La edad de las universitarias morelenses oscila entre los 25 y 17 años. Nacieron entre 2001 y 2008, en un contexto en que la urbanización salvaje rompía los vínculos de las comunidades. Su infancia se desarrolló en medio de megatiendas y malls. No tuvieron muchos parques ni espacios culturales donde recrearse.
Eran todavía bebés cuando las desapariciones y asesinatos comenzaron a ser la nota diaria en la entidad. Daban sus primeros pasos cuando fue asesinado un importante narcotraficante cuyo cadáver repleto de billetes se presentó en los medios como trofeo. La gente dice que luego de eso, terminó de podrirse todo.
Jugar en la calle fue para la mayoría de ellas tan sólo el cuento que narraban sus padres y abuelos. Se divertían entre rejas y cuidados extremos. Crecieron en un ambiente donde ver transitar policías y militares armados hasta los dientes era lo más normal; que había toques de queda; zonas intransitables y municipios que no se podían pisar.
Tomaban conciencia del mundo en la primaria, cuando el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, el hijo de un poeta, conmocionó al país entero. Quizás fueron las primeras veces que vieron en la televisión a grandes multitudes protestando. Jugaban a ser médicas, maestras o artistas cuando una estudiante de siscología fue desaparecida y asesinada. Se llamaba Viridiana Morales Rodríguez. La mayoría no supo esa historia, hasta que años más tarde vieron su rostro en un mural de su futura universidad.
Algunas cursaban ya la secundaria mientras otras apenas ingresaban a la primaria cuando oyeron el nombre de su alma mater a causa del asesinato de un profesor, Alejandro Chao Barona, y su esposa, Sarah Rebolledo Rojas. También les comenzó a resonar la palabra Ayotzinapa y una cifra: 43, acompañada de la palabra justicia. Las que vivían en Jojutla y Cuautla se enteraron que muy cerca de sus casas había fosas clandestinas cavadas por la propia fiscalía. Un año más tarde, la gente del Oriente supo, o tal vez no, que un muchacho que organizaba a la gente por vivienda y tierra fue degollado. Se llamaba Gustavo Salgado Delgado.
En medio de los dramas de su adolescencia se enteraron que a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres y que existe ya una palabra para nombrar ese horror: feminicidio.
Ya tenían la mayoría de edad unas, y otras estaban por ingresar a la secundaria cuando aprendieron que la gente que lucha por los bienes comunes podía ser asesinada, y que ese crimen quedaría impune. Fue en 2019 cuando mataron a Samir Flores Soberanes en Amilcingo.
Comenzaron a ver afiches con rostros de muchachas y de jóvenes joviales pegados en los muros y postes de las calles con la leyenda “Se busca”. Para algunas de ellas, a sus tempranas edades, ya veían como algo normal que la muerte no fuese propiedad de los ancianos, sino que ella se repartía entre todas las edades.
Les tocó cursar la secundaria o la preparatoria a distancia. Confinadas en sus casas. Un poco asfixiadas. En condiciones muy difíciles, con mala señal de Internet y fallas eléctricas, pudieron terminar sus estudios y comenzaron a soñar con su profesión.
A pesar de todo, algunas de ellas, muy pocas, lograron entrar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la de mayor prestigio. Tienen sueños y proyectan hacer una carrera para ser mejores personas y tener una vida digna. Sus familias lograron pagar la cuota semestral y hacer mil y un esfuerzos para que puedan estudiar. Algunas de ellas trabajan para pagar sus estudios. Pero el horror les alcanzó. Van cinco feminicidios de estudiantes universitarias de abril de 2025 a la fecha. El último fue el de la estudiante canaria de intercambio, Claudia Tacoronte, ultimada afuera de la Casa de Cultura de Cuautla el sábado 12 de septiembre.
Y por eso están en la calle hoy. Ya hicieron una huelga hace unos meses. Se definen feministas. Pintan bardas, se tapan el rostro e imitan a las mujeres poco más grandes que ellas que han poblado los 8 de marzo y los 25 de noviembre y que son condenadas y calumniadas por algunos políticos y medios. Sienten rabia e indignación. Se están organizando. Necesitan organizarse más y seguir luchando, porque frenar los feminicidios no es un objetivo fácil. Pero están convencidas que lo pueden alcanzar. Lo menos que pueden hacer las autoridades es escucharlas y atender sus demandas.
* Filósofo, coordinador de las Obras escogidas de Fernando Martínez Heredia
Foto: Cimac / La nueva Ley General de Feminicidio busca homologar en todo el país la prevención, investigación, sanción y reparación de estos crímenes. El presupuesto será clave para garantizar su aplicación efectiva.-La reforma constitucional que permitirá crear una Ley General de Feminicidio avanza en el Congreso, pero el reto será convertirla en una política efectiva.
El último año de la LXVI Legislatura abre una nueva oportunidad para que el Congreso avance en reformas pendientes que pueden transformar la respuesta del Estado frente a las violencias contra las mujeres. Una de ellas es la creación de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo desafío no será únicamente establecer reglas nacionales para investigar y sancionar estos crímenes, sino garantizar que existan recursos suficientes para hacerlas cumplir.
La reforma constitucional que abrió paso a esta legislación fue avalada por el Congreso de la Unión y posteriormente por los congresos estatales necesarios para su declaratoria de validez. Con ello, el Poder Legislativo cuenta con un plazo de 180 días naturales para expedir la Ley General en materia de feminicidio.
La nueva legislación busca establecer reglas comunes para todo el país y reducir las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas para investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género.
Entre los cambios planteados se encuentra la homologación del delito de feminicidio, así como disposiciones para fortalecer su investigación y sanción. También contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, agravantes y mecanismos de reparación integral del daño.
Uno de los puntos centrales es que las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, de manera que las autoridades estén obligadas a descartar esta posibilidad mediante una investigación con perspectiva de género.
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
La discusión de esta legislación ocurre en un país donde el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia sigue enfrentando enormes obstáculos.
Aunque el feminicidio está reconocido en la legislación mexicana desde hace más de una década, las diferencias entre los marcos jurídicos estatales, las fallas en las investigaciones y la falta de aplicación efectiva de la perspectiva de género han impedido que el reconocimiento legal se traduzca siempre en justicia.
En 2025, 2 mil 795 mujeres fueron asesinadas en México y sólo 25 por ciento de esos casos fue investigado como feminicidio, de acuerdo con información documentada por organizaciones feministas.
Esta brecha evidencia uno de los problemas que la nueva Ley General deberá atender: que la manera en que una autoridad clasifica e investiga la muerte violenta de una mujer no dependa de criterios distintos en cada entidad.
El feminicidio no es únicamente el asesinato de una mujer. Es una expresión extrema de violencia de género y, por ello, su investigación requiere identificar las circunstancias, antecedentes y relaciones de violencia que pudieron estar relacionadas con el crimen.
Investigar con perspectiva de género implica, entre otras cosas, considerar posibles antecedentes de violencia, amenazas, acoso, lesiones, violencia sexual o relaciones de poder, además de garantizar que las familias de las víctimas puedan participar en los procesos y acceder a la verdad, justicia y reparación.
Por ello, la discusión legislativa no debería limitarse a definir nuevamente el delito o aumentar las penas. También tendrá que establecer qué instituciones serán responsables, con qué capacidades, bajo qué protocolos y con qué recursos deberán cumplir las obligaciones de la nueva Ley General.
#2InformeDeGobierno | Tras la creación de la Secretaría de las Mujeres, mil Centros Libre acercan atención psicológica, jurídica y social, así como orientación para fortalecer la autonomía de las mexicanas y prevenir violencia de género.
La reforma constitucional que permite al Congreso legislar en materia de feminicidio fue presentada como una modificación sin impacto presupuestario adicional. Sin embargo, llevar a la práctica una Ley General implicará nuevas obligaciones para las instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar y reparar estos delitos.
Una legislación efectiva requiere fiscalías con personal suficiente y especializado, servicios periciales capaces de realizar investigaciones con perspectiva de género, policías capacitadas, mecanismos de protección para víctimas y familiares, así como recursos para garantizar la reparación integral del daño.
También será necesario fortalecer las capacidades institucionales para generar información confiable sobre los casos de feminicidio, dar seguimiento a las investigaciones y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades.
Por eso, el presupuesto será una de las primeras pruebas de que la nueva legislación no se quede en el papel.
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 adquiere especial relevancia en este contexto. Los recursos que se asignen a las políticas de prevención y atención de las violencias feminicidas permitirán observar si existe un respaldo financiero acorde con las obligaciones que tendrá el Estado.
En 2026, el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas cuenta con recursos destinados a estas tareas. Sin embargo, el reto será determinar si el presupuesto destinado a enfrentar la violencia feminicida es suficiente frente a las dimensiones del problema y frente a las nuevas responsabilidades que derivarán de la Ley General.
No se trata únicamente de destinar más recursos, sino de garantizar que lleguen a las instituciones y servicios que intervienen en la prevención, investigación, atención y reparación de los feminicidios, y que su ejercicio pueda ser evaluado.
Homologar el delito no basta
Uno de los principales objetivos de la reforma es establecer criterios comunes para todo el país. Esto podría contribuir a reducir las diferencias existentes entre las entidades federativas y evitar que las investigaciones dependan de marcos jurídicos o criterios locales distintos.
Sin embargo, homologar el delito no garantiza por sí mismo investigaciones adecuadas.
La experiencia de organizaciones feministas muestra que las dificultades no terminan con la existencia de una norma. Persisten obstáculos para acceder a las carpetas de investigación, para que los casos sean investigados con perspectiva de género y para que las familias puedan obtener justicia.
Por ello, la nueva legislación tendrá que acompañarse de protocolos claros, capacitación especializada, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, así como de recursos suficientes.
También deberá contemplar las necesidades de las víctimas indirectas de feminicidio, particularmente niñas, niños y adolescentes que pierden a sus madres como consecuencia de estos crímenes.
La reparación integral no puede reducirse a una compensación económica. Implica garantizar verdad, justicia, medidas de rehabilitación, atención y garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.
El reto: que la ley llegue a las fiscalías
La discusión sobre feminicidio no terminará cuando el Congreso apruebe una Ley General. Ahí comenzará una etapa todavía más compleja: lograr que sus disposiciones lleguen a las fiscalías, policías, servicios periciales, tribunales y demás instituciones encargadas de garantizar justicia.
La experiencia de las últimas décadas demuestra que una legislación puede quedarse corta cuando no existen recursos, capacidades institucionales y mecanismos para exigir su cumplimiento.
Por ello, la nueva Ley General deberá evaluarse no sólo por lo que establezca su articulado, sino por su capacidad para transformar la respuesta del Estado ante las muertes violentas de mujeres.
La reforma constitucional ya abrió la puerta. Ahora corresponde al Congreso construir una legislación que responda a la dimensión de la violencia feminicida y, al Poder Ejecutivo, garantizar los recursos para hacerla realidad.
Foto:
César Martínez López/ El informe “Trazar la ausencia, caminar la
esperanza”, de la Universidad Iberoamericana, documentó 58 fosas
clandestinas vinculadas con elementos del delito de feminicidio.-La investigación de la Ibero revela patrones diferenciados de violencia contra las mujeres.
El informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, documentó 58 fosas clandestinas vinculadas con elementos del delito de feminicidio entre enero de 2020 y septiembre de 2024, en las que fueron localizados 92 cuerpos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La
investigación, que analiza los hallazgos de fosas clandestinas en
México entre 2006 y 2024, incorpora una mirada específica sobre las violencias contra las mujeres y muestra que la inhumación clandestina no puede entenderse únicamente como una expresión de la violencia criminal: en determinados casos también constituye parte de las dinámicas de violencia feminicida.
El informe señala que entre las características recurrentes encontradas en los casos de mujeres están la inhumación individual o junto con otras mujeres o menores de edad,
así como la presencia de signos de tortura y otras formas de violencia,
entre ellas estrangulamiento o asfixia, traumatismos físicos, violencia
sexual e inmovilización previa a la muerte.
2024 concentró el mayor número de fosas vinculadas con feminicidio
De las 58 fosas clandestinas documentadas en este grupo, 22 fueron localizadas en 2024, 13 en 2022, 10 en 2023, siete en 2020 y seis en 2021.
Así, 2024 concentró 39% de las fosas vinculadas con elementos del delito de feminicidio identificadas durante el periodo analizado.
La
Ibero advierte que este aumento puede apuntar tanto a una agudización
del fenómeno como a una mayor visibilización de estos casos a través de
los medios de comunicación. Por ello, el dato no debe interpretarse por
sí solo como una tendencia nacional de feminicidio, sino como parte del
universo de fosas clandestinas documentadas por la investigación.
Los casos fueron identificados en 23 de las 32 entidades federativas. Chihuahua concentró 16% y Sonora 12% de los hallazgos, seguidos por Veracruz y Ciudad de México, con 7% cada uno.
En la Ciudad de México, las fosas vinculadas con feminicidios representaron 31% del total de fosas clandestinas documentadas en la entidad durante el periodo estudiado.
Más de la mitad de las fosas de mujeres estaban en inmuebles privados
Uno
de los hallazgos que permite observar con mayor claridad la dimensión
de género de estas violencias es el lugar donde fueron encontradas las
víctimas.
En 56 de las 58 fosas vinculadas con feminicidio fue posible determinar el tipo de espacio. De ellas, 34 —60.7%— estaban en inmuebles privados, entre ellos casas, ranchos y negocios.
De esos 34 casos, 13 correspondían a propiedades de las propias víctimas o de sus perpetradores.
El
dato coincide con otro patrón identificado por la investigación: entre
las fosas atribuidas a particulares y localizadas en domicilios
privados, 70% estaban relacionadas con violencia feminicida.
Para
la Ibero, esta concentración resulta relevante porque la violencia
contra las mujeres ocurre frecuentemente en espacios cerrados y puede
ser ejercida por hombres pertenecientes al círculo cercano de las
víctimas.
El hallazgo también obliga a
mirar más allá de la imagen tradicional de una fosa clandestina ubicada
en un paraje remoto. El informe documenta que las inhumaciones pueden
encontrarse dentro de viviendas, negocios y zonas habitacionales.
En
Chihuahua, por ejemplo, durante 2024 fueron localizadas tres fosas
clandestinas vinculadas con la inhumación de mujeres dentro de casas de
una colonia habitada de Ciudad Juárez.
Mujeres jóvenes, madres y hasta mujeres embarazadas
Los datos disponibles sobre las víctimas permiten identificar otros patrones de género.
De las 92 personas vinculadas con estos casos, el informe pudo documentar la edad de 68 mujeres. De ellas, 31 tenían entre 20 y 30 años, equivalente a aproximadamente 45.6%.
Las
víctimas tenían perfiles diversos: entre ellas había estudiantes,
maestras, deportistas y modelos. La investigación también identificó cinco mujeres que estaban embarazadas al momento de ser inhumadas clandestinamente.
Otro dato muestra que las consecuencias de estos crímenes trascienden a las víctimas directas: al menos 25 de las mujeres asesinadas eran madres, por lo que niñas, niños y adolescentes quedaron en condición de orfandad a consecuencia de la violencia feminicida.
Además, el informe señala que 95% de las víctimas mujeres localizadas en estas fosas fueron identificadas,
una proporción inusual. La Ibero plantea que esto puede estar
relacionado con que las mujeres víctimas de feminicidio suelen ser
localizadas en lapsos más cortos y con que estos casos ocurren con
frecuencia en espacios cercanos a la víctima.
Las fosas muestran violencias diferenciadas contra las mujeres
La investigación no plantea que todas las mujeres encontradas en fosas clandestinas
sean víctimas de feminicidio. Su análisis se concentra en aquellos
casos que, a partir de las características documentadas y de lo señalado
por las autoridades, resultan consistentes con los elementos
establecidos en el Código Penal Federal para este delito.
Entre
las características identificadas aparecen la violencia sexual, la
tortura, la inmovilización y otros tipos de violencia física.
El
informe también encuentra diferencias según el tipo de perpetrador. En
los casos atribuidos a particulares, por ejemplo, predominan métodos que
implican contacto físico directo, como traumatismos, estrangulamiento,
inmovilización y uso de armas blancas. La investigación relaciona estas
prácticas con dinámicas interpersonales y contextos domésticos.
En
contraste, el crimen organizado aparece asociado con formas de
violencia instrumental y simbólica que incluyen desmembramiento, armas
de fuego y tiros de gracia.
Las familias siguen buscando frente a los vacíos del Estado
El
análisis de la Ibero también coloca en el centro a las familias y
colectivos de búsqueda, particularmente frente a las deficiencias
institucionales para registrar, investigar y resguardar los sitios donde
son localizados cuerpos.
El informe documentó 23 fosas clandestinas de uso reiterado,
es decir, lugares donde después de una primera intervención volvieron a
encontrarse cuerpos o restos humanos. Para las autoras y autores, estos
casos constituyen evidencia de omisiones institucionales en materia de
investigación, resguardo y prevención.
La
problemática se relaciona además con la falta de información homogénea.
La investigación advierte que las fiscalías no entregan registros con
el mismo nivel de detalle y que algunas incluso señalaron que no
contaban con información procesada sobre fosas clandestinas.
Por
ello, el informe no pretende establecer una cifra definitiva sobre el
número de fosas clandestinas existentes en México. A partir de fuentes
hemerográficas, la Ibero documentó al menos 3 mil 516 fosas clandestinas, 8 mil 341 cuerpos y 52 mil 305 restos humanos entre 2006 y septiembre de 2024.
Sin embargo, advierte que las cifras podrían ser mayores debido a los
subregistros y a las limitaciones de las fuentes disponibles.
La
investigación sostiene que conocer quiénes son las víctimas y cómo
fueron violentadas es indispensable para comprender las distintas
dimensiones de la desaparición y la violencia en México, incluidas
aquellas que afectan de manera diferenciada a mujeres y otros grupos
históricamente discriminados.
Por Alondra Machuca. Somos el medio. Resumen Latinoamericano, 30 de julio de 2026
Organizaciones
acompañadas por el proyecto Feminist Opportunities Now (FON) presentaron
en la Ciudad de México los resultados de cuatro años de financiamiento
feminista, en medio de un llamado urgente a la acción estatal.
En 2025 se registraron 721 feminicidios en México, concentrados
particularmente en Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de
México y Veracruz, y a la fecha existen 136 mil personas en condición de
desaparecidas en el país, de las cuales más de 30 mil son mujeres. Los
datos fueron presentados por Diana Ríos, integrante del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), durante un encuentro de organizaciones feministas acompañadas por el proyecto Feminist Opportunities Now (FON), realizado en la Casa Refugio Citlaltépetl, en la Ciudad de México.
Siete organizaciones feministas mexicanas,
de un total de 23 acompañadas durante cuatro años por el proyecto,
presentaron ahí los resultados de ese proceso de financiamiento y
acompañamiento técnico. Al encuentro asistieron representantes de la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Embajada de Francia en México,
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Médicos del Mundo
Francia, organización encargada de la implementación del proyecto en
América Latina, de acuerdo con el boletín de prensa distribuido por FON.
Frente a este panorama, integrantes de las colectivas presentes llamaron
al Estado mexicano a asumir su responsabilidad y a articularse con las
organizaciones que acompañan a sobrevivientes de violencia y
generan diagnósticos de primera mano. Chío, integrante de Mujeres de la
Tierra, Mujeres de la Periferia, denunció que son las mujeres campesinas
quienes sostienen sus hogares mientras enfrentan la tarea de, en sus
palabras, “estar mandando mensajes de exigencia a las
instituciones públicas para que escuchen nuestras demandas”. Aunque el
país cuenta con una mujer en la presidencia, dijo, “las mujeres de los
pueblos seguimos siendo las más abandonadas”: “las primeras en ser impactadas con la entrada de los megaproyectos somos las mujeres”.
Karen Valadez, integrante de la Red por una Política Fiscal Feminista, situó el problema en un plano estructural: “si las dimensiones estructurales se mantienen, la violencia en el día a día es muy difícil que cambie”, dijo, al referirse a la importancia de administrar los recursos públicos desde una perspectiva feminista.
Para Paola Franco, de Tali Bienestar y Conservación AC, la violencia de género se agrava en los contextos de desastres derivados del cambio climático, donde, señaló, “suelen ser las mujeres y las niñas las más afectadas”.
Chiara Santoro, coordinadora del proyecto FON,
expuso, de acuerdo con el boletín de prensa, que las organizaciones
feministas desempeñan un papel fundamental en la defensa de derechos y
la transformación social “en un contexto global y regional
marcado por el aumento de las desigualdades, el debilitamiento del
espacio cívico y la persistencia de las violencias de género”.
Santoro advirtió que las colectivas enfrentan barreras para su
sostenibilidad, particularmente modelos de financiamiento rígidos, de
corto plazo y poco adaptados a sus realidades, y explicó que FON ha
acompañado durante cuatro años a organizaciones feministas en México y
Colombia con modelos más flexibles de financiamiento y fortalecimiento
institucional.
Martha Mercado, integrante de la
Red de Organizaciones para la Defensa de los Derechos Humanos de las
Mujeres Indígenas y la Equidad de Género (RODMI), expresó su
preocupación por el avance de gobiernos conservadores en América Latina,
que —dijo— amenaza con eliminar derechos y libertades ganados a lo
largo de la lucha feminista. Ante ese escenario, llamó a conservar lo ya
alcanzado frente a un contexto cada vez más hostil en la política
internacional.
Sebastián Chavira, jefe de departamento en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer de la SRE, reconoció, según el comunicado, que “los gobiernos no podemos solos y son las organizaciones las que nos ayudan a llegar a las comunidades”,
por lo que, dijo, urge fortalecer los mecanismos de diálogo e
incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño,
desarrollo y evaluación de las políticas públicas.
Ángela Guerrero, de la Red Feminista para
el Acceso a la Justicia, la Prevención y la Reducción de Violencias
Basadas en Género, planteó, que el trabajo de las colectivas va más allá
del acompañamiento de casos: “generamos evidencia,
diseñamos herramientas, construimos rutas de respuesta e impulsamos
cambios concretos para que el acceso a la justicia deje de depender de
la voluntad de las instituciones y se convierta en una garantía efectiva
para todas las mujeres”.
Foto:
Web / Marisela Escobedo se convirtió en un símbolo de la exigencia de
justicia en México después del feminicidio de su hija, Rubí.-El
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres pidió a la Fiscalía de
Chihuahua retirar contenidos que responsabilizan a Marisela Escobedo del
feminicidio de su hija Rubí Marisol FrayreEscobedo.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) solicitó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la implementación de medidas de protección para la familia de la activista Marisela Escobedo Ortiz,
al considerar que recientes contenidos difundidos en medios de
comunicación y plataformas digitales revictimizan a la defensora y la
responsabilizan del feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
La
organización, que representa jurídicamente a la familia de Escobedo,
informó que presentó la petición ante la Fiscalía de Distrito Zona
Centro y solicitó además el retiro de las emisiones que, a su juicio,
vulneran la dignidad, la memoria y los derechos tanto de Marisela como
de Rubí.
De acuerdo con el CEDEHM, estas expresiones constituyen una nueva forma de violencia contra las víctimas indirectas del feminicidio
y reproducen estereotipos sexistas que desacreditan la trayectoria de
una de las principales defensoras de derechos humanos en México.
La
solicitud será analizada por el Ministerio Público, que determinará la
procedencia de las medidas de protección. En los casos previstos por la
ley, estas deberán ser ratificadas por un Juez de Control del Distrito
Judicial Morelos.
La organización señaló que la petición se sustenta en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
la cual contempla mecanismos de protección para prevenir nuevas
afectaciones a las víctimas y garantizar una actuación con perspectiva
de género.
Rechazan narrativas que responsabilizan a las víctimas
El CEDEHM advirtió que la difusión de estos contenidos ha generado indignación entre madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad,
quienes consideran que las narrativas difundidas distorsionan los
hechos y revictimizan tanto a Marisela Escobedo como a su hija.
La organización sostuvo que responsabilizar a las víctimas o a sus familias por la violencia feminicida
perpetúa patrones de discriminación y desvía la atención de la
responsabilidad de las instituciones encargadas de investigar y
sancionar estos delitos.
Asimismo, informó que continuará dando
seguimiento a la actuación de la Fiscalía de Chihuahua y que anunciará
nuevas acciones legales para proteger los derechos de la familia.
El caso de Marisela Escobedo marcó la lucha contra el feminicidio
Marisela Escobedo se convirtió en un símbolo de la exigencia de justicia en México después del feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrido en 2008.
Tras
denunciar las fallas en la investigación y la liberación del
responsable, emprendió una búsqueda pública de justicia que culminó el 16 de diciembre de 2010,
cuando fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua
mientras realizaba una protesta pacífica para exigir el esclarecimiento
del crimen de su hija.
Desde entonces, su caso se ha convertido en
un referente de la lucha contra la impunidad en los feminicidios y de
la defensa de los derechos de las familias de las víctimas.
Giorgio Trucchi. La Nueva Nicaragua y Más. Resumen Latinoamericano,
En los últimos cinco años, la región ha registrado más de 19.000
feminicidios. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más
afectados, mientras que más del 90% de las muertes violentas quedan
impunes. Las organizaciones feministas denuncian la ineficacia del
endurecimiento de las penas y reclaman prevención, investigaciones
eficaces y políticas integrales contra la violencia de género.
El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas ha registrado
19.254 feminicidios en los últimos cinco años, es decir, 11 muertes
violentas de mujeres por motivos de género al día, una cada dos horas.
En 2024, 14 de los 25 países con las tasas de incidencia
relativa de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América
Latina y el Caribe (ONU Mujeres y CEPAL), encabezados por Honduras, con
4,7 víctimas por cada 100.000 mujeres, Guatemala (1,9) y la República
Dominicana (1,7). Todo ello sin tener en cuenta el enorme subregistro de
datos, debido principalmente al miedo o a la imposibilidad de denunciar
y, muy a menudo, a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad y
en los operadores de justicia, considerados indiferentes, arrogantes o,
incluso, cómplices de los delincuentes.
Estas cifras superan con
creces la media ponderada de la región, que oscila entre 1 y 1,3 casos
por cada 100.000 mujeres. Brasil y México encabezan la lista de países
con el mayor número absoluto de feminicidios, con 1.568 y 768
asesinatos, respectivamente (2025). El 42% de los ataques mortales los
comete la pareja o la ex-pareja, y el entorno doméstico constituye el
principal foco de riesgo, en particular para las mujeres de entre 21 y
30 años (22% de los feminicidios).
En 2025, en Honduras, el Observatorio del Centro de Derechos de
Mujeres (Cdm) registró 936 agresiones contra mujeres y niñas, entre
ellas 412 delitos sexuales y 262 feminicidios. Esto significa que en
Honduras una mujer o una niña es asesinada cada 33 horas. El 46 % de las
personas agredidas tiene entre 11 y 39 años, lo que supone un aumento
del 49% con respecto al año anterior.
La mayoría de los agresores formaban parte del círculo más
cercano de las víctimas. Por primera vez, los delitos sexuales (44%)
superan a los delitos contra la vida (31%), afectando principalmente a
niñas y jóvenes (297). Las denuncias por violencia doméstica ascendieron
a 41.895 y las de maltrato familiar a 48.642.
En los primeros
seis meses de 2026, la situación no ha cambiado. El Observatorio ha
registrado 126 muertes violentas de mujeres, una cada 34 horas. En mayo
fueron asesinadas 8 mujeres en solo cuatro días, cuatro de ellas menores
de edad.
Ante la gravedad de la situación y el enorme subregistro de casos, el
Cdm y una veintena de organizaciones, colectivos y plataformas de
mujeres y feministas han tomado posición exigiendo un enfoque integral
de la violencia contra las mujeres.
«Estas cifras no son estadísticas abstractas, son vidas arrebatadas,
familias destrozadas, hijos e hijas que crecen sin sus madres. Cada
cifra tiene un nombre, una historia y una comunidad que llora su
ausencia. Ante esta realidad, ninguna organización comprometida con los
derechos de las mujeres puede permanecer en silencio», advierten en una
declaración conjunta.
En 2013, tras una larga lucha, el movimiento de mujeres hondureño
logró un éxito histórico: la tipificación del delito de feminicidio. A
pesar de ello, como acabamos de ver, la emergencia no ha cesado y las
cifras ponen de manifiesto una situación extremadamente preocupante.
El nuevo Congreso, controlado por las fuerzas ultraconservadoras del
bipartidismo tradicional como resultado de unas «elecciones
fraudulentas» y fuertemente condicionadas por la injerencia
estadounidense y las denuncias de fraude, ha aprobado una reforma que
endurece las penas por el delito de feminicidio (de 25 a 30 años) y por
el feminicidio agravado (entre 40 y 60 años) y crea órganos judiciales
especializados.
Para las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres,
esta medida no solo no es suficiente, sino que representa un débil
paliativo, una especie de «populismo punitivo» que se está extendiendo
de la mano del avance de la derecha en el continente latinoamericano.
«No sirve de nada aumentar las penas si no se promueven políticas de
prevención, ni se aborda seriamente la impunidad que afecta a más del
90% de las muertes violentas de mujeres», explica a Pagine Esteri, Erika
García, coordinadora del programa de justicia y litigio estratégico
feminista del Cdm. Se ponen así en el punto de mira al sistema judicial
y a la falta de un enfoque integral ante el drama de la violencia de
género.
Además de esto, continúa García, las organizaciones denuncian la
falta de refuerzo del proceso de investigación, la reticencia
sistemática de quienes administran justicia a aplicar el tipo delictivo
de feminicidio, así como la complicidad de las fuerzas de seguridad,
integrada en su mayoría por hombres.
Tras las elecciones de 2021, ganadas por Xiomara Castro y el partido
Libertad y Refundación (Libre), varias organizaciones impulsaron una
propuesta de ley especial integral contra la violencia hacia las
mujeres. La entonces oposición bipartidista mayoritaria, con el apoyo de
los sectores religiosos fundamentalistas y del aparato mediático
controlado por los grupos de poder económico y político, se opuso
enérgicamente a su presentación en el pleno y el proyecto quedó
engavetado. La reciente reforma sigue siendo, por tanto, más un acto
mediático improvisado que una respuesta global e integral a la
problemática.
«Desde que tomaron posesión las nuevas autoridades han puesto una
bandera del movimiento pro-vida tanto en el hemiciclo parlamentario como
en los distintos ministerios. Además —continúa la abogada del Cdm—
nunca han querido escuchar la opinión de aquellas organizaciones que
llevan años en primera línea apoyando a las mujeres, y que conocen muy
bien las dinámicas que permiten que la violencia se reproduzca y se
refuerce. Son muchos, demasiados, los ejemplos de incoherencia de esta
gente».
También hay fuertes críticas contra el doble rasero de la mayoría
parlamentaria, que, por un lado, dice querer defender la vida de las
mujeres, pero, por otro, aprueba leyes que la ponen seriamente en
peligro. «Han aprobado normativas que blindan las actividades agroindustriales,
que criminalizan la defensa de la tierra y los bienes comunes, que
despojan a las comunidades de sus tierras, que reactivan el empleo a tiempo parcial,
precarizando aún más el mercado laboral y desmantelando los derechos.
Las mujeres son las principales víctimas de estas leyes», advierte
García.
Por último, denuncian la hipocresía de la agenda ultraconservadora
que ha legislado la prohibición total y absoluta del aborto, blindándola
con una reforma que solo permite su modificación con el voto favorable
de tres cuartas partes de los diputados, y que conspira, junto con el
integralismo religioso, para negar los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres. «La deriva fundamentalista religiosa y su incidencia en
los derechos de las mujeres es una constante global que va de la mano
de la radicalización hacia la derecha de los gobiernos de la región,
convirtiéndose en uno de sus instrumentos privilegiados», concluye la
abogada del Cdm.
También es muy grave la situación que viven las mujeres en Guatemala,
país que ocupa el segundo lugar entre los que tienen el mayor índice
relativo de feminicidios. En 2025, se registraron 595 muertes violentas,
lo que supone un aumento del 6% con respecto al año anterior, de las
cuales 206 fueron feminicidios (+14,4%). Las denuncias por violencia de
género ascendieron a 17 al día, con una tasa de 402,2 denuncias por cada
100.000 mujeres (fiscalía general). A pesar de ello, solo el 9% de las
personas que sufren violencia denuncian los abusos. Este subregistro
afecta especialmente a los pueblos indígenas, que en Guatemala
representan el 46,3% de la población total (Revista Puentes de
Diálogos).
En lo que respecta a la violencia sexual, la fiscalía general
registró 9.649 denuncias, de las cuales el 60% (5.834 víctimas)
correspondían a violaciones y el 29% (2.839 víctimas) a agresiones
sexuales. La mayoría de las víctimas son niñas y jóvenes (65,9%). La
violencia provoca, además, un aumento exponencial de los embarazos
adolescentes e infantiles, con 2.101 partos de madres de entre 10 y 14
años en 2024, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año
anterior (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva).
A pesar de que en 2008 las organizaciones de mujeres y feministas
lograran la aprobación de normativas especiales contra el feminicidio y
otras formas de violencia contra las mujeres (Decreto 22-2008), con
penas de entre 25 y 50 años, y para la búsqueda inmediata de mujeres
desaparecidas (Decreto 9-2016), Guatemala sigue siendo uno de los países
del mundo donde más mujeres mueren y desaparecen. Se calcula que al
menos 13.800 mujeres desaparecieron en los últimos siete años, es decir,
casi cinco al día.
«Debemos volver a la historia de Guatemala, un Estado con
características coloniales que siempre ha representado los intereses de
las oligarquías nacionales y del capital multinacional, excluyendo
sistemáticamente a los pueblos indígenas y a las mujeres. Un Estado que,
además, oculta esta realidad tras una falsa narrativa de defensa de los
derechos de las personas», explica a Pagine Esteri, Virginia Gálvez,
miembro de la Colectiva feminista Actoras de Cambio.
Los 36 años de conflicto armado interno y de represión feroz, con más
de 200.000 víctimas y al menos 45.000 desaparecidos, así como la
influencia directa de Estados Unidos en las políticas
contrainsurrecionales, han utilizado la militarización y el control
masculino de los territorios, así como la violencia sexual, como armas
contra los pueblos, contra las mujeres mayas y las mujeres organizadas.
«Fue una auténtica institucionalización de la violencia sexual, que
ha permanecido en una impunidad casi total y que se ha reforzado con el
paso de los años. Nos encontramos, por tanto, ante una auténtica
deshumanización de la mujer, sobre todo de la mujer indígena, cuyo
cuerpo se convierte en una extensión del territorio que hay que
controlar e invadir, o en un objeto que hay que explotar sexualmente»,
señala Gálvez.
Diversas organizaciones de mujeres y feministas señalan la atención a
las supervivientes, el litigio estratégico y la lucha contra la
impunidad, la sanación ancestral y comunitaria y la labor de
sensibilización política como los principales elementos de una
estrategia integral para hacer frente al flagelo del feminicidio y la
violencia de género.
Para la activista, es fundamental hacer que el Estado asuma sus
responsabilidades, denunciando su hipocresía, legitimando el trabajo de
las organizaciones, creando mecanismos de respuesta y reparación, de
sanación y recuperación de las mujeres, y generando condiciones sociales
que impidan la repetición.
«Hay condiciones estructurales que deben cambiarse, pero también
debemos avanzar en la lucha contra la impunidad, en la denuncia de la
falsa protección por parte del Estado, rompiendo el silencio,
reapropiándonos de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestra historia»,
concluye.
Ciudad de México.- México se encuentra en un festejo futbolero y las miradas están colocadas en la justa deportiva, no obstante el país mantiene registros sostenidos de violencia contra las mujeres, así lo confirman las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual informa que hasta el mes de abril de este 2026, la violencia sexual acontece en todas las entidades del país, sin excepción alguna, con 6 mil 513 casos.
El estado de México es la entidad donde más casos de violencia sexual contra mujeres hay con 896 registros; seguido de Ciudad de México con 745 y luego Nuevo León con 449.
Cabe señalar que la Secretaría de las Mujeres, surgida en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo 60 días sin titular hasta el pasado lunes 15 de junio y aunque ya fue designada Laura Itzel Castillo Juárez, actualmente presidenta de la Cámara de Senadores, como su titular, lo cierto es que llegará a su función hasta el mes de septiembre y atender estas cifras más el acumulado del próximo trimestre.
Castillo Juárez, deberá asumir el objetivo de la Secretaría que consiste en «coordinar las acciones y políticas públicas que se implementan a nivel nacional para promover las condiciones para avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres en México».
Además, la violencia feminicida también sigue sostenida, al mes de abril de este año el país acumula 208 casos. Sinaloa sigue sostenida en el primer lugar con 27 registros, seguida de Chiapas con 16; estado de México, con 16; Ciudad de México con 15 casos y Chihuahua con 11. Aguascalientes se mantiene sin registros hasta el momento.
En cuanto a los municipio más violentos en la República mexicana el primer lugar lo tiene Culiacán en Sinaloa; seguido de Reynosa en Tamaulipas; luego la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México; Benito Juárez en Quintana Roo; Centro de Tabasco; y luego dos en Chihuahua, que sería su homónimo Chihuahua y Cuauhtémoc; después Cuautla en Morelos.
Ahora, en cuanto al registro de homicidio doloso contra mujeres Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional con 72 casos, y a nivel nacional hay un registro de 532 casos.
A esa entidad le sigue Guerrero con 39 casos, Morelos con 36, Michoacán con 35, Colima con 31, Ciudad de México con 30 y así consecutivamente. Yucatán es la única entidad que no tiene registros de este delito contra mujeres.
La situación de lesiones dolosas contras mujeres tiene registros altos. Según datos del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay 26 mil 586 casos y es el estado de México donde se concentra la mayoría de las denuncias con 8 mil 752 casos y Guanajuato con 2 mil 915 casos. No hay entidad que se exima de registros.
En cuanto al delito de trata de personas Quinta Roo es el estado con mayor registro de casos con 97 de los 196 que hay a nivel nacional.
En delitos por violencia familiar las cifras también son altas. A nivel nacional hay registro de 87 mil 827 casos. Ciudad de México es la que mayores registros tiene con 9 mil 431 casos, estado de México con 8 mil 645 casos; seguido de Nuevo León con 7 mil 631 casos; Guanajuato con 5 mil 600 y Baja California con 5 mil 218. Ninguna entidad se exime de registros.
En cuanto a las llamadas que las mujeres realizan en casos de emergencia relacionadas con incidentes de violencia en el país hay 86 mil casos 976 casos. Ciudad de México encabeza la lista.
Cimac Foto.-.-Ciudad
de México.- Yeritza “N”, sobreviviente de feminicidio en 2 ocasiones
por su entonces pareja, en 2020, denunció la reclasificación del delito
por el que su agresor Carlos Enrique “N” fue juzgado (feminicidio en
grado de tentativa a violencia intrafamiliar) así como el ordenamiento
de su libertad, lo que aseguró, la coloca en riesgo y a su familia, por
lo que responsabilizó a las magistradas Blanca García Sánchez, Erika
Epifanía Reséndiz Ramírez y al magistrado presidente Rafael Inti
Castillo Serrato, quienes hicieron esta reclasificación, de lo que pueda
sucederles.
Yeritza “N” lleva 6 años buscando justicia en medio
de campañas de acoso, intimidación y desprestigio por parte de los
familiares de su agresor. En un video difundido en redes sociales, contó
que ayer recibió la notificación de la reclasificación del delito de
feminicidio en grado de tentativa, a violencia intrafamiliar, así como
la posibilidad de que Carlos Enrique “N”, su agresor, quede en libertad.
En
estos 6 años, la familia del agresor buscó varios recursos legales,
entre los que se encuentran 2 amparos que ganó. El de 2024 anuló la
sentencia que Yeritza había logrado en 2022, de 11 años 8 meses de
prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Un juez
anuló la sentencia y ordenó reponer el procedimiento.
El nuevo
juicio inició en 2025 y un juez volvió a declarar culpable a Carlos
Enrique “N” por feminicidio en grado de tentativa; sin embargo, ayer
recibió la notificación de que el delito se reclasificó a violencia
intrafamiliar.
“Han
sido 6 años de incansable lucha, no he dejado de presentarme a ninguna
de mis audiencias, he luchado por obtener una sentencia en firme, he
enfrentado el mismo juicio 3 veces y he logrado 2 sentencias
condenatorias por 2 jueces diferentes por el mismo delito, pero hoy
deliberadamente estos magistrados ordenaron la reclasificación y
libertad del agresor”, dijo en el video.
Yeritza lamentó que el
Estado continúe dejando en la indefensión a las víctimas sobrevivientes y
que sea el poder, la negligencia y el dinero lo que gane porque afirmó:
“me queda muy claro que esta decisión no fue basada en hechos, no fue
basada en pruebas, fue basada en dinero y en corrupción, hoy ganó
nuevamente el monstruo que se sigue comiendo a nuestro país, que es la
corrupción y el dinero”.
Por su parte, la Red Nacional de
Sobrevivientes de Feminicidio (RENASE) expresó su preocupación por la
integridad física, emocional y psicológica de Yeritza y de su familia.
En
un comunicado, exigieron a las autoridades competentes garantizar de
manera inmediata la seguridad de Yeritza y activar todas las medidas de
protección necesarias y responsabilizaron a su agresor de cualquier acto
de violencia, amenaza, hostigamiento o intimidación que pudiera sufrir
ella o su familia; y a las que, teniendo la obligación de protegerla,
omitan actuar con la debida diligencia frente a los riesgos que esta
decisión genera.
Datos consultados del Censo de Procuración y
Justicia Federal y Estatal 2025, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), muestran que a 2024 se registraron 685 casos de
feminicidio en grado de tentativa en el país. Nuevo León y la CDMX son
las entidades con más casos al registrar 330 y 115 respectivamente.
En
tanto, estadísticas a febrero de este año del Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la CMDX documentan que respecto a la incidencia
delictiva nacional se registraron 68 casos de feminicidio en grado de
tentativa, mientras que en la Ciudad de México se registraron 7 casos de
tentativas cuyas carpetas se encontraban en las alcaldías Álvaro
Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena
Contreras, Tlalpan y Xochimilco.
▲ Acompañada de varios miembros de su gabinete, la presidenta
Claudia Sheinbaum presentó ayer una serie de acciones para acelerar la
inversión. En ese acto, celebrado en el Museo de Antropología, agradeció
la confianza de empresarios.Foto Presidencia
Uno de los triunfos de los
feminismos mexicanos de inicio del siglo XXI ha sido, sin lugar a
duda, la tipificación del delito de feminicidio, que se incorporó poco a
poco en los códigos penales a lo largo de una década, expandiendo su
regulación en unos estados antes que otros desde 2011 hasta 2018, cuando
dicha regulación alcanzó a todo el país. La actual iniciativa de la Ley
General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el
Delito de Feminicidio es fundamental porque establece que toda muerte
violenta de una mujer debe investigarse primero y ante todo con
perspectiva de género, designando sanciones por este delito con penas de
40 a 70 años de prisión. La ley se propone tratar todos los
feminicidios cometidos en el país de acuerdo con las mismas reglas,
superando disparidades entre legislaciones estatales y evitando, al
menos formalmente, las corrupciones facilitadas por normativas
distintas.
El 14 de abril de 2026, el Senado aprobó la reforma del artículo 73
constitucional, que hasta ese día sólo admitía leyes con validez a nivel
nacional en casos de secuestro, desaparición forzada de personas,
tortura, trata de personas y delitos electorales. Ahora, el artículo
reformado incluye la extorsión y el feminicidio como delitos federales.
Hace apenas una semana, el martes pasado, la Cámara de Diputados emitió
por mayoría la declaratoria necesaria para que el Congreso de la Unión
emita la ley en los próximos 180 días. Es decir, restan sólo cinco meses
para que una sociedad movilizada participe en la elaboración de una ley
que puede salvar muchas vidas en el hoy y en el mañana. Necesitamos
fiscalías especializadas con suficientes recursos y personal capacitado
para batallar contra la impunidad, y ganarle.
Esta ley tiene el potencial de cambiar las reglas del juego de la
violencia de género tal y como la conocemos y la hemos padecido hasta el
día de hoy.
Le pregunté a la abogada y activista Sayuri Herrera qué significaba
esa ley para casos como los de mi hermana, que fueron procesados en su
tiempo como homicidios, ya sea simples o calificados (agravados), pero
no como feminicidios. Y esto es lo que me contesta: “El principio non bis in idem
se refiere a que no se puede juzgar a una persona dos veces por el
mismo delito, pero en este caso (el de Ángel González Ramos, presunto
asesino de mi hermana) no hay controversia sobre este principio porque
nunca fue juzgado”. Pero “hay otro principio, el de irretroactividad de
la ley. El tipo penal de feminicidio no existía cuando Liliana perdió la
vida por esa causa. El tipo aplicable es el de homicidio, por un
principio de certeza jurídica”. Esto no quiere decir que la ley no pueda
utilizar la perspectiva de las víctimas y sus familiares, como ella
misma lo afirma. De hecho, aquí es donde la participación de las
comunidades directamente afectadas, los colectivos feministas, las
familias de las víctimas del pasado y del presente, resultará en
realidad preponderante. Hay que sacar esos casos del archivo y
revisarlos estado por estado.
Cito de memoria la frase que profirió la antropóloga Marina
Azahua en una animada discusión sobre la ley y los feminicidios de hoy y
de antes: Ninguna justicia estará completa si no alcanza también a las
que no se encuentran ya con nosotras. Por lo mismo, será clave que, como
argumenta la propia Sayuri, al revisar los delitos del pasado, que
fueron clasificados como homicidio, se reconozca en las sentencias que
se trata de feminicidios desde la perspectiva que se incluye ya en los
códigos penales. Entiendo que esto podría apuntarse en los argumentos y
considerandos de las sentencias, y no en la sentencia misma. Pero para
mi familia, y sospecho que para muchas más, la mención del término
feminicidio en estos procedimientos no es menor: obliga al lenguaje de
la ley a aproximarse a una verdad de hoy.
Comentaba la presidenta Claudia Sheinbaum que el caso de Liliana
Rivera Garza está ya en manos de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, quien,
por cierto, fue la única funcionaria que me recibió en persona cuando
inicié mis esfuerzos por reabrir el caso de mi hermana mientras escribía
El invencible verano de Liliana. Más recientemente, le escribí
una carta a la fiscal el 19 de febrero del año en curso, ofreciéndole
algunos datos de la investigación que mi familia, como tantas otras, ha
financiado y llevado a cabo en los últimos años, especialmente la
información acerca del posible fallecimiento de Ángel González Ramos por
ahogamiento en la costa de Los Ángeles el 2 de mayo de 2020, cuando el
individuo se hacía llamar Mitchell Angelo Giovanni. Un sheriff
de LAPD (Policía de Los Ángeles) comprobó que alguien con ese nombre
murió en efecto en esas condiciones en la fecha descrita, pero falta
comprobar si esa persona es el Ángel González Ramos sobre quien pesa una
orden de aprehensión por el homicidio de mi hermana. En mi carta, le
pedía ayuda a la fiscal para corroborar esta información, y luego
entonces cerrar el caso. O para seguir investigándolo, en caso
contrario. No he recibido respuesta alguna hasta el día de hoy.
.- Ciudad
de México.- De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), los resientes casos de feminicidio de Ana Febe Rojas
Vega y Edith Guadalupe Valdés Zaldívar ocurridos en la Ciudad de México
en los últimos días reflejan la negligencia institucional que agrava la
violencia feminicida en lugar de prevenirla debido al actuar de las
autoridades.
La violencia feminicida es una de las violencias más
arraigadas en México que continúa perpetuándose, datos del Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero y
febrero de 2026 ya han acontecido 94 casos de feminicidio, de los
cuales 9 ocurrieron en Ciudad de México, siendo esta la segunda entidad
con mayor incidencia solo después de Sinaloa.
El pasado 24 de
marzo, Ana Febe Rojas egresada de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán de la UNAM fue encontrada sin vida en el baño de su casa ubicado
en la alcaldía Cuajimalpa y de acuerdo con la familia, sería su esposo
el presunto feminicida porque ya había antecedentes, pues días antes de
su muerte compartió a su madre y hermana que vivía violencia física y
verbal de su parte.
El padre de Ana Febe denunció que desde que
fueron notificados sobre el feminicidio de su hija hubo irregularidades
como que la escena del crimen no fuera resguardada adecuadamente, pues
al llegar al lugar se encontraron con familiares y personas integrantes
de la iglesia del presunto feminicida.
El OCNF denunció que la
Fiscalía de Cuajimalpa se negó a investigar el caso como un feminicidio
clasificándolo como homicidio culposo, esto a dos semanas de que la
presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara su propuesta para crear una
Ley General de Feminicidio en donde una de sus modificaciones es que
toda muerte violenta de una mujer sea investigada como posible
feminicidio.
La organización, quien también acompaña y da
seguimiento al caso, explicó que la fiscalía ignoró las recomendaciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hubo otras
irregularidades como que la investigación fue «minimizada» y conducida
con prácticas que desconocen décadas de avances en materia de derechos
humanos de las mujeres.
Edith Guadalupe
El
pasado 15 de abril, Edith Guadalupe de 21 años salió a una entrevista
de trabajo en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, pero nunca salió
del lugar de acuerdo con las cámaras del C5. Hasta el momento, la
Fiscalía detuvo a Juan Jesús N. quien trabajaba como vigilante del
edificio de acuerdo con las primeras indagatorias.
Para el OCNF,
desde el momento en que se reportó su desaparición, la Fiscalía de la
Ciudad de México fue «omisa» para activar el mecanismo de búsqueda de
forma inmediata y eficaz. Fue la familia quien realizó la búsqueda por
su cuenta, incluso consiguieron el material de las cámaras de seguridad
logrando dar con la ubicación del edificio donde Edith Guadalupe
ingresó.
A pesar de la información proporcionada por la familia a
las autoridades, éstas no intervinieron de forma inmediata hasta el 17
de abril, dos días después de la desaparición encontrando el cuerpo sin
vida de Edith Guadalupe. La madre de la joven denunció ante medios de
comunicación que las autoridades le exigieron esperar 72 horas, así como
dinero para agilizar la búsqueda.
El Observatorio Ciudadano
señaló que el actuar de la Fiscalía reprodujo prácticas violatorias de
derechos humanos que obstaculizaron la búsqueda mientras la vida e
integridad de Edith estaba en riesgo: «la actuación inmediata no es opcional, es una obligación legal», señaló la organización.
De
acuerdo con el Observatorio Ciudadano, actualmente México cuenta con
protocolos que permiten investigaciones sin dilaciones, incluso sin una
orden de cateo cuando existe riesgo inminente y que son incluidos con la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que,
acusaron que no aplicarlos constituye «una omisión grave» como lo fue en el caso de Edith.
«Ambos
casos demuestran que no basta con crear protocolos ni anunciar
reformas. Mientras las fiscalías territoriales sigan operando con
inercias, prejuicios y falta de debida diligencia, la distancia entre el
discurso institucional y la realidad seguirá costando vidas.»
-Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Ante
ambos casos de feminicidio, la organización exigió investigaciones con
debida diligencia conforme a estándares nacionales e internacionales en
materia de feminicidio; respecto al debido proceso sin simulaciones o
encubrimientos y no revictimizar a las familias.
También señalaron
que, en el caso de Edith, la actuación del Ministerio Público fue
«negligente y contraria a la legalidad», asegurando que su muerte pudo
haberse evitado. Por ello, reiteraron que la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México deben redoblar esfuerzos para atender la
violencia contra las mujeres: «lo que se requiere son resultados concretos».
El
Observatorio Ciudadano hizo un llamado a retornar las observaciones
realizadas por organizaciones de la sociedad civil a las 15 acciones
para la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, propuestas
por la Jefa de Gobierno Clara Brugada como fortalecer los protocolos de
investigación de feminicidios e implementar mecanismos de búsqueda
especializada en mujeres y niñas.
«Es
inaceptable vivir en un México indolente, donde la negligencia
institucional reduce a las víctimas a números de carpeta. Cada omisión,
cada retraso y cada prejuicio tienen consecuencias irreparables. La
justicia para Ana Febe y Edith no puede esperar.» -Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Ciudad de México.- La Fiscal fue estrenada en la plataforma de Netflix el pasado 26 de marzo y en esta entrega audiovisual la periodista Paula Mónaco Felipe y el fotógrafo Miguel Tovar reflejan los problemas detrás de la investigación de casos de violencia feminicida por parte de las instituciones, así como los retos y obstáculos que enfrentó la defensora Sayuri Herrera Román tras convertirse en la primera fiscal de feminicidios en la capital del país.
«La Fiscal es la persona responsable de investigar y aclarar los hechos que han generado violencia hacia las personas para procurarles el acceso a la justicia» es lo que describe la propia Sayuri Herrara para explicar su trabajo dentro de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México.
Es licenciada en Derecho por la UNAM y Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y fue activista estudiantil durante la Huelga de la UNAM entre 1999 y 2000. Ha sido clave en el movimiento social por la justicia de las niñas, mujeres y víctimas de violencia feminicida en el país, particularmente en el caso de Lesvy Berlín asesinada en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, en mayo de 2017.
Debido a su alta calificación para el cargo, el 8 de marzo de 2020, fue nombrada como la primera Fiscal Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México. Tuvo el apoyo total de las organizaciones de la sociedad civil, así como defensoras de derechos humanos.
Dentro de su cargo como fiscal logró avances significativos como el incremento en el número de judicializaciones, la reclasificaciones y consignación de casos que estaban archivados desde hace mucho tiempo y que habían sido calificados como suicidios o accidentes, y el aumento en el porcentaje de acreditaciones de muertes violentas de mujeres como feminicidios.
La docuserie La Fiscal está conformada por tres capítulos que estuvieron a cargo de la productora Detective y fue el resultado del trabajo periodístico de Paula Mónaco y Miguel Tovar comenzaron la documentación solo ellos dos hasta agrandar al equipo. Tras cuatro años de seguir a Sayuri Herrera y su paso por la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México, hoy pueden contar esta historia.
De acuerdo con la periodista Paula Mónaco, en entrevista para Cimacnoticias, conoció a Sayuri Herrera cuando la defensora representaba a Melisa Mendoza, viuda de César Mondragón, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido tras un crimen de Estado en 2014.
Cuando se enteró de que la defensora concursó para convertirse en la primera fiscal de feminicidios de la capital pensó que se trataba de una noticia «buena, esperanzadora y sorpresiva» que alguien con ese perfil desde la sociedad civil lograra adentrarse al Estado.
Fue su forma de tratar con mujeres jóvenes feministas y de enseñar que otras formas de trabajar dentro de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México, lo que la contagió de «una ilusión» porque las cosas fueran diferentes y con ello vio la oportunidad de documéntalo.
«Sentimos que era importante tratar de que otros vieran eso. Creo que necesitamos esperanzas, pero no esperanzas vacías, no esperanzas consignas, no esperanzas totalitarias que parezcan indiferentes del partido, la oposición, la empresa, la promoción. A mí me gusta mucho cuando puedo encontrar esperanzas encarnadas en personas humanas de defectos y virtudes con cosas que logran y cosas que no.» -Paula Mónaco Felipe, periodista.
Mónaco advierte que, junto con Miguel Tovar, decidió aventurarse en la creación de esta audiovisual sin la certeza de saber hacia dónde llegaría, cómo acabaría y lo que Sayuri Herrera podrían lograr o no dentro de un ambiente institucional.
Después de años de trabajo y de seguir de cerca a Sayuri Herrera, la periodista apunta que es posible que un fiscal, mujer u hombre, de feminicidios abandone la posición «inflexible, burocrático, lejano, inalcanzable», apuntó que se puede investigar y trabajar con rigor, pero sin perder rasgos humanos.
«Creo que eso es algo muy bonito de lo que muestra el documental (…) seguramente hay muchas personas intentando hacer mejor las cosas y no los acompaña la institución en esa apuesta. Espero que La Fiscal sirva también para reconocer a quienes ponen el cuerpo, a las muchas Sayuri que hay por ahí.» -Paula Mónaco Felipe, periodista.
Dignificar a las víctimas de feminicidio
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el delito de feminicidio persiste en México, pues tan solo en 2025 se documentaron 921 casos de mujeres que murieron tras esta violencia. De ellos, 43 ocurrieron en la Ciudad de México siendo la cuarta entidad con mayor incidencia por debajo de Sinaloa, estado de México y Chihuahua.
El Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México incluso indica tres muertes más en el mismo periodo. Además, desde su registro en 2019 hasta la actualidad se muestra que en la capital hay 488 mujeres que fueron víctimas de feminicidio.
La Fiscal no solo sigue a la defensora Sayuri Herrera, sino que retoma casos de feminicidios que ocurrieron en la capital como los de Esmeralda Campos, Karen Itzel, Yrma Lydya y Ariadna Díaz. A través de contar sus historias de la mano de las madres, hijas y amigas de estas mujeres, la docuserie intenta dignificar sus muertes por violencia feminicida.
Para la periodista Paula Mónaco, el acercamiento con las familias se hizo de forma cuidadosa y se buscó que en todo momento tuvieran una participación activa sobre los hechos, el enfoque, cómo serían retratadas estas mujeres o incluso respetar si no querían formar parte del material y no solo que salieran a cuadro sin poder tener el control de la narrativa.
A su vez, detalló que las familias también pudieran elegir la imagen de cada una de ellas para que fuera proyectada en los lugares favoritos de Esmeralda, Karen, Yrma y Ariadna junto a un mensaje a ellas antes de que sus vidas cambiaran, usando la ciudad como una herramienta visual para conservar la memoria de estas mujeres.
«Hablamos con la familia porque les dijimos que nuestra idea era aparecerlas en la ciudad para sembrar memorias de ellas. Nosotros queríamos lugares donde ellas fueron felices, donde les gustaba ir, donde por alguna razón querían esos lugares.» -Paula Mónaco Felipe, periodista.
Paula Mónico compartió con el medio que la finalidad de la docuserie es que las adolescentes y mujeres puedan hablar y discutir sobre los casos de feminicidio y el trabajo que realizó Sayuri Herrera como fiscal de feminicidios en la Ciudad de México. Aclara que su intención y la de las personas que participaron en la elaboración no es determinar una verdad absoluta, sino generar un material sobre un tiempo en específico que pueda ser comentado.
Al mismo tiempo, la periodista explicó que la docuserie intenta complejizar la mirada para tratar de entenderlo y encontrar la forma de erradicarlo, pero también mostrar y reconocer el papel de las mujeres que acompañan y cuidan a otras mujeres aún después de la muerte hasta lograr «justicias» en plural.
«Yo les quisiera decir que se animen a verlo, que discutamos, que hablemos, que miremos a detalle para para tratar de detener este horror. Tiene que haber algún modo y lo tenemos que encontrar» -Paula Mónaco Felipe, periodista.
Crédito: La Fiscal S.1. Cr. Courtesy of Netflix ©2026
Crédito: La Fiscal S.1. Cr. Courtesy of Netflix ©2026
Crédito: La Fiscal S.1. Cr. Courtesy of Netflix ©2026