4/13/2024

De sectas secretas a protestas en la calle: la ultraderecha mexicana contra la mujer

 elpais.com

Georgina Zerega

“¿Embarazada? ¿Me siento atrapada y quisiera escapar de la realidad? Existe una solución, llámanos. Absoluta discreción”. La frase, impresa en calcomanías pegadas por las calles, sirvió hace más de dos décadas para que la ultraderecha mexicana operara a escondidas contra los derechos de las mujeres. Detrás de las pegatinas se escondían organizaciones civiles de corte ultraconservador que buscaban engañar a aquellas que quisiesen abortar. Cuando ellas llamaban buscando una ayuda para interrumpir su embarazo, ellos las acosaban hasta que desistían. Ahora ya no necesitan fingir. Hace años, estas organizaciones descubrieron que alzar la voz públicamente podía ser más redituable y salieron a la calle a reivindicar sus proclamas. Ese camino les llevó el año pasado a intentar sin éxito registrar por primera vez un candidato presidencial que les representara por fuera de los partidos tradicionales. Pese a que los números siguen siendo residuales para un país de 126 millones de habitantes, se han envalentonado y han comenzado a operar abiertamente en espacios políticos, con el fin de marcar su propia agenda: la prohibición del aborto, el matrimonio heterosexual y la lucha en contra de los derechos LGBT.

La discusión sobre si operar abiertamente o mantener un perfil bajo se inició en la ultraderecha hace varias décadas. El debate tensionó la relación de los fundadores del Frente Nacional por la Familia, la histórica organización de corte ultraconservador que milita contra el aborto y el matrimonio igualitario, según cuenta uno de ellos, que prefiere mantener su anonimato. Las diferencias se extendieron durante años sin llegar a una conclusión clara. En el último tiempo, sin embargo, han emergido agrupaciones en México a la sombra de las nuevas olas de derecha en la región, formadas principalmente por jóvenes engallados que militan las mismas ideas de hace décadas. Y ahora lo hacen con el altavoz en mano, sin temor y con la seguridad de que mientras más atención atraigan, más apoyo conseguirán.

El pasado:
los papeles de El Yunque

Una fracción de la ultraderecha en México se refugiaba hace unas cinco décadas en sectas secretas de las que estaba prohibido hablar en público, como El Yunque, fundado en Puebla en 1953. Sus miembros se juraban lealtad en extravagantes rituales y se autoflagelaban bajo la promesa de mantener el silencio. Usaban nombres falsos para no reconocerse fuera y los más fuertes se volvían “monjes guerreros de combate” que se enfrentaban en las calles con masones y miembros del Opus Dei, o se infiltraban en los Congresos para atacar a quienes eran considerados “enemigos”, como los gais, los socialistas o las organizaciones a favor del aborto, según contó un exmiembro de la secta a este periódico. En su mejor época, durante la presidencia de Vicente Fox, llegaron a ocupar puestos en el Gobierno federal y a abrir universidades.

Bajo las alas de El Yunque, sobrevolaban varias asociaciones civiles creadas por ellos mismos que utilizaban para operar en las sombras. EL PAÍS accedió a decenas de documentos internos de El Yunque que explican a detalle la doctrina de la secta secreta. En uno de esos papeles se detalla cómo debían operar por fuera de la orden, ya sea en grupos de influencia o de acción. Se infiltraban o bien creaban publicaciones periodísticas e instituciones. Y desde allí trabajaban a favor de “la causa”, como le llamaban a la imposición del “reino de Jesucristo en la tierra”. El objetivo, según uno de los documentos, era “colaborar en la ordenación de lo temporal de acuerdo a los principios Evangélicos mediante la realización de la vocación política”.

Ese mismo instructivo señala que, como parte de la estrategia nacional, habían creado cuatro organizaciones supuestamente civiles. Una era la histórica Provida, que recibía dinero del Gobierno de Fox y cuyo líder acabó preso acusado de peculado. Otras dos, la Coordinadora Ciudadana APN y el Movimiento Testimonio y Esperanza, actualmente están fuera de acción. La última, Acción Juvenil, permanece activa y ha apoyado abiertamente la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Las cuatro eran un ejemplo de operaciones en contra de los derechos de la mujer.

Diego Gil —nombre ficticio que le pusieron en la secta— ingresó a El Yunque en 2002 y llegó a ser secretario de Interior: un cargo medio en la estructura interna. Manejaba información secreta, estaba a cargo de parte de la enseñanza que se dictaba y organizaba las ceremonias de iniciación. El ahora exmiembro relata en entrevista con EL PAÍS que él personalmente fue uno de los que pegó las calcomanías para engañar a las embarazadas. “Parecía una clínica abortiva. Llegaban las chicas y les decían: ‘Mira, esto no es una clínica abortiva, te vamos a mostrar tu bebé y vas a ver las alternativas que tienes”, relata.

Las mentiras del yunque y la ultraderecha respecto al aborto 1.-
Claudel Estrella

Uno de los documentos a los que accedió este periódico, llamado Manual de jefatura, detalla lo que la doctrina ultraconservadora consideraba de este tema: “Los defensores del aborto han procurado cubrir su naturaleza criminal mediante terminología confusa o evasiva, ocultando el asesinato con jerga como ‘interrupción voluntaria del embarazo’ o bajo conceptos como ‘derecho a decidir’ o ‘derecho a la salud reproductiva”. En esa línea preparaban a los jefes de la orden secreta para enfrentar discusiones sociales y lograr convencer de que interrumpir el embarazo estaba mal, incluso cuando ponía en peligro la vida de la madre o era producto de una violación.

Para atacar los derechos de las mujeres, la doctrina les enseñaba que era “extremadamente raro” que quedaran embarazadas después de una violación por las tasas “extremadamente altas” de disfunciones sexuales que tenían los violadores. “Es obvio que el espantoso crimen de la violación es utilizado para sensibilizar al público en favor del aborto, al presentar al fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor”, reza el documento. “Es claro que la mujer ha sufrido una primera espantosa agresión, la de la violación. Presentar el aborto como una ‘solución’ es decir que un veneno hay que combatirlo aplicando otro”, agrega. Esta información ha sido desmentida por estudios científicos y organizaciones defensoras de derechos humanos que operan en México, uno de los países con la tasa más alta de menores embarazadas —todos casos considerados como violación porque las niñas y adolescentes no pueden dar consentimiento, según la ley—. Además, el aborto por violación es legal en todo el país.

El Yunque instruía a sus seguidores a combatir lo que ellos calificaban de “mentiras” sociales, como el derecho a decidir sobre el cuerpo propio o la idea de que legalizarlo reduce los abortos clandestinos. Los argumentos que enseñaban eran insólitos y estaban basados en ideas alejadas de la ciencia. Por ejemplo, ante la propuesta de que cada mujer pudiera decidir sobre su propio cuerpo, sostenían que si el feto que estaba en el vientre se desarrollaba eventualmente como una mujer, esa mujer no tenía derecho a decidir. O aseguraban que aquella que “violentaba la naturaleza” con un aborto, aumentaba “su potencialidad de violencia y contagiaba esta a la sociedad”. Aseguraban, sin ninguna prueba, que “en los países donde el aborto está legalizado, se incrementa la violencia de los padres sobre los niños, especialmente la de la madre sobre sus hijos aun cuando sean planificados”.

Mentiras sociales,
según El Yunque

“La Verdad", de El Yunque: El término "terapéutico" es utilizado con el fin de confundir. "Terapia" significa curar y en este caso el aborto no cura nada. Actualmente, la ciencia médica garantiza que prácticamente no hay circunstancias en la cual se deba optar ante la vida de la madre o la del hijo.

“La Verdad", de El Yunque: En primer lugar los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. Por ejemplo, las disfunciones sexuales en los violadores, cuya tasa es extremadamente alta. La víctima puede ser naturalmente estéril; puede ser muy joven o muy vieja, puede estar ya embarazada o puede haber otras razones naturales. El ciclo menstrual, controlado por hormonas, es fácilmente distorcionado por un stress emocional y puede actuar demorando la ovulación; o si la mujer ya ha ovulado la menstruación puede ocurrir prematuramente.

“La Verdad", de El Yunque: Este es un argumento absurdo. El "deseo" o "no deseo" no afecta en nada la dignidad y el valor intrínseco de una persona. El niño no es una "cosa" sobre cuyo valor puede decidir otro de acuerdo a su estado de ánimo. Por otro lado, el que una mujer no esté contenta con su embarazo durante los primeros meses no indica que esta misma mujer no vaya a amar a su bebé una vez nacido.

“La Verdad", de El Yunque: Pero no cuando el sentido común y la ciencia moderna reconocen que en un embarazo hay dos vidas y dos cuerpos. Mujer, según definición de diccionario, es un "ser humano femenino". Dado que el sexo se determina cromosómicamente en la concepción, y más o menos la mitad de los que son abortados son "seres humanos femeninos"; obviamente NO TODA MUJER TIENE DERECHO A CONTROLAR SU PROPIO CUERPO.

“La Verdad", de El Yunque: Las estadísticas en los países "desarrollados" demuestran que esto no es así. Por el contrario, la legalización del aborto lo convierte en un método que parece moralmente aceptable y por tanto, como una opción posible que no es igualmente considerada allí donde no es legal.

El presente:
la nueva ultraderecha

La nueva ultraderecha en México ha tomado el altavoz. Ahora se reúne públicamente e incluso aspira a hacer ruido para parecer más fuerte de lo que realmente es. En 2022, sus grupos se congregaron alrededor de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en la capital, donde invitaron a importantes referentes de la ultraderecha mundial. Al año siguiente, intentaron impulsar la campaña independiente a la Presidencia de Eduardo Verástegui, pero se quedaron fuera por falta de apoyos. En el camino se han colado en movilizaciones masivas en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los grupos de ultraderecha han tratado de ganar espacios en el escenario político agarrándose de los movimientos sociales actuales. “La ultraderecha se monta en temas de la oposición para mostrar una fuerza mayor a la que tienen”, asegura Reynaldo Ortega, investigador del Colegio de México. Por eso se les ha visto sumarse a manifestaciones como las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral, también llamadas Marea Rosa, o las protestas contra los nuevos libros escolares, que enseñan de feminismo y presentan varios tipos de familias, como las monoparentales. En esa línea, uno de los actores que más peleó contra los textos escolares del Ejecutivo de López Obrador fue el Frente Nacional por la Familia.

Los grupos de ultraderecha han tratado de ganar espacios en el escenario político agarrándose de los movimientos sociales actuales

Hablar en voz alta de “la defensa de la vida” les ha rendido algunos frutos. Pequeños ejércitos de jóvenes vestidos de celeste han salido a las calles a condenar el avance del aborto en México, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo despenalizara en septiembre de 2021. Uno de esos jóvenes es Jorge Luis Pimentel, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y director de ProLife Army en Ciudad de México. Católico, antifeminista y antiaborto, Pimentel comenzó a militar en 2021. En entrevista con este periódico, el joven relata que esta organización nació “para abarcar la parte política que los provida no habían abarcado hasta entonces”. La idea era que “pudieran ocupar espacios” en el escenario político.

Gran parte del trabajo de ProLife Army ha sido acercarse a legisladores locales y federales con el fin de hacer lobby para evitar el avance de la marea verde en México. “El acercamiento va enfocado a tratar de colaborar con ellos para intentar frenar esas iniciativas o bien buscar derogarlas”, cuenta Pimentel. Los nuevos grupos de ultraderecha han blanqueado sus estrategias como nunca antes lo habían hecho. Una de las asociaciones que participó en la CPAC en México, Hazte Sentir —cuyo nombre evoca a la española Hazte Oír—, ha detallado en su página web cuáles son sus tareas de cara a la sociedad. Se han concentrado en tres proyectos: conquistar espacios y voces en los medios de comunicación; acercarse a “personas que influyen en la vida política” del país para impulsar “iniciativas que buscan el bien común”; e impartir talleres y seminarios para llegar a la gente.

ESPECIAL-ULTRADERECHA.-
CLAUDEL ESTRELLA

El partido tradicional de derecha en México, Acción Nacional (PAN), no logró alojar muchas de las expresiones políticas que se encontraban a su derecha. El investigador Rodrigo Castro ha explicado, en un estudio publicado en noviembre por la Fundación Friedrich Ebert (FES) del Partido Socialdemócrata de Alemania, que “desde la perspectiva de la derecha radical, el PAN no canalizó decididamente su agenda programática en temas socioculturales”. Principalmente señala la oposición al aborto y la defensa del matrimonio tradicional. Esas corrientes ultras se alejaron del PAN, primero bajo la corriente del Frente Nacional por la Familia, y actualmente en células independientes.

Eso fue lo que le sucedió a Alice Galván. Antigua asesora de una senadora del PAN, Galván fue quien puso en contacto a la formación blanquiazul con el partido ultra español Vox. Aquella conexión abrió la puerta a la visita de Santiago Abascal al Congreso mexicano, donde se tomó una foto con líderes de la derecha mexicana, y a la adhesión de algunos bloques a la Carta de Madrid, un documento impulsado por una fundación asociada con Vox que busca alertar contra el “avance del comunismo”. La polémica que desató la imagen empujó al partido a rectificar y tomar distancia. Desilusionada, Galván acabó dejando la formación. Ahora dirige el think tank conservador Patria Unida, que creó después de tomar unos cursos en España con Vox. Desde su sitio web, la organización ha atacado los nuevos libros de texto escolares y ha defendido la familia constituida a partir del matrimonio “entre un hombre y una mujer”.

Cuando Galván le cerró la puerta al partido, le dijo a su jefa: “El PAN no se da cuenta de que le ha afectado alejarse de sus principios y están tratando de entrar a un campo en el que no los van a votar, porque hay otros ocho partidos políticos que siempre han defendido eso”. No es la única que cree en esto. Muchos actores de la ultraderecha mexicana le reclaman al histórico partido que haya decidido acudir a las urnas en junio con una candidata como Gálvez, que se ha posicionado como feminista y a favor del aborto. “En política los espacios no se dejan vacíos y el PAN lo dejó en la derecha, entonces hoy hay gente trabajando para ocupar ese espacio”, dice.

Ante todo,
la familia

Las asambleas de los ultraconservadores también se hacen a plena luz del día, en foros mundiales donde se congregan miles de personas. El lobby ultraconservadurista se reunió el primer fin de semana de marzo en Guadalajara a celebrar su valor máximo, la familia, en el Congreso Mundial de las Familias. Allí donde cada año se dan cita las mentes más brillantes del mundo de la literatura para participar en la Feria Internacional del Libro, por esos días se enseñaban con orgullo fetos de goma para impresionar a los visitantes. “Que nadie me diga que no es una vida”, advertía un promotor con “la banda de los fetines” en las manos.

Muñecos de fetos expuestos en el Congreso Mundial por las Familias en Guadalajara, Jalisco, en marzo de 2024. .-Muñecos de fetos expuestos en el Congreso Mundial por las Familias en Guadalajara, Jalisco, en marzo de 2024. Ernesto Mena

Alrededor de unas 8.000 personas se pasearon ese fin de semana por los pasillos de la Expo Guadalajara, incluidos funcionarios de varios Gobiernos, como Aguascalientes y Jalisco; numerosos miembros de la Iglesia católica, sobre todo Legionarios de Cristo; y académicos enfocados en el rescate al matrimonio tradicional como una institución. Había incluso quien citaba a Agustín Laje, escritor de la ultraderecha argentina conocido por sus posturas homofóbicas y antiderechos. Todos los presentes compartían unos mismos objetivos: defenestrar la ideología de género y el feminismo, desacreditar los derechos de la comunidad LGBT, aplicar la moral religiosa al cuerpo de la mujer y combatir la educación sexual. “En vez de educar, se sexualiza a los niños”, lanzó uno de los ponentes generando la histeria del público.

Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y antiguo diputado por el PAN, dio una de las charlas más aplaudidas. Con un trágico diagnóstico de lo que atraviesa México en la manga, dijo que en el país se había establecido un escenario de lo políticamente correcto, “que en realidad es lo más antihumano y anticristiano” y que se había impuesto una “ideología de la confusión de género”. Lo que en otra época no se animaban a poner en palabras, fue ahora objeto de largos y tendidos discursos en los escenarios. “Está creciendo una cultura de la muerte que pretende normalizar el asesinato de los más vulnerables, con el aborto, que no es otra cosa que promover que las madres maten a sus hijos”, reclamó.

Entre los stands del Congreso se podía encontrar desde medios de comunicación, como TV Azteca, hasta editoriales dedicadas a producir libros para el sector. También estaban grupos antiabortistas reconocidos nacionalmente, como Vifac [Vida y Familia A.C.] o Salva una vida; o asociaciones dedicadas a influir política y socialmente en los temas favoritos de los conservadores, como Actívate, una plataforma para movilizar peticiones, o Saber Votar, una web para “tomar decisiones informadas” en las próximas elecciones.

La operación
en algunos rincones

Alejados de los reflectores que trae la política, algunos sitios del país siguen viviendo al calor de las campañas de desinformación de la ultraderecha y las operaciones de hostigamiento hacia las mujeres que quieren abortar, tal y como lo contó este periódico en 2021. La agrupación Marea Verde Altas Montañas, de Veracruz, ha podido documentar cómo funciona esa operación en Orizaba. Dos asociaciones que se escondían detrás de consignas feministas en redes sociales, llamadas Decídete Orizaba e ILE —el acrónimo que se usa para la interrupción legal del embarazo—, operaban en una casa en el centro de la ciudad. En un gesto similar al que aplica El Yunque desde hace décadas, les hacían creer a las mujeres que se acercaban a esas cuentas que les iban a ayudar a abortar, pero hacían lo contrario.

Dos activistas feministas —que prefieren mantener el anonimato por seguridad— lograron colarse en la vivienda, haciéndose pasar por jóvenes embarazadas que querían acabar con su embarazo. Agendaron una cita por Whatsapp y se presentaron en la propiedad, que a simple vista parece una casa normal, donde les esperaba una supuesta doctora. El episodio que ambas vivieron duró por lo menos una hora, en la que fueron sometidas a presiones para que no interrumpieran el embarazo. Incluso les mostraron videos con imágenes macabras de qué pasaría en caso de que lo hicieran. “Te empiezan a sacar tus datos personales, te hacen firmar una hojita con tus datos y ahí empieza toda la manipulación”, cuenta en entrevista una de las jóvenes.

Dos jóvenes activistas frente a la casa donde operaban falsas organizaciones feministas, en Orizaba, en diciembre de 2023..-Dos jóvenes activistas frente a la casa donde operaban falsas organizaciones feministas, en Orizaba, en diciembre de 2023.Victoria Razo

“¿Sí sabes que te vas a desangrar?”. “Si abortas, tus padres se van a dar cuenta”. “Vas a cometer un asesinato”. Son algunas de las frases que las dos chicas recuerdan haber escuchado en la casa.

“¿Sí sabes que te vas a desangrar?”. “Si abortas, tus padres se van a dar cuenta”. “Vas a cometer un asesinato”. Son algunas de las frases que las dos chicas recuerdan haber escuchado en la casa. Palabras que suenan irreales en una entidad que despenalizó el aborto en julio de 2021. Cuando preguntaron cómo se llamaba la organización que operaba realmente tras las redes sociales que se promocionaban como feministas, les dijeron que era Vifac. Entre las ofertas que les hicieron para evitar que abortaran, estaba mudarse de Estado y dar en adopción al bebé después del parto. “Sales de ahí traumada, porque es algo muy sangriento y te ponen en una postura como que eres asesina, tonta, loca, egoísta”, relata la otra activista.

Los planes
a futuro

Los esfuerzos de la ultraderecha mexicana se organizan como satélites, cada quien con sus objetivos y sus proyectos. Ni siquiera se pusieron de acuerdo todos los grupos en acompañar la candidatura de Verástegui, algunos ultras optaron por filtrarse en el opositor Frente Amplio por México. Las segregaciones han sido uno de los mayores obstáculos. El sistema electoral ha sido otro. Para que una persona pueda presentarse como candidato independiente debe recabar firmas equivalentes al 1% de la ciudadanía con derecho a voto, lo que significa cerca de un millón, que estén repartidas equitativamente entre 17 Estados, un reto mayúsculo para alguien que no cuenta con la infraestructura de un partido. Con ese muro se ha chocado Verástegui, que solo consiguió una décima de lo que necesitaba.

Yo sí creo que hay posibilidad en un futuro, no cercano, definitivamente, dice Galván, pero en 2030 a lo mejor se podría hacer un esfuerzo grande por tener un partido político de derecha o por lo menos presionar al PAN a regresar hacia este lado

“Yo sí creo que hay posibilidad en un futuro, no cercano, definitivamente”, dice Galván, “pero en 2030 a lo mejor se podría hacer un esfuerzo grande por tener un partido político de derecha o por lo menos presionar al PAN a regresar hacia este lado”. Los ultras que se acomodaron en las campañas de la oposición han salido mejor parados. Históricos miembros de El Yunque se hicieron un lugar importante en la campaña del Frente Amplio por México en el Estado de Puebla. Allí acompañarán al candidato a gobernador, Eduardo Rivera, señalado por múltiples voces como un miembro de la secta ultraconservadora. Para la diputada local Mónica Silva, del Partido del Trabajo, El Yunque y la ultraderecha en esa entidad acabaron infiltrándose en todos los partidos políticos, y presionaron en el Congreso para frenar las iniciativas a favor del aborto. No alcanzó, por ejemplo, que la Cámara legislativa tuviera mayoría de mujeres y supuestamente de izquierda, dice.

ESPECIAL-ULTRADERECHA.-Claudel Estrella

“La ultraderecha ha permeado en Morena [Movimiento de Regeneración Nacional]”, asegura Silva, “y la agenda para las mujeres se volvió incómoda”. El Congreso de Puebla ha visto presentarse recientemente un proyecto de ley del no nacido y uno por el pin parental —la regulación de contenidos educativos por parte de padres—, ambos impulsados por el PAN. Pese al estancamiento del aborto en la Cámara legislativa local, el Gobierno de Sergio Salomón se vio forzado a abrir en diciembre siete clínicas que llevaran a cabo interrupciones de embarazos en acato de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una medida que ha sacado ampollas al interior de esa Administración. En ese Ejecutivo hay miembros de la ultraderecha que fueron infiltrándose, comenta la activista feminista Socorro Quezada. “Toda el ala conservadora está en puestos clave”.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa del programa Salud Reproductiva, Derechos y Justicia en las Américas.

Créditos

Texto e investigación: Georgina Zerega

Edición visual Hector Guerrero

Ilustraciones: Claudel Estrella

Diseño y Layout Mónica Juárez y Luis V. Guillén

“El personal médico no fue a la escuela para acabar en prisión”: La activista Alejandra Pablos denuncia el restablecimiento de una ley de 1864 que prohíbe el aborto en Arizona

 democracynow.org

Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now! Democracynow.org. Soy Amy Goodman, con Nermeen Shaikh.

NERMEEN SHAIKH: Hoy hablamos sobre el decisivo estado de Arizona, donde los legisladores republicanos bloquearon la iniciativa demócrata para derogar una ley de 1864 que prohíbe casi por completo el aborto en el estado. La medida fue impulsada un día después de que la Corte Suprema de Arizona ratificara la ley, que tiene de 160 años de antigüedad y fue aprobada antes de que Arizona se convirtiera en estado y antes de que las mujeres pudieran votar. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará la ciudad de Tucson el viernes en el marco de su gira denominada “Lucha por las libertades reproductivas”. La Corte Suprema de Arizona emitió el fallo un día después de que el principal candidato presidencial republicano, Donald Trump, dijera que la legislación sobre el aborto debería ser definida por cada estado.

AMY GOODMAN: La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha dicho que no procesará a mujeres o personal médico en virtud de lo que llamó una “ley draconiana”. También dijo que está recurriendo a los fiscales generales de los estados circundantes para garantizar que las personas embarazadas puedan cruzar la frontera a estados donde abortar es seguro y legal.

Para más información, nos acompaña en Tucson, Arizona, Alejandra Pablos, organizadora comunitaria a favor de la justicia reproductiva, quien fue señalada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su activismo y enfrentó procesos de deportación durante más de una década. Gracias por acompañarnos.

Para comenzar, ¿cómo ha respondido la población de Arizona a esta ley instaurada hace 160 años, que ha sido restablecida y que, si no sucede nada más, entrará en vigencia en unas semanas?

ALEJANDRA PABLOS: Buenos días. Gracias, Amy y Democracy Now!, por tenerme aquí. Mi experiencia como una persona que es una organizadora comunitaria en Arizona, hemos luchado mucho contra el estigma contra el aborto. Ahorita la verdad no estamos sorprendidos de lo que pasó. Ya esperábamos que algo así pasara. Por eso hay una iniciativa para votar y poner una constitución que proteja el aborto hasta las 22 semanas. Pero de todos modos no es suficiente.

Creo que ahorita dice Kris Mayes que no va a condenar a nadie. Nosotros no podemos creer en la policía ahorita, nosotros no podemos creer en la policía cuando en Arizona han criminalizado a muchas personas. Esta restricción solo va a abrir la oportunidad para que nos investiguen, que nos vigilen más de lo que ya han hecho. Tienen mucho dinero en la policía en Arizona, pero no tenemos inversión en las comunidades que necesitan este cuidado, que necesitan cuidado de salud universal, ingreso universal. Creo que tenemos un problema muy grande y estamos condenando esta decisión y vamos a continuar organizando y a apoyar a las personas que necesitan abortar por cualquier razón. Nosotros sabemos que personas jóvenes, personas de color, indígenas, negras, trabajadoras, inmigrantes, necesitan tener la oportunidad de hacer decisiones sobre sus cuerpos sin que ninguna persona que no nos conoce, que no puede abortar, esté haciendo estas leyes contra nosotros.

Nosotros sabemos en Arizona que queremos que las personas tengan ese cuidado. Y las personas que están haciendo estas leyes no se miran como nosotros, no tienen nuestras experiencias. La Corte Suprema no cuida de aborto, nosotros cuidamos de abortos, así que para nosotros no fue una sorpresa. Vamos a continuar peleando la supremacía de esta ley, que es un tema racial para nosotros aquí en Arizona. Sabemos que las personas de color son las más impactadas, que ya habíamos vivido en bajo este estrés. Roe vs. Wade nunca fue suficiente. Nosotros estamos peleando por este cuidado libre, accesible, gratuito para todas las personas en Arizona y nacionalmente y universalmente. Esta lucha está pasando en todas las Américas porque es el estigma de la supremacía blanca que quiere dominar y forzar a las personas a que aborten o forzarlas a que tengan hijes.

AMY GOODMAN: Permítame preguntarle sobre el referéndum que ya está en marcha, incluso desde antes de que la Corte Suprema del estado fallara al respecto. Cuatro de los siete jueces de la Corte Suprema, todos nombrados por el exgobernador republicano Ducey, firmaron esto, pero la gente ha trabajado durante mucho tiempo para impulsar un referéndum en noviembre que consagraría el derecho al aborto en la Constitución de Arizona. Ya han conseguido medio millón de firmas y apuntan a tener un millón para julio. ¿Puede hablar de esta campaña?

ALEJANDRA PABLOS: Sí, claro. Creo que este esfuerzo de esta iniciativa para esta enmienda que se va a votar en noviembre es muy importante para que las personas puedan empezar a activarse. Las campañas electorales son una forma muy emocionada, abierta para que las personas se empiecen a organizar. Creo que es muy importante que las personas voten por esto, pero como yo pienso que no es suficiente que esté en la Constitución que no más tengamos aborto hasta los 22 semanas, es muy importante pensar en las personas que no alcanzan a tener abortos tempranos y tienen que tenerlos más tarde.

Es muy importante que no criminalicemos ni prohibamos a nadie tener un aborto. No importan las semanas, no importa el tiempo de gestación, entonces es muy importante que las personas se activen. Quiero que todos voten por esa iniciativa, pero tenemos que continuar la lucha contra el estigma y normalizar que el aborto es parte de nuestra salud.

Tenemos mucho que normalizar en nuestras familias, conversaciones en nuestras escuelas, conversaciones en nuestras iglesias. El trabajo apenas va a empezar para las personas en Arizona y en todos los estados donde se está restringiendo y dominando una ley suprema.

NERMEEN SHAIKH: Alejandra, ¿puede explicar por qué las personas indocumentadas de Arizona tienen más probabilidades de encontrar dificultades para cruzar las fronteras estatales para obtener acceso a un aborto?

ALEJANDRA PABLOS: Sí, es muy importante hablar de que… Hablamos mucho de que tenemos el fondo de Arizona que apoya a las personas para que viajen y les da dinero para que vayan a otros estados a viajar, pero no es la realidad para todas las personas. Hay mucha gente aquí en Arizona y en todo Estados Unidos que no viaja por el miedo de estos chequeos de ICE, estos controles fronterizos, como los conocemos, son puntos de vigilancia de Inmigración y hay tanto miedo de estas colaboraciones con la policía que muchas personas no viajan. Así que ya estamos forzando a las personas a que estén embarazadas que no deben estar embarazadas. También, esta restricción es para las personas que quieren tener embarazos y no pueden, porque no pueden tener abortos si por temas médicos tienen que terminar su embarazo. Así que, desafortunadamente, muchas personas no van a poder viajar. Vamos a forzar a las personas y así empieza el círculo de separación de familias, creamos personas desesperadas, creamos comunidades desesperadas y muchas veces son personas migrantes que no hablan en inglés. Y en Estados Unidos somos un lugar nacional donde no todos hablamos inglés, no todos somos personas blancas. Así que estas personas están siendo empujadas hacia los márgenes aún más.

AMY GOODMAN: La decisión de la Corte Suprema de Arizona del 9 de abril invalida una decisión anterior de un tribunal inferior que decía que “no se puede imputar al personal médico por realizar abortos en las primeras 15 semanas de embarazo”. Pero ahora ese personal médico puede ir a prisión por realizar el procedimiento. Esta ley prohíbe el aborto, incluso en casos de violación o incesto, o solo lo permite si la vida de la persona embarazada está en riesgo. Alejandra, ¿qué significa esto para el personal de la salud en Arizona?

ALEJANDRA PABLOS: Es muy triste saber que las personas que cuidan de los abortos, las personas que tienen clínicas y que hacen este trabajo que siempre ha tenido un estigma, siempre ha sido un cuidado de salud que no se debe ofrecer, y las personas que nos han enseñado tanto amor a nosotros como pacientes que hemos abortado, esto es muy triste para nosotros. No queremos ver a nuestros doctores o a personas que cuidan del aborto en las cárceles. Es muy importante cuidar y proteger a los proveedores ahorita. Tenemos a mujeres que son doctoras negras, una de las doctoras que tiene una clínica independiente y que también es defensora, ahorita mismo tiene que cuidarse ella misma para no ir a prisión, o sea, los doctores no fueron a la escuela para ir a prisión. Entendemos esto, pero también es un momento en que tenemos que cuidarnos de la policía todos. No sabemos qué va a hacer la procuradora, no sabemos cómo se va a armar la policía contra personas que tienen abortos. Así que no nomás se van a llenar las cárceles de proveedores, sino de gente embarazada y gente que va a ser forzada a abortar también.

AMY GOODMAN: Alejandra, quiero preguntarle sobre la vicepresidenta Kamala Harris. Ella visitará el su ciudad, Tucson, para hablar a favor del derecho al aborto. Si usted pudiera hablar con ella, ¿qué le diría?

ALEJANDRA PABLOS: Kamala Harris no ha hablado de nada de los temas que nos importan a las personas de color. Y ahora, porque es un tema y es un año de elecciones quiere venir a hablar a Tucson con nosotros de este tema. Todos estos cuatros años no hemos visto la abogacía de Kamala Harris. Ella viene de ser policía, viene de enseñarnos que, la verdad, ella prefiere encarcelar a las personas que apoyarlas. Yo no he escuchado ningún apoyo. No ha venido a ver lo que está pasando en la frontera. Yo estoy en solidaridad y personas como yo estamos en sororidad con las mujeres y familias de Palestina, que no se ha hecho nada. Así que no vengan a pedir nuestro apoyo ahorita porque hay un año de elecciones.

Estoy muy decepcionada con el liderazgo de Kamala Harris y no estoy interesada en juntarme con ella. Pero para las personas que sí se junten con ella, por favor, tenemos que demandar que haga más que lo que está haciendo, que no nos venda mentiras y promesas quebradas. Necesitamos más apoyo de la Presidencia y que ellos cambien la narrativa en lo que significa financiar a nuestras comunidades, no financiar el genocidio, no financiar la militarización en la frontera, no financiar a la policía, pero apoyar a las personas que necesitan cuidado, ingreso básico, salud básica, inversión en nuestras comunidades, apoyo a los que están viniendo, los refugiados. Ahorita Biden y Kamala Harris no están haciendo nada para apoyar a las personas que están migrando por las políticas de los Estados Unidos. Así que no nos pueden distraer con esto, Kamala Harris, les vamos a pedir que hablen del genocidio, vamos a pedirles que hagan más contra las fuerzas policiales y que no nos distraigan.

AMY GOODMAN: Por último, Alejandra, usted es activista por los derechos de los inmigrantes y vive en Tucson, cerca de la frontera, pero también es activista por los derechos reproductivos. Usted dice que las autoridades de Inmigración la han señalado debido a su trabajo por la justicia reproductiva. ¿Qué la motivó a convertirse en activista comunitaria a favor de los derechos reproductivos?

ALEJANDRA PABLOS: Claro que sí, Amy, gracias por esa pregunta. Creo que esta es… La razón por la que yo organizo es porque existe “la migra” y existe la detención, existe el encarcelamiento y la policía. Yo me convertí en una vocera y organizadora comunitaria porque me encarcelaron y me quisieron deportar. Y dije yo “no me van a deportar”. Yo escogí estar aquí. Estas son mis tierras que mis familias han migrado todas nuestras vidas y nuestro linaje. Entonces, esta deportación fue lo que me activó a mí, me ayudó a entender qué es lo que estaba pasando, que estábamos peleando algo más grande, la supremacía blanca que está metiéndose en nuestros cuerpos con sus leyes, quitándonos el derecho de cuidarnos a nosotras mismas, encarcelándonos, separando a nuestras familias.

Y esta es una de las razones por las que muchas personas no quieren tener hijos. ¿Cómo vamos a crear familias cuando no tenemos trabajos que nos paguen un salario con el que podamos vivir y crear familias? Vivimos en un estado donde no tenemos educación como un derecho, estamos en deuda por la educación, no hay trabajos para las personas, no hay para caminos para la ciudadanía, para poder tener las cosas básicas, porque si no tienes ciudadanía aquí te van a encarcelar.

Así que eso para mí fue… Me desperté tanto cuando me encarcelaron, porque yo era residente legal, pero siempre entendí que no había inversión en mí como una persona migrante de color, hija de madre soltera, mujer que es vocera, que habla y defiende sus derechos. Fui criminalizada y continué siendo vigilada y criminalizada, porque tengo estas ideas y estas creencias de que necesitamos las cosas por las que estamos luchando, que son cuidado, amor, comida, vivienda, que paren de invertir en militarización. Y porque hablo esas cosas, que es la verdad, me quieren callar, me quieren deportar, y no lo vamos a hacer, estamos juntándonos, somos más nosotros que ellos. Y este trabajo se trata de organizar a las familias, de organizar a personas, que compartamos nuestra historias y que no nos dé vergüenza, porque todos estamos siendo criminalizados y vigilados y tenemos que resistir.

AMY GOODMAN: Alejandra Pablos, queremos agradecerle por acompañarnos, activista comunitaria por la justicia reproductiva y escritora residente en Tucson, Arizona.

Para una cobertura más amplia sobre la ley de 1864 que ha sido restablecida por la Corte Suprema de Arizona, puede ver nuestra entrevista en inglés con Alejandra y otras invitadas haciendo clic aquí.

Soy Amy Goodman, con Nermeen Shaikh.


Producido por Democracy Now! y Democracy Now! en español.

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Mujeres organizadas levantan trinchera contra el hambre en Argentina

 Con muy pocos alimentos y bajo una campaña de descrédito lanzada por el gobierno, cocineras comunitarias y luchadoras sociales sostienen las llamadas ‘ollas populares’.

Una mujer prepara alimentos en el comedor comunitario Gustavo Cortiñas, en la Villa 31 de la capital argentina. Imagen: Angelina de los Santos / openDemocracy

BUENOS AIRES – “Muchas familias vienen a los comedores, personas que no están trabajando y que antes no venían. Hay ancianos, mujeres embarazadas y muchos chicos”, dice Alicia Casimiro, que coordina un comedor comunitario en la Villa 31, un barrio hacinado en el centro de Buenos Aires,  al lado del distrito más exclusivo de la capital argentina. “Lo único que logramos hacer es un guiso sin la suficiente verdura”, explica.

A unos 31 kilómetros, Griselda Burgueño dice: “El pan es cada vez menos; no alcanza”. Ella coordina otro comedor, u olla popular, en Gregorio de Laferrère, ciudad del municipio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. “Estábamos acostumbrados a llenar el táper para que la familia tenga para comer al mediodía y noche, y ahora no lo podemos hacer porque si no las de atrás quedan sin comer”, detalla.

Casimiro y Burgueño son luchadoras sociales. Y son también parte de un contingente de unas 140 000 mujeres que suman a sus rutinas y preocupaciones cotidianas la carga de pelear contra el hambre, cocinando a lo largo de todo el país para más de 10 millones de personas que van a las ollas en busca de un plato de comida.

En los últimos meses, la carga se hace insoportable porque en Argentina, tradicional productora de alimentos, la comida escasea para cada vez más gente.

El gobierno de Javier Milei, el presidente libertario de extrema derecha que asumió el cargo en diciembre, suspendió la distribución de pasta, arroz, yerba y otros alimentos no perecederos que entregaba a las ollas populares, citando la necesidad de hacer “auditorías” para frenar la presunta “extorsión” de grupos que administran una parte de los comedores.

Se trata de las comunidades organizadas de las ‘villas miseria’ (como despectivamente se llamaban a estos barrios pobres y hacinados) y los piqueteros, movimientos de desocupados que protestan cortando calles.

“¿Por qué el gobierno nos pone a las cocineras como enemigas?”, cuestiona María Claudia Albornoz, dirigenta de La Poderosa, uno de los movimientos villeros más grandes de Argentina que funciona en asambleas barriales desde 2004 y gestiona 158 comedores en todo el país, también el de la Villa 31. “La organización comunitaria es lo que nos permite vivir en las villas”, afirma.

“Nos encantaría que cada uno tenga un plato de comida en su casa y esa contención de familia que uno necesita para salir adelante y superarse”, dice Casimiro, también integrante de La Poderosa. “Pero la realidad es esta”, añade.

Tradición villera

La Villa 31, tiene su origen en la década de los años 30 del siglo pasado cuando inmigrantes y obreros provenientes de Paraguay, Bolivia y del norte de Argentina se instalaron en la zona para aprovechar la cercanía del puerto de Buenos Aires y las oportunidades laborales que ofrecía.

Luego del asesinato en 1974 del sacerdote católico Carlos Mugica, quien impulsó el movimiento de curas villeros para el trabajo pastoral y social en el barrio, la villa fue renombrada en su honor.

El barrio Padre Carlos Mugica en la década de 1930 - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Vista de la Villa 31 o barrio Mugica en la década de los años 30, cuando se la conocía como Villa Desocupación. Imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Hoy tiene más de 40 000 habitantes y ocupa 46 hectáreas entre la zona portuaria, las vías ferroviarias, la estación central de trenes y la terminal de autobuses Retiro, de un lado, y Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad, del otro. Por arriba la atraviesa una autopista enrejada.

Aquí no entran taxis y colectivos – ni ambulancias sin custodia policial –, tampoco personas extrañas no acompañadas.

Sobre viviendas de ladrillos huecos y chapas, taperas y pasajes estrechos sin veredas se despliega un tendido eléctrico caótico. Hay capillas, escuelas, plazas y canchitas de fútbol con rejas. Aquí y allá, personas grises se reúnen, pese al calor, alrededor del fuego encendido en algún tanque de lata y se balancean al ritmo de la cumbia villera.

Y en lo que podría ser el mismísimo margen de la vida, florece la mirada cómplice, agotada pero servicial de las 11 cocineras del comedor ‘Gustavo Cortiñas’ – el nombre es un homenaje a un joven militante desaparecido en la última dictadura militar – que sirven los últimos platos del día.

Trabajan entre seis y ocho horas diarias cocinando, sirviendo, limpiando y administrando los alimentos. Ahora también venden hielo en busca de más recursos para un número de comensales en aumento.

En 2016 se organizaron ante la necesidad de alimentarse y convirtieron el esfuerzo individual en provecho colectivo. “Las vecinas no tenían con quién dejar a sus hijos para trabajar o no conseguían trabajo. Entonces, viendo la necesidad propia y la de las demás, se arma una comunidad”, explica Casimiro, madre de ocho.

Así lograron alquilar una pequeña vivienda con una sala amplia al frente y cocina detrás, para instalar el comedor. “Vimos que un plato de comida te ayuda a economizar un poco más los gastos”, asegura.

Además de trabajar para la comunidad, se ocupan de los cuidados y del trabajo doméstico en sus casas y algunas también tienen empleos informales, por lo que se autodenominan “trabajadoras de la triple jornada”.

A mediados de 2023 La Poderosa presentó un proyecto de ley, hasta ahora no debatido en el legislativo Congreso Nacional, para que las cocineras comunitarias reciban un salario mínimo, cobertura médica, vacaciones, licencia por maternidad y aguinaldo.

Las ollas sirven asimismo de espacio de contención para vecinas y vecinos que acuden en busca de apoyo, y como “una línea de defensa” ante el narcotráfico.

“Por más que el padre y la madre salgan a trabajar, no llegan a alimentar a la familia. Y, como salen, no tienen tiempo para darle atención a los hijos”, dice Casimiro, que conoce profundamente la villa en la que ha vivido 33 de sus 49 años.

“Y por la misma preocupación a veces (tanto padres como hijos) se ponen a consumir o a vender para otro, para que entre una moneda más a la casa. Para poder llevar un plato de comida uno agarra lo que haya”, aduce.

La capital argentina alberga 49 villas en las que viven unas 80 000 familias hacinadas, sin acceso regular a electricidad, agua, calefacción y saneamiento; 73 % de ellas tienen de jefa de familia a una mujer. Como en muchos de los 6500 barrios populares que hay en todo el país, las mujeres llevan décadas trabajando codo a codo para alimentar a sus comunidades.

“Acá todo genera violencia”, dice la cocinera.

Cuando caen lluvias torrenciales, como en marzo, el agua sobrepasa las rodillas, moja colchones, roperos y electrodomésticos, y deja a la gente sin luz por varios días – el temor a electrocutarse usando una instalación eléctrica irregular y empapada puede más que la necesidad.

Pero la huella de años de inundaciones no se va con el sol: cloacas explotadas por falta de infraestructura para abastecer a una población creciente, calles llenas de barro y bichos. “Vivir con olor a humedad en todas partes no es vida”, dice Casimiro.

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A diario, las cocineras del comedor Gustavo Cortiñas reciben cientos de táperes que llenarán con comida y repartirán al mediodía. Imagen: Cortesía de La Poderosa

Gracias al trabajo meticuloso y constante de las villeras, La Poderosa organiza donaciones de ropa, electrodomésticos y mobiliario. También brinda asistencia a personas que sufren violencia de género, talleres de oficios y educación popular en los barrios.

Además, amplifica la voz cultural de las villas en una revista mensual que, entre otros fines, busca contrarrestar el estigma de las villas, vistas como lugares donde solo hay droga, delincuencia y miseria.

“La situación de pobreza es tan desesperante, la violencia callejera es tan tremenda que no se puede vivir, pero si no estuviéramos organizadas nuestros barrios estarían en peor condición de la que están”, reflexiona Albornoz.

El lujo de alimentarse

Parada en el centro de la villa, Casimiro señala a unas 30 personas que se acercan a la olla a preguntar si sobró algo de comida. “Antes de la pandemia de covid-19 preparábamos unas 120 raciones al día; durante la pandemia llegamos a dar 500, y ahora estamos en más de 420 raciones, todo depende de si nos alcanza la mercadería”.

Un menú habitual incluiría mate cocido y tortas fritas para comenzar el día. Para el almuerzo, un guiso de arroz o fideos con calabaza, cebolla y, cuando hay, salsa de tomate, alitas o menudos de pollo. O apenas pimentón con mucha agua, siempre mucha agua.

De merienda té con leche y pastelitos. Pero, ante el corte de suministros, muchas ollas y merenderos cerraron sus puertas o redujeron la frecuencia y cantidad de comida ofrecida.

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Una cocinera de la Villa 21-24 de la ciudad de Buenos Aires prepara tortas fritas. Imagen: Cortesía de La Poderosa

Argentina registró en febrero la inflación en alimentos más alta del mundo, con los precios de los productos agroalimentarios multiplicándose por 3,4. Los alimentos tienen precios equivalentes a los de España y Estados Unidos, mientras los salarios argentinos son cinco veces más bajos, y un trabajador registrado con un sueldo promedio es pobre.

Como en otros países latinoamericanos, la inseguridad alimentaria es mayor en mujeres que en hombres, pero Argentina tiene en este terreno la mayor brecha de género.

Con una inflación anual de 254 %, la economía desregulada y un gobierno que repite “no hay plata” – recordando el lema “There is no alternative” (no hay alternativa) de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher –, los ingresos y la calidad de vida se deterioran a diario.

“No hay ingreso en pesos que aguante”, dice la economista Candelaria Botto, directora de la asociación civil interdisciplinaria Economía Feminista, que busca visibilizar las desigualdades de género en el mundo del trabajo y el mercado. “La situación de emergencia es muy grande, sobre todo en los barrios populares”, subraya.

La inseguridad económica también se refleja en la drástica reducción del consumo de medicamentos. Entre diciembre de 2023 y comienzos de marzo, los precios aumentaron 100%, y se registró una caída descomunal en las ventas y el acceso a tratamientos médicos. En ningún país del mundo las medicinas subieron tanto en tan poco tiempo.

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Cocinera del movimiento villero La Poderosa. Imagen: Cortesía de La Poderosa

La pobreza alcanza a 57 % de los 46 millones de habitantes, siete millones de ellos son niños, niñas y adolescentes. La indigencia afecta al 15% de la población, con 2,4 millones de menores en esta situación.

“Venimos insistiendo en hablar de violencia económica, porque el gobierno está aplicando de forma sistemática violencia y terror económico sobre la población”, dice a openDemocracy la investigadora Lucía Cavallero, de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Ni Una Menos, un movimiento que lucha contra la violencia de género y en particular los feminicidios.

Comer para organizarse

La Poderosa y múltiples organizaciones sociales, civiles y religiosas que sostienen unas 44 000 ollas populares del país, recibían periódicamente alimentos secos del gobierno nacional, más donaciones de carne y verduras de empresas, vecinas y vecinos.

En algunos casos, los comedores también recibían donaciones de gobiernos provinciales e incluso dinero del estado o fondos de programas internacionales de Naciones Unidas.

Ese dinero, más lo recaudado en actividades como bingos o reciclaje de cartón y vidrio, permitía pagar el alquiler de los locales donde funcionan los comedores, el gas o la leña.

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Comedor popular sostenido por el Polo Obrero en Gregorio de Laferrère, en La Matanza, Buenos Aires. Imagen: Angelina de los Santos/openDemocracy

El nuevo gobierno fundamenta sus drásticos recortes en que existía un uso “discrecional y extorsivo” de los recursos y alimentos por parte de agrupaciones que manejan las ollas, y asegura que más de la mitad de los 44.000 comedores registrados no funcionan. En cuanto a las denuncias públicas de dirigentes sociales por falta de alimentos, las autoridades contestan que son expresión de “la disputa por el reparto sin control ni rendición de esa comida”.

Albornoz, de La Poderosa, contestó estas acusaciones en una entrevista radial: “Les haría un dibujito del recorrido de la mercadería a ver si entienden”.

El extinto Ministerio de Desarrollo Social, eliminado por el gobierno de Milei, “compraba las partidas (de alimentos) y las entregaba con un camioncito a los comedores registrados”, explicó Albornos. “Nosotras bajábamos la mercadería del camión, la guardábamos y nos servía para uno o dos meses, según la cantidad de viandas que entregáramos. La figura del intermediario no existe”.

“Tomas” y resistencia piquetera

Gabriela De la Rosa, del movimiento piquetero Polo Obrero, afiliado al trotskista Partido Obrero, afirma que “las mujeres son las primeras que se organizan cuando hay una crisis… y por lo tanto son las que más copan las organizaciones en las barriadas populares”.

De hecho, no han dejado de hacerlo en las últimas décadas, en particular desde la crisis económica y social que estalló en 2001 – cuando Argentina se declaró en cese de pagos. Entonces, las piqueteras se organizaron para llevar alimentos a los barrios más vulnerados. Ahora administran unas 3000 cocinas comunitarias y brindan talleres de oficios en todo el país.

La necesidad y la ausencia del estado hizo que decenas de vecinos se organizaran y montaran ollas en 70 puntos de La Matanza, cuenta Lilián Rojas, dirigenta del Polo Obrero en la provincia de Buenos Aires y precandidata trotskista a concejal por La Matanza en 2023. “A nosotros el hambre no nos va a matar”.

En el comedor Villa Unión de Gregorio de Laferrère una treintena de personas sirven a 250 familias unas 1.000 porciones que se acaban en menos de 40 minutos. Cada vez es más frecuente que la comida no alcance siquiera para alimentar a las propias cocineras.

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Griselda Burgueño muestra mensajes de WhatsApp que anuncian falta de comida en un comedor del Polo Obrero en Villa Unión. Imagen: Angelina de los Santos/openDemocracy

Cerca de allí, también en Villa Unión, unas 600 familias piqueteras se instalaron en terrenos públicos baldíos en los que hasta 2017 solo había campo, basura y escombros; los “tomaron”, puntualiza Rojas. En esos terrenos ocupados funcionan tres ollas, cada una con su nombre: Sector 3, Nueva Unión y Río Cuarto.

“Tenemos tanta experiencia con el hambre y la miseria que nos revolvemos con lo que hay, con lo baratito. Sabemos construir una cacerola popular y salir a pedir comida. Así funcionamos y así seguiremos. Ese es nuestro método, la organización”, dice Rojas.

Richard Marelo, habitante de la toma y encargado de la olla Sector 3, explica: “Los vecinos colaboramos para comprar cables, poner postes, abrir las calles”. Viven en constante disputa con las autoridades locales, que quieren erradicar el asentamiento. “Ahora la policía ya ni siquiera nos deja que vengan los camiones a hacer los pozos” para las cámaras sépticas y para extraer el agua, lamenta Marelo.

Sin mujeres, las familias no podrían ocupar los terrenos, según Rojas. “Son lo principal para aguantar la toma, donde no hay nada, a medida que aumenta la represión”.

Los comedores son la clave.”Nosotros trajimos desde un principio la cacerola para que todas las personas que fueran a tomar esa tierra pudieran comer con sus hijos”, explica la militante en un entorno desolador.

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Cocina a leña del comedor del Sector 3, en la toma de Villa Unión. Imagen: Angelina de los Santos/openDemocracy

Ranchos de lona, madera, cartón, chapa, goma y bloques con aberturas tapadas o cerradas con láminas de metal o otro material disponible, pisos de tierra, o en su mejor versión, de cemento; baldes que sirven para lavar los trastos; parrilla, leña y fuego para cocinar cuando no hay gas; mesas, sillas, estanterías y alacenas improvisadas.

Los robos son constantes. “El hambre hace que nos roben tomas de luz, bombas de agua y las verduras de la huerta. No podemos tener porque nos roban hasta los zapallos”, comenta.

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Militante del Polo Obrero lava utensilios de cocina en el comedor Nueva Unión en la toma en Villa Unión. Imagen: Angelina de los Santos/openDemocracy

Pese a la hostilidad, el trabajo colectivo alimenta a decenas de miles. “Empezamos debajo de una carpa, mandábamos todo al fuego. No teníamos nada, solo hambre y miseria”, dice María Zárateu, de 37 años, en la olla Nueva Unión, donde miden la cantidad de arroz a cocinar en asaderas mientras los niños hacen fila con un táper abrazado al pecho.

“De a poco fuimos consiguiendo el gas, la cocina, y hace cinco años estamos cocinando para 200 familias todos los días”, agrega.

En la olla de Río Cuarto, Antonia Cáceres, de 34 años, cuenta que están usando el poco dinero que tienen en sus bolsillos para comprar alimentos. “Cada vez necesitamos más ayuda y el gobierno sigue sin bajar un kilo”, dice. Aquí sirven a unas 50 familias. Su compañera Rocío Fernández, de 23 años, dice que acuden muchos jubilados y cada vez más chicos.

mujeres cocineras alimentos Congreso Argentina

Cocineras de La Poderosa en una protesta en la plaza del Congreso argentino, en pleno centro de Buenos Aires. Imagen: Cortesía de La Poderosa

“Las mujeres estamos sosteniendo los barrios de una manera muy difícil”, dice Albornoz, de La Poderosa. “Estamos muy pero muy cansadas, venimos de procesos de muchísimo agotamiento, pero así y todo podemos organizarnos”, concluye.

Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy.

Visibilizar la criminalización del aborto en México, premisa de «Fortuito»

 

.-Ciudad de México.- ¿Cómo especificar que aquellas mujeres que fueron sentenciadas por homicidio son, en realidad, víctimas de una emergencia obstétrica, un aborto espontáneo o que decidieron interrumpir su embarazo y luego las llamaron asesinas?

Los planteamientos anteriores se encuentran plasmados en el nuevo libro Fortuito de la periodista Luciana Wainer, que ayuda a visibilizar la cara oculta de la criminalización del aborto en México.

Las historias que se relatan en este libro empiezan en un baño, continúan en una celda y concluyen en una batalla legal. A través de testimonios entrevistas, cifras y expedientes, se reconstruyeron las historias de Dafne McPherson, Susana Díaz Dueñas, Aurelia García, Malena Ramos e Imelda Fernández, define en su libro la periodista.

«Cinco mujeres que después de tener una emergencia obstétrica fueron acusadas de homicidio doloso u homicidio en razón de parentesco», refirió.

Sus casos como los de otras 200 mujeres que se han podido documentar en México permanecen en los límites de la legalidad, en los vacíos jurídicos que llenan las páginas de los códigos penales, lejos de los radares de los informes oficiales, lo que los convierte en indetectables o, lo que es peor, en Invisibles, sustenta en las páginas de Fortuito.

De esta forma es como se criminaliza el cuerpo de las mujeres, sin que la autoridad, se detenga a reflexionar, en que más bien se trataba de una emergencia médica. En nuestro país subsisten los prejuicios que juzgan sin miramientos a las mujeres, en lugar, de comprender que en ese momento, ellas están pasando por una situación cruenta.

La constante en la problemática son mujeres que tienen emergencias obstétricas, partos prematuros, abortos fortuitos o partos fortuitos y, que son criminalizadas por el delito de homicidio, homicidio en razón de parentesco, filicidio o infanticidio.

De acuerdo con datos de GIRE publicados en Maternidad o castigo, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, el delito de aborto en México se clasifica como no grave, por lo que las mujeres pueden permanecer en libertad mediante el pago de una caución o fianza y continuar con el proceso fuera de prisión, según lo establecido en el artículo 19 de la Constitución.

A pesar de que esto representa un cambio positivo, es importante tomar en cuenta que dicho pago representa una carga significativa para la mayoría de las mujeres que enfrentan procesos penales, que provienen de contextos de marginación económica y que podrían no tener los recursos suficientes para cubrirlo.

GIRE señala en el mismo informe detalla que las sanciones por el delito de aborto para las mujeres se clasifican en penas privativas de la libertad, que van desde 15 días hasta seis años o multas.

El libro de Luciana Wainer, Fortuito. El otro lado de la criminalización del aborto en México, se confeccionó en los talleres de Editorial Grijalbo y, su primera impresión fue el 15 de febrero del 2024; justo con dos semanas de diferencia en la que la última mujer e historia relatada en su libro saliera en libertad, Malena.

La introducción del libro es una disertación, acerca de la apropiación lenta y gradual, en la que las propias mujeres toman consciencia de las distintas dimensiones para habitar sus cuerpos, Luciana compartió en la introducción de su libro:

«Nuestro cuerpo es el primer territorio tangible. Antes de que tengamos conciencia, antes de la idea y el sentimiento de pertenencia se nos impone como una realidad irrenunciable».
«El cuerpo se transforma con los años, se vuelve arma, obstáculo, deseo, se muestra y se oculta, pero no nos abandona», por eso lo pensé como punto de partido en este libro, señaló.

De igual forma, la periodista Luciana Wainer hace referencia a otra escritora que es un referente, Margo Glantz, refiere, escribió que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un campo de batalla. Un campo -que hay que decirlo- en el que hemos perdido más de lo que hemos ganado.

La periodista Luciana Wainer quien encabeza el noticiero vespertino en el canal informativo ADN 40, escribió el libro con la intención de generar ciertos tipos de planteamientos y empatía para que la sociedad en su conjunto pueda conectar con estas mujeres.

La autora del libro Fortuito, detalló que es un tema invisibilizado, que es importante, que incluso, necesario que las autoridades se enteren de que esto ocurre en sus territorios:

«Muchas veces las autoridades no lo saben y por otro lado, creo que también es importante generar un cierto tipo de empatía de las causas de estas mujeres con la sociedad en su conjunto, que, ¿podemos ser todas, no?

La periodista dijo que se a la tarea de buscar cifras que sustentaran el material que pensaba redactar, de modo que al intentar conseguir cifras, terminó encontrando más historias que cifras:

«En ese sentido, el primer caso que encontró fue a través de la organización Las Libres, además, fue por un evento masivo que había ocurrido en Guanajuato».

Cuando comenzó a documentar historias, casos específicos de mujeres presas, básicamente por no tener los recursos para defenderse, «digamos que la constante, en la gran problemática, son mujeres que tienen emergencias obstétricas, partos prematuros, abortos fortuitos y partos fortuitos, siendo criminalizadas por ello», destacó.

Se criminaliza el cuerpo de las mujeres sin detenerse a pensar que era una emergencia obstétrica, la tipificación de estos delitos ocultos, por ejemplo, «en los casos de estas cinco mujeres, es que pasan 13, 16, 18 o 25 años en la cárcel, con sentencias de hasta 45 años».

A diferencia de lo que ocurre con el delito del aborto, que en la mayoría de los Estados ya no implica ir a prisión, está despenalizado. Luciana reflexiona, «¿qué vuelve a estos casos invisibles? porque evidentemente es una emergencia obstétrica, no es un delito. Y, mucho menos un delito de homicidio.

Pasos hacia la despenalización

México ha dado pasos notables en la liberalización de las leyes de aborto. De hecho, en abril de 2007 el entonces Distrito Federal aprobó su despenalización y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud, esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, un logro que parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento humanitario del aborto.

Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de México en septiembre del 2023, se ha avanzado significativamente hacia la despenalización del aborto, con 12 de los 32 estados tomando esta medida. En la mayoría de estos estados, los congresos locales votaron a favor de despenalizar el aborto modificando la legislación local. En 2 estados, el cambio se produjo a través de sentencias de la SCJN.

Aborto sigue como delito federal

Según Human Rights Watch, el aborto seguía siendo un delito federal, excepto en los casos de violación y de peligro para la vida de las mujeres. Esto significaba que, incluso en los 12 estados que despenalizaron el aborto, los proveedores de salud federales no prestaban servicios de aborto, ya que operaban de acuerdo con el Código Penal Federal.

Esta contradicción legal entre códigos penales ha limitado el acceso a los servicios de aborto. Los sistemas federales de salud de México (IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE e ISSFAM, y PEMEX) atienden a dos tercios de la población, incluyendo las personas que cuentan con seguridad social a través de sus empleadores, las personas funcionarias públicas y los miembros del ejército, indica.

Esta sentencia sin precedentes de la SCJN, supone un enorme avance hacia la garantía de los derechos humanos en México. Significa que los servicios de aborto deben estar disponibles en todos los centros de salud federales y que ninguna mujer, proveedor o cualquiera que la ayude a abortar puede ser criminalizado en México.

Aún existen barreras para acceder al aborto en la práctica, incluso en lugares donde el aborto ha sido despenalizado y donde las instituciones sanitarias están obligadas a prestar servicios de aborto. Estas barreras incluyen la escasa disponibilidad de servicios fuera de las grandes ciudades, estereotipos y prejuicios en la atención médica, y la falta de aplicación de la legislación y directrices existentes, destaca Human Rights Watch.

Esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también indica que es posible avanzar en materia de derechos humanos, y recuerda la importancia de una sociedad civil fuerte y un poder judicial independiente. El gobierno federal debe tomar medidas para reforzar los servicios de salud, a fin de garantizar el acceso al aborto para todas las personas, agrega. (Escrito por Rita Magaña, el 15 de febrero del 2024).

El caso Paulina y la Ley Robles: parteaguas para la ILE en México

(Escrito por Diana Hernández, 27 de septiembre del 2023) En 1999, la adolescente de 13 años Paulina del Carmen Ramírez Jacinto —originaria de Baja California— presentó un embarazo luego de que un desconocido entrara a su hogar para abusar sexualmente de ella. Aunque en su estado podía solicitar el aborto de manera legal, las autoridades (junto con la iglesia) hicieron de todo para detenerla… y lo consiguieron.

Paulina tuvo a su bebé en el 2000 y dos años después, en 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó su caso para luego determinar que el Estado mexicano había violado las garantías de la adolescente.

Antes de eso, también en el 2000, Rosario Robles Berlanga (quien en ese entonces era jefa de gobierno interina de la Ciudad de México) publica la llamada Ley Robles, la cual amplió las razones por las que no podía penalizarse el aborto en el entonces Distrito Federal.

Así, el código penal de la entidad estableció que la interrupción del embarazo no podía castigarse en casos de violación, por acciones imprudenciales de la mujer, cuando la salud de la madre estuviera en riesgo sin que hubiera peligro de muerte, por malformaciones en el producto o cuando el embarazo fuera consecuencia de una inseminación artificial no consentida. Además de esto, con la Ley Robles se estableció de manera clara cómo debían actuar las autoridades de salud y de justicia cuando una mujer solicitara el aborto por casos de violación.

Siete años después, en 2007, la Ciudad de México se convertiría en la primera entidad de México en despenalizar el aborto. Después de eso, la discusión siguió multiplicándose en diferentes estados hasta llegar a las nueve entidades donde las mujeres ya pueden recurrir a la ILE. Y entre una y otra legislación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un dictamen que despenalizó el aborto en todo el país en 2021.

En este recuento hay muchas historias y personajas que omitimos pero que respaldan la decisión de cada una mujer que decide abortar en México. El camino que falta puede parecer mucho y muy cansado, pero mientras la organización persista, el lema seguirá siendo el mismo: «Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir«. Por un México feminista, alcemos la voz este 28S.

Lado luminoso

La periodista señaló que a pesar de estas historias, «terribles, brutales, dolorosas; creo que hay una parte muy, muy luminosa, el de Las Colectivas, Las Activistas, de Las Abogadas, que son las que ponen el cuerpo ahí, todo el tiempo y, son las que salvan a estas mujeres», definió.

Luciana celebra esa red de apoyo, que son las que conllevan el verdadero mérito de ayudar a sacar de la cárcel a mujeres que, por sus condiciones sociales y la falta de recursos económicos para obtener una buena defensa, y por ello, se les condena al encierro y al olvido.

Refirió, «son estas redes que se tejen, a veces son familiares, a veces son amigas, a veces son desconocidas, a veces son abogadas. Pero lo cierto, es que creo que es el ejemplo más evidente de que los cambios los tenemos que hacer juntas, porque el camino individual es muy difícil, muy solitario y seguramente, con muchas trabas.

Es un libro cimbra y ayuda a poner visibilidad al contar las historias de cinco mujeres a las que la casualidad y el infortunio, las llevó a vivir en condiciones de reclusión. Hasta que mujeres y abogadas fueron por ellas y, se las arrebataron a la injusticia.

Tal y como Luciana, se cuestionó cuando intentaba escribir un libro sobre la legalización del aborto y, al comenzar a escarbar en las cifras, a preguntar con abogadas y activistas, se dio cuenta de que, en nuestro país, existe un abismo para entender, que aunque se vaya logrando la despenalización del aborto, existen otras figuras legales, que se asegurarán de mantener bajo llave a las mujeres y, a sus cuerpos.

Porque en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, nuestros cuerpos son asediados, se les pone sello de pertenencia, o bien, son cosificados. Así que la batalla campal es por adueñarnos y habitar nuestros cuerpos, sin culpas, sin prejuicios. Y, con una mirada que surja desde el amor y la comprensión hacia nosotras mismas. Aprender a hablarnos bonito en privado.

Luciana Wainer, es maestra de Periodismo sobre Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Educación Especializado (CIDE). Trabajó como reportera, conductora y consultora en comunicación estratégica.

Actualmente, encabeza el noticiero vespertino en el canal informativo ADN 40 y comparte la titularidad del espacio radiofónico de noticias ¿Qué chilangos pasa? en Radio Chilango. Es creadora del pódcast Hijas y coautora del libro ´Una insurrección en la mirada. Crónicas infrarrealistas´