4/21/2018

Ley FOSTA-SESTA: un triunfo de víctimas y sobrevivientes de trata y prostitución


OPINIÓN
   Mujeres Cautivas
 Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*


La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATW) celebra la aprobación y entrada en vigor en Estados Unidos de la Ley que permite a los Estados y a las Víctimas Luchar contra la Trata Sexual en Línea (H.R. 1865).

La ley, conocida como FOSTA-SESTA, hará responsables a los sitios de internet por facilitar públicamente la trata y la explotación sexual y el proxenetismo en línea. La ley también otorga la oportunidad a las víctimas y a las sobrevivientes tratadas en línea, de demandar esos sitios de internet por daños civiles, tanto a nivel federal como estatal. 

Esta ley representa una gran victoria de las víctimas y sobrevivientes de la trata y del sexo de paga en línea. FOSTA-SESTA, cuyo objetivo son los sitios de internet que facilitan la trata sexual y el proxenetismo en sus plataformas, se aprobó y publicó después de que el Senado la votara el pasado 21 de marzo de 2018, con 97 votos a favor y 2 en contra.

FOSTA-SESTA clarifica muy especialmente la Sección 230 de la Ley de la Comunicación en Línea (CDA 230), que establece que los sitios de internet no son responsables por contenidos de terceras partes. CDA 230 ha bajado a una serie de sitios de internet, incluyendo los anuncios clasificados del sitio Backpage.com, sitios que han sido bloqueados y sus dueños y responsables deben responder ante la ley para prevenir que más víctimas de trata sean compradas y vendidas en la prostitución a través de anuncios en línea, ya que facilita un recurso legal contra esas páginas de internet.  

Una investigación del Senado norteamericano dio cuenta de que Backpage.com, en particular, se involucraba activamente en la edición de anuncios relacionados con la prostitución, que se conocen por la facilitación de ésta y la trata con propósitos sexuales. El informe también indica que la empresa logró 500 millones de dólares (aproximadamente 9 mil millones de pesos) de ganancias de los anuncios que promueven la trata y la explotación sexual, en su mayoría, de mujeres y niñas.

“Fue Backpage la que hizo mi experiencia en la prostitución horrible para mí y mejor para mi proxeneta”, dijo Melanie Thompson, una dirigente de un grupo de sobrevivientes, quien fue tratada y explotada en la prostitución a la edad de 12 años.  “Me forzaba a escribir los anuncios y obtenía tres veces más utilizando Backpage.

Los compradores de sexo de paga que me contrataban en Backpage eran los más violentos y demandantes; a ellos no les importaba que yo me sintiera violada y degradada. Backpage ayudaba a mi proxeneta para que ellos siguieran viniendo.”

Esta legislación representa un éxito sin precedente y es el resultado de los esfuerzos de las activistas por la justicia social a lo largo y ancho de los Estados Unidos y las valientes sobrevivientes e integrantes de las familias de las víctimas de trata sexual en línea, que han hecho continuos llamados al Congreso para que enmendara la Ley CDA 230 por casi una década.  Los esfuerzos bipartidistas encabezados por los Senadores Rob Portman, R-Ohio, Richard Blumenthal, D-Conn, and Claire McCaskill, D-Mo., que investigaron Backpage.com y escucharon a las sobrevivientes, fueron claves en la victoria legal, que terminará con la impunidad de la trata sexual en línea y la explotación sexual.

“Esto no se trata de libertad de expresión, ni tampoco sobre internet libre, lo que nuestra organización reivindica”, dijo la directora ejecutiva de la CATW Taina Bien-Aimé. “Se trata de Desireé Robinson, asesinada a la edad de 16 años por un consumidor de sexo de paga que la contrató por medio de Backpage. Esta ley es en su honor y en honor de las otras innumerables víctimas explotadas sexualmente, o inclusive asesinadas, de las que Backpage ha ganado inmensas ganancias. No más.”

En México, desde el 2012, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos, sanciona la publicación de anuncios de sexo, tanto al medio que publica como a quien contrata el anuncio. Lamentablemente, no se aplica la Ley como es debido, porque si así se hiciera, Backpage no hubiera funcionado impunemente por cuatro años, así como funciona Zona Divas que ha servido no sólo como medio para contratar sexo de paga y hacerle ganar mucho dinero a los proxenetas, sino también para producir innumerables víctimas de feminicidio, incluso de prostitución y pornografía infantil.

¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para poder aspirar a que se apliquen eficientemente las leyes para que se le ponga un alto a la impunidad y a la violencia contra las mujeres?

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

CIMACFoto: César Martínez López Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Pobreza en mujeres, DSyR y feminicidio, las preocupaciones del Comité DESCA

 Emiten recomendaciones al Estado mexicano


Luego de 12 años desde la última evaluación que enfrentó México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Comité DESCA), las personas expertas de Naciones Unidas insistieron al Estado mexicano en garantizar el derecho al aborto en todo el país, generar oportunidades laborales y educativas a las mujeres y atender de forma urgente el feminicidio.
Entre el 12 y 13 de marzo de 2018 el gobierno mexicano se sometió a la evaluación periódica del Comité de DESCA, quien evaluó el cumplimiento que ha dado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por México en 1981.
En este escenario el Estado presentó su quinto y sexto informe en Ginebra, Suiza, y tras un análisis el Comité emitió una serie de recomendaciones en las que expresó –entre otros temas- su preocupación por las dificultades que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado laboral en comparación a los hombres.
Se refirió a las prácticas discriminatorias que enfrentan en este ámbito, como la exigencia de pruebas de embarazo al momento de su contratación, despidos injustificados de mujeres gestantes y la persistencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres.
El Comité recordó que la exclusión de las mujeres en el ámbito laboral deja en consecuencia un número significativo de ellas fuera del sistema de protección social, en especial de quienes realizan labores del hogar y cuidados no remunerados.
Recomendó al Estado mexicano adoptar medidas efectivas que aumenten la tasa de participación laboral de las mujeres y revierta la pobreza de éstas, eliminar la brecha salarial y adoptar políticas que impulsen la repartición equitativa de tareas de cuidado entre sexos.
Según datos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en promedio solo 48 por ciento de las mexicanas en edad laboral (15 a 64 años de edad) participan en actividades económicas), mientras que dedican diariamente al trabajo 10.10 horas, en comparación, los hombres 9.6 horas.

ABORTO, EL ETERNO PENDIENTE

De la misma manera en materia de derechos de las mujeres, el Comité DESCA abordó las discrepancias que existen en el país sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo. Hizo un llamado al Estado en armonizar la legislación relativa al aborto en las entidades federativas, eliminando la criminalización de las mujeres que ha afectado –precisó- de manera desproporcionada a mujeres en situaciones de pobreza, ya que la única entidad donde el aborto puede ejercerse de manera voluntaria en las primeras 12 semanas de gestación es la Ciudad de México, y por la causal de violación, en todo el país.
En este sentido, el Comité de la ONU destacó también que el Estado sigue sin contar con información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
Asimismo demandó al Estado a redoblar los esfuerzos para prevenir el embarazo adolescente y garantizarles el acceso a programas escolares sobre salud sexual, campañas de concientización sobre la repercusión de llevar a un embrazo a temprana edad. Cabe recordar que México tienen una tasa de 77 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 y 19 años de edad, la más alta de los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
El Comité de la ONU también tomó la oportunidad de hacer un llamado al Estado respecto a la violencia generaliza que viven las mujeres en todos los ámbitos de su vida, incluido el hogar; insistió sobre todo en los casos de feminicidio y recomendó que las investigaciones de estos asesinatos sean exhaustivas y se asegure que los responsables “sean enjuiciados y debidamente castigados”.
Con ello la próxima evaluación de México ante el Comité DESCA será hasta el año 2023, en la que tendrá que comprobar el cumplimiento de estas observaciones finales.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

La superioridad moral y ética del conocimiento


   Quinto Poder
Por: Argentina Casanova*


Sin importar desde qué postura se enuncie, incluyendo el pensamiento feminista, todas y todos los sujetos, afrontamos la irresistible tentación de asumir una suerte de superioridad moral y ética fundada en el conocimiento occidental, bajo modelos formales de educación que excluyen y menosprecian otros saberes y patriarcalmente se erigen como propietarios de la razón y el juicio, dándonos otra fuente de separación dicotómica, entre un superior y un inferior.
¿Qué o quién nos ha dicho que el conocimiento nos da potestad de superioridad de facto? ¿En qué parte, en dónde se funda la humana obsesión de la superioridad y el subyugamiento implícito en la conversa cotidiana y, de tentación constante en el mundo académico y profesional? Ser el/la mejor y defenderlo con argumentos desde el conocimiento se ha vuelto el camino más llano hacia la humanidad hegemónica, patriarcal y eso incluye hasta a las feministas.
En una revisión de conciencia encuentro que la superioridad moral y ética que nos abruma en el intento de conversaciones actuales, radica no solo en el afán de descalificar o “desmontar” a la otra y sus argumentos, basándose en la lectura o “interpretación” más lúcida de algún texto, no en su análisis crítico para la comprensión de la visión del o la autora.
Podría ocuparme en reflexionar sobre los mecanismos de esta superioridad moral y ética que se observan en la simple descalificación del otro ya sea por mera suposición de que, desde la posición en la que se encuentra quien habla, se posee un conocimiento que avala cualquier comentario o visión, que –en forma indulgente- explica o intenta explicar algo que cree ignora el otro, suposición absurda en algunas ocasiones y en otras cierta, pero la intención es la misma “ilustrar” con el conocimiento que da superioridad y confiere en automático razón en cualquier discusión que se aproxime.
Y así construimos las relaciones en los espacios profesionales, personales, en redes sociales, en el ámbito académico y profesional en el que sorprende que aún se encuentre personas convencidas, desde el narcisismo contemporáneo de la erudición que le permite descalificar o descartar cualquier mecanismo que no sea el de él o ella misma.
¿Cuándo la humanidad se convirtió en el ente que desde una supuesta luz de conocimiento y razón le lleva a mirar a un otro animalizado e irracional, cuando la luz del conocimiento no atraviesa el camino de ese otro que habita la caverna en la oscuridad voluntaria? ¿Es voluntaria?
¿Pero, esa oscuridad es llana o tiene matices? O lo que es aún más complejo de preguntarnos ¿ese mundo de luz del conocimiento desde el que se asume postura de juez/a en el púlpito de la sabiduría que otorga una superioridad, que eleva y confiere el poder del saber o simplemente es otro ámbito de posibilidad de la existencia que, en vez de dar poder, da conciencia, o debiera darla incluso para observar que el único argumento para defender una postura ideológica es: porque yo sí sé?
La superioridad moral y ética nos envuelve no solo en esta estética violenta de la política que moldea vidas y pensamientos banales en la sociedad mexicana, en la que todos creen tener argumentos para descalificar al otro/a, literalmente liquidarlo como si de una guerra se tratara en una discusión en la que los argumentos más socorridos es el nivel educativo del otro, el nivel social-económico, el color de la piel, el lugar donde vive, su lugar de origen ligado a las periferias humanas y de pensamiento.
La conciencia de una supuesta superioridad moral y ética nos alcanza para ponernos a pensar por qué está tan presente, que incluso desde una discusión-reflexión feminista se imposta una posición de superioridad basada en el conocimiento; desde una teórica feminista que se burle de la intervención de una joven en un espacio en el que se supone se habla de deconstrucción patriarcal en un acto de pleno ejercicio de poder patriarcal.
La ética feminista nos plantea revisar cómo y desde dónde asumimos el poder, la superioridad que -nadie nos dijo- estaba en cuántos libros habíamos leído y cuántos pensamientos distintos al nuestro podíamos desmontar descalificando la racionalidad ajena, en cuyo proceso medir la formación académica del otro o la otra es solo una vía para subyugar igual, idéntico que dentro de un ejercicio-modelo de poder patriarcal falocéntrico en el que todos y todas nos estamos midiendo “a ver quién la tiene más grande”, o lo que es lo mismo y en términos más filosóficos probar la superioridad moral y ética desde el conocimiento.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 

Desigualdad en acceso a medios de comunicación


Realizan en CU semana de comunicación
   

Especialistas en género y comunicación, señalaron que a pesar de los avances logrados en la comunicación, aún persisten desigualdades estructurales que dificultan el acceso y participación de las mujeres en la agenda mediática.
Como parte de la semana del “Comunicafest”, se realizó la mesa “Género y Comunicación”, organizada por la Facultad de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que participaron la doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Aimée Vega Montiel, la especialista en Tecnologías de la Información Erika Smith, y la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, quienes coincidieron en que estas desigualdades persisten ya que el campo de la comunicación es controlado por grandes corporativos.
De acuerdo con las especialistas, éstos limitan el empoderamiento, el posicionamiento de las voces y la colaboración de las mujeres como productoras y tomadoras de decisiones en los contenidos de los medios de comunicación.
Este panorama, especificaron, afecta, principalmente a las mujeres y niñas rurales, pues no se presta atención en brindarles inclusión digital ni acceso a la información al ser consideradas, en muchas ocasiones,  como personas ajenas a los problemas de la comunicación debido a la zona geográfica donde habitan.
Es por ello que las ponentes consideraron indispensable posicionar las voces de las mujeres en los medios de comunicación y trabajar en la formación de quienes laboran en medios con el propósito de eliminar los estereotipos de género, realizar coberturas no discriminatorias, y fortalecer los mecanismos de autorregulación para eliminar la discriminación y la explotación de las mujeres y niñas.
“Cómo vamos a lograr obtener información sobre las mujeres si ésta sólo es generada por unas cuantas voces de un mismo sexo”, expresó la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, Lucía Lagunes Huerta.
Ante ello, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Aimée Vega Montiel expresó que al hablar de género y comunicación no sólo se debe prestar atención en cómo son representadas las mujeres en el contenido, sino también en evidenciar la violencia de género producida a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Las especialistas dijeron que el uso de las TIC –plataformas de redes sociales- han ampliado la escala de violencia hacia las mujeres ya que se ha incrementado el número de agresores a los cuales se ven expuestas.
La integrante de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) e investigadora especialista en la violencia en línea contra las mujeres, Erika Smith, explicó las 13 categorías de violencia de género relacionada con la tecnología y cómo ésta afecta los ámbitos de trabajo y el desarrollo de la vida social, todas ellas publicadas en el informe “La violencia en línea contra las mujeres en México”, de la coalición de mujeres “Internet es Nuestra” en colaboración con otras organizaciones en 2017.
Este informe, dijo la especialista, permite conocer cómo la violencia generada a través de las tecnologías contra las mujeres en México ha ido en aumento y las más afectadas han sido las periodistas y activistas como resultado de su profesión, lo cual impide el pleno ejercicio de su libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos.
Entre las 13 categorías se encuentran la restricción de acceso a los dispositivos, robo o modificación de información no consentida, falsificación de la identidad, acoso, amenazas, extorsión, desprestigio, entre otras.
Las ponentes concluyeron que la importancia de este tipo de mesas es concientizar a los futuros comunicadores de su responsabilidad como productores de contenidos e interesarlos por conocer la agenda mediática de género, así como informarlos acerca de los diagnósticos nacionales e internacionales que visibilizan la desigualdad de género, la violencia hacia las mujeres, entre otros temas con el fin de promover la formación de audiencias críticas.
En la mesa “Género y Comunicación” del Comunicafest también participaron, la directora general adjunta de asuntos internacionales, Flor Lis Vázquez, la directora de Asuntos Internacionales de las mujeres en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nasheli Noriega y el profesor en Ciencias de la Comunicación,  Iván Islas como moderador.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Defensora de medio ambiente que participó en Cumbre de las Américas denuncia abuso sexual


 Red de Defensoras condena el hecho
   


La noche del miércoles 11 de abril la defensora del medio ambiente e integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, estaba dormida en la habitación de un hotel en Lima, Perú, cuando un hombre entró, la tocó e intentó violarla sexualmente. 

Ximena Ramos se encontraba en Perú para participar en una conferencia sobre transparencia en industrias extractivas, representando a CEMDA. En el evento conoció a un defensor del medio ambiente, el guatemalteco Erick Armando Cu Caal, con quien compartió información laboral y datos de contacto. Sin embargo en la madrugada él intentó violarla.

El pasado 12 de abril Ramos denunció que la agresión ocurrió durante Cumbre de las Américas y horas después de participar en una jornada de trabajo entre representantes de organizaciones civiles y la Relatoría Especial sobre Libertad de Información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual también estuvo el presunto agresor.

Después de conocer los hechos, este martes 17 de abril, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) condenó este caso de abuso sexual.

En un comunicado la IM-Defensoras declaró que los abusos, hostigamiento y agresiones sexuales en espacios mixtos de trabajo de organizaciones y movimientos sociales son una constante que muchas veces permanece invisibilizada e incluso normalizada por la cultura patriarcal que permanece en estos movimientos.

“Estas agresiones, además de afectar de manera muy profunda la integridad y la labor de las defensoras que las sufren, ponen en riesgo la credibilidad y la legitimidad de las organizaciones y movimientos sociales en el seno de los cuales se producen”, expuso la Red de Defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La defensora violentada narró que al darse cuenta de la presencia del sujeto él salió corriendo, ella buscó ayuda en el hotel y contactó a la policía. “Me querían llevar a la comisaría en la misma patrulla que mi agresor. Ya en la comisaría, me preguntaron qué había pasado más de 10 veces, no me mostraron el parte levantado, me hicieron estudios médicos innecesarios y fui revictimizada por mujeres y hombres por igual”, declaró.

La IM-Defensoras consideró de vital importancia que tales agresiones no queden silenciadas ni impunes, por lo que además de rechazar y condenar lo sucedido reconocieron la determinación de Ximena Ramos al hacer la denuncia pública de los hechos aun cuando las autoridades la cuestionaron por no cerrar su habitación con seguro.

Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

A un año de AVG, Chiapas y Veracruz dan primeros informes


 “Primeros acercamientos con autoridades” y página web destacan


A más de un año de que la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas y Veracruz, mientras el primer estado informó la creación de un página web, el segundo dijo que en marzo pasado iniciaron los “primeros encuentros” con autoridades encargadas de llevarlas a cabo, para explicarles qué es la AVG.
Ello se puede consultar en la página del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) quien a un año de declaradas las AVG, publicó por primera vez el pasado 13 de abril, información sobre el seguimiento a las acciones realizadas por los gobiernos de dichos estados para cumplir con el mecanismo.
Veracruz es la única entidad en tener declaradas dos Alertas de Género; una por violencia feminicida (emitida el 26 de noviembre de 2016) y otra, por la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas, llamada agravio comparado (declarada el 13 de diciembre del año pasado).
En el caso de la AVG por feminicidio el seguimiento del Inmujeres reveló que apenas el pasado 20 de marzo se llevó a cabo la “primera reunión” de la mesa de seguimiento del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) con las representantes de 11 municipios parar informarles “qué es la declaratoria de Alerta de Género” y la “importancia de realizar acciones para coadyuvar al respeto de los derechos de las mujeres”.
El GIM es el mismo equipo de académicas que integran el llamado “Grupo de Trabajo” que se encargó de realizar la investigación sobre la situación de violencia de género en el sitio donde se solicitó la AVG, únicamente cambia de nombre al declararse la Alerta para continuar vigilando que las entidades cumplan con las acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, aunque se tienen las bitácoras sobre los acuerdos y temas tratados en la reunión de seguimiento a la Alerta de Género en Veracruz, no se cuenta con información sobre los datos, estadísticas o acciones que presentó el gobierno estatal. El Inmujeres únicamente precisa que el Grupo Interinstitucional solicitó al estado ampliar la información sobre las acciones emprendidas en favor de la vida y seguridad de las veracruzanas.
Respecto a la AVG por agravio comparado, se indica que en enero de 2018 se instaló el grupo que dará seguimiento a las acciones que debe cumplir el gobierno veracruzano en acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, cabe recordar que uno de los más importantes –por orden de la Secretaría de Gobernación- es despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin embargo, no se tiene mayor información sobre este proceso.
CHIAPAS
En Chiapas la AVG se emitió el 18 de noviembre de 2016 en siete municipios del estado y la región de los Altos de Chiapas. El Inmujeres informó que el pasado 28 de marzo el gobierno local rindió un informe sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas en la declaratoria.
Una de ellas –indica el documento- es la creación de una página web donde se puede acceder a las acciones que ha realizado el estado e información estadística sobre los distintos tipos de violencia que enfrentan las chiapanecas.
En este portal el gobierno de Chiapas informó que entre 2016 y 2017 sólo se iniciaron 3 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y 5 por homicidio doloso. En comparación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo tiene el registro de 29 casos de feminicidio en 2017, es decir, Chiapas cuenta con una tasa de 2.11 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres.
Asimismo el gobierno chiapaneco reportó que de 2009 al 31 de enero de 2017 desaparecieron mil 345 mujeres, de las cuales fueron localizadas con vida mil 311 y sin vida, 11. El resto, 23 mujeres, están “en trámite” –califica el gobierno- de ser halladas.
Por otro lado, en atención a la AVG las autoridades dijeron que “llevaron a cabo avances” en la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 que garantiza el aborto en caso de una violación, sin embargo, no se dan datos de cuántas mujeres han accedido al servicio.
También indicó que en nueve municipios se instalaron Módulos de Atención a Mujeres en Situación de Riesgo y comenzó a funcionar un programa de “taxi seguro” que verifica que los choferes no tengan antecedentes de violencia o penales y se inició en octubre de 2017 el Programa Único de Capacitación y Sensibilización en perspectiva de género para funcionarios públicos.
A lo largo del proceso de Alerta de Género en Chiapas las organizaciones de la sociedad civil han desistido de asistir a estas mesas de seguimiento, como ocurrió en 2017 con la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y Feminicidio”, tras asegurar que las autoridades del estado simplemente simulaban en la implementación de medidas desprendidas de este mecanismo.
Aún falta conocer el estado que guardan las 10 Alertas restantes, en Michoacán, Nuevo León, Colima, Quintana Roo, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero y Nayarit.  
Cabe recordar que el Inmujeres juega un papel fundamental al admitir las solicitudes de AVG presentadas, al fungir como encargado de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional encargada del trámite, y una representante es la designada para coordinar al Grupo de Trabajo y posteriormente da seguimiento a los decretos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

“Luchamos y nos organizamos para alimentar al mundo”

Entrevista con Francisca “Pancha” Rodríguez, referente del movimiento de mujeres rurales e indígenas de Chile, en el Día Internacional de la Lucha Campesina

“Nuestro homenaje será para los que cayeron ayer y para quienes resisten hoy”, dijo a RMR la integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina. Recuperar la identidad de clase y campesina, resistir los TLC, dar lugar a las nuevas generaciones en los movimientos, son parte de sus reivindicaciones actuales.
En plena preparación de la “mística” para realizar este 17 de abril, durante la asamblea de mujeres campesinas productoras agrícolas chilenas, Francisca dijo que será “un día de reflexión política y de insurgencia” en un contexto en que las organizaciones campesinas e indígenas necesitan “recuperar la conciencia de su identidad de clase” contra la competencia y la falta de solidaridad que fomenta el emprendedurismo en el sistema capitalista.
La histórica referente e integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, se refirió a la situación en Brasil y el ejemplo de lucha que dan el Movimiento Sin Tierra (MST) y la CLOC-VC de ese país.
En diálogo con Radio Mundo Real, dijo que hay que estar alerta por la ofensiva que hay hoy contra los movimientos sociales en Brasil y señalo que, si bien “Lula es el personaje, la conciencia y la razón del pueblo es defender la identidad de clase que acompaña resistencias como lo hace el MST que, desde su constitución, nos ha mostrado un camino: el de poner contenido a las luchas, como también lo ha hecho la CLOC- Via Campesina en Brasil. No es la recuperación de las tierras por la recuperación en sí misma: esta lucha está inserta en una más grande que es defender uno de los derechos vitales que es la alimentación”.
Además, exhortó a no olvidar las peleas que están dando los movimientos sociales, campesinos e indígenas también en el proceso de paz en Colombia y la ofensiva vigente contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Rodríguez se manifestó contra los tratados de libre comercio (TLC) en Chile, como el que ese país espera trazar con Uruguay -del que advirtió la necesidad de resistir, especialmente, a la incorporación “siniestra” de un capítulo dedicado a Mujeres y Comercio-.
Pancha también se refirió a la situación en su país, luego de que Sebastián Piñera volviera este año a presidir Chile tras ser electo en 2017: “Este gobierno de derecha apunta a terminar con la agricultura campesina. Los programas productivos que tiene para agricultura familiar campesina e indígena implican la entrega de paquetes tecnológicos que matan la agricultura, van terminando con nuestras semillas y, lo peor de todo, acaban con nuestra conciencia, lo que tiene graves costos para nuestra soberanía alimentaria”.
En Chile hay alrededor de 260.000 productores campesinos contabilizados por el gobierno, que Pancha calificó como “clientes de programas del gobierno (antes fueron “beneficiarios, luego “usuarios”), que obtienen créditos y subsidios en función de sistemas productivos y cultivos que se quieren introducir y afianzar de acuerdo a la demanda de un mercado que no es el mercado popular”.
Por eso consideró que el Día Internacional de la Lucha Campesina es “una reafirmación de cómo nosotros resistimos y luchamos contra lo que son las políticas agrícolas, la invasión a nuestros territorios, lo que pasa con recursos naturales como la tierra y el agua, así como de nuestra soberanía ante una pérdida de identidad tan grande que sufren nuestras comunidades”.
“No nos podemos quedar solo en homenajes a los compañeros que dieron la vida. Nuestra propuesta es una producción sana, dejando el uso de agrotóxicos, estimular una agroecología no institucionalizada, que no produzca solo para un segmento de la población, para una élite que tiene el placer de degustar lo que nosotros producimos. Los ricos están comiendo la comida que los pobres comían ayer, entonces: ¿qué están comiendo los pobres? Mucha de la producción que estña produciendo hoy la gente nuestra se va al mercado, no se queda ni llega a nuestros hogares, y terminamos comiendo lo que las grandes empresas quieren, que es comida que nos enferma”, reclamó Rodríguez.
Desde ANAMURI y la CLOC-VC la propuesta es feminista, campesina y popular: “Si nosotras no damos esta batalla, nuestros compañeros terminan sucumbiendo ante políticas patriarcales y neoliberales. Entonces nuestro trabajo se duplica. La diferencia es que hoy vamos tomando conciencia de defender nuestra propia vida y nuestra propia existencia como campesinas y campesinos”.

Imagen: ATALC

¿Por qué murió Marielle Franco?


Se cumple un mes de su asesinato   


“Hoy, nuestra esperanza se resquebraja un poco. Una mujer, negra, madre, defensora de la igualdad y nacida y criada en la Maré fue derribada”, afirmó en un comunicado el frente de Mujeres del Partido Socialismo y Libertad de Brasil (PSOL) el pasado 14 de marzo, día en que Marielle Franco, concejala por este partido, fue asesinada a tiros en un céntrico barrio de la ciudad de Río de Janeiro.
“Por su vida la mataron”, opinó la periodista brasileña Eliane Brum en una columna de El País.
Defensora de los Derechos Humanos, negra, feminista, lesbiana e hija de una de las mayores favelas de Río de Janeiro fue asesinada mientras circulaba en un coche después de moderar el evento “Jóvenes negras moviendo estructuras”. El conductor, Anderson Gomes, también falleció víctima del ataque.

“A pesar de que el alcalde Crivella dice que “va a cuidarnos” sabemos que esa no es la realidad. Nuestros cuerpos negros y nuestra movilidad están amenazados, por tanto vamos a intentar que nuestros eventos no acaben más tarde de las 21 horas para que principalmente las personas de otros barrios puedan volver”, afirmó Marielle Franco para ir cerrando el debate sobre las luchas de las juventudes negras. Pero fue ella quien no volvió. En torno de las 21 horas 30 minutos (horario brasileño) la activista fue asesinada por los tiros provenientes de un coche que ya la esperaba en la puerta de la Casa de las Negras (Casa de das Pretas) mientras se desarrollaba el encuentro, según han mostrado las imágenes de cámaras de seguridad, y que la siguió durante cuatro kilómetros hasta una calle más solitaria del barrio Estácio, donde los asesinos abrieron fuego.
El PSOL declaró en un comunicado publicado la misma noche de su muerte que no descartaban la hipótesis de un crimen político, de una ejecución. Las primeras investigaciones informaron de que los nueve casquillos de bala encontrados en el lugar del crimen pertenecían a un lote de munición que la Policía Federal de Brasil compró en 2016. El mismo del que provenían las balas de la matanza de Barueri y Osasco, en São Paulo, que se cobraron la vida de 17 personas, y las de los ataques de São Gonçalo en 2017 que mataron a cinco implicados en luchas de facciones rivales.
Tres días antes de su muerte, Franco había denunciado en redes sociales la violencia de la intervención de la Policía Militar en algunas favelas de la ciudad. “Yo vivo e imagino la ciudad a partir de mis vivencias personales, subyugadas como la mayoría de mis similares por nuestra sociedad machista, racial y desigual”, había declarado ella en una entrevista concedida a Pikara Magazine cuando aún era candidata a las elecciones municipales de Río de Janeiro.

¿POR QUÉ LUCHABA MARIELLE FRANCO?

Marielle Franco fue coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Alerj (Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro) entre 2013 y 2016, hasta que el 2 de octubre de ese mismo año fue elegida concejala, la quinta más votada entre todas las candidatas y candidatos municipales. De los 51 concejales elegidos en aquel momento, 44 son hombres (86.6 por ciento), siete mujeres (13.4 por ciento) – ya solo quedan seis-. En cuanto a reconocimiento racial, 36 de ellos son blancos, 12 “pardos” (piel morena) y tres se declararon como negros – ya solo quedan dos -.
“Queremos ‘negrear’ esa Cámara Municipal, llevar debates o actividades de rap de personas negras dentro de la institución y ‘destrincherar’ estos lugares”, afirmó Franco durante el evento en la Casa de las Negras (Casa das Pretas). “El mandato de una mujer negra, favelada, periférica, tiene que estar pautado junto con los movimientos sociales, para fortalecernos en este lugar político donde habitualmente no nos reconocemos”, añadió frente a todas las asistentes al debate.
Franco defendía el principio de “ocupar la política y no dejar que hagan leyes por nosotras”. Durante su año y medio de ejercicio, la concejala presentó casi 20 proyectos de ley. Uno de los pocos, hasta el momento aprobados, fue la ley para crear más casas de parto para mejorar la atención de madres y recién nacidos. Entre el resto destacan una campaña permanente contra el acoso y violencia sexual, un estudio con datos de la violencia de género en la ciudad de Río de Janeiro, asistencia gratuita para reformar casas de familias de renta baja o la inclusión de un día de lucha contra la homofobia, día de la Mujer Negra, un día contra la prisión de la juventud negra y otro de la visibilidad lésbica.

El 7 de marzo, Marielle Franco publicó en Twitter “frases del manual de supervivencia para mujeres en medio de un montón de hombres: ‘me estás interrumpiendo’, ‘esa es la misma idea que yo expuse’, ‘tu broma machista no tiene gracia’, ‘no me toques’ o ‘gracias por enseñarme lo que ya se’.
Con motivo del 8M Día Internacional de la Mujer Franco tuiteó “el número de mujeres asesinadas por ser lesbianas aumenta cada año. En 2017 hubo un lesbocidio por semana. 83 por ciento de los crímenes son cometidos por hombres”. En otro mensaje añadió “los datos del #MonitorDaViolencia publicados ahora son, como siempre, sobrecogedores. Brasil tuvo 4.473 homicidios dolosos de mujeres en 2017 (un aumento de 6.5 por ciento respecto al año anterior), de los cuales 946 fueron feminicidio (considerando que el dato está subrepresentado)”.
Y continuaba el activismo político en redes de Franco “con estos números es difícil levantarse optimista. Pero tenemos que transformar nuestro dolor en lucha! Vamos adelante! Mañana todas en la calle! #8M #2018M #Feminismo #Feminicidio”
Esta “cría de la Maré”, como ella misma hacía llamarse orgullosa de haber nacido y crecido en esta favela, era una reconocida figura que defendía los derechos de las mujeres y de la población LGBT con el objetivo de “legislar para los más subrepresentados”.

Durante la manifestación de noviembre de 2017 contra el proyecto de ley de modificación de la Constitución para prohibir integralmente el aborto, inclusive en situaciones de violación, Marielle Franco declaró en entrevista a esta periodista que la propuesta representaba un retroceso en la vida de las mujeres, principalmente para las negras, más vulnerables a ser violadas y más expuestas al aborto clandestino. “El cuerpo es nuestro y no son 18 hombres los que van a decidir sobre nuestra elección. […] Por eso hoy hay una mujer negra de origen de la Maré presidiendo la Cámara Municipal en representación de la Comisión de la Mujer”, afirmó contra una medida que todavía no ha sido votada.
Marielle Franco también se afirmaba contra el actual sistema penitenciario brasileño por considerarlo contraproducente con la inserción social, actuaba contra la aprobación de la minoría de edad penal que permitiría que los menores de edad puedan ser presos, discutía sobre la legalización de las drogas como una posible solución a la violencia provocada por el narcotráfico y defendía en líneas generales la visibilidad de las necesidades y derechos de la población negra, generalmente los más afectados por estas medidas.
“Tenemos que gritar para que todos sepan lo que pasa. El 41° Batallón de la Policía Militar de Río de Janeiro está aterrorizando y violentando a los habitantes de Acari. Esta semana dos jóvenes fueron asesinados y tirados en una alcantarilla. Hoy la policía caminó por las calles amenazando a los habitantes. Sucede desde siempre pero con la intervención militar se puso aún peor”, denunció la concejala el 10 de marzo, dos semanas después de ser elegida relatora de la Comisión de Investigación sobre la Militarización de la Seguridad en Río de Janeiro.
La finalidad de la Comisión es supervisar la intervención federal que el presidente, Michel Temer, aprobó en enero y que concede el control completo de la seguridad del Estado al Ejército con el objetivo de combatir el narcotráfico y el aumento de violencia de la ciudad.

Varios partidos políticos, instituciones internacionales y ONG mostraron su oposición a una medida que Amnistía Internacional tildó de “inadecuada y extrema que pone en riesgo la vida de la población”. Pero la intervención de la Policía Militar continuaba y tres días antes de cumplir un mes, Marielle Franco cuestionó de nuevo la acción de la policía en un tuit: “Un homicidio más que puede entrar para la cuenta de la Policía Militar. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. Cuantos más precisan morir para que esta guerra acabe?” Al día siguiente la activista fue asesinada y esta frase se convirtió en uno de los principales eslóganes de las manifestaciones contra su muerte.
La céntrica plaza de la Cinelândia se convirtió desde entonces en foco neurálgico de constantes manifestaciones que ya han sumado hasta cien mil personas, como la que ocurrió el 20 de marzo. El grito de ¡Marielle Presente! resuena aún en las calles de la ciudad, incluyendo la autovía de la Línea Amarilla que rodea la favela de la Maré, lugar que vio nacer y crecer a Franco y donde se convocó el domingo posterior a su muerte una concentración que atrajo a más de 20 mil personas.
El presidente Temer también hizo oír su voz y achacó el asesinato a las organizaciones criminales que atentan contra la democracia y el futuro del país. “Estamos ahí en Río de Janeiro para restablecer la paz y la tranquilidad”, añadió en defensa de la intervención federal.
Pero, en un alarmante silencio y bajo el sol abrasador de la manifestación en la Maré, algunas personas denunciaban esta declaración y portaban el mensaje de “intervención, no en nombre de Marielle”. Otras, a voz viva, gritaban “nosotros queremos saber quién ordenó la muerte de Marielle Franco”.
* Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

Imagen retomada del portal Pikara Magazine |Foto: Luna Gámez
Por: Luna Gámez*
Cimacnoticias | Río de Janeiro, Bra.- 

Desafíos de avanzada

Amigos de la Tierra Internacional en su lucha por justicia de género

Con el objetivo de continuar el desarrollo de un marco conceptual sobre el patriarcado y por qué es importante desmantelarlo para lograr el cambio de sistema y la justicia ambiental, la federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional (ATI) celebrará una importante reunión del 30 de abril al 4 de mayo en la localidad mexicana de San Cristobal de las Casas, estado de Chiapas.

La instancia estará a cargo del Grupo de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de ATI y se realizará en el centro Alter Natos, de la organización Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, en las afueras de esa ciudad.

Se trata de la segunda reunión de trabajo del Grupo, que tuvo el primer encuentro en septiembre del año pasado en Accra, la capital de Ghana. Para conocer mejor los detalles de la actividad, objetivos, el marco político que da vida a esa nueva área de trabajo de ATI, y el rol de las mujeres en las resistencias y la construcción de soluciones frente a las crisis actuales a nivel mundial, entre otros temas, Radio Mundo Real entrevistó a la facilitadora del Grupo de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado, Celia Alldridge. Celia también integra el Equipo de Desarrollo de la Membresía de ATI.


Imagen: Theiva Lingam, facilitadora de Amigos de la Tierra Asia Pacífico.

Sentencian a mujer indígena a 50 años de prisión por un delito que no cometió


Dominga González Martínez ya pasó 11 años en la cárcel
   


Dominga González Martínez, mujer indígena y defensora del agua en el Estado de México (Edomex), fue sentenciada a la pena máxima de 50 años de prisión por el presunto homicidio y privación de la libertad de un empresario. La principal prueba contra ella es que es “una señora morena y chaparrita”; y el agravante es ser indígena y defensora.
Así consta por escrito en la averiguación previa TOL/-ME/036/2003 y en la sentencia que el pasado 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, ordenó contra Dominga y cinco pobladores más de San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle, Edomex. Este Juzgado no sólo les dio la pena máxima, sino que tardó más de 10 años en dictar sentencia y les mantuvo en prisión preventiva.
A la y los indígenas se les acusa de haber participado en el homicidio y privación de la libertad de Alejandro Isaak Basso, un empresario floricultor de Villa Guerrero (un pueblo vecino) con quien la comunidad de Tlanixco sostenía un litigio por el uso del agua del río Texcaltenco. Mientras los floricultores, la mayoría con inversión extranjera, querían el río para lucro privado, el pueblo de Tlanixco lo necesitaba para tareas domésticas y de siembra que realizan principalmente las mujeres.

DOMINGA: 50 AÑOS DE CÁRCEL ES UNA VIDA ENTERA

La sentencia por homicidio calificado y privación de la libertad (con la causa penal 32/2013) contra Dominga dilató en emitirse 11 años, durante los cuales ella permaneció encarcelada. De cumplir la condena, quedaría en libertad a la edad de 106 años. La apelación con número 113/ 201 que está en proceso en el Primer Tribunal del Distrito Judicial de Toluca es ahora su único recurso.
La vida de Dominga y de la comunidad entera cambió un 1 de abril de 2003, cuando sonaron las campanas del pueblo nahua de Tlanixco, regido por usos y costumbres. El sonar de campanas es una práctica común entre los pueblos originarios para la resolución de conflictos, en este caso se usó para avisar que representantes de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (ASFLORVI) –de la que Isaak Basso era presidente- ingresaron sin autorización a tierras de propiedad ejidal.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que da acompañamiento legal a la y los defensores, y con el testimonio de las familias, el llamado congregó en una zona llamada “salto del río” a más de 300 personas. Ahí se concilió llevar a los floricultores ante la delegación del pueblo; no obstante, durante el trayecto Isaak Basso se desvaneció, cayó de un barranco y murió.
El día de los hechos, Dominga no acudió al llamado de las campanas porque le tocó cuidar la iglesia junto a dos mujeres. A las seis de la tarde, después de los hechos, se fue cada una para su casa. Dominga continuó con su vida, pero tres años y medio después, la Procuraduría General de Justicia del Edomex decidió detenerla.
El arresto se hizo el 9 de julio de 2007, sin aviso previo. Para su detención se utilizaron 30 patrullas ministeriales con al menos cinco policías cada una. Sin identificarse, encapuchados y con armas largas, los policías entraron durante la noche al domicilio de Dominga y la sacaron frente a sus hijas. La llevaron directamente al Centro Penitenciario y de Readaptación Social Santiago, en Almoloya, donde permanece hasta hoy.

Alejandra Peña, abogada del CDHZL y defensora legal de las familias, dijo que en este caso se presentaron varias violaciones al debido proceso. En primer lugar, la mayor carga probatoria se le dio a uno de 11 testimonios en el que un testigo refirió haber visto entre las 300 personas a “una señora morena y chaparrita”.
Peña precisó que el testigo señaló que fue la misma Secretaría de Gobernación de la entidad quien le ofreció videos, documentos y hasta una foto de Dominga para que después la señalara como la “señora morena y chaparrita” que habría participado en el homicidio. El testigo después se retractó de sus acusaciones y confesó que fue manipulado por las autoridades y la familia del empresario, pero esta nueva declaración fue omitida en la sentencia.
De acuerdo con el CDHZL, durante el proceso tampoco se dio valor probatorio a las declaraciones de Dominga con el argumento de que los 3 años y medio que se tardó su aprehensión fueron suficientes para que ella preparara una coartada.
De hecho, todo el caso por el que se juzga a las seis personas está repleto de irregularidades. Una de las más evidentes es que los testigos señalaron como responsables “sin temor a equivocarse” a 4 personas con nombre y apellido; sin embargo, se demostró que uno de los señalados había muerto un año antes de los hechos y otro más –quien según pateó reiteradamente al occiso- tiene una discapacidad que le impide caminar por cuenta propia.
Además, no hay un sólo testigo que señale haber visto directamente que se privara de la vida al empresario. La única prueba que presentó la parte acusadora fue que un “niño pastor” -cuya existencia no se ha comprobado- se acercó a unos policías preventivos y les dijo “vi que los de Tlanixco aventaron a alguien a la barranca”.
A pesar de esto, el juzgado ordenó en la sentencia la pena máxima para los defensores porque el pueblo se apegó a sus usos y costumbres para resolver el conflicto y ejerció sus derechos indígenas, lo que fue “premeditación y ventaja”. La misma sentencia dice: “los usos y costumbres (…) revelan una falta de respeto a las normas que regulan la convivencia social y la seguridad de las personas”.
La sentencia incluye un apartado sobre juzgar con perspectiva de género, pero en él el juez cuestiona que la y los acusados sean indígenas porque no hablan una lengua originaria y porque algunos tienen estudios de secundaria. Esto demuestra que la sentencia es racista y que el juez tiene una visión estigmatizada de cómo debería ser una persona indígena, observó la abogada Peña.

En entrevista desde la cárcel, Dominga aseguró que es inocente. Sobre el día de los hechos, dijo “ya nos habíamos enterado que estaban los de Villa Guerrero, pero luego de salir de la iglesia lo que nosotras queríamos era llegar a nuestras casas y hacer de comer”.
También relató que durante estos años que ha estado en la cárcel dejó de saber de su esposo migrante en Estados Unidos, sus hijas e hijos crecieron sin ella, y su mamá y su papá perdieron la vida. Antes de esta situación trabajaba como sembradora de verduras y hortalizas para pagar la escuela de sus hijas e hijos y poner un negocio.
Dominga piensa que su encarcelamiento tiene que ver con que es indígena y con sus antecedentes en la defensa del agua, ya que años atrás fue integrante del comisariado ejidal y del Comité de Agua Potable del pueblo, y participó en diversas acciones para evitar que los floricultores extranjeros dejaran a la comunidad sin agua. 
“Yo participé para que nos dieran un poco de agua. Entonces se ganó una concesión. No teníamos nosotros agua, y sin en cambio los de Villa Guerrero se la estaban llevando para su negocio, y nosotros la queríamos para la cosecha de hortaliza y para tomar (..) Nos violaron muchas cosas y el juez no nos da la cara ni quiere hablar con nosotros. Yo estoy pagando un delito que no cometí porque la familia del señor tiene mucho poder, y el juez no quiso valer ninguna de nuestras pruebas porque somos indígenas”, dijo Dominga.
Durante estos 11 años en la cárcel, Dominga ha requerido dos operaciones, una de ellas por problemas en los ovarios, pero sin que se le garantice una atención médica gratuita y de calidad. Por el contrario, ella pagó por todos sus estudios dentro de la cárcel, pero los médicos a veces no le daban sus medicamentos o se negaban a dejarla salir para que se le revisara.

Sobre estar 50 años más en la cárcel, Dominga declaró: “he perdido todo estando en este lugar y ahora cómo voy a pagar un delito que no cometí con 50 años, eso es una vida. Somos inocentes. Sí somos inocentes, la verdad. Se siente muy triste, yo digo ‘50 años, voy a salir muerta de aquí”.
Pese a todo, la defensora y sus compañeros –en acompañamiento del CDHZL- ya iniciaron el proceso de apelación de la sentencia. Sin embargo, este recurso legal también ha sido lento porque las autoridades no han podido notificar hasta España a la esposa del empresario muerto.
 “Yo tengo mucha fe de que sí tendré mi libertad. El juez nos debe respetar que pertenecemos a los pueblos indígenas. Si yo obtengo mi libertad planeo volver con mis hijas, poner un negocio, y cobrarle al gobierno todo el tiempo que yo estuve aquí porque de antemano el gobierno sabe que yo no hice nada ni maté a ninguno, que se haga guaje es muy diferente.”, dijo la defensora.

LAS FAMILIAS

Los otros acusados son el campesino Pedro Sánchez Berriozábal (integrante del Comité de Agua Potable); el albañil Teófilo Pérez González (nuevo integrante del Comité de Agua); el obrero Lorenzo Sánchez Berriozábal (del Comité de Agua potable); el también albañil Marco Antonio Pérez González; y el mecánico Rómulo Arias Mireles (tesorero del Comité de Agua).
Su detención –ocurrida hace más de 10 años en diferentes momentos, y con uso excesivo de elementos policiales- trajo miedo, sobrecarga de trabajo, pobreza y cancelación de oportunidades a sus esposas, hijas y hermanas, quienes relataron en entrevista colectiva que al pasar del tiempo se transformaron en defensoras.
Por ejemplo, Tomasa Estrada Zetino, esposa de Rómulo, se convirtió en trabajadora del hogar para pagar los gastos del proceso. “Cuando se lo llevaron dejó a mis hijos chiquitos y ellos ya ahora formaron sus familias. Ahora trabajo. Tuve que vender unos carros y terrenos para pagar todo, pero lo que queremos es su libertad.”
Al respecto, Maricela Molina González, esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, aseguró que este proceso judicial está violentando sus usos y costumbres, y que con él el gobierno está dando un escarmiento a la comunidad para que no se organice ni defienda lo que por ley les corresponde.

Ella es comerciante y sostiene económicamente a toda su familia. “Tuve que deshacerme de dos terrenos para llevar el proceso de mi esposo. Los abogados que tuvimos en el pasado nos pidieron fuertes cantidades del dinero y con la ilusión de que iban a salir en su momento lo dimos.
“Yo tuve que tomar el cargo de ser padre y madre para mis hijos, de hacerme cargo de mi misma y de mi esposo. Yo sigo luchando hasta las últimas consecuencias y hasta que los dejen libres porque no son las personas que el gobierno hizo creer ante la sociedad. Ellos sí lidereaban un pueblo, pero para sacarlo adelante y defender el agua. No vamos a parar hasta verlos libres”, enfatizó.
Por su parte, Tomasa Pérez González, hermana de Marco Antonio, aseguró que la forma en que los policías entraron a las viviendas fue traumatizante: “ahora estamos con temor porque fue algo que nunca en nuestra vida habíamos visto. No vivimos con la calma de antes. Ir al penal era algo que también me daba miedo porque había mucho judicial, pero a través de eso me di un valor para decir que no me tengo que dejar rendir por ese gobierno. En lugar de hacerme dócil me hice más fuerte. Vean la injusticia del Edomex con nuestros familiares porque ellos no son delincuentes, defendían nuestros derechos al agua y a la tierra.”

Esto también cambió su vida. “Yo soy mamá soltera y tengo a mi familia, y ahora también tengo que ver lo de mi hermano. Yo trabajo en la siembra, pero cuando tengo que ir a la audiencia e ir al penal mis patrones se molestan. Ya he cambiado muchos trabajos por eso. En mi caso, nosotros teníamos unos dos o tres terrenitos, pero nos tuvimos que deshacer de esas tierras por la ilusión de sacar a mi hermano, de pagar un abogado, pero a la fecha mi hermano está en la cárcel”, declaró.
Roberto González Martínez, hermano de Dominga, contó que su madre murió de depresión, y los hijos de la defensora prácticamente se quedaron huérfanos. “Dominga ahora está muy delgada por la mala alimentación y los malos tratos. Sólo una justicia tan vil, tan corrupta, ha hecho que esas personas estén ahí por defender el recurso de la comunidad
Ha habido una mano negra por parte del gobierno, un manejo muy desequilibrado de fuerzas donde la gente de arriba y de poder cree que la justicia es para ellos. No hay elementos para dictar una sentencia tan absurda.”
Además de esto, las mujeres coincidieron en que algunas personas del mismo pueblo las han estigmatizado y las critican porque sus esposos están en la cárcel y por defenderlos; las mismas autoridades llamaron a sus familiares “terroristas”.

ANTECEDENTE: CONAGUA CONCESIONÓ DOS VECES UN RÍO

El antecedente a estos hechos es que en la década de los 80 llegaron al municipio de Villa Guerrero (vecino de San Pedro Tlanixco) grandes empresas floricultoras, con las que, desde el 2002, la comunidad mantuvo una disputa por el uso y disfrute del río Texcaltenco, que nace en Tlanixco. La disputa se intensificó porque la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) concesionó el río a los empresarios a pesar de que años atrás ya había otorgado la concesión a la población de Tlanixco.
“Las personas que hoy están sentenciadas son víctimas de la falta de responsabilidad del Estado por no resolver mediante los canales del diálogo y del respeto el conflicto del agua. Lejos de realizar investigaciones, los floricultores en alianza con la Procuraduría tuvieron el pretexto perfecto para perseguir y encarcelar a los liderazgos del pueblo.”, aseguró el CDHZL.
Y agregó: “los daños que se les ha causado a estas seis personas son incalculables, no sólo en una cifra económica sino por el daño psicológico que para ellos ha sido profundo. El mensaje de terror que se proyecta hacia el resto de la comunidad de Tlanixco. Dentro de las repercusiones indirectas encontramos también los impactos ambientales y a la salud que se han generado del aumento en la producción de los floricultores de Villa Guerrero. Al final, la privatización del río Texcaltengo se concretó”.
Ahora, Dominga y las familias de los otros presos esperan que el proceso de apelación sea diligente y que se les reconozca su inocencia. Luego de 15 años de exigir sus derechos, este sábado las familias recibirán en Morelos el XXVI Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, que otorgan diferentes organizaciones de la sociedad civil como reconocimiento para quienes promueven la defensa de los derechos humanos.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Urge aprobar iniciativas que despenalizan aborto antes de cambio de legislatura


El Salvador: se necesitan 5 votos de 9 de la Comisión que analiza 


La integrante de la “Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico”, Sara Granados, informó que esperan un dictamen favorable a las dos iniciativas sobre la despenalización del aborto en las próximas dos plenarias en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de El Salvador, antes de que cambie la legislatura en la Asamblea Legislativa a finales de abril.
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos (DH), Sara Granados, dijo que las iniciativas deben recibir 5 votos a favor de los 9 diputados que integran la Comisión - enfocada en el estudio de las reformas a la Constitución de la República- para ser enviadas a la Comisión Legislativa, sin embargo –añadió- la Comisión no establece plazos, por lo cual temen que una posibilidad sea que ambas se manden al archivo.
Estas dos iniciativas fueron presentadas, en 2017, ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Una demanda reformar el Código Penal salvadoreño para despenalizar el aborto por 4 causales; y la segunda busca reformar los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país que “se refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”.
La defensora de DH, explicó que los grupos fundamentalistas han protestado de manera constante en la Comisión para que no se aprueben las iniciativas, estrategia –dijo- que se empleó en 1997 cuando se cambió la legislación en El Salvador para establecer la prohibición absoluta del aborto sin excepciones. 
Por su parte, la integrante y presidenta de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, mencionó que el camino para despenalizar el aborto “se ve tenso”, ya que hay una fuerte oposición de los “grupos fundamentalistas” que chantajean a los diputados para votar en contra de los derechos de las mujeres y amenazan a las organizaciones defensoras de DH, a través de sus redes sociales bajo seudónimos como “guerreros contra las feministas”.
“El día de ayer dos abogados habían declarado que faltaban 5 votos para que se aprobara la reforma para despenalizar el aborto. Si ellos son quienes están en contra que se reconozca los derechos de las mujeres, tenemos que comunicarles a esos abogados que ellos no nos representan”, expresó Morena Herrera.
Las defensoras de DH coincidieron en que es indispensable que la Comisión lleve a cabo un debate con argumentos científicos y laicos para que las iniciativas no  vayan al archivo y se envíen con la mayor rapidez a la Asamblea Legislativa antes del cambio en la legislatura.

REALIZAN TRIBUNAL SIMBÓLICO

En tanto, mientras este debate se da en la Asamblea Legislativa, el martes pasado se llevó a cabo el “Segundo Tribunal Simbólico de Justica y reparación para las mujeres víctimas de la penalización absoluta del aborto en El Salvador” -espacio para evidenciar y escuchar los casos de mujeres que han sido violentadas por el Estado con el propósito de que éste dé “una reparación a su dignidad.
En él, las organizaciones que trabajan a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, insistieron en la importancia de insistir para que el sistema de justicia deje de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas debido a “errores judiciales”.
Al referirse a “Las 17 y más”, nombre con el que se conoce a las mujeres salvadoreñas encarceladas por abortar- las organizaciones señalaron que el Estado salvadoreño ha violentado los DH de estas mujeres al condenarlas sin pruebas suficientes, “bajo prejuicios” y sin cumplir con el debido proceso judicial, por lo que exigieron que se brinde a estas mujeres una reparación de daños y moral.
El Primer Tribunal Simbólico en este país inició en 2015, cuando comenzó la campaña por la liberación de “Las 17”, cuando organizaciones, jueces, académicas y peritos que participaron expresaron que el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa efectiva a las mujeres, pues en casi todos los procesos legales sólo tuvieron defensoría pública, caracterizada por deficiencias y desidia en la defensa de sus casos.
Todo ello –coincidieron- representa una acción violenta del Estado contra las mujeres y contra sus Derechos sexuales y reproductivos. “Las mujeres son perseguidas, acusadas y condenadas no por tener pruebas científicas, sino por prejuicios y se les atribuye una presunción de culpabilidad”.
En este Segundo Tribunal, las organizaciones enfatizaron los casos de tres mujeres: Evelyn Hernández, Sonia Tabora e Imelda Tabora -integrantes de la campaña “Las17”- quienes fueron criminalizadas y condenadas a años de prisión por tener partos “extrahospitalarios”.
Las y los abogados representantes de las mujeres: Déniz Muñoz (Sonia), Víctor Hugo Mata (Evelyn) y Bertha de León (Imelda) coincidieron en que en cada caso hubo irregularidades antes, durante y después de los procesos judiciales como sesgo de pruebas o suposición de pruebas, incumplimiento Derechos fundamentales y no se brindó a las mujeres atención médica posterior a su interrupción del embarazo.
El jurado simbólico –integrado por los abogados ya mencionados- sentenció al sistema de justicia salvadoreño a poner en libertad a Evelyn, condenada a 30 años de prisión; que el Juzgado de Sentencia Jiquilisco suspenda y ponga en libertad a Imelda; y se proporcione una reparación de daños a Sonia por los 7 años de prisión que lleva acusada “por un delito que no cometió”.
Las organizaciones señalaron que estos casos representan los prejuicios con los que se juzga en situaciones relacionadas con el aborto y añadieron que la dificultad para acceder a la justicia aumenta cuando las mujeres provienen de una situación de pobreza como es con “Las 17 y más” de El Salvador.
Recientemente, Teodora del Carmen Vázquez y Maira Verónica Figueroa Marroquín, dos mujeres condenadas injustamente por homicidio agravado por el Tribunal Segundo de Sentencia luego de sufrir abortos “extrahospitalarios”, recibieron la conmutación de la pena, después de estar en la cárcel durante 11 y 15 años respectivamente.
El Tribunal simbólico fue organizado por la “Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico”, “La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local” en alianza con el Colegio de Abogacía de Barcelona  y la Facultad de Jurisprudencia de El Salvador.
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Marichuy exhibió al sistema electoral mexicano: EZLN


 “No nos vayamos a quedar sentados pensando ya no la hicimos”
   


La ex candidata al gobierno de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, asistió ayer al conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?” que organizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el encuentro celebrado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el líder político del EZLN, el Subcomandante Galeano, hizo un análisis de lo que significó que la representante de los pueblos que integran el Consejo Indígena de Gobierno (CIG), Marichuy, hubiera participado en el proceso para buscar la candidatura a la presidencia de México, y recorriera 26 estados del país, entre otros motivos, para recoger firmas de apoyo.
“Marichuy no falsificó ninguna firma, sin embargo otros como El Bronco sí lo hicieron, y los premiaron con la candidatura. Los que violaron todas las leyes quedaron (…) Lo que Marichuy hizo fue exhibir, desnudar el sistema político electoral en México”.
“En este sistema electoral caduco en donde se va a elegir al sucesor de Peña Nieto, con la salida de Marichuy no se avaló el sistema político sino que se denunció (…) el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Federal Electoral, están al servicio del equipo político de Enrique Peña Neto para elegir a su sucesor”, señaló Galeano.
“El resultado de tu movilización -le dijo a Marichuy- exhibió que el INE es una agencia de colocación de empleos”.  Y en el balance las cosas –dijo- estas fueron positivas, porque se exhibió al sistema electoral mexicano, que no sólo no legitimó el sistema político, sino que lo desnudó tal cual como es”.
Más tarde, en la sesión donde Marichuy compartió la mesa con las académicas Mercedes Olivera, Márgara Millán, Sylvia Marcos, explicó que al recorrer la mayor parte de la República mexicana, observó que muchos de los pueblos que están asentados en zonas de riqueza natural, están siendo despojados, y sus territorios concesionados a empresas para la explotación de los recursos.
Aunado a ello, dijo, están los conflictos intercomunitarios que deja la lucha por las prebendas políticas y los recursos asistencialistas gubernamentales; además de la división que provoca la disputa electoral de los partidos políticos.
“En todos los lugares donde pasábamos se repetía esta situación. Pero también vimos la organización y luchas de resistencia (…) Nos preguntaban por qué si no queríamos el poder de arriba, por qué recorríamos el país. Les dijimos que lo que buscábamos era la organización de abajo”.
Marichuy explicó que aún cuando no se consiguieron las firmas para lograr la candidatura a la presidencia de México, “sigue lo que sigue, porque falta mucho por hacer en cada región. Hay mucho que hacer por este México. Nos están esperando. Vamos a tener una reunión de Concejales, y en esta construcción que nos espera somos varios. No nos vayamos a quedar sentados pensando ya no la hicimos. Hay que seguir fortaleciendo los trabajos que ya vienen haciendo de por si los pueblos y las comunidades”.
“Ahora sé que somos más y que juntos sí podemos lograr lo que nos proponemos”, subrayó. El conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?” continuará esta semana, y a él asisten representantes del EZLN, de organizaciones de la sociedad civil, académicos de diversas universidades y periodistas.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 

México: Llaman a una alianza política de las distintas expresiones del feminismo

Mujeres constituidas en "Diálogos Feministas", manifestaron la urgencia de crear una estrategia y alianzas con las distintas expresiones del movimiento feminista

Sara Lovera
México, 19 abr. 18. AmecoPress/SemMéxico.- Patricia Mercado y Martha Tagle, feministas y candidatas al Senado y a la Cámara de diputados, respectivamente, anunciaron que en la próxima legislatura impulsarán una revisión a fondo y cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a un Vida sin Violencia, una bancada feminista y una estrategia donde se unan los distintos feminismos.

Mercado, optimista, afirmó que no puede continuar la situación de este país y dijo estar convencida de que habrá realmente un cambio "gane quien gane", porque existe la posibilidad de enfrentar las dos demandas principales de la población: corrupción e impunidad.
Explicaron que el paquete de leyes que ha dado marco jurídico a los derechos de las mujeres se ha quedado corto. Sólo en relación con la violencia, la Ley de Acceso decretada hace 10 años no consiguió disminuir la violencia contra las mujeres, ni ha servido para disminuir la violencia feminicida y el asesinato de mujeres que sólo en el último año significó más de 2.600 asesinatos.

En una reunión con más de 30 feministas, llamada Diálogos Feministas, manifestaron la urgencia de crear una estrategia y alianzas con las distintas expresiones del movimiento feminista, para enfrentar la crítica situación del país, donde crece la corrupción, la impunidad, la pobreza de millones de mujeres y las violaciones sistemáticas a derechos ya ganados.
Ahí, exdiputadas, activistas y antiguas luchadoras expresaron sus principales preocupaciones respecto a la condición social de las mujeres: pobreza que impide su lucha por derechos; la exclusión de trabajadoras; el fundamentalismo y el conservadurismo que amenazan la libertad y la autonomía de las mujeres.
Eso, puntualizó Patricia Mercado, ex secretaria de gobierno de la Ciudad de México, convoca a crear una bancada feminista, plural, para mejorar la condición de las trabajadoras, el tema de los cuidados e impunidad, y otros asuntos como la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y una nueva situación que requiere actualizar leyes y políticas públicas.
Martha Tagle subrayó que hay desviación de los recursos etiquetados y la aplicación del presupuesto de género; dijo que los recursos económicos para las políticas públicas de género no sólo se han desviado, sino que se han reducido en áreas sustantivas, por lo que vigilar el presupuesto será un puntal en su programa legislativo.
Candidatas bajo el sello de Movimiento Ciudadano señalaron que buscarán, como ha sucedido en otras legislaturas, crear una bancada plural, capaz de enfrentar los tiempos por venir, que calificaron de "rudos" y difíciles, donde todas juntas podrán emprender las tareas que requiere el momento.
Participaron en el diálogo las exdiputadas Elsa Conde y Rosario Ortiz, antiguas militantes como Susana Vidales, Gloria Careaga y Estela Suárez, sindicalistas como Sara Román, Ana María Flores y Columba Quintero; luchadoras por los derechos sexuales y reproductivos, como Julia Escalante; la dirigente del Frente Nacional Feminista Lourdes García y la periodista Cristina Renaud y otras muchas.
Con ellas, las candidatas feministas acordaron contar con cada una de ellas para el trabajo legislativo, la vigilancia que legisladoras y las feministas tendrán que hacer en los próximos tiempos, el trabajo de alianzas con las mujeres de todos los partidos políticos que llegarán a las cámaras y la labor de revisión legislativa que deberá actualizar todos los derechos logrados en las últimas décadas gracias a la intervención de las feministas organizadas y de otros sectores de la sociedad civil.
Las mujeres desaparecidas y perseguidas como las defensoras de derechos humanos fue planteado por Orfe Castillo, quien, además, llamó a feministas y candidatas a acercarse con las mujeres que esperan justicia tras los sismos de septiembre; las que buscan a sus hijas, las que están en peligro por defender causas y mujeres.
Lourdes García planteó la necesidad de impulsar una contraloría social que vigile el avance del conservadurismo y las violaciones al estado laico, también la situación de las mujeres en su vida, como trabajadoras, amas de casa, luchadoras sociales.
Se comprometieron las futuras legisladoras a revisar los planteamientos, como los acuerdos internacionales que pueden exigirse al gobierno, a las instituciones y a la sociedad, para armar una agenda de trabajo posible y transformador.
Los Diálogos Feministas se "institucionalizarán" para que realmente las activistas, académicas y mujeres de la sociedad, puedan participar con las legisladoras en el futuro cercano. Trabajar juntas para las alianzas y el acercamiento de mujeres y algunos hombres que, en el próximo Congreso, puedan trabajar en conjunto para enfrentar, principalmente el ejercicio del marco jurídico, la corrupción y la impunidad.
Foto: Archivo AmecoPress. Patricia Mercado, feministas y candidata al Senado.