Foto: César Martínez López/ a crisis de desapariciones en México golpea especialmente a las adolescentes.-La
CIDH documentó que más de 29 mil mujeres permanecen desaparecidas en
México, en un contexto marcado por la violencia de género y la
impunidad.
La desaparición de mujeres y niñas en México responde a patrones de violencia de género que continúan sin ser atendidos de manera efectiva por las instituciones de justicia. Así lo concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre desapariciones en México 2026,
donde advierte que el país enfrenta una crisis humanitaria marcada por
la impunidad, la insuficiente investigación de los casos y la falta de
una respuesta integral del Estado.
El informe señala que, hasta junio de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba más de 128 mil personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 503 son mujeres.
Aunque los hombres representan la mayoría de los casos a nivel
nacional, la CIDH identifica un patrón particularmente preocupante:las adolescentes de entre 15 y 19 años constituyen el único grupo de edad en el que desaparecen más mujeres que hombres, una tendencia que evidencia la dimensión diferenciada de la violencia que enfrentan niñas y adolescentes.
La Comisión destaca que el mayor número de mujeres desaparecidas se concentra entre los 15 y 19 años, seguido por el grupo de 20 a 24 años, mientras que el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco encabezan las entidades con más registros de desaparición de mujeres.
Trata, explotación y violencia feminicida
La
CIDH advierte que las desapariciones de mujeres tienen causas
multidimensionales, pero existe una estrecha relación con la violencia
de género y la trata de personas.
El informe documenta que muchas víctimas son captadas mediante engaños afectivos o «grooming» a través de redes sociales, videojuegos y aplicaciones móviles para posteriormente ser sometidas a explotación sexual, trabajo forzado o esclavitud doméstica. También refiere casos vinculados con adopciones ilegales y explotación económica.
Además, alerta que numerosas desapariciones terminan enfeminicidio y que las investigaciones suelen desarrollarse sin perspectiva de género, lo que contribuye a la impunidad.
«La desaparición también ha sido utilizada como herramienta de represalia contra mujeres defensoras de derechos humanos», advierte
el organismo, al tiempo que insiste en que las fiscalías deben aplicar
protocolos especializados y análisis de contexto para investigar estos
delitos.
Madres buscadoras sostienen la búsqueda
El informe reconoce que, ante las deficiencias institucionales, las familias —principalmente las madres buscadoras— han asumido gran parte del trabajo de localización de personas desaparecidas.
La
CIDH considera que los colectivos de búsqueda han sido fundamentales
para impulsar investigaciones y localizar fosas clandestinas, pero
advierte que continúan enfrentando amenazas, violencia y una protección insuficiente por parte del Estado.
También señala que persiste una profunda desconfianza hacia las
fiscalías debido a la lentitud de las investigaciones y a que, en
numerosos casos, las propias familias terminan realizando diligencias
que corresponden a las autoridades.
Persisten la impunidad y la crisis forense
Aunque la Comisión reconoce avances institucionales desde 2018, como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda y diversas reformas legales, considera que éstos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Entre
los principales desafíos identifica la falta de prevención, la débil
coordinación entre instituciones, la sobrecarga de investigaciones, la
impunidad y la crisis forense derivada de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado.
Para
la CIDH, superar esta situación exige fortalecer las capacidades de
búsqueda e identificación humana, investigar las desapariciones con
enfoque de género y derechos humanos, desmantelar las redes de
complicidad con el crimen organizado y colocar a las víctimas y sus
familias en el centro de las políticas públicas.
.-Ciudad
de México.- La justa deportiva con más aficionados en el mundo está por
comenzar y la sede será la Ciudad de México, un territorio que se ha
vuelto zona de protestas a menos de 48 horas del arranque oficial del
mega evento deportivo pero lo que acompaña las vítores de algarabía
futbolera, sin duda son las voces de las Madres Buscadoras quienes
exigen que el gobierno del país haga su trabajo para localizar a sus
familiares desaparecidas, porque solo en el epicentro mundialista se
registran 10 mil mujeres desaparecidas.
Es necesario no perder el
contexto en el que se dará esta justa deportiva, de acuerdo con el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al 9 de
junio del 2026, en México hay 134 mil 870 personas, de las cuales 29 mil
237 son mujeres.
Pero solo la Ciudad de México, la sede mundialista tiene un acumulado de 10 mil 010 mujeres desaparecidas y 12 mil 889 hombres.
En Jalisco, otra sede, tiene 5 mil 855 mujeres desaparecidas.
Y Nuevo León, la tercera sede: 10 mil 621 mujeres desaparecidas.
Ante
la situación, las Madres Buscadoras de sus hijas desaparecidas han
salido a las calles de la Ciudad de México a visibilizar lo que está
sucediendo en el país y a exponer la inacción del gobierno mexicano ante
los hechos.
Una de ellas es Vanesa Gámez, madre de Ana Amelí,
desaparecida el 12 julio del 2025 en el Pico del Águila, ubicado en el
Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la Alcaldía de Tlalpan, quien
señaló en entrevista para Cimacnoticias que ellas como colectivo ya no buscan mesas de discusión con el Gobierno de México.
«Lo
que queremos es que hagan lo mínimo que tienen que hacer: investigar,
encontrar a nuestros familiares y además quitar todo este crimen
organizado y macrocriminalidad que está atacando nuestro país y que
ocasionan la desaparición de nuestras hijas e hijos».
Gámez, dijo
que el Gobierno de México, «no entiende el concepto», porque asegura no
son personas perdidas, sino que vivieron una desaparición, lo que
conlleva un acto de violencia, una privación ilegal de la libertad. Por
eso, en colectivas estas Madres se han dado a la tarea de salir a las
calles de la Ciudad de México a explicar la situación y lo hacen tanto
en español como en inglés a visitantes o turistas que vienen a la justa
futbolera.
Esta madre buscadora, aseguró:
«Queremos que las y los localicen, no que los busquen, que los encuentren».
Vanesa
Gámez quien se ha convertido en uno de los rostros más visibles en las
manifestaciones de las personas desaparecidas comentó que sus esfuerzos
por visibilizar la situación han sido reprimidos por el Gobierno porque
todas las fichas de desaparición que pegan son borradas y quitadas
inmediatamente, con la finalidad de no dejar rastro de sus exigencias.
La
Madre Buscadora, señaló que estos días estarán presentes en el Ángel de
la Independencia a un lado de la megamanta que colgaron para generar
conciencia ante la sociedad civil sobre la desaparición de personas en
el país. Ahí se concentrarán entre las 9 de la mañana y las 5 de la
tarde y lo harán todo el mes de junio.
Para el día miércoles 10 de
junio están convocando a una velada, una marcha nocturna iluminada en
el Metro Ligero estación Ciudad Jardín para caminar desde ahí hasta
algún acceso al Estadio de futbol Ciudad de México. En este punto se
reunieran todas las colectivas quienes han llegado a CDMX procedentes de
distintas partes de la República.
Para el día 11 de junio, el
inicio de la justa mundialista, las Madres Buscadoras estarán presentes
cerca del Estado inaugural desde las 8 de la mañana y buscarán hacer
presencia en todos los puntos de acceso que tendrán las y los asistentes
al partido para seguir visibilizando la situación que enfrentan.
Futbol entre mujeres desaparecidas
México
atraviesa una crisis de personas desaparecidas y esto lo constató el
pasado 2 de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada (CED) al informar que decidió solicitar al
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remita
urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a su
Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al
Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de
este crimen.
El Comité
de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), señaló que
la magnitud de los casos de personas desaparecidas pone de relieve la
gravedad de la situación, por lo que citaron el continuo hallazgo de
fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4
mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600
restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.
Para
dar un ejemplo de esta situación, en 2024, la entonces Comisionada
Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, calculó que en México
desaparecieron 18 mujeres diariamente entre 2008 y 2023 y para este 2026
según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), en el 2025 desaparecieron 6 mil 993 mujeres
menores de edad, lo que equivale a 19 niñas y adolescentes cada día.
No
olvidemos que la crisis forense en México fue reconocida en mayo de
2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro
Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después
de que un grupo de mujeres buscadoras denunciara la existencia de un
gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una
institución capaz de atender lo que llamaron la crisis forense.
Además
de estas protestas en la Ciudad de México por parte de las Madres
Buscadoras, se dio a conocer que se sumarán otras causas como: Madres y
Padres de jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa e integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes
están tomando al unísono las calles para manifestarse.
Foto: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Fotogramas del video.- Ciudad
de México.- Las madres buscadoras han decidido manifestarse en el
epicentro del Mundial de futbol 2026 para visibilizar la crisis de
desaparición de personas que enfrenta México, ayer intentaron acercarse a
las inmediaciones del estadio del partido inaugural, hoy están en los
llamados Fan Fest desplegando los rostros de sus familiares y también se
apropiaron de la digitalidad para exponer sus demandas, por lo que la
colectiva Manos Buscadoras de Jalisco lanzó un video crítico donde
utilizan recursos futboleros para acercar a las personas a la grave
violación de derechos humanos que viven.
A través de este video
que subieron a sus redes sociales, Manos Buscadoras convocaron a las
protestas que llevaran a cabo este día de la inauguración del Mundial.
Ellas están desde muy temprano este día en el Ángel de la Independencia
donde exigirán a lo largo del día: verdad, justicia y acciones ante la
crisis de desapariciones en México.
El video inicia con una
canción emblemática: Cielito Lindo. Una clásica entonación de las y los
aficionados al futbol que entonan al unísono cuando juega la selección
varonil de México y en los primeros segundos dan la primera cifra: 130
mil personas desaparecidas en México mientras aparecen mujeres
buscadoras con palas, herramientas para buscar a ras de tierra.
A
partir de ese momento de forma consecutiva se miran los rostros de
personas desaparecidas, se publican sus nombres completos y fecha de la
última vez que se les vio.
Posteriormente aparece una foto
emblemática: zapatos apilados desenterrados, haciendo alusión al
hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron
encontrados 400 pares de zapatos, docenas de prensas de ropa, que dieron
cuenta de un sitio que era utilizado como campo de exterminio. El lugar
fue encontrado por la colectiva Guerrero Buscadores.
Estos
zapatos se muestran mientras acontece un festival de globos aerostáticos
en las pirámides de Teotihuacán, en el estado de México.
Incluso se observa una imagen aérea del Rancho Izaguirre.
En
tanto aparecen imágenes emblema del país como el águila, el jaguar, el
estadio de futbol sede del Mundial, el Palacio de Bellas Artes, los
canales de Xochimilco, siempre se intercalan con más rostros de personas
desaparecidas.
Posteriormente entra la voz de Juan Gabriel,
cantante mexicano mientras se observan imágenes de partidos de futbol de
otras décadas mientras aparece la leyenda: Aún no los encontramos y
Hasta encontrarlos.
La crisis que refleja el video
México
enfrenta una crisis de personas desaparecidas y de omisión por parte
del Estado mexicano. En cuanto a cifras el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas al 11 de junio del 2026, mismo día en
que inicia el Mundial de futbol hay 134 mil 903 personas desaparecidas,
de las cuales 29 mil 247 son mujeres.
Pero solo la Ciudad de México, la sede mundialista tiene un acumulado de 10 mil 010 mujeres desaparecidas y 12 mil 889 hombres.
En Jalisco, otra sede, tiene 5 mil 855 mujeres desaparecidas.
Y Nuevo León, la tercera sede: 10 mil 621 mujeres desaparecidas.
Ante
la situación, las Madres Buscadoras de sus hijas desaparecidas han
salido a las calles de la Ciudad de México a visibilizar lo que está
sucediendo en el país y a exponer la inacción del gobierno mexicano ante
los hechos.
No olvidemos que el pasado mes de abril el Comité de
las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió
solicitar al Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones
forzadas en México a su Asamblea General para que esta considere medidas
destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación,
castigo y erradicación de este crimen.
El Comité de las Naciones
Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), señaló que la magnitud de
los casos de personas desaparecidas pone de relieve la gravedad de la
situación, por lo que citaron:
«El
continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se
han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200
cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos
humanos no identificados».
Además, esta crisis forense fue
reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después
de que un grupo de mujeres buscadoras denunciara la existencia de un
gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una
institución capaz de atender lo que llamaron la crisis forense.
Ciudad de México. Lo que para muchas mujeres este 10 de mayo es un día de celebración, para las madres buscadoras es una oportunidad de alzar la voz, denunciar y exigir razón sobre la ubicación de sus hijos. “Este mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, es una de las consignas principales de la Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos.
Con decenas de lonas, carteles, fichas de búsqueda, mantas, figuras de cartón y fotografías con rostros de personas desaparecidas al pie del Ángel de Independencia, cientos de madres y familiares aseveraron que como cada 10 de mayo, “alzamos la voz y seguimos sosteniendo que como madres hoy no tenemos nada que celebrar en un país con más de 133 mil personas desaparecidas, nuestros hijos e hijas, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas”.
Al concluir la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia” que salió desde el Monumento a la Madre, los diferentes colectivos provenientes de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, entre otros, y también de países centroamericanos, reiteraron que “somos nosotros las madres, hermanas, hijas, esposas, las familias, quienes seguimos buscando a uno de nuestros seres queridos desaparecidos, como lo hemos hecho siempre, quienes los buscamos en fiscalías, en las cárceles, en los montes, buscamos mientras el gobierno no busca”.
Alzamos la voz por ellas, afirmaron, por las madres hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas, cubanas, venezolanas, de todas las nacionalidades que desaparecen en México, que buscan a sus hijos e hijas en este suelo que les dio desaparición en lugar de protección.
Diana Loaiza, madre colombiana que vino a alzar la voz por su hijo Santiago, desaparecido en 2019 en la zona de La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, pidió que no olviden a los migrantes desaparecidos y permiten que lo encuentre para llevarlo a casa.
Forma parte de la Red Regional de Familias Migrantes y es parte de la Quinta Brigada Internacional de Búsqueda de familias de personas migrantes desaparecidas en el país, que inició labores a inicios de este mes. Mencionó que otras madres centroamericanas están en Chiapas haciendo labores de búsqueda.
Durante el mitin, que se da un mes antes de celebrarse el mundial de la FIFA, los familiares usaron palabras futboleras “para ver si así son escuchados”. Algunos de los manifestantes sudaron camisetas de la selección mexicana personalizadas con el rostro de sus familiares que ya no están y en lugar de número en la espalda, la pregunta “Dónde están”.
“Si nos importa el futbol, claro que sí, pero más nos importan nuestros desaparecidos. Ojalá que cientos de miles de personas que gritarán por los goles de esta Selección, gritaran también por justicia y verdad por nuestros desaparecidos”, enfatizaron.
Oportunidad ante la crisis
El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) remitió la situación de México a la Asamblea General de la ONU en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Ante ello, Amnistía Internacional consideró que esta decisión podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones, así como en medidas de protección para las familias buscadoras y personas defensoras.
Enero, reconoció que el Estado Mexicano no busca a las personas desparecidas ni tampoco garantiza que la seguridad de aquellos que buscan.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana, puntualizó que “desafortunadamente además señalar que el Estado Mexicano sigue sin reconocer que estamos ante una gravísima crisis de derechos humanos, en donde la desaparición es como la punta de la iceberg de esa crisis en este país”, afirmó.
Informó que al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011, de ellas 21 son mujeres. Ademas, recordó que el 90 por ciento de los colectivos está conformado y encabezado por mujeres.
Cambio de 180 grados en cada una de las vidas
Karla Estrada llegó este día desde Chihuahua para participar en la marcha. Lleva casi 10 años buscando a su primogénito, Luis Manuel Rojas, quien despareció el 12 de noviembre del 2017.
“Mi vida cambió totalmente en lo laboral, en lo económico, en lo social, lo familiar, en lo físico y la salud”, lamentó.
Mencionó que su madre, abuela de Luis, cayó en la enfermedad al enterarse de la desaparición. “Ella se fue hace seis años, y fue partirme en mil para mis hijos, el cuidado de mi mamá, y todo lo demás”.
Las nuevas generaciones también se suman a la lucha, como es el caso de María de 12 años. Ella viene desde Torreón, Coahuila, y acompaña a su abuelita y a su padre, pues hace 11 años su tío Jorge Alberto Grana desapareció.
A pesar de su corta edad, nota la tristeza que sufre su abuelita desde que su tío no está. Menciona que aún no participa en las jornadas de búsqueda, porque “es estar en el sol, en terrenos baldíos o peligroso”, pero no descartó que un día pueda ayudar también de esa forma, y no solo mediante la protesta de las marchas.
Antes de finalizar los testimonios, sobre Paseo de la Reforma instalaron una cancha improvisada de futbol, y el mensaje “hagamos que suceda 2026. Hasta encontrarles cascarita. Únete por un gooooool por los desaparecidos”. Los nombres de los equipos fueron Buscadores contra Gobierno, los primeros, que resultaron ganadores, portaron las camisetas personalizadas de la selección.
Para concluir la jornada de protesta, en medio de ciclistas, corredores y patinadores que forman parte del paseo ciclista, los familiares instalaron un memorial con fichas de búsqueda , la mayoría de ellos, de Jalisco en la Glorieta de los Desaparecidos.
Como partes de las acciones de memoria, padres de cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco, en 2023 por policías instalaron una jardinera con fotografías de sus hijos.
Al inaugurar este antimonumento, indicaron que la comunidad de Lagos de Moreno tiene más de 600 carpetas de búsqueda abiertas.
Los padres subrayaron que la labor de un padre de familia es cuidar a su familia y a sus hijos toda la vida. Hicieron un llamado para que también “los hombres se sumen y busquen a sus hijos, porque las madres ya están cansadas”.
En la Glorieta de las y los Desaparecidos, miles de fichas de búsqueda cubren las vallas metálicas que la protegen, por ello, fue necesario habilitar un memorial aledaño frente a la glorieta.
CIMAC Foto: Wendy Rayón.- Ciudad
de México.— De acuerdo con el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), durante el 2025 desaparecieron 6
mil 993 mujeres menores de edad, lo que equivale a 19 niñas y
adolescentes cada día, superando los registros documentados en 2024 con 6
mil 750 casos en el año.
Los datos del RNPDNO sugieren que del
total de niñas y adolescentes desaparecidas en 2025 alrededor de mil 79
continúan sin ser encontradas, mientras que 5 mil 919 fueron
localizadas, de las cuales 8 se encontraron sin vida.
En México la
crisis de desapariciones ya provocó que 123 mil 925 mil personas se
encuentren desaparecidas y no localizadas, de ellas 28 mil 933 son
mujeres de acuerdo con el Registro Nacional. A su vez, la crisis forense
con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar —como lo confirmó el
entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en 2019—
así como las más de 5 mil 696 fosas clandestinas en el territorio.
En
medio de este fenómeno, México mantiene una deuda pendiente con las
niñas y adolescentes desaparecidas en el país, ya que al ser mujeres
enfrentan el fenómeno de desaparición de forma diferenciada que los
hombres. Colectivos de búsqueda han confirmado que es más complicado
encontrar a mujeres desaparecidas, ya que se encuentran atrapadas en
otros delitos como la trata con fines de explotación sexual.
En al
menos ocho entidades como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, estado de
México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, las mujeres
jóvenes son quienes desaparecen más que los hombres.
CIMAC Fotos: Wendy Rayón
Un sistema de explotación sexual que utiliza a las niñas y adolescentes
Aunque
toda mujer en México, sin importar su edad, es propensa a ser víctima
de desaparición, las estadísticas del RNPDNO confirman que son aquellas
entre los 10 a los 24 años quienes con mayor frecuencia son reportadas
como desaparecidas, siendo el pico más alto las mujeres entre 15 a 19
años.
De acuerdo con la organización Tejiendo Redes Infancias la
desaparición de las niñas, niños y adolescentes se enmarca en el avance
del crimen organizado tras dos décadas de la guerra contra el
narcotráfico, sin embargo, cuando se habla de mujeres su desaparición se
caracteriza por violencia diferenciada debido a su género.
La investigación “El reclutamiento de niñas y adolescentes por el crimen organizado en México”
describe que el reclutamiento a través de secuestros tiene la finalidad
de “desarraigarlos” es decir, poner una distancia geográfica y un
aislamiento de las personas de su medio conocido para hacer efectiva la
explotación y evita cualquier intento de escape.
Cuando se trata
de niñas y adolescentes, los modos de captación suelen ser a través de
estrategias de seducción o secuestro y esta es una diferencia marcada
por su género, aunque también se dan otros casos donde hay uso de
fuerza, rapto, privación de la libertad, participación voluntaria
viciada por las condiciones del contexto, o el hiperconsumismo de
objetos como una forma aspiracional de vida.
Una vez raptadas, la
investigación indica que su uso más común es la trata con fines de
explotación sexual comercial. En México existe una cifra oculta sobre el
número de víctimas, pues algunas proyecciones refieren que hay 49.6
millones de personas que viven bajo estas condiciones en el mundo, de
ellas el 30% se ubican en América Latina y el Caribe y se estima que 270
mil corresponden a México.
CIMAC Foto
El
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
indica que son mujeres y menores de 18 años la población más vulnerable
(48.8%), pero si se segrega por género, las mujeres conforman el 65% de
las víctimas frente al 35% de los hombres.
Durante la presentación
de la «Agenda integral de política pública: Acceso a la justicia
reparación del daño y restitución de derechos de las personas
sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual»,
acontecida en junio de 2025 en la Cámara de Diputados, se mencionó que
la conexión entre el género y la trata es la prostitución.
Son
precisamente las niñas y adolescentes quienes quedan expuestas a otro
tipos de violencia como la sexual, enfermedades de transmisión sexual o
embarazos no deseados. El diagnóstico muestra que 9 de cada 10 víctimas
de prostitución y otras formas de explotación sexual son niñas,
adolescentes y mujeres de ahí que México ocupe el primer lugar de
producción de pornografía de este sector.
Aunque pasa de forma inadvertida, esta es una realidad que se ve reflejada en la investigación periodística «Testigos del Horror» de
Sandra Romandía, quien, a través del testimonio de María, una de las
sobrevivientes del Rancho Izaguirre, describe que en el lugar llevaban
niñas menores de hasta 10 años de edad quienes experimentaron violencia
sexual y de las que jamás se volvió a saber durante lo que llamaban «el
mes de las mujeres».
El reclutamiento forzado, la otra cara de su desaparición
De acuerdo con la organización Tejiendo Redes Infancia,
se estima que cada año alrededor de 35 mil a 45 mil niñas, niños y
adolescentes son reclutados por los cárteles de narcotráfico cada año a
través de promesas de dinero rápido y protección lo que lleva a personas
jóvenes a integrarse a dichos grupos.
Datos de la Red de los
Derechos de las Infancias en México (REDIM) no difieren de esta
realidad, en su Balance 2025 explicaron que de enero a noviembre de
2025, señalaron que 278 personas entre 0 y 17 años fueron identificadas
como víctimas de trata de personas, de las cuales 210 eran mujeres y 68
hombres.
Revisando la información sobre adolescentes encontraron
que en 2024 entre 388 y mil 84 personas fueron privadas de la libertad
en el país por delitos relacionados con el crimen organizado. Los
estados con mayor número de casos fueron estado de México, Sonora y
Chihuahua, zonas asociadas a la presencia de grupos criminales y
disputas por el control del territorio.
Entre las actividades para
las que son utilizados se encuentran mensajería o halconeo, tráfico y
venta de droga o incluso para cometer robos, extorsión u homicidio.
También se sabe por la investigación “El reclutamiento de niñas y adolescentes por el crimen organizado en México” que las niñas y adolescentes son utilizadas para desarrollar funciones de halconeo o traer información como «panteras».
Foto de fondo: Cimac Foto
Foto Roxana: Citlalli López.- Oaxaca
de Juárez.- La autoridad municipal de San Martín Itunyoso trató de
obstaculizar el cateo para la búsqueda de Roxana López Martínez, vista
por última vez el 20 de febrero luego de haber acudido a la casa del
edil.
Para frenar el acceso de los elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Agencia
Estatal de Investigaciones, fue colocada una camioneta oficial en el
acceso principal a la localidad, posteriormente se convocó a la
ciudadanía a impedir el ingreso del operativo, situación que no fue
respaldada por los habitantes lo que permitió el cateo de tres puntos de
manera simultánea.
Información extraoficial apunta a momentos
ríspidos que derivaron en la agresión hacia elementos de la AEI, incluso
su retención de manera momentánea.
En una foto tomada previo al
ingreso de los elementos se observa una camioneta atravesada en la calle
Benito Juárez a la altura de la casa del presidente municipal Vilgaid
López Guadalupe.
La familia de Roxana ha señalado que, de acuerdo
con testigos de la población, aquél fue el último lugar en donde se vio a
Roxana quien fue citada ahí por Dagoberto López Díaz, sobrino del
munícipe.
A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO) informó que en el operativo participaron 150 elementos
de corporaciones estatales y federales.
Agregaron que como parte
de las investigaciones se aplicó el análisis forense digital a equipo de
telefonía móvil, así como análisis de contexto para identificar
diferentes líneas de investigación que permitan dirigir en forma
estratégica los trabajos de búsqueda y localización.
La
desaparición de mujeres en el estado de Oaxaca se expresa en dimensiones
alarmantes. En lo que va del año la Unidad de Búsqueda de Personas No
Localizadas (DNOL) ha emitido 113 fichas de búsqueda, en 79 casos fueron
localizadas con vida y en 34 se desconoce su paradero, detallan datos
del monitoreo Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca.
Los hechos
La
desaparición de Roxana ocurrió el 20 de febrero de 2026 aproximadamente
a las 11 de la noche. Testigos en comunicación con la familia aseguran
que Roxana ingresó a la casa del presidente municipal, Vilgaid López
Guadalupe, pero ya no la vieron salir. Ella había sido citada en ese
lugar por su novio Dagoberto López Díaz, sobrino del edil.
“Este
muchacho fue quien mandó a citar a Roxana. Hay testimonio y testigos que
vieron llegar a Roxana llegar a ese domicilio y también hay otras
evidencias en donde se sabe que esta persona mandó a citar a Roxana.
Después de eso desapareció. Días después la madre de Roxana acudió a
hablar con la mamá de Dagoberto, pero han negado que Roxana hubiera
llegado a ese domicilio”, expresó.
Basado en las fichas de
búsqueda emitidas por la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas
(DNOL) el monitoreo Violencia feminicida de Consorcio Oaxaca registra
113 reportes de mujeres desaparecidas del 1 de enero al 7 de abril de
2026 Del total 79 fueron localizadas con vida y se desconoce el paradero
de 34 mujeres entre ellas Roxana.
Durante la pasada sesión del
Congreso de Oaxaca la diputada local Cony Rueda exigió la comparecencia
inmediata del fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla ante el pleno al
señalar que existe opacidad y el silencio institucional ante la
desaparición de Roxana.
“No fue un hecho aislado, fue un hecho con
contexto, nombres, con un último lugar donde fue vista. La casa de un
familiar directo del poder municipal y aún así la fiscalía no ha hecho
nada: ni cateos, ni órdenes de aprehensión ni interrogatorios. A más de
un mes sólo hay fichas pegadas en las paredes y una familia abandonada
por el estado”, expresó.
La falta de acción de la fiscalía fue
leída por la legisladora como complicidad y encubrimiento. “Cuando hay
señalamientos claros y se decide no actuar, la fiscalía deja de ser
institución y se convierte en cómplice”, sostuvo.
Wendy Rayón.- Ciudad
de México.- Tras la presentación en la conferencia Mañanera de
Presidencia y sin el acompañamiento de las familiares buscadoras hoy se
dieron a conocer cambios en el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) los cuales fueron rechazados por
organizaciones promotoras de derechos humanos porque: “distorsiona la
realidad” y se minimiza la responsabilidad del Estado frente a la crisis
de desapariciones.
Esta vez no es la primera vez que la 4T
realiza un ajuste al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), recordemos que fue también en una Mañanera pero
del 18 de marzo del 2024, cuando la secretaria de Gobernación Luisa
María Alcalde presentó el ajuste que el gobierno federal realizó al
registro.
A dónde van los desaparecidos, recordó que fue en junio de 2023 cuando el Gobierno federal anunció un nuevo censo que permitiría la actualización de la cifra de personas desaparecidas, con el propósito de desmentir que
el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fuera el que mayor número de
víctimas registraba y en diciembre de ese año fue presentado con el
nombre de Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Se dijo que esa estrategia solo había «rasurado el registro».
Ahora,
esta es una nueva iniciativa del Gobierno Federal por querer
reorganizar las cifras de personas desaparecidas, pero en esta ocasión
le tocó al gobierno de Sheinbaum, la cual detallaron, les llevó tiempo
de trabajo.
Marcela Figueroa Franco, Titular del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien estuvo
presente en la Mañanera de este día, detalló que desde la creación del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la
Comisión Nacional de Búsqueda, se han registrado un total de 394 mil 645 casos.
Aunque su creación es de 2018, el Registro incluye casos de 1952 a la fecha, aclaró.
De
ese universo, dijo, el 66 por ciento, es decir, 262 mil 111 personas ya
han sido localizadas; y de ellas, 92 por ciento, 240 mil 211, fueron
encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96 por ciento
no fue víctima de algún delito.
De las 132 mil 534 personas que
continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas: 2 mil 356
corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Estas
desapariciones en su mayoría tienen que ver con la guerra sucia,
aseveró.
Por otro lado, se dijo que de 2006 a la fecha, hay 130
mil 178 registros de personas que continúan con estatus de
desaparecidas. De este total, y derivado del análisis que llevaron a
cabo durante los últimos meses, el gobierno de México diferenció tres
distintos grupos:
El primer grupo de registro en la plataforma
corresponde a 46 mil 742, que corresponde al 36 por ciento del total que
no tienen datos completos. Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo,
fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los
hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aun así, se mantienen el
registro.
El segundo grupo está compuesto por 40 mil 308 registros
[31 por ciento] que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y
de los cuales, después de una revisión en diversos registros
administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la
fecha de su desaparición, entre ellos: matrimonios, altas en el SAT y
cambios de domicilio en el INE.
El tercer grupo, de 43 mil 128
casos, el 33 por ciento del total corresponde a registros con datos
completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda
exhaustiva en registros administrativos, no se han encontrado aún
coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de
desaparición, afirmaron en la Mañanera.
En
resumen. Indicaron que de los registros de 2006 a 2026: 46 mil 742, el
36 por ciento del total, no tienen datos suficientes para la búsqueda.
Solo
40 mil 308, el 31 por ciento del total, tienen datos suficientes para
la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de
desaparición, y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y
formalizar su localización.
Hasta el momento 43 mil 128 registros,
el 33 por ciento del total, son registros con datos suficientes para la
búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o
trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3 mil 869
cuentan con carpeta de investigación.
Por
lo que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló
que acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la
dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con
búsquedas administrativas en registros públicos.
Esta organización
promotora de derechos humanos se dijo preocupada que de 46 mil
registros de “datos insuficientes”, no se anuncien acciones para
subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la
búsqueda a sus familias, porque las deficiencias del Registro no son
atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su
creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar
acciones inmediatas de búsqueda.
Además, el Centro Pro mencionó
que solo reconocer solo 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas
evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar,
especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales
que alcanzan a las fiscalías.
Por lo que señalan que frente a una
desaparición, siempre ha existido la obligación de abrir una
investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales para
garantizarlo, las familias seguirán enfrentando barreras para la
apertura de investigaciones penales.
Por su parte, organizaciones
en conjunto: el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Data Cívica,
el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD; Elementa;
IBERO; Justicia Pro Persona; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia, IMDHD, Voces Mesoamericanas; Globla Exchange y Serapaz
firmaron un documento en el que rechazan este trabajo desempeñado por el
Gobierno de México en cuanto al registro de personas desaparecidas en
el país y señalaron «la trampa de la obligatoriedad» que detallaron esta
mañana en Presidencia.
Esto, lo señalaron porque supuestamente
partir de ahora, las Fiscalías estarán «obligadas» a abrir carpetas de
investigación por desaparición, por eso necesitaron aclarar que eso no
es nuevo, ya que existe desde la entrada en vigor de la Ley General en
2017.
Afirmaron que esto ignora que el verdadero obstáculo no es
la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión
sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o
clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar.
«Condicionar
el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta
es premiar la ineficiencia institucional». Afirmaron.
Las
organizaciones también advirtieron de afirmaciones vertida como que el
96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se
haya dado a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión. Sin
claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a
minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del
Estado.
Además,
afirmaron que en un país donde la cifra negra oculta (delitos no
denunciados) alcanza el 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de
investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de
la realidad.
Expusieron que el número de carpetas de
investigación no equivale al número de personas desaparecidas. El RNPDNO
reporta hoy más de 132 mil desapariciones, una cifra que es resultado
de la lucha histórica de las familias. Pretender validar únicamente una
cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento
de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda.
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El cuerpo sin vida de Verónica pasó tres años ocultó en su domicilio,
un accidente con el ganado permitió a su familia saber de su feminicidio
y no las acciones de búsqueda de las autoridades
*
Este trabajo fue realizado bajo la coordinación y propuesta de la
Comisión de Investigación de la Red Nacional de Periodistas (RNP).
El
13 de abril de 2022 fue la última vez que vieron a Verónica Sánchez
Flores en la comunidad de Jacal de la Piedad, en el municipio de Amealco
de Bonfil, Querétaro. Habían terminado las fiestas patronales del
pueblo y la mujer, conocida por trabajar en cosechas, limpieza de casas y
parcelas, se despedía de algunos familiares con la intención de irse a
trabajar a la ciudad de Querétaro.
Nunca llegó.
Durante tres
años fue buscada por su padre y sus hermanos. La Fiscalía abrió una
carpeta por desaparición, se difundió una ficha de búsqueda y se
realizaron diligencias en distintos estados del país. Sin embargo, su
cuerpo permaneció todo ese tiempo dentro de su propio domicilio.
Fue
localizado el 28 de julio de 2025 dentro de una fosa séptica en la
misma casa donde vivía. El hallazgo ocurrió de manera fortuita: una vaca
cayó en el hoyo cubierto con láminas y tierra. Al retirar los objetos
para limpiar el lugar, familiares encontraron el cuerpo.
El caso
expone una de las realidades que atraviesa decenas de desapariciones de
mujeres en México y es que la violencia previa, no atendida ni
denunciada, puede escalar hasta convertirse en feminicidio mientras las
instituciones tardan en identificar el contexto de riesgo.
Verónica Sánchez estuvo desaparecida por tres años, después se descubrió que fue víctima de feminicidio.
Una mujer que quería irse
De
acuerdo con su prima y abogada del caso, Danahe Castañeda, Verónica
tenía más de 50 años y había dedicado gran parte de su vida al trabajo y
al sostenimiento de su familia. Vivía con su pareja y algunos de sus
hijos en la comunidad. Según testimonios recabados en la investigación,
era víctima de violencia económica, psicológica y física dentro del
hogar.
“Ella trabajó muchísimo tiempo para su familia. Limpiaba
casas, cosechaba, hacía de todo. Donde hubiera trabajo, ahí estaba (…)
Le quitaban el dinero que ganaba. Había insultos, golpes. Incluso hubo
ocasiones en que se quedaba a dormir afuera de su propia casa porque no
la dejaban entrar”, explicó Castañeda.
Danahe Castañeda es prima Verónica Sánchez y ha acompañado a su familia en el acceso a la justicia. Crédito. Jovana Espinosa
En
los meses previos a su desaparición, Verónica había comenzado a buscar
una salida, de acuerdo con lo relatado, se estaba empezando a dar cuenta
que no merecía esos tratos y buscaba una forma de mantenerse segura.
“Quería
dejarlos, quería irse a trabajar a Querétaro. Ya estaba viendo cómo
hacerlo y viendo a sus familiares de acá de la capital para venirse a
vivir aquí, de hecho ya se estaba despidiendo”, señaló la abogada.
La
última vez que su padre la vio fue pocos días después de las fiestas
patronales de la comunidad. Le dijo que viajaría a la capital del estado
para trabajar. Después de ese momento, no volvieron a saber de ella.
En
mayo de 2022 se inició formalmente la carpeta de investigación por
desaparición, gracias a sus hermanos. Durante las primeras diligencias,
los hijos de Verónica declararon que la habían visto en otros estados
del país. Las versiones señalaban que estaba en Guanajuato, Michoacán y
otros estados. Además, la denostaban corriendo rumores de que se había
ido con otro hombre y que había dejado a su esposo por él.
Ficha de búsqueda de Verónica Sánchez
De
acuerdo con el protocolo, la Fiscalía tuvo que enviar solicitudes a
esas entidades para verificar la información. Todas las búsquedas
resultaron negativas, lo que también influyó en perder el tiempo y poder
lograr localizarla, debido a la información falsa que daban su esposo e
hijos. Mientras tanto, sus otros familiares continuaban buscándola por
su cuenta.
“Sus hermanos fueron quienes más movieron la carpeta y
quienes intentaban confirmar si realmente estaba en otros estados (…)
Sobre todo porque la información que recibían en la comunidad y las
autoridades por parte de los hijos y del esposo, que decían que ella
andaba de vida alegre en otras entidades”, explicó Castañeda.
Con
el paso del tiempo surgieron otras sospechas. Los familiares sabían que
Verónica había sufrido violencia dentro del hogar y pidieron que se
investigara su propio domicilio, incluso la policía municipal acudió al
lugar, pero no encontró indicios.
Danahe nos explicó que la fosa
séptica donde estaba el cuerpo estaba cubierta con láminas, tierra y
materiales. En la comunidad rural, además, el olor no generó sospechas
porque en las casas cercanas hay animales, por lo que tuvieron que pasar
tres años para el hallazgo del cuerpo, el cual ocurrió por accidente.
Un feminicidio dentro del hogar
Tras
el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía inició primero una investigación
por homicidio. Tres semanas después, las pruebas genéticas confirmaron
la identidad de la víctima y la carpeta fue atraída por la unidad
especializada en feminicidios.
Las investigaciones periciales
determinaron que la causa de la muerte fue un traumatismo
craneoencefálico provocado por un objeto contundente. Según la Fiscalía
General del Estado, el feminicidio ocurrió en abril de 2022 dentro del
domicilio de la víctima, en la comunidad de Jacal de la Piedad.
La
investigación señala que Julio “N”, pareja de Verónica durante más de
20 años, la agredió físicamente y le provocó el golpe que causó su
muerte. Posteriormente, Emmanuel “N”, hijo de la víctima, habría
participado en ocultar el cuerpo dentro de la fosa séptica del mismo
domicilio.
Por lo que en febrero de 2026 ambos fueron vinculados a
proceso. El primero por feminicidio y el segundo por un delito
vinculado a la desaparición de personas, al ocultar el cadáver. Ambos
permanecen en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación
complementaria.
Pérdida de evidencia y otras omisiones
El
hecho de que el cuerpo permaneciera oculto durante tres años generó
consecuencias en la investigación. Mayra Dávila, fundadora de la
colectiva Adax Digitales, que acompañó el caso, señaló que la
descomposición del cuerpo implicó pérdida de evidencia clave.
“El
tiempo que el cuerpo permaneció oculto provocó una pérdida importante de
evidencia para la investigación. Este caso también refleja un problema
más amplio en Amealco: una violencia estructural contra las mujeres que
se sigue repitiendo y frente a la cual aún no vemos acciones
contundentes de política pública”, explicó.
Mayra Dávila, fundadora de la colectiva Adax Digitales.
Además,
es importante revisar la violencia estructural y normalizada en
Amealco, la forma en que se hacen las investigaciones de las personas
desaparecidas y las acciones de prevención que se deben de tener para
este tipo de casos.
“Yo pienso que hubo mucha negligencia ahí.
Este caso de Vero nos da para atender a esta violencia estructural de
Amealco en cuanto a a la violencia contra las mujeres, pues también nos
tiene que abrir la puerta y el panorama para revisar cómo se están
realizando las líneas de investigación para las personas desaparecidas
(…) La vaca fue más efectiva que todo el personal para encontrarla”,
señaló Dávila.
Para colectivos de familiares de personas
desaparecidas, el problema radica en que muchas investigaciones dependen
de decisiones individuales de funcionarios. Yadira González, integrante
del colectivo Desaparecidos Querétaro, señaló que existe un protocolo
homologado para la búsqueda de personas desaparecidas que obliga a las
autoridades a realizar acciones inmediatas desde las primeras horas del
reporte, como entrevistas, recopilación de testimonios y otras
diligencias de investigación.
Explicó que estas actuaciones deben
realizarse considerando características de la víctima, como si se trata
de mujeres, menores de edad, personas indígenas o integrantes de otros
grupos en situación de vulnerabilidad, ya que la búsqueda debe ser
eficaz y sin demoras, no hacerlo significa una violación a los derechos
humanos.
“Si la fiscalía no actúa conforme a este protocolo y no
realiza las primeras investigaciones que marca la norma, entonces se
incurre en una violación grave de derechos, porque el primer derecho es
el de ser buscado de manera eficaz y sin importar condiciones”, dijo
González.
Sin embargo, indicó que en la práctica muchas de estas
acciones dependen del criterio del Ministerio Público y de la voluntad
institucional. Si el funcionario considera que ciertas diligencias no
son relevantes, simplemente no se realizan, lo que provoca que varias
carpetas de investigación queden sin avances importantes. También señaló
que en muchos casos las búsquedas solo avanzan cuando las familias
presionan a las autoridades.
La activista advirtió que cuando las
diligencias no se realizan en las primeras horas se pierde información
clave, como testimonios o registros, lo que afecta de forma permanente
la investigación. Señaló que en casos como el de Verónica se perdió
evidencia que pudo haberse obtenido al inicio de la búsqueda y que estas
omisiones rara vez tienen consecuencias penales para los funcionarios,
pues generalmente quedan en sanciones administrativas.
“Eso
constituye una violación grave al debido proceso. El problema es que
muchas veces todo queda a criterio del Ministerio Público y, si no hay
una familia presionando o impulsando la investigación, muchas de esas
diligencias no se realizan. Y como no existen sanciones penales para los
funcionarios que omiten estas acciones, todo termina en
responsabilidades administrativas y las omisiones se siguen repitiendo”,
sostuvo.
El fiscal general del estado, Víctor de Jesús Hernández,
señaló que las detenciones se lograron durante su gestión y que ha
mantenido comunicación con la familia.
“En la gestión que me toca
encabezar tuvimos acercamiento con la familia y con colectivos. A partir
de ese trabajo se judicializó el asunto y se logró la detención de dos
personas”, afirmó.
Sobre las primeras actuaciones de la
investigación, indicó que corresponden a la administración anterior,
cuando encabezaba el exfiscal Alejandro Echeverría.
“Esos son
temas que tendrían que preguntarle a otra persona. Lo que yo informo es
el resultado: hay personas detenidas y vinculadas a proceso”, señaló.
El
fiscal general de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, negó tener
responsabilidad en las primeras actuaciones en la búsqueda de Verónica.
Crédito. Jovana Espinosa
Desapariciones y violencia contra mujeres
Cabe
destacar que el caso de Verónica ocurre en un contexto de aumento de
desapariciones y violencia contra mujeres en la entidad.
De
acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 de Red
Lupa, en Querétaro había hasta mayo de 2025 un total de 647 personas
desaparecidas, con un crecimiento del 14% en los últimos cuatro años.
Del
total, 126 son niñas y mujeres, lo que representa 19.47% de los casos.
El 38% de las mujeres desaparecidas tiene entre 15 y 19 años.
Asimismo,
los municipios con mayor número de desapariciones son: Querétaro
capital con 314 casos; San Juan del Río con 77; Corregidora suma 49; El
Marqués tiene 37 y Amealco de Bonfil con 24 de acuerdo con el mismo
informe.
El
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que
en el estado hay 755 personas desaparecidas o no localizadas, de las
cuales 153 son mujeres.
En cuanto a feminicidios, Querétaro se
ubicó entre los estados con mayor incidencia en 2025, cuando se
registraron 14 casos, un aumento del 250% respecto a los cuatro
registrados en 2024. Además, la violencia familiar se mantiene como el
principal delito contra las mujeres, con 4,514 carpetas de investigación
abiertas en 2025.
Fuente. Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 de Red Lupa.
Familia exige justicia
Para
la defensa de la familia, el caso también refleja la normalización de
la violencia en comunidades rurales. Castañeda explicó que en Jacal de
la Piedad muchas agresiones dentro del hogar se consideran parte de la
vida cotidiana.
“Cuando preguntábamos cómo era su relación, la
gente decía que era normal. Pero esa ‘normalidad’ incluía golpes e
insultos”, señaló.
A su juicio, la prevención del feminicidio
también pasa por cambios sociales y tomar acciones concretas cuando
sabemos que las mujeres son violentadas, no verlo como algo normal o que
es parte de la vida privada de las personas.
“Si vemos
situaciones de violencia tenemos que intervenir o apoyar. Muchas veces
se considera un asunto privado y ahí se queda”, afirmó.
La
investigación complementaria por el feminicidio de Verónica Sánchez
concluirá en mayo de 2026. Después de ese plazo el caso podría ir a
juicio o resolverse mediante un procedimiento abreviado, si los acusados
aceptan su responsabilidad.
Para la familia, el proceso ha tenido
tres etapas ya que lo más importante era saber dónde estaba Verónica,
luego conocer cómo murió y ahora obtener una sentencia.
“Lo que
ellos están buscando es justicia. Lo que ellos querían primero saber era
en dónde estaba. Ya supieron dónde estaba. Lo segundo era saber cómo
había fallecido, también eso ya pasó. Lo siguiente fue que se
esclareciera lo que pasó, que si había alguien de la familia de ella
relacionado con el asunto. Eso también ya pasó. Y ahorita lo que ellos
buscan es que se haga justicia a través de una sentencia de condena”,
dijo.
Verónica Sánchez vivió violencia familiar por parte de su pareja e hijos
