El caso de Deisy «N», una niña de 10 años de edad que fue ingresada de urgencia para dar a luz a su bebé en el hospital de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas; puso en la mira una problemática central en México: el embarazo infantil, así como los factores que lo provocan. Actualmente la menor permanece en estado grave y bajo cuidados de terapia intensiva y su caso está marcado por violencia sexual, ya que el padre del bebé es un hombre de 18 años.
Detrás del parto de niña Deisy en Chiapas, hubo un episodio de violencia sexual: Defensoras
Han transcurrido 10 años desde que se creó la ENAPEA en 2015, la cual tiene como finalidad reducir el número de embarazos en adolescentes respetando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De acuerdo con el informe sombra publicado en 2025 «Prácticas nocivas: matrimonio, embarazo, y venta de niñas y adolescentes», la estrategia apostó por dos principales objetivos: disminuir al 50% la fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años y erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años.
No obstante, datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que, entre 2015 y 2023, la tasa de fecundidad del primer grupo de adolescentes pudo reducirse un 16.7%; sin embargo, esto no sucedió con el segundo grupo etario. En 10 años, la razón de fecundidad de estas niñas aumentó de 1.63 a 1.69 nacimientos por cada mil niñas. A esto se suma el caso particular de aquellas entre los 12 y 14 años, cuya tasa pasó de 2.71 a 2.81 nacimientos por cada mil.
La ENAPEA cuenta con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que permiten visualizar las desigualdades que enfrentan las mujeres cuando se convierten en madres a edades tempranas. Además, la estrategia identifica a 12 dependencias para su ejecución junto a la Secretaría de Salud, reúne aportes de la sociedad civil, y con ella por primera vez se incluyó a la población menor de 15 años.
Pese a la creación de esta estrategia, los embarazos en niñas y adolescentes continúan aumentando. El informe sombra indica que un factor relevante es el protagonismo de las instancias religiosas en la elaboración de políticas públicas. La promoción de visiones tradicionales y anti-derechos por parte de organizaciones de la sociedad civil que va en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
ENAPEA, aciertos y pendientes – cimacnoticias.com.mx
Una investigación realizada en 2023 y retomada por el informe sombra encontró que, entre 2016 y 2021, en el estado de Guanajuato hubo avances respecto a la implementación de la ENAPEA, pero quedaron obstáculos para incorporar la perspectiva de género en la estrategia a nivel local. Esto ocurrió gracias a la influencia de la ideología de grupos conservadores y religiosos con poder, cuyo pensamiento va en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
A esto se suman otros factores como la falta de voluntad política; insuficiencia en el presupuesto asignado; falta de personal con sensibilidad y capacidad en derechos; formación inadecuada de instancias locales para aterrizar los enfoques de derechos, género y juventudes; e información deficiente sobre la sexualidad y prácticas sociales específicos a la población de mujeres menores de 14 años.
En segundo lugar, se encuentra la violencia hacia las mujeres, particularmente la violencia sexual. El informe “No es maternidad, es violencia: Embarazo de niñas y adolescentes” indica que la maternidad en niñas y adolescentes suele estar acompañada de abuso sexual, abandono institucional y familiar, así como expulsiones de sus hogares, uniones tempranas o sometimiento a dinámicas de control por parte de sus agresores. En este contexto, la maternidad no constituye una experiencia de cuidado, sino una extensión del abuso.
El documento advierte que los embarazos infantiles y las uniones a temprana edad constituyen formas de violencia sustentadas en estructuras familiares y comunitarias que toleran o normalizan la pederastia a través de dinámicas de poder. En algunos casos, el agresor pertenece al círculo cercano de la víctima y es mucho mayor en edad; en otros, se trata de relaciones atravesadas por la desigualdad económica, la dependencia o la manipulación emocional.
La violencia sexual se sostiene en dinámicas de poder, en silencios cómplices, en estructuras familiares, comunitaria que minimizan el abuso y la pederastia. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que tan solo en 2023, se registraron 9 mil 802 casos de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años, atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.
No obstante, la violencia sexual también se da en contextos de matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF), los cuales son fenómenos que se relacionan con las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas que ponen en riesgo a las niñas y adolescentes.
Violencia sexual infantil síntoma de la normalización de la Pederastia
La normalización de la pederastia, de acuerdo con el artículo “Una revisión de las teorías del feminismo radical sobre el abuso sexual contra la infancia”, está profundamente relacionada con el poder que históricamente se ha otorgado a los hombres, quienes ocupan un papel central dentro de la estructura patriarcal. En muchos contextos familiares, los varones detentan una posición de autoridad que les permite ejercer control sin supervisión ni sanciones externas, lo que facilita que algunos utilicen ese poder para explotar sexualmente a niñas de su propio entorno.
Desde esta perspectiva, el abuso sexual infantil no responde al deseo ni al consentimiento, sino a una lógica de dominación masculina. Para algunos hombres, ejercer control sexual sobre otras personas, especialmente sobre quienes consideran más vulnerables, se convierte en una forma de reafirmar su masculinidad. No se trata de relaciones sexuales consensuadas, sino de actos impuestos mediante la fuerza, la manipulación o el abuso de poder.
Los casos donde las edades entre las mujeres y los hombres son abismales responden a una socialización que enseña a los hombres que sus necesidades son prioritarias y deben satisfacerse incluso a costa de otras personas, en particular de las mujeres. En algunos casos, esta idea se extiende hacia niñas, a quienes suelen ser vistas como objetos sexuales y no como infantes con derechos y autonomía.
En este sentido, la elección de una niña o un niño como víctima no es accidental: se basa en la desigualdad, la dependencia y la vulnerabilidad, condiciones que facilitan la coerción y el abuso. Por ello, el documento señala que el abuso sexual infantil debe entenderse no como un hecho aislado, sino como una consecuencia directa de estructuras patriarcales que toleran y reproducen la pederastia.
Esta problemática se refleja en casos recientes, en junio de 2025 se difundió una lista con 30 nacimientos en los que las diferencias de edad entre las madres y los padres resultaban abismales. Estos datos, proporcionados por la Secretaría de Salud, evidenciaron que se trataba de niñas víctimas de violencia sexual, quienes probablemente se encontraban en contextos de matrimonios forzados con hombre mucho mayores que ellas.
