Empleo, en su mayor nivel en 10 años en abril

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que hasta el pasado 30 de abril tiene registrados 20 millones 378 mil 927 puestos laborales, de los cuales, 85.5 por ciento son permanentes y 14.5 eventuales.

Para el mes de abril se crearon 30 mil 419 empleos, cifra superior a lo alcanzado en los meses de abril de la pasada década. Sin embargo, el reporte de la variación de empleos en lo que va del año revela que de enero a abril se generaron 299 mil 562 empleos, cifra inferior a lo logrado de 2014 a la fecha para el mismo periodo.

En 2018 el IMSS reportó 455 mil 651 nuevos empleos; en 2017, 404 mil 459; en 2016, 353 mil 435; en 2015, 363 mil 728, y en 2014, 312 mil 306.

En cuanto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, destacó que al corte del 30 de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registró a 420 mil 618 que ya habían elegido un centro de trabajo. De ellos, destacó que 281 mil 989 contaban ya con acceso a servicio médico del IMSS, sin especificar si tienen acceso a otras prestaciones. Detalló que el resto de los jóvenes aprendices iniciaron su capacitación el pasado 1º de mayo.

En cuanto a la variación del empleo en los pasados 12 meses, el IMSS destacó que se generaron 504 mil 821 nuevos empleos, lo que equivale a una tasa anual de 2.5 por ciento. De ellos, 454 mil 365 son empleos permanentes y 50 mil 456 eventuales. No obstante la variación anual promedio fue de 5 77 mil 262 empleos en años anteriores.

El instituto destacó que el incremento anual en el empleo fue impulsado por el sector agropecuario con 5.8 por ciento; seguido de transportes y comunicaciones con 4.9 por ciento; transformación con 3.2; la industria extractiva tuvo una reducción de 1.5 por ciento y la construcción de 1.8 por ciento.

En Nayarit, Querétaro y Campeche aumentó más de 5.5 por ciento, mientras que los que perdieron empleos entre abril de 2018 y de 2019 fueron Guerrero con 3.4 por ciento; Chiapas, con 0.3, y Morelos con 0.1. La Ciudad de México reportó una variación de sólo 0.7 por ciento y Oaxaca de 0.4 por ciento.

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Domingo 19 de mayo de 2019, p. 11

Gobierno y sindicatos desdeñan a empleadas del hogar y maquila

   Se reúnen Defensoras de Derechos Humanos Laborales

Norma Cacho, integrante de ProDesc y responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales

El trabajo del hogar, de la maquila, el agrícola y el empleo temporal –en los que participan principalmente mujeres– conforman los sectores laborales más marginados en México, y a la vez son los más invisibilizados por el gobierno federal y los sindicatos, lo que orilla a que las trabajadoras se conviertan en defensoras de los Derechos Humanos (DH) laborales.

 

Así lo explicó Norma Cacho, integrante de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), y responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales, que este fin de semana realizó su cuarta reunión de trabajo en esta ciudad.

 

La Coordinadora –explicó la especialista en derechos de las mujeres– es un espacio de reflexión y articulación entre trabajadoras de diferentes entidades, pero cuyas condiciones de trabajo son las más desfavorables en el mercado laboral porque son los trabajos más explotados y donde más violaciones a DH se reportan.

 

Desde 2013, las mujeres de organizaciones como la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Temporales Sinaloenses o el Colectivo Obreras Insumisas, en Puebla, se reúnen en esta Coordinadora (con muchas dificultades) para generar propuestas políticas encaminadas a mejorar sus condiciones laborales.

 

Esto porque, de acuerdo con Cacho, las garantías laborales de las mujeres son las que tienen menos cabida en los grandes órganos de representación, como los sindicatos, quienes las dejan en último lugar o las invisibilizan, señaló.

 

La también experta en derechos laborales observó que el trabajo del hogar, de la maquila, las jornaleras y las migrantes temporales están prácticamente afuera de las demandas del gran movimiento laboral mexicano, e incluso de la agenda feminista, que no mira la defensa de las garantías en el trabajo como una prioridad.

 

No obstante, las empleadas del hogar no tienen una regulación de trabajo que se equipare al de los otros sectores, y México se niega a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad social para ellas; mientras que las trabajadoras de la maquila tienen una historia amplia de explotación en sus centros de trabajo en todo el país, lo que repercute en su salud y la vida de la comunidad.

 

Las jornaleras recién estallaron un movimiento laboral que paralizó el trabajo en los campos agrícolas de Baja California, ante los bajos salarios y las jornadas de hasta 12 horas de trabajo que enfrentan; y las migrantes temporales suman una larga lista de empresas reclutadoras que cometen fraudes y abusos contra ellas.

 

Las trabajadoras de estos sectores que participan en esta Coordinadora se asumen a sí mismas como defensoras de los derechos laborales porque promueven estas garantías entre las mujeres en peores condiciones, y alzan la voz cuando ven un abuso laboral, aunque eso les cueste hasta su propio empleo.

 

Norma Cacho explicó que muchas de estas defensoras tienen trayectoria de lucha muy amplia, pero han sido invisibilizadas en la agenda laboral, y otras recién inician este camino pero están aprendiendo de la mano de las trabajadoras de otros sectores.

 

Sin embargo –y ésta fue una de las conclusiones del encuentro–, el contexto para las defensoras de derechos laborales se hace cada vez más adverso, ya que la última reforma de 2012 a la Ley Federal de Trabajo precarizó el mercado laboral y vulneró precisamente los derechos de los sectores más marginados, además de que limitó las estrategias de defensa en caso de abuso.

 

Se suma el contexto de violencia en algunos estados de procedencia de las defensoras (como Guerrero, Sinaloa y Coahuila) que limita mucho su trabajo organizativo o que impartan talleres.

 

Otra de las preocupaciones de las trabajadoras son las condiciones económicas adversas del país, que –advirtieron– impactarán primero en sus sectores.

 

El propósito de la Coordinadora –precisó Cacho– es la construcción de una agenda política que incida en la mejora de las condiciones laborales de las mujeres.

  

 | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Mujeres, la mayoría de personas que ingresaron al desempleo en AL este año

   Su tasa de desocupación pasó de 7.3% en 2014 a 8.2 en 2015

Este 2015 se sumaron 1.7 millones de personas al desempleo en América Latina y el Caribe, y más de la mitad son mujeres, estimó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reporte anual “Panorama Laboral 2015 en América Latina y el Caribe”.

El informe –que describe el comportamiento del mercado del trabajo de la región– destacó que 1.7 millones de personas quedaron desempleadas como producto de la desaceleración económica en los países y la baja creación de nuevos empleo y, “si se anualizan los datos y se expanden a nivel regional, es posible concluir que más de la mitad de las nuevas personas desempleadas son mujeres”.

Por primera vez en cinco años, aumentó la tasa de desocupación en América Latina y el Caribe, que pasó de 6.2 por ciento en 2014 a 6.5 por ciento en 2015. El organismo internacional estimó que para el siguiente año la tasa de desocupación será de 6.9 por ciento, lo que sumaría nuevamente más de 1.5 millones de personas desempleadas.

MÁS BUSCARON EMPLEO, PERO MENOS CONSIGUIERON

La OIT precisó que en el caso de la población femenina la situación es peor, ya que si bien ellas están regresando al mercado laboral después de que en 2014 su participación decayó 3 puntos porcentuales en comparación con 2013, enfrentan múltiples dificultades para conseguir un empleo.

La información recopilada al tercer trimestre del 2015 indicó que la tasa de desocupación de las mujeres pasó de 7.3 por ciento en 2014 a 8.2 por ciento un año después, lo que equivale a 1.4 veces la tasa de desempleo de los hombres.

Y es que la tasa de participación laboral de las mujeres creció de 49 por ciento en 2014 a 49.4 por ciento en 2015, lo que contrasta con el crecimiento de la ocupación que pasó de 45.3 por ciento en 2014 a 45.4 por ciento en 2015.

Estas cifras quieren decir que creció más el número de mujeres con deseos y necesidad de trabajar, que el número de población femenina que consiguió un empleo remunerado.

El informe concluye que “el mayor número de desocupadas se debe al mayor ingreso de mujeres al mercado laboral”, mientras que en el caso de los hombres su menor porcentaje de desocupación “se debió a que su tasa de ocupación se redujo a la par que disminuyó su tasa de participación”.

En general “se registra un cambio de tendencia en los indicadores de empleo, con un deterioro en la situación laboral de las mujeres y los jóvenes (…) y hay indicios de que podría estar subiendo la informalidad a través de una mayor generación de empleos de peor calidad”, informó la OIT.

TRABAJADORAS DEL HOGAR, SIN EMPLEO FORMAL 

Este año, la OIT dedicó su capítulo temático al trabajo del hogar que las mujeres realizan casi en su totalidad, y estimó que en la región 18 millones de personas se dedican al “trabajo doméstico” –o trabajo del hogar, como el gremio ha pedido que lo llamen–, pero casi 80 por ciento no tienen un empleo formal.

Las trabajadoras del hogar en la región representan siete por ciento del total de personas ocupadas y representan 37 por ciento de todas las trabajadoras del hogar en el mundo.

La OIT lamentó que, aunque el nivel educativo de este sector aumentó casi 12 puntos porcentuales en 10 años, el trabajo del hogar sigue “mal valorado” en términos de ingresos, ya que en la mayoría de los países los salarios están por debajo del 50 por ciento de lo que percibe el resto de las personas trabajadoras.

Si bien el informe reporta en este tema algunos avances respecto a 2003, atribuidos a acciones “deliberadas” que han tomado algunos países, el trabajo “doméstico” sigue siendo escasamente protegido por los sistemas de seguridad social.

Hay déficits de cobertura legal y efectiva en prácticamente todos los Estados parte ya que, en general, sólo 28 por ciento de este personal en la región cuenta con cobertura en sus sistema de pensiones, lo que representa la mitad del porcentaje del resto de las personas ocupadas.

Foto: Erika Cervantes

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

Reportaje - Las migrantes batallan por empleo digno en México

   Afrontan rechazo de autoridades y sociedad civil

Empresas y comercios se niegan a contratar a centroamericanas que han sorteado los controles del INM y los riesgos de muerte en su paso por nuestro país.

 

Como parte de las acciones ciudadanas para visibilizar la condición de las migrantes, Cimacnoticias documentó la travesía de estas mujeres que llegan a México y los obstáculos que afrontan para obtener empleo.

 

“Rosa” es una guanajuatense de 28 años. Decidió hacer familia con un salvadoreño que huyó de su país luego de que las “maras” (pandillas) asesinaran a su hermano y su padre se negara a pagar extorsiones.

 

“Rosa” comenzó a padecer en carne propia el rechazo de las autoridades mexicanas hacia las personas migrantes, cuando a ella y a su pareja se les negó el derecho de registrar a su hija nacida en este país, porque el padre no tenía documentos de estancia legal.

 

Ante ello, él tuvo que regresar a El Salvador para traer sus documentos. A su regreso, a finales de 2014, el centroamericano le pidió a “Rosa” encontrarse en un albergue en Oaxaca porque “tenía miedo” de que la autoridad migratoria lo encontrara y lo deportara.

 

En Oaxaca, mientras su pareja regularizaba sus documentos, “Rosa” convivió con las migrantes que llegaban a México sin zapatos y con ampollas; incluso con aquellas que estando embarazadas tuvieron abortos espontáneos.

 

Cinco meses después, en 2015, él logró la nacionalidad mexicana. Hace dos semanas llegaron al DF para juntar dinero y dejar de vivir en albergues.

 

Sin embargo, nadie les da trabajo porque “no quieren a los de otros países”, reprochó “Rosa”. Ella misma ha acompañado a su pareja a pedir empleo y –frente a ella y su bebé– lo rechazan. Ahora buscan un “permiso especial” del gobierno mexicano que diga que no hay ningún impedimento para que lo contraten, aunque tal documento no está estipulado en las normas migratorias nacionales.

 

Este año el Ejecutivo federal emitió el Programa de Regularización Temporal, para facilitar que la población migrante pueda acceder a empleos, pero su costo rebasa los 7 mil pesos; además se requiere que el empleador se dé de alta ante Hacienda y que extienda a la o el trabajador una oferta de trabajo por escrito.

 

Pero tal programa no funciona para las migrantes que se emplean en la informalidad (80 por ciento), las trabajadoras del hogar (que ganan dos salarios mínimos), ni para alguna otra trabajadora cuyo empleador se niegue a su regularización temporal, según ha documentado el Instituto para las Mujeres en la Migración.

 

De acuerdo con ONU-Mujeres, una de cada dos mujeres migrantes en México es jefa de hogar. Sus contribuciones económicas, vía remesas, elevan el nivel educativo de las y los niños, y en los estados donde trabajan crean una red de cuidados que permite a más mujeres integrarse al mercado laboral.

 

EXCLUSIÓN SOCIAL

 

“Andrea” es salvadoreña y madre de seis hijas e hijos. Llegó a México con dos menores de edad y dos de sus hijas (una embarazada), luego de que “maras” acosaran a su familia a fin de reclutar a los varones y “enganchar” a las mujeres.

 

“Andrea” escapó después de que le avisaron que los “maras” iban por uno de sus hijos. Según relató, al cruzar la frontera sur de México fue extorsionada y engañada por lancheros, choferes, “coyotes” (traficantes de personas) y agentes migratorios.

 

Para librar los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM), la mujer y su familia viajaron de noche y a pie por montes y terregales. Si veían “a una migra” se agachaban. De día pedían dinero y ofrecían su trabajo en algunos comercios en comunidades de Chiapas.

 

        

 

Una mujer, dueña de una cocina en el municipio de Palenque, le recriminó que uno de los menores de edad estuviera pidiendo dinero, pero ella se defendió: “Entonces deme trabajo”, le reviró. La cocinera sólo le dio la espalda.

 

“Andrea” contó que en Chiapas criminales intentaron secuestrar a las adolescentes y los niños, pero agentes del INM la apoyaron y la llevaron a Veracruz, donde inició sus trámites regulatorios.

 

Junto a su familia, la mujer espera ahora en el Centro de Acogida y Formación para Mujeres Migrantes y sus Familias (Cafemin) –ubicado en el DF–, a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados –instancia de la Secretaría de Gobernación a la que tiene que ir a firmar cada lunes– le resuelva lo antes posible el trámite para que pueda laborar, ya que aunque todos los días busca empleo nadie se lo quiere dar porque “ella y sus hijas son migrantes”.

 

El grupo civil Formación y Capacitación difundió esta semana que la ruta “más peligrosa” para la población migrante es el corredor Huehuetenango-Comitán, en la frontera sur, y no obstante es la más concurrida por las mujeres sin documentos.

 

En su tránsito, ellas enfrentan extorsión, robo, abuso sexual, desaparición, cooptación para la trata de personas y feminicidio, en especial en los “puntos ciegos”, zonas fronterizas sin vigilancia del INM.

 

En ese corredor, mujeres de localidades fronterizas conocidas como “las protectoras” brindan albergue, comida y trabajo a las centroamericanas, mientras que otras habitantes son cooptadas por el crimen organizado como “cuidadoras”, es decir que deben vigilar que no escapen quienes son secuestradas.

 

El INM desconoce el número exacto de mujeres que ingresan a México de manera irregular. El único dato oficial es que de enero a mayo de 2015, 12 mil mujeres fueron detenidas en estaciones migratorias.

 

“Roberta” es una hondureña de 23 años con un embarazo de seis meses. Víctima de las “maras”, en 2014 fue orillada a huir a México antes de su graduación como licenciada en Turismo.

 

Para garantizar su seguridad, la joven dejó a su hija de seis años en otro poblado de Honduras. Al llegar a Chiapas subió al tren de carga conocido como “La Bestia”, donde sufrió un accidente. Las cicatrices en sus piernas confirman su dicho.

 

Tras librar a las autoridades migratorias, “Roberta” se alberga –al igual que “Rosa” y “Andrea”– en el Cafemin, donde espera concluir su embarazo para empezar a trabajar.

 

En Cafemin se aloja –con muchas carencias y sin apoyo federal– a unas 30 mujeres y niñas migrantes, quienes también reciben apoyo en sus trámites regulatorios.

 

El albergue –fundado por religiosas– da talleres de cómputo y oficios para que las mujeres se incorporen al empleo y puedan pagar una renta. No obstante, enfrentan el rechazo y la discriminación de empleadores que se niegan a contratarlas.

Enumera GDF acciones en salud y empleo para las capitalinas

Anuncia Mancera contratación formal de trabajadoras eventuales

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, presumió en su segundo informe de actividades que los grandes logros para las capitalinas fueron la incorporación de trabajadoras del hogar al sistema de protección social, la realización de mastografías y pruebas de detección de cáncer cérvico uterino (CaCu), la capacitación en temas económicos, así como la asesoría y atención a mujeres víctimas de violencia.

Ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el mandatario local presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que el logro de la igualdad de género quedó resumido a acciones realizadas por diferentes instancias del GDF a favor de las mujeres.

Mancera sostuvo que en la Ciudad de México se lucha en contra de cualquier forma de discriminación y se construyen políticas públicas pensadas en la sociedad, pues se busca construir una urbe con “capital social”.

Durante su mensaje, el Jefe de Gobierno –que reconoció que ha tomado decisiones con un alto precio político como el cierre parcial de la Línea 12 del Metro– presumió que el 70 por ciento del presupuesto se destina al desarrollo social, pues es –aseguró– el principal objetivo del GDF.

Con ello justificó que una de las primeras decisiones de su gestión fuera revisar todos los programas sociales, a fin de eliminar los que pudieran duplicar los beneficios. Actualmente están en vigor 175 programas sociales, que según sus estimaciones, alcanzan a 6 millones de personas beneficiarias.

Dentro de los programas emblemáticos, Mancera presumió el de comedores públicos y populares. Informó que en los 334 espacios se entregaron 70 mil raciones de alimentos, especialmente a personas de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, es de recordar que apenas en julio pasado, mujeres dirigentes de cocinas populares, que por años ofertaron desayunos a un mínimo costo, salieron a las calles de la ciudad a exigir que les fuera restituida la ayuda de despensas que recibían a cambio de su labor y que fue eliminada en enero de este año, hecho del que no informó el Jefe de Gobierno.

En materia de salud, Mancera destacó la construcción –aún en proceso– de la segunda clínica especializada en VIH que se ubicará en la delegación Iztapalapa, la próxima edificación de una clínica dental para adultos mayores, y la primera clínica de atención al autismo.

También subrayó la reciente puesta en marcha de la estrategia “médico en tu casa”, que tiene como objetivo acercar los servicios de salud a las comunidades.

Para las mujeres, el logro de este año fue que se atendieron 200 mil casos de CaCu y se redujo un 11.4 por ciento la tasa de mortalidad por este cáncer. Se realizaron 225 mil mastografías gratuitas en diferentes campañas, además de que se incrementó el número de mastógrafos a 16.

A decir del Jefe de Gobierno emanado del PRD, las acciones de promoción y prevención, así como el seguimiento de la atención prenatal, lograron reducir la tasa de mortalidad materna al pasar de 58.8 a 39 por cada 100 mil nacidos vivos en hospitales del GDF. La cifra ha disminuido de 22 durante 2013 a 14 en el primer semestre de 2014.

Según lo dicho por el mandatario local, durante su segundo año de gobierno se tuvieron “grandes logros a favor de la igualdad sustantiva”, pues en concordancia con ONU-Mujeres se capacitó a mil 320 capitalinas en temas de administración económica.

A lo que se añade que se brindaron 65 mil asesorías a mujeres víctimas de violencia y se puso a su disposición una nueva línea telefónica por medio de Locatel.

Para el GDF uno de los avances para las mujeres lo representa la inclusión social de 18 mil trabajadoras del hogar a los servicios de salud, y otorgamiento de apoyos financieros a mujeres para que emprendan su micro o mediana empresa.

Finalmente, Miguel Ángel Mancera –quien aseguró que la Ciudad de México con capital social se materializa en la protección de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores– prometió a las empleadas de su gobierno que desaparecería la contratación de trabajadoras por honorarios y de eventuales, y que en enero próximo se iniciaría su contratación formal, para luego en marzo de 2015 regularizar laboralmente a los varones.

Aunque el gobernante no lo mencionó en su mensaje, en el Segundo Informe también se enlistan como acciones a favor de las capitalinas la publicación del Programa “Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres en la
Ciudad de México, 2013-2018”; la asignación de presupuesto por un aproximado de 1.7 millones de pesos en materia de género, y la cantidad de grupos, asesorías y campañas de difusión realizadas por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.

Uno de los temas ausentes en voz de Mancera fue el feminicidio, aunque el documento oficial da cuenta de que en 2014 se realizó la Sesión Ordinaria 2014 del Comité Técnico para la Aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Pericial y Policial del Delito de Feminicidio, en la cual se presentó el “Informe de Seguimiento de Casos y de Acuerdo con la Aplicación del Protocolo y las Observaciones a la Aplicación del Protocolo por parte del Observatorio Nacional de Feminicidio y de las Organizaciones de la Sociedad Civil”.

Cabe recordar que en muchas ocasiones, familiares de víctimas y activistas han manifestado que el protocolo no es utilizado por agentes ministeriales o periciales, y que existe una mala clasificación de los casos de feminicidio, por lo que son investigados como homicidios dolosos.

En este año, de acuerdo con el informe, se consignaron a 28 personas por el delito de feminicidio, y 15 de ellas tuvieron sentencias condenatorias de hasta 52 años y seis meses de prisión.

Imagen retomada del portal jubilohaku

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Cuatro propuestas para mejorar la imagen laboral de México

Arturo Alcalde Justiniani

Con motivo de la 103 Asam­­blea General de la Or­ga­ni­za­ción Internacional del Tra­bajo (OIT) realizada en Ginebra, Suiza, que concluyó esta semana, el secretario del Trabajo y Previsión Social , Alfonso Navarrete Prida ( Reforma, 9/6/14, Negocios p. 9), expresó la intención del gobierno mexicano de recomponer la imagen de la política laboral del país en el exterior. Es justificada la preocupación, pues las prácticas laborales existentes han generado una creciente condena fuera de nuestras fronteras, en virtud de que contradicen los principios básicos que promueve la comunidad internacional. No es posible a estas alturas tapar el sol con un dedo.

En los últimos años, especialmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se generó un flujo de información y visitas de representantes gremiales de diversas partes del mundo al país, particularmente de Estados Unidos y Canadá, lo que permitió que se conociera una realidad que había venido siendo encubierta mediante una política deliberada en la que participaba el gobierno, el sector empresarial y las centrales corporativas, especialmente la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Hacia fuera se ostentaba una cara democrática, hacia dentro se daba cauce a un sistema de control, corrupción y simulación.

Todo indica que la única manera de cambiar la imagen laboral de México al interior y exterior del país, sería modificar la realidad por lo menos en tres sentidos.

El primero consiste en atender un tema que da origen a buena parte de los vicios existentes: crear las condiciones para que los trabajadores puedan decidir libremente cuál es el sindicato que los represente en la contratación colectiva, esto es, que cuando un gremio pretenda la firma de un contrato colectivo con o sin emplazamiento de huelga, los trabajadores sean consultados para conocer si están conformes con dicho gremio, prefieren otro, o simplemente no desean afiliarse a ninguno. Esta consulta es elemental y existe en todo el mundo; sin embargo, en México los trabajadores son ignorados y es el patrón quien escoge al sindicato de su preferencia como una imposición que pervierte todo el proceso laboral; aquí nacen los llamados contratos de protección patronal que han provocado que las centrales obreras no consideren la opinión de sus supuestos representados y sus líderes se dediquen a congratularse con los empresarios para ser seleccionados al momento de la firma de los contratos colectivos.

El cambio que se intentó en la última reforma laboral mediante el conocido artículo 388 bis, que fue aprobado por la mayoría del Senado y estuvo a punto de aprobarse por los diputados, daría legitimidad a los procesos de representación, crearía opciones democráticas en los gremios y favorecería al sector del empresariado que es víctima del chantaje y la violencia que ejerce gran número de membretes sindicales para obligarlos a firmar contratos colectivos y a cubrir cuotas de protección periódicas al estilo de la delincuencia organizada.

Una segunda propuesta es someter a revisión el sistema de justicia laboral que se ejerce mediante las juntas de Conciliación y Arbitraje. Todos sabemos que cuando se trata de temas colectivos y relevantes, estas juntas se limitan a cumplir la decisión del gobernador o Ejecutivo federal en turno; no son árbitros que cuenten con el atributo esencial de imparcialidad. La forma tripartita de justicia es una ficción, ya que prevalece la voluntad del tercer voto, el del gobierno, que se ejerce a través del presidente de la junta, quien es el encargado de ejecutar las órdenes de su superior jerárquico. Por esta razón, ya no existen este tipo de instituciones en el mundo, sino jueces o tribunales autónomos encargados de aplicar la ley. La ausencia de un sistema de justicia confiable, inhibe cualquier posibilidad de cambio.

Una tercera propuesta está relacionada con la necesidad de que el gobierno asuma una actitud distinta frente a las quejas ante la OIT, que cancele su política de engaño a los órganos de aplicación de las normas internacionales vigentes. No se les puede mentir con argumentos falaces, como la violación no existe porque esa conducta no está autorizada en la ley o presumir un diálogo social inexistente. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso 2694, presentado por la IndustriALL Global Unión, quien representa a 50 millones de trabajadores y 700 sindicatos de 140 países, quien junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI), ha reclamado al gobierno mexicano abrir un diálogo en relación con las persistentes violaciones a los derechos fundamentales en México.

Un tema adicional se relaciona con los conflictos concretos en los que se exhibe la complicidad del gobierno con los grandes empresarios para ahogar a organizaciones que luchan por sus derechos; tal es el caso del Sindicato Nacional Minero que ha sido víctima de un acoso constante por algunos grupos empresariales de este sector, contando con el apoyo de diversos funcionarios gubernamentales; ambos pretenden doblegar la voluntad de los trabajadores mineros e imponer representaciones dóciles, sometidas a su capricho.

La violación de los derechos laborales es una constante en todo el país: en Chihuahua, los trabajadores de Conalep se quejan del despido del comité ejecutivo de un sindicato que obtuvo su registro tras una larga jornada que incluyó cuatro amparos ante las instancias federales; en Tabasco, los representantes locales del Sindicato del Instituto Nacional de Educación de Adultos fueron desconocidos y despedidos por la actitud caprichosa de la titular en esa entidad; en Colima no ha habido intención política alguna para atender dos peticiones elementales en el entorno de una larga huelga de hambre; transparencia en los fondos pensionarios y respeto a la autonomía del gremio universitario para decidir sobre su representación legítima.

El gobierno mexicano debe incluir en su agenda prioritaria la necesidad de promover cambios para tener derecho a ser parte de una comunidad internacional que exige el respeto a los derechos humanos en el mundo del trabajo.

El derecho al empleo digno para jóvenes, ¿una ilusión?

Opinión

En 2010, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció que para finales de 2009 se registraron 81 millones de personas jóvenes desempleadas en el mundo; calculó una tasa de desempleo de 12.3 por ciento para personas entre 16 y 24 años en 2011. Ante esto, declaró: “Las tasas de desempleo no reflejan la gravedad en que la crisis ha afectado a los jóvenes, cuya participación en la fuerza de trabajo se ha visto fuertemente afectada”. Este dato se presentó en el Año Mundial de la Juventud, declarado por la Organización de las Naciones Unidas a partir del 12 de agosto de 2010.

Clara G Meyra Segura*

Lo anterior significa un momento en la historia mundial en el que existe un mayor índice de desempleo para jóvenes, manteniendo una relación directa con la actual crisis económica mundial. Por lo tanto, los gobiernos del mundo, al conocer esta situación, tenían la responsabilidad de generar medidas internas para hacerle frente. En el Seminario Iberoamericano de Políticas Sociales en Tiempos de Crisis, realizado en Paraguay, en agosto de 2010, las reflexiones abundaron en la obligación de los Estados de América Latina para crear y fortalecer las redes de protección social.

En México, el empleo juvenil evidencia las omisiones e incapacidades de los órdenes de gobierno para enfrentar una crisis económica, social y política. En los datos preliminares de diciembre de 2010, la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) muestra que el 57.1 por ciento de la población de más de 14 años es económicamente activa y se encuentra ocupada o busca estarlo; el 42.9 por ciento se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades, a lo que se le denomina población no económicamente activa. A esto podemos agregar que en 2010 se calculaban más de 7 millones de personas jóvenes que no estaban estudiando ni trabajando. Éstas son las carencias y la falta de respuestas por parte del gobierno para desarrollar condiciones de empleo y de educación.

La OIT, en su informe de Trabajo decente y juventud en América Latina, refleja que sólo se dispone de información para el grupo de los que cuentan con educación superior. Así, entre la población juvenil urbana, el 16 por ciento habría alcanzado ese nivel, porcentaje cuatro veces mayor al 4 por ciento de los jóvenes rurales. Esta diferencia se da tanto en hombres (15 por ciento urbano contra 3 por ciento rural) como en mujeres (18 por ciento urbano contra 4 por ciento rural).

¿Un presidente del empleo?

Hubo en 2006 un tapiz de propaganda electoral por parte del Partido Acción Nacional, concretamente por su candidato a la presidencia de la República, Felipe Calderón, quien prometió ser el presidente del empleo. Aseguraba promover una política del primer empleo para jóvenes. ¿Dónde quedaron las palabras o en qué se han convertido las acciones?

En 2006, Felipe Calderón, en la presentación de las acciones que generaría para el empleo, dijo:

“He dicho que voy a ser el presidente del empleo porque toda la política pública del nuevo gobierno que iniciaré el 1 de diciembre de este año estará orientada a garantizar que los mexicanos tengan empleos dignos, estables, bien remunerados.”

Además, aseguró que daría mayor flexibilidad en la contratación de jóvenes y mujeres para que tuvieran jornadas de trabajo de menos de ocho horas. No se puede negar que se han presentado iniciativas en materia de empleo juvenil; sin embargo, a casi cinco años de su administración, no hay avances.

¿Un programa y una ley como respuestas?

En marzo de 2007, se impulsó el Programa del Primer Empleo, con el que se promovía la generación del trabajo permanente y bien remunerado en la economía formal, y para resolver el problema de desocupación que se concentra en las y los jóvenes recién egresados del nivel superior. Las pequeñas y medianas empresas que se inscribieran a este programa recibirían un subsidio para las cuotas obrero-patronales de aportación a la seguridad social y de los trabajos de nuevo ingreso. El presupuesto inicial para este Programa fue de 3 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Éste fue calificado como asistencialista. El Centro de Reflexión y Acción Laboral destacó cómo el gobierno flexibilizaba las obligaciones de las empresas, de tal forma que les eximía de cubrir una cuota que garantizara el derecho a la seguridad social de todas las personas trabajadoras.

Tuvieron que pasar tres años para que, en octubre de 2010, el Senado de la República aprobara la Ley de Fomento al Primer Empleo, cuya iniciativa fue promovida por Manlio Fabio Beltrones. Ésta otorga beneficios fiscales a patrones que contraten como trabajadores a jóvenes por primera vez y de manera formal. Los beneficios para las empresas serán la reducción del impuesto sobre la renta en un 40 por ciento. Estas medidas se aplicarán a quienes contraten en un mínimo de tiempo de 18 meses a jóvenes, con una percepción de hasta ocho salarios mínimos. Contempla que en caso de que al trabajador del primer empleo le sea rescindido su contrato, en términos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el patrón no perderá el beneficio concedido siempre que lo sustituya por otro trabajador de primer empleo y conserve el puesto de nueva creación durante un periodo de 36 meses.

Omisiones y contradicciones con el marco nacional e internacional

Lo anterior se contrapone al segundo principio general de la LFT, cuyo sentido es que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, ya que esto responde en mayor medida a la figura patronal y empresarial.

El derecho al trabajo es uno de los derechos económicos y sociales de mayor elaboración en contenido normativo. Le reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo de San Salvador; y diversos convenios de la OIT. En el PIDESC, artículos 6 y 7, se señala que toda persona tiene derecho a ganarse la vida mediante un trabajo, lo cual genera la responsabilidad para el Estado de garantizarlo no sólo en términos sociales, sino políticos y económicos. En concreto, el marco normativo facilita crear legislación y políticas públicas encaminadas a garantizar a todas las personas el derecho al empleo, a erradicar la discriminación laboral y la desigualdad, poniendo atención a los diversos grupos en situación de pobreza.

Respuestas en este sexenio para las juventudes en México

Para las mujeres y hombres jóvenes en edad de trabajar, la mitad del total se encuentran sin empleo; la ENOE muestra que existe cerca de 20 por ciento en rezago educativo para mujeres y hombres jóvenes. En el periodo 2008-2009, sólo uno de cada cuatro jóvenes en edad universitaria tiene un lugar en ese nivel educativo (2.8 millones de jóvenes están matriculados en universidades públicas y privadas, Instituto Mexicano de la Juventud, 2010).

En enero de este año, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán mostró que cinco de cada seis muertes relacionadas con la delincuencia organizada corresponden a jóvenes de entre 18 y 32 años de edad, sin mencionar que quienes cometen estas ejecuciones también son jóvenes menores de 30 años. De acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio, los asesinatos y desapariciones de mujeres aumentaron durante la actual gestión 600 por ciento, contemplando que una de las principales condiciones para cometer estos delitos tiene que ver con ser mujeres jóvenes en situación de pobreza y marginación.

Por otro lado, se encuentra la ocupación de jóvenes en el Ejército. En su informe Infancia y conflicto armado en México, la Red por los Derechos de la Infancia en México destaca el reclutamiento voluntario de jóvenes entre 17 y 18 años de edad en las unidades de transmisiones del Ejército, la formación militar, régimen castrense y condición civil ambigua en las escuelas militares a partir de los 15 años, además de la posibilidad de adelantar su servicio militar. A estos jóvenes se les involucró en actividades de adiestramiento para la erradicación de cultivos de amapola y mariguana durante 2009. En México, la objeción de conciencia ante el servicio militar no existe; sin embargo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes la reconoce como derecho fundamental.

Estos hechos aumentan la incertidumbre de la población mexicana, donde más de la tercera parte del total es mujer y hombre joven. Empero, las “opciones” que las instituciones ponen en lo inmediato son crimen organizado, milicia, migración, encierros o la muerte. Lo real es un mayor índice de violencia estructural, desempleo y falta de oportunidades para el desarrollo de todas las generaciones.

Analizar la situación del derecho al empleo para los jóvenes en México reafirma una de las principales características de los derechos humanos: la interdependencia, es decir que uno no puede existir plenamente si otro es violado. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los derechos que más se violan en jóvenes mexicanos son el de la no discriminación, educación, empleo, salud y participación.

El olvido y falta de respuesta hacia el derecho al empleo digno y bien remunerado para jóvenes agudiza una crisis que no verá salida si las acciones del gobierno mexicano se siguen basando en la criminalización, la represión y en la omisión de sus obligaciones.

*Área de Educación, Promoción y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

Fuente: Contralínea 223 / 06 de marzo de 2011