"Sheinbaum tiene una poderosa herramienta que le permitiría tomar el control pleno de la República por encima de los apetitos de camarillas perniciosas y corruptas".
Lo que dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado lunes 24 de agosto del 2026 tiene especiales significados, cuando aclaró que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas contra el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas a las que acusa de estar vinculadas con el narcotráfico, pero al mismo tiempo fue muy enfática al señalar que la Fiscalía General de la República sí está investigando al mandatario sinaloense defenestrado por Morena y por la mandataria del país.
“La Fiscalía tendrá que determinar, de las 10 personas que se mencionaron, si hay algo particular en contra del Gobernador o del exgobernador Rocha o del Gobernador con licencia Rocha o no. Pero sí hay investigación”, explicó la mandataria al referirse, en tres diferentes formas y tiempos al Ejecutivo de Sinaloa defenestrado.
Y agregó Claudia Sheinbaum: “La Fiscalía está haciendo investigaciones […] tanto del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuén […] como del secuestro, retención, llevada de un líder del narcotráfico y la entrega de otro líder del narcotráfico en Estados Unidos. A partir de la mención de Estados Unidos, la Fiscalía decidió abrir 10 carpetas de investigación”, precisó la Presidenta de México, que en esta ocasión no argumentó en defensa de la soberanía nacional.
Lo singular de la declaración de la Presidenta Sheinbaum Pardo es que no defendió de alguna manera a Rubén Rocha Moya, en específico. No volvió a referirse a la defensa de la soberanía nacional vinculada a la suerte del defenestrado sinaloense y dejó un amplio espacio para que sea la Fiscalía General de la República que encabeza Ernestina Godoy Ramos la que defina el destino de Rocha Moya, quien podría tener reservada una celda en alguna cárcel de alta seguridad en México para ser sometido a proceso, lo que, irónicamente, le salvaría de los apetitos de extradición expresados por el gobierno de Estados Unidos.
Pero además, con la descalificación de Rocha Moya, quien perdió la bendición de Morena como partido y del Gobierno de la Cuarta Transformación, el siguiente paso tendría que ser desmantelar toda la estructura de poder de su grupo, socios y cómplices en Sinaloa, con la postulación de candidatos a la gubernatura, a las diputaciones federales y locales, y a las alcaldías, que estén ajenos a la sospechas de alguna vinculación con la siniestra presencia del Cártel de Sinaloa.
La defenestración de Rocha Moya y su potencial enjuiciamiento permitiría despresurizar el caso de “Andy” López Beltrán y abriría de par en par las puertas para que Morena y su mayoría en el Congreso promoviera, ahora sí, la Declaración de Procedencia de la Acción Penal contra Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, el dirigente nacional del PRI, solicitada por la Fiscalía de Campeche, quien podría pisar la cárcel.
Al mismo tiempo se podrían emprender acciones contra la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional en sus acuerdos con la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) del gobierno de Estados Unidos, para someterla a juicio político, destituirla e inhabilitarla para el servicio públicos por muchos años.
Sí, con el enjuiciamiento de Rocha Moya, Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación ganarían mucho, sacrificando una pieza muy desgastada. Pero al mismo tiempo, permitiría afianzar la autoridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que tendría que llamar a cuentas, por sus excesos, dislates y desmesuras, a las gobernadoras morenistas de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
En esa misma ruta habría de contemplarse la situación del Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, quien entre desmesuras y frivolidades ha acumulado un expediente de acusaciones serias sobre el manejo de las finanzas del estado en beneficio personal y de sus amigos. Asuntos que tendrían que ser investigados por la Fiscalía General de la República.
Habría condiciones también para que el gobierno de Estados Unidos entregue a México al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Desaparición de poderes
El Gobierno federal tendría que promover que el Senado de la República forme una comisión que investigue la situación política de Sinaloa, donde los tres poderes están marcados o sometidos a los intereses del grupo político de Rocha Moya, para declarar que han desaparecido los poderes en esa entidad, al fracturarse el orden constitucional al estar los tres poderes sometidos a una sola persona o grupo político, lo que viola el precepto establecido en el Artículo 49 constitucional que advierte que no podrán reunirse dos o más de los poderes de la República o de alguna entidad federativa en una sola persona o corporación.
La Fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, entre otras, son facultades exclusivas del Senado de la República: “Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa”, lo que derivaría en el nombramiento de un Gobernador provisional que convoque a elecciones, y en este caso particular, que permanezca al frente de la gubernatura hasta los comicios del 2027.
Al estar fracturado el orden constitucional en Sinaloa, también tendrían que ser destituidos los actuales integrantes del Congreso estatal y relevada toda la estructura del Poder Judicial, con lo que desaparecería toda huella del grupo político de Rocha Moya. El Gobernador provisional sería nombrado por el Senado de la República, de una terna propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
La Ley reglamentaria de la fracción V del Articulo 76 de la Constitución general de la República señala también que corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un estado, y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un Gobernador provisional. Y explica que se configura la desaparición de los poderes de un estado cuando los titulares de los poderes constitucionales quebrantan los principios del régimen federal y abandonan el ejercicio de sus funciones.
De paso, también se podría instaurar juicio político contra Rocha Moya y sus allegados, entre ellos el Senador Enrique Inzunza Cázarez, por faltas u omisiones que han redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, como establece el Artículo 110 de la Constitución federal. El referido Artículo contempla sanciones como “la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
Al solicitar licencia a su cargo de Gobernador de Sinaloa, Rocha Moya se quedó sin fuero, sin inmunidad constitucional, por lo cual, si la Fiscalía General de la República encuentra elementos en su contra, podría ser encarcelado y sometido a proceso. El fuero es para la persona que ejerce el cargo, las funciones de gobierno, no es una prerrogativa personal. Por lo tanto, al pedir licencia a su cargo de Gobernador, Rocha Moya ya no tiene defensa alguna que impida que sea detenido y sometido a proceso.
También habría que tener presente que en el Artículo 200-Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reforma que entró en vigor el martes 2 de junio del 2026, se establece que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
El Artículo 200-Ter del mismo ordenamiento legal aclara que “las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera que, de manera enunciativa, serán la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecerán la metodología y los criterios aplicables para realizar sus evaluaciones de riesgo; y, con base en ello, determinar la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de la información indiciaria con la que cuenten para presumir que la persona evaluada está relacionada con actividades delictivas”.
En este terreno Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación deberían observar con cuidado cómo operan personajes como el Senador Adán Augusto López Hernández; el Diputado federal Ricardo Monreal Ávila y su amplia cofradía de familiares que han impuesto su cacicazgo en Zacatecas, y el Gobernador de San Luis Potosí, del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, quien pretende heredarle el cargo a su esposa, la Senadora Ruth González Silva.
La Presidenta tiene una poderosa herramienta que le permitiría tomar el control pleno de la República por encima de los apetitos de camarillas perniciosas y corruptas, dentro y fuera de Morena, y más allá de las tentaciones de senadores, diputados, gobernadores y alcaldes que pretendieran transitar por una vía libre al margen de la Ley: el muy amplio y sólido sistema de inteligencia articulado por el Secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch, quien debe tener un registro muy puntual de las actividades y desvaríos de todos los personajes relevantes de la vida pública del país.
https://www.sinembargo.mx/4861157/rocha-moya-mejor-preso-en-mexico-que-en-estados-unidos/
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