6/08/2019

Guerrero debe armonizar legislación con la NOM 046


 Debe asegurar aborto en casos de violación: Grupo de Trabajo
   


El congreso de Guerrero debe reformar el Código Penal estatal a fin de asegurar a las mujeres víctimas de violación los servicios de interrupción del embarazo sin necesidad de interponer una denuncia o tener autorización del Ministerio Público (MP) como lo requiere la legislación actualmente.
Esta es la principal recomendación que emitió el Grupo de Trabajo que atendió la petición de emitir en Guerrero una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado.
La solicitud la hicieron el 8 de marzo de 2019 las organizaciones “Observatorio Ciudadano de Violencia en el estado de Guerrero” y “Justicia, Derechos Humanos y Género”, debido a que el Código Penal estatal en su artículo 159 condiciona el acceso al aborto para las víctimas de violación sólo si el Ministerio Público acredita el delito.
Para las solicitantes ello limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las guerrerenses. Además, las autoridades de salud tienen la obligación de prestar los servicios de aborto en casos de violaciones sexuales sin solicitar requerimientos previos o autorización del MP, basta con la petición por escrito de la mujer bajo protesta de decir verdad, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) sobre la prevención y atención de la violencia familiar y sexual.
El Grupo de Trabajo coincidió con los argumentos de las organizaciones de la sociedad civil y emplazó mediante un informe al congreso de Guerrero a reformar el Código Penal para eliminar el requerimiento de interponer una denuncia penal y esperar la acreditación del delito de violación por parte del Ministerio Público, para autorizar la práctica de un aborto.
Incluso el Grupo de Trabajo sugirió acoplar la legislación de Guerrero a los avances en la Ciudad de México, donde las mujeres pueden acceder al aborto de forma voluntaria en las primeras 12 semanas de gestación.
Los datos que brindó el gobierno de Guerrero concuerdan con las denuncias de las organizaciones civiles sobre el poco acceso a los servicios de aborto para las víctimas de violación y la alta incidencia de este delito.
Informaron las autoridades del estado que de 2016 a 2019 hubo 643 mujeres víctimas de violación sexual. En el mismo periodo, sólo registraron siete casos en los que las mujeres presentaron un embarazo como resultado de la agresión. De ellas, sólo tres solicitaron y se les brindó el servicio de aborto.
También dijeron que el servicio médico público de Guerrero cuenta con 165 personas médicas que prestan servicios de interrupción del embarazo, de los cuales 88 son hombres y 77 mujeres. Destacaron que no tienen registro de que algún médico o médica que se haya negado a practicar un aborto por motivo de objeción de conciencia.
Sin embargo, en la investigación de campo que realizaron las integrantes del Grupo de Trabajo –conformado por la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres- identificaron que el personal de los hospitales teme a realizar interrupciones legales de embarazos ya que se encuentran en el dilema de aplicar lo establecido en el Código Penal de la entidad para no ser sancionados, o seguir las indicaciones de la Norma 046. 
El Código Penal de Guerrero en su artículo 158 indica que la mujer que aborte o consienta a otro para practicarlo, se le impondrá una sanción de uno a tres años de prisión.
De acuerdo con información del estado de 2016 a 2019 se abrieron 13 carpetas de investigación por el delito de aborto, en todas, las imputadas son mujeres y ninguna ha recibido una sentencia.
La recomendación de armonizar el Código Penal a la normativa nacional y de instrumentos internacionales, junto a otras dirigidas a la Secretaría de Salud, el poder Ejecutivo, y la Fiscalía de Guerrero, respecto a la capacitación de los servidores públicos en la aplicación de la NOM 946, aún deben ser aceptadas por el gobernador del estado en los próximos días.
A partir de ese momento las dependencias involucradas tendrán seis meses para cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encaminadas a velar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de Guerrero además de evitar otra declaratoria de AVG, pues cabe recordar que desde junio de 2017 ocho de sus municipios están en Alerta por la alta incidencia de asesinatos de mujeres en razón de género.
En el país esta es la segunda petición de AVG por Agravio Comparado, la primera se solicitó en Veracruz, sin embargo, no hubo las reformas esperadas para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, debido a que las y los legisladores se negaron a seguir las recomendaciones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

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