seguridad social, somos muy inteligentes y tenemos un alto ingenio para hacer muchas cosas”.

Al participar en el foro “Percepciones sobre el trabajo doméstico: Una visión desde las trabajadoras del hogar y las empleadoras”, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia en esta capital, Marcelina Bautista, principal impulsora en México de la ratificación de este instrumento internacional, llamó enérgicamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que cumpla su compromiso de ratificar el Convenio 189, tal y como lo prometió a este gremio hace un año.

Ana Güezmes García, representante de ONU-Mujeres en México, tampoco secundó la exigencia de Bautista al Ejecutivo federal, pero reconoció que las tareas del hogar no pueden ser sólo responsabilidad de las familias, por lo que es necesario acelerar soluciones desde la legislación, políticas públicas y la sociedad para regular las condiciones laborales de estas trabajadoras.

PERSISTEN PRECARIEDAD Y DISCRIMINACIÓN

En el evento, Conapred presentó el estudio “Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Estudio cuantitativo con trabajadoras domésticas y empleadoras”, con datos que muestran las condiciones de desigualdad, explotación y discriminación que persisten para las trabajadoras del hogar.

Ricardo Bucio Mujica, presidente del Conapred, reveló que casi el 100 por ciento de las más de mil trabajadoras del hogar que fueron encuestadas no goza de contratos de trabajo formales.

Esta falta de regulación laboral –según Bucio– se agrava porque las modificaciones de 2012 a la Ley Federal del Trabajo en la materia son “discriminatorias” y “ambiguas” al establecer que estas trabajadoras tendrán nueve horas de descanso, y porque aunque obliga a las empleadoras a cubrir sus gastos médicos, no indica cómo proceder en accidentes dentro del área de trabajo.

En lo que respecta a la protección social –principal demanda de las trabajadoras del hogar y principal obstáculo para la ratificación del Convenio 189 de la OIT–, seis de cada 10 trabajadoras estarían dispuestas afiliarse al Seguro Social aunque se disminuya su sueldo y 72 por ciento de las empleadoras también estarían dispuestas a otorgar este derecho.

A decir de Bucio, 36 por ciento de las trabajadoras empezaron a laborar siendo menores de edad y actualmente una de cada cinco no tiene edad legal para ocuparse en un empleo remunerado.

Aunque una de cada cuatro tiene más de 10 años de antigüedad, ninguna ha gozado de un aumento de sueldo o ajuste salarial por la inflación.

Además, 46 por ciento de ellas labora más de ocho horas, 70 por ciento sólo tienen un día de descanso a la semana, y 64 por ciento dice que se le solicita trabajo fuera del horario establecido.

El salario que perciben a la semana las trabajadoras “de planta” y las “de salida” es de mil a mil 200 pesos, y poco menos de la mitad no recibe aguinaldo ni otras prestaciones económicas.

En cuanto atención médica, el presidente del Conapred informó que una de cada cuatro trabajadoras dice que las empleadoras cubren los gastos por servicios médicos cuando se enferman, pero sólo cuatro de cada 10 trabajadoras pueden faltar a laborar sin que se les descuente el pago del día, y 8 por ciento está obligada a asistir a trabajar aún enferma.

Como un rasgo de discriminación, una de cada dos trabajadoras no tiene oportunidad de usar los baños de la familia y 17 por ciento de los conflictos laborales están motivados por acusaciones falsas de robo, despidos injustificados, recibieron maltrato verbal o palabras ofensivas, o fueron tratadas con desprecio.

Además, una de cada tres trabajadoras del hogar indígena dijo que se le despreció por su condición étnica, y una de cada cuatro dijo que se le prohíbe hablar su lengua originaria.

Según el estudio, la principal razón que impulsa a dos de cada tres personas a realizar trabajo del hogar está ligada a la falta de oportunidades o la pobreza.

Además, el 80 por ciento de las trabajadoras no ha concluido su educación básica, sólo 8 por ciento continúa estudiando, y únicamente 2 por ciento de ellas son profesionistas; en contraste, 84 por ciento de las empleadoras dijo que no les permitiría estudiar.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Instancias de gobierno deben contar con áreas para atender acoso

Sigue estancada denuncia presentada por trabajadoras de CFE

Tras la denuncia de tres trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por supuesto hostigamiento y acoso sexual por parte de directivos de la paraestatal, el Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Campeche pidió que todos los centros de trabajo –en especial instancias de gobierno y empresas paraestatales– tengan un área especializada para atender a las víctimas de este delito.

 

A inicios de febrero pasado Cimacnoticias difundió testimonios de trabajadoras de la CFE que dijeron haber sido hostigadas y acosadas sexualmente por Juan Raya Meléndez, superintendente de la Zona de Transmisión en Campeche.

 

En respuesta, la CFE inició una investigación “poco transparente, intimidante e imparcial” –según calificó en su momento el Observatorio de Violencia Social y de Género, grupo ciudadano que acompaña a las trabajadoras– de la que a más de un mes de haber iniciado se desconocen los resolutivos y el curso de la indagatoria.

 

Ninive García Méndez, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género, dijo en entrevista que para evitar que las trabajadoras sean revictimizadas durante la investigación de casos de acoso sexual en sus centros laborales son necesarias áreas especializadas de atención a mujeres, en particular a las víctimas de este ilícito.

 

Estas áreas deberían formar parte de los Órganos Centrales de Control Interno de cada centro de trabajo, y tendrían que ser encabezados por una mujer debidamente capacitada para atender delitos relacionados con la violencia de género y el ámbito laboral.

 

Además, todo el personal de esas áreas debería conocer a detalle los protocolos que existen en México para la atención de víctimas de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo.

 

Asimismo, tendría que saber las normas jurídicas en materia de violencia contra las mujeres y los convenios internacionales para erradicar la discriminación por razón de género.

 

También es necesario que estas áreas cuenten con un mecanismo que transparente las indagatorias e informe debidamente a las víctimas sobre las etapas y los tiempos que llevará cada investigación, abundó García Méndez.

 

A su vez, es importante que se deje de pensar que los casos de acoso sexual contra las trabajadoras son del “ámbito privado”, ya que cuando una organización civil solicita participar en una audiencia para acompañar a las víctimas no se puede negar este derecho.

 

La integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género detalló que estas áreas especializadas deberían garantizar mecanismos efectivos e inmediatos para investigar las denuncias de las trabajadoras, incluso cuando éstas sean en contra de directivos.

 

Criticó que la investigación por acoso sexual que actualmente realiza el Órgano de Control Interno de la CFE –primera paraestatal certificada en el “Modelo de Equidad” por el Instituto Nacional de las Mujeres desde 2012– “no está funcionando”, porque no cuenta con todas estas características, lo que demuestra la urgencia de establecer mecanismos más eficientes y profesionales para atender esta situación.

 

Al respecto, la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) estableció en el artículo 47, fracción VIII, que será motivo de recisión de contrato que el trabajador “cometa actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo”.

 

Sin embargo, la LFT no establece la obligación de los centros de trabajo de generar mecanismos específicos para prevenir, investigar y sancionar esos delitos.

Imagen retomada del sitio altonivel.impresionesaerea.net.dnacdn.com

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

El viacrucis de los jornaleros de San Quintín

Arturo Alcalde Justiniani

El grito desesperado de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, exhibe esa cara de México que busca ocultarse para mantener un sistema de explotación e impunidad a costa de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, que se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo y de vida infames para medio subsistir.

Han pasado casi tres semanas de aquel 18 de marzo, hoy día histórico, en que los jornaleros decidieron suspender sus trabajos, abandonar la colecta de jitomate, fresa y mora para plantear un pliego petitorio con reclamos elementales: 

un salario de 300 pesos diarios por su arduo trabajo, 

respeto a las prestaciones laborales de la ley federal del trabajo, 

seguridad social y 

respeto a las mujeres. 

Indigna leer su octava demanda: no más tolerancia al acoso sexual de los mayordomos de cuadrilla y/o ingenieros encargados de los ranchos.

La respuesta patronal y gubernamental ha sido lenta, apoyada en tácticas dilatorias, para evitar contraer compromisos, a pesar de que la mayoría de los puntos reclamados son obligatorios por ley. Su estrategia ha consistido en doblegar el movimiento por hambre y la amenaza de acciones represivas. Los ofrecimientos para resolver el conflicto son inaceptables: tan sólo un incremento de 20 pesos diarios, que equivale a 15 por ciento de su salario. Los jornaleros, en una actitud conciliatoria, han reducido su petición al orden de 270 pesos. Apenas supera el límite de pobreza planteado por el Coneval.

Los trabajadores en las 148 colonias de San Quintín plantean los mismos problemas que sufren millones de jornaleros a lo largo y ancho del país, incluyendo diversas regiones del norte en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y el resto de Baja California. En cada estado existen historias comunes; lo que es claro es que forman parte de un gigantesco sector abandonado de las políticas oficiales. Su realidad cotidiana es escalofriante: a la falta de servicios elementales como agua, drenaje y habitación, se acumulan los bajos salarios y los riesgos derivados de la exposición a agroquímicos, pesticidas y fertilizantes. Buena parte son indígenas y migrantes en su propio país que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen, porque debido a las políticas neoliberales el campo está arrasado.

La mayoría carece de seguridad social, a pesar de que existe obligación para ello. En el caso de San Quintín sólo 20 por ciento está afiliado al IMSS y existe tan sólo un hospital de esta institución; se les cobra el transporte a sus lugares de trabajo y ante cualquier intento de reclamo son reprimidos con la pérdida del empleo, con la amenaza de no volver a ser contratados en ningún lugar. En fin, son víctimas de toda clase de zopilotes.

En virtud de que el sistema de pago está vinculado al destajo, los jornaleros se apoyan en el trabajo de sus parejas y sus hijos. Basta señalar que 45 por ciento de la población es femenina. El producto de la labor de todos ellos se suma al pago que se hace al padre o madre de familia; en el mejor de los casos, únicamente el jornalero es considerado asalariado. La necesidad de la gente que trabaja es tal, que la labor de los menores no se resuelve impidiéndoles su trabajo, razón por la cual fracasan las políticas que se limitan a prohibir el trabajo de los niños, sin asegurar, en cambio, ingresos para que la familia no se vea obligada a hacer este esfuerzo.

Cada ocasión que explota un problema social salen a relucir los parásitos que actúan como cómplices en la postración de los más débiles. En este caso se trata de una red de actores que toman ventaja de la indefensión de los jornaleros. Los líderes de los sindicatos oficiales, con las siglas de siempre, forman parte de esta lista. Por ello el primer punto del pliego petitorio es la revocación del contrato colectivo firmado por la CTM y la CROM con la Asociación de Agricultores, por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos. Cualquiera se hubiera imaginado que el reclamo fuera el respeto al contrato colectivo, pero no fue así, porque, como existe en todo el país, se trata de un convenio de trabajo de protección patronal.

En la medida en que pasan los días crece la solidaridad nacional e internacional con estos luchadores en favor de la vida, no sólo por lo justo y elemental de sus reclamos, sino porque se ha exhibido la maraña de intereses que explican su estado de indefensión, encabezados por los propietarios de las empresas agroexportadoras, muchos de ellos, funcionarios gubernamentales que han hecho grandes negocios con este modelo de explotación, aprovechando sus relaciones políticas para lograr que los gobiernos abdiquen de su función fiscalizadora y actúen en complicidad para lograr que la ley sea letra muerta.

A pesar de algunas bajas, el paro de labores logró importantes logros; por un lado, ha roto el bloqueo informativo y sus demandas se extienden en el país; por el otro, ha convocado a una creciente solidaridad al otro lado de la frontera, donde las principales organizaciones gremiales se han pronunciado en su favor concretando una acción binacional sin precedente. Esto fortalece el movimiento, no sólo por la ayuda directa a los jornaleros, sino por la capacidad de presionar a los empresarios en el propio terreno del mercado al que exportan.

El gobierno y los empresarios saben que estos movimientos son una chispa difícil de apagar, en un pajar de tantas iniquidades, por ello se verán obligados a negociar en términos distintos a los planteados hasta ahora, con los jornaleros y con su asociación, la Alianza de organizaciones por la justicia social. Basta un poco de flexibilidad e inteligencia para entenderlo.

Los jornaleros, además del avance que lograrán para mejorar sus condiciones de vida y laborales, tendrán como ganancia haber experimentado el poder de su fuerza organizada de una manera autónoma. Hasta ahora, sólo los empresarios contaban con una organización que representara sus intereses: la Asociación de Agricultores, que es una especie de Coparmex; ahora los jornaleros tienen su alianza, que llegó para quedarse. Ahora y en el futuro tendrán que negociar con trabajadores que tuvieron la capacidad de construir y presentar un reclamo común. Apoyar sus demandas es un deber ético y social.

Profesionistas y obreros extranjeros desplazan a mexicanos en sector energético

Armando Guzmán

Refinería de Pemex "Francisco I. Madero" en Tampico, Tamulipas. Foto: Mauricio Palos

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El aspirante a la dirigencia del Colegio de Ingenieros Civiles de la entidad (CICT), Alejandro Arturo García Pérez, alertó sobre el desplazamiento que sufren profesionistas locales en el sector energético por parte de colegas extranjeros.

Las empresas extranjeras que llegan a esta entidad en busca de petróleo traen a su propio personal, en detrimento de la fuerza laboral mexicana.

En su opinión, las autoridades gubernamentales deben emprender una campaña para dar a conocer a las petroleras trasnacionales que los técnicos mexicanos están plenamente capacitados para trabajar con ellos.

La reforma energética, dijo, es una oportunidad para los profesionistas tabasqueños bien capacitados puedan emplearse en el sector petrolero.

En la misma situación se encuentran los obreros. Cutberto de la Cruz Arellano, exdirigente de la CTM estatal, aseguró que por lo menos la mitad de los puestos de trabajo de la industria petrolera en la entidad los ocupan trabajadores extranjeros.

Las empresas transnacionales privilegian, dijo, la contratación de obreros de otros países al considerar que se encuentran mejor capacitados y que incluso ganan mucho más que los empleados tabasqueños.

“Ellos ganan en dólares y nuestra gente en pesos, es increíble pero es la realidad”, sostuvo.

En octubre del año pasado, el subdirector de Petróleos Mexicanos de Exploración y Producción (PEP) Región Sur, José Luis Fong Aguilar, anunció inversiones por 56 mil millones de pesos para el sureste mexicano, la mayoría de los cuales se quedarían en Tabasco, entidad que concentra 95% de las operaciones petroleras de la zona.

Trabajo del hogar: otra expresión de violencia contra las mujeres

   Sobrecarga laboral sin paga que las mantiene en la pobreza

El trabajo del hogar –tanto el que se realiza por un pago como el que se hace de manera cotidiana sin remuneración alguna– es una forma de violencia poco visibilizada y una pérdida económica y de tiempo para las mujeres, mientras que el Estado mexicano avanza a cuenta gotas para erradicar la desigualdad en el ejercicio de esta labor.

Esta fue la conclusión de expertas durante el foro “Día Internacional del Trabajo Doméstico. Hacia un reconocimiento de la economía de cuidado” –efeméride que se conmemoró hoy–, y al que convocó el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.

Ximena Andión, directora del Instituto Simone de Beauvoir, y Paz López, asesora técnica en Estadística y Políticas de Igualdad de Género de la oficina de ONU-Mujeres en México, coincidieron en que de no reconocerse las aportaciones económicas del trabajo del hogar, las instituciones y la sociedad no asumirán su responsabilidad para terminar con la desigualdad.

Detallaron que las mexicanas destinan 48 horas a la semana para el trabajo no remunerado en los hogares –lo que genera el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)–, mientras que los varones sólo destinan 16 horas para esta tarea.

Además de que en virtud de que cada vez más mujeres ingresan al mercado laboral, ellas terminan realizando a la semana jornadas que incluyen su actividad económica y de trabajo doméstico, de hasta 79 horas en comparación con 64 horas de los hombres.

Y en el caso de los 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar y reciben una remuneración –de quienes nueve de cada 10 son mujeres–, 34.6 por ciento reciben menos de un salario mínimo por jornadas que generalmente son mayores a las 12 horas diarias.

Además la discriminación contra ellas es muy grave porque según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 25 de cada 100 personas consideran que es correcto darles como alimento las sobras, o que no pueden usar el mismo baño que la familia.

Las expertas señalaron que las autoridades y la sociedad no están asumiendo su responsabilidad en la materia, y es que México no ha implementado ninguna acción mandatada en las convenciones internacionales sobre derechos laborales y derechos de las mujeres.

Por ejemplo, enfatizaron que México suscribió la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que en su  artículo 13 señala que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en esferas de la vida económica y social, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre los sexos.

Sin embargo, en México las aportaciones a la economía nacional y las contribuciones familiares de las mujeres que realizan trabajo del hogar siguen sin ser reconocidas ni pagadas debidamente.

Otros instrumentos internacionales son los convenios 136, 111, 100 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refieren a la protección para el y la trabajadora, igualdad de remuneración, contra la discriminación y sobre el derecho al trabajo decente para las empleadas del hogar que reciben remuneración. México no ha ratificado tales convenios.

Las especialistas acusaron que esta omisión se debe a que las autoridades y la sociedad en su conjunto aún creen que las desigualdades de las tareas son del ámbito privado, por lo que corresponde a las familias combatirlo.

Pero no están generando acciones para crear un sistema integral de cuidados que preste servicios y brinde infraestructura suficiente para atender a menores de edad, personas adultas mayores y con alguna discapacidad.

También indicaron la ausencia de políticas laborales que regulen los horarios de trabajo y las jornadas laborales, de modo que tanto la madres como los padres puedan disfrutar del cuidado de su descendencia, o el otorgamiento de licencias de paternidad que sean equiparables a las que se conceden para las mujeres.

Asimismo, no hay propuestas legislativas en materia de regulación del trabajo del hogar remunerado, principalmente en lo que compete a la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

Por todo esto, y porque dedicar tiempo a las tareas del hogar reduce la oportunidades de que las mujeres busquen un empleo remunerado o una actividad para su desarrollo, la realización del trabajo del hogar es el principal obstáculo para que la población femenina salga de la pobreza.

Foto: Maricruz Montesinos

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.-

Cuatro propuestas para mejorar la imagen laboral de México

Arturo Alcalde Justiniani

Con motivo de la 103 Asam­­blea General de la Or­ga­ni­za­ción Internacional del Tra­bajo (OIT) realizada en Ginebra, Suiza, que concluyó esta semana, el secretario del Trabajo y Previsión Social , Alfonso Navarrete Prida ( Reforma, 9/6/14, Negocios p. 9), expresó la intención del gobierno mexicano de recomponer la imagen de la política laboral del país en el exterior. Es justificada la preocupación, pues las prácticas laborales existentes han generado una creciente condena fuera de nuestras fronteras, en virtud de que contradicen los principios básicos que promueve la comunidad internacional. No es posible a estas alturas tapar el sol con un dedo.

En los últimos años, especialmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se generó un flujo de información y visitas de representantes gremiales de diversas partes del mundo al país, particularmente de Estados Unidos y Canadá, lo que permitió que se conociera una realidad que había venido siendo encubierta mediante una política deliberada en la que participaba el gobierno, el sector empresarial y las centrales corporativas, especialmente la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Hacia fuera se ostentaba una cara democrática, hacia dentro se daba cauce a un sistema de control, corrupción y simulación.

Todo indica que la única manera de cambiar la imagen laboral de México al interior y exterior del país, sería modificar la realidad por lo menos en tres sentidos.

El primero consiste en atender un tema que da origen a buena parte de los vicios existentes: crear las condiciones para que los trabajadores puedan decidir libremente cuál es el sindicato que los represente en la contratación colectiva, esto es, que cuando un gremio pretenda la firma de un contrato colectivo con o sin emplazamiento de huelga, los trabajadores sean consultados para conocer si están conformes con dicho gremio, prefieren otro, o simplemente no desean afiliarse a ninguno. Esta consulta es elemental y existe en todo el mundo; sin embargo, en México los trabajadores son ignorados y es el patrón quien escoge al sindicato de su preferencia como una imposición que pervierte todo el proceso laboral; aquí nacen los llamados contratos de protección patronal que han provocado que las centrales obreras no consideren la opinión de sus supuestos representados y sus líderes se dediquen a congratularse con los empresarios para ser seleccionados al momento de la firma de los contratos colectivos.

El cambio que se intentó en la última reforma laboral mediante el conocido artículo 388 bis, que fue aprobado por la mayoría del Senado y estuvo a punto de aprobarse por los diputados, daría legitimidad a los procesos de representación, crearía opciones democráticas en los gremios y favorecería al sector del empresariado que es víctima del chantaje y la violencia que ejerce gran número de membretes sindicales para obligarlos a firmar contratos colectivos y a cubrir cuotas de protección periódicas al estilo de la delincuencia organizada.

Una segunda propuesta es someter a revisión el sistema de justicia laboral que se ejerce mediante las juntas de Conciliación y Arbitraje. Todos sabemos que cuando se trata de temas colectivos y relevantes, estas juntas se limitan a cumplir la decisión del gobernador o Ejecutivo federal en turno; no son árbitros que cuenten con el atributo esencial de imparcialidad. La forma tripartita de justicia es una ficción, ya que prevalece la voluntad del tercer voto, el del gobierno, que se ejerce a través del presidente de la junta, quien es el encargado de ejecutar las órdenes de su superior jerárquico. Por esta razón, ya no existen este tipo de instituciones en el mundo, sino jueces o tribunales autónomos encargados de aplicar la ley. La ausencia de un sistema de justicia confiable, inhibe cualquier posibilidad de cambio.

Una tercera propuesta está relacionada con la necesidad de que el gobierno asuma una actitud distinta frente a las quejas ante la OIT, que cancele su política de engaño a los órganos de aplicación de las normas internacionales vigentes. No se les puede mentir con argumentos falaces, como la violación no existe porque esa conducta no está autorizada en la ley o presumir un diálogo social inexistente. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso 2694, presentado por la IndustriALL Global Unión, quien representa a 50 millones de trabajadores y 700 sindicatos de 140 países, quien junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI), ha reclamado al gobierno mexicano abrir un diálogo en relación con las persistentes violaciones a los derechos fundamentales en México.

Un tema adicional se relaciona con los conflictos concretos en los que se exhibe la complicidad del gobierno con los grandes empresarios para ahogar a organizaciones que luchan por sus derechos; tal es el caso del Sindicato Nacional Minero que ha sido víctima de un acoso constante por algunos grupos empresariales de este sector, contando con el apoyo de diversos funcionarios gubernamentales; ambos pretenden doblegar la voluntad de los trabajadores mineros e imponer representaciones dóciles, sometidas a su capricho.

La violación de los derechos laborales es una constante en todo el país: en Chihuahua, los trabajadores de Conalep se quejan del despido del comité ejecutivo de un sindicato que obtuvo su registro tras una larga jornada que incluyó cuatro amparos ante las instancias federales; en Tabasco, los representantes locales del Sindicato del Instituto Nacional de Educación de Adultos fueron desconocidos y despedidos por la actitud caprichosa de la titular en esa entidad; en Colima no ha habido intención política alguna para atender dos peticiones elementales en el entorno de una larga huelga de hambre; transparencia en los fondos pensionarios y respeto a la autonomía del gremio universitario para decidir sobre su representación legítima.

El gobierno mexicano debe incluir en su agenda prioritaria la necesidad de promover cambios para tener derecho a ser parte de una comunidad internacional que exige el respeto a los derechos humanos en el mundo del trabajo.