7/30/2022

“Nosotros” contra los “Otros”: políticas de la crueldad (parte I)

  

Cuando se piensa en la “comunidad” o la identidad nacional, las políticas migratorias pueden leerse como indicadores del estado de la “salud” y la ética pública de una sociedad. En un contexto donde mucho se habla de “nacionalismo” y “seguridad nacional”, las tendencias represivas ante la migración indocumentada, manifiestas en la frontera entre México y Estados Unidos, nos remiten a sociedades mermadas por el racismo y sistemas políticos amenazados por una lógica fascista.

El fascismo –escribe Jason Stanley en How Fascism Works (2018)– funciona a partir de la distinción “nosotros” / “ellos”, convertida en “nosotros” contra “ellos”. Como lógica básica de un sistema de pensamiento que manipula el pasado, recurre a la propaganda, instituye jerarquías arbitrarias –entre blancos y negros, hombres y mujeres, ciudadanos y “no ciudadanos”–, instrumenta “la ley y el orden”, mantiene las jerarquías de género y construye a su medida realidades imaginarias.

Con referencias actuales a Estados Unidos (EE. UU.), Hungría y otros países, el autor advierte acerca de la deriva autoritaria que amenaza la supervivencia de la democracia, incluso en Estados Unidos, cuya imagen democrática minó gravemente el intento de golpe del 6 de enero 2021.

Aunque esta caracterización del fascismo no es del todo novedosa, el énfasis del autor en la lógica de la exclusión sugiere la necesidad de analizar sus variantes para evaluar el ascenso de la proclividad autoritaria en las sociedades y las inclinaciones fascistas de gobiernos y grupos de interés. Sin caer en clasificaciones apresuradas o rígidas, es útil considerar desde esta óptica algunos rasgos de la política migratoria actual en Estados Unidos y México que confirman el arraigo de visiones ultraconservadoras en EE. UU., y en mi opinión, el potencial corrosivo del discurso oficial excluyente en México.

El cambio de gobierno en EE. UU. no ha significado una nueva política migratoria, aunque haya cambiado su discurso: si bien el 30 de junio la Suprema Corte de ese país confirmó la facultad del gobierno federal para eliminar el programa “Quédate en México”, el 21 de julio esa misma Corte le negó al Ejecutivo la facultad de establecer prioridades en la contención de la inmigración indocumentada.

Además de impedir un mejor uso de los recursos federales que se destinarían a expulsar primero a quienes representaran un riesgo para la seguridad, el fallo corrobora la política de la crueldad que se agudizó bajo el gobierno de Trump y que, según un análisis del National Immigrant Justice Center, se instrumentó desde los años 90  y floreció bajo Obama con la política de separación de las familias –que el gobierno de Biden busca revertir–.

Como han documentado esta y otras organizaciones promigrantes, el uso de la crueldad como instrumento para desalentar la migración ha demostrado su inutilidad: ni la separación de las familias ni el encierro en campos de concentración en Arizona o Texas ni la imposición del “Quédate en México” han reducido el número de personas que intentan cruzar la frontera para pedir asilo o buscar una vida mejor en ese país.

Del otro lado de la frontera tampoco ha tenido efectos disuasivos la política de la crueldad “a la mexicana”, instrumentada por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional (como hemos visto), o derivada del Estado omiso que ha dejado a merced del crimen organizado y de autoridades corruptas a personas migrantes nacionales y extranjeras e incluso a sobrevivientes de desplazamiento forzado, en particular mujeres que huyen de un cúmulo de violencias en sus lugares de origen y van a la frontera norte con la esperanza de encontrar asilo (y seguridad) en Estados Unidos –fenómeno que están documentando las investigadoras Valentina Glockner y Emanuela Borzacchiello en Sonora y Chihuahua (véase conlaa.com, julio 2022)–.

Al no reconocer el derecho a migrar, y sobre todo al no garantizarlo en los hechos, los gobiernos de EE. UU. y México no solo responden a objetivos de “seguridad nacional”, “principios nacionalistas” o “geopolítica”, los guía también una visión del mundo infundida de racismo y clasismo que, incluso en la retórica populista mexicana, les resulta útil: mantener y normalizar la exclusión del “Otro” –el extranjero, inferior, desechable– permite reforzar la identidad de un “nosotros” al que se manipula con fines políticos. 

El dolor de la ausencia

 

Pobre México, cómo trata a sus mujeres y a sus niñas… Además del feminicidio que azota diariamente a 11 familias, con los niveles tan grandes de impunidad en los delitos contra las mujeres y las niñas, de más del 99 por ciento en feminicidios, muertes violentas de mujeres, violaciones y abusos sexuales, violencia familiar, trata de personas y explotación sexual y/o adopciones ilegales, desaparición de mujeres y niñas y ahora, la explotación reproductiva.

Si las mujeres somos el 52 por ciento de la población de este país, ¿cómo se puede poner de pie, con tantas familias viviendo el dolor de la ausencia, el dolor de tantas mujeres y niñas que ya no están o fueron lastimadas profundamente en su integridad y su dignidad?

Por eso me pregunto, ¿para qué queremos la paridad en todo, por la que tanto luchamos, si eso no ha traído respuestas, políticas públicas de prevención y atención, si no ha dado ningún resultado para prevenir, sancionar y erradicar los delitos contra las mujeres y acciones, leyes, ni respuestas para los problemas que enfrentan cotidianamente las mujeres y las niñas en nuestro país?

Lo que es cierto es que son más de 40 mil mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, sin tomar en cuenta las que son posibles víctimas de trata según las cifras oficiales —que, por supuesto, no reflejan la realidad—, lo que significa que más de 100 mil hogares —haciendo una estimación conservadora— viven el dolor de la ausencia: la ausencia de la abuela, la madre, la hermana, la hija, la novia, la amiga. ¿Cómo se puede vivir y sobrevivir, o reconstruir el tejido social?

Estamos a unos días de conmemorar el Día Internacional contra la Trata de Personas y la mayoría de los y las periodistas que me han entrevistado con este motivo me preguntan cifras, rutas, grupos de la delincuencia organizada involucrados, etcétera; pero son muy pocos los que retoman casos concretos, historias reales.

En esta ocasión, les quiero compartir dos historias escritas por las madres de dos niñas preciosas que les fueron arrebatadas de los brazos, del calor de sus hogares y el amor de sus familias. Dos madres y familias que viven día a día el dolor de la ausencia.

María José

En la semana del 11 de septiembre del 2010, en el municipio de Tecámac, Estado de México, un hombre desconocido —que ahora sé que responde al nombre de Geyser Crespo García— asistió a mi óptica, solicitando un examen de la vista. Al concluir el examen me comentó que posteriormente acudiría por los lentes.

El 21 de septiembre de ese mismo año, Geyser Crespo regresó al consultorio a bordo de una bicicleta para solicitar los lentes, sin embargo, al entrar dijo que era un asalto y después de herirme gravemente en el cuello con un arma punzocortante, al punto de seccionar la yugular y perforar las cuerdas vocales, robó un monitor de computadora; sustrajo a mi bebé, María José Monroy Enciso; y salió de la óptica, dejando una nota con la siguiente leyenda: “La persona que me contrató me dijo que les dijera que a la niña se la va a llevar a Sudamérica el 11 de octubre del 2010”.

Geyser fue detenido y en su declaración refirió haber trasladado a María José a casa de su madre y padre, posteriormente a casa de sus tíos, más tarde a casa de su media hermana, y, por último, a un lugar que había rentado previamente en el municipio de Tultitlán, Estado de México. María José tenía 11 meses de edad. También afirmó que el 2 de octubre decidió privar de la vida a mi bebé; sin embargo, se hizo una búsqueda en el canal de aguas negras donde dijo que la había arrojado y no se encontró el cuerpecito de la niña.

Se analizó el caso como una situación grave de violación a los derechos humanos de la niñez. La hipótesis principal de la investigación se centró en que la desaparición de María José está relacionada con un patrón de trata de menores de edad con fines de adopción ilegal internacional.

Se utilizó la metodología del análisis de contexto para ampliar la comprensión de los hechos, contemplando diversas disciplinas aplicables al caso (antropología, sociología, trabajo social y criminología); se integraron las perspectivas de género, de derechos humanos, de internacionalidad, para dar cuenta de las razones de género que influyeron para la comisión de este crimen y las violaciones de derechos humanos tanto a la víctima como a sus familiares.

Sobre la protección de los derechos humanos de la niñez, la búsqueda con presunción de vida debió ser asumida como un deber jurídico para cumplirse diligentemente, la investigación debió realizarse con el propósito de evitar la impunidad y la repetición de los hechos delictivos. De lo anterior, se infiere la relevancia de que toda investigación relacionada con desapariciones de niñas se debe iniciar de oficio, sin dilación, de manera imparcial y efectiva, orientada a la obtención de la verdad, con el propósito de la localización y recuperación de la víctima con vida; de la detención y enjuiciamiento de los responsables, tanto autores materiales como intelectuales; y la reparación integral del daño.

Todo ello, en razón de que los hechos sucedieron el 21 de septiembre del 2010 y fue hasta el 23 de septiembre del mismo año que un grupo de personal capacitado acudió al lugar de los hechos, siendo la familia de la mi bebé quienes iniciaron la búsqueda inmediata, mientras yo me debatía entre la vida y la muerte.

Después de casi 11 años y medio de los hechos delictivos, no se ha dado con el paradero de mi hija, María José Monroy Enciso. Tampoco se han obtenido los elementos suficientes que confirmen las declaraciones del sentenciado Geyser en las que asegura haber privado de la vida a mi nena. Y mi familia y yo seguimos con el dolor de la ausencia.

Yamilé

La mamá de Yamilé Sinahí Silahua Sotelo, doña Rosa Isela, nos narra que su niña de 12 años salió muy temprano, 15 minutos antes de las 6 de la mañana —cuando todavía estaba oscuro— el 16 de enero de 2016; iba a la escuela con su hermana, quien era un año mayor que ella. Doña Rosa Isela siempre las acompañaba a la parada del camión, pero ese día había amanecido un poco enferma.

Cuando iban a la mitad del camino, un tipo se bajó de un vehículo y otro se quedó al volante, jaló a Yamilé y la subieron por la fuerza al vehículo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo su hermana por arrancárselas de las manos. Ahí quedó tirado el morral con los útiles de Yami y sus zapatos, que en el jaloneo le quitó su hermana Mica.

Mica corrió por todo el pueblo de Tlaltizapán, Morelos, hasta que logró llegar al módulo de la policía; la subieron a un vehículo y se fueron con ella a buscar a su hermanita menor. No la encontraron. Desde ese día, el dolor de la ausencia ha aquejado a esta familia, incluso se detuvieron a dos presuntos secuestradores de Yami, pero en juicio oral —y a pesar de que Mica los identificó plenamente— los jueces los pusieron en libertad.

Desde entonces, no hay líneas de investigación, no se busca a Yami y su familia la llora todos los días, la espera, tiene la esperanza de que un día llame y diga dónde y cómo está. Cada día que pasa, la familia, su mamá y sus hermanas han visto minada su salud y su alegría; y aunque han tenido que seguir viviendo, es una vida marcada por el dolor de la ausencia de Yami.

Estas dos historias son solo una muestra de todo el dolor acumulado a lo largo de los años, de las madres que buscan a sus hijas y que únicamente han recibido apoyo de la sociedad a través de sus redes sociales. En ambos casos se logró abrir carpetas a nivel federal, pero eso tampoco ha traído resultados en la búsqueda de sus hijas.

¿Cuánto tiempo más sufrirán estas madres el dolor de la ausencia?

El dolor de la ausencia

Pobre México, cómo trata a sus mujeres y a sus niñas… Además del feminicidio que azota diariamente a 11 familias, con los niveles tan grandes de impunidad en los delitos contra las mujeres y las niñas, de más del 99 por ciento en feminicidios, muertes violentas de mujeres, violaciones y abusos sexuales, violencia familiar, trata de personas y explotación sexual y/o adopciones ilegales, desaparición de mujeres y niñas y ahora, la explotación reproductiva.

Si las mujeres somos el 52 por ciento de la población de este país, ¿cómo se puede poner de pie, con tantas familias viviendo el dolor de la ausencia, el dolor de tantas mujeres y niñas que ya no están o fueron lastimadas profundamente en su integridad y su dignidad?

Por eso me pregunto, ¿para qué queremos la paridad en todo, por la que tanto luchamos, si eso no ha traído respuestas, políticas públicas de prevención y atención, si no ha dado ningún resultado para prevenir, sancionar y erradicar los delitos contra las mujeres y acciones, leyes, ni respuestas para los problemas que enfrentan cotidianamente las mujeres y las niñas en nuestro país?

Lo que es cierto es que son más de 40 mil mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, sin tomar en cuenta las que son posibles víctimas de trata según las cifras oficiales —que, por supuesto, no reflejan la realidad—, lo que significa que más de 100 mil hogares —haciendo una estimación conservadora— viven el dolor de la ausencia: la ausencia de la abuela, la madre, la hermana, la hija, la novia, la amiga. ¿Cómo se puede vivir y sobrevivir, o reconstruir el tejido social?

Estamos a unos días de conmemorar el Día Internacional contra la Trata de Personas y la mayoría de los y las periodistas que me han entrevistado con este motivo me preguntan cifras, rutas, grupos de la delincuencia organizada involucrados, etcétera; pero son muy pocos los que retoman casos concretos, historias reales.

En esta ocasión, les quiero compartir dos historias escritas por las madres de dos niñas preciosas que les fueron arrebatadas de los brazos, del calor de sus hogares y el amor de sus familias. Dos madres y familias que viven día a día el dolor de la ausencia.

María José

En la semana del 11 de septiembre del 2010, en el municipio de Tecámac, Estado de México, un hombre desconocido —que ahora sé que responde al nombre de Geyser Crespo García— asistió a mi óptica, solicitando un examen de la vista. Al concluir el examen me comentó que posteriormente acudiría por los lentes.

El 21 de septiembre de ese mismo año, Geyser Crespo regresó al consultorio a bordo de una bicicleta para solicitar los lentes, sin embargo, al entrar dijo que era un asalto y después de herirme gravemente en el cuello con un arma punzocortante, al punto de seccionar la yugular y perforar las cuerdas vocales, robó un monitor de computadora; sustrajo a mi bebé, María José Monroy Enciso; y salió de la óptica, dejando una nota con la siguiente leyenda: “La persona que me contrató me dijo que les dijera que a la niña se la va a llevar a Sudamérica el 11 de octubre del 2010”.

Geyser fue detenido y en su declaración refirió haber trasladado a María José a casa de su madre y padre, posteriormente a casa de sus tíos, más tarde a casa de su media hermana, y, por último, a un lugar que había rentado previamente en el municipio de Tultitlán, Estado de México. María José tenía 11 meses de edad. También afirmó que el 2 de octubre decidió privar de la vida a mi bebé; sin embargo, se hizo una búsqueda en el canal de aguas negras donde dijo que la había arrojado y no se encontró el cuerpecito de la niña.

Se analizó el caso como una situación grave de violación a los derechos humanos de la niñez. La hipótesis principal de la investigación se centró en que la desaparición de María José está relacionada con un patrón de trata de menores de edad con fines de adopción ilegal internacional.

Se utilizó la metodología del análisis de contexto para ampliar la comprensión de los hechos, contemplando diversas disciplinas aplicables al caso (antropología, sociología, trabajo social y criminología); se integraron las perspectivas de género, de derechos humanos, de internacionalidad, para dar cuenta de las razones de género que influyeron para la comisión de este crimen y las violaciones de derechos humanos tanto a la víctima como a sus familiares.

Sobre la protección de los derechos humanos de la niñez, la búsqueda con presunción de vida debió ser asumida como un deber jurídico para cumplirse diligentemente, la investigación debió realizarse con el propósito de evitar la impunidad y la repetición de los hechos delictivos. De lo anterior, se infiere la relevancia de que toda investigación relacionada con desapariciones de niñas se debe iniciar de oficio, sin dilación, de manera imparcial y efectiva, orientada a la obtención de la verdad, con el propósito de la localización y recuperación de la víctima con vida; de la detención y enjuiciamiento de los responsables, tanto autores materiales como intelectuales; y la reparación integral del daño.

Todo ello, en razón de que los hechos sucedieron el 21 de septiembre del 2010 y fue hasta el 23 de septiembre del mismo año que un grupo de personal capacitado acudió al lugar de los hechos, siendo la familia de la mi bebé quienes iniciaron la búsqueda inmediata, mientras yo me debatía entre la vida y la muerte.

Después de casi 11 años y medio de los hechos delictivos, no se ha dado con el paradero de mi hija, María José Monroy Enciso. Tampoco se han obtenido los elementos suficientes que confirmen las declaraciones del sentenciado Geyser en las que asegura haber privado de la vida a mi nena. Y mi familia y yo seguimos con el dolor de la ausencia.

Yamilé

La mamá de Yamilé Sinahí Silahua Sotelo, doña Rosa Isela, nos narra que su niña de 12 años salió muy temprano, 15 minutos antes de las 6 de la mañana —cuando todavía estaba oscuro— el 16 de enero de 2016; iba a la escuela con su hermana, quien era un año mayor que ella. Doña Rosa Isela siempre las acompañaba a la parada del camión, pero ese día había amanecido un poco enferma.

Cuando iban a la mitad del camino, un tipo se bajó de un vehículo y otro se quedó al volante, jaló a Yamilé y la subieron por la fuerza al vehículo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo su hermana por arrancárselas de las manos. Ahí quedó tirado el morral con los útiles de Yami y sus zapatos, que en el jaloneo le quitó su hermana Mica.

Mica corrió por todo el pueblo de Tlaltizapán, Morelos, hasta que logró llegar al módulo de la policía; la subieron a un vehículo y se fueron con ella a buscar a su hermanita menor. No la encontraron. Desde ese día, el dolor de la ausencia ha aquejado a esta familia, incluso se detuvieron a dos presuntos secuestradores de Yami, pero en juicio oral —y a pesar de que Mica los identificó plenamente— los jueces los pusieron en libertad.

Desde entonces, no hay líneas de investigación, no se busca a Yami y su familia la llora todos los días, la espera, tiene la esperanza de que un día llame y diga dónde y cómo está. Cada día que pasa, la familia, su mamá y sus hermanas han visto minada su salud y su alegría; y aunque han tenido que seguir viviendo, es una vida marcada por el dolor de la ausencia de Yami.

Estas dos historias son solo una muestra de todo el dolor acumulado a lo largo de los años, de las madres que buscan a sus hijas y que únicamente han recibido apoyo de la sociedad a través de sus redes sociales. En ambos casos se logró abrir carpetas a nivel federal, pero eso tampoco ha traído resultados en la búsqueda de sus hijas.

¿Cuánto tiempo más sufrirán estas madres el dolor de la ausencia?

Junio 2022, mes más violento para las mexicanas en los últimos siete años

  

Marcado por la violencia de género e impunidad, en el país se registró un total de mil 877 asesinatos contra mujeres durante los primeros seis meses del año, de los cuales únicamente 479 se investigan como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Imagen: Berenice Chavarría Tenorio

Según el mismo Secretariado, junio alcanzó una cifra histórica al registrar un total de 368 asesinatos de mujeres: 281 clasificados como homicidios dolosos y 87 como feminicidio, cifra que no se había visto en los últimos siete años.

El dato más alto de la que se tenía conocimiento corresponde a agosto de 2021, con 271 homicidios dolosos de mujeres. Sin embargo, la violencia feminicida ha alcanzado récords aún más alarmantes.

CIMACFoto: César Martínez López

Ante este panorama, diversas organizaciones y colectivas han exigido al Estado mexicano atención inmediata al feminicidio y la violencia de género, además de abatir la impunidad que impera en muchos de los casos y mantiene a las víctimas lejos de la justicia.
Por ello, para que en México se erradiquen los 10 asesinatos de mujeres que ocurren diariamente, es necesario un compromiso que salde la deuda pendiente con los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.

Sánchez Cordero y Zaldívar presentan propuestas contra el feminicidio, ¿de qué tratan? El OCNF lo explica


CIMACFoto


Ciudad de México.- Ante las propuestas del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y las senadoras Olga Sánchez Cordero Dávila y Gabriela López Gómez, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) aseguró que para erradicar la violencia feminicida no es prioritario emitir un ordenamiento general que unifique el tipo penal de feminicidio. Lo que sí es urgente –expresó la articulación ciudadana– es un replanteamiento de los objetivos y las necesidades en los ámbitos de procuración y administración de justicia.

El debate surgió luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dio a conocer el proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio el pasado 6 de julio. Días después, Sánchez Cordero Dávila y López Gómez hicieron lo propio al presentar una iniciativa con proyecto de decreto con la cual buscan reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de feminicidio.

Ambos proyectos tienen por objetivo homologar el delito a nivel nacional, tal como lo recomendó en 2021 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingés); sin embargo, para la sociedad civil los dos documentos presentan deficiencias.
Razones de género: poco analizadas en iniciativa y proyecto

El OCNF reconoció que el tipo penal se regula de forma más adecuada en la propuesta de Olga Sánchez Cordero Dávila y Gabriela López Gómez. Sin embargo, el Observatorio también resaltó que varias de las razones de género contempladas en dicha iniciativa incluyen términos subjetivos como “misoginia”, “desprecio”, “odio”, “mediante engaños”, “motivos de homofobia”.


“Dichos términos complican la acreditación del delito, por lo que debe replantearse la manera en que se formulan en el tipo penal, de tal forma que se incluyan bajo el reconocimiento de elementos objetivos o normativos jurídicos. Además, hay razones de género que se regulan de mejor manera o con más elementos objetivos en algunos estados del país, por lo que se debieron tomar en cuenta para la elaboración del tipo propuesto”, aseveró el OCNF.CIMACFoto: César Martínez López

Por otra parte, la organización explicó que el proyecto presentado por Arturo Zaldívar en materia de feminicidio “es deficiente en varios aspectos”, esto debido a que no se consideraron los procesos legislativos ya existentes, la experiencia de la sociedad civil ni las necesidades específicas de los distintos contextos de violencia.

Además, la redacción del tipo penal y sus agravantes es inadecuada e invisibiliza el avance que se ha logrado en el reconocimiento de los diversos contextos feminicidas en las legislaciones vigentes.

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio también señaló que en su propuesta, el ministro presidente de la SCJN busca reducir la pena a quienes incurran en dicho delito. En este aspecto, el Código Penal de la Ciudad de México contempla una pena máxima de 70 años, mientras que el proyecto propone una de 60 años.


También se criticó que el apartado de investigación del feminicidio “se realizó sin tomar en cuenta los avances que ya existen y se reconocen en diversos protocolos de investigación del mismo delito en varias entidades federativas”.
Para terminar con la impunidad, evitar priorizar más marcos legales

Tras un minucioso análisis de las propuestas, el OCNF concluyó que para terminar con la impunidad en los casos de violencia feminicida no es urgente emitir un ordenamiento general que unifique al tipo penal del feminicidio.

Se remarcó que la urgencia debe otorgarse a concretar investigaciones adecuadas, con debida diligencia y perspectiva de género; fiscalías con personal capacitado y suficiente para realizar dichas investigaciones; infraestructura y personal forense también capacitado, además de otros factores cuya falta o deficiencia perpetúan la impunidad.

“Reconocemos el esfuerzo de estos proyectos e iniciativas, aunque también hacemos un llamado a las autoridades a que se haga un replanteamiento de los objetivos y de las necesidades reales tanto en el ámbito legislativo, como en el de procuración y administración de justicia, para erradicar de manera efectiva a la violencia feminicida y terminar verdaderamente con la impunidad en los casos de feminicidio, y plantear elementos para la prevención del delito, en el que sean escuchadas las víctimas y las propias organizaciones de la sociedad civil”, sentenció el OCNF.

El feminismo latinoamericano se hizo fuerte en las calles

Entrevista a la docente e investigadora Verónica Gago

Por Daniel Denvir |

Fuentes: Jacobin

En los últimos años miles de mujeres de toda América Latina salieron a las calles en protesta contra la desigualdad de género y en reclamo de sus derechos. En tiempos de alerta para el feminismo internacional, su ejemplo se vuelve aún más relevante.

Hace dos años, en el Día Internacional de la Mujer, miles de trabajadoras de las ciudades más importantes de América Latina salieron a la calle a protestar contra la desigualdad. Esta movilización de masas —producto de décadas de organización feminista— estuvo centrada en ampliar las definiciones del trabajo y de les trabajadores.

El movimiento feminista latinoamericano se hizo fuerte desde las calles, y fue a partir de su movilización masiva que en los últimos años logró avances históricos en materia de derechos. En momentos de alerta internacional feminista como el presente, dado por el regresivo fallo dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, conviene tener presente las lecciones que arroja la lucha de las mujeres y las disidencias al sur del continente.

Daniel Denvir conversó con Verónica Gago, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, integrante del consejo asesor de Jacobin América Latina y autora de La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo, que nos explica por qué este movimiento se volvió tan masivo y qué significa para la clase obrera latinoamericana.

Argentina parece haber sido el punto de inicio de un nuevo movimiento feminista que, a lo largo de los últimos cinco años, terminó convirtiéndose en una poderosa fuerza política en toda América Latina. ¿Cómo surgió el fenómeno en Argentina y cómo se extendió por toda la región?

A lo largo de las últimas tres décadas, los encuentros del activismo queer y del feminismo tradicional influyeron en muchas generaciones de argentinas. Después de la dictadura, el protagonismo político había quedado en manos del movimiento de derechos humanos, representado principalmente por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Después de la crisis de 2001, el movimiento de desocupados empezó a problematizar el concepto de trabajo y puso en cuestión la idea de que el trabajo asalariado era la única vía posible para vivir una vida digna. Estas y otras movilizaciones, que empezaron en los márgenes, que terminaron reorganizando la política y narrando el conflicto en términos políticos más que individuales, son factores que explican la masividad del movimiento feminista.

Otro elemento importante es el trabajo político estratégico de las organizaciones. Los sindicatos, los movimientos sociales, los colectivos y las luchas territoriales protagonizaron conflictos que la agenda feminista terminó incorporando. De a poco, el feminismo dejó de definirse en función de iniciativas esporádicas, discursos académicos y demandas institucionales. Empezó a problematizar los cuerpos, los territorios, el trabajo, el extractivismo y las reivindicaciones de los inmigrantes y de los indígenas.

El feminismo se transformó entonces en una praxis política concreta en espacios tan distintos como los sindicatos, las organizaciones políticas, las escuelas, las universidades y los barrios. Hay que decir también que, en América Latina, existen muchas configuraciones políticas del feminismo: está el feminismo afro, el feminismo de los estudiantes, etc.

¿Cómo se explica la expansión regional del movimiento y por qué es tan importante el internacionalismo?

Las políticas transfronterizas nos permiten pensar más allá de nuestros propios territorios. Un año el movimiento era fuerte en Argentina. Otro año ganó fuerza en España. Un año después surgió en México. Hoy la vanguardia está en Chile. La experiencia de formar parte de un movimiento que excede el propio país es importante. Estamos repensando el internacionalismo como algo que somos más que como una abstracción. Estamos compartiendo posicionamientos, vocabulario e imágenes de distintas movilizaciones de todo el mundo.

Las tradiciones socialista y comunista tienen una fuerte presencia en este internacionalismo. Sin embargo, nuestro internacionalismo no está construido en función del protagonismo de los partidos políticos. Es una formación nueva, que difiere de todas las formaciones previas. Reivindicamos la perspectiva transnacional que necesitamos para deshacernos del neoliberalismo y del capitalismo financiero.

También nos preguntamos, «¿Cómo debemos reformular las luchas de nuestros territorios para conectarlas con otras?». Por ejemplo, la participación de las trabajadoras domésticas migrantes en el paro feminista está generando un internacionalismo práctico. Pero, al mismo tiempo, esa participación es compleja debido a la falta de estatus legal que afecta a estas trabajadoras.

Por otro lado, con tantas agendas centradas en torno al extractivismo, a la situación de las trabajadoras migrantes y a los nuevos modos de imperialismo, el movimiento feminista internacional está reconceptualizando lo que entendemos por movimiento decolonial.

En tu libro leo que, «Contra el modelo estrecho que define quiénes pueden hacer paro —trabajadores hombres, blancos, asalariados, sindicalizados— expandimos la capacidad política, los lenguajes y las geografías de esta acción». ¿Por qué el movimiento feminista adopta la forma de un paro feminista? ¿Qué es un paro y qué hace que el paro feminista sea un paro?

El paro tiene sentido para muchos trabajadores distintos, incluso los que participan de la reproducción social y los de la economía informal. El paro feminista está redefiniendo una forma popular de lucha en este nuevo momento histórico, conectando sectores, repensando su rol en los sindicatos e integrando luchas que no suelen ser reconocidas como paros obreros. En este sentido, el paro es un vector de transversalidad. Incluye a personas, a sujetos y a conflictos históricamente excluidos de las huelgas.

De hecho, el paro feminista asigna un contenido de clase a reivindicaciones distintas y amplía la noción de huelga. Empezamos considerando la imposibilidad de un paro: no podemos parar en nuestra vida cotidiana, en trabajos sin patrón y desarrollados en condiciones precarias. Pero entonces nos organizamos para redefinir esta imposibilidad como una nueva forma de lucha y repensar el paro a partir de esas condiciones.

En general, la política de masas conlleva moderar ciertas reivindicaciones para ajustarlas a determinadas narrativas, y ablandar un poco el lenguaje en los medios de comunicación masivos. Pero movimiento feminista hace lo contrario: estamos radicalizando la narrativa, conectando, por ejemplo, las reivindicaciones por la vivienda con la deuda externa y el rechazo de los mandatos de género. Esto despierta el deseo de cambiarlo todo.

Los medios nos dicen, «Están mezclando todo. ¿Qué tiene que ver el feminismo con la deuda externa o con el problema de la vivienda? Esto no es un movimiento feminista». En un gesto radical, conectamos distintas formas de violencia para explicar concretamente la precarización de nuestras vidas cotidianas.

¿Qué tipo de condición común es la precariedad y qué vínculo tiene con la condición común del proletariado más clásico? ¿Qué tipo de relación tiene el poder de huelga de los trabajadores precarizados con el del proletariado clásico?

No podemos decir que todos los trabajos son precarios, pero podemos trabajar políticamente con la idea de que la precarización es un terreno común. Conectar el paro con la precariedad es una forma de analizar la crisis de los «salarios hechos de retazos», como dice Silvia Federici, y los tipos de trabajo no reconocidos como tales. La perspectiva feminista reconoce todos los trabajos invisibles y no remunerados que funcionan en las economías informales y populares, y que hacen a la infraestructura que sostiene la vida cotidiana.

El paro nos permite mapear distintas condiciones de precarización, pero el problema político sigue siendo construir una huelga en esas condiciones. No se trata solo de reintroducir la palabra «huelga» en nuestro discurso político. En Argentina tenemos una reivindicación que es «Trabajadoras somos todas». Por supuesto, no pretende ser un paraguas que abarca todo, que homogeneiza y que obstruye la identidad de clase. Pero revela la multiplicidad de lo que significa el trabajo con todas las jerarquías que produce la precarización desde el punto de vista feminista. Hacer paro en condiciones tan difíciles es una forma de persistir en la organización.

También escribiste que el feminismo funciona como un lente en el sentido de que permite que comprendamos mejor la totalidad del orden presente, sobre todo porque conecta «el trabajo doméstico con la explotación financiera». ¿Cuál es esa conexión entre trabajo doméstico y explotación financiera? ¿Qué papel juega hoy en Argentina y en el sistema capitalista mundial, y cómo es que el feminismo nos ayuda a comprenderla?

Estamos estudiando y abordando el tema de la deuda de los hogares. La deuda familiar opera como un mecanismo que fuerza la precarización: fuerza a los trabajadores —sobre todo a las mujeres, a las lesbianas y a las personas transgénero— a aceptar trabajos por los que se paga cada vez menos. En consecuencia, la deuda se convierte en el motor interno que impulsa la flexibilidad e impone el trabajo precario, pero también genera condiciones de organización. Por otro lado, hay que decir también que la deuda es un medio de explotación cada vez más intenso y que se adapta a las realidades heterogéneas del trabajo.

El Colectivo Ni una Menos en Argentina produjo una serie de reivindicaciones que combinó la lucha contra los femicidios, el trabajo que queremos y también la deuda que no queremos. Decimos que nos queremos vivas, con libertad y sin deudas. La conexión entre estos términos es importante: produce algo distinto a la victimización. No decimos simplemente, «Dejen de matarnos». Estamos disputando la idea libertaria de libertad y su conexión con la autonomía económica.

Cuando decimos que queremos vivir sin deudas, conectamos los efectos de la deuda externa con la deuda de los hogares y evidenciamos que las políticas de ajuste son la causa de ambas: hay que abordar el problema de la deuda de los hogares en la economía cotidiana para confrontar las medidas de austeridad del gobierno, que es obligado a adoptar esas medidas por el Fondo Monetario Internacional. Establecer estas conexiones entre las deudas de los hogares y la deuda soberana y las finanzas mundiales es parte de la pedagogía feminista.

En Argentina y en América Latina, el endeudamiento, sobre todo entre los sectores populares, está vinculado con el florecimiento de las economías ilegales. Las economías ilegales, por más violentas que sean, son con frecuencia una solución para los individuos endeudados. En ese sentido, los flujos ilegales de dinero representan a veces una salvación.

Parece similar a la acumulación primitiva, que separa a los trabajadores de los medios de subsistencia y los fuerza a trabajar por un salario para sobrevivir.

Exacto. Pero funciona en otro nivel. El extractivismo financiero es más sofisticado. Conecta la tierra, los recursos naturales y la especulación inmobiliaria con estos dispositivos de deuda.

Desde la perspectiva feminista, cuando intentamos organizar los territorios donde transcurren vidas precarias, donde las personas tienen trabajos precarios y las condiciones de reproducción social son complejas, también enfrentamos el problema de encontrar tiempo disponible para la organización política. La deuda despoja a nuestra época del tiempo necesario para la organización política: es difícil sostener espacios políticos o, por ejemplo, organizar un comedor en un barrio, cuando hay que aceptar otro trabajo para completar los ingresos.

Feministas marxistas y teóricas marxistas de la reproducción social, como Paula Varela y Tithi Bhattacharya, argumentan que el trabajo reproductivo realizado por fuera de una relación salarial no produce valor en el sentido marxista. Varela escribe: «El trabajo social reproductivo no es producción de valor precisamente porque no es conmensurable. No puede convertirse en trabajo abstracto».

¿Qué opinión te merece esta idea de las teóricas de la reproducción social de que tenemos que reconocer la distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, no porque uno sea más importante que el otro, sino precisamente para comprender la contradicción entre los dos bajo el capitalismo?

La contradicción es un punto importante. Pero, siguiendo a Silvia Federici, existe mucha explotación no reconocida: en América Latina, muy pocos trabajadores son reconocidos en tanto tales. En los años setenta, cuando las feministas postularon que el trabajo no remunerado es extraído de la jornada salarial, recurrieron a la noción de «medida». La medida es lo que el capital necesita para no ser considerado como valor.

El problema de la medida no es equivalente al de la no producción de valor. Las luchas feministas plantean, después de analizar los salarios y la duración de la jornada laboral, que la idea de medida está en crisis. Reducir la idea de valor a la medida salarial y a la duración de la jornada laboral es demasiado restrictivo. En el «Tercer Mundo» el trabajo no remunerado, libre o informal es mayoritario. Todos los trabajadores que forman parte de la clase obrera deben ser considerados como productores de valor.

También existen territorios domésticos más allá del hogar, como las infraestructuras populares, las economías populares y el trabajo comunitario, que contribuyen a la reproducción doméstica. No considerar esos territorios como productores de valor es una decisión política que juzga que la vida de esos trabajadores es «no productiva». Pero los dispositivos financieros son más inteligentes y rápidos, y reconocen la producción de valor en estos terrenos de reproducción social con el fin de apropiárselo. El paro feminista puso en evidencia las dinámicas de precarización actuales y las formas en que el sistema y sus dispositivos financieros se aprovechan de ellas, explotando y extrayendo valor de esos terrenos de reproducción social.

Aunque el neoliberalismo tal vez haya terminado con el salario familiar fordista, no nos dejó nada más emancipador como reemplazo. En tu libro leo que estamos viviendo «la crisis del patriarcado del salario». Y también que «esto no implica el fin del patriarcado, sino la descomposición de un modo específico de estructurar el patriarcado. La intensificación de la violencia sexista evidencia ese exceso de violencia que dejó de estar contenido en la forma salario».

Tu argumento es que el neoliberalismo es socialmente reaccionario, entre otras cosas, porque fuerza a las mujeres a realizar más trabajo reproductivo. ¿Qué función cumplen la reacción social y el antifeminismo en el neoliberalismo?

En Argentina, los debates sobre la remuneración del trabajo informal y reproductivo se solapan con la historia de los planes sociales, de los desafíos contra las políticas neoliberales y de la decadencia del hombre proveedor. Las economías ilegales brindaron una nueva forma de autoridad y de ingreso que reemplazó a ese personaje. Esta compleja red de violencia reestructuró el panorama de vida de las mayorías en América Latina y en Argentina. Las fuerzas conservadoras y reaccionarias intervienen en este contexto ofreciendo nuevas formas de reconocimiento a esos hombres proveedores en decadencia y también prometen seguridad económica en los barrios precarizados.

La desestabilización de las autoridades racistas y patriarcales que inició la movilización feminista y la política pone en riesgo los dispositivos de seguridad y de acumulación de capital. El feminismo y los movimientos barriales, sindicales, estudiantiles e indígenas, entre otros, son en cierto sentido factores que explican el giro neoconservador y el surgimiento de nuevas fuerzas reaccionarias. Estas composiciones de carácter masivo, radical y transnacional están desestabilizando el orden sexual, de género, racial y, por lo tanto, el orden neoliberal que tomó cuerpo en la disputa de la dirección de la crisis de deuda de 2001.

El neoliberalismo y el conservadurismo comparten los objetivos estratégicos de normalizar y gestionar las crisis de obediencia. El feminismo es una política de desobediencia cotidiana, y esta política cuestiona las nociones hegemónicas de seguridad y de gestión de la crisis.

La nueva derecha latinoamericana adoptó como uno de sus ejes el antifeminismo, especialmente la demonización de lo que denominan «ideología de género». De hecho, parece tener una fijación particular con la obra de Judith Butler. ¿Qué significan la ideología de género y Judith Butler para la derecha latinoamericana? ¿Por qué se convirtieron en un elemento tan importante de la reacción contra los movimientos sociales y contra la marea rosa?

La obra de Judith Butler es emblemática. Su circulación no está restringida a la discusión académica. Está completamente incorporada como una referencia política, y las fuerzas reaccionarias son conscientes de eso. La ideología de género se planteó sobre todo con la discusión de la educación sexual en las escuelas. Varias organizaciones, oenegés y grupos religiosos se opusieron a la educación sexual, que incluía a Judith Butler, argumentando que promovía la homosexualidad.

El movimiento feminista pone en juego dos temas: la seguridad y la economía. Reconceptualiza nuestras ideas de libertad, autonomía económica, educación y derecho al aborto. Por ejemplo, pone en cuestión la noción de libertad como algo individual o aislado que pertenecería a cada uno como una propiedad. En cambio, imagina la libertad en relación con un tejido colectivo: los grupos se organizan para protegerse y defenderse.

Las fuerzas reaccionarias perciben estos experimentos como desafíos directos a las nociones de seguridad, a la economía y a la propiedad individual. En América Latina, el protagonismo político del movimiento feminista es concebido por las fuerzas reaccionarias como un movimiento político con potencial desestabilizador, y no solo como una política identitaria o un debate académico. Las fuerzas reaccionarias no toleran la masividad y la radicalidad de este movimiento que está disputando la sensibilidad de la nueva generación.

En otra parte, escribiste: «Desde los años 1970, después de la derrota de los movimientos revolucionarios, América Latina empezó a servir como un sitio de experimentación para las reformas neoliberales impulsadas desde arriba por las instituciones financieras internacionales, por las grandes empresas y por los gobiernos».

Sin embargo, otro argumento del libro es que el neoliberalismo no viene solo desde arriba, sino también desde abajo. De ahí tu uso del concepto de «gubernamentalidad» de [Michel] Foucault, que muestra que el neoliberalismo también es «un conjunto de saberes, de tecnologías y de prácticas que despliegan un nuevo tipo de racionalidad que no puede ser pensado solo desde arriba». 

La conclusión es que, aun después de haber perdido legitimidad política en América Latina durante la primera década de este siglo, el neoliberalismo siguió anclado en las «subjetividades populares». ¿Qué es esta subjetividad popular del neoliberalismo que viene desde abajo, y cómo se vincula con el neoliberalismo impuesto desde arriba?

En Argentina, el argumento dominante es que el neoliberalismo pertenece al pasado y que está asociado estrictamente con las reformas neoliberales de los años 1990. En mi libro Neoliberalismo desde abajo discutí esta idea de que el neoliberalismo es sinónimo de mercado y de que el opuesto del neoliberalismo es la intervención del Estado.

La fórmula del Estado contra el mercado es un modo simplista de pensar el rol del Estado en el neoliberalismo, de pensar el mercado y las reformas estructurales de los años 1990. Estas formas de neoliberalismo no solo fueron impuestas desde arriba. También son formas de vida cotidiana. Redefinieron el emprendedurismo, la política en los territorios y en los barrios y los servicios públicos. La fuerza de trabajo migrante también se vio forzada a reinventar y reorganizar sus modos de producir y de conquistar derechos. El neoliberalismo desde abajo enfatiza esta pluralización de la lógica y de las subjetividades populares.

Cuando no existe una alternativa, surgen formas políticas ambivalentes de confrontar la hegemonía neoliberal. Los sectores populares, especialmente las economías populares, antagonizan la agenda neoliberal, pero al mismo tiempo están obligados a asumir las condiciones del neoliberalismo y los modos de acción que impone. El neoliberalismo no se reduce a las reformas estructurales. Esas reformas estructurales son importantes y son un aspecto clave del panorama latinoamericano. Pero el neoliberalismo en los sectores populares es una forma de hacer las cosas y alienta a las personas más desprotegidas a adoptar el emprendedurismo y la autogestión.

Muchas veces me encuentro con esta idea de que el neoliberalismo es una cosa del pasado, una fuerza externa que no tiene nada que ver con las economías cotidianas de los más pobres. Pero la verdad es que los sectores populares están implicados en esta idea del emprendedurismo. La deuda conecta con los planes sociales y con formas autónomas de buscar sustento.

En América Latina, el debate sobre las políticas neoliberales y sobre la subjetividad está vinculado con la idea de las economías populares como una máquina que está en medio de estas condiciones neoliberales y las formas de activismo político contra el neoliberalismo.

La subjetividad emprendedora creada por el neoliberalismo, ¿es un reflejo de la ideología neoliberal hegemónica, uno de sus desprendimientos disidentes o una mezcla contradictoria entre ambos?

El neoliberalismo no es una ideología completa. No es una tendencia autónoma del capital que se desarrolla según su propia racionalidad. [El neoliberalismo desde abajo] es una forma de pensar la violencia del neoliberalismo contra los sectores más pobres de nuestros países. Cuestiona la noción de que el neoliberalismo es una ideología que existe de manera definida en los libros y después se aplica.

Los sectores populares o los más desposeídos están enfrentando el neoliberalismo. Lo peor del neoliberalismo es la creencia que promueve de que no existe ningún antagonismo y de que este sistema es una especie de monstruo con capacidad de absorber cualquier lucha, inflexión o confrontación. Las economías populares están disputando la definición del neoliberalismo y no encajan del todo en la idea de emprendedurismo. Las ideas de cálculo individual y de sujeto neoliberal no funcionan cuando se trata de pensar estas economías populares.

Pero tampoco están desarrollando economías alternativas. Este tipo de antagonismo no coincide con ningún antagonismo clásico. Sin embargo, es parte de las luchas concretas, como las reivindicaciones por vivienda y servicios públicos en los barrios, la reorganización de la fuerza de trabajo, especialmente la fuerza de trabajo migrante, y los nuevos tipos de sindicalismo.

También escribiste que la izquierda latinoamericana de la marea rosa marca «la emergencia de un populismo que busca convertirse en la ideología dominante en concordancia con la vuelta del Estado, intentando autoafirmarse como sinónimo del fin del neoliberalismo en la región». 

Pero, siguiendo tu argumento, «el neoliberalismo y el neodesarrollismo se combinan para dotar de un nuevo carácter a la intervención estatal, y también a los conceptos de desarrollo y de inclusión social». ¿Qué tanto se aleja tu análisis de otros que miran con más simpatía a los gobiernos de la marea rosa? ¿En qué sentido estos gobiernos fracasaron en el combate contra el neoliberalismo y facilitaron la extensión del neoliberalismo bajo una nueva forma?

No es fácil discutir este tema ahora porque algunos argumentan que estamos asistiendo a una segunda oleada de la marea rosa con el nuevo gobierno de Chile, las elecciones en Colombia y en Brasil y la derrota de [Mauricio] Macri en Argentina.

Hay que debatir los niveles, los ritmos y el mapa de la primera y la segunda olas discutiendo el tipo de reformismo posible, en qué medida está habilitado por los movimientos sociales y por los levantamientos populares y condicionado por las políticas neoextractivistas.

Estos tres ángulos del problema están enmarañados en la cuestión de definir los contornos de un gobierno progresista o popular en la actualidad. América Latina no es una región pacífica. Los intentos neoliberales y conservadores de fundar un nuevo orden siempre fracasan. Las movilizaciones, las crisis y las elecciones siempre terminan poniendo en cuestión la idea de una victoria completa de los gobiernos de derecha. En este sentido, América Latina es una región muy dinámica.

Estamos debatiendo constantemente cuál era el objetivo principal de los gobiernos progresistas de hace cinco años. ¿Qué sucedió? ¿Qué tipo de fracaso condujo al surgimiento de los gobiernos de derecha que siguieron? ¿Y qué elementos siguen vigentes hoy, cuando esos gobiernos de derecha están perdiendo impulso, como sucedió en Argentina después de cuatro años de gobierno de Macri? ¿Cuáles serán las condiciones políticas que dejará el gobierno de [Jair] Bolsonaro?

También estamos investigando qué tipo de reformismo es posible teniendo en cuenta el rol de América Latina en el mercado mundial, cómo esta región está marcada completamente por el neoextractivismo y cómo estas formas de disputar las políticas públicas, enfrentando medidas de austeridad y confrontando las deudas externas son parte de los programas políticos de los gobiernos populares, que dependen de la fuerza de los movimientos. Y eso es importante: a veces los gobiernos olvidan que dependen de los movimientos sociales y políticos para abrir nuevas posibilidades y horizontes de soberanía.

Verónica Gago. Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de Argentina. Es parte del Consejo Asesor de Jacobin América Latina.

Fuente: https://jacobinlat.com/2022/06/28/el-feminismo-latinoamericano-se-hizo-fuerte-en-las-calles/

Tijuana se une a la resistencia. Abren clínica de ILE en la frontera ante criminalización de aborto en EUA


CIMACFoto: César Martínez López


Ciudad de México.- “Hijos por elección y no por azar”: la fundación Marie Stopes inauguró la primera clínica especializada para la interrupción legal del embarazo (ILE) en Tijuana, Baja California. Así, abrió la posibilidad no solo a que las mexicanas accedan a un aborto seguro, sino también a las mujeres estadounidenses que buscan una opción ante las recientes restricciones impuestas en su país.

La clínica se encuentra ubicada a 10 kilómetros del puente fronterizo de San Ysidro que conduce a California, Estados Unidos (EE. UU.). Este espacio se convirtió en el noveno de su tipo en territorio mexicano y tiene por objetivo brindar a las mujeres un lugar seguro para concluir con un embarazo hasta la doceava semana de gestación –límite establecido en la legislación del estado–.

El director médico de la fundación, Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, destacó en entrevista con EFE que desde inicios de julio de este año, cuando la clínica abrió sus puertas, decenas de mujeres han acudido a recibir atención.

Cabe destacar que la mayoría de quienes han acudido tiene más de 26 años de edad, el 80 por ciento de las pacientes ya tenían hijas e hijos al presentarse; además, muchas de ellas son jefas de familia y de religión católica.

El procedimiento para la ILE implementado en la clínica se encuentra alineado a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al lineamiento mexicano de 2021 emitido por el Centro Nacional de Equidad de Género.

La clínica deja fuera de sus puertas el estigma que existe en torno al aborto. En ese sentido, Carrera Riva Palacio afirmó que Marie Stopes busca que sean las mujeres quienes tomen las decisiones sobre su vida.

“Nosotros tenemos como visión ‘hijos por elección y no por azar’; y nuestra misión es que en México cada nacimiento sea deseado, entonces estaremos en un nivel de desarrollo como debería ser, siempre para otorgarles a las mujeres”, aseguró el director médico de la fundación.
Fotografía: Pexels
Restricciones en Estados Unidos llevan a mujeres a buscar ayuda en México

El pasado 24 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el fallo Roe contra Wade, lo que puso fin al derecho constitucional de las mujeres para interrumpir un embarazo en el país. Esto ocasionó que 26 estados decidieran implementar severas medidas restrictivas contra los derechos sexuales y reproductivos de las estadounidenses.

En las últimas semanas se han dado a conocer las prohibiciones al aborto en entidades como Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah, Wisconsin y recientemente, Georgia. En este último estado, únicamente se permitirá que las mujeres aborten hasta la sexta semana de gestación, etapa en la que en muchas ocasiones aún es sumamente difícil conocer si la mujer está experimentando un embarazo.

Las modificaciones recientes en el marco jurídico de Georgia también concedieron a los embriones y fetos la definición de “personas”, lo que les otorga derechos ante la ley.

Con esta serie de medidas planteadas en diversos lugares de EE. UU., al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva verán afectados sus derechos, de acuerdo con la organización Planned Parenthood ​​–la mayor proveedora de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos–.

Por ello, se espera que la frontera con México se convierta en un espacio al que decenas de mujeres acudan para interrumpir de forma legal y segura un embarazo ante el riesgo latente de la criminalización en su propio país.

50% de víctimas forzadas a trabajo doméstico en Centroamérica son niñas: Día Mundial contra la Trata de Personas

 

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio, se destaca que a nivel global el delito afecta principalmente a mujeres y niñas, quienes cada vez más son utilizadas para realizar trabajos domésticos forzados.

Según el Reporte Global 2020 de Trata de Personas, por cada 10 víctimas de trata, cinco son mujeres y dos son niñas. Tal como señala el informe, en países con alto nivel económico estas víctimas son explotadas con fines sexuales. No obstante, en otras regiones con subdesarrollo, mujeres y niñas son traficadas para realizar labores forzadas, la mayoría de ellas relacionadas con trabajo del hogar.

El reporte de la ONU indica que, a nivel global, una de cada cuatro mujeres son traficadas para labores forzadas. Este fenómeno es mucho más frecuente en Centroamérica y El Caribe: 50 por ciento de las personas víctimas de trata con el fin de realizar tareas domésticas son niñas. Por su parte, en África del Norte cerca del 60 por ciento de las víctimas destinadas a dichas tareas son mujeres adultas.

Todas estas víctimas sufren violencias que van de la mano con el tráfico humano. Entre ellas se encuentran la violencia sexual, y el abuso físico y psicológico por parte de quienes las explotan. Pero ¿qué permite que esto siga sucediendo?

Las invisibilidad del sector doméstico

En el reporte de la ONU se afirma que la invisibilidad del trabajo doméstico es un factor determinante para que esta modalidad de trata siga expandiéndose. La falta de información contribuye a que muchas mujeres y niñas sean amenazadas para realizar trabajos del hogar sin días de descanso, prestaciones y, en la mayoría de los casos, alejadas de sus familias.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género en España, las víctimas de esta modalidad casi siempre desconocen sus derechos y, por lo tanto, no pueden identificar los tipos de violencia a los que son sometidas ni iniciar una denuncia por ello; y aunque reconozcan las agresiones en su contra, muchas veces el temor a perder su empleo no les permite actuar.

CIMACFoto: César Martínez López

A este miedo se suma que algunas de estas mujeres han sido sustraídas de sus lugares de origen. Esto significa que viven lejos de sus familias, por lo cual no tendrían un sitio a donde ir si abandonan el hogar donde trabajan. 

Un ejemplo claro es el caso de las mujeres migrantes en Estados Unidos y otras partes del mundo que son sometidas a labores forzadas. Para ellas, los costos de traslado y la exposición a riesgos como la deportación –en el caso de las migrantes indocumentadas– hacen que la explotación laboral parezca su única alternativa antes que la denuncia o el retorno obligado a sus hogares.

De acuerdo con la ONU, a nivel mundial, el 80 por ciento de las personas que realizan trabajos del hogar son mujeres. A muchas de ellas las engañan por medio de supuestas relaciones amorosas y ofertas de trabajo falsas; muchas veces, los actores detrás no son individuos propiamente, sino que conforman grandes redes de trata.

Al respecto, la ONU cita un caso de 2019 en el que se descubrió una red de tráfico que traía a mujeres a México desde Colombia para obligarlas a realizar trabajo doméstico. Los traficantes tenían lazos de parentesco: hay quienes están traficando a sus familiares a costa del sufrimiento.

Aunado a lo delicado de la situación, para la periodista colombiana Diana Marcela Tinjacá falta conocer más cifras relacionadas con el trabajo doméstico. De esta forma se podría identificar cuántas de las mujeres que lo realizan son, en realidad, víctimas de trata en un mercado laboral ilegal e invisible.