Cimacfoto.- Ciudad
de México.- A menos de seis meses de la apertura a la Copa Mundial
2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no ha
implementado un marco claro e integral para proteger a las niñas y
adolescentes de daños como la trata de personas, la explotación sexual,
el trabajo infantil y el desplazamiento familiar, entre otras formas de
violencia y abuso, según denunció la organización Human Rights Watch.
Cabe
recordar que fue en 2018 cuando la FIFA otorgó la sede a Estados
Unidos, Canadá y México, los cuales debían crear una Estrategia de
Derechos Humanos. Esta prometía “desarrollar e implementar protocolos de salvaguarda de la niñez”
y abordar los peligros para las infancias, las lagunas en las leyes
nacionales, así como la coordinación entre 16 ciudades de los tres
países.
Sin embargo, pese a este panorama, Human Rights Watch
advirtió que, siete años después, estas promesas fueron ignoradas y que
la protección de niñas y adolescentes que viajarán, asistirán,
observarán y vivirán en las comunidades anfitrionas “no parece ser una prioridad para la FIFA”,
pues indicó que la asociación diluyó el marco de derechos humanos que
prometió, por lo que actualmente no existe ninguna política integral
para proteger a las infancias.
“La Copa Mundial de 2026 debe mejorar los derechos de los niños, no empeorarlos”, declaró Human Rights Watch
Cabe
señalar que, según la Comisión de Turismo, México es el segundo destino
para la explotación sexual infantil a nivel mundial. Las cifras
documentadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México
(REDIM), de enero de 2015 a junio de 2025, contabilizaron 2 mil 963
personas de 0 a 17 años víctimas de trata en el país, de las cuales 2
mil 218 fueron mujeres.
Asimismo, la REDIM advirtió que la Ciudad
de México, la cual será sede de múltiples partidos, es uno de los sitios
más peligrosas para las infancias, ya que concentró el 23% de las
víctimas de trata de personas, de las cuales casi el 80% fueron niñas y
adolescentes, una proporción incluso mayor a la registrada a nivel
nacional.
Esta
particularidad no es un fenómeno aislado, sino que responde a las
dinámicas patriarcales. De acuerdo con la abogada feminista Teresa C.
Ulloa Ziáurriz, la trata de personas y sus formas de esclavitud y
explotación sexual son el segundo negocio ilícito más lucrativo a nivel
mundial. Una vez que son raptadas, pueden quedar vulnerable a vivir otro
tipo de violencias como abuso sexual, explotación sexual, esclavitud
doméstica, trabajo forzado o extracción de órganos.
El que las
mujeres conformen la mayoría de las víctimas de trata se debe a la
manifestación de las desigualdades históricas entre ambos sexos que las
coloca en posiciones de subordinación ante los hombres, siendo que estos
ejercen el poder para someterlas como objetos sexuales como señala el
derecho internacional.
La investigadora Rosa Cobo Bedía explica
que, debido al negocio sexual que involucran la venta de mujeres para
satisfacer los deseos de los hombres, son sus cuerpos y dignidad vistos
como una mercancía. De esta manera, el capitalismo respalda la trata de
niñas y mujeres, así como el fortalece a las sociedades patriarcales
dotándolos de mayor poder.
El panorama actual que enfrenta México podría recrudecerse con la llegada del Mundial, pues de acuerdo con el informe Keeping the Game Safe
de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Miami y el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos,
los mega eventos deportivos atraen a personas que buscan explotar a
niñas y niños en situación de vulnerabilidad, en particular a través de
la trata de personas. Asimismo, las multitudes grandes y densas
incrementan la probabilidad de que las infancias se pierdan o se
expongan a la violencia y la delincuencia.
Pese a ello, el informe
advierte que, durante los mega eventos deportivos, el personal de
seguridad suele encontrarse sobrecargado, lo que dificulta la gestión
eficaz de la protección infantil y genera mayores riesgos. Además, la
atención y los recursos locales suelen centrarse en la logística del
evento, dejando a las infancias asistentes con una supervisión y
servicios de apoyo limitados.
El informe también señala que las
agencias de protección infantil pueden verse especialmente rebasadas.
Sin controles adecuados y sistemas de apoyo contextualizados, las niñas y
niños pueden enfrentar dificultades para buscar ayuda o denunciar
abusos, lo que incrementa su exposición a daños.
Otro factor que
incide en la desprotección de las infancias es el desplazamiento
familiar, ya que durante este tipo de eventos se impulsan proyectos de
desarrollo urbano a gran escala, frecuentemente implementados para
preparar a las ciudades anfitrionas, los cuales pueden derivar en
reubicaciones forzadas. Este fenómeno puede provocar marginación y la
pérdida de sistemas de apoyo comunitario, lo que aumenta aún más la
vulnerabilidad de las niñas.
Ineficiencias por erradicar la trata
Cabe
señalar que el pasado mes de septiembre, la Comisión de Turismo,
presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez, aprobó por unanimidad
una reforma a la Ley General de Turismo con el objetivo de prevenir la
trata de personas y la explotación sexual infantil. En ella se
modificaron las fracciones X Bis y X Ter del artículo 58°, en materia de
seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes en el sector
turístico.
Tras ello, los prestadores de servicios estarán
obligados a solicitar identificación oficial a las personas que hagan
uso de estos servicios, lo que permitirá generar un registro confiable
que complemente las acciones de prevención y persecución del delito de
trata de personas. Asimismo, se solicitará de manera obligatoria a los
turistas acreditar la tutela, patria potestad, guarda o custodia.
Si
bien estas reformas contribuyen a combatir la explotación infantil en
contextos turísticos, es importante precisar que aún no se indican los
mecanismos de seguimiento que se necesitaran implementar para garantizar
que todos los servicios turísticos soliciten dicha documentación; en
consecuencia, la reforma podría resultar ineficaz.
Además, no
basta con modificar la Ley de Turismo y solicitar documentación que
verifique el vínculo familiar, pues de acuerdo con el Consejo Ciudadano
—responsable de operar la única Línea y Chat Nacional contra la Trata de
Personas—, el 28.9 por ciento de las víctimas mujeres, niñas y
adolescentes fueron captadas por personas de su propio entorno familiar.
Por
ello, durante el Mundial 2026, UNICEF, la Asociación Nacional de
Cadenas Hoteleras (ANCH) y el Consejo Ciudadano unirán capacidades para
fortalecer entornos seguros y protectores en hoteles, comunidades,
plataformas digitales y espacios públicos, con atención prioritaria en
la prevención, detección temprana, canalización de casos de riesgo y
reportes a la Línea y Chat Nacional contra la Trata.
El acuerdo
contempla acciones conjuntas para prevenir la explotación sexual
infantil y la violencia contra niñas, niños y mujeres, mediante campañas
nacionales, difusión de información clave y el fortalecimiento de
entornos seguros en hoteles y espacios turísticos. La ANCH promoverá
materiales preventivos y la visibilización de líneas de ayuda, mientras
que UNICEF y el Consejo Ciudadano impulsarán campañas y herramientas de
reporte accesibles para huéspedes, personal y comunidades.
Para
Human Rights Watch, no se puede eximir de responsabilidad a la FIFA,
asociación encargada del evento, que ha relegado la protección de las
infancias, pese a que el Mundial es un catalizador de riesgos asociados a
la trata de personas.
Ante ello, la organización exigió a los
organizadores de eventos implementar sistemas de capacitación
obligatorios en protección de la niñez, normas vinculantes de
salvaguarda infantil, la designación de personal especializado y
capacitado en cada sede y ciudad anfitriona, así como un sistema
centralizado de denuncia. Además, los estadios deben contar con diseños
centrados en la niñez y con medidas rigurosas contra el trabajo
infantil.
Por último, subrayó que es fundamental que la FIFA
establezca una política uniforme de salvaguarda de la niñez, aplicable a
todas las ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá. Esta
política debe considerar los contextos socioeconómicos y legales, así
como las necesidades de las comunidades y de las niñas, niños y
adolescentes en situación de riesgo.
.-Ciudad
de México.- El pasado 27 de mayo, la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia del Congreso capitalino, aprobó el dictamen de
dos iniciativas que buscan tipificar en el Código Penal para el Distrito
Federal la administración inesperada de somníferos en inyecciones. Una
nueva modalidad de violencia contra las mujeres que surgió en el Sistema
de Transporte Colectivo Metro (STCM) y cuyos casos van en aumento.
El
pasado 28 de mayo, durante la conferencia de prensa de la jefa de
Gobierno, Clara Brugada, se dio una actualización sobre los pinchazos en
el Metro. La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján,
comentó que desde el 14 de marzo se han registrado 65 casos denunciados
en donde se confirmó que hubo una posible lesión por pinchazos y 55
casos que no se pudieron comprobar médicamente.
La fiscal afirmó
que cada vez el número de casos en el que se comprueban o no la
modalidad de pinchazos van en aumento, ya que anteriormente habían 36
los casos confirmados y 32 sin confirmar.
Agregó que hasta ahora
no se ha encontrado que los pinchazos estén relacionados con otros
delitos como secuestro, privación de la libertad o trata de personas, en
cambio, en 6 de los casos en el que se asocian a posibles robos ante la
falta de pertenencias.
Las sustancias que se han encontrado han
sido psicotrópicas, entre ellos: THC, Benzodiacepinas y fenciclidina o
cocaína. Agregó que las cantidades en que han sido administradas no
implican un riesgo grave para la salud.
Las iniciativas ante el Congreso capitalino
La
primera propuesta es de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en materia
de administración subrepticia de sustancias, es decir, que se practica a
escondidas. Mientras que, la segunda, se elaboró por parte de la
diputada Tania Nanette Larios Pérez del PRI y aborda la suministración
química por pinchazo.
En la legislación actual en la Ciudad de
México no se considera de manera específica esta modalidad de agresión
que implica la administración de sustancias mediante pinchazos. Al no
estar tipificada como un delito autónomo, limita la capacidad de las
autoridades para investigar y sancionar de manera inmediata.
La
propuesta de Clara Brugada se enfoca en incorporar un nuevo capítulo
llamado “Administración subrepticia de sustancias» junto con el tipo
penal correspondiente. Sin embargo, el diputado Alberto Martínez Urincho
de Morena, consideró agregar un tipo penal específico para fortalecer
la protección jurídica a las víctimas y orientar a las instituciones
encargadas de la impartición de justicia.
Por otro lado, la
iniciativa de la diputada Tania Nanette busca adicionar al capítulo II
Bis al título Tercero del Código Penal para el Distrito Federal, la
suministración química por pinchazo. La diputada señaló que la
inseguridad que enfrenta la capital genera un clima de miedo e impunidad
en el transporte público y que la falta de protocolos para actuar,
agrava el problema.
En la misma reunión, se aprobó el dictamen
para modificar la declaratoria de vigencia del Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares de la Ciudad de México. Se trata de
una propuesta del magistrado Rafael García Guerra Álvarez, ya que se
utiliza como referencia para casos de trata de personas.
En
México, la trata de personas es una problemática que afecta
principalmente a las niñas y mujeres. De acuerdo con el último Informe
Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la ONU las niñas junto con las
mujeres conforman la mayoría de víctimas detectadas en el mundo.
Son
empleadas para el trabajo sexual, en el que se detectaron diferentes
situaciones como explotación sexual en internet; esclavitud sexual o
sexo transaccional; prostitución callejera; prostitución en burdeles
legales o ilegales; explotación sexual infantil donde las victimas son
menores de 14 años; y prostitución en clubes nocturnos, salones de
masaje y hoteles.
También se identificó que son víctimas de otros
delitos forzados como matrimonios, mendicidad y trabajos como
servidumbre doméstica en el que se emplea la violencia y se enfrentan a
condiciones físicas extremas. Otro medio de explotación en estos
sectores son su uso para el entretenimiento, en la agricultura, venta
ambulante y en la preparación de alimentos.
Y aunque la Fiscalía
de la Ciudad de México no ha determinado que la administración de
sustancias químicas de manera inesperada a usuarias del Metro esté
relacionada con la trata de personas, no se puede descartar esta
posibilidad.
La violencia contra las mujeres en el transporte público
Las
mujeres entre 15 y 44 años son quienes mayormente emplean el transporte
público para movilizarse, ya que, al trabajar, estudiar y asumir las
responsabilidades de cuidado y abastecimiento familiar, no poseen un
auto propio. Además, que recorren distancias largas ya que el 59.5% de
las usuarias radican en la CDMX y el 39.1% en el Estado de México, según
reveló la encuesta.
También se ha colocado como uno de los sitios en
donde a las mujeres les da miedo estar solas con el 33.6% de
señalamientos en el que también estuvieron los microbuses (65.8%), taxis
(46%) y paraderos (45%).
Entre los horarios identificados
estuvieron de las 5 am a las 7 am, de las 8 am a las 10 am, de las 2 pm a
las 4 pm y de las 5 pm a las 7 pm. Aunque la mayoría apuntaron a que
“en cualquier hora” han visto agresiones y violencia contra las
mujeres.
Las inyecciones con somníferos no es la única forma de
agresión contra las mujeres en el metro o transporte público. Según la
encuesta también se han registrado miradas lascivas, piropos,
tocamientos, palabras ofensivas o despectivas, miedo de sufrir ataque
sexual, muestra de genitales, masturbaciones públicas, persecución,
propuestas sexuales, toma de fotografías sin su consentimiento,
eyaculaciones públicas y violencia sexual:
Manifestación violenta
Hombres desconocidos
Hombres conocidos
Policías
Operadores de algún transporte
Otro
No sabe/no especifica do
Le susurraron cosas al oído
92.8%
2.2%
1.8%
2.6%
0.5%
0.1%
Le miraron morbosamente el cuerpo
83.5%
1.8%
6.8%
7.6%
0.3%
0.1%
Ellos le mostraron los genitales
95.4%
1.2%
0.2%
2.3%
0.4%
0.5%
Ellos se tocaron los genitales o se masturbaron en frente de usted
96.1%
0.4%
0.6%
2.6%
0.2%
0.1%
Le dieron una nalgada
98.2%
0.6%
0.1%
0.9%
0.0%
0.2%
Se le recargaron con el cuerpo con intenciones de carácter sexual
98.3%
0.6%
0.3%
0.5%
0.2%
0.1%
Le han tomado fotos a su cuerpo sin su consentimiento
90.1%
5.6%
1.1%
0.8%
1.9%
0.5%
Eyacularon enfrente de usted
96.9%
1.6%
Sin datos
Sin datos
1.6%
Sin datos
Le hicieron propuestas sexuales indeseadas
82.0%
11.7%
2.0%
2.8%
1.1%
0.4%
Le hicieron sentir miedo a sufrir un ataque o abuso sexual
92.0%
2.2%
1.7%
3.6%
0.3%
0.2%
La persiguieron con intención de atacarla sexualmente
95.%
2.2%
0.6%
0.8%
0.5%
0.8%
La obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales
59.8%
27.8%
0.9%
1.0%
9.3%
1.2%
Le dijeron palabras ofensivas o despectivas respecto de usted o de las mujeres
83.9%
4.0%
4.1%
6.7%
0.9%
0.3%
Le dijeron piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual
80.8%
1.3%
7.1%
10.3%
0.4%
0.1%
Datos extraídos de la Encuesta sobre la violencia sexual en los transportes y otros espacios públicos de la Ciudad de México
Ciudad de México. El Comite de Expertasdel
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI),
advirtió que muchas de las medidas que se están tomando para mitigar las
consecuencias del COVID-19 pueden tener un efecto desproporcionado
para mujeres y niñas, y que en algunos casos, puede exacerbar la
violencia en su contra, por lo que recomendó tomar medidas necesarias en
la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y niñas
durante la crisis.
El llamado abarca los tres temas de la prevención de la violencia, el
trabajo del cuidado, y el acceso a la salud. Relacionado al primero,
las expertras destacaron que “un porcentaje muy alto de las mujeres y
niñas en la región son violentadas por sus parejas, sus familiares o por
las personas con las que conviven cotidianamente. En este sentido, el
aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas enfrenta a las mujeres
a un riesgo muy alto de que se extreme la violencia en su contra al
convivir tiempo completo con sus victimarios.”
Las acciones promovidas son el establecimiento de albergues y
refugios; campañas de publicidad para dar a conocer los medios a través
de los cuales las mujeres pueden denunciar, tomando en cuenta
establecimientos a los que sí se puede acceder en caso de cuarentena,
como supermercados y farmacias; crear “células de reacción inmediata”
para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de
género; fortalecer las medidas de protección; mantener activas las
medidas para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia contra
las mujeres y las niñas; así como evitar la venta de alcohol, drogas,
armas y cualquier otro detonante de la violencia de género durante los
periodos de aislamiento.
En México, el Inmujeres publicó “recomendaciones para la sana
convivencia durante la fase 2 del Covid-19” y el número de emergencia
para mujeres violentadas, sin embargo, ésta no opera las 24h,
y mujeres en situación de violencia deben llamar al 911. Hasta el
momento, no se han distribuido materiales en supermercados y farmacias.
Siguen abiertos los casos penales y se emiten medidas de protección,
pero se han reducido los horarios de atención en los tribunales.
Relacionado a los trabajos del cuidado, las expertas del MESECVI
hicieron hincapié en que las mujeres son las que “generalmente están a
cargo de las labores domésticas y del cuidado de las niñas y los niños,
de las personas adultas mayores, de las personas enfermas, y de las
personas con alguna discapacidad.”
Por eso, pidieron a los gobiernos facilitar al personal femenino de
sectores necesarios, como clínicas, hospitales, farmacias, o
supermercados, el acceso de manera digna y segura al cuidado de las
personas bajo su cargo y que se establezcan medidas para el cuidado de
las personas que se encuentren a cargo de las personas infectadas por el
COVID-19; políticas dentro de las empresas, instituciones y
organizaciones para que las mujeres y los hombres puedan hacerse cargo
de sus hijas e hijos a partir del cierre de escuelas sin que esto les
afecte ninguna de sus prestaciones o derechos laborales.
Además, se recomendaron “políticas flexibles” para que las medidas
sanitarias no afecten la estabilidad en el empleo de las personas que
están a cargo del cuidado de otras personas; y que se asegure el cuidado
de las personas que no han podido ser atendidas por quienes están a su
cargo por la imposición de restricciones a la movilidad.
En México, el plan de atención a la población más vulnerable frente
al COVID-19 que anunció el presidente por el inicio de la Fase 2, no consideró acciones para mitigar el impacto desigual que éste tendría en la vida de las mujeres. De acuerdo con datos del Inmujeres,
63.7 por ciento de las mexicanas ocupan su tiempo al cuidado de
integrantes del hogar de 0 a 14 años, el 5.6 por ciento cuida a personas
de 60 y más años, y 9.8 por ciento realiza cuidados de integrantes del
hogar por enfermedad crónica, temporal o discapacidad.
En el tercer eje, la salud, las expertas del MESECVI recordaron que
“las mujeres y las niñas tienen menos acceso a prestaciones de seguridad
social y a condiciones de vida digna por la discriminación estructural a
la que se encuentran sujetas en los centros de trabajo, por el trabajo
que realizan en la informalidad y por el tipo de actividades
históricamente designadas a las mujeres.”
Habría otras mujeres que no pueden acceder a la salud por su
condición de discapacidad, migrantes, refugiadas, adultas mayores, o por
pertenecer a grupos históricamente discriminados, destacaron. Por lo
tanto, sería necesario que las mujeres y niñas puedan acceder a los
servicios de salud “sin importar las condiciones laborales, estatus
migratorio o cualquier otra categoría.”
El Comité también recomendó a los gobiernos generar “esquemas de
pagos únicos por causa de fuerza mayor” en las instituciones,
organizaciones y empresas, “que no formen parte del salario cotidiano”,
para que las familias puedan enfrentar el aislamiento sin que se vean
afectados sus derechos mínimos a la alimentación, a la salud y a la vida
digna.
El Inmujeres informó el 24 de marzo
que 472 millones 781 mil personas se dedican a la enfermería con un
grado técnico o especializado en todo el país, de las cuales el 79.1 por
ciento son mujeres. Las personas trabajadoras en el cuidado de otros
que incluye a niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores,
suman 359 millones 783 mil, de las cuales 95.7 por ciento son
mujeres, lo que las coloca “en un mayor riesgo de exposición al contagio
comparadas con los hombres”, concluyó la institución.
La Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una crisis importante
articulada en torno a la violencia de género. Se trata de una crisis
compleja, no como lo quieren hacer pasar la mayoría de los medios de
información–manipulación de la opinión pública, para quienes, según
investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México en coordinación con la Fiscalía General de la República, se
habrían detectado ocho grupos que dañan a la UNAM, casi todos de colectivos anarquistas, que incluso Habrían recibido adiestramiento de corte anarquista de universidades sudamericanas, hasta el punto de afirmar que se trata de líderes sudamericanos que tienen su residencia en el auditorio Che Guevara ( Excélsior,
7/2/20); tampoco el problema es mayormente la injerencia de partidos
políticos, injerencia que en todo caso ocurre en cada movimiento
estudiantil de la UNAM; y tampoco está la explicación en un feminismo
ultra y radicalizado que no escucha motivos para entrar en razón.
No, el problema de la violencia de género y su no reconocimiento y
atención en la UNAM, se vincula con el problema de la violencia contra
las mujeres en todo el país; y el poco reconocimiento que esta realidad
tiene en todas las instancias de gobierno, en la sociedad en general, y
en la escandalosa manera en que los medios lo retratan. A la impunidad
que prevalece.
La UNAM no es sino espejo de la violencia que atraviesa nuestro país; de los contextos que circundan las entidades periféricas,
como Azcapotzalco, Naucalpan, Aragón, Ecatepec, uno de los lugares con
mayor índice de feminicidios, pero, también, y de manera importante, del
abandono institucional a los sectores más desprotegidos de la
universidad, del descuido presupuestario en que la UNAM ha dejado a sus
preparatorias y colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), en la
desatención de políticas sólidas y de largo aliento que atiendan las
violencias de género en la UNAM. En la pervivencia de una masculinidad
violenta y excesiva, demandada en los circuitos del deporte, de las
barras y porras, de los grupos de choque que hemos visto dentro y fuera
de la UNAM como formas de incidencia de ciertos grupos políticos. La
poca proactividad sindical para sentar precedentes en torno a las
sanciones por violencias de género. Inercias internas de nuestra máxima
casa de estudios, a las cuales se suma la desafección generalizada a
escala nacional sobre el reconocimiento y la atención a la violencia en
general, y a la violencia de género en particular.
Todas estas lógicas se enfrentan, sin embargo, a un momento diferente. El momento en el que ellas ya no quieren esperar; en el que las jóvenes universitarias, entre ellas las más jóvenes de los CCH y preparatorias, se han entrenado,
sí, pero en la indignación, en las marchas, en las calles y en los
grupos de autodefensa, en el cuidado mutuo (la policía no me cuida, a mí
me cuidan mis amigas), en el acuerpamiento que les hace seguir diciendo
#Ni una menos, #Vivas nos queremos, y en la solidaridad. Si la
UNAM en su conjunto y sus directivos en lo particular, no son capaces
de mirar más allá de las narrativas sobre los líderes, los grupos y las
manos atrás del movimiento, no estarán en condiciones de responder a
este momento del reclamo feminista. Como tampoco lo está el país.
Y nuestro castigo es la violencia que no ves
*Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Ciudad de México. Mujeres Organizadas de la
Facultad de Filosofía y Letras, dijeron que las autoridades
universitarias hicieron su trabajo a medias, luego de que el Consejo
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no
reformara el artículo 98 del Estatuto General para incluir sanciones
específicas para los agresores.
Integrantes de las Mujeres Organizadas de la FFyL, que como una
decena de planteles más permanecen en paro desde noviembre de 2019 por
falta de atención a sus denuncias por violencia de género, dijeron en
entrevista con Cimacnoticias que durante la sesión de ayer, el Consejo
Universitario no respondió a la demanda concreta que hicieron en su
pliego petitorio.
La “modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de
la UNAM para reconocer la violencia de género como una falta grave” es
el primer punto del pliego petitorio que ellas entregaron a la dirección
de su facultad desde noviembre de 2019, cuando tomaron las
instalaciones. Su cumplimiento es importante para que se reanuden las
clases.
“Es una muestra más que nuestras demandas van a ser cumplidas sólo
hasta y cómo ellos (las autoridades universitarias) quieran. Realmente
no están interesados en cumplirlas como nosotras lo pedimos, sino como
ellos consideran que está bien. Es un trabajo a medias lo que hicieron”,
expresó una de ellas.
Las alumnas también criticaron que los integrantes del Consejo
Universitario presentaron la propuesta de reforma al estatuto como
propia, cuando en realidad nació de la exigencia de ellas y de una
propuesta que trabajó el Consejo Técnico de su Facultad, quien la
presentó al Consejo Universitario desde el 17 de enero de 2020. “No fue
su orgullo universitario el que hizo esa propuesta, fue nuestra
exigencia”, planteó una de las Mujeres Organizadas.
En concreto, lo que quedó fuera durante la discusión de ayer fue una reforma al artículo 98, que actualmente dice así:
“Las sanciones que podrán imponerse, en los casos que no tengan
expresamente señalada una pena, serán las siguientes: I. A los miembros
del personal académico: a) Extrañamiento escrito; b) Suspensión, y c)
Destitución. II. A los alumnos: a) Amonestación; b) Negación de créditos
o cancelación de los concedidos respecto al pago de cuotas; c)
Suspensión o separación de cargos o empleos que desempeñen; d)
Suspensión hasta por un año en sus derechos escolares, y e) Expulsión
definitiva de la facultad o escuela.
Sin embargo, el Consejo Técnico y las Mujeres Organizadas de la FFyL
exigen que se agregue lo siguiente: “para los casos de violencia de
género, las sanciones indicadas deberán establecerse de acuerdo con la
escala de gravedad que determine el Protocolo de Atención a casos de
Violencia de Género, y con apego a los Lineamientos Generales para la
Igualdad de Género en la UNAM.
Las Mujeres Organizadas señalaron que el hecho de que se haya
discutido el tema en el Consejo Universitario es un avance con respecto
al cumplimiento de su pliego petitorio que, hasta el 13 de enero, tenía
pendientes en cada uno de sus 11 puntos, pero agregaron que se van a
mantener firmes con su protesta y en paro hasta que se consigan
sanciones claras para quienes las agreden.
Las entrevistadas también desmintieron que haya “mano negra”, pagos o
intereses ajenos a las demandas de las mujeres detrás de su movimiento,
y criticaron que con esos dichos, se les busque criminalizar.
“No pueden aceptar que no haya algún vocero y no pueden aceptar que
no haya a quién echarle la culpa (…) es muy común, y no tendría que
serlo, siempre que hay grupos estudiantiles que se intentan movilizar,
hay agresiones por parte de algunos grupos de la comunidad de la
universidad que promueven actitudes violentas que rayan en fascistas, y
sobre todo cuando quienes integran estas movilizaciones son mujeres”,
expresó una de ellas.
Alumnas de FES Iztacala son agredidas
Mientras el Rector Enrique Graue anunciaba estas reformas en la
sesión del Consejo Universitario como un hecho histórico con el que se
pondría fin a la violencia contra las mujeres, las alumnas organizadas
de la Facultad de Estudios Superiores plantel Iztacala fueron agredidas
por alumnos, trabajadores y padres de familia.
Los hechos sucedieron el pasado 12 de febrero, cuando las mujeres
organizadas de esa FES decidieron tomar pacíficamente el edificio de
gobierno de su plantel por los casos de acoso y violencia machista.
De acuerdo con un comunicado público que las estudiantes hicieron
circular, ellas pidieron a los directivos que salieran del edificio,
pero éstos se negaron y abrieron las puertas posteriores del edificio.
Esto permitió que las alumnas fueran intimidadas y violentadas por
parte de alumnos, trabajadores y académicos. Tras estos hechos, personal
de vigilancia UNAM anunció que por indicaciones de la directora
Patricia Dávila, se cancelarían las actividades y que se negaría el
acceso a las y los estudiantes.
“Como mujeres organizadas reiteramos que no vamos a callarnos ante
las violencias machistas que existen en la UNAM, nos sumamos a la
exigencia de las compañeras de los demás planteles y la de nuestras
compañeras, que han sido ignoradas y violentadas en la FESI. No nos
callaremos más, es hora de posicionarnos ante la total indiferencia de
las autoridades ante la violencia de género usando como calmante cursos
inservibles y acompañamientos de denuncias violentas. Somos mujeres de
la facultad que gritamos no más a los acosos de compañeros, maestros y
trabajadores. No vamos a parar”, dijeron las alumnas en su comunicado.
Estudiantes, trabajadoras y la Secretaria de la Mujer del STUNAM, coinciden que hay negociaciones de este sindicato con autoridades universitarias, por lo que el número de agresores expulsados es bajo
En medio de la escalada de protestas de las estudiantes para que se atienda la violencia contra ellas y se deje de proteger a agresores, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) negocia con las autoridades universitarias para rebajar la sanción de sus agremiados.
Desde enero de 2020, las alumnas organizadas tomaron más planteles y denunciaron, entre otros puntos, que el STUNAM protege a sus agremiados.
La titular de la Secretaría de Acción de la Mujer del STUNAM, Mary Carmen Larralde Hurtado, una de las cuatro mujeres que integran el Comité Ejecutivo conformado por 19 secretarías, confirmó ese dicho en entrevista con Cimacnoticias.
La sindicalista aseguró que en 2017, el Secretario General, Agustín Rodríguez Fuentes, pidió a la Oficina de la Abogada General que no se incluyera el Protocolo de Atención a Casos de Violencia contra las Mujeres en las audiencias de investigación administrativas, ello a pesar de que 18 por ciento de los agresores denunciados en el último año en la UNAM resultó ser personal administrativo.
Esto bajo el argumento erróneo de que ese mecanismo es una legislación que no está considerada el Contrato Colectivo de Trabajo. La Secretaria dijo que en otra reunión con la abogada, Rodríguez Fuentes pidió y acordó que en lugar de rescindir contratos se suspendiera temporalmente a los agresores.
Como organización gremial, el STUNAM debe ser notificado cuando se inicia un proceso administrativo (como una investigación o sanción) contra un trabajador para participar como defensa y vigilante de que se respeten los derechos laborales de éste; sin embargo, no está dentro de sus funciones incidir o negociar para evitar que el trabajador sea castigado por un daño que sí cometió.
De acuerdo con Larralde, estas negociaciones han obstaculizado que la UNAM cumpla una de las principales exigencias de las alumnas: dejar de proteger y sacar a los agresores de la universidad.
El propio rector de la UNAM, Enrique Graue, declaró en conferencia que de 2016 a la fecha se despidió a 100 agresores entre trabajadores, académicos y alumnos.
Tan sólo entre 2018 y 2019 la universidad inició 335 procedimientos, pero sólo hubo sanción en 53.1 por ciento. De estas sanciones 28 por ciento fueron amonestaciones o suspensiones, y en 7 casos se expulsó al agresor, de acuerdo con el Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM (2018-2019).
Durante su periodo ha recibido al menos 150 denuncias individuales y colectivas contra trabajadores, personal de confianza y funcionarios de la universidad por violencia sexual (la más frecuente), violencia física, hostigamiento y agresiones verbales. La mayoría en la Facultad de Ingeniería y los planteles 7 y 2 de la Escuela Nacional Preparatoria, pero sólo 14 casos concluyeron en rescisión.
Entrevistada por separado, una trabajadora del Instituto de Investigaciones Económicas IIE de la UNAM dijo a Cimacnoticias que en febrero de 2018 fue intimidada por Octavio NN, un jefe de servicio cuya hermana colabora en el Comité Ejecutivo del STUNAM.
El hostigamiento inició cuando ella descubrió a Octavio sosteniendo relaciones sexuales dentro del Instituto. Tras reiteradas agresiones, incluso físicas, la trabajadora lo denunció ante la Secretaría Administrativa de la UNAM y ante su Sindicato.
Mientras corría la investigación, la trabajadora observó a personal del Comité Ejecutivo en reuniones con autoridades universitarias. Como consta en documentos consultados por Cimacnoticias, la Dirección del IIE de la UNAM confirmó por escrito la agresión en su contra, pero “en consideración de su trayectoria laboral” cambió el castigo de rescisión de contrato por una suspensión de ocho días.
Cimacnoticias documentó que la mañana del viernes 6 de abril del 2018, cuatro sindicalistas golpearon y amenazaron con arma de fuego a otra trabajadora del STUNAM cerca de la Facultad de Ingeniería. Ella había denunciado, 4 años atrás, a un trabajador por acoso sexual.
Se buscó sin respuesta al AAPAUNAM (agrupación gremial de profesores, que también ha sido acusada de proteger a quienes agreden) a la Oficina de la Abogada General y al Secretario de la UNAM.
CIMACFoto: César Martínez López, Ciudad de México.
Las demandas son claras: erradicar la violencia
de género, crear mecanismos reales para su atención, solución a las
quejas, despido a profesores, administrativos y alumnos acosadores y
mecanismos efectivos para reconocer la violencia contra las mujeres
México, 29 ene. 20. AmecoPress/SEMlac.- El
último sábado se cumplieron 83 días desde que jóvenes estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de México tomaron y pararon actividades
escolares en la Facultad de Filosofía y Letras, y las escuelas
preparatorias 3, 7 y 9, en demanda de parar la violencia contra las
mujeres.
Y aunque se han instalado mesas de trabajo no hay acuerdos. El
viernes el Consejo Técnico de Facultad de Filosofía discute cómo
resolver el futuro del semestre académico, pero no se reanudó el
diálogo. Las autoridades no han resuelto más de 460 quejas de acoso
sexual a pesar de que están identificados 385 agresores.
En estos dos meses se sumaron nuevos agravios, según todos los
reclamos y las denuncias de las y los estudiantes que marcharon el 21 de
enero: intimidación al grupo Mujeres Organizadas, algunas de ellas
detenidas durante 12 horas -22 de enero-, más anuncios reiterados de
demandas penales desde la UNAM para quienes han hecho destrozos en las
instalaciones en paro.
Las quejas de acoso en la UNAM entre el 9 de junio de 2018 y el 7 de
junio de 2019 llegaron a 463, pero se han sumado 20 más en los últimos
meses, presentadas ante el Subsistema Jurídico por acoso sexual, que
académicas, estudiantes y mujeres de la administración de 14
universidades del país definieron como impunes y sin solución.
Mientras tanto, el Consejo de Filosofía y Letras estudia el futuro
escolar su intervención se da en un momento en el que las negociaciones
entre autoridades y estudiantes en paro están detenidas, y no obstante
la instalación de mesas de diálogo, el 15 de enero fue la última y no
hay solución.
Las demandas son claras: erradicar la violencia de género, crear
mecanismos reales para su atención, solución a las quejas, despido a
profesores, administrativos y alumnos acosadores y mecanismos efectivos
para reconocer la violencia contra las mujeres.
Según el grupo Pan y Rosas, una de las exigencias principales es la
renuncia de abogadas y abogados de las unidades jurídicas de cada
plantel que evaden las denuncias por violencia de género argumentando
que no proceden en la universidad; en el caso de la prepa 9, se exige
también el despido de profesores con denuncias.
Los acontecimientos en la UNAM - de acuerdo con el pliego de demandas
y las expresadas en la movilización del 21 de enero- es que el Jurídico
de la UNAM no ofrece soluciones, como su actuar en el caso de la muerte
de Lesvy Osorio, Aidé Mendoza y la desaparición de Mariela Vanessa.
Comentarios recurrentes
"Es que de por sí no es fácil ir a denunciar, imagínate, decir que un maestro te tocó, o que un chavo te hizo algo".
También algunos chicos dijeron que solo hicieron los paros para
eliminar violencia de género, y no para las denuncias de corrupción,
discriminación y abuso de poder de otros profesores, que son parte de lo
que reclaman con la toma de instalaciones.
"Una amiga mía denunció a un compañero y la señorita que atendía le
dijo: ’¿cómo alguien de tu edad te va a querer prostituir?, eso no te lo
va a creer nadie’. Y después el chavo se enteró que había ido a
denunciarlo", lamentó otra.
Problema de fondo
El 27 de noviembre académicas, feministas y estudiosas del fenómeno
en las instituciones de Educación Superior, desde la Universidad de
Hidalgo lanzaron un pronunciamiento -que publicamos íntegro- donde
conminan a las Universidades a resolver el fenómeno de la violencia que
ha llegado, se multiplica y crece en las universidades del país.
Exigieron a las universidades que los modelos de atención para
atender la violencia de género deben convertirse en una política
institucional que tenga continuidad, permanencia y trascendencia para la
vida universitaria.
Sostienen que las Instituciones de Educación Superior, así como los
diferentes órganos del Estado, están obligadas a dar respuesta a las
demandas para solucionar los problemas de violencia contra las mujeres.
Exigieron que los organismos nacionales que rigen la Educación
Superior en México deben comprometerse con la resolución del problema de
la violencia contra las mujeres y que ello significa elaborar un
programa nacional real y con dinero. Es decir, que asignen recursos
económicos suficientes a las unidades, centros y/o programas de atención
y prevención a la violencia feminicida.
Denunciaron la grave situación de precariedad y violencia que
experimentan las estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas
en las Universidades del país.
Y reconocieron que las colectivas feministas de estudiantes
(activistas) exigen generar diálogos intergeneracionales, porque ser
escuchadas e incluidas como interlocutoras en la discusión de los
procesos y estrategias realizadas en las universidades para erradicar la
violencia contra las mujeres.
A pesar de ello el tiempo pasa, y el pronunciamiento no ha tenido respuesta.
El tiempo pasa y no se levantarán las huelgas
El resumen de Mujeres Organizadas señaló a SEMlac que en estos 83
días quienes conforman la toma de Filosofía y Letras y las escuelas
preparatorias han denunciado el hostigamiento por parte de las
autoridades de la UNAM; y aunque sé que mantienen mesas de diálogo con
las mismas, las autoridades quieren que termine la huelga, sin dar
soluciones. El paro, dijeron, se mantendrá.
Las alumnas de las escuelas en paro exigen la destitución de los
profesores y trabajadores de la universidad acusados de acoso y
maltrato, así como medidas para su prevención.
En el caso de la Faculta de Filosofía, se pide la modificación del
estatuto general de la UNAM (para reconocer la violencia de género como
una falta grave) y que la máxima casa de estudios del país cuente con
tres psicólogas que acompañen a las denunciantes en su proceso.
Asimismo, exigen que se ofrezca una disculpa pública a la familia de
Mariela Vanessa Díaz Valverde (alumna que desapareció desde hace más de
un año) y no retirar las pintas del plantel.
Exigen, igualmente, diálogo abierto. Por otro lado, existen demandas
que habían sido formuladas desde el proceso del 3S, de 2017; que se
revisen los protocolos para atender la violencia de género.
Por su parte, las autoridades se comprometieron a analizar el pliego
de demandas, y documentos. Además, sostienen que hay avances, los cuales
serán analizados por las alumnas, y con base en ello, se determinará la
fecha para que se realice la próxima mesa de diálogo. La última fue el
15 de enero.
Vieja historia
Desde 2006 se han registrado 300 ataques sexuales -sin tomar en
cuenta las agresiones que no se denuncian-, 36 muertes al interior de
las instalaciones de la UNAM y cinco desapariciones, de las cuales sólo
cuatro fueron encontrados.
El asesinato de Lesvy Berlín Osorio es uno de los casos que más ha
estremecido a la comunidad universitaria, en particular porque, según
las huelguistas, la Rectoría y la Fiscalía de la Ciudad de México se
empeñaron en justificar su muerte diciendo que fue suicidio y reteniendo
pruebas.
Según ellas, luego de las movilizaciones y mítines que se realizaron
en Ciudad Universitaria por el esclarecimiento de ese asesinato, y de la
preocupación que se manifestó entre la comunidad estudiantil por la
creciente ola de violencia; las autoridades de la UNAM tomaron medidas
"de maquillaje" (rejas, cámaras, cierre de espacios) que, lejos de
frenar la violencia, fueron interpretadas como medidas de espionaje de
los estudiantes y trabajadores que se organizan.
Última postura de la UNAM
El 6 de enero, a través de un comunicado publicado luego del período
vacacional de fin de año, la UNAM explicó que se han realizado acciones
para atender las demandas de las estudiantes e iniciar el regreso a
clases; aunque también advirtió que ya se presentaron demandas contra
quienes resulten responsables de los destrozos en las instalaciones
tomadas.
"La UNAM manifiesta que los desencuentros en las comunidades deben
ser resueltos siempre a través del diálogo, pues no se puede estar de
acuerdo en que se afecte el desarrollo de las actividades académicas de
miles de universitarias y universitarios".
La Universidad informa sobre las diversas acciones emprendidas a lo
largo de las últimas semanas, tendentes a reanudar las actividades
académico administrativas y a atender las demandas en dos planteles del
bachillerato y en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) que
permanecen cerrados por parte de grupos feministas.
Asimismo, insiste en la necesidad de que los planteles sean devueltos
a sus respectivas autoridades, a fin de reanudar las clases a la
brevedad.
Los acercamientos
Hasta el 15 de enero se han efectuado nueve reuniones donde la UNAM
sostiene que se han alcanzado acuerdos en lo general en todos los puntos
y queda pendiente el acuerdo sobre los momentos en los que se llevarán a
cabo los procesos necesarios para cumplir las peticiones, para lo cual
se requiere su completo funcionamiento.
En la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), las reuniones estuvieron
encabezadas por el director Jorge Enrique Linares Salgado, y se han
hecho diversas propuestas durante el período especialmente en la etapa
vacacional. El viernes 3 de enero se hizo una propuesta a las Mujeres
Organizadas para realizar un diálogo público; sin embargo, ello no
sucedió, cuando era urgente revisar punto por punto las demandas no
atendidas.
En esa Facultad también exige la destitución de profesores y
funcionarios por acoso, así como la implementación de cursos para
maestros con perspectiva de género y protocolos contra la violencia que
viven las alumnas. Su protesta estalló después de que autoridades de la
facultad borraran un mural que mostraba un beso entre Victoria Alada y
Atenea, lo que fue calificado de "lesbofobia". Además, acusaron a la
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de ser incompetente
por las pláticas que dio a los estudiantes de primer ingreso de dicha
facultad.
En su pliego petitorio pidieron la renuncia de la maestra Amparo
Yadira Cordonado Zavala, quien es abogada de dicha Unidad del plantel.
Por otro lado, existen documentos sobre cómo la violencia contra las
mujeres es una realidad en las universidades del país, donde el año
pasado se registraron un total de 364 quejas por acoso y hostigamiento
sexual en 20 planteles alrededor de la República. Y aunque hoy la UNAM
lidera el número de casos por hostigamiento y acoso sexual, existen
universidades que no cuentan con un protocolo de actuación y no
registran, por tanto, estos delitos.
En el caso de la UNAM, entre el 9 de junio de 2018 y el 7 de junio de
2019 se presentaron 463 quejas ante el Subsistema Jurídico, y se
identificó a 385 presuntos agresores.
Desde el miércoles la UNAM informó sobre la instalación de las mesas,
en un comunicado acompañado de fotografías en las que se veía el rostro
de adolescentes que se acercaron a las mesas en las Prepas y en la
Facultad de Filosofía y Letras, también en paro.
MANIFIESTO FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
"MÁS ALLÁ DE LA SIMULACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"
Las académicas, estudiantes, y participantes del Cuarto Encuentro de
Discusión y Análisis de Estrategias e Intervención a la Violencia por
Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior, reunidas
en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el 27 de noviembre del
2019, y como parte de los resultados de nuestras reflexiones sobre el
problema expuesto en las siete mesas de discusión, manifestamos a las
diversas Instituciones de Educación Superior y a la comunidad que las
conforma; a los diferentes niveles de gobierno; y al público en general,
lo siguiente:
Reconocemos los esfuerzos de algunas de las Instituciones de
Educación Superior en el país para atender los temas de violencia por
motivos de género; sin embargo:
Ante la violencia estructural y de género que vivimos en México,
denunciamos la grave situación de precariedad y violencia que
experimentan las estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas
en las Universidades del país, debido a la interseccionalidad
(raza/etnicidad, clase y edad) que las atraviesa como mujeres.
Las colectivas feministas de estudiantes (activistas) exigen generar
diálogos intergeneracionales, que se reconozcan e incorporen sus
experiencias de acción y lucha, ser escuchadas e incluidas como
interlocutoras en la discusión de los procesos y estrategias
implementadas en las universidades para erradicar la violencia contra
las mujeres y por motivos de género.
Debe ser reforzada dentro de las universidades una cultura a la no
violencia hacia las mujeres y por motivos de género mediante actividades
formativas, talleres, difusión y otras formas de visibilización y
sensibilización sobre el problema.
Los modelos de atención de las Instituciones de Educación Superior a
la violencia por motivos de género deben convertirse en una política
institucional que tenga continuidad, permanencia y trascendencia para la
vida universitaria.
Los organismos nacionales que rigen la Educación Superior en México
(Conacyt, ANUIES, Dirección General de Educación Superior universitaria,
entre otras), deben comprometerse con la resolución del problema de la
violencia contra las mujeres y de género en las IES, elaborar un
programa nacional con recursos destinados a ello, así como procurar las
formas de vinculación interinstitucional para atender los casos.
Las Instituciones de Educación Superior, así como los diferentes
órganos del Estado, están obligados a dar respuesta a las demandas para
solucionar los problemas de violencia por motivos de género
(especialmente violencia sexual y feminicidios) en las Instituciones de
Educación Superior y centros de investigación.
Es necesario que las autoridades universitarias asignen recursos
económicos suficientes a las unidades, centros y/o programas de atención
y prevención a la violencia por motivos de género.
Demandamos que en los planes y programas académicos de las diferentes
Instituciones de Educación Superior se implementen de manera
obligatoria asignaturas referentes a epistemologías feministas y teoría
de género y que estas asignaturas sean impartidas por personal
capacitado en los temas.
Las instituciones encargadas de regular la educación superior en el
país deben llevar a cabo un registro nacional sobre los casos de
violencia contra las mujeres y por motivos de género (Banco Nacional de
Datos) y considerar las diferentes formas de reparación del daño para
las víctimas.
Exigimos, como una necesidad urgente, que las Instituciones
Educativas construyan protocolos y reglamentos claros para la atención y
prevención de la violencia por motivos de género y que sean
socializados mediante procesos de difusión efectivos dirigidos a toda la
comunidad universitaria; y que estos sean acompañados de legislaciones
que eviten procesos de simulación institucional.
Exigimos que los funcionarios/as, autoridades y tomadores/as de
decisiones de las Instituciones de Educación Superior se capaciten y
sensibilicen, como un compromiso ético para atender y prevenir la
violencia contras las mujeres y por motivo de género.
Exigimos que la investigación sobre violencia por motivos de género
se realice desde principios éticos, que se implementen estrategias y
metodologías de investigación-acción que den cuenta no sólo de la
prevalencia de la violencia por motivos de género en las universidades,
sino además incentiven su denuncia y posibles caminos o modelos de
intervención/acción para erradicarla.
Exigimos el reconocimiento en intervención a la violencia de género
hacia orientaciones sexo-afectivas no heterosexuales en el ámbito de las
Instituciones de Educación Superior en México; así como crear espacios
seguros para expresar las diversidades sexuales y de género a través de
metodologías participativas.
Por todo lo anterior, después de exponer el grave problema de la
violencia contra las mujeres y por motivos de género, reconocemos que la
universidad como una institución colonizadora, sigue reproduciendo el
sistema heteropatriarcal, que ha normalizado y naturalizado diversas
formas estructurales de violencia falocéntrica, por lo que exigimos se
erradique la criminalización y persecución a las académicas,
trabajadoras administrativas y estudiantes feministas de todas las
Instituciones de Educación Superior que trabajan para transformar a la
comunidad universitaria hacia el respeto a los derechos humanos.
Atentamente
1.-Universidad Autónoma Metropolitana: Unidades Xochimilco, Iztapalapa, Lerma y Azcapotzalco
2.-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
3.-Universidad Nacional Autónoma de México
4.- Universidad Autónoma de la Ciudad de México
5.-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
6.-Universidad de Guanajuato
7.-Universidad Pedagógica Nacional
8.-Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura
9.-Universidad Autónoma de Querétaro
10.- Universidad Veracruzana
11.-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
12.-Colegio de la Frontera Sur
13.-Universidad Intercultural del Estado de México
14.-Universidad Autónoma de San Luis Potosí
15.-Universidad Humanista de Hidalgo
16.-Universidad Autónoma de Quintana Roo
17.-Universidad Autónoma de Chapingo
18.-Escuela Nacional de Antropología e Historia
19.- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Ciudad de México.- El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) aprobó crear el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género como parte de las normas de convivencia, un documento que próximamente se redactará.
En el marco de la decimocuarta sesión extraordinaria del sexto CU,
llevada a cabo este lunes 4 de noviembre en el plantel Casa Libertad, en
la alcaldía Iztapalapa, se discutió el catálogo universitario de normas
de convivencia, un articulado que también busca atender la violencia de
género que se vive en la comunidad universitaria.
En esta sesión del CU se aprobaron cinco artículos que se suman a los
11 aceptados desde el pasado 24 de octubre. En tres de ellos se
determinó que los actos de discriminación de cualquier tipo así como el
hostigamiento, acoso y ataque sexual son faltas graves que atenderán las
autoridades de la institución mediante el Protocolo que se realizará.
El Consejo Universitario cuenta con una Comisión de Mediación y
Conciliación (CMyC) que será el órgano encargado de redactar el
Protocolo, el cual deberá ser aprobado por el pleno del Consejo para que
aplique en toda la universidad.
El sexto Consejo Universitario aprobó en lo particular los artículos 12 al 16 de las normas de convivencia propuestas por la Comisión de Mediación y Conciliación.
Durante esta sesión la profesora y secretaría técnica de la CMyC,
Karla Montalvo de la Fuente, explicó que en las normas de convivencia
debería quedar claro que cualquier autoridad de la UACM tiene la
obligación de atender, mediante el próximo protocolo, las denuncias de
la comunidad estudiantil y académica para que sea una regla general.
“Me parece que eso
le dará una mayor institucionalidad, no va a depender de que una nueva
comisión llegue y lo quite, eso es muy fácil. En cambio, si pasa por el
pleno del Consejo tras una discusión seria, larga, buena, la universidad
ya estará comprometida con eso”.
Karla Montalvo de la Fuente, secretaria técnica de la CMyC
Asimismo, Montalvo de la Fuente recalcó que su comisión está
trabajando arduamente en un procedimiento institucional que abarque
desde la prevención de la violencia de género hasta la reparación del
daño e invitó a las y los integrantes del CU a no ampliar tanto el
debate del artículo 14 que es el que sustenta la creación del Protocolo.
El Consejo Universitario retomó el debate de las normas de convivencia de la UACM
CIMACFoto: Carolina Huerta García
Resalta que en el artículo 17, fracción I de la Ley de la UACM se
menciona que, como máximo órgano de gobierno, al Consejo Universitario
le corresponde aprobar y expedir el Estatuto General Orgánico y demás
Estatutos, Reglamentos y normas necesarias para el cumplimiento de los
fines de la universidad.
Debido a que aún faltan puntos por desahogar, el Consejo
Universitario, en concordancia con el artículo 26 de su reglamento,
determinó que la discusión y aprobación de estas normas continuará en
sesión permanente a partir del 20 de noviembre en el plantel García
Diego, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.
Ante la falta de normativas para
atender la violencia de género en las instalaciones del plantel Del
Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se
tomaron medidas precautorias externas para proteger a una profesora y a
sus alumnas que fueron agredidas desde hace varias semanas.
Desde el 4 de septiembre, la maestra Claudia Domínguez Hernández
y sus alumnas inscritas en el Seminario de Tesis del posgrado de
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la UACM, son custodiadas
por mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en su
traslado desde el metro Zapata hasta el edifico donde toman clase en el
plantel Valle, ubicado en la calle San Lorenzo de la alcaldía Benito
Juárez.
Estas medidas precautorias fueron concedidas por la Comisión de
Atención a Víctimas (CEAV) de la Ciudad de México, a través del oficio
COAVI.CDMX/MED.PRE/1.2019 donde se menciona que son necesarias para
garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en
peligro inminente conforme a lo dispuesto en la Ley de Víctimas de la
Ciudad de México.
Oficio COAVI.CDMX/MED.PRE/1.201 emitido por la CEAV de la Ciudad de México.
La situación que desató la agresión fue el enfoque de enseñanza de la
profesora Domínguez Hernández y los temas de investigación de sus
alumnas, ya que por tener un enfoque de género y feminista han generado
críticas entre algunos integrantes de la plantilla docente de dicho
posgrado.
Tania Sánchez, quien pertenece a este grupo de alumnas de la maestría
en Derechos Humanos, indicó en entrevista para esta agencia que el
rechazo hacia los temas que trabajan ella y sus compañeras era evidente
por parte de los profesores Eduardo Correa Senior y Rubén García Clark,
ya que siempre intentaron guiar sus investigaciones hacia temas que
ellos dominaban.
“Como no estaban de acuerdo con nosotras, incluso nos amenazaron con
reprobarnos y con entorpecer nuestro proceso de titulación porque son
ellos los que deciden todo al interior de la maestría, desde quién
entra, cómo entra y qué temas se trabajan” señaló Sánchez quien afirmó
que a partir de esos comportamientos, ella y sus compañeras
identificaron que estaban viviendo discriminación y violencia docente.
Las estudiantes del posgrado de defensa y promoción de los Derechos Humanos en UACM han sido agredidas por su postura feminista
La legislación mexicana e internacional señala que debe garantizarse
una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, por
ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV) señala que la violencia docente es aquella que
infligen maestras o maestros cuando se daña la autoestima de las alumnas
o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición
social, académica, limitaciones y/o características físicas.
A su vez, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) declaró que los países que
forman parte del acuerdo adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos en la esfera de la educación, ofreciéndoles entre
otras cosas, las mismas condiciones de orientación y capacitación
profesional así como el acceso a los estudios.
Las alumnas y su profesora han dejado clara su postura ante la
violencia que se vive al interior del plantel por parte de los docentes
de esa misma maestría, como en el caso del ex coordinador del posgrado, Enrique González Ruiz,
quien señalaron, fue removido de su cargo en 2013 debido a las
denuncias de hostigamiento sexual y laboral que presentaron dos
profesoras en su contra.
La abogada Andrea Medina Rosas,
quien resolvió junto con el anterior abogado general de la UACM,
Federico Anaya Gallardo, retirar de sus funciones a González Ruiz,
detalló que “este grupo de profesores se encargó de difamar primero a
las víctimas y luego el proceso de destitución por lo que cualquier acto
que tenga que ver con defender los Derechos Humanos de las mujeres ante
la violencia lo están tomando como una amenaza” dijo.
Destaca que la legislación universitaria de la UACM menciona que se
debe garantizar la libertad académica y la pluralidad de pensamiento
porque:
“Una auténtica
Universidad no debe buscar la uniformidad, por el contrario, debe
fomentar la diversidad, la discusión y el diálogo”
Artículo 19 de la Ley de la Univerisidad Autónoma de la Ciudad de México.
Asimismo en el artículo 7, en su fracción VIII, otorga a los
integrantes del personal académico la libertad, no solamente para
expresar sus ideas, sino incluso para incorporar formas de pensamiento
diversas y poner en marcha nuevos cursos y áreas de trabajo, siempre y
cuando contribuyan al logro de los fines de la institución y a la
formación humanística, científica, crítica y profesional de los
estudiantes, mismos que deberán tener la libertad de expresar sus ideas y
de estudiar lo que consideren que es de valor para ellos y ellas.
Casi inexistente el enfoque de género en oferta educativa
A pesar de que hay un avance importante en cuanto a la presencia de
las mujeres en las universidades, eso no ha contribuido a que los
contenidos y prácticas universitarias se enfoquen a evitar la
discriminación así como garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres.
“Sin esos cambios sustantivos, lo que prevalece es la violencia contra ellas”
Andrea Medina Rosas, abogada feminista
La UACM cuenta actualmente con 20 licenciaturas y nueve maestrías
agrupadas de forma oficial en tres colegios académicos: Humanidades y
Ciencias Sociales; Ciencias y Humanidades; y Ciencia y Tecnología.
Datos de la página oficial de la universidad precisan que las
licenciaturas del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales tienen en
su ciclo básico de enseñanza materias sobre cultura científica y
humanística, Estudios Sociales e Históricos y de lenguaje y pensamiento;
además tiene como materia optativa “Derechos Humanos”, pero de forma
oficial no existe en sus planes de estudio materias o temas que incluyan
una perspectiva de género a nivel licenciatura.
La maestría de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es la
única que tiene un enfoque cercano, ya que contiene materias sobre
género y derecho, por ello, la maestra Claudia Domínguez, experta en el
tema, fue invitada a impartir cátedra en el posgrado.
Por otro lado, datos oficiales señalaron que en la oferta educativa
de Ciencias y Humanidades, la licenciatura en Protección Civil contiene
una materia llamada “Gestión del riesgo con equidad de género y para los
grupos en situación de desventaja”, durante el quinto semestre.
La asignatura reconoce las condiciones de diferencia que existen por
género, edad o alguna otra condicionante como la discapacidad para la
reducción y tratamiento de los riesgos ante los desastres naturales.
Sin embargo, en otras licenciaturas y maestrías como Promoción de la Salud,
Nutrición y Salud, Ciencias Ambientales y Cambio Climático, Estudios de
La Ciudad, Educación Ambiental, entre otras, no hay ningún programa
oficial que integre la perspectiva de género en la currícula.
Lorena, quién prefirió no dar sus apellidos, es profesora del Colegio
de Ciencias y Humanidades y en entrevista con Cimacnoticias indicó que
en esa academia la perspectiva de género es un tema de mucho debate,
pero existen algunos docentes como ella, explicó, que por iniciativa
propia proponen contenidos sobre el tema para que el alumnado tenga esa
visión en licenciaturas como Promoción de la Salud, en la que cursan dos
materias sobre psicología social.
“Es algo necesario
para la formación de las y los estudiantes, enriquece y abona para
analizar la realidad y resolver sus problemas de forma crítica y creo
que la perspectiva de género ayuda a ello, sobre todo en este momento,
para no quitar el dedo del reglón por todas las cosas que nos atraviesan
y nos violentan tanto”
Lorena, profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades
La profesora-investigadora del plantel San Lorenzo Tezonco, Samantha
Zaragoza Luna, perteneciente al Colegio de Humanidades y Ciencias
Sociales, coincide en que la incorporación del tema de género en la
academia se ha dado por parte de pequeños grupos de profesoras y alumnas
interesadas en ello.
“Hemos querido proponer que esto se transversalice en todos los
colegios y no lo hemos logrado, lo hemos solicitado desde siempre pero
es algo que cuesta trabajo”, comentó la también doctora en Ciencias
Sociales en entrevista para esta agencia.
Sólo en el Plantel San Lorenzo Tezonco se ha podido consolidar el
diplomado de Estudios Feministas desde América Latina, las académicas
que impulsaron el proyecto buscan que tenga el grado de maestría de
forma oficial, ya que es la única oferta en la UACM para estudiar estos
temas a nivel superior, resaltó.
En abril de 2018, el ex rector de la universidad Hugo Aboites
Aguilar, acordó crear la Unidad de Género y Feminismos (UGyF) dentro de
la UACM, que de acuerdo con datos oficiales tiene como propósito
principal promover el estudio y enseñanza de los Derechos Humanos así
como la perspectiva de género dentro de cualquier licenciatura,
ingeniería y posgrado de la universidad.
La profesora Zaragoza Luna aseguró que la iniciativa sólo fue una
simulación para atender la demanda de incluir el enfoque de género en la
oferta educativa de la UACM, pero esto nunca se concretó y además no se
le ha dado seguimiento a sus funciones por lo que ahora se encuentra en
una especie de limbo, informó personal de la coordinación de
Comunicación Social de la universidad.
Extracto de las responsabilidades de la Unidad de Género y Feminismos de la UACM creada en abril de 2018
Sin ruta institucional para denunciar acoso y hostigamiento sexual
Debido a sus posturas y enfoque de enseñanza con perspectiva de
género, el acoso sexual y laboral hacia las mujeres de la comunidad
universitaria se ha vuelto un tema sin contención ni regulación, además
ha beneficiado en mayor medida a los docentes, ya que no existe una ruta
de atención a estas agresiones.
En entrevista con esta agencia, la profesora y ex consejera
universitaria María Jiménez Mier y Terán, del plantel San Lorenzo
Tezonco, mencionó que esta situación se ha vuelto “tierra de
nadie”, y por ello, no se toman decisiones contundentes más allá de
cambiar de un plantel a otro a los maestros acusados de hostigamiento
sexual contra alumnas y profesoras.
“Se necesita definir una política institucional clara para atender el problema”
María Jiménez Mier y Terán, profesora del plantel San Lorenzo Tezonco
Al respecto, la doctora Samanta Zaragoza Luna explicó que los únicos
planteles que tienen un protocolo de atención a estos casos son San
Lorenzo Tezonco (SLT) y Centro Histórico, pero ambos son iniciativas que
han salido desde la comunidad, no desde una instancia institucional.
“Establecimos una mesa de resolución de conflictos que involucra al
Consejo del plantel, a la Coordinación, al área administrativa, al
encargado de la oficina del Abogado General y a una profesora del
Círculo de Estudios de Género, si bien no hay nada normado acá, sí hay
un grupo de profesoras y trabajadores que conjuntamente nos reunimos a
arreglar los asuntos de violencia en el plantel”, recalcó.
“Creemos que tiene que ver mucho con la disposición para frenar los
temas de violencia que permita a las instituciones ser receptivas de las
denuncias de las compañeras y eso no lo hay en la UACM, ni en el resto
de las universidades” señaló.
Zaragoza Luna añadió que tan sólo en el semestre 2019-1 en San Lorenzo Tezonco se atendieron 20 casos de violencia,
por lo que la mesa decidió abrir procedimientos, tres de los cuales
corresponden a hostigamiento sexual por parte de docentes.
Extracto
del posicionamiento del Círculo de Estudios de género de San Lorenzo
Tezonco ante la posible aprobación del “Paquete legislativo de acceso a
la justicia”
En cuanto a las acciones que se siguen en el plantel Centro
Histórico, Yessica Jaimes del Río, perteneciente al área de enlace de
Difusión Cultural y Extensión Universitaria de ese plantel, comentó en
entrevista que lo más difícil de implementar de este protocolo ha sido
la sistematización de la información para organizarla y tener datos
concretos que ayuden al diagnóstico de la situación.
Actualmente las denuncias las recibe la Oficina del Abogado General
de la UACM, detalló Jaimes del Río pero señaló que no todos los casos
son denunciados en esa instancia, por lo que el problema más grave es
que la información está dispersa en casi todos los planteles y de forma
oficial no hay cifras o datos que se puedan consultar al respecto.
Esta agencia solicitó a través de la Coordinación de Comunicación de
la universidad, una entrevista con la maestra Silvia Paulina Jaime
Muguiro, encargada de la Oficina del Abogado General de
la universidad y con la Secretaria General Patricia Arenas Chiang para
corroborar esta información pero al cierre de esta edición no se había
obtenido respuesta a dicha petición.
¿Qué se está haciendo para atender el problema de violencia de género?
El máximo órgano de gobierno dentro de la universidad, según la Ley
de la UACM, es el Consejo Universitario (CU) y dentro de sus facultades
se encuentra emitir un catálogo de normas de convivencia, el cual es
creado por la Comisión de Mediación y Conciliación (CMyC).
El artículo 17, fracción XVII de la legislación universitaria, señala
que dicha Comisión “deberá conocer los actos que violen dichas normas,
buscar la solución de los conflictos mediante el diálogo y el
convencimiento y, en caso necesario, remitir el asunto a las instancias
administrativas o judiciales correspondientes”.
Fue hasta el inicio de la gestión del sexto Consejo Universitario,
que la CMyC creó normas de convivencia claras, las cuales fueron
aprobadas en lo general, sin embargo, éstas se encuentran en proceso de
consulta en la comunidad universitaria, informó la consejera estudiantil
del plantel San Lorenzo Tezonco, Mariana Romero Fernández para
Cimacnoticias.
Explicó que el Consejo pretendía aprobar las normas sin la discusión
previa de la comunidad de la UACM, pues en el Cuarto Consejo, se afirmó
que ya se habían consultado “hasta el cansancio”.
Lo anterior, contrasta con lo establecido en el artículo 14, fracción
I del Estatuto General Orgánico de la UACM, el cual menciona que es
atribución del CU desarrollar mecanismos de discusión amplia para
expedir y derogar las normas y disposiciones generales encaminadas a la
mejor organización y funcionamiento académico y administrativo de la
Universidad.
“Por lo mismo, el Consejo Universitario ha revirado y ahora, algunas
consejeras nos encontramos consultando a la comunidad respecto a las
normas de convivencia que, aunque ya aprobadas en lo general,
continuamos discutiendo artículo por artículo.” señaló Romero
Fernández.
La exposición de motivos de estas normas señala que tienen como
finalidad buscar que las relaciones entre los integrantes de la
comunidad se guíen por el diálogo y la razón en todo momento, “aún más
cuando surjan conflictos originados de la pluralidad de ideas que debe
prevalecer en la UACM” pero se resisten a ser punitivas y deja como
último recurso la sanción.
Catálogo de normas de convivencia propuestas por el sexto Consejo Universitario de la UACM
Resalta que estas normas, consideran el hostigamiento, el acoso y el
ataque sexual como una falta grave ya que están tipificados como delitos
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV) y el Código Penal Federal pero no se deja clara la
ruta que se seguirá para su denuncia y atención más allá de buscar la
solución de los conflictos mediante el diálogo por medio de la Comisión
de Mediación y Conciliación (CMyC)
En entrevista con esta agencia, la secretaria técnica de la CMyC,
la profesora Karla Montalvo de la Fuente, indicó que el gran problema
de la comisión es que no tiene facultades para sancionar y esa es una de
las problemáticas para la atención de la violencia de género, por lo
que considera que la aprobación de la normativa en el pleno del Consejo
Universitario es una prioridad para trazar una ruta de atención ante
este vacío institucional.
“Las normas de
convivencia son el marco general que necesitamos para poder tener un
protocolo, es decir, necesitamos primero tener las normas y sobre esas
ya elaboras un aspecto muy específico para saber cómo proceder” indicó
de la Fuente.
Estas reglas de convivencia se discutieron el pasado 24 de octubre en
el plantel San Lorenzo Tezonco, durante la decimocuarta sesión
extraordinaria del sexto Consejo Universitario, sin embargo al ser un
tema tan amplio solo se aprobó hasta artículo 11, de 35 artículos
propuestos, por lo que se retomará su discusión el 4 de noviembre en
durante la sesión en el plantel Casa Libertad, junto con el protocolo de
atención a la violencia de género.
¿Aprobación de normativas dará paso al protocolo de atención a victimas de violencia de género?
Durante 2013, luego de recibir varias denuncias de acoso y
hostigamiento sexual, la Comisión de Mediación y Conciliación (CMyC) del
cuarto Consejo Universitario (CU) elaboró y aprobó un protocolo de
atención a violencia de género con el que decidió operar, investigar,
sancionar y reparar los daños conforme a la la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas,
relató la abogada Andrea Medina a Cimacnoticias.
“La UACM se volvió pionera en operar el marco normativo vigente” dijo
y fue gracias a este protocolo que se resolvieron y atendieron casos de
violencia de género dentro de la universidad durante 2013 y hasta
2016.
El mayor de ellos fue el caso de González Ruiz,
que terminó en la rescisión de su contrato como profesor de la UACM en
abril de 2013, luego de que fuera denunciado por acoso, hostigamiento
sexual y laboral por parte de sus compañeras de trabajo, la antropóloga
Carmen Rodríguez y la psicóloga Clemencia Correa.
María del Carmen Rodríguez Sánchez y Clemencia Correa González
pidieron a las autoridades de la UACM apurar la reparación del daño
sufrido por parte de González Ruíz.
A pesar implementar esta normativa para la atención a la violencia de
género, el ex rector de la UACM, Hugo Aboites Aguilar no la respaldó
por completo y al darse la transición entre éste y el nuevo rector
Galdino Morán López, a la par de la renovación del Consejo Universitario
-quinta legislatura- todo lo que se había avanzado se echó para atrás
desmantelando todos los logros que ya se habían alcanzado, señaló la
abogada Andrea Medina en entrevista.
Y es que, la Comisión de Mediación y Conciliación (CMyC) del quinto Consejo Universitario de la UACM decidió
en junio 2017 dejar de aplicar el “Procedimiento de atención a la
violencia de género” bajo el argumento de que “excedía las atribuciones
de la comisión e incluso es violatorio de los Derechos humanos” como
consta en la minuta de la sesión de la Comisión, llevada a cabo del 13
de junio de ese año y difundida por académicas y la comunidad de la
UACM.
La académica Karla Montalvo de la Fuente, actual secretaria técnica
de la Comisión de mediación, comentó en entrevista que ante esa inacción
de dos años, su comisión sabía que al iniciar funciones tenía que
responder ante la demanda de la comunidad universitaria de tener una
normativa clara por lo que comenzaron a trabajar desde mayo de este año
en un primer borrador de un protocolo de atención a violencia de género.
Sexto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana
“No lo hemos hecho de manera solitaria, pedimos asesoría a Andrea
Medina, abogada experta en estos temas que ha trabajado y ha elaborado
otros protocolos en otras universidades, a finales de septiembre tuvimos
un proceso de revisión y vamos a tener otra revisión supervisada a
mediados de noviembre, así de urgente sabemos que es” puntualizó de la
Fuente.
Lo anterior derivó en la decisión de recuperar y presentar el
protocolo que implementó el cuarto Consejo Universitario, para votarlo
en el pleno del consejo en tanto se trabaja la nueva propuesta de la
CMyC , misma que se espera esté lista para presentarse en febrero de
2020, puntualizó Montalvo de la Fuente
Al cuestionarle sobre el caso específico de la maestría en Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos, la académica admitió la
responsabilidad que tuvo la UACM como institución sobre la atención del
caso.
“Ese tipo de casos
crecen si no se atienden a tiempo de manera institucional, porque no hay
normativa clara, no hay procedimientos claros que nos digan ‘cuando
pasa esto se hace esto’ si se atienden a tiempo en la mayoría de los
casos se puede evitar que crezca la violencia”
Karla Montalvo de la Fuente, secretaria técnica de la Comisión de Mediación y Conciliación
“Por eso quiero que pase por el pleno (el protocolo), porque no puede
repetirse lo del cuarto consejo, es muy fácil ignorar el trabajo
anterior en comisiones, es facilisimo. En cambio en el pleno no es fácil
echar para abajo algo que se aprobó ahí” explicó la también escritora y
profesora de la UACM Del Valle, por lo que solo hasta ese momento se le
dará certeza a la atención de este problema en la universidad.