2/12/2022

Desapariciones de niñas en México están relacionadas con trata de personas

  

La directora de la Redim, Tania Ramírez Hernández, conversó en Análisis Feminista sobre los hallazgo del informe “Desaparición de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata de personas con ese u otros fines”.

“Descubrimos que esto está sucediendo a plena luz del día, es decir, entre lunes y viernes, entre las seis de la mañana y seis de la tarde, es donde más datos tenemos que se están dando las desapariciones, lo cual desmonta la idea de que a las mujeres se nos desaparece por haber estado poniéndonos en riesgo”.

Análisis Feminista es una producción que realiza CIMAC y se transmite todos lo miércoles a las 11 horas en Violeta Radio 106.1 FM.

22/RED

Por qué la Suprema Corte de Justicia promueve la explotación reproductiva de las mujerese

 embarazoadolescente09cesarmartinezlopezNo me cabe la menor duda que el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una posición neoliberal, posmoderna y basada en la doctrina queer, que conciben a las mujeres pobres y en exclusión social como meras incubadoras y a los niños como objetos de contrato y compraventa, estuvieron promoviendo eventos para legalizar esta forma de explotación de los cuerpos de las mujeres en la misma línea que el recién electo presidente de Chile, que se siente muy moderno; y el propio sistema de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

  

CIMACFoto: César Martínez López

Yo esperaría que la permisividad y la promoción de eventos y acuerdos sobre los vientres de alquiler, mal llamada subrogación y los niños y niñas ordenados y comprados por contrato, no fuera la postura del ministro Arturo Zaldívar y de la mayoría de los ministros.

Más aún, no sólo se han promovido eventos, sino que a pesar del discurso del interés superior de la niñez y de juzgar con perspectiva de género, se han emitido tesis de jurisprudencia y resoluciones de controversias constitucionales que abonan a que el mercado de la explotación reproductiva se expanda y normalice en nuestro país.

Yo me pregunto si realmente entenderán qué es juzgar con perspectiva de género cuando mercantilizan la maternidad y a los bebés y abren la puerta para que nuestro país se convierta en un paraíso de los vientres de alquiler a nivel internacional. ¿Qué derechos y a quién intentan proteger? No importa que haya reclutadoras o reclutadores, que tengan que firmar un contrato leonino ante Notarios Públicos corruptos, tampoco importa que tengan agencias donde no es legal, como Punta Mitas, Nayarit o Cancún, Quintana Roo, o incluso en la Ciudad de México, tampoco importa que las mujeres y sus bebés sean abandonadas ya sea porque nacieron con algún problema de salud o porque no les gustó a los que llaman “padres de intención” o simplemente porque se arrepintieron.

Pero aún más, a pesar de que el tráfico de órganos, tejidos o sus componentes, incluso fluidos, estén sancionados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas, a los ojos del mundo esto sucede en nuestro país sin que nadie haga nada y con el beneplácito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Afortunadamente la diputada Federal, Beatriz Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena, se comprometió contra los vientres de alquiler y presentó en días pasados una iniciativa de Ley para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y también la Ley General de Salud y no sólo incluyó en su iniciativa los vientres de alquiler, sino también la donación comercial de óvulos.

Ahora la iniciativa fue enviada a Comisiones para que sea dictaminada y una vez que la dictaminen pasará al pleno.

Mientras tanto, la diputada Rojas y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos organizarán un foro con especialistas y también un parlamento abierto y después se someterá al pleno. Esta iniciativa necesita del apoyo de todas para que se detenga esta barbaridad en nuestro país. No sólo usan a las madres cuando se quiere insultar, sino que ahora se nos reduce a incubadoras. Y una vez que esté aprobada, irá al Senado, donde la lucha puede ser todavía más difícil.

Este es un claro ejemplo en el que la paridad nos debe probar que les sirve a las mujeres.

Mujeres solicitantes de asilo en México y EE.UU. viven un calvario

 Por Lizbeth Álvarez Martínez

Fuentes: SEMlac

Informe «Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021», elaborado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

Decenas de mujeres solicitantes de protección internacional en México y Estados Unidos, que escapan de su país originario por violencia, viven un calvario, ya que tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur mexicanas, como violencia de género, secuestros, extorsiones, agresiones sexuales, separación familiar, y falta de acceso a la salud, esto como resultado de las políticas migratorias implementadas por ambos gobiernos.

De acuerdo con el reporte «Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021», elaborado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), y publicado en el contexto del primer aniversario de las órdenes ejecutivas sobre migración y asilo del presidente Joe Biden, el reporte expone como ambos gobiernos han incumplido sus promesas de una migración segura, ordenada y humana, dejando a miles de mujeres «atrapadas en la incertidumbre y el peligro».

El informe detalló cómo las políticas de contención y disuasión de la migración han derivado en medidas más restrictivas que impiden a las mujeres y sus familias obtener protección en ambos países, y las revictimiza al obligarlas, nuevamente, a vivir situaciones de violencia.

Jessica, una hondureña que permanecía en una estación migratoria de la Ciudad de México, describió cómo a ella y a una amiga las habían detenido elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez después de ser expulsadas de Estados Unidos. Los agentes abusaron sexualmente de ellas. Estuvieron detenidas en una estación migratoria en esa ciudad durante dos meses antes de ser trasladadas a la Ciudad de México, ambas fueron deportadas sin la oportunidad de presentar una denuncia contra los elementos de la Guardia Nacional.

Elena, proveniente de Honduras, trató de tener un lugar para alojarse en los albergues de Tijuana luego de haber sido expulsada de Estados Unidos, pero la rechazaron por falta de capacidad. Ella y su familia trataron de solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron expulsadas por la Patrulla Fronteriza a Tijuana donde un perro rabioso atacó y mató a su hijo de 20 meses de edad.

«Empujar a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad en las que tienen que esperar en condiciones peligrosas e insalubres con sus familias mientras se procesan sus solicitudes de asilo en México o Estados Unidos, es contrario al marco de protección que ambos gobiernos se han comprometido a implementar. En lugar de sufrir violencia reiterada y excesiva, las mujeres deberían recibir protección, documentación y acciones que les permitan integrarse a la sociedad. Ninguno de los gobiernos carece de mecanismos legales adecuados para evitar estos escenarios, carecen de voluntad política».

La Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) afirmaron que el gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador deben revertir el rumbo de sus políticas y adoptar medidas que restablezcan y fortalezcan sus sistemas de asilo, ampliando las vías complementarias para la protección.

WRC e IMUMI hicieron un llamado a la administración Biden a restablecer el acceso al asilo en la frontera con México y a poner fin a las expulsiones bajo Título 42 y revertir la reinstalación del Protocolo «Quédate en México» para que las mujeres y sus familias puedan solicitar protección con seguridad; y a la administración de López Obrador a fortalecer su sistema de asilo, facilitar la emisión de visas humanitarias para garantizar que las solicitantes de asilo, las víctimas de delitos y la niñez tengan documentos de estancia regular en el país, y detener el uso de la Guardia Nacional en labores de control migratorio.

En 2021, en México la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió un incremento histórico de 131.448 solicitudes de asilo, de las cuales 41 por ciento fueron de mujeres y 24 por ciento de niñez y adolescencia.

En Estados Unidos, desde que se inició la administración de Joe Biden, se han expulsado personas más de 1 millón 100.000 veces, incluidas las más de 187.000 expulsiones de madres y padres de familia con hijas e hijos, a quienes se les negó la oportunidad de solicitar protección en ese país.

Joven, delgada y guapa. La tiranía sexista en televisión

 pikaramagazine.com

June Fernández

La tesis doctoral de Naiara Vink, investigadora de la Universidad del País Vasco, demuestra la presión hacia los cuerpos de las presentadoras y reporteras. Seis periodistas vascas cuentan su experiencia para este reportaje.

Ilustración de Shu Otero para Argia.

“A los hombres se les exige profesionalidad. Punto. A nosotras también gustar”. Es una de las frases lapidarias que le han dicho las presentadoras y reporteras de informativos a las que ha entrevistado la periodista e investigadora Naiara Vink para su tesis doctoral. Vink ha demostrado con este trabajo de investigación lo que ha sentido en primera persona durante su carrera: que la tiranía estética heteropatriarcal condiciona el desarrollo laboral de las profesionales de la televisión.

Encendemos la televisión y aparecen todo tipo de cuerpos de hombres: jóvenes y mayores; guapos y feos; musculados, gordos y enclenques… En cambio, la mayoría de las presentadoras y reporteras parecen cortadas por el mismo patrón: son o aparentan ser jóvenes, delgadas, guapas y femeninas. Ese contraste tan evidente para los y las espectadoras no suscita, en cambio, demasiado debate dentro de las cadenas de televisión. “Es una norma que no está escrita, que todo el mundo conoce pero de la que nadie habla”, explica Vink. Sus entrevistadas empezaron hablando con resignación de esa ley como una inercia tan arraigada que no se puede cambiar. Pero, a medida que profundizaron en la reflexión, reconocieron que es injusta y frustrante.

Si bien la investigadora reconoce diferencias entre las cadenas públicas y privadas, insiste en que la predominancia de mujeres muy maquilladas, con tacones y ropa ajustada es generalizada y se justifica con el mantra de que “la televisión es imagen”. En tiempos en los que están de moda los guiños a la diversidad corporal como estrategia de marketing, las mujeres gordas siguen relegadas a espacios y roles determinados, como los espacios de humor.

Esta presión estética condiciona a las mujeres incluso antes de llegar a las redacciones. Vink realizó una encuesta a estudiantes de periodismo de la Universidad del País Vasco. Entre las personas que respondieron que no se veían trabajando en televisión, el cien por cien de quienes alegaron como motivo que no cumplen con el canon estético eran mujeres.

La trampa de la belleza

Estitxu Fernández Maritxalar fue una de las caras más conocidas de la televisión pública vasca entre 2000 y 2012. Saltó a la pequeña pantalla desde el bertsolarismo; al ver sus dotes de comunicación en la improvisación de versos, la televisión local navarra Tipi Tapa le propuso presentar sus informativos en 1998. Al año siguiente participó como invitada en el programa sobre bertsolarismo Bertatik Bertatik de ETB1 y se quedó como presentadora de distintos programas de entretenimiento.

“Al principio, con 22 años, no era muy consciente de qué pasaba con la imagen en televisión”, cuenta Fernández Maritxalar. “En Tipi Tapa solo se me veía de cintura para arriba; debajo de la mesa, llevaba vaqueros y botas de monte. Sentí esa presión cuando empecé a presentar programas sobre fiestas patronales y shows nocturnos como Sorginen Laratza. Me elegían la ropa, muy festiva y elegante, a veces con escote, siempre con tacones. Eso me desagradaba mucho”, continúa.

Conoce bien la trampa de la belleza de la que habla Vink en su tesis: “Las chicas guapas tienen la oportunidad de trabajar en televisión, pero tienen que demostrar que son más que una cara bonita. Siempre he oído ese tipo de comentarios respecto a otras presentadoras y me hacían daño. Yo no tenía el título de Periodismo, estudié Psicología, y además hacía un tipo de periodismo que no se consideraba serio. Así que el síndrome de la impostora era enorme”, explica la presentadora. En sus últimos años, antes de acogerse a una excedencia, le tocó presentar Deportes en los informativos. “Para entonces ya tenía mucha experiencia en televisión y una plaza fija que logré opositando, pero yo no era experta en ese ámbito, así que me sentí más pequeña que nunca”, narra. Recuerda de forma muy nítida las miradas de menosprecio, los comentarios maliciosos y la rivalidad entre las mujeres: “En la época en que empecé, casi todos eran hombres. Pensaba que yo me llevaba mejor con ellos, pero no era eso, sino que las mujeres bellas representaban una amenaza para mí, de la misma forma que yo era una amenaza para otras mujeres”.

Leire Madariaga [nombre inventado a petición de ella] es tertuliana y analista política en diferentes programas de televisiones y radios públicas. Ella también ha sentido el precio de encajar en el canon estético sexista: “Tus opiniones valen menos, porque te ven solo como una Barbie rubia. Tienes que hacer el doble para ganarte el respeto de los demás”. Recuerda un caso en Televisión Española: “Me consta que en la reunión del equipo de redacción de un magazine se valoraron distintas personas para ser tertulianas y la dirección descartó de entrada a una analista con un gran discurso porque era una mujer mayor, con canas y gordita. Quienes la conocieron insistieron, consiguieron darle una oportunidad y fue un auténtico descubrimiento”.

Las participantes en la tesis doctoral de Vink han contado también historias de mujeres que han sido relegadas a trabajos detrás de las cámaras por no cumplir con las normas corporales sexistas, algo que ha hecho mella en su autoestima.

Jasone Agirre fue reportera de los informativos de ETB desde 1999 hasta que logró un escaño en el Parlamento Vasco. Fue una de los fundadoras del Consejo de Redacción del grupo de comunicación público y ha sido miembro de su Comisión de Igualdad. “Es evidente que un buen físico da puntos en las pruebas de cámara. Un hombre guapo también tiene ventajas, pero el baremo es distinto con las mujeres”, reflexiona. Sin embargo, añade que las exigencias en torno a la imagen no tienen que ver sólo con la belleza y los estereotipos de género. Recuerda que a un compañero de trabajo con pinta de borroka [estética ligada a las juventudes de la izquierda abertzale] no le renovaron el contrato y que al cabo de unos años supo que ese había sido el motivo. “Cuando ocurrió, él sintió que si no contaban con él igual es que no estaba haciendo un buen trabajo”, lamenta. Añade también que a una joven con una estética “alegre” nunca la pondrán a cubrir actualidad política, sino el tráfico o las fiestas. Y encuentra otro ejemplo contundente: “Ha habido presentadores del tiempo que no eran guapos, pero las mujeres elegidas para ello siempre son bellas y delgadas”.

¿Nadie te obliga?

La periodista Ana Urrutia lleva desde 1999 presentando Eguraldia, el espacio dedicado al pronóstico metereológico de ETB2, además de distintos programas de entretenimiento. También es miembro del grupo feminista de EITB, una especie de lobby que han creado varias trabajadoras tanto de la redacción como de las productoras. “Seguimos igual que hace 20 años: un hombre maduro y gordo puede presentar un programa de prime time, algo que es impensable en el caso de las mujeres. Las presentadoras de información deportiva deben ser expertas en deportes, pero también tienen que ser bonitas, para atraer a la audiencia masculina. También en El Tiempo subyace esa idea de la mujer sexy que se mueve entre los mapas”, explica. Ella se acuerda de una excelente meteoróloga y comunicadora que no pasó el casting porque no estaba delgada.

Una de las ideas más repetidas en la tesis de Vink es que las mujeres tienen fecha de caducidad delante de la cámara. Urrutia, de 49 años, prefiere poner en valor la experiencia y la seguridad que le ha dado la edad en vez de sentirse amenazada por las jóvenes con las que coincide en la sala de maquillaje. “Tenemos profesionales excelentes de 50 a 60 años que deberían estar en el prime time, pero la dirección no apuesta por ellas”, lamenta.

Esta presentadora ha promovido una pequeña revolución dentro de EITB: negarse a seguir usando tacones y sustituirlos por deportivas o mocasines. “Cuando llegas a la televisión, el equipo de estilismo te explica que los tacones mejoran la imagen, que la ropa luce mejor. Mientras eres joven, el cuerpo lo soporta, pero luego notas el daño físico, en los tobillos, en las articulaciones de los pies… Además, la gente de la calle no entiende por qué llevamos tacones tan altos”, cuenta. Está orgullosa de su acto de rebeldía, porque ha animado a muchas colegas a empezar a pedir calzado plano. No ha sufrido represalias por parte de sus superiores, lo que le hace pensar que hay una parte de trabajo personal para atreverse a romper con esas normas no escritas.

Muchas de las periodistas entrevistadas por Naiara Vink aseguran sentirse más seguras ante la cámara cuando llevan tacones y maquillaje trabajado. Una reportera reconoce que hace directos de invierno sin abrigo porque prefiere pasar frío con tal de verse guapa. El sociólogo Pierre Bordieu desarrolló el concepto de violencia simbólica para explicar que la opresión no viene solo de fuera, sino que un mecanismo para perpetuarla es que termina siendo aceptada por una o uno mismo. Así lo entiende también la tertuliana Leire Madariaga: “Parece que tú eliges cómo vestirte o si decides hacer dieta. Pero no es una elección libre: sabes lo que busca la cadena y quieres cumplirlo”.

Urrutia identifica otra trampa: “El equipo de estilismo hace un trabajo único peinándonos, maquillándonos y vistiéndonos. Al principio, verte guapa y recibir halagos te da seguridad. Pero te vuelves esclava de esa estética. Nos transforman tanto que luego en la calle a la gente le cuesta reconocernos”. Después de una mañana surfeando, entró a una cafetería con la cara lavada y oyó a alguien comentar a su espalda: “¿Esa es Ana Urrutia? ¡Pero si en persona no vale nada!” Por ello, entiende que muchas compañeras terminen haciendo tratamientos estéticos como el bótox, pero ella tiene la firme determinación de envejecer con dignidad y aceptar su cuerpo, tanto en la pantalla como ante el espejo.

Una de las grandes frustraciones que expresan las periodistas de televisión en la tesis de Vink es que reciben más valoraciones sobre su imagen que sobre su desempeño profesional. Una reportera recuerda un directo muy duro sobre la violación grupal de San Fermín; la subdirectora del programa le envió un WhatsApp criticando su abrigo. Cuando esa misma periodista cubrió un temporal en Galicia, el jefe de redacción le ordenó por el pinganillo que se soltase la trenza para que se viera el efecto del viento. “Yo le dije que no, que precisamente la trenza estaba ayudando a que yo pudiese contar la información, que yo no era parte del atrezzo y que quiero trabajar cómoda”, expresa en el trabajo de investigación.

“Qué vestido tan bonito”, “te han maquillado mal”, “la pantalla te engorda”… Escuchar constantemente esos comentarios por parte de su entorno es una de las cosas que peor han llevado Estitxu Fernández Martitxalar y Leire Madariaga de trabajar en televisión.

Falta de voluntad y de transparencia

Una de las principales conclusiones de Naiara Vink es que ninguno de los planes de igualdad de las televisiones españolas que ha analizado en su investigación se menciona si quiera la cuestión de la imagen, pese a que es un asunto clave para garantizar un tratamiento informativo no sexista y velar por el desarrollo profesional de las mujeres.

En el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Grupo EITB (2019-2022) se puede leer: “Los medios de comunicación participan en la construcción de nuestra identidad e influyen en nuestra manera de ver el mundo y en nuestros valores más profundos. Respecto al género, nos ofrecen ideas de qué es ser hombre y qué es ser mujer, de cómo deben consumir, vestir, actuar, etc”. Pero ese mismo documento no contempla ni una sola medida para cumplir con esa premisa. Ana Urrutia denuncia que la dirección de EITB no está respondiendo a las demandas de formación del grupo feminista: “Los planes de igualdad se redactan de cara a la galería, pero no hay una intención real de transformar las estructuras de la televisión”.

Uno de los ejes de los planes de igualdad de las televisiones se refieren a la consolidación de condiciones laborales y de un entorno laboral no discriminatorio. Sin embargo, no contemplan una brecha sexista mencionada recurrentemente en las entrevistas realizadas por Vink: las mujeres tienen que dedicar mucho más tiempo a su imagen que los hombres. En concreto, un presentador de televisión suele pasar un cuarto de hora en peluquería y maquillaje, mientras que las presentadoras tardan más de una hora.

En el caso de las reporteras, ellas son responsables de su estilismo y tienen que pagar con su sueldo el vestuario, el maquillaje y los tratamientos estéticos. Jasone Agirre recuerda esta situación como una gran carga, que le sigue pesando también ahora que se dedica a la política. “La vestimenta y el maquillaje de las mujeres es más esclavo. Hasta hace poco, los hombres no hacían por su imagen más que meter una corbata en el bolsillo de la americana”.

Vink concluye en su tesis que la presión estética se relaja algo en la medida en que se consolidan las condiciones laborales de las trabajadoras. “Cuando eres joven y no tienes contrato de trabajo, lo aceptas todo. Escuché a una periodista con contrato eventual decir: ‘Yo vivo por mi imagen ‘”, coincide Agirre.

Otra de las conclusiones de la investigadora es que, pese a que los planes de igualdad suelen emplazar a incorporar la perspectiva de género en todos los contenidos y áreas del medio, también en el de las productoras que se subcontratan, la falta de recursos sirve de excusa para no incluir al personal de estas empresas proveedoras en las medidas concretas. Tanto las periodistas que han participando en su tesis como las que hemos entrevistado para este reportaje opinan que esa falta de control favorece que la tiranía estética sexista se acentúe en las contrataciones y actitudes cotidianas de las productoras audiovisuales.

Agirre aboga por abrir una reflexión colectiva que permita explicitar, con transparencia y sin sesgos sexistas, qué importancia tiene la imagen en los procesos de contratación de profesionales, ya sea dentro de la redacción o en las productoras. “¿Qué aspecto es el adecuado en un medio público? ¿Apostar por las deportivas puede reforzar la frescura y la identificación? Tenemos que pasar de las normas no escritas a redactarlas”, propone. En la misma línea, Vink señala la necesidad de que las políticas de igualdad aborden cuestiones concretas: “¿Por qué las periodistas no pueden echarse solo polvos de maquillaje, como los hombres? ¿Por qué tienen que estar peinándose mientras ellos hacen periodismo?”.


¿Qué pasa en las cadenas alternativas?

Ekhiñe Atorrasagasti es presentadora y responsable de contenidos y comunicación de la televisión vasca Hamaika TB. “En ese campo de juego patriarcal que es la televisión, hemos logrado romper con muchas reglas”, afirma. Uno de los principios característicos de su cadena es que todos los miembros del equipo trabajan delante y detrás de la pantalla. Esa apuesta contrasta con una intuición de Atorrasagasti que Vink ha corroborado en su tesis: que en las televisiones convencionales son más los hombres presentadores de informativos que alcanzan el rol de editores, mientras que a muchas mujeres se les impone el rol de busto parlante. “Es muy diferente leer en el pronter lo que ha escrito otro que escribirlo tú misma. Yo he tenido la oportunidad de dirigir contenidos y de formar los grupos de trabajo de mis programas”, añade la periodista de Hamaika TB.

En esta cadena se respeta la libertad de que periodistas, colaboradores y colaboradoras aparezcan en pantalla con el aspecto que elijan. “Es cierto que los hombres se echan unos polvos y ya está. En las mujeres es más variable. Yo solo me maquillo los ojos; otras compañeras se pintan los labios”. Por falta de recursos, no tienen personal dedicado a estilismo, peluquería y maquillaje. “Nosotras asumimos esas tareas. Esto ha suscitado interesantes debates internos: si mejorar la iluminación puede servir para prescindir del maquillaje, pero también sobre si estamos infravalorando el trabajo de esos sectores laborales, invisible y feminizado”.

Incluso en un medio alternativo y profeminista resulta difícil liberarse totalmente de la tiranía estética, reconoce: “Cuando una se mira en el espejo, dependiendo del estado emocional, afloran ciertas inseguridades. Si a esto le añades la exposición que supone la televisión, se multiplican los miedos y los malos ratos. Has trabajado bien los contenidos, pero te sientes mal porque tienes pelos en el bigote o porque has engordado”. También le preocupa que esa presión estética sea uno de los motivos por los que cuesta encontrar a mujeres que quieran participar como colaboradoras.

“La misoginia es una lluvia ácida. Tenemos la sensación de que estamos protegidas por trabajar en un medio alternativo, pero ese sirimiri es muy corrosivo”, concluye. Y termina señalando un reto: pensar cómo se puede cuidar la resaca emocional que deja el trabajo delante de la cámara.

Erreportaje hau Argian argitaratua izan zen lehen aldiz.


Nota de la autora. Este reportaje fue publicado originalmente en la revista ARGIA, en euskera.
Lo publicamos gracias a la licencia Creative Commons, traducido y adaptado por la propia autora.


ERA: la lucha por la igualdad de las mujeres en EU

  

El 27 de enero, a 100 años de la presentación en el Congreso de Estados Unidos de la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) por la sufragista Alice Paul, congresistas y grupos feministas afirmaron que ya formaba parte de la Constitución. En efecto, a dos años de que un total de 38 estados la aprobaran, debía convertirse en ley del país. Sin embargo, aunque se han cumplido los pasos legales necesarios, ha sido objeto de disputa política y no se ha publicado formalmente. La prolongación de esta lucha centenaria por la enmienda feminista ilumina la complejidad de los laberintos legaloides estadounidenses y sobre todo la politización extrema de los derechos de las mujeres en una “democracia” minada y amenazada.

La lucha de las mujeres por sus derechos nunca ha sido sencilla. Alcanzar la igualdad constitucional ha sido aún más difícil que obtener el voto; éste da un derecho pero no protege de la discriminación y la desigualdad. Así, EU es uno de los pocos países cuya constitución no incluye una cláusula de igualdad de género.

Aprobada por el Congreso y el Senado en 1970, la enmienda no obtuvo las ratificaciones estatales necesarias hasta 2020 pero su publicación ha sido impedida por una Opinión de la Oficina del Consejo Legal del gobierno de Trump que determinó que su plazo de ratificación había pasado. Este recurso para torpedear la igualdad constitucional se basó en el preámbulo al ERA que especificaba un plazo de 7 años para hacerlo, lo cual es absurdo según abogados y feministas porque ese plazo no forma parte del texto, otras enmiendas no se han desechado por eso, y, además, los cambios culturales son lentos y no cumplen plazos. Contra este escollo que el archivista de la nación ha usado como pretexto para no publicar la enmienda desde 2020, el gobierno de Biden ha expedido una nueva opinión legal que contradice la anterior y Fiscales de tres estados han interpuesto recursos legales para que se publique. 

El 27 de enero pasado el presidente Biden expresó en un comunicado oficial su apoyo al ERA, llamó al Congreso a ratificar la validez de la enmienda (aunque en estricto sentido legal no es necesario), aclaró que la más reciente opinión legal (de su gobierno) sobre el asunto señala que no hay impedimento alguno para publicarla y afirmó que: “Nadie debe ser discriminada por razones de sexo/género y nosotros, como nación, debemos defender la completa igualdad de las mujeres”. 

La piedra en el zapato de la legalidad en este proceso es el Senado, dominado por los republicanos, que no ha votado aún la resolución que reconoce la falta de base del argumento del plazo de ratificación. Dado que la iniciativa de Biden de acabar con la peroración prolongada para sabotear una iniciativa de ley (filibuster) fracasó (minada incluso por integrantes de su partido), no es plausible que el Senado vote pronto a favor de la enmienda, por lo que el camino más sencillo sería que el archivista la publicara y así se formalizara su inclusión en la constitución puesto que la Cámara y el Senado la aprobaron hace medio siglo y 2/3 de los estados ya la ratificaron. El problema de fondo es que los conservadores se oponen a la igualdad de las mujeres.

¿Quiénes le temen a la igualdad inscrita en la constitución? En primer término, los grupos y representantes antiderechos pues saben que esta enmienda obstaculizaría las leyes que penalizan el aborto. La Suprema Corte, inclinada a la derecha, no le ha dado tampoco el mismo peso a la igualdad de género que a otros factores de discriminación. Agentes económicos con influencia política, como las aseguradoras, la ven como una amenaza. Esta situación ha favorecido la discriminación contra mujeres embarazadas así como desigualdades toleradas en el servicio público. 

Las feministas consideran que el ERA es fundamental para fortalecer la igualdad laboral y para que la protección contra la violencia misógina no dependa de la ratificación del Acta contra la Violencia hacia las Mujeres, cuya validez expiró en 2018 y apenas se ratificó en 2021. 

A la luz de la tibieza del Congreso y sobre todo del partido republicano ante las aspiraciones dictatoriales de Trump, las feministas representan un ejemplo de lucha permanente por los derechos y la verdadera democracia, la que incluye a las mujeres en pie de igualdad.  

La lucha por las condiciones materiales de la existencia


Sindicalismo feminista

Por Nazaret Castro
Fuentes: Pikara magazine [Ilustración de Vane Julián]

Las luchas de las trabajadoras del campo y del trabajo doméstico y los cuidados, entre otras, abren el camino de unas luchas laborales feministas, antirracistas y que ponen la vida en el centro.

El asentamiento de Palos de la Frontera, en Huelva, estaba devastado. Un incendio había arrasado buena parte de las chabolas, como sucede de tanto en tanto, y muchos hombres pasaban la tarde levantando de nuevo sus frágiles viviendas, construidas a base de palés, de cajas de cartón y de plásticos. Las empresas de los frutos rojos cobran cada palé a 1,5 euros; una chabola puede suponer un gasto de entre 300 y 500 euros. La mayor parte de los hombres y mujeres que habitan el asentamiento proceden de Senegal y Marruecos y comparten su condición de migrantes indocumentados. Eso les deja en una situación de absoluta precariedad: no tienen luz, ni agua ni gas, y su extrema vulnerabilidad los hace objetivo de todo tipo de abusos, como que les cobren 500 euros por empadronarse, o varios miles de euros por un contrato laboral con el que aspirar, algún día, a formalizar su residencia. Mientras lo logran, las duras condiciones del trabajo en el campo suelen ser su única opción.

Unas 3.000 personas viven en la provincia de Huelva en asentamientos como el de Palos de la Frontera. El pasado mes de mayo, una Brigada Feminista de Observación, organizada por la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL) y la red de investigación feminista La Laboratoria, conoció de cerca la situación de quienes trabajan en los invernaderos de la industria de la fresa y de los frutos rojos. El objetivo del viaje era acercar a un equipo de juristas y periodistas a esta realidad silenciada, de la mano de las propias jornaleras, y particularmente de dos mujeres, la marroquí Najat Bassit y la onubense Ana Pinto, que, ante el vacío que dejan los sindicatos tradicionales, tratan de dar visibilidad a los abusos y de informar a las temporeras de sus derechos.

Cuenta Ana Pinto que cuando comenzó a trabajar en los campos de Huelva, a fines de los años 90, “no se trabajaba mal”. La paga siempre fue exigua, pero el ambiente era ameno y el trabajo le gustaba. Todo empezó a cambiar a mediados de los años 2000: “Comenzaron a llegar personas de fuera, sobre todo de Europa del Este y Marruecos; la mayoría, mujeres. Las apartaban de nosotras, no nos juntaban. Y empezamos a ver que para nosotras, las autóctonas, cada vez había menos trabajo”. Se fue instalando en Huelva un discurso del odio que, anudado bajo el argumento de que “los migrantes nos quitan el trabajo”, azuzó el enfrentamiento entre temporeras autóctonas y migrantes.

En paralelo, se hicieron más frecuentes los abusos de todo tipo: “Del compañerismo hemos pasado a la competición, en gran parte por las listas de productividad, que hacen que quienes menos fruta recogen se expongan a que las castiguen; además, no te dejan hablar con las compañeras, te gritan, te insultan”, narra Pinto. Entre las temporeras migrantes, tanto las que llegan de Marruecos con contratos en origen –que las obligan a abandonar el país cuando termina la temporada de la fresa– como las que habitan asentamientos de chabolas, la situación es aún peor; y, como llevan denunciando las jornaleras desde hace años, los abusos sexuales se han convertido en la norma antes que la excepción.

En 2018, temporeras marroquíes se atrevieron a denunciar estos abusos. Fue entonces cuando Pinto y Bassit, que por aquel entonces trabajan juntas en la misma empresa fresera, comenzaron a canalizar esas denuncias. Así, se convirtieron en las caras visibles de la asociación JHL, que este año logró, vía crowdfunding, recursos económicos para seguir dando forma a su lucha: de un lado, denunciar la situación y hacer incidencia política para que las inspecciones de trabajo funcionen y pongan coto a la impunidad de los empresarios. De otro lado, asesorar sobre sus derechos a las temporeras y canalizar las denuncias, en un contexto en el que, como fue testigo la Brigada Feminista de Observación, nadie se atreve dar un paso adelante para denunciar al empresario: saben que se arriesgan no solo a perder el empleo, sino a no encontrar ningún otro en los invernaderos onubenses.

Las Jornaleras de Huelva en Lucha se han articulado, por medio del Sindicato Obrero Andaluz (SOA), con otros sectores olvidados por el sindicalismo convencional, como los manteros y las kellys. El SOA, por cierto, se define como “sindicato de clase, unitario, feminista y asambleario”. Además, JHL teje redes con actores diversos, como movimientos agroecológicos y sectores de la academia. No es casual. La situación en los campos de Huelva, analiza Pinto, “está atravesada por muchas problemáticas: el abuso laboral y sexual, el discurso racista del odio y también el ecologismo, porque el monocultivo de frutos rojos en megainvernaderos está secando nuestros recursos hídricos, y eso ya está afectando los acuíferos de Doñana”.

Mujeres borradas

La lucha de JHL no solo reivindica una revalorización del trabajo en el campo, también subraya que, para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras españolas, es preciso exigir el respeto de los derechos de las personas migrantes. Son así un antídoto contra el fascismo en tiempos de auge de la ultraderecha. Y señalan a los feminismos y a las izquierdas la necesidad de cuestionar las leyes de extranjería que dejan a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad que las expone a la sobreexplotación. “Las mujeres son las más explotadas y son también quienes hacen los trabajos más esenciales”, concluye Pinto, que insiste en una idea: son las trabajadoras del campo, las migrantes, las trabajadoras sexuales las mujeres que llevan mucho tiempo “borradas”.

Lo cierto es que la pandemia evidenció que los trabajos esenciales, que son en buena parte los que sostienen la vida de todas, son los más invisibilizados, los más precarios y también los más feminizados. Así lo entiende Marta Malo, una de las coordinadoras de La Laboratoria: “Estas luchas visibilizan la feminización y la racialización de la pobreza. Como dice Pastora Filigrana, existe una segmentación de lo humano, una jerarquización que nos coloca a unas personas por debajo de otras. Y si bien esto tiene raíces históricas, se reinscribe constantemente a través de mecanismos de racialización y feminización muy concretos, por ejemplo, el régimen de fronteras es un mecanismo de racialización que genera pobreza, así como la socialización femenina en tareas de cuidado es un mecanismo que empobrece a las mujeres. Estas luchas desafían esos mecanismos”.

Malo se refiere a las Jornaleras de Huelva en Lucha, pero también a procesos organizativos como los de las trabajadoras sexuales, las riders y las trabajadoras del hogar y de los cuidados; todos ellos pueden entenderse bajo la noción de feminismo sindicalista, un término que permite “poner en el centro del feminismo la pelea por las condiciones materiales de la existencia”. Esos feminismos “necesitan de herramientas que forman parte del acervo de la lucha sindical, como la huelga, el piquete, la caja de resistencia o la escuela sindical”, añade Malo; pero, al mismo tiempo, requieren de nuevas herramientas, porque desbordan el marco tradicional del sindicalismo que daba protagonismo a la figura del obrero, blanco y varón, asalariado en una fábrica. “La valorización del capital no tiene lugar únicamente en la fábrica, sino en muchos más lugares; y esto siempre fue así, pero es que además, hoy el trabajo salarial ha perdido su centralidad”, explica Malo.

“Sin nosotras no se mueve el mundo”

El colectivo Territorio Doméstico, compuesto por mujeres, muchas de ellas migrantes, trabajadoras del hogar y de los cuidados, ha acuñado el concepto biosindicalismo: “Una forma de lucha por el derecho de todas las personas a tener vidas que merezcan la pena y, sobre todo, la alegría de ser vividas”, escriben en el cuaderno Biosindicalismo desde los territorios domésticos. Nuestros reclamos y nuestra manera de hacer.

“Las luchas de Territorio Doméstico, de Jornaleras de Huelva Lucha o de las putas organizadas son un faro, una inspiración, nos dan fuerza a las demás, y también revelan de forma clara que el capitalismo es colonial y patriarcal, que ese entramado es inseparable”, razona Marta Malo. Por eso, cuando las compañeras de Territorio Doméstico dicen “sin nosotras no se mueve el mundo” están subrayando que son las mujeres racializadas y migradas las que ocupan el lugar más oprimido y vulnerable en las jerarquías que el orden dominante ha impuesto, las que sostienen no solo la vida, sino también la valorización del capital. Decía Angela Davis que “cuando la mujer negra se mueve, toda la estructura de la sociedad se mueve con ella”. Cuando las kellys, las trabajadoras de cuidados o las jornaleras se movilizan, tiemblan las bases de la estructura económica y social. De ahí que un feminismo que pretenda ser emancipador y transformador deba colocar en el centro esas luchas.

En otras palabras: para mejorar las condiciones de vida no basta con exigir mejores condiciones laborales, sino que hay que colocar en el centro los cuidados, las dinámicas de endeudamiento, la lucha por la tierra y por la vivienda digna. Es lo que han entendido tan bien las mujeres que lideran movimientos por la soberanía alimentaria a lo largo y ancho de América Latina, como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Argentina, que defiende el modelo agroecológico frente al agronegocio como un modo de mejorar las condiciones de quienes trabajan en el campo, pero desde una óptica mucho más amplia. “La agroecología debe ir unida a una recuperación del rol de las mujeres como cuidadoras de la tierra, del planeta, de la familia, al tiempo que los varones aprenden a compartir las tareas de cuidados. Debemos entender que la violencia que le hacemos a la tierra con el modelo agroindustrial es la misma que vivimos las mujeres en nuestro propio cuerpo”, explica Rosalía Pellegrini, secretaria de Género de la UTT.

También en Argentina, el movimiento Ni Una Menos, masivo y radical, ha colocado en el centro la discusión sobre el endeudamiento. Su lectura feminista de la deuda asocia la explotación laboral con los dispositivos financieros que, a través del endeudamiento, extraen valor de forma diferencial de los cuerpos feminizados, racializados y de clases populares, en un momento en el que endeudarse se vuelve obligatorio en muchos contextos, y no para acceder a bienes de consumo, sino simplemente para sobrevivir, y en el que las personas más empobrecidas pagan las tasas de interés más altas. Además, el endeudamiento contribuye muchas veces a dificultar que muchas mujeres salgan de hogares donde son violentadas.

Verónica Gago y Luci Cavallero, de Ni Una Menos, acaban de editar junto a Silvia Federici el libro ¿Quién le debe a quién?, que recopila distintas experiencias de desobediencia financiera, entre ellas, la de la Plataforma Afectadxs por la Hipoteca (PAH). “La obligación de la deuda, el mandato que hace que no nos quede otra opción que endeudarnos para vivir, demuestra que la deuda funciona como herramienta productiva. Nos pone a trabajar. Nos obliga a trabajar más. Nos lleva a tener que vender nuestro tiempo y esfuerzo a futuro”, subrayan las autoras. De poco sirve mejorar los salarios si no se combaten formas de extractivismo como las que tienen que ver con la deuda y con la inaccesibilidad de la vivienda.

La desobediencia financiera, la impugnación de la ley de extranjería y la centralidad de los trabajos de cuidados y el sostenimiento de la vida convergen, en el seno de las luchas feministas, en una misma idea: no se puede cambiar la situación de las mujeres sin cambiar el mundo. Desde ahí se trama un sindicalismo emergente que se radicaliza desde los principios del movimiento feminista y que, situado en los territorios, despliega nuevas formas de ver el mundo y de intervenir en él.

Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2022/02/sindicalismo-feminista-la-lucha-por-las-condiciones-materiales-de-la-existencia/

Delito de feminicidio debe tener estándares sin atenuantes: experta

  

Para atender esta violencia, en 2018 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) presentó la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres (Femicidio/Feminicidio)”. En el programa Latiendo Libres conversamos con la especialista del Mesecvi, Eva Villarreal, sobre la importancia de esta norma.

Latiendo libres es una producción del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), CIMAC y Violeta Radio 106.1 FM.

Mujeres marchan en Bolivia contra la escalada de femicidios y la justicia patriarcal

Por Verónica Zapata 

Fuentes: Rebelión / CLAE

Una multitudinaria “Marcha de las mujeres contra las violencias machistas y contra la corrupción de la justicia” que partió el último día de enero desde la zona de Ballivian en El Alto, atravesó la ciudad de la Paz y finalizó frente al tribunal departamental de justicia de la capital boliviana, al grito de “jueces, fiscales la misma porquería”.

La convocatoria, realizada por “Mujeres Creando” , que dirige la activista feminista María Galindo, tuvo el protagonismo  de las mujeres indígenas aymaras de El Alto, que asistieron  autoconvocándose. Luego se fueron sumando colectivos de mujeres desde los diversos puntos del país. 

La marcha fue encabezada por decenas de familiares de víctimas de femicidios y de violencias machistas. Contó con presencia de las mujeres aymaras que viven al día en su comercio y tuvieron que dejar de trabajar para marchar. 

La convocatoria se da en un contexto de repudio generalizado a la liberación del femicida Richard Choque Flores, de 32 años, asesino de al menos dos mujeres – Iris Villca de 15 y  Lucy Ramírez de 17 años de edad-, cuyos cuerpos se encontraron  enterrados en su casa ubicada en El Alto. 

También, está acusado de violar a decenas de mujeres. Según la cantidad de contactos rastreados en su perfil de  Facebook, serían 77, aunque falta determinar los datos. La madre y esposa de Choque fueron detenidas por presunta complicidad, pero se estima que no podían desconocer lo que sucedía en su casa.

Un momento central de la marcha ocurrió cuando se mostró ante la cámara una lista interminable de nombres y apellidos de violadores y femicidas liberados por la justica. Los datos se recolectaron mediante una convocatoria en redes sociales que aportaron diversas  víctimas de violaciones y familiares de víctimas de femicidio. Galindo expresó que “no es sólo el caso de este juez, es un fenómeno estructural en Bolivia. Nunca más nos vamos a callar, ni a olvidar”.

El femicida tenía desde el 2015 una condena de 30 años sin posibilidad de indulto,  por el femicidio y la violación de Blanca Rubí Limachi de 21 años. Sin embargo, el 2019 fue beneficiado con detención domiciliaria de 18 meses, que tampoco cumplió y nadie vigiló. Fue detenido, por segunda vez, la semana pasada y retornó a la cárcel de Chonchocoro. También, extorsionaba y les pedía dinero a las familias de las víctimas para liberarlas.

Su modalidad de captación era a través de convocatorias de “trabajo” en las redes sociales haciéndose pasar por una mujer. Citaba a sus víctimas en alojamientos y ahí se presentaba vestido de policía, les plantaba cocaína y bajo amenaza de denunciarlas por narcotráfico, las violaba.  

Por otra parte, el sábado 29 enero se detuvo al cómplice José Luis García Machaca, que también fue beneficiado con detención domiciliaria  y tenía una condena a 30 años de prisión del 2015, por participar del mismo femicidio por el que fue condenado Richard Choque. 

También, se detuvo al juez Rafael Alcón Aliaga, hermano de Gonzalo Alcón Aliaga, ex presidente del Consejo de la Magistratura, que liberó a Richard Choque Flores y a otro femicida  que descuartizó a una mujer. El juez se encuentra con detención preventiva de seis meses mientras se investiga el caso.

Luis Arce decreta creación de una Comisión de Femicidios.

El martes 1 de febrero del 2022 María Galindo fue recibida por Eduardo del Castillo ministro de Gobierno de Bolivia, a quien exigió la creación de una “Comisión de Excepción Histórica” con el objetivo de contabilizar y armas las carpetas de los casos de femicidios y violaciones a nivel nacional.

El mismo día, ante la movilización de las mujeres, el presidente Luis Arce instruyó la creación de una “Comisión de Revisión de casos de Femicidios y Violaciones” que tuvieran sentencia judicial y hubieran sido liberados. 

La comisión estará compuesta por autoridades de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Gobierno, los presidentes de la cámara de Diputados y Senadores, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía general y la Procuraduría. 

Al respecto, Luis Arce afirmó que “ante la preocupante situación y conducta de jueces y operadores de justica instruimos la creación de la comisión de revisión de casos de femicidios y violación en que los sentenciados fueron liberados. La misma deberá presentar resultados en un plazo de 120 días”. 

Recordemos, que el país cuenta con una “Comisión especial mixta de investigación sobre la retardación en los casos de femicidios y violencia hacia las mujeres”, cuyos resultados son evidentes ante la luz de los hechos.

A principio de 2022 el gobierno declaró este año como: “El año de la revolución cultural de la despatriarcalización” con el objetivo de luchar contra las violencias hacia la mujeres. El gobierno de Luis Arce cumplió un año de gobierno, pero el MAS-IPSP gobierna hace 15 años y tiene una deuda pendiente con las mujeres bolivianas, señalan desde las filas feministas.

La agenda feminista, una deuda pendiente de la clase política en Bolivia

El caso del femicida y violador serial liberado por la justicia boliviana no es una excepción, sino la regla en una sociedad conservadora y atravesada por el racismo y el machismo exacerbados. 

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado en agosto del 2021 fue lapidario al respecto: “El orden patriarcal  en Bolivia debe desnaturalizarse porque este no solo implica un orden jerárquico entre hombres y mujeres, sino entre indígenas y no indígenas”.

Bolivia posee lnormas muy promocionadas como La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacía las Mujeres,  la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias que incorpora en el código penal el delito del femicidio con una pena  30 años de prisión sin derecho a indulto.

Además, posee una Constitución con perspectiva de género e intercultural y es el único país en refundarse como Estado Plurinacional a nivel mundial.  Se espera que Bolivia dé el ejemplo porque es punto obligado de referencia de estas temáticas. 

Sin embargo, Bolivia tenías hasta 2019 la mayor tasa de femicidios de toda Sudamérica según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El caso del femicida y violador serial en cuestión, revela que las leyes que deberían proteger a las mujeres son letra muerta y no se aplican en lo concreto de la cotidianidad. Veamos en el caso de cada una de las leyes mencionadas: 

1) Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional: Si bien, desde la refundación del estado plurinacional de Bolivia el 2009,  las mujeres ingresaron masivamente a la política, esto sucedió solo en los cargos de bajo rango y bajo poder decisional en la Asamblea legislativa que está compuesta por poco más del 50% de mujeres. El techo de cristal es evidente porque los presidentes de la cámara de Diputados y de Senadores son hombres. 

Por otra parte, de 18 ministerios, solo cuatro ministras son mujeres y solo una de ellas es una mujer indígena. A su vez, durante las elecciones subnacionales de marzo del 2021 “la alianza de mujeres por la revolución democrática y cultural” que integran el  MAS, reclamó que se cumpliera con la paridad de género en las candidaturas femeninas. La respuesta que obtuvieron fue de cero mujeres candidatas a gobernaciones. 

2) La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacía las Mujeres: Segundina Flores dirigente indígena, actual embajadora de Bolivia en Ecuador, fue el rostro que impulsó la demanda de paridad de género durante las elecciones sub nacionales. Fue acusada de “traidora” y  de “funcional a la derecha” por sus reclamos y por cuestionar a la élite del MAS que está conformada por hombres blancos. 

Por otra parte, la única mujer que disputó una candidatura por un cargo político de alto rango y de alto poder decisional fue Eva Copa ex presidenta del senado de Bolivia por el MAS. Exigió candidatear como alcaldesa por El Alto, la alcaldía más importante del país, fue expulsada del MAS bajo acusación de ser “ambiciosa de poder”. Copa desafió a la élite del MAS, se candidateó con otro partido y ganó  con el 70% de votos frente al candidato hombre del MAS. 

Frente a esta situación, el 29 de diciembre del 2020, Esther Soria ex gobernadora de Cochabamba por el MAS en su cuenta de Facebook denunció un “fuerte patriarcado dentro del MAS”.

 3) La ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias incorpora la figura del femicidio con una pena de 30 años de prisión sin derecho al indulto. El caso del femicida y violador serial en cuestión demuestra que no se cumple por la justicia patriarcal, pero también hay responsables políticos. Además, se desnuda que en 15 años de “proceso de cambio” no se democratizó la justicia, ni incorporó la perspectiva de género como se había prometido.

La ley 348 tiene una trampa jurídica para las mujeres: permite insólitamente que un hombre violento se victimice y la utilice para hacer una contradenuncia a su víctima-mujer por “violencia de género” y neutralice toda investigación que podría iniciarse por la denuncia de una mujer. Esto podría considerarse como una aberración jurídica, por lo que a principio del 2021 por presión de las mujeres, el Estado se comprometió a reformar dicha ley, pero todo quedó encajonado. 

Es inadmisible que un hombre pueda utilizar una ley que es de defensa de las mujeres y que se aprobó especialmente para proteger a las mujeres violentadas, lo que denota la concepción de “violencia de género”, machista que tiene la clase política que aprobó dicha ley con esa trampa jurídica. 

Cuando se da un caso de violencia desde una mujer hacia un hombre, que por cierto son casos ínfimos, esta debe conceptualizarse como otro tipo de violencia, nunca como violencia de género.

El tema de la violencia de género no está en la agenda política, ni está instalado en la sociedad boliviana, como sí lo está en la sociedad argentina gracias a la campaña  “Ni Una Menos” y al trabajo hermanado, autónomo y apartidario  de las mujeres. 

*Periodista y psicóloga boliviana. Activista feminista y antirracista. Especialista en Género (UBA), colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Graves e ilegales, filtraciones de Fiscalía por desaparición y probable feminicidio de Liliana Lozada en Puebla

 

Puebla, Pue.- Liliana Lozada de Jesús, de 33 años, fue reportada como desaparecida el 4 de enero de 2022, pocos días después personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla filtró a “Diario Cambio”, un medio de circulación local, datos personales de la víctima y de la propia carpeta de investigación. Pero no fue la única filtración, el 21 de enero medios de comunicación informaron del hallazgo del cuerpo sin vida de la modelo, incluso antes que familiares pudieran verlo, y más tarde dieron a conocer detalles de cómo se le habría privado de la vida.

Para integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), estas filtraciones son graves, no sólo por la revictimización en contra de Liliana, sino porque también reflejan la falta de garantías de un debido proceso y la carencia de perspectiva de género por parte de la institución, mientras que para el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Javier Carrasco Solís, esta práctica no sólo es ilegal, sino que es el reflejo de la corrupción dentro de las dependencias de procuración de justicia, que, además, puede generar un sentido de impunidad.

Desde las primeras filtraciones, Comunicación e Información para la Mujer AC (CIMAC), organización que tiene un Observatorio de Medios, habría solicitado a la Fiscalía investigar el hecho y subsanar los agravios, así como intervención a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De acuerdo con CIMAC, el oficio enviado no tuvo respuesta.

Buscan distraer y disminuir presión social

La Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, comentó durante una entrevista para Cimacnoticias que las filtraciones en el caso de Liliana Lozada son graves. “La autoridad no debe filtrar porque sí pone en riesgo la investigación, sobre todo la información, porque además se puede manipular. La propia autoridad puede hacer un uso no claro, confunde y no debe. Eso es violatorio, eso está establecido en el protocolo de investigación, no se debe de hacer, es falta de debida diligencia”, explicó.

En tanto que el abogado del OCNF, Carlos Humberto Olvera González, agregó que existen varias cuestiones negativas respecto a estas filtraciones, ya que las autoridades no están garantizando ni protegiendo el debido proceso, además de violar los derechos humanos de la víctima.

“Hay un tema que no es jurídico donde fiscalías hacen estas filtraciones para estigmatizar a víctimas, desestimar o desincentivar a la sociedad de exigencia de la sociedad y voltear la responsabilidad a las víctimas”, dijo el abogado.

Revelar información personal y sensible de las víctimas y otras personas involucradas en el proceso penal violenta el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También revelar datos de las carpetas de investigación contraviene el artículo 106 del mismo código. Por lo cual, dijo Olvera González, podría haber desde sanciones administrativas hasta una inhabilitación a quienes hicieron las filtraciones.

Aunque para Javier Carrasco, del IJPP, los medios de comunicación y los periodistas también podrían ser objeto de consecuencias por la vía civil, es decir, a través de una demanda por daño moral. “Ellos (los medios de comunicación) compran la información al servidor público […] es responsable el medio que lo está comprando cuando sabe que no debería publicar toda la información”, expuso.

Las consecuencias, desde su punto de vista, deben alcanzar a todas las personas responsables de la filtración, porque a las víctimas se les afecta mucho en su imagen, en la protección de sus datos personales e, incluso, porque se puede afectar la neutralidad de las autoridades cuando toman las decisiones.

Evidencian falta de ética periodística

Rafael Hernández García Cano, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, dijo que la revelación de datos desde la desaparición de Liliana Lozada es “un asunto delicado” y que pone en evidencia la falta de ética periodística. Aclaró que si bien la libertad de expresión está protegida por la normativa nacional e internacional, ésta tiene como límites o restricciones los Derechos Humanos de las personas, como son la privacidad y el honor.

“Aquí me parece que se están afectando las dos cosas, por un lado, el derecho a la vida privada, que tendría que proteger el hogar, la oficina, el ámbito laboral, los expedientes médicos, legales y personales, y por otro lado se está afectando el derecho al honor y con ello, podríamos sospechar de cierta revictimización de la persona […] aquí hay un problema de ética periodística, aquí hay un problema con Diario Cambio”, añadió el también académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

También reconoció que la tutela de los datos personales y sensibles de Liliana le corresponde a la Fiscalía, quien tendría que ajustarse a los criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Cuestionada al respecto la coordinadora del Observatorio de Medios de CIMAC, Cirenia Celestino Ortega, dijo que algo que han encontrado es que en México hay un periodismo que revictimiza, que cuestiona la vida de las víctimas, que defiende a los agresores, desde el origen de la información, que son las autoridades.

En el caso particular de Puebla, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla, apunta en el documento “Seguimiento al Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales” que en 75 por ciento de las notas analizadas la fuente de información son las autoridades, ya sea de forma oficial o extraoficial.

“Lo que notamos es justamente que la institución, las personas que ocupan (cargos en) esas instituciones, no conocen en marco normativo al cual se deben, no reconocen su responsabilidad como funcionarios y funcionarios públicos. Entonces falta capacitación para estas personas que ocupan estos puestos muy importantes para que se reconozca el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia”, añadió Cirenia Celestino.

Piden investigar filtraciones

En un escrito fechado el 14 de enero de 2022, la organización CIMAC pidió a Myriam Berenice Flores Temoltzin, de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, iniciar una investigación exhaustiva que subsane los agravios y violaciones del proceso de la víctima y su familia, después de las filtraciones, además de enviar una comunicación a la familia para que presente la denuncia ante las autoridades correspondientes y brinden atención por parte de Oficialía de Partes del Programa de Presuntos Desaparecidos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla. Hasta la fecha el oficio no ha tenido contestación.

A su vez, consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitieron un posicionamiento en un sentido similar, donde piden “se investigue a la persona o personas funcionarias públicas que incumplieron con su deber de proteger la vida personal y dignidad de Liliana y se imponga la sanción establecida por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Impiden a mujeres indígenas ejercer sus derechos político-electorales

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Ciudad de México.- La autonomía de los pueblos indígenas para elegir su sistema de gobierno y nombrar a sus autoridades ha provocado que las mujeres no puedan votar ni se electas para ocupar cargos públicos, como demuestran las denuncias de mujeres de Ocotequila, en Guerrero, y San Miguel Tulancingo, en Oaxaca.

“No han sido suficiente todas estas instituciones que se han ido constituyendo de Derechos Humanos, de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las fiscalías autónomas, entidades, instituciones específicas para atender a los pueblos indígenas en todos los estados”, señaló la exsenadora y defensora de los derechos político-electorales, Angélica de la Peña Gómez.

En el ámbito municipal la participación política de las mujeres aún escasa. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Cepal, indica que la presencia de alcaldesas electas avanza a un ritmo lento. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el porcentaje de alcaldesas electas se sitúa por debajo de 15 por ciento. En 2018, en México, el porcentaje era de 21.6.

A esto se suma que en los municipios indígenas que se rigen por sistemas normativos propios es común que no se permita a las mujeres votar y ser electas. En esos espacios las mujeres luchan por una vida libre de violencia, ejercida por los hombres, los funcionarios y la comunidad, a la par de buscar el derecho a participar en política, destacó la abogada Claudia Aguilar Barroso.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en el país hay 13 distritos con mas de 60 por ciento de población indígena, ubicados en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. En estos estados las mujeres han denunciado procesos electorales donde no se les permite votar y ser votadas o se les violenta para que dejen los cargos públicos que han conseguido.  

Mujeres de Ocotequila se animan a votar 

Este 3 de febrero el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero anuló la elección de los integrantes de la Comisaría Municipal, celebrada el pasado 2 de enero, porque las autoridades locales negaron el derecho de nueve mujeres a votar. Ahora el ayuntamiento deberán reponer el proceso y permitir la participación  de las ciudadanas. 

El 2 de enero nueve mujeres de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, en el estado de Guerrero, se animaron a ejercer su derecho al voto por primera vez, pero cuando lo intentaron las autoridades comunitarias no les permitieron hacerlo porque les dijeron que “las mujeres no votan”.

La periodista, fundadora de El Jale Noticias y consejera electoral, Antonia Ramírez Marcelino —quien fue una de las mujeres a las que les negaron el derecho a votaren esta comunidad— explicó en entrevista que en las comunidades indígenas persisten costumbres que no dan valor a las mujeres. 

Es por eso que ante la negativa de participar, con la asesoría de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y de la Defensoría Especializada en Derechos Políticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, el 6 de enero las mujeres presentaron un juicio electoral ciudadano ante el ayuntamiento de Copanatoyac.

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El recurso llegó al Tribunal Electoral estatal, que 3 de enero les dio la razón. “Se nos violentó nuestro derecho al voto, la Constitución dice que todos somos iguales y también podemos participar y también podemos elegir a las autoridades y eso es lo que se argumentó”, detalló Antonia Ramírez.

Esta es la primera vez que las mujeres de la comunidad, en su mayoría adultas mayores, decidieron ejercer su derecho al voto. La idea rondaba entre ellas desde hace varios años, cuando comenzaron a preguntarse por qué solo los hombres tomaban decisiones.

“Las mujeres también vivimos dentro de esta comunidad y las decisiones que se tomen también nos afectan. La Constitución dice que tenemos derechos, pero dentro de la comunidad, en los sistemas normativos, las mujeres no son tomadas en cuenta”, explicó.

En entrevista, la también defensora de los Derechos Humanos mencionó que en este juicio el Ayuntamiento respondió al Tribunal Electoral estatal que se convocó a toda la ciudadanía a votar, incluidas las mujeres, pero cuando las quejosas acudieron ya había concluido el horario de votación, lo cual no sucedió así.

Sin derecho al voto mujeres casadas de Tulancingo

En contraste con las mujeres de Ocotequila, las mujeres del municipio de San Miguel Tulancingo, en el estado de Oaxaca, optan por no votar y no arriesgarse a exigir este derecho porque saben que de hacerlo pueden ser víctimas de violencia en su comunidad. 

Como ejemplo, el 11 abril de 2021 la comunidad eligió concejalías del municipio y de cinco cargos uno fue para una mujer, quien fue electa regidora. Sin embargo, la exregidora, Rosario Velazco Velazco, impugnó la elección argumentando que el municipio debió garantizar mayor participación de mujeres como candidatas.

No solo eso, la exregidora denunció que en el proceso no se permitió que mujeres casadas fueran candidatas. En entrevista, la exfuncionario comunitaria destacó que en septiembre de 2019 la asamblea general de vecinos determinó que solo las mujeres viudas, separadas y madres solteras podían ser electas.

Las mujeres casadas no pueden aspirar a un cargo, porque las personas de la comunidad señalaron que ellas no han desempeñado ninguna otra comisión en la comunidad, por tanto no tiene experiencia ni capacidad y su participación política podría generar problemas en los matrimonios.  

La denuncia de  Rosario Velazco fue fructífera y el pasado 14 de enero el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca invalidó la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento de San Miguel Tulancingo, por vulnerar el principio de progresividad en perjuicio de las mujeres de esa localidad y porque en la elección solo votaron 18 mujeres cuando en la elección de 2019 acudieron 43.

A pesar de que la denuncia de la exregidora era para abrir las puertas a que más mujeres ocupen estos cargos, ha sido violentada por supuestamente denigrar a las mujeres.

Después de la resolución, el 15 de enero los integrantes del ayuntamiento convocaron a una reunión comunitaria, donde informaron que fueron destituidos porque una persona —cuyos datos fueron protegidos en el proceso ante tribunales— denunció que si a las mujeres casadas no se les permite cupar cargos en el ayuntamiento tampoco se les deja votar. 

Los entonces funcionarios aseguraron que la persona que los denunció fue la última exregidora, es decir Rosario Velazco; desde entonces ella ha sido acusado de querer permanecer en el cargo público que ocupó y de deshonrar al pueblo.

El exsíndico Luis Velasco Velasco, quien ejerció el cargo en el mismo periodo que Velazco Velazco, la acusó de tener ocurrencias al pedir que las mujeres participen en los procesos de administración de los servicios públicos, por eso aseguró que le deberían dar “unas nalgadas” para que que aprendiera.

Al siguiente día el ayuntamiento convocó a las mujeres de la comunidad, incluyendo las casadas, para informar lo que sucedió. Ante las presiones, las mujeres prefirieron no apoyar a la exregidora y decir que no tenían interés en participar ni en ser representadas.

En esa asamblea también acusaron a Rosario de ser la mujer que destituyó a todo el cabildo y ser un mal ejemplo para la comunidad. Ante esta violencia, la exregidora analiza presentar una denuncia por violencia política de género.  

Denuncias se repiten en municipios indígenas  

México reconoce los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, especialmente el derecho a la autonomía y la libre determinación, pero también existe el derecho de las mujeres a la participación y a la representación política, detalló la abogada Claudia Aguilar Barroso, durante un conversatorio organizado en enero por el colectivo 50+1, que promueve los derechos políticos de las mujeres.

La constitucionalista destacó el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, en el estado Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en 2016 fue víctima de violencia política y fue obligada a renunciar a su cargo, testimonio que ejemplifica las situaciones que viven las mujeres indígenas en política, quienes muchas veces ni siquiera reciben el respaldo de sus partidos políticos, cuando participan en elecciones partidarias.

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O bien, explicó la abogada, un testimonio más reciente, es el caso de la presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, Sonia Luisa Gallegos, quien ganó las elecciones de junio de 2021 en su localidad, por lo cual fue amenazada e incluso hombres del municipio le impidieron ingresar a su comunidad.

Estos casos, uno ocurrido en Chiapas en 2016 y otro en Oaxaca en 2021, dijo la abogada Aguilar Barroso, ilustran la desigualdad de género en la participación política de las mujeres indígenas en todo el país. Otro ejemplo es el asesinato de la exdiputada local del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca,  Ivonne Gallegos Carreño, ocurrido en marzo de 2020.

Además, mencionó, los sistemas normativos indígenas se tienen que analizar considerando que en general en las comunidades no se valoran las aportaciones de las mujeres a la vida comunitaria y por otro lado que las mujeres no acceden a otros derechos básicos como la educación o  la alimentación; o bien, no tiene garantía de una vida libre de violencia.

Hoy, agregó, cobra relevancia el discurso de la comandanta Ramona, quien en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, de 1997, dijo “para llegar, aquí hemos tenido que vencer a todos los que nos ven como algo que sobra, algo que quieren que no exista; hemos llegado aquí venciendo la resistencia de algunos de nuestros compañeros que no entienden la importancia de que las mujeres estemos participando de la misma manera que los hombres”.

En el mismo conservatorio organizado por el colectivo 50+1, la ex legisladora y defensora de la participación política, Angélica De la Peña, destacó que la Constitución federal establece que los Derechos Humanos de las mujeres tienen que ser respetados y los usos y costumbres no pueden estar por encima de los Derechos Humanos. 

“No han sido suficiente todas estas instituciones que se han ido construyendo de Derechos Humanos, de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las fiscalías autónomas, entidades, institucionales específicas para para atender a los pueblos indígenas en todos los estados”, declaró.

La integrante del colectivo 50+1 agregó que en muchas comunidades de los estados que concentran 75 por ciento de esta población indígena: Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Guerrero, las distintos autoridades de las comunidades indígenas toman los usos y costumbres por encima de los derechos de las mujeres.

Instituciones y mujeres han señalado que en este contexto es necesario valorar la aportación de las mujeres en las comunidades y garantizar que el sistema jurídico nacional, incluyendo los sistemas normativos y de partidos políticos, protejan los derechos de las mujeres indígena.