(Foto: ©iStock/ franciscodiazpagador)
En el informe final de la Investigación Canadiense sobre las Mujeres y Niñas Indígenas Asesinadas y Desaparecidas la palabra «genocidio» fue citada en 122 ocasiones.
El término ya había sido utilizado por la presidenta de la comisión de investigación Michèle Audette
para describir el destino de cientos de mujeres desaparecidas y
asesinadas, y va incluso más allá que los términos utilizados por la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2015 se refería a un
«genocidio cultural» contra los pueblos indígenas.
El documento de 1192 páginas, del cual Radio-Canada
obtuvo copia exclusiva previa a la publicación oficial del lunes, los
comisarios hicieron 18 «llamados a la justicia» en forma de
recomendaciones, entre las que se encuentra la creación de una oficina
de un Ombudsperson (defensor del pueblo) y de instancias especiales de
supervisión policial.
La
creación de esta Comisión en 2016 responde a solucitudes en ese sentido
hechas por diversos grupos civiles durante años para responder a los más de mil casos de mujeres indígenas desaparecidas o asesinadas en los últimos 40 años en Canadá. Esa cifra representa únicamente aquellas de las que se tiene registro
ya que tanto la Real Policía Montada del Canadá como las organizaciones
indígenas del país estiman que esta cifra es mucho mayor.
Ottawa, Canadá, 25 de octubre de 2012: Una manifestación para exigir que el gobierno canadiense ponga en marcha un plan nacional para poner fin a la violencia contra las mujeres en la colina del Parlamento en Ottawa, Ontario. (Foto: ©PaulMcKinnon/iStock)
Entre los llamamientos hechos por los comisionados en este informe final de la Investigación Canadiense sobre las Mujeres y Niñas Indígenas Asesinadas y Desaparecidas, puesta en marcha por el gobierno de Justin Trudeau, hay 231
recomendaciones que cubren áreas tan amplias como la seguridad, la
salud y la industria minera para hacer frente a la situación de la que
son víctimas las mujeres indígenas.
Los Comisionados pidieron la creación de una «Oficina de defensor del
pueblo nacional» (ombudsperson) para los «indígenas y para los derechos
humanos», así como la creación de un «Tribunal indígena y de derechos
humanos».
El informe también exige que los gobiernos federal y provinciales
establezcan organismos civiles de supervisión de la policía indígena.
Organizaciones «fuertes y bien financiadas» que garanticen la
supervisión, entre otras cosas, de las investigaciones que afectan a los
indígenas.
El informe hace un llamamiento particular a todos los niveles de
gobierno para que pongan en marcha un plan de acción nacional que aborde
la educación, la salud, el empleo, la seguridad y la atención
sanitaria.
En conclusión, los Comisarios creen que se necesita un «verdadero
cambio de paradigma» para abolir el «colonialismo en la sociedad
canadiense, en todos los niveles de gobierno y en las instituciones
públicas».
El ex ministro de Asuntos Indígenas bajo el gobierno conservador, Bernard Valcour, designó al informe como «propagandista».
En un mensaje de Twitter, el ex ministro pregunta quién se siente
mejor en Canadá, entre las Primeras Naciones, tras la conclusión de que
«todo lo que queríamos era matarlos a todos».
Bernard Valcourt fue Ministro de Asuntos Aborígenes desde 2013 hasta
la derrota electoral del gobierno de Harper en 2015. Denuncia la
conclusión del informe de que las 1.000 mujeres aborígenes que han
desaparecido o han sido asesinadas en los últimos 40 años son víctimas
de un importante genocidio canadiense contra el pueblo aborigen.
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