7/21/2012

Mujeres zapatistas en Chiapas

Magalí Daniela Pérez Riedel / Furias
Avances y retrocesos. Encuentro Internacional de Mujeres Zapatistas. Entrevista con una mexicana en Argentina
“En nuestra lucha, hay mujeres que no dejan que las traten como adorno o que las humillen y desprecien nada más por ser mujeres, sino que se organizan y luchan por el respeto que se merecen como mujeres que son”.
Prende un cigarrillo. Natalia se acomoda sobre una silla frente a su escritorio para contarme sobre aquella experiencia inolvidable. Su habitación, repleta de objetos. Un estante con la colección de libros de Harry Potter entera, otro con cds, más libros y fotos. Hay ropa en el suelo, la gata Celina duerme sobre la cama y la perra se recuesta cerca de nosotras. Un placard alto me llama la atención; está repleto de dibujos que el padre había realizado. No es de extrañarse si se sabe que Natalia, de 30 años, es estudiante del profesorado de Bellas Artes y nació en México. No solo eso, sino que también pertenece a la agrupación Hijos e Hijas del Exilio, motivo por el cual, después de una larga espera, decidió hacer una breve visita a su país natal. Y por una de esas casualidades fue invitada al Encuentro Internacional de Mujeres en Chiapas, algo que la hará explayarse conmigo sin problema alguno.
En una sociedad sexista como la mexicana, el rol de la mujer, sobre el que luego ahondaremos, siempre estuvo limitado a las labores domésticas y maritales. Y de allí se desprende la necesidad de una construcción de autonomía, que tanto hombres como niños y mujeres pudieron lograr en la comunidad zapatista de Chiapas. La reivindicación de la mujer como sujeto de derecho quizás no sea un logro reciente en la Argentina del siglo XXI, pero en la comunidad indígena se trató de un conmovedor proceso revolucionario que involucró el uso de fuerzas armadas, de una gran capacidad de autogestión, organización y solidaridad y, sobre todo, de unidad; una campaña interesante en busca del cambio social.


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Un poco de historia

“La tierra es de quien la trabaja”, dijo Emiliano Zapata. Y en su honor, el Ejército Nacional de Liberación Zapatista tomó su nombre, al igual que la comuna que constituye hoy un movimiento social rebelde, revolucionario y de base popular e indígena; sin duda, una de las más pobres del continente americano. Lograron imponerse el primero de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas al tomar varias cabeceras municipales; el acto se encontraría con un gobierno desprevenido que estaba ocupado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entraría en vigencia ese mismo día.

El acuerdo ya mencionado entre Estados Unidos, México y Canadá que establecía el libre comercio y una dura política arancelaria endurecería las circunstancias vividas por los indígenas. Pero el problema era todavía más profundo: desde su emancipación, México y su pasaje de la era colonial a la neoliberal solo supusieron un cambio de nombre y no de modalidad. Las burguesías nacionales no supieron o no quisieron propiciar un cambio en la política interna que condujera al óptimo desarrollo del país y que acabase con su dependencia económica en el exterior; se dio inicio a una nueva etapa de exterminio de las poblaciones originarias y de expatriación de riquezas de una nación que subsiste en su subdesarrollo. De allí los motivos para el combate contrahegemónico e insurgente que se lanzó en la región. Un movimiento social anticapitalista o contracultural que no buscaba la toma del poder estatal.

Los principios elementales que allí se persiguen son, principalmente, la defensa de los derechos, ya sean individuales o colectivos, que hayan sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. Luego, pero no menos importante, la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya las nociones de democracia, libertad y justicia para una nueva forma de hacer política. Y tercero, la realización de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y en contra del neoliberalismo.

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Las mujeres en Chiapas

Durante la entrevista, Natalia afirma que las mujeres “han logrado algo que yo pensé que nunca iban a poder lograr en una sociedad tan machista como es la de México, en donde ellas no tenían dos minutos para nada; ahora son comandantas, dirigen ejércitos, son militares, son educadoras, son médicas, eligen con quién quieren casarse si quieren casarse, si no, a qué edad o cuántos hijos tener. Han logrado muchísimas cosas.” Los logros son todavía mayores; los integrantes de esta comunidad, en su mayoría indígenas, han prohibido el uso de alcohol y drogas para proteger el bienestar femenino. Esto se debe a que la alcoholemia era el factor principal por el cual ellas solían ser sometidas y acosadas constantemente.

El rol de la mujer ha cambiado; tanto las grandes como las más chicas pueden observar las diferencias entre el presente y el pasado. Ahora pueden formar parte de aquello que se propongan; se las ve ocupando las mismas posiciones que los hombres, siempre en un clima de justicia, democracia y autonomía. Para celebrarlo, llevaron a cabo el Tercer Encuentro Internacional de Mujeres Zapatistas entre el 27 de diciembre de 2007 hasta el 1 de enero del 2008 al que la entrevistada tuvo la suerte de concurrir. Comenta que allí “estaba todo muy organizado: te decían el horario de desayuno, de la primera charla, después de la comida, la segunda charla, la tercera charla y de la recreación de la tarde. Comer, comías bárbaro, era barato; los ayudabas con un poco de plata con lo que consumías. El lugar estaba muy bien distribuido y no faltó nada”. En el encuentro, tanto jóvenes como mujeres maduras tuvieron la oportunidad de dar charlas y conferencias ante miembros de organizaciones internacionales, mientras que los hombres se encargaban del cuidado de los niños, de la limpieza y de la cocina.

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Ley Revolucionaria de Mujeres

Un pequeño regalo que tuve la suerte de recibir de Natalia es una tarjeta que consiguió durante su estadía en Chiapas; lo que dice sobre ella es lo siguiente:

“En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES:

Primera: Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.

Segunda: Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.

Tercera: Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar.

Cuarta: Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.

Quinta: Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación.

Sexta: Las mujeres tienen derecho a la educación.

Séptima: Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.

Octava: Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente.

Novena: Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias.

Décima: Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios.”

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Educación y comunicación

Con respecto al ámbito educativo, las nenas de aproximadamente trece años, nacidas en la comuna, se alegran de la educación a la que tienen acceso, que es la del “buen gobierno”. La comparan con la escuela del “mal gobierno”, en el que no pueden opinar, no pueden elegir qué aprender y no se divierten; en cambio, la de su comunidad no es una educación graduada. Pueden elegir, tienen voz y se las escucha.

A pesar de todo, su suerte en la comunicación se ve limitada; los medios oficiales eran indiferentes ante todo lo que tuviera que ver con Chiapas. Por esto, se dio inicio a un proyecto comunitario importante: se trata de “un grupo que sale de Chiapas y va por todo México contando lo que pasa ahí. Son hombres y mujeres también, y se llama La Otra Campaña”, comenta Natalia. En el transcurso, este movimiento político-independiente que permite la participación popular, alienta el diálogo, informa y recibe inquietudes, necesidades y ayuda para sus fines. Se aproximan a todo aquel que en un clima de horizontalidad y en pos de la equidad quiera superar el estado actual de la sociedad.

La mexicana agrega que “como no tienen lugar en los medios oficiales, también es importante Internet. Es impresionante que podés escuchar y bajar sus declaraciones, ver muchas fotos; eso es lo que ellos quieren, esparcir su mensaje por todos lados, hasta donde los medios no los dejan llegar”. Son varias las fuentes virtuales como también las escritas (el periódico La Jornada, la revista Chiapas, entre otras) las que nos acercan a esta nueva realidad, creando foros que sirven para la formulación de diversas demandas

Además, en lo que refiere a las mujeres en particular, parece pertinente recordar aquel suceso ocurrido el primero de agosto del año 2006. Aproximadamente dos mil personas de sexo femenino de todas las edades y sectores sociales (hijas, esposas, madres, campesinas, trabajadoras, amas de casa, entre otras) organizaron una protesta pacífica y ocuparon las radios y cadenas televisivas que eran propiedad del gobierno estatal en el pueblo Oaxaca. La finalidad era conseguir la renuncia del gobernador priísta y un gobierno mejor para todo México, uno que no violara los derechos de los humanos de su nación. Con anterioridad, con la sexta declaración de la Selva Lacandona (2005) se pudo dejar en claro el deseo zapatista de organizar un movimiento nacional para conseguir la reestructuración de las relaciones sociales y la creación de una nueva constitución que tome en cuenta las demandas mexicanas. Aún queda mucho por hacer.

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Chiapas hoy

Sin embargo, hoy la realidad ha cambiado un poco. Los paramilitares y las fuerzas oficiales quieren acabar con lo que queda del movimiento zapatista a sangre fría. Como dice la entrevistada, “es muy crítica la situación, es peligroso. Los están reprimiendo mucho, los trasladan a las empresas y nunca los juzgan, los torturan, está muy pesado. Ya están asustados”. Por esto es que cubren sus caras en todas las protestas, sean adultos o niños, hombres o mujeres. Natalia cita una frase muy común, “hasta que no podamos sacarnos la máscara no vamos a poder seguir”, no van a poder ser totalmente libres.

Muchas familias se separaron para conseguir refugio para algunos de sus seres queridos o porque los maridos o madres de casa jamás regresaron a su hogar. Hay muchos muertos y desaparecidos, pero las víctimas ya no son solamente aquellos de nacionalidad mexicana. Los miembros de la comuna quieren que se los visite para poder trabajar en paz porque antes no los atacaban si había gente de otra nacionalidad. Y tal vez las razones sean claras pero no suficientes ya que, por desgracia, muchos profesionales y curiosos venidos del extranjero también fueron atacados por los militares. El peor ejemplo se ubica en la ciudad de Atenco, donde hubo una represión masiva; sobrevivientes y pueblerinos estiman que las órdenes de ataque provenían del Estado.

Ante las circunstancias recientes, ¿cómo responden las organizaciones de derechos humanos? ¿Cuál es la posición oficial ante la situación de sometimiento previa al movimiento, de sus logros y del más cruel de los desenlaces de su reivindicación? ¿Qué podrá decir el gobierno mexicano sobre aquella estudiante chilena que fue violada dentro de su jurisdicción o de los niños que han sido masacrados sin causa? Previo a la entrevista, Natalia cuenta que las ONGs están tranquilas ante los sucesos. Anteriormente, la comuna zapatista había contado con su apoyo, como fue el caso de Médicos Sin Fronteras cuyos miembros prestaron asistencia médica y educación pertinente para formar futuros médicos en Chiapas. Pero hoy las acciones escasean y faltan respuestas.

Para obtenerlas y para poder comprender la opinión de las autoridades mexicanas sobre este tópico, se intentó contactar a la embajada mexicana en Argentina. El llamado fue atendido por Alma Margarita Carvalho Soto, encargada del Área de Asuntos Sociales y Derechos Humanos. Sus evasivas fueron varias: “los zapatistas trabajan como una ONG, no hay una opinión oficial al respecto”, “es un tema que ya no se encuentra en la agenda pública del país”; sí lo fue entre 1994 hasta el 2002, según dice. Admitió que habrían registros sobre el movimiento (en México), pero se limitó a recomendar visitas a páginas de Internet sin dar respuestas concretas.

En conclusión, si bien se han conseguido muchos avances que el Estado mexicano intenta revertir, las mujeres ahora más que nunca tienen que protegerse entre sí y a los que las rodean. Unidas podrán derrotar cualquier fuerza paramilitar que se les aproxime, juntas podrán vencer las fronteras que el gobierno les impone y pasar por arriba de todas aquellas que separan una ciudad de otra, a un país de otro. Porque no son solamente las mujeres de Chiapas las que necesitan autonomía; no. Este es un ejemplo cercano para todo habitante de Latinoamérica y debe servirnos como modelo a seguir para conservar la esperanza y luchar por un futuro más igualitario.

http://revistafurias.com/internacionales/mujeres-zapatistas-en-chiapas-2

7/20/2012

El regreso del salinismo equivale a una sentencia de muerte para las nuevas generaciones


El regreso del salinismo equivale a una sentencia de muerte para las nuevas  generaciones
El menosprecio de los priístas al servicio del salinismo por los ciudadanos

Según tres senadores del PRI, Andrés Manuel López Obrador es el causante de la situación que se está viviendo en el país, de rechazo a la imposición de Enrique Peña Nieto como virtual ganador del proceso electoral. Siguen insistiendo en que la ciudadanía que no acepta el fraude electoral, carece de voluntad propia y sólo obedece a la convocatoria radical del abanderado del Movimiento Progresista. Consideran que los votantes sólo tienen criterio si aceptan que México siga atado a los dictados de la oligarquía, si no protestan por la situación prevaleciente de injusticia y antidemocracia como nunca antes.
            Fernando Castro Trenti afirmó que “el #YoSoy132 y otros grupos radicales son víctimas de las mentiras y verdades a medias que les ha dicho Andrés Manuel López Obrador”. Se confirma el menosprecio que los priístas al servicio del salinismo tienen por los ciudadanos, pues creen que todos son como ellos, incapaces de pensar por cuenta propia. Está más que documentado el origen del movimiento estudiantil, producto de la soberbia del PRI que postuló a Enrique Peña Nieto, de su actitud monárquica y arrogante que ofendió a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
            Dijo Castro Trenti: “¡Basta! Es hora de ubicar a López Obrador. Tiene que admitir que no le alcanzaron los votos, perdió y tuvo 600 mil menos que Miguel Ángel Mancera”. Esto demuestra la manipulación que se hizo de las urnas en casillas de zonas donde el control de los gobernadores priístas fue total. Es absurdo creer que López Obrador tuviera menos votos que Mancera, cuando en el territorio nacional hay mayor número de votantes que en el Distrito Federal, y durante la campaña fuimos testigos los mexicanos del firme apoyo que recibió en todas las grandes plazas del país, mucho más que los otros candidatos.
            Por su parte, Carlos Jiménez Macías afirmó que López Obrador “será el responsable de las acciones que lleve a cabo el movimiento #YoSoy132 y otras organizaciones radicales en contra del triunfo de Enrique Peña Nieto”. Se engañan solos al suponer que la gente va a creer semejante absurdo. López Obrador está rebasado por la ciudadanía, como lo demuestran los hechos. Aun si saliera del país, el descontento popular habría de continuar, porque no es el candidato del Movimiento Progresista quien azuza a la gente, sino el grupo en el poder con su voracidad, su desprecio a la ciudadanía y su absoluta falta de un elemental patriotismo.
            El ciudadano común está consciente de que el regreso del salinismo a Los Pinos equivale a una sentencia de muerte a las nuevas generaciones de mexicanos. Los estudiantes y otros grupos más politizados saben con certeza lo que nos espera si Peña Nieto asume la primera magistratura. Se habría de instaurar un régimen fascista sostenido por la fuerza de las armas, porque sólo así podría llevar a cabo su proyecto entreguista y antidemocrático. Tan seguros están de que habrán de regresar a Los Pinos, gracias al apoyo de la oligarquía y de las grandes trasnacionales, que Jiménez Macías tuvo el descaro de afirmar: “Sabemos que el triunfo de Enrique Peña Nieto como presidente de la República se va a ratificar”. ¿Cómo puede estar tan seguro cuando hay más evidencias de fraude que en las elecciones del año 2006?
            Quizá porque los órganos electorales están al servicio del grupo en el poder y carecen de una mínima autonomía. Esto lo debe saber muy bien Jiménez Macías y no tiene empacho en hacerlo público. Así se habrá de confirmar durante el proceso de calificación de los comicios, y si no quedan dudas de que tales instituciones sólo sirven para “legitimar” la suciedad, se habrá de cancelar una etapa histórica en México para dar paso a un Estado fundado en la ilegalidad, con las terribles consecuencias que cabría esperar de una situación de tal magnitud.
            A su vez, Francisco Arroyo Vieyra dice que “parece que ya no es el 132 que vimos, con un cimiento de preocupación de los jóvenes por su futuro, y ahora tratan de impedir la normalidad democrática”. ¡Vaya descaro! Así que “normalidad democrática” es vivir en un régimen podrido por la corrupción, por la entrega de los recursos naturales a intereses extranjeros, por la demagogia y la simulación. A Arroyo Vieyra le preocupa que López Obrador se defienda de los insultos que le hizo el diario español “El País”, no que éste se entrometa en los asuntos de México.
Afirmó el diario que el tabasqueño “es un lastre” para los mexicanos, cuando España está sufriendo como nunca antes por el verdadero lastre que significa el regreso del franquismo a la vida pública. Lo mismo habrá de padecer los mexicanos con el regreso del salinismo, si no somos capaces de evitarlo ahora que aún es posible, haciendo un gran frente común contra la imposición
Guillermo Fabela - Opinión EMET

Pugnan por fortalecer módulos de atención a mujeres migrantes

LA OTRA RUTA MIGRATORIA

Urgen ayuda legal y humanitaria en frontera sur: diputada electa

Por Antonio Villamil, corresponsal

Villahermosa, 19 jul 12 (CIMAC).- El próximo Congreso del estado de Tabasco, que asume el 1 de enero de 2013, buscará dotar de mayor capacidad de personal y de operación a los módulos de atención a migrantes, para brindar ayuda legal y humanitaria a las mujeres cuyo paso por la frontera sur ha aumentado, y han padecido más violaciones a sus Derechos Humanos.

El trabajo de la próxima Legislatura, mediante la Comisión Especial de la Frontera Sur, tendrá que enfocarse a aumentar el personal femenino en los cuatro módulos migratorios que operan en el municipio de Tenosique, en la frontera con Guatemala, dijo la diputada local electa Leticia Taracena Gordillo.

La futura legisladora por el PRD, quien aspira a presidir esa comisión, sostuvo que la migración en la frontera sur del país será uno de los temas prioritarios para la mayoría de izquierda en el próximo Congreso local, “ante el evidente descuido del tema en el ámbito federal y a pesar de las insistencias estatales”.

Taracena explicó que desde hace por lo menos una década, el Colegio de la Frontera Sur y especialistas de organizaciones civiles han documentado el incremento de mujeres migrantes en la frontera sur con destino hacia Estados Unidos, o bien, para su explotación sexual comercial en México.

“A esta realidad las autoridades estatales, apoyadas desde las legislaturas, tienen la obligación de brindar asistencia humanitaria a las mujeres y menores de edad que se ven obligadas a internarse al país, y a proporcionar ayuda legal no discriminatoria a quienes son víctimas de un delito”, insistió.

Por ello reiteró que uno de los objetivos de la próxima 56 Legislatura estatal es aumentar el personal femenino en los módulos de atención a migrantes, para las tareas de asistencia humanitaria y asesoría legal.

Leticia Taracena aseguró que además de pugnar por recursos suficientes, se debe capacitar a quienes laboran en los módulos y a  las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, para que atiendan de manera adecuada a las mujeres migrantes.

En julio de 2011 se inauguraron en el municipio de Tenosique tres módulos móviles y un centro fijo de atención a migrantes, en los cuales se dan consultas médicas y se entregan alimentos a quienes van en tránsito hacia EU.

Los módulos fueron un logro de la Comisión Especial de la Frontera Sur del Congreso local, instalada por vez primera en enero de 2010.

Los cuatro módulos forman parte del Programa de Ayuda Humanitaria a Personas en Contextos Migratorios, en el que participan el gobierno del estado, el Congreso local y la Cruz Roja Tabasco.

También en Tenosique opera desde diciembre de 2010 un Módulo de Atención a Niñas y Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados.

México debe ratificar ya acuerdos de OIT a favor de trabajadoras

Garantizan derecho a maternidad y respeto a labores domésticas

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 19 jul 12 (CIMAC).- Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron las condiciones de desigualdad que existen entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, y llamaron al Estado, empleadores y sindicatos a instrumentar políticas públicas y mecanismos para cerrar brechas como la disparidad salarial.

Durante el foro “Ratificación de convenios internacionales para el avance de las trabajadoras”, que se realizó hoy en la Cámara de Diputados, especialistas señalaron la necesidad de que México avale los acuerdos 156, 183 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para ampliar la protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

Ana Güezmes, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, indicó que es fundamental que México ratifique estos tres convenios para responder a las demandas de las trabajadoras del país, quienes se encuentran en una situación de desventaja.

Los convenios aludidos son el 156 “Sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares”; el 183 “Sobre la protección de la maternidad”, y el 189 “Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del hogar”.

Güezmes consideró que México deberá armonizar la legislación laboral con esos tratados, y de este modo garantizar en la ley los derechos de las mujeres en el ámbito laboral.

DESVENTAJA EN EL TRABAJO

De 1970 a 2012, la proporción de mexicanas en el mercado laboral se duplicó al pasar de 17 a 43 por ciento de la fuerza de trabajo; sin embargo su acceso a derechos laborales mínimos lejos de aumentar va en declive.

Por ejemplo, de los 18 millones de trabajadoras en el país 10.8 millones no cuenta con servicios de salud; esta situación está ligada a que son contratadas por honorarios, por obra determinada y a destajo, entre otras formas mediante las cuales los empleadores evaden el pago de prestaciones sociales.

En 2010, mientras el 51 por ciento de los hombres tuvo acceso a la jubilación, sólo 10 por ciento de las mexicanas pudo pensionarse.

Otro indicador de la desigualdad en el trabajo es que las mujeres ganan 8.2 por ciento menos que los hombres por realizar la misma actividad, aunque en promedio ellas cuentan con una escolaridad semejante a la de los trabajadores (8.3 años).

La brecha salarial aumenta a 25.6 por ciento cuando se trata de funcionarias públicas y gerentes del sector privado, abundó Ana Güezmes.

La disparidad en remuneración y acceso a derechos no obedece a una menor actividad sino a la discriminación en su contra, ya que las mujeres laboran 27 horas más a la semana que los hombres, sumando el tiempo que destinan al cuidado de la familia y su trabajo fuera del hogar.

En el país las mujeres dedican 41 horas al trabajo doméstico, 18 horas más que los hombres. Cuando ellas se ocupan también en actividades remuneradas depositan el cuidado de su casa en las trabajadoras del hogar o en otras mujeres de su familia.

La directora regional de ONU Mujeres añadió que las empleadas del hogar remuneradas, además de sufrir múltiples violaciones a sus derechos laborales, padecen maltrato y discriminación por realizar estas tareas, las cuales aunque no son reconocidas como un trabajo, aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

FALTAN REFORMAS

Angélica de la Peña, quien a partir del próximo 1 de septiembre ocupará un escaño en el Senado, coincidió en que la inserción laboral de la población femenina no fue acompañada de un marco legal que integrara sus necesidades.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) detalló que la ratificación del convenio 156 obliga a los Estados a reconocer que el trabajo no remunerado de los hogares tiene un valor económico, y que esta actividad no sólo debe recaer en las mujeres.

El convenio 183 “Sobre la protección de la maternidad” establece que la licencia de maternidad debe aumentar a 14 semanas, como mínimo, por lo que en México debería sumar al menos dos semanas. El convenio 189 establece que las trabajadoras del hogar deben gozar de los mismos derechos que el resto de los sectores productivos.

De la Peña destacó que la ratificación de estos tratados es un reto que asumirá durante su participación en la 62 Legislatura, pues ampliar este marco legal abona a la igualdad entre los sexos.

Martha Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dijo a Cimacnoticias que junto con otras organizaciones como la Confederación Sindical de las Américas, la Fundación Friedrich Ebert, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, y la Campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, se realizará una campaña nacional por la ratificación de los convenios 156, 183 y 189 de la OIT.

Algunas de las acciones de esta campaña son la realización de foros de discusión en más de 20 estados de la República y “el cabildeo permanente con diferentes actores: el Senado, las secretarías del Trabajo y de Relaciones Exteriores, entre otras”.

Nuevo peritaje de antropólogas argentinas a restos de jóvenes

Verificarán si son de Guadalupe Pérez e Idaly Juache


Por Gladis Torres Ruiz      

México, DF, 19 de julio 12 (CIMAC).- Tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajarán como peritos externos acreditados por la Fiscalía General de Chihuahua en la identificación de los restos óseos de Guadalupe Pérez Montes e Idaly Juache Laguna, desaparecidas en Ciudad Juárez en 2009 y 2010, con lo que se abre la posibilidad de ampliar la investigación de al menos 12 casos similares.

Mercedes Doretti, Sofía Engaña y Carlos Vullo serán los peritos externos que brindarán asistencia técnica a las madres de Guadalupe e Idaly, para determinar si los restos que la Fiscalía les pretende entregar son de sus hijas.

Entre diciembre de 2011, y enero y febrero de 2012, en el Valle de Juárez, municipio de Praxedis G. Guerrero, fueron localizados varios restos óseos de mujeres, los cuales —según la Fiscalía— pertenecen a menores de edad reportadas como desaparecidas en 2009 y 2010.

Hasta ahora hay 12 restos con perfil genético (paso previo a que sean cotejados con las muestras de ADN de sus familiares), de los cuales siete ya fueron identificados, de ellos dos pertenecen presuntamente a Idaly, quien desapareció el 23 de febrero de 2010 a los 19 años, y a Guadalupe, de 17 y desaparecida el 31 de enero de 2009.

Sin embargo las madres de ambas desconfían de la Fiscalía, por lo que no han aceptado la entrega de los restos óseos encontrados y solicitaron apoyo al equipo argentino.

En entrevista con Cimacnoticias, Cecilia Espinosa, abogada de la Red Mesa de Mujeres —organización acompañante del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidas—, precisó que las otras cinco osamentas no se han podido cotejar con las muestras genéticas, por lo que la Fiscalía les informó que solicitaría apoyo técnico a la Procuraduría General de la República.

El EAAF es una agrupación ciudadana y sin fines de lucro creada en 1984, para identificar los miles de cadáveres de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina.

Espinosa detalló que ayer se realizó todo el papeleo oficial para acreditar a las y el antropólogo del EAAF como peritos externos de ambos casos, por lo que podrán acceder al expediente completo de ambas jóvenes, y tomar una segunda muestra de los restos óseos.

Se espera que en breve los peritos del EAAF vengan a México para que intervengan en el caso.

El nuevo peritaje abriría la esperanza de que no sólo se comprueben si los restos pertenecen o no a Guadalupe e Idaly, sino que también se abran nuevas líneas de investigación para identificar a sus agresores, quienes podrían estar ligados a todos los casos de restos localizados en Praxedis G. Guerrero.

Para las madres de familia y las activistas tales hechos estarían vinculados por haber sido encontrados en un mismo terreno.

La abogada de la Red Mesa de Mujeres abundó que la Fiscalía les informó que los rastreos en esta zona no se han detenido a fin de localizar más restos humanos.

En 2004 el EAAF llegó a Ciudad Juárez para brindar asistencia técnica a las autoridades de la entidad en la identificación de restos de mujeres desaparecidas y asesinadas. Estuvo seis años en el estado y realizó un informe detallado de 83 restos de mujeres recuperados entre 1993 y 2005.

El equipo forense vino al país a solicitud de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la organización Justicia para Nuestras Hijas, ante la incapacidad o “negligencia” de funcionarios locales para esclarecer el feminicidio en Chihuahua.

Mal hechas, tipificaciones de feminicidio en México

En su mayoría dificultan acreditación del delito


Por Gladis Torres Ruiz      

México, DF, 19 jul 12 (CIMAC).- Desde abril pasado el delito de feminicidio quedó tipificado en el Código Penal Federal; en contraste, hasta ahora sólo 14 de las 32 entidades federativas del  país han hecho lo propio y varias de ellas de manera “incorrecta”, ya que incorporan elementos “subjetivos” que dificultan la sanción a los responsables de un crimen que tan sólo de enero de 2010 a junio de 2011 dejó más de 2 mil víctimas en 24 estados.

Desde 2006 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano tipificar el feminicidio en todo el país, y si bien el mandato se cumplió lo cierto es que este delito va al alza.

Durante la 52 sesión del Comité de la CEDAW en Nueva York, integrado por 23 expertas en derechos femeninos, organizaciones de mujeres informaron que entre 2007 y 2009 el feminicidio en México se incrementó un 68 por ciento a nivel nacional.

Las activistas advirtieron que algunas de las tipificaciones estatales no se realizaron de manera correcta, ya que no plantearon reformas a otras normatividades para implementar protocolos de investigación o generar información estadística.

Además, dijeron, carecen de protocolos que garanticen una investigación adecuada con perspectiva de género. También observaron que algunos códigos penales estatales –donde no está tipificado el feminicidio– contemplan circunstancias como “los celos y la infidelidad” que dificultan la sanción de los homicidios contra mujeres.

DISPARIDAD EN LA NORMA

El 1 de enero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), la cual define por primera vez la violencia feminicida y establece que este delito se debe tipificar. Un año más tarde, el 8 de marzo de 2008, se publicó su reglamento.

A más de cinco años de que la Ley General entró en vigor, el feminicidio se ha tipificado en sólo 14 entidades del país. Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito en diciembre de 2010.

Le siguieron durante 2011 y 2012 el Estado de México, Guanajuato, Morelos, Distrito Federal, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Veracruz, Chiapas, Durango, Sinaloa, Tabasco y Baja California.

Las definiciones de feminicidio en estos 14 códigos penales son diversas, ya que mientras algunas integraron las propuestas de organizaciones feministas, otras como la del Código de Guanajuato no retomaron las observaciones de las expertas en el tema.

En el informe alterno “Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de violencia estructural y generalizada”, presentado esta semana ante el Comité de la CEDAW, se indica que en Tamaulipas, por ejemplo, se deben acreditar al menos tres de las circunstancias que prevé el delito –artículo 337 del Código Penal estatal–, entre ellas que la víctima presente “indicios de violencia física reiterada”.

Además deben existir “antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo en contra de la mujer”. A decir de las activistas, esto ha generado que abogados y operadores jurídicos difícilmente puedan acreditar este tipo de circunstancias.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reportaron al Comité de la CEDAW que distintas entidades aún no han adecuado el tipo penal de feminicidio con otros delitos afines (los diferentes tipos de homicidio), por lo que alertaron que la tipificación no será efectiva sin que haya una reforma integral a las leyes y marcos normativos.

Pusieron como ejemplo que San Luis Potosí no modificó la norma para ordenar protocolos de investigación, sistematización de la información y sanción a servidores públicos que incurran en acciones u omisiones en el delito de feminicidio.

En el DF tampoco se incluyó una obligación expresa para crear registros sistemáticos de casos de feminicidio, mientras que en Chiapas, Colima, Morelos y Veracruz, si bien se contempló una reforma integral para erradicar el delito, a la fecha estas entidades carecen de protocolos que garanticen una investigación adecuada con perspectiva de género.

Apenas en abril pasado el Congreso estipuló en el artículo 325 del Código Penal Federal el delito de feminicidio con penas que van de 40 a 60 años de prisión para los responsables, así como sanciones para servidores públicos que retarden o entorpezcan la investigación o la aplicación de la justicia.

De acuerdo con el OCNF, entre enero de 2010 y junio de 2011 en 24 estados al menos 2 mil 273 mujeres fueron victimas de feminicidio. México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la aprobó el 23 de marzo de 1981.

LOS QUE FALTAN

La tipificación del feminicidio como delito grave en México sigue en proceso. En Chihuahua y Nuevo León, donde este delito ha ido al alza, los congresos locales siguen sin tipificarlo a pesar de la exigencia de organizaciones de mujeres.

En el caso de Baja California Sur no se han discutido reformas para la tipificación del feminicidio. Actualmente el Código Penal de ese estado, en su artículo 274, integra una atenuante al homicidio por “razón de honor” o “crímenes pasionales”.

En Coahuila hay una iniciativa pendiente para incluir el feminicidio como un tipo penal autónomo con elementos objetivos de accesible acreditación. Pero no plantea reformas a otras normatividades para implementar protocolos de investigación, o generar información estadística.

En Jalisco, en mayo pasado, se aprobó en comisiones del Congreso estatal una iniciativa de reforma para considerar al feminicidio como un agravante del homicidio calificado.

En Oaxaca está a discusión una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales a fin de que se indague adecuadamente el delito.

En Querétaro, grupos de mujeres solicitaron al gobernador José Calzada Rovirosa realizar observaciones a una supuesta tipificación  del feminicidio, aprobada en abril pasado por el Congreso local, toda vez que sólo lo considera como un agravante de homicidio y no como un delito “autónomo”.

En Yucatán y Zacatecas no se han discutido reformas para la tipificación del feminicidio. Aunado a ello, sus códigos penales aún estipulan al homicidio por razón de honor como atenuante del crimen.

México ha recibido hasta la fecha 200 recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, para erradicar la violencia contra las mujeres.

Amenazan a mujer sobreviviente de tortura sexual en Atenco

Le dicen a Valentina Palma que la pueden violar y desaparecer


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 19 jul 12 (CIMAC).- A unas horas de que las autoridades mexiquenses informaran que detuvieron a dos policías responsables de la tortura sexual ejercida en Atenco en 2006, Valentina Palma Novoa, una de las 47 mujeres víctimas, denunció haber recibido amenazas en su contra.

Hace seis años Valentina era una joven de 30 años antropóloga de profesión, estudiaba la carrera de realización cinematográfica en México; su instinto en antropología la hizo acudir a San Salvador Atenco para documentar los operativos, sin embargo terminó siendo una víctima más.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó hoy que el pasado 2 de julio Valentina, quien radica en Chile –su país natal–, recibió un correo electrónico con amenazas.

En el mensaje se hace referencia a los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, Estado de México, donde 49 mujeres fueron detenidas y 26 violadas sexualmente por agentes estatales y federales.

De acuerdo con la información difundida por el Centro Prodh, la amenaza detalla lo ocurrido el día en que la policía, de forma arbitraria y violenta, detuvo y golpeó con brutalidad a Valentina, a quien le dicen que “si quieren la pueden violar y desaparecer”.

Tras los hechos de Atenco, las autoridades mexicanas la deportaron junto con las españolas María Sostres Torrida y Cristina Valls Fernández, y la alemana Samantha Dietmar, quienes tampoco consiguieron justicia desde sus países.

AMENAZAS

Si el agresor de Valentina cree que pudo intimidarla sus compañeras de lucha afirman que no es así. “Si tocan a una nos tocan a todas”, declaró Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual en Atenco y una de las 11 denunciantes de los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No es extraño que se infunda miedo a una de las mujeres que se encuentra alejada del resto de las compañeras –explicó Italia–, Valentina no es una de las denunciantes ante la CIDH, no tiene una organización que la acompañe, ni está en México, aclaró.

Italia afirmó que aunque este panorama podría parecer desolador para la joven chilena, el resto de las mujeres se han solidarizado con ella pues, sostuvo, al atacar a una atacan a todo el colectivo que desde hace seis años exigió justicia ante el abuso de poder del Estado.

Esta es la primera vez que se presenta una agresión de tal naturaleza, por lo que Italia no descartó una clara intención de infundir miedo en un momento clave donde Atenco vuelve a estar bajo los reflectores.

“No es una amenaza casual, es pensada, es perversa”, argumentó Clemencia Correa, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), experta en Derechos Humanos y perita ante el sistema interamericano de Justicia.

A decir de Correa, estas amenazas van dirigidas no sólo a Valentina sino también a quienes han denunciado. La experta consideró que el único fin es callar a las mujeres que acudieron ante la ONU y la CIDH en pleno proceso electoral.

DETENCIONES

Amnistía Internacional (AI) y el Centro Prodh condenaron este acto de hostigamiento y criticaron que luego de que se presentó la intimidación, las autoridades mexiquenses informaron ante la ONU que las investigaciones del caso ya concluyeron. 

El pasado martes, durante la evaluación en Nueva York al Estado mexicano sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación oficial dijo que a seis años de distancia, ya había avances en el caso Atenco.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios, sostuvo que en febrero pasado concluyó la investigación y que había tres órdenes de aprehensión.

José Rosario Marroquí, director del Centro Prodh, criticó que información de esa relevancia se hiciera en Estados Unidos ante el Comité de expertas de la CEDAW, y no en México frente a las denunciantes y sus representantes legales.

Ayer, un día después de dar la información a la ONU, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal informó que el pasado 17 de julio se giraron tres órdenes de aprehensión, y que ese mismo día se buscó, localizó y detuvo a dos personas.

Los presuntos responsables de tortura sexual son Eduardo Vite Mendoza, Ricardo Consuelo Cruz y Luis Cristóbal Sánchez Álvarez, este último fallecido el año pasado, según informaron las autoridades mexiquenses.

SIN JUSTICIA

La noticia de los dos detenidos no significa justicia, advirtió Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, quien refirió que la averiguación previa implica a 29 policías estatales, pero sólo se giró orden de aprehensión contra tres.

En el operativo avalado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto y el ex presidente Vicente Fox, también participaron policías federales, recordó la defensora al señalar que no hay ningún elemento federal consignado.

Según las organizaciones civiles, Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, fueron los responsables de la actuación policiaca.

A decir de Olivos, aún falta saber qué pasará con los otros 26 policías estatales y los elementos federales que no fueron responsabilizados, ya que la Procuraduría mexiquense argumentó ser incompetente para investigar casos que implicaban a funcionarios federales.

“Las detenciones no las celebramos”, dijo Olivos Portugal al aseverar que éste es un engaño más del Estado mexicano –posiblemente– para intentar retrasar el análisis de la denuncia presentada por 11 mujeres ante la CIDH en abril de 2008 y aceptada en noviembre de 2011.

AI, el Centro Prodh y las sobrevivientes de tortura sexual coincidieron en que las amenazas contra Valentina y la noticia sobre los dos detenidos –en medio de las denuncias internacionales– son muestra del uso político de la impartición de justicia.

Hicieron responsable al Estado mexicano de la integridad de Valentina y el resto de las mujeres denunciantes ante organismos internacionales, porque aseguraron que en este momento la integridad y seguridad de todas está en peligro.

CIMACTV - Misión Civil, Ruta de las mujeres en la Migración. Chiapas-Huehuetenango Guatemala

Emilio Álvarez Icaza, nuevo Secretario Ejecutivo de la CIDH

Suplirá a Santiago Cantón tras una década en el cargo

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 19 jul 12 (CIMAC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió como nuevo Secretario Ejecutivo al ex ombudsman de la Ciudad de México, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y defensor de los derechos femeninos, Emilio Álvarez Icaza.

Al remplazar a Santiago Cantón, quien ocupó el cargo desde 2001 y hasta el 1 de julio pasado, el mexicano estará al frente de este organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que promueve la defensa de los Derechos Humanos (DH) en toda la región.

Álvarez Icaza será secretario ejecutivo por los próximos cuatro años tras ser electo luego de postularse junto con personajes como el relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue; y el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

En un comunicado, la CIDH informó que la selección del mexicano fue resultado de un proceso amplio, abierto, transparente y participativo; y que ahora Álvarez Icaza será parte de este órgano internacional integrado por siete miembros independientes que no representan a sus países de origen.

Entre las tareas de la CIDH están: realizar visitas a los países, elaborar informes temáticos, investigar presuntas violaciones a derechos humanos y si lo considera, remitir casos de violaciones graves a derechos humanos al máximo tribunal de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El nuevo secretario ejecutivo asumirá sus funciones en medio de la restructuración que vive el sistema interamericano y de las presiones de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Brasil que pretenden dificultar que las víctimas lleven sus denuncias ante la CIDH.

Además de enfrentar este reto, el ex ombudsman capitalino –que se ha caracterizado por defender los derechos de las mujeres– también conocerá las denuncias contra el Estado mexicano, aunque como lo marca el reglamento no podrá tener injerencia en estos casos.

Cabe destacar que tan sólo en 2011 México fue el segundo país con más denuncias ante la CIDH sólo después de Colombia. En ese año de los mil 658 casos que se  presentaron, 273 eran contra México y 342 contra Colombia.

En 2007 el sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) apoyó la despenalización del aborto en la capital del país.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se negó a impugnar las reformas aprobadas por el Legislativo local en abril de ese año para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México.

En octubre de 2009 el también ex director del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y cofundador de la organización civil Alianza Cívica, se postuló para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pero no obtuvo el cargo.

En ese entonces afirmó ante el Senado que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública incrementó las violaciones a Derechos Humanos ante la CNDH y CIDH, por lo que aseguró: “es el momento para que se revise lo que esto significa”.

En 1999 Álvarez Icaza fue elegido consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal pero siempre ha participado activamente en movimientos ciudadanos y desde 2011 junto con Javier Sicilia integró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

12/AGM/LGL

Sólo 31 por ciento de mexicanos hace la comida en el hogar

Domina patrón cultural de que es obligación de las mujeres

Por la Redacción

México, DF, 19 jul 12 (CIMAC).- De acuerdo con la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género (IMAGES), en México, Chile y Brasil los padres de familia aún actúan a partir de actitudes tradicionales de género, es decir, los hombres creen que el rol principal de las mujeres es cuidar el hogar y cocinar para la familia.

Según el sondeo elaborado por la Fundación Observatorio de la Maternidad, con sede en Argentina, el 70 por ciento de las chilenas realizan las tareas domésticas y le siguen las mexicanas con 69 por ciento.

Una de las razones de la falta de equidad de género dentro del hogar es la poca o nula socialización que los hombres tuvieron durante su infancia y adolescencia, para hacer tareas domésticas; es decir, en su núcleo familiar no se les inculcó la idea de ayudar en estas labores.

Sólo 31 por ciento de los brasileños no familiarizados con tareas del hogar cuidaron a sus hermanos menores; en Chile la cifra disminuye a 25 por ciento, y en México sólo 23 por ciento de los varones llevó a cabo esa tarea.

En la preparación de la comida, únicamente 31 por ciento de los mexicanos que no fueron educados en realizar actividades del hogar hicieron esta tarea, mientras que 30 por ciento de los chilenos y 27 por ciento de los brasileños prepararon la comida.

Dentro de la misma encuesta se reportó que aquellos hombres cuyos padres sí participaban en actividades domésticas, ahora ya adultos siguen dicho rol familiar, en contraste con aquellos varones cuyos padres no lo hacían.

En México, 44 por ciento de los hombres con padres que no participaron en las labores del hogar, actualmente sí ayudan en sus casas, frente a 69 por ciento de mexicanos que sí tuvieron padres que colaboraban en estas actividades y siguieron su ejemplo.

De esta última cifra, el 43 por ciento de los entrevistados dijeron dedicarse a la limpieza del patio, del automóvil y del jardín. Los únicos hombres que aceptaron que siempre lavan, planchan y trapean son quienes viven solos o están desempleados.

12/FAA/RMB

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