6/08/2019

Escalada conservadora contra derechos reproductivos de las mujeres

Una manifestante en Buenos Aires porta una camiseta con el lema "mi cuerpo, mis derechos", una de las consignas de la llamada marea verde, el color adoptado por el movimiento que demanda la legalización del aborto, que está comenzando a extenderse desde Argentina a otros países latinoamericanos. Crédito: Fabiana Frayssinet / IPS

NACIONES UNIDAS, 3 jun 2019 (IPS) - El aborto ha sido siempre un tema polémico a nivel mundial, y el debate lejos de apaciguarse ha vuelto a intensificarse, con el creciente poder de los grupos neoconservadores, tanto religiosos como políticos, lo que obliga a las mujeres y a las organizaciones que las apoyan a levantarse en defensa de sus derechos reproductivos.
En respuesta a políticas cada vez más restrictivas, la sociedad civil está tomando medidas para ayudar a proteger el derecho a decidir de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo.
“El hecho de que los Estados no garanticen los derechos reproductivos es una clara violación de los derechos humanos”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés), Nancy Northup.
“El Centro está comprometido a utilizar el poder de la ley para garantizar que las mujeres y las niñas … tengan acceso garantizado a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva”, agregó a IPS la lideresa de una organización basada en Estados Unidos y con una red de 280 organizaciones que actúan en 75 países.
La investigadora principal de Human Rights Watch, Margaret Wurth, se hizo eco de sentimientos similares, al afirmar que “ninguna sobreviviente de violación debe ser obligada a la maternidad sin la posibilidad de considerar un aborto seguro y legal”.
Niñas, no madres
Los países latinoamericanos tienen algunas de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua penalizan en forma absoluta la interrupción del embarazo, mientras que Guatemala tiene una excepción solo cuando la vida de una niña o una mujer está en peligro.
Aunque el riesgo de mortalidad materna aumenta cuando se producen embarazos en niñas menores de 14 años, todavía muchas se ven obligadas a dar a luz.
Según CRR, más de 2.200 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2018 en Guatemala.
En Nicaragua, ocho de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual son niñas menores de 13 años y el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina, con 28 por ciento de las mujeres que dan a luz con menos de 18 años.
Fátima tenía solo 12 años cuando quedó embarazada después de ser violada por un hombre de su comunidad en Guatemala. Aunque el embarazo era riesgoso, los proveedores de atención médica nunca le ofrecieron un aborto legal.
Después de más de un año de abuso por parte del sacerdote católico de su comunidad, Lucía quedó embarazada a lo 13 años en Nicaragua.
Fátima y Lucía son ahora mujeres jóvenes y dos de las cada cuatro mujeres que han llevado sus casos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el apoyo de organizaciones como CRR y Planned Parenthood Global (planificación familiar mundial), con el fin de buscar justicia y exigir el derecho al acceso a una interrupción del embarazo segura y legal.

“Demasiadas niñas en América Latina y en todo el mundo han sido puestas en situaciones que amenazan sus derechos y ponen en riesgo sus vidas porque no pueden acceder a la atención del aborto”, dijo la jefa de Planned Parenthood Global, Leana Wen.
“Forzar a las niñas a continuar un embarazo sin importar sus circunstancias o deseos, no solo es cruel, sino que tendrá un impacto devastador para ellas, sus familias y sus comunidades”, agregó la responsable de la filial internacional de Planned Parenthood Federation of America (federación de planificación familiar de Estados Unidos).
Desde entonces, gente de todo el mundo han mostrado solidaridad con las cuatro mujeres que publican #NiñasNoMadres: son niñas, no madres.
Retrocesos en Estados Unidos
El acceso al aborto también se ha convertido en un punto neurálgico en el retroceso a los derechos de las mujeres en Estados Unidos, donde en lo que va de 2019 ya se han promulgado un total de 27 normas legales que prohíben o restringen el aborto en 12 estados.
El caso más reciente fue el del estado de Luisiana, donde el día 29 de mayo se aprobó una ley que prohíbe la realización de un aborto  una vez que se detecta un latido del corazón del feto, conocida como un “la ley del latido”.
Un latido fetal puede ocurrir entre las seis y las ocho semanas de gestación, a menudo antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.  La ley no incluye excepciones por violación o incesto.
Luisiana se une a los estados de Georgia, Misisipi, Kentucky, Misuri y Ohio en contar con una “ley del latido”, y establece una pena de hasta 10 años y multas de hasta 100.000 dólares para quienes la incumplan. Alabama es aún peor porque prohíbe el aborto en cualquier circunstancia y condición.
El 31 de mayo, un juez bloqueó temporalmente que la última y única clínica de abortos de Misuri cerrase, lo que le hubiera convertido en el primer estado del país en no tener acceso al aborto en 45 años.
Si bien el aborto sigue siendo legal a nivel federal, estos movimientos amenazan la atención a la interrupción voluntaria del embarazo en forma segura y accesible en Estados Unidos,
“Estamos muy preocupados de que varios estados de Estados Unidos hayan aprobado leyes que restringen severamente el acceso al aborto seguro para las mujeres, incluso imponiendo sanciones penales a las mujeres mismas y a los proveedores de servicios de aborto”, dijo la portavoz de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ravina Shamdasani.
“Hacemos un llamado a Estados Unidos y a todos los demás países para garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos seguros. Como mínimo, en casos de violación, incesto y anomalía fetal, es necesario que haya un acceso seguro a los abortos”, agregó.
Una prohibición total del aborto lleva a las mujeres y las niñas a buscar prácticas de aborto inseguras e ilegales.
Además,  un reciente estudio encontró que las mujeres y las niñas sometidas a la interrupción del embarazo sin garantías de seguridad y legalidad también son más propensas a experimentar ansiedad a corto plazo y pérdida de autoestima, inseguridad económica y la pobreza, junto con la exposición a la violencia de pareja.
Pero todavía hay esperanza.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y Lambda Legal han presentado demandas para ayudar a proteger los derechos reproductivos en Estados Unidos.
Y la ONU también puede jugar un papel mundial a favor del derecho a decidir de las mujeres.
En 2001, una niña peruana de 17 años conocida solo como K.L. se le negó un aborto después de que se le diagnosticara un feto con anencefalia a las 14 semanas.
La negativa tuvo graves consecuencias mentales y físicas en su salud, ya que se vio obligada a continuar con su embarazo y su bebé, una vez que nació, solo sobrevivió cuatro días.
Trabajando con abogados de derechos humanos, K.L. presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que Perú violaba el derecho internacional de los derechos humanos y que sus acciones constituían “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Fue la primera vez que un comité de la ONU responsabilizó a un país por no garantizar el acceso a un aborto seguro y legal.
El Comité también ordenó una compensación financiera a K.L, quien finalmente la recibió una década después en 2015.
“Al ver cómo se ha hecho justicia en el caso de K.L. —mirándolo desde la A hasta la Z— formamos parte de un momento histórico inspirador”, dijo Lilian Sepúlveda, quien dirige el programa legal internacional de CRR y fue una de los abogadas involucradas en el caso.
“Estamos presenciando los resultados de la perseverancia dedicada de los defensores y el poder de la ONU y otros organismos internacionales para garantizar nuestros derechos humanos básicos a la dignidad, la salud y la libertad de los malos tratos”, agregó a IPS.
Esos esfuerzos son más urgentes que nunca para garantizar el acceso a la justicia, así como a la seguridad y la salud de las mujeres y las niñas.

T: MF

Piden erradicar trata y explotación sexual en vez de reconocer “trabajo sexual”


Frente llama a Congreso a proteger a las víctimas 


Ante el intento del Congreso de la Ciudad de México de regular la “prostitución” y legalizarla como “trabajo sexual”, el Frente Nacional Feminista Abolicionista lanzó una petición en línea para que el Legislativo y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, prevengan y erradiquen esta práctica y protejan a las víctimas de trata y explotación sexual.
“El fenómeno de la prostitución tratado con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, enmascara el contenido siniestro de la trata y la explotación sexual”, advirtieron las organizaciones en su petición, disponible en la plataforma Change.org y la cual actualmente suma casi 500 firmantes.
El Frente recordó que la trata y la explotación son delitos criminales tipificados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos, y que “todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como ‘trabajo sexual’ son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, e incumplen los compromisos internacionalmente adquiridos por nuestro país”.
La carta se publicó después de que el pasado viernes 31 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México suprimió la fracción VII del artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, que días, el 16 de mayo, había aprobado y donde en un inicio considero la “prostitución” como falta administrativa.
“Ésta es una acción importante y fundamental en el sentido de que en ésta desaparece la infracción que consistía en invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio”, dijo el diputado morenista, Eduardo Santillán Pérez, a nombre de las Comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Participación Ciudadana.
El legislador destacó la importancia de “no criminalizar el trabajo sexual voluntario”, que en una ciudad de libertades y derechos debe quedar salvaguardado, y al mismo tiempo, combatir la trata de personas y la explotación sexual.
Por su parte, en el Congreso capitalino se han sumado más voces a favor del llamado “trabajo sexual”. Por ejemplo, el 31 de mayo la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local, para crear una “Unidad de Atención Integral a las Personas Trabajadoras Sexuales en la Secretaría de Mujeres CDMX”.
De esa manera, detalló la diputada, se garantizaría la salvaguarda de sus derechos sexuales y reproductivos, además de proporcionarles una “verdadera protección de ley” para erradicar la discriminación y exclusión de la que son víctimas. Agregó que el concepto de trabajo sexual se creó para reconocer la venta de servicios sexuales como un trabajo remunerado y sustituir el de prostitución.
Quiroga Anguiano dijo que ante la constante discriminación, también de autoridades, sería necesario reconocer que las y los trabajadores sexuales, como todos los grupos de atención prioritaria, requieren políticas públicas que busquen respaldar y mejorar la situación de personas dedicadas al trabajo sexual.
Ante esta postura, el Frente Abolicionista argumentó en su petición que “el llamado ‘consentimiento o política de elección personal’, se basa en una visión liberal occidental de los Derechos Humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros Derechos Humanos y de toda noción de bien común”.
“No nos salgan con el trillado argumento de la libre elección”, escribió en un artículo Teresa C. Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), organización iniciadora de la petición. En su columna “Mujeres Cautivas” también dijo: “Se explota a quien carece de oportunidades y no llegaron a la prostitución por elección sino por necesidad”.
Las firmantes exigieron que todo acto legislativo en México debería de regirse por cinco principios: Que la prostitución no debe ser reconocida como un trabajo; que no se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”; que el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito; que no se puede reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros o a otros controles; y que la trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” no pueden estar disociadas porque es un negocio ilícito.
Las iniciadoras de la petición, como CATWLAC, recordaron que en las experiencias de otros países el reconocimiento de la prostitución como trabajo no asalariado y su despenalización resultó contrario a la exigibilidad de derechos, porque no supone un control de la industria sexual, sino que la expande, aumenta la demanda de la prostitución e incentiva a los hombres a comprar sexo de paga en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad, entre otros.
Hicieron hincapié en que el Estado mexicano se obligó a suprimir la trata de personas y la explotación sexual tanto en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y para la Abolición de la Prostitución Ajena, como en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
El Frente Abolicionista rechazó categóricamente la reglamentación de la prostitución como trabajo, y solicitó al Congreso capitalino desechar las iniciativas que intentan reglamentar la prostitución en la Ciudad de México, derogar la sanción establecida en la Ley de Justicia Cívica para las personas en situación de prostitución, al mismo tiempo que pidió diseñar políticas públicas que favorezcan la salida de la “prostitución”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Violencia doméstica machista


“La violencia no tiene género, pero sí tiene casa”, ese parece ser el mensaje repetitivo del machismo para llevar la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres al lugar de donde nunca debería haber salido, según ellos: el hogar, lo doméstico, la familia, para así poder ocultarla entre todos los muebles, adornos y personas que lo forman.
La situación es objetiva, hablar de violencia de género significa sacar la violencia del “domus” u hogar y situar el protagonismo en el hombre que la ejerce a partir de las referencias que ha establecido una cultura androcéntrica, de manera que el argumento de lo doméstico y lo familiar no actúe como parapeto para detener el impacto de los golpes y ocultar de puertas para dentro a las personas que los sufren y los dan.
Por eso quienes viven del machismo nunca se han preocupado de la violencia sufrida por los menores, ancianos, mujeres, hombres… pero en cuanto se vio la necesidad de abordar las violencias con especificidad y atendiendo a sus circunstancias, y se promulgó la Ley Integral contra la Violencia de Género para romper con la normalidad que la envuelve y con la culpabilización de la víctima, entonces a esas mismas posiciones pasivas y distantes con la violencia les entró la prisa para que toda violencia volviera al redil de lo “doméstico y familiar”. Es la forma de ocultar la construcción cultural que normaliza, minimiza y justifica la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, hasta el punto de que la crítica se establece sobre la intensidad de la violencia ejercida, no sobre su uso en sí, tal y como revela la Macroencuesta de 2015 cuando el 44% de las mujeres que sufren violencia y no denuncia dicen no hacerlo porque la violencia sufrida “no es lo suficientemente grave”.
Por eso lanzan la idea de que lo importante es la violencia doméstica y de que “violencia es violencia”, y que por tanto no hay que hacer diferencias entre ellas. Pero su objetivo no es sólo confundir con el significado de las diferentes violencias, sino que también buscan crear la imagen de que las mujeres son tan violentas como los hombres, y que ellas son las máximas responsables de la violencia que se vive en el ambiente doméstico.
El informe presentado por el INE el 28-5-19, sobre la violencia incluida en el “Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género”, aporta datos muy significativos sobre la realidad de estas violencias.
Centrándonos en la violencia doméstica, se observa que los hombres son el 72’6% de las personas que llevan a cabo estas agresiones y las mujeres el 27’4%, mientras que entre las víctimas los hombres son el 37’8% y las mujeres el 62’2%. Es decir, dentro de la violencia doméstica los hombres también son los más violentos, y lo son fundamentalmente contra las mujeres con las que conviven: madres, hermanas, hijas, nietas, abuelas… aunque tampoco se escapan de sus golpes otros hombres del contexto familiar.
El ambiente doméstico reproduce la construcción machista de la sociedad impuesta por una cultura que entiende que los hombres pueden recurrir, si así lo deciden, a la violencia contra las mujeres para mantener el orden decidido por ellos, y a partir de ahí ampliar las agresiones a otras personas.
El modelo machista lo impregna todo, por eso la violencia doméstica es machista, como lo es la violencia de género, aunque en cada uno de los espacios haya margen de sobra para que se introduzcan otras formas de violencia, que no por compartir el mismo escenario tienen el mismo significado. Es lo que muestra el informe del INE respecto a la violencia doméstica al presentarla como una violencia fundamentalmente de hombres contra mujeres.
Pero también se observa otro hecho relevante en el informe, en este caso relacionado con la estrategia reactiva del machismo para intentar defender sus privilegios y detener el avance de la Igualdad. Me refiero a la instrumentalización de las denuncias en un doble sentido:
  1. Por un lado está el argumento de las “denuncias falsas” realizadas por las mujeres bajo la idea de que lo hacen para “quedarse con los niños, la paga y la casa”, y de ese modo reducir la credibilidad de las mujeres potenciando los mitos sobre su perversidad y maldad. Una falacia que demuestran los datos de la FGE al situar las “denuncias falsas” en cifras alrededor del 0’0075%
  2. Por otro, aumentar el número de denuncias contra las mujeres para concluir que son tan violentas como los hombres. Aunque en este sentido, del informe del INE se deduce que las denuncias interpuestas contra las mujeres son más infundadas, puesto que las mujeres son condenadas en el 80’8% de los casos, mientras que los hombres lo son en el 82’7%, en cambio las mujeres son absueltas en el 19’2% y los hombres en el 17’3%.
La violencia doméstica es machista en un doble sentido, por la conducta de hombres que agreden a mujeres para imponer el orden que ellos deciden, y por el intento de utilizar lo doméstico como cajón donde mezclarlo todo hasta esconder el origen de esta construcción violenta, que es lo que en verdad pretende el machismo, trasladar el debate social sobre el origen cultural de la violencia contra las mujeres al escenario particular e individual de cada uno de los hogares donde se produce la violencia. Pero ya no engañan a nadie.

Cuando el agresor es compañero de militancia

Violencia machista & Militancia social
El Salto

En los últimos años ha pasado a menudo en los movimientos sociales: una mujer denuncia una agresión machista de un compañero.

En los últimos años ha pasado a menudo en los movimientos sociales: una mujer denuncia una agresión machista de un compañero. Pese a que los colectivos son cercanos al feminismo, no suele ser fácil gestionar estas denuncias y trabajarlas en el grupo.
En el año 2005, docenas de entidades sociales y centenares de personas que soñaban un mundo diferente se reunieron en Porto Alegre (Brasil) en el V Foro Social Mundial. Durante aquellos días, las mujeres que participaron en el Foro denunciaron 90 violaciones. A fin de rechazar estas agresiones y dar apoyo a las víctimas, las mujeres convocaron concentraciones y también una gran manifestación. Sin embargo, el conjunto de las entidades sociales no las apoyó. No solamente esto, sino que los hombres organizaron otra marcha, a la cual algunos de ellos acudieron desnudos, bajo el lema “Libertad sexual”. Las denuncias fueron silenciadas: no fueron incluidas en la documentación oficial del Foro y tampoco tuvieron ninguna resonancia en los medios de comunicación.
Han pasado 13 años desde que, por primera vez, salió a la luz la violencia machista interna de los movimientos sociales, pero todavía se siguen invisibilizando las agresiones que sufren las mujeres en los entornos de militancia. Y no son ninguna anécdota. En septiembre pasado se trató este tema durante la Acampada de las Pequeñas Revoluciones (Iraultza Txikien Akanpada) en Zubieta (Gipuzkoa), donde se puso de manifiesto una realidad que durante muchos años había sido silenciada: se trata de un problema de grandes dimensiones en los movimientos sociales.
“Ha habido muchos casos en los últimos años. Muchos”, confirman Haizea Núñez, Miren Guillo y Saioa Iraola. Hablan en representación de Bilgune Feminista, una organización que en los últimos años se ha encargado de gestionar muchas de las agresiones denunciadas. Subrayan que se trata de procesos “muy complejos” y que comportan un gran “cansancio emocional”. De hecho, los obstáculos comienzan ya en el mismo punto de partida: hay grandes dificultades, no solamente para identificar las agresiones, sino también para reconocer que existe violencia machista dentro de los colectivos.
“Las violencias que tienen lugar en los espacios activistas son las mismas que tienen lugar fuera de estos espacios. Solo cambia el escenario”, explica Tania Martínez Portugal, que está investigando esta temática. A través de la voz de las mujeres que han participado en ONG, partidos políticos de izquierdas, movimientos autogestionados o colectivos antirracistas y antimilitaristas ha podido analizar la violencia que tiene lugar en los entornos de militancia. El primer obstáculo para la identificación se sitúa en el imaginario: “En estos colectivos se lucha por un ideal transformador común, y se tiende a pensar que la violencia machista queda fuera de estos espacios. Además, el discurso de las comunidades activistas suele ser favorable al feminismo. Se trata de un escenario más perverso”.
Pili Álvarez Moles ha investigado las relaciones de poder dentro de los gaztetxes (centros okupados por jóvenes) y, hoy en día, aplica esta investigación a los movimientos populares en general en el marco de la Fundación Joxemi Zumalabe. Se muestra de acuerdo con el diagnóstico de Martínez: “Algunos grupos están amenazados —los gaztetxes, casi siempre— , el enemigo lo tienen fuera: desalojos, multas, confrontación contra las instituciones… Esto hace que haya una fuerte cohesión dentro del grupo, se desarrollan relaciones de confianza. Por esto las agresiones provocan una gran sorpresa: porque las cometen personas de plena confianza”.
Asimismo, ha detectado que los prejuicios que hay en la sociedad en relación con la violencia machista también tienen peso dentro de los colectivos. Por ejemplo, los estereotipos con los cuales se identifica a víctimas y agresores: “El militante perfecto, el activista comprometido, no puede ser un agresor. Y una mujer activista no puede sufrir una agresión, menos todavía si es feminista. Estos mitos son muy peligrosos”.
“Hoy en día, ser machista supone una gran carga. ¿Quién puede sentirse identificado con el monstruo que nos suelen presentar como agresor?”, añade Jabi Arakama. Es miembro del grupo Gizonenea, del centro comunitario Auzoenea, de Iruñea, donde ha trabajado con hombres que han cometido agresiones, a través de la reflexión en torno a la masculinidad. “En estos espacios, históricamente, hemos sido contrarios a las opresiones, porque nosotros éramos los oprimidos. Es muy difícil identificarse con el opresor y reconocer que, en la medida en que formamos parte de esta sociedad, nos hemos socializado igual en algunas actitudes”. Según Haizea Núñez, para las mujeres también supone una gran ruptura: “Sienten que en estos colectivos tienen un refugio y, de repente, se dan cuenta de que no es así: se quedan sin un espacio de seguridad, a menudo se les quiebra la capacidad de establecer relaciones de confianza. Al fin y al cabo peligran sus valores, han de reinventar las formas de crear complicidades, pensar quiénes son las verdaderas amistades…”.
NO LES CREEN
Estas sensaciones pueden ir a peor cuando la agresión es cuestionada. Y, según Martínez, esto pasa a menudo: “En los casos que yo he conocido e investigado, no las han creído”. Álvarez añade que, en denuncias por otros tipos de agresión, esto no ocurre: “Cuando un militante sufre torturas o abusos policiales, se le cree, se le da apoyo, no hay ningún tipo de duda, de cuestionamiento, de rumores… Sin embargo, con las agresiones machistas, sí”. Saioa Iraola revela un factor que influye en la credibilidad de las mujeres: “Depende de quién haya sido el agresor, y quién haya sido la agredida. De qué estatus tenga cada uno dentro del colectivo”.
Por tanto, la respuesta que se da después de denunciar la agresión dentro del grupo depende a menudo de la actitud del agresor: si niega la agresión, es cuando el problema se enturbia. “Para poner en marcha un proceso colectivo, primero tiene que haber un reconocimiento, si no, es difícil trabajarlo”, afirma Miren Guillo. Iraola explica que, en estas situaciones, los agresores suelen encontrar grupos de apoyo: “Las complicidades entre hombres y el ambiente entre pasillos son muy importantes, y esto está muy ligado a nuestra cultura política: aquí se deciden muchas cosas fuera de las asambleas, y son decisiones basadas en estas complicidades”.
Es entonces cuando empieza la guerra entre las dos versiones: rumores, insistencia en que la mujer repita una vez tras otra el relato de los hechos, la extrema importancia que se le da a los detalles… De la misma forma que pasa en otras esferas sociales, se juzga a la persona que ha denunciado. “A menudo también se responsabiliza a las mujeres de haber roto la unidad del grupo. En nuestros colectivos, el agresor ha estado siempre fuera, y no hemos desarrollado la cultura de hacer autocrítica. Esto provoca que estos tipos de denuncias se consideren un ataque a la identidad colectiva”, explica Martínez. Para ella, despolitizar la violencia es un mecanismo efectivo para quitar responsabilidad al grupo: “Si la violencia sexista es algo que ocurre fuera de nuestros espacios, es más fácil negar que haya pasado, o bien minimizarlo, o tomárselo como una cuestión personal, como si fuese un conflicto entre dos personas. Al fin y al cabo, creer la denuncia quiere decir que el colectivo ha de actuar, y esto incomoda a mucha gente”.
Las consecuencias pueden ser graves. Existe el riesgo de que se fracture el colectivo, pero el impacto más fuerte lo sufren, sobre todo, las mujeres que han denunciado, hasta el punto de abandonar el grupo. Como señala Martínez: “Las mujeres se sienten atacadas por el grupo y deciden alejarse de un espacio donde no se sienten protegidas”. Y añade Álvarez: “Cuando se crean los bandos, quien tiene menos paciencia o fuerza es quien acaba yéndose, que habitualmente son las mujeres: la mayoría no siguen en el grupo para no sentirse cuestionadas, incómodas; para que no se hable de ellas… Los hombres todavía tienen mucha impunidad en nuestros colectivos”.
TAREA DE PREVENCIÓN
Sin embargo, estos procesos no siempre se tuercen. En algunos casos, los grupos han dado credibilidad a la denuncia y el agresor también ha reconocido haber actuado de manera inadecuada. Álvarez ve claro que, en estos primeros pasos, es muy importante el trabajo que se haya hecho previamente: “Si antes no se ha trabajado el tema, casi seguro que la agresión será cuestionada, y muy pocas personas protegerán a la mujer. El trabajo previo no garantiza que se salve el proceso, pero sí comporta un mínimo de concienciación: la militancia conocerá las lógicas de la violencia, sabrá que las mujeres no se inventan las agresiones y, además, tendrán unas directrices para tomar decisiones, para no acabar improvisando”.
En estos casos, se abre la oportunidad de abordar el problema en colectivo. Guillo subraya que esta visión de grupo es muy importante: “Nuestro punto de partida son las necesidades que tiene la persona que ha sufrido la agresión de cara a su recuperación: sentirse escuchada, sentir que la creemos… Sin embargo, en nuestra opinión, la base del proceso no es trabajar con la persona agredida y con el agresor, sino poner en marcha un proceso colectivo, comunitario”, expone.“ De hecho, cuando hay agresiones de este tipo, se produce una fractura en la comunidad: esta también tiene una cierta responsabilidad en el contexto que ha posibilitado la agresión, por tanto, también se ha de reconstituir la propia comunidad”.
Esta visión coincide con una cuestión de base que preocupa a muchos movimientos sociales y feministas: la idoneidad de los mecanismos punitivos del sistema judicial. Las mujeres tienen la opción de ir a los juzgados, pero las entidades están trabajando en un modelo diferente de justicia. Como indica Núñez: “Existe una gran falacia en torno al sistema punitivo. Las responsabilidades son individuales: el problema lo tiene la persona que ha cometido el delito, y la solución pasa por sacar esta persona de la sociedad y encerrarla. Sin embargo, la prisión ya ha demostrado una y otra vez que no soluciona nada”.
A partir de esta premisa, se pregunta: “¿Hemos de seguir en este paradigma neoliberal, según el cual el agresor es un demonio y el Estado será quien salve a la víctima? Si adoptamos un enfoque diferente, según el cual la comunidad ha sufrido una herida y hay una mujer que merece una reparación, ¿creemos que el castigo solucionará esto?”.
En la práctica, en cambio, los grupos suelen adoptar posiciones punitivas: tienden a señalar a los agresores. Jabi Arakama explica que hay una gran diferencia entre las respuestas de las mujeres y las de los hombres: “Las mujeres inmediatamente identifican la violencia como un elemento estructural, dicen que hay que dar respuesta como grupo, y proponen crear un grupo de mujeres para tratar el tema. Con los hombres esto pasa muy pocas veces: les cuesta reconocer que es una cuestión estructural, culpabilizan al agresor, demandan medidas estrictas en contra de él, pero no suelen estar dispuestos a cuestionar sus propias actitudes sexistas”. Núñez vincula esto con el hecho de que los hombres no quieran aceptar una responsabilidad colectiva: “Esta tendencia a dejar claro que el agresor es el otro es muy significativa, y también muy peligrosa. Todos tenemos actitudes machistas, racistas, etcétera. No reconocer que estamos dentro del sistema y que reproducimos actitudes como éstas me parece una falsedad y una excusa”.
EL VETO, TEMPORAL
En cualquier caso, incluso si rechazan el sistema punitivo, los colectivos suelen tomar una serie de medidas con los agresores. Generalmente les imponen vetos, es decir, que les prohíben participar de ciertos espacios, sobre todo para que no coincidan con la mujer que ha sufrido la agresión. “Es una condición para garantizar que la mujer pueda seguir militando tranquila”, precisa Núñez. “Este veto no suele ser indefinido, porque la intención final es que se integre: aquí entra la voluntad y el compromiso del hombre”, añade Arakama. Pero, a pesar de las garantías, alerta del riesgo de sufrir una “muerte social”. “A veces, las respuestas que se dan desde los colectivos pueden llegar a ser más severas que las de un juzgado: perder las amistades o los espacios de socialización tiene un gran impacto en las vidas de los agresores”.
¿Y qué trabajo hacen los hombres mientras dura el veto? Arakama, que suele estar a su lado, explica que su función no es hacer terapia: como mucho aconseja a quienes quieren encontrar atención psicológica. Su función es más política: “Les doy formación sobre masculinidades. Me centro en la problemática de cada uno, pero analizamos las características de la masculinidad: la desvaloración de lo femenino, el modelo de amor romántico, la gestión de las emociones, la homofobia, el uso del poder…”.
Afirma que es un trabajo complejo: “Realmente cuesta darse cuenta de los privilegios propios. Se dan cuenta fácilmente en el caso de ausencia de miedo o de la ocupación del espacio público, pero más allá de esto, es difícil, incluso para quien tiene buena voluntad”.
Se ha de hacer un trabajo profundo. “Un trabajo que no acaba nunca”, precisa. “Pero hay que ponerle una fecha de finalización: el hecho de saber que habrá un término es bueno para todo el mundo. ¿Cuándo? Cuando hayamos trabajado de manera positiva todos los elementos que tenemos en la cabeza”. Aclara que suelen ser procesos que duran en torno a dos años. “Pero no es lo mismo reunirse semanalmente o una vez al mes. Hay que tener en cuenta que no lo hacemos como profesionales, sino que forma parte de nuestra militancia”.
Las miembros de Bilgune Feminista también hacen referencia a esta última cuestión: “Además de intervenciones concretas, también nos piden asesoramiento, pero nos hemos dado cuenta de que a veces hemos acabado haciendo tareas de mediación sin tener la formación necesaria para hacerlo”. Guillo reconoce que, para ellas, la gestión de estos casos ha sido un proceso de aprendizaje: “Hemos ido probando, y, por el camino, hemos identificado algunas carencias. Si lo volvemos a analizar después de las reflexiones que hemos ido haciendo, vemos que no estamos satisfechas con algunas decisiones que hemos tomado o impulsado. Por tanto, el proceso de aprendizaje no está cerrado”.

Trump, como mi perro, con un santo manotazo derribaría al gatito (López Obrador) si éste no se cuida


Pedro Echeverría V.

1. Hace una semana les narré con qué crueldad y facilidad, mi perrote asesinó a un pobre gatito callejero que por más de 10 minutos –separados por un alambrado de reja- se retaban seguramente mentándose la madre. Intervine varias veces con mi escoba para alejar al gatito, pero yo mismo tuve miedo. Subiéndose el gatito por las barras con un manotazo lo derribó y en menos de dos minutos lo asesinó. El pobre gato de 15 días de vida era un suicida, un tonto, un iluso que en solitario se confrontaba con el viejo y experimentado perro de 20 años.

2. Durante esa misma semana observé y escuché “las mañaneras” de López Obrador educando a su auditorio en el respeto y la solidaridad. Repitió mil veces que no se confrontaría con el presidente Trump para responder a sus amenazas de aplicar aranceles, impuestos, de cinco por ciento a los artículos mexicanos que lleguen a los EEUU. Repitió AMLO tantas veces acerca de su amistad con Trump y su enorme respeto, que me cansó. Me preguntaba: ¿cómo soportar tanto “amor” a un personaje que representa a los peores asesinos históricos de la humanidad?

3. El presidente de los EEUU, Donald Trump es igual que Obama, Bush, Clinton o Reagan. Sean del partido republicano o del demócrata la historia de los EEUU demuestra que desde 1776 –cuando se funda EEUU- todos los presidentes han sido asesinos, intervencionistas, guerreristas y expropiadores (ladrones) de territorios y riquezas. Trump –que le dicen “animal deslenguado”- no es mejor ni peor; es igual con el defecto (como el expresidente Fox) de hablar de México como un imbécil. Los anteriores a Trump no hablaban; sólo lanzaban bombas, asesinaban, como todos.

4. Todos los gobernantes mexicanos, por lo menos desde los años 40 –es decir desde hace 80 años- han actuado como esclavos de los gobiernos yanquis. Durante ese tiempo y más los EEUU han ordenado golpes de Estado, guerras, regímenes militares, han esquilmado países, les han saqueado su economía y ningún país de América o del mundo los ha colocado donde se merecen como asesinos. Los llamados “países socialistas” –que nunca fueron tales-mantuvieron cierta oposición o contrapeso durante 60 años; pero los yanquis han sometido al mundo como han querido.

5. López Obrador –subrayando mucho su nueva política de “amor y paz”- se ha acercado mucho al ridículo, sin ser necesario. Cuba de los Castro, de 1959 a 1966, con el aplauso de muchos de nosotros, los jóvenes se confrontó con el poderoso imperio, mantuvo una altísima dignidad, pero aunque no la desaparecieron, ha sido semi estrangulada 60 años y ninguna reunión de países u organismos internacionales pudo salvarla. El gran perro imperialista no pudo borrarla del mapa, pero la bloqueó por seis décadas. Yo estaría gritando mi anticapitalismo en las calles, pero en 60 años ni vi nada.

6. La política o proyecto de López Obrador para mi es fuera de serie; puede convertirse en uno o dos años en más de lo mismo. Pero también en ese tiempo se pueden registrar cosas chingonas en beneficio de las mayorías, de los más pobres. Al cumplir este año seis décadas de militancia y activismo en la izquierda radical, mediante el estudio de la historia de las luchas sociales y un millón de experiencias, me he llenado de dudas, escepticismo, pesimismo, pero todo sigue siendo esperanzador. Tengo confianza en AMLO, alabo su izquierdismo y condeno cualquier derechismo.

7. Espero que el PRI, PAN, empresarios, medios de información e imperialismo yanqui –incluso la iglesia y derechistas de Morena- no le pongan freno a sus batallas contra la corrupción profunda y extendida en todo México. Sigo teniendo confianza en las organizaciones de masas como el movimiento obrero, campesino, indígena, estudiantil, magisterial, el de la mujer junto al hombre. Necesitamos una nueva intelectualidad ligada a las luchas del pueblo para enviar a la basura a quienes desde hace 50 años han estado recibiendo mucho dinero y regalos en sobornos del Estado. (8/VI/19)



De la falda al feminicidio


La violencia de género no es un problema local. En todos los rincones del planeta se reproducen todas las formas de violencia contra las mujeres. Desde obligar a usar falda a las niñas en las escuelas, hasta violarlas y matarlas con lujo de fuerza. No se ha roto con el problema de fondo: el abuso de poder entre hombres y mujeres, el uso de la fuerza contra las mujeres que no quieran someterse.
México no es la excepción, tampoco lo es la Ciudad de México. Pero en el país tiene sus propias especificidades, la permanencia de desigualdades sociales y la presencia del crimen organizado son factores del grado creciente de violencia que se vive. Desde hace 10 años, vinculado a la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, las cifras de homicidio y feminicidio se duplicaron y hasta triplicaron, en algunas zonas. Acá el tema ha llevado a crear leyes, instituciones y mecanismos específicos.
El actual gobierno federal y local hoy se distingue de los anteriores en dos elementos: no negar el problema, sino hacer un explícito reconocimiento del feminicidio y la violencia de género como problemas que están en estado crítico, y en colocar en alta prioridad los programas y estrategias para disminuirlo o erradicarlo.
El día de ayer se presentó en la Ciudad de México un conjunto de estrategias que se han construido en seis meses de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entre las principales se mencionaron: las 27 unidades de atención o Lunas, lugares en el que se provee atención sicológica y jurídica, hay dos en cada una de las alcaldías, donde se ha atendido a 25 mil 280 mujeres en situación de violencia. La Red de información es un portal donde se registran en tiempo real la atención a mujeres violentadas en 900 ventanillas (centros de salud, ministerios públicos, procuraduría, alcaldías, Lunas) a fin de agilizar la canalización y atención interinstitucional. La Red de redes de mujeres por la igualdad y la no violencia, grupos organizados de vecinas que hacen visitas domiciliarias para difundir los derechos de las mujeres, recupera espacios públicos, promover la salud sexual y reproductiva y prevenir el embarazo de adolescentes, más dos mil mujeres en 240 vecindarios y pueblos originarios con las más altas tasas de violencia. Se cuenta además con casas de refugio y de emergencia. Paralelamente se creó la Red de jóvenes por la paz y NO violencia, grupos para educar a las nuevas generaciones para lograr una corresponsabilidad y cultura del buen trato en la casa, en el noviazgo y con la pareja. Desde la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Ciudadana y la Semovi se organizan jornadas de Tequio Nocturno, obras de recuperación de espacios públicos, senderos seguros entre escuelas y centros de transporte, una inversión de 50 millones de pesos en 53 planteles de UNAM e IPN, donde hay nueva iluminación cámaras del C5 y vigilancia con 600 elementos de Seguridad Ciudadana, en horarios de salida. Hay además servicios especiales de atención a víctimas de violencia en centros de salud, digitalización del aviso a los MP y atención a casos de violencia de género, las cifras generadas son de siete mil casos de atención integral de violencia sexual: píldora de emergencia, interrupción legal del embarazo, atención integra a personas que viven con VIH e ITSs.
Una de las estrategias más novedosas y prometedoras, es la de las Abogadas de las Mujeres en las agencias del Ministerio Público, ellas trabajan en equipo con los ministerios púbicos para identificación el riesgo de muerte y la ejecución de medidas de protección, las abogadas de los módulos ya han generado 2 mil 107 carpetas de investigación. Otras medidas para mejorar el acceso a la justicia desarropadas desde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, está a revisión de perfiles del personal y a capacitación especializada en perspectiva de género de manera transversal. Hoy además se está buscado llevar las investigaciones sobre feminicidio a estándares internacionales, con los parámetros de las sentencias dictadas en los casos de Campo Algodonero y Mariana Lima. En cuanto a las medidas de protección hay en emisión y número de medidas tramitadas y otorgadas, y judicialización del delito de violencia sexual. Personas Desaparecidas: se introducen además avances tecnológicos para búsqueda de personas con avances tecnológicos.
Lo que caracteriza el enfoque contra la violencia de género en la Ciudad de México es una visión de justicia social, que vincula todas estas estrategias a medidas para incrementar el nivel escolar de las mujeres y su autonomía económica, mediante trabajos que se desarrollan directamente en los territorios de las alcaldías, donde ocurren los fenómenos de violencia. Los programas atienden todo el rango de las violencias, desde la obligación de usar falda a las niñas, hasta sancionar a agresores de todo tipo, incluyendo a los feminicidas. La imposición de la falda no es un tema trivial, es una forma de agravio contra la libertad de las mujeres, porque en la estética personal está la expresión de la identidad y la manera en que queremos mostrarnos al mundo.

“Genocidio” de mujeres indígenas en Canadá, ¿Y en América latina ?

Mujeres indígenas asesinadas o desaparecidas en Canadá. Photo Credit: CBC
«Durante décadas, las mujeres y niñas canadienses indígenas han sufrido desapariciones y asesinatos. Nuestro sistema de justicia ha fracasado. Por desgracia, no es un tema únicamente del pasado. Es vergonzoso y absolutamente inaceptable. Esto debe parar».
-Justin Trudeau, primer ministro
La Investigación Canadiense sobre Mujeres y Niñas Indígenas Asesinadas y Desaparecidas fue creada por el gobierno de Justin Trudeau, después de la asunción de su gobierno a pedido de comunidades indígenas y diversos grupos de la sociedad civil canadiense, quienes exigían desde hace varios años a Ottawa una investigación sobre los 1 800 casos censados de mujeres indígenas muertas y desaparecidas en Canadá en los últimos 40 años.
Esa cifra representa únicamente aquellas de las que se tiene registro ya que tanto la Real Policía Montada del Canadá como las organizaciones indígenas del país estiman que es mucho mayor.
Hoy, tres años más tarde, el informe tan esperado sale a la luz  con una palabra específica que lo define: Genocidio.
El premier Trudeau estuvo presente en la ceremonia de entrega del informe.
Conversamos con Fernanda Yanchapaxi, educadora canadiense-ecuatoriana.
Dos miembros de la familia se reconfortan en una sesión de testimonios de la Encuesta sobre mujeres
 y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en la ciudad de Winnipeg, Manitoba, 2017. Foto: 
The Canadian Press / John Woods
La investigación sobre las más de mil mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá en las últimas décadas concluyó este lunes que el Estado es cómplice de un genocidio planificado, basado en la raza, la identidad y el género, que se apoya en políticas colonialistas y la inacción estatal.
Resultado de tres años de trabajo, el informe establece que, si bien el genocidio canadiense afecta a todos los miembros de los grupos indígenas, está especialmente dirigido a las mujeres, niñas y también a miembros de la comunidad LGTBQI.

¿Estamos realmente ante la presencia de un genocidio?

Fernanda Yanchapaxi  dice que para este tipo de análisis es fundamental mencionar el contexto histórico, es decir, remontarse a la época de la colonización. Una colonización que se dio de manera continua tanto en América latina, como en Canadá y Estados Unidos y que produjo aislamiento y desaparición de las personas indígenas en esos territorios.
“Tomando en cuenta ese contexto, “esta tragedia es un resultado directo, como lo dijo el juez del Informe, de un patrón existente y deliberado de violaciones y abusos de los derechos humanos de los indígenas”.
Eso es un genocidio porque no son eventos aislados y que ocurren solamente en los últimos 5, 10  años. Son eventos persistentes que han sido perpetuados históricamente, que han sido mantenidos por el Estado canadiense que ha estado deliberadamente desplazando y matando a las mujeres indígenas en estas tierras”.
En América latina también se puede aplicar el término genocidio, dice Fernanda Yanchapaxi, pero que esa política se dio en casos menores y tiempos diferentes.
Hay evidencia de la esterilización de mujeres indígenas que ocurrió en Perú donde se continúa esterilizando a mujeres indígenas sin su consentimiento. Esto fue frecuente durante los golpes de Estado donde las políticas estuvieron específicamente dirigidas a aislar y desaparecer a las poblaciones indígenas”.
Fernanda dice que es difícil conocer en profundidad las verdades de lo ocurrido,  “pero sí creo que contribuyen a una comprensión mucho más real de lo que sufren los pueblos indígenas en todos los territorios” del norte al sur.














Roxana Wilson, cuya hija Adriana Cecil Wadhams fue brutalmente asesinada en 1989, 
testificó en Richmond, Columbia Británica, en las audiencias públicas finales de la 
Comisión nacional de investigación sobre los casos de mujeres indígenas desaparecidas 
y asesinadas en Canadá. (Foto: Roxana Wilson)

El informe, un antes y un después

En el caso específico de Canadá Fernanda asume que se trata de un paso importante para poder visibilizar todas las violaciones que ha habido de los derechos y “sobre todo cómo el Estado ha sido cómplice al no poder articular un sistema de justicia que ha permitido no solo el castigo de los responsables sino además de permitir que esto ocurra. El no proteger a las mujeres”.
También recuerda que el mal trato a las comunidades indígenas no se detiene solo en niñas y mujeres. Y da el ejemplo de comunidades del norte de la provincia de Ontario que carecen de agua potable, de viviendas adecuadas o seguras, y donde los niños indígenas siguen recibiendo mucho menos financiamiento que las personas no indígenas en la ciudad.
Entonces es sistemático, no es solo el tema específico de las mujeres sino de cómo se trata a las personas indígenas en general. Hay más de 200 recomendaciones que el Informe hace y que están dirigidas específicamente a la protección de mujeres y niñas indígenas. Y también a otras poblaciones como las personas pertenecientes a  la comunidad LGBTQ2. Todas personas que se encuentran mucho más vulnerables a que esto les suceda”.
Fernanda Yanchapaxi, educadora canadiense-ecuatoriana.
“Creo que lo que aprendí dentro de las comunidades indígenas  y de la educación que recibí en Canadá fue que la educación no era el fin sino el medio para poder llegar a las personas, para que éstas tengan las facultades y las capacidades y la conciencia crítica que necesitan para cambiar el mundo.
Fernanda Yanchapaxi . Indigenous Education
 Network, OISE
Fernanda es indígena, activista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas.  También socióloga ecuatoriana especialista en educación.
Vive en Toronto y tiene años de experiencia trabajando con jóvenes de los grupos considerados más vulnerables, como los inmigrantes o los indígenas.Fernanda ha diseñado marcos educativos para orientar a profesores a trabajar por la reconciliación entre indígenas y no indígenas a través de modelos de aprendizaje transformador.
El informe sobre las mujeres indígenas de Canadá hace un llamamiento particular a todos los niveles de gobierno para que pongan en marcha un plan de acción nacional que aborde la educación, la salud, el empleo, la seguridad y la atención sanitaria.
También proporciona algunas pistas para abordar los problemas que enfrentan las mujeres aborígenes en todo Canadá, en 18 áreas diferentes.
Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Fernanda Yanchapaxi, educadora canadiense-ecuatoriana.

Más información:

Presentan acciones para combatir violencia de género en CDMX


Destacan presencia de “abogada de las mujeres”
   Por: Sonia Gerth


En presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de la Ciudad de México presentó hoy en el Museo de la Ciudad, los avances en los primeros seis meses de la administración, en la prevención, atención y sanción a la violencia de género.
La Secretaria de las Mujeres de la CDMX, Gabriela Rodríguez Ramírez, enumeró varias acciones e iniciativas que se impulsaron: El número de Unidades de Atención y Prevención a la Violencia contra las Mujeres, ahora llamadas “Lunas”, subió de 16 a 27, con un “servicio más integral y absolutamente territorial”. 
Se instaló una red de información de la violencia que monitorea la distribución de los casos, y sobre todo la reincidencia y el peligro de feminicidio. “Este sistema es mucho más ágil en actuar, que los casos lleguen a la procuraduría, y con medidas de protección”, dijo Rodríguez.
Otra iniciativa del gobierno fue la creación de redes de mujeres por la igualdad que consisten en grupos de reconocidas líderes de colonias y barrios, que hacen un trabajo de ir de casa en casa e informar a las mujeres sobre sus derechos.
El complemento de la primera es una red de jóvenes que trabaja con “las nuevas generaciones de hombres” y educa a la no violencia. Además, se cooperó de manera transversal con las Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad, para hacer jornadas de seguridad y recuperar espacios públicos inseguros, y crear “senderos seguros”, por ejemplo entre escuelas y transporte público.
Para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, se trabaja con Centros de Salud, “donde llegan las mujeres golpeadas”, para agilizar el proceso de llegar a las procuradurías. Rodríguez Ramírez, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Procuradora de Justicia de la Ciudad, Ernestina Godoy Ramos, se mostraron muy satisfechas de haber instalado una “Abogada de las Mujeres”, capacitada en perspectiva de género, en cada ministerio público.
“Para mí es muy relevante que hay una mujer abogada en cada alcaldía”, dijo Sheinbaum, y narró de los “cuantos casos que hemos escuchado” sobre agentes del ministerio que invalidaron la experiencia de la mujer, la confrontaron con estereotipos, y por ende no registraron la denuncia. La jefa de gobierno recalcó que desde ahora, “la abogada mujer obliga al MP a levantar la denuncia.”
Este trabajo, en combinación con la Red de Mujeres que trabaja en las colonias, habría llevado al incremento en las denuncias. Ernestina Godoy Ramos, por su parte, dijo que en el trámite de medidas de protección, el número de personas atendidas por primera vez aumentó en un 30 por ciento. “Hemos atendido a mil 584 usuarias más que el año anterior”, dijo.
1329 medidas de protección habrían sido otorgadas, “mucho más que lo anterior”, explicó la procuradora, aunque no dio cifras absolutas comparativas. Godoy relató que su institución ha comenzado un trabajo intenso de capacitar a personas implicadas en las investigaciones en perspectiva de género, implementando los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Campo Algodonero y el caso de Mariana Lima.
En este trabajo, “es importantísimo la relación con las familias” de las víctimas, afirmó la funcionaria, quien también cuenta ahora con una Fiscalía Especializada en Feminicidio, y dos unidades para la investigación de desapariciones con perspectiva de género. Sin embargo, reconoció al igual que las representantes de gobierno, que queda “un trabajo enorme por adelante”, en una ciudad donde de acuerdo con la Secretaria de las Mujeres, la cifra de feminicidio se duplicó en los últimos diez años.
CIMACFoto: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Participación de mujeres en empresas genera mayor productividad: OIT


Mujeres ocupaban menos de 30 por ciento de puestos directivos
   

Las empresas que incorporan políticas de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres tienen hasta 60 por ciento de probabilidades de incrementar su rentabilidad y productividad; potenciar su capacidad de atraer y retener talento; mayor creatividad, innovación y apertura, y mejorar su reputación y demanda de consumidores, aseguró la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el estudio “Argumentos para un cambio” la OIT calcula que tres de cada cuatro empresas que impulsan la participación de las mujeres en su fuerza laboral mencionaron tener entre 5 a 20 por ciento de beneficio en dichos rubros.
A pesar de los beneficios de promover el aumento de mujeres en los centros de trabajo en todos sus niveles, la OIT indica que de las 13 mil empresas que investigó en 70 países, 60 por ciento de ellas comunicó que las mujeres ocupaban menos de 30 por ciento de los puestos directivos y ejecutivos de alto nivel.
A demás, la mitad consideraron que mantener a las mujeres competentes en estas áreas suponía un problema para su negocio.
Así, las empresas siguen segregando a las mujeres en ciertas áreas y profesiones, fenómeno conocido como “las paredes de cristal” precisa la OIT. Ellas predominan en áreas de recursos humanos, administrativas, marketing y ventas; mientras los hombres están en aquellas que se consideran estratégicas para las empresas y suponen un trampolín hacia puestos de mayor rango, áreas como operaciones, investigación, desarrollo y contabilidad.
En este escalafón corporativo más de 78 por ciento de las empresas revisadas por la OIT indicó que sus directivos son hombres, además que la probabilidad de tener una mujer directora se reduce en medida que aumenta el tamaño de la empresa: más del 26 por ciento de las pequeñas empresas tienen directoras ejecutivas, en comparación con 20 por ciento de las empresas de tamaño medio y 16 por ciento de las empresas de gran tamaño.
El estudio publicado el pasado mes de mayo indica que la región de América Latina y el Caribe es donde se encuentra el porcentaje más elevado de mujeres como directoras, 34.1 por ciento. La OIT observa que el continente ha avanzado a un ritmo constante en esta materia. Mientras las regiones con mayor desigualdad son Asia y África, con más de 80 por ciento de hombres en puestos directivos.
No obstante, al observar a México, se encontró que es uno de los países de América con la proporción más baja de mujeres que ocupan el cargo directivo de nivel máximo en una empresa, sólo lo hacen 15 por ciento, según la OIT.
Recientemente en el país el movimiento #MeToo, donde mujeres denunciaron en redes sociales el acoso y hostigamiento sexual que enfrentan en el mundo laboral, evidenció como esta violencia –que ocurre sobre todo en ambientes hostiles y sin políticas a favor de la igualdad- es un factor para la permanencia y crecimiento de las mujeres en los centros laborales.
En este sentido la OIT estima que para que una empresa pueda cambiar su cultura machista a una inclusiva se necesita por lo menos un 30 por ciento de “masa crítica” dentro de los consejos o juntas de administración de las empresas.
Este es punto de inflexión para que la representación femenina empiece a influir sobre una institución y su toma de decisiones. Sin embargo, aunque 70 por ciento de las empresas encuestadas cuentan con consejo de administración sólo 14 por ciento han logrado un equilibrio de representación que oscila entre 40 por ciento y 60 por ciento de cada sexo. Mientras 13 por ciento de las empresas admitió que su consejo está integrado únicamente por hombres.
La OIT analiza que la probabilidad de que las empresas con una distribución equilibrada de género en sus consejos de administración logren mejores resultados comerciales es 20 por ciento mayor. Cuando es una mujer quien preside el consejo de administración, los resultados comerciales de la empresa también lo reflejan favorablemente, asevera la organización.
Aunque casi 75 por ciento de las empresas encuestadas afirmaron aplicar políticas de igualdad de oportunidades o de diversidad e inclusión, la OIT señala que los centros de trabajo deben adoptar más medidas destinadas a este fin que permitan a las mujeres adquirir la experiencia para ascender hasta áreas estratégicas de las empresas.
Otro factor también para el crecimiento de las mujeres en el ámbito laboral es cerrar la brecha de género salarial, añade la Organización.
Según la OIT, en 2018, la tasa media de participación global de las mujeres en el empleo se mantuvo en 48.5 por ciento mientras que la de los hombres alcanzó 75 por ciento. Esto representa 26.5 puntos porcentuales de brecha de género en la participación de ambos sexos en la fuerza de trabajo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Sí hubo genocidio en Canadá dice experto guatemalteco

Michèle Audette, de la Investigación Nacional sobre las Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Canadá, toma la palabra durante la presentación del informe de la Comisión el lunes 3 de junio 2019. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)
“Yo le recomendaría a los políticos leer el libro de James Daschuk que se llama Clearing the Plains o Limpiando las Praderas, léanlo, tómense el tiempo de leer ese libro. No les estoy diciendo que sientan simpatía o nada por los pueblos indígenas. Simplemente que la historia de este país incluye el genocidio. Y si no lo aceptan, pues es una cuestión política de ellos”. Leonzo Barreno, profesor adjunto en la Escuela de Periodismo de la Universidad Regina de Saskatchewan y experto en temas indígenas.

ESCUCHE LA ENTREVISTA CON LEONZO BARRENO

Leonzo Barreno, profesor adjunto en la Escuela de Periodismo de la Universidad Regina de Saskatchewan y experto guatemalteco en temas indígenas, dice que lo sucedido en Canadá no se le puede llamar de otra forma que genocidio, porque lo que hizo el gobierno canadiense con los pueblos indígenas de Canadá fue intencional.
“Aquí calza muy bien eso de culpar a la víctima” porque antes de firmarse los tratados, la relación entre las naciones indígenas y el gobierno de Canadá era de “tú a tú”. En las negociaciones de los tratados se trataba a los pueblos de hermanos y hermanas y los pueblos indígenas aceptaban esa relación, porque creían en el otro lado que les estaba prometiendo salud, educación, respeto y paz.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la copia del informe que fue presentado por los comisionados Marion Buller (centro), Michèle Audette, Brian Eyolfson, (segundo de derecha a izquierda) y Qajaq Robinson. el lunes 3 de junio 2019, en Gatineau, Quebec. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)
Pero dos o tres años después de la firma de los acuerdos el gobierno canadiense intencionalmente reniega su palabra, su honor y el de la corona británica. Niegan los derechos que se comprometieron a cumplir.
“Es a partir de ese momento que comienza lo de las escuelas residenciales y tratar de eliminar a los pueblos al negarle la comida, por lo menos aquí en esta provincia (Saskatchewan). Comienzan ciertas rebeliones indígenas. Los Metis, que también sufrieron mucho, hacen su resistencia”
(Foto: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)
No se puede negar esta historia, dice el profesor Leonzo Barreno, y básicamente lo que hubo aquí en Canadá es genocidio. Y todo lo que se ve hoy en día con los casos de las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas indígenas asesinadas es simplemente un efecto de todo eso.

Sobre este tema conversamos con el profesor Leonzo Barreno

Aborto: batallas en México y Estados Unidos

La relevancia de lo que resolvió la Primera Sala de la SCJN, con unanimidad de cinco votos, es enorme. La historia es la siguiente. A Margarita, de 40 años, una derechohabiente del ISSSTE, le fue diagnosticado un embarazo de alto riesgo, por lo cual ella solicitó un aborto por la afectación a su salud que implicaba proseguir ese proceso. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre le negó una interrupción aduciendo que la Ley General de Salud no establece nada en relación con el aborto por motivos de salud de la mujer.
Aunque el aborto por razones de salud es legal en la Ciudad de México, las instituciones de salud federales, como el ISSSTE y el IMSS, justifican su negativa a realizar abortos aduciendo que son instituciones federales y que el Código Penal Federal no incluye la causal de salud. Ante la negativa, y consciente de que su caso no era el único que enfrentaba la rigidez burocrática de dichas instituciones, Margarita decidió dar la batalla y, acompañada por el GIRE, puso un amparo.
El litigio duró cinco años, y a lo largo de ese tiempo se fueron sorteando distintos obstáculos hasta llegar al pasado miércoles 15, cuando la SCJN resolvió el amparo 1388/2015. En él determinó que el Centro Médico tenía la obligación de proporcionarle a Margarita el servicio de interrupción del embarazo por las afectaciones y riesgos a su salud, y que al no hacerlo violó su derecho a la salud. El proyecto de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que la Ley General de Salud debe interpretarse de tal manera que las mujeres puedan interrumpir un embarazo que esté afectando su salud, ya que si las instituciones de salud se niegan a interrumpir un embarazo que causaría afectaciones o riesgos a la salud incurren en una violación de derechos humanos. Esta resolución establece un criterio sumamente relevante para resolver casos similares, pues señala que el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo cuando haya afectaciones a su salud debe garantizarse con independencia de que la causal salud esté explícitamente en el código penal.
En Estados Unidos la reciente reforma a la ley de Alabama, que sólo permite el aborto para salvar la vida de la mujer, es parte de una estrategia de los ­republicanos para forzar a la Suprema Corte a que revise la resolución Roe versus Wade, de 1973. Este juicio consagró el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo, pero desde entonces los republicanos han intentado revertir la legalización del aborto, obstaculizando al máximo los servicios públicos. Con Trump los republicanos han endurecido su postura, aunque estos dos últimos años ha crecido una rebelión interna encabezada por un grupo de mujeres republicanas a favor de la libertad de elección en esa materia.
El aborto se ha politizado y, en el contexto preelectoral de nuestro vecino del norte, varios candidatos presidenciales demócratas ya salieron a plantear que hay que fortalecer el derecho de las ­mujeres a decidir. El senador Cory Booker fue el primero en declarar que, de ser elegido, él garantizaría en todo el país el derecho al aborto, incluso si la Suprema Corte cancelara la Roe vs. Wade. Luego las senadoras Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren prometieron lo mismo. Por lo visto, el tema del aborto será decisivo en las próximas elecciones estadunidenses.
Por lo pronto, mientras la indignación y la pesadumbre embargaban a las estadunidenses por lo ocurrido en Alabama, Busy Philipps, una joven actriz, lanzó una iniciativa similar al movimiento #MeToo. Con el hashtag #YouKnowMe (“tú me conoces”) les pidió a usuarias de redes sociales que compartieran sus historias personales de aborto. Phillips tuiteó:
“1 de 4 mujeres ha tenido un aborto. Muchas personas creen que no conocen a nadie que haya abortado, pero me conoces a mí, así que hagamos esto: si tú también eres una entre cuatro, compartamos y empecemos a eliminar la vergüenza. Usa la etiqueta #youknowme y comparte tu verdad”.
Inmediatamente hubo una respuesta masiva en las redes sociales.
El activismo feminista, tanto el juvenil que estalla en las redes como el organizado en asociaciones ciudadanas como el GIRE, que litiga casos, son muy importantes. Sin embargo, quiero destacar lo crucial que es el compromiso ciudadano de Margarita, quien, aunque ya tenía “resuelto” su problema, estuvo dispuesta a que su caso sirviera para abrirle el camino a las demás mujeres. Y agradezco la fundamental resolución de la SCJN, que reivindica el derecho a la salud por encima de la negativa a interrumpir el embarazo cuando afecta la salud de la mujer.
Este análisis se publicó el 26 de mayo de 2019 en la edición 2221 de la revista Proceso