7/03/2010

La columna de Pedrito Echeverría...



México: El salario de Slim no es tan grande como el de la mafia política que denuncia AMLO



Pedro Echeverría V.

1. Hoy se publicó que el magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista 'Forbes', vive con un sueldo de unos 300.000 pesos (unos 24.000 dólares) mensuales para gastos personales. La cifra es una mentada de madre contra los trabajadores que en promedio nacional obtienen al mes mil quinientos pesos (115 dólares). Sin embargo dice su biógrafo que "Slim es enemigo de la ostentación y la extravagancia, utiliza ropa diseñada en la cadena Saks, de su propiedad, y consume lo que venden sus demás cadenas comerciales, como Samborns". Pero lo que llama la atención es que el promedio de ingresos de los políticos mexicanos sólo es un poco menos al de Slim (unos 200 mil pesos) y personajes como el presidente de la República, los jueces de la Suprema Corte y los consejeros del IFE cobran –muy por encima de Slim- alrededor de 500 mil pesos mensuales (unos 38 mil dólares)


2. ¿Saben qué significa esto? Que con un salario de cada uno de ellos (políticos y empresarios) pueden vivir más de 300 familias y con el salario de secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores (sólo de unos mil funcionarios) podrían vivir 300 mil familias, millón y medio de seres humanos. Hay que subrayar que México, aunque ocupe los últimos lugares en calidad educativa, servicios de salud, inversión productiva y empleo, está en primer lugar en sueldos, compensaciones y prestaciones a funcionarios y sigue manteniendo los primeros lugares en corrupción, es decir, "como México no hay dos". ¿Acaso se nos ha olvidado que cuando los políticos y empresarios mexicanos viajan al extranjero se distinguen como los más despilfarradores en compras en el mundo y están siempre puestos a repartir dinero en publicidad mediática y arreglo de negocios?


3. Acerca de Carlos Slim, el exjefe de la ciudad de México, López Obrador, en el muy interesante libro que acaba de publicar: "La mafia que se adueñó de México", señala: "Slim es bastante sencillo, aunque es el hombre más rico del mundo. No usa trajes especiales ni le da por ser extravagante. Es sensible. En una ocasión, en mi oficina del antiguo Ayuntamiento, empezó a recordar con afecto a Pepe Iturriaga y a Fernando Benítez y terminó llorando. Se sospecha que su fortuna es compartida con Carlos Salinas y que éste tiene acciones anónimas en Telmex y que incluso las acciones con las que compró el The New Work Time son realmente de Salinas, pero todo sigue siendo un enigma". Luego AMLO sigue haciendo comentarios sobre los más ricos de México, pero como político evita caer en la simple condena o descalificación; aunque esos empresarios se lo merezcan.


4. En 2010 aparecen en la lista de Forbes, es decir, donde están los hombres más ricos del mundo y de este país, los siguientes mexicanos: Carlos Slim (Teléfonos), Salinas Pliego (TV Azteca), Larrea (Mineras) Bailleres (Cervecería, ITAM y Bolsa), Arango (Wal-Mart), Azcárraga Televisa), Hernández (exbanquero), Guzmán Loera (narcotraficante), Harp, González Barrera (Industria de la Masa), Zambrano (Cemento), Servitje (Bimbo, Nestlé), X González (Kimberly-Clark), Gastón Azcárraga (Mexicana de Aviación y Radiofórmula), Peralta, Garza, Fernández. Estos poderosos empresarios, junto a otros políticos como Salinas, Fernández de Cevallos, Calderón, Peña Nieto, Beltrones, Gamboa y otros más, forman en los 30 personajes que según el libro de López Obrador, son la mafia que dirige la política y la economía nacional y mantienen a la población en la miseria y la opresión.


5. Esa terrible mafia de 30 personajes que manda en el país que denuncia AMLO es real y ejerce el control sobre varios cientos de empresarios y políticos en toda la República. Es todo un aparato de poder que no paga impuestos, que hace gigantescos negocios en México y en el extranjero y que planea las líneas políticas que el gobierno pone en práctica. No hay nada que escape de su control ni tampoco nada que no pueda comprar. Si esto es así no me explico cómo se puede seguir jugando a los procesos electorales cuando se sabe que todo está bien planeado y acordado. Lo que López Obrador sufrió en 2004-2006 fue un bien planeado golpe de Estado anunciado, no un simple fraude electoral -como tontamente se ha creído- en el conteo de los votos. AMLO no podía llegar a la Presidencia por ningún motivo y AMLO lo ha dicho mil veces. Lo que sucede es que no hay memoria.


6. ¿Cuáles son los argumentos reales, serios, objetivos, para seguir engañando a la población para que vote por personajes que no conoce, por partidos sucios, podridos, corruptos, que la han engañado decenas o cientos de veces a los electores? Yo nunca en mis 50 años de "ciudadano" he votado en elecciones nacionales o locales, ni jamás me he ilusionado pensando en que algo podría cambiar o solucionarse por ese camino. Las denuncias de AMLO en su libro son suficientemente claras para entender que la mafia política controla absolutamente todo que tenga que ver con lo electoral o parlamentario; pero me parece ilusorio que después de demostrar que "un puñado de potentados manda en el país por medio del PRI o el PAN", se siga pensando que el único camino es el electoral y se haga a un lado la lucha social de masas; porque aunque llegue a decirse que se respeta, no se hace nada por ella.


7. "La mafia que se adueñó de México" es un buen libro, muy sencillo y claro porque está escrito con un lenguaje de político popular; pero como todas nuestras lecturas, debe ser leído con sentido crítico –no dogmático- para que nos ayude a comprender la realidad política que vivimos. Yo no sé si AMLO será nuevamente candidato del PRD, de Ortega y sus seguidores, que se ha convertido en agente al servicio de Calderón y del PAN; tampoco sé si llegaremos a las elecciones de 2012 antes de estallidos de rebeliones o de la salida del ejército de los estados de la República. ¿Qué tal si el pueblo no aguanta más su miseria y los problemas de migración hacia EEUU se complican más? En fin, no sé con qué fuerza seguirán avanzando los narcotraficantes y la delincuencia civil y gubernamental en el país. Pero no dejo de tener esperanzas en que muy pronto México sufra transformaciones radicales.


http;//pedroecheverriav.wordpress.com


¡¡¡ AL AIREEEE !!!

ALTERNATIVA LATINAMERICANA y TIEMPO DE MUJERES POR LA DEMOCRACIA

escúchanos en vivo desde los estudios de CFRU.CA la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, el espacio de los latinos con programación 3 horas en español

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ARISTEGUI CON IGNACIO DEL VALLE ATENCO VIVE



SI VOTAS RECUERDA EL PAN ES UN PELIGRO PA MEXICO

Calderón insiste en intervenir para favorecer a la coalición, señala Carlos Jiménez Macías

Atizan acusaciones PRI-oposición a horas de los comicios en Oaxaca

Denuncian diputados el uso de capacitadores de adultos para generar 83 mil votos al tricolor

Enrique Méndez y Agustín Galo Samario
Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 5

Oaxaca, Oax., 2 de julio. El consejo general del Instituto Estatal Electoral validó la funcionalidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), a pesar de las dudas sobre su operación, mientras la coalición opositora denunció que, mediante el estatal Instituto de Educación para los Adultos (IEA), se operó una estructura de promoción del voto en favor del priísta Eviel Pérez Magaña.

La acusación fue definida por el delegado del CEN del PRI, Carlos Jiménez Macías, como una estrategia de descalificación, que tiene como propósito preparar la anulación de las elecciones en el tribunal federal, ante un resultado que saben que les será adverso el domingo.

Diputados federales de oposición presentaron fotografías en las que aparece Cipriano Flores, director del IEA y ex titular del IEE antes que José Luis Echeverría, en una reunión denominada Campaña de la Victoria, el pasado 7 de mayo, donde supuestamente le entregó una carpeta con el programa de promoción para obtener 83 mil votos en favor de Eviel Pérez, mediante los capacitadores del IEA.

Aseguraron que, al mismo tiempo, 30 funcionarios de ese instituto estaban siendo interrogados en la delegación de la Procuraduría General de la República, donde se informó vía telefónica que sólo se habían girado citatorios a comparecer para empleados del IEA, pero que no había ningún detenido.

Mientras, en la sesión extraordinaria de este viernes, el presidente del consejo general del IEE, José Luis Echeverría, rechazó la solicitud de los partidos que integran la coalición –PAN, PRD, PT y Convergencia– para convocar a otra reunión donde se ventilaran denuncias sobre presunta entrega de materiales de construcción y la colocación de mantas con fotos de Gabino Cué y Flavio Sosa, con la leyenda estos son los violentos.

Previamente, tres consejeros presentaron el dictamen de especialistas en informática y matemáticas de tres universidades del estado, en el que se asegura que existe plena confiabilidad en la operación del PREP, desde la captura hasta la publicación de datos.

Sin embargo, la operación del sistema permanece a cargo de la empresa Proisi, que desde hace dos semanas no pudo efectuar pruebas del funcionamiento del programa.

El consejo señaló, en conferencia de prensa, que se comprobó la eficacia de 85 por ciento de los sistemas instalados en los comités distritales, con lo cual quedó un hueco de 15 por ciento.

Más tarde, en la sesión extraordinaria, el representante del PAN, Felipe de Jesús Zamora, sostuvo que se trata de un reporte ilegal, porque la comprobación del PREP se hizo sin la presencia de los partidos.

Zamora exigió otra sesión para dar cuenta de irregularidades, como la entrega de material electoral, por personal enfundado en chalecos del IEE a presuntos militantes del PRI, así como la colocación de mantas “que forman parte de la guerra sucia que continúa”.

También, el consejo general aprobó solicitar a la empresa Lito Formas la impresión de 12 mil 547 boletas para sustituir las que fueron quemadas en Jalapa del Marquez, por un grupo cercano a Cristóbal Carmona, ex dirigente del Panal en el estado y desconocido por su dirigente nacional, Jorge Kahwagi.

Por su parte, Jiménez Macías sostuvo que el presidente Felipe Calderón insiste en intervenir en la elección para favorecer a la coalición opositora.

Sin embargo, reconoció que un sector del tricolor también quiere que Eviel Pérez pierda el domingo, para cerrarle a Ulises Ruiz el paso a la dirigencia nacional priísta.

Envían OSC extrañamiento a titular de la SG


Deplorable, la opinión de Gómez Mont sobre defensores de DH


De la redacción

México, D.F, 2 jul 10 (CIMAC).- Feministas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), lamentaron lo dicho por Fernando Gómez Mont Urueta, respecto a que conmina a las y los defensores de Derechos Humanos (DH) a no “ser cómplices ni encubridores… ni ser tontos útiles de una delincuencia, a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad”.

En un extrañamiento enviado al titular de la Secretaría de Gobernación (SG) las y los firmantes lamentan que un funcionario que se precia de ser “demócrata”, exprese su asombro de que los organismos públicos de DH contengan y condicionen el ejercicio del gobierno, “ya que ésa es justamente su función en una democracia, cuando éste no cumple con su mandato”.

Precisan que durante la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, el funcionario también dijo que a veces tiene diferencias de opinión con los organismos de protección de los DH “porque el terreno es complejo”.

En una sociedad democrática, los actores públicos, privados y sociales no intercambian insultos ni expresiones peyorativas. “En ese sentido, un señalamiento del tipo que usted profirió resulta lamentable viniendo de cualquier actor público, principalmente de un funcionario gubernamental de tan alta investidura”, subraya el documento.

En un Estado democrático de Derecho, “los DH no son, ni pueden ser objeto de polémica, pese a la complejidad o gravedad de las circunstancias, o de los intereses que suelen estar en juego al defender los DH de la población”.

Y citan tres ejemplos; un consenso universal en torno a la prohibición de la tortura, de las desapariciones forzadas de personas y de la aplicación extensiva del fuero militar en perjuicio de civiles.

Sin embargo, afirman, el Estado mexicano sigue considerando estos temas como no discutibles, o que están sujetos a flexibilización.

Con ello se contravienen los principios que fundan la legalidad y la legitimidad de un orden social democrático y justo, en el cual las personas gocen de los mayores estándares en el ejercicio de sus derechos.

Subrayan que en una sociedad democrática, garante y respetuosa de los DH, no pueden ponderarse, ni jerarquizarse los derechos fundamentales, de tal modo que uno deba sacrificarse en aras del otro.

De igual manera increpan a Gómez Mont que a la luz de la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas en 1998, el Estado mexicano y el gobierno “del que usted forma parte” deben tanto reconocer la importante labor social y democrática que realizan las instituciones públicas y las organizaciones sociales, y las y los defensores de DH, como brindar protección a su integridad.

“Los calificativos a los defensores de DH tildándoles de cómplices y de “tontos útiles” denota el peligroso lugar en que coloca la gran labor y el compromiso que guardan hacia la defensa y protección de los derechos humanos”.

Recuerdan al titular de la SG que sus “calificativos son contrarios a la posición pública e internacional que ha sostenido en diversas oportunidades el gobierno mexicano, del cual usted forma parte, de buscar la seguridad y el combate a la delincuencia con apego a derecho y respeto irrestricto de los derechos humanos”.

Entre las 20 organizaciones firmantes se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Observatorio de Protección de los Derechos Humanos, entre otras.

Al cierre del foro sobre el Uso del Tiempo y Políticas Públicas


Innovadora propuesta para construir una sociedad más igualitaria


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 2 jul 10 (CIMAC).- En México, como en Latinoamérica, se requieren “leyes de economía del cuidado”, que obliguen a los Institutos de Estadística de cada país a levantar encuestas periódicas sobre el uso del tiempo con el fin de visibilizar que la mayor carga de trabajo recae en las mujeres, y así avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Cecilia López Montaño, senadora colombiana dijo a Cimacnoticias que una “ley de economía del cuidado” establece las bases para que los gobiernos realicen ese “esfuerzo financiero” poco significativo, en comparación con los resultados que arroja esa valoración.

En el último día de trabajos de la Octava Reunión Internacional Estadísticas sobre Uso del Tiempo y Políticas Públicas, que se celebró aquí esta semana, la senadora del Partido Liberal de Colombia, dijo que sin leyes es muy difícil movilizar acciones de este tipo, debido a que es muy difícil convencer a quienes están en el poder de la necesidad de valorar el trabajo doméstico.

La economista y política presentó en agosto de 2009, el Proyecto de Ley de Economía del Cuidado, el cual fue aprobado en el Senado y actualmente sólo le falta un debate en la Cámara de Representantes, para que entre en vigor.

Avanzar en la aprobación de dicho proyecto de ley fue difícil, hubo oposición, sin embargo, se dieron cuenta de cuánto vale el trabajo de las mujeres en el hogar, que en el caso de Colombia significa el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con la investigación y análisis de Mercedes Pedrero, demógrafa especialista en el tema, en México la economía del cuidado del hogar y la familia representa el 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En el caso de Colombia, los legisladores se resistían porque creían que implicaría el pago de un salario para las personas que realizan las tareas del hogar, pero ese no es el objetivo, ya que ello sería reforzar el papel de las mujeres en el ámbito doméstico y negarles la oportunidad de compartir el tiempo entre trabajo remunerado y no remunerado de manera más equitativa, explicó.

Una Ley en la materia implica cambios sustanciales y que se destinen recursos. El Estado va a tener que asumir parte de la economía del cuidado, como el cuidado infantil y el de personas adultas mayores.

En México, como en algunos países de América Latina, los Estados redujeron sus presupuestos en ámbitos de servicios públicos, y las mujeres se convirtieron en prestadoras de éstos.

En la región es evidente que las mujeres trabajan más que los hombres, si se suman las horas de trabajo remunerado y no remunerado, aún cuando los hombres están desempleados, el tiempo que las mujeres dedican al hogar, es mayor que el que ellos invierten, aseveró.

Además, ellas ganan menos y tienen menos tiempo para el ocio, “si queremos una sociedad más igualitaria, debemos hacer visible este aporte tan grande de las mujeres al desarrollo”.

Visibilizar el trabajo de las mujeres es el primer beneficio derivado de una ley en la materia, el segundo es darles libertad para tomar decisiones sobre su vida en igual condición que los hombres, “ya que muchas de ellas, se frenan en el trabajo remunerado, porque cargan solas con el trabajo en el hogar”.

Por otro lado, la legislación ayuda a la valorización del trabajo no remunerado, “los hombres van a tener menos reticencia para apoyar este trabajo, que se ha hecho visible”.

Sin duda, dijo, la visibilización de la problemática debe traducirse en políticas públicas, sin embargo, pese a los avances en la región, esto no ha ocurrido.

A decir de la especialista, una de las vías para que se concreten políticas públicas en la materia, es una mayor participación política de las mujeres, quienes deben comenzar a hablar de temas económicos y políticos, ya que el poder “es la manera más rápida de hacer los cambios”.

De lo contrario, aseveró, “el avance será lento, porque convencer a los hombres de que pierdan todo lo que han tenido, para cedérselo a la mujer, no se hace fácil, es una lucha política intensa, y las mujeres tienen que empezar a valorar el poder como un mecanismo para lograrlo”.

Instauran ONU/mujeres y se fusionan esfuerzos de instancias de DH

Día histórico para el empoderamiento de las mujeres en el mundo

De la redacción

México, DF, 2 jul 10 (CIMAC).- Con el fin de promover la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y niñas y la defensa de sus Derechos Humanos (DH), la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) instauró hoy la organización UN Women (ONU Mujeres) que empezará a operar a partir del 01 de enero de 2011.

La fue creada con la adopción de la resolución A/RES/63/311, en septiembre de 2009, por parte de la Asamblea General de la ONU y su principal función será respaldar a los órganos intergubernamentales para la formación de políticas públicas a favor de los DH de las mujeres.

Otra de sus funciones será ayudar a los Estados miembro a implementar esas políticas, otorgando apoyo técnico y financiero, además de formar alianzas con la sociedad civil y velar por el cumplimiento de los compromisos de género de Naciones Unidas dentro de la propia Organización.

Con un alcance mundial, UN Women fusionará al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW) y la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI).

En un comunicado, Inés Alberdi directota ejecutiva de UNIFEM señaló que “este es un día histórico para la defensa de los DH de las mujeres, pues la creación de esta nueva entidad de género es un objetivo que habían perseguido desde hace muchos años”.

“Hoy celebramos un comienzo, no un fin. El trabajo que UNIFEM ha apoyado continuará, tras fusionarse en una institución que será más fuerte y coherente, con mayores recursos que la suma de sus partes”.

Por su parte el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon señaló que esta nueva entidad, impulsará los trabajos de Naciones Unidas para la lograr la igualdad de género, ampliar las oportunidades y ponerle fin a la discriminación de las mujeres en todo el mundo”

Ban afirmó que el empoderamiento de las mujeres, es una de sus prioridades, como lo es poner fin a la violencia de género y la reducción de la mortalidad materna.

Si bien durante muchos años habíamos trabajado eficazmente con nuestros socios nacionales, regionales y mundiales por hacer visible la condición social de las mujeres, como la violencia de género, la participación política y el liderazgo en los procesos de paz, éstos no habían recibido la atención suficiente.

El trabajo de las cuatro entidades de la ONU se encontraba fragmentado y carecían de un financiamiento suficiente que permitiera implementar los compromisos de igualdad, entre mujeres y hombres, asumidos por los Estados miembro, por lo que la creación de la UN Women como un motor único que dirija sus acciones en pro de la igualdad entre los géneros, se hacia necesario.

“Ésta es la razón principal por la que nos unimos al llamado de los Estados Miembro de la ONU y de las y los defensores de DH de las mujeres para fortalecer el sistema de la ONU, de modo que diera un respaldo aún más firme al logro de la igualdad de género” enfatizó la Directora Ejecutiva de UNIFEM.

Cabe señalar que los acuerdos establecidos por cualquiera de las 4 entidades de la ONU (UNIFEM, DAW, UN-INSTRAW y OSAGI) ya sea en el contexto de alianzas, programas o acuerdos de financiamiento, serán transferidos y respetados por UN Women.

PUEBLO UNIDO POR LOS TRABAJADORES..

Sin libertad sindical no hay democracia

Arturo Alcalde Justiniani

La libertad sindical continúa siendo una asignatura pendiente en la agenda democrática del país. Más allá de declaraciones oficiales, organizarse gremialmente es toda una odisea. Cualquier iniciativa suele enfrentarse a toda clase de obstáculos, empezando por el patrón, quien considera un agravio que sin autorización suya los trabajadores se reúnan y decidan con autonomía constituir un gremio o cambiar de directiva. También, las autoridades se sienten con el derecho de otorgar y quitar tomas de nota atendiendo a sus intereses. Los líderes, cuya corrupción se exhibe en su ostentosa forma de vida, complementan el cerco con su complicidad; la libertad sindical pondría en riesgo su negocio, por cierto el más detestable: traficar con los derechos, el futuro y los sueños de los hombres y mujeres que trabajan.

La imposibilidad práctica de los trabajadores mexicanos de organizarse libremente limita la existencia de una contratación colectiva auténtica, que es clave en cualquier sistema laboral moderno, obstaculizando el diálogo social, considerado en el mundo como un medio privilegiado para el desarrollo de las sociedades. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiriéndose a la libertad sindical, ha señalado: ...reconocida como fundamental por todas las cartas de derechos humanos... la libertad de asociación garantiza a los trabajadores y empleadores el derecho de trabajar conjuntamente en la consecución de sus intereses comunes y laborales. Su máxima expresión es la negociación libre y voluntaria de las condiciones de trabajo....

La libertad sindical no es un valor abstracto o un ideal inalcanzable; al contrario, es normal en países democráticos y su ausencia se refleja en la precariedad laboral. Basta mirar nuestro propio entorno. El salario en México está ubicado entre los más bajos del mundo, las jornadas de trabajo crecen y en muchos centros laborales llegan a las 12 horas diarias, la contratación por honorarios se convierte en práctica común de los gobiernos y, cuando aplican recortes presupuestales, la primera medida es sacrificar el ingreso de estos indocumentados laborales. Podemos confirmarlo en la iniciativa privada, en las dependencias federales y en los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

La degradación laboral se recrudece en las últimas décadas, afectando a trabajadores de distintos sectores. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia no se reconoce relación laboral, ni el derecho a la seguridad social a varios miles de trabajadores, a pesar de que vienen laborando durante muchos años. Quienes se desempeñan en la banca de desarrollo sufren acoso por tener la osadía de intentar formar una federación democrática. Su dirigente, Ángel Romo Lazo, hace unos días denunció valientemente la persecución que sufren de la gerencia de Banobras por el pecado de tomar en serio su derecho a la libertad de asociación. Como respuesta a la presión ejercida, los trabajadores del sector han hecho un frente común. A nivel de la pequeña y mediana empresa, la indefensión es la regla general. Ante la escasez de empleo, se impone a los solicitantes condiciones indignas, como la firma en blanco de renuncias y pagarés; verdaderas mafias se han apoderado de las compañías de limpieza y de servicios, el acoso sexual y los despidos por embarazo son cosa de todos los días. La afiliación al Seguro Social con el salario real es un verdadero triunfo. El pasado jueves cumplieron 100 días en huelga los despachadores de gasolina de la estación Belem en esta ciudad; reclaman a su patrón, Salvador Guerrero Alonso, sólo salario mínimo profesional y seguridad social. Se resisten a ser únicamente propineros.

En contraste a los verdaderos problemas de la gente, mañana asistiremos a una jornada electoral plagada de promesas demagógicas, ausente de compromisos concretos en temas como recuperación salarial, cambio en los sistemas de justicia y protección social universal. La población bien sabe que las vagas referencias al empleo sólo se concretan en los parientes y amigos de los candidatos. Obviamente, el tema de los derechos civiles, políticos y económicos, incluido el de libre asociación gremial, no aparece. La lógica de los partidos anda en otro lado.

La condición de la libertad sindical en México se acredita con el hecho de que sólo uno de cada 100 trabajadores tiene el privilegio de contar con un sindicato democrático. La pregunta es: ¿qué hacer para superar esta postración? No cabe duda de que la organización social y política es un medio de defensa insustituible y que uno de sus caminos es el uso de los mecanismos internacionales de defensa, entre ellos, la presión de organizaciones de todo el mundo para que el gobierno mexicano respete las normas de convivencia internacional, como el Convenio 87 de la OIT, que, por cierto, mañana cumple 60 años. Este valioso instrumento forma parte del orden jurídico mexicano, por disposición del artículo 133 constitucional, con jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo, atendiendo la tesis aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2007. Este convenio señala que los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a organizarse con absoluta libertad, y las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Una vía internacional para presionar a su cumplimiento son las quejas presentadas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, del cual el gobierno mexicano es cliente frecuente.

En estos días, la SCJN definirá la suerte de la toma de nota y la posibilidad de un nuevo criterio que impida la intromisión de las autoridades en la vida de los gremios, revisando la jurisprudencia 86/2000. Emitir una sentencia ajustada al Convenio 87 de la OIT sería un paso congruente con otras decisiones dictadas en el pasado en favor de la libertad sindical.

Sector minero: tensiones crecientes
Editorial La Jornada
El pasado miércoles trabajadores pertenecientes a la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana iniciaron una huelga en la mina de El Cubo, en Guanajuato, ante la negativa de la empresa canadiense Gammond Gold –titular de la concesión de ese yacimiento– a cumplir con el pago de las utilidades. Ayer, funcionarios de la corporación canadiense reiteraron su negativa a dialogar con los trabajadores y señalaron que las acciones de éstos están fuera de la ley. Por su parte, en entrevista radiofónica, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, calificó la huelga como un chantaje de los mineros y reiteró los argumentos de la parte patronal en el sentido de que las medidas de protesta de los sindicalistas han provocado, en el último mes, una caída de 30 por ciento en las acciones de la compañía.

La colocación de las banderas rojinegras en el mineral referido es el episodio más reciente de un conflicto que se recrudeció desde el pasado 3 de junio, cuando los sindicalizados emprendieron acciones de resistencia en demanda del reparto de utilidades –el cual, aseguran, no se realiza desde hace 10 años– y de mejores condiciones de trabajo. En respuesta, la empresa despidió arbitrariamente a los cerca de 400 trabajadores de la mina, interpuso una denuncia penal en su contra por despojo y clausuró indefinidamente las instalaciones de El Cubo, Las Torres y Peregrina. Días después, el 18 de junio, decenas de trabajadores de esa mina impidieron el ingreso a directivos de Gammon Gold que buscaban, acompañados de 60 guardias privados, extraer la maquinaria y el equipo de trabajo del interior del socavón.

Resulta inevitable vincular la tensa situación que se ha presentado en días recientes en El Cubo con los desalojos policiacos de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila. Tales episodios confirman la proliferación de factores de tensión en el sector minero, como consecuencia de la unilateralidad y arbitrariedad de las empresas del ramo –nacionales y foráneas– y el evidente alineamiento de las autoridades laborales –que debieran actuar en forma imparcial– a los intereses patronales. En los últimos años, a las amplias concesiones otorgadas durante el ciclo de gobiernos neoliberales a los capitales nacionales y foráneos para hacerse de yacimientos en el país –condiciones que favorecieron en particular a las compañías mineras de Canadá– se ha sumado una disposición oficial a favorecer los intereses de los inversionistas en ese sector, y ello se ha puesto de manifiesto con la exoneración a los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos donde en enero de 2006 murieron 65 trabajadores; con el empecinamiento de la propia STPS en atribuir a los mineros la responsabilidad por la huelga de Cananea y el posterior desalojo de esa mina, y con la evidente suscripción de la postura patronal en el caso de El Cubo.

El correlato de esta actitud abiertamente proempresarial es la beligerancia oficial contra los gremios, que se refleja en la determinación de las autoridades para resolver por medio de la fuerza policial los conflictos laborales y en el acoso judicial para los sindicatos.

En la circunstancia presente, el carácter oligárquico y antipopular del grupo gobernante constituye un acicate para el surgimiento de escenarios riesgosos en términos de estabilidad y paz social. Si las autoridades no logran conjurar esa actitud en el conflicto que se desarrolla en El Cubo, estarán contribuyendo a la proliferación indeseable de escenarios explosivos en un panorama nacional de por sí sobrado de ellos.

Memoriales de amicus curiae en México

Miguel Concha

El amicus curiae (amigo de la corte) es una institución jurídica de origen romano que forma parte de la práctica judicial anglosajona y se considera incluso comprendida en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Ha sido recogida en los reglamentos del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana (CIDH), ambos de Derechos Humanos.

En los últimos años se ha hecho costumbre en muchos países que antes no la reconocían, sobre todo en causas de derechos humanos y cuando un litigio es fundamental para la existencia de un Estado de derecho democrático. Surge entonces como medio de participación ciudadana en torno a temas y problemas de interés público, con el que personas o grupos expertos e interesados en un proceso aportan a los jueces elementos sustantivos, sobre todo cuando se trata de proteger garantías fundamentales.

En México no está garantizada por la ley, y por eso, en 2004 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria propuso introducirla en nuestra práctica judicial, durante la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, que ese año y durante 2005 abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De manera sucinta, la SCJN la asumió dentro de las 30 propuestas que publicó el 11 de septiembre de 2006 en el Libro blanco de la reforma judicial (una agenda para la justicia en México), aclarando que su implementación también puede lograrse en el corto plazo mediante una decisión de la Corte en esta dirección.

En su motivación expresa que las funciones de un tribunal constitucional trascienden el interés de las partes y que, por ello, “para lograr mayor acceso a la justicia y promover una mejor y más amplia participación social en la defensa de los derechos fundamentales y las controversias políticas, se debe introducir en algunos mecanismos procesales existentes (e.g. controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis e, incluso en ciertas hipótesis, el propio amparo)”. Desde entonces, que sepamos, han sido presentados a la SCJN ocho memoriales de amicus curiae, y sólo uno a un tribunal de Acapulco.

En mayo de 2007 la Clínica Legal de Interés Público de ITAM presentó uno a propósito de la discriminación de los medios públicos y comunitarios en la ley Televisa. En agosto de 2009, 26 organizaciones universitarias y de derechos humanos de 13 países, así como la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas, entregaron por separado otros tres documentos bajo la figura de amicus curiae, afirmando que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos. Este año, la SCJN ha recibido por lo menos otras seis presentaciones de amicus curiae, lo que también manifiesta el compromiso de la sociedad por un verdadero estado de derecho democrático. A comienzos de este año, el grupo plural del Senado que da seguimiento al caso de los ex funcionarios de Michoacán detenidos el 26 de mayo de 2009 por presuntos nexos con el narcotráfico, entregaron también uno con el fin de aportar pruebas que aceleren la liberación de los 19 que entonces seguían detenidos en el penal de Mil Cumbres.

En mayo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentaron a su vez bajo esta figura dos documentos en relación con los presos de San Salvador Atenco. Y el 9 de junio, el Prodh y los padres de familia del Movimiento 5 de Junio entregaron otro que acredita la falta de debida diligencia del Estado en materia de lucha contra la corrupción, dentro del deber de garantizar el derecho de acceso a la salud y la seguridad social, así como la conculcación, entre otros, de los derechos de la infancia y el derecho al acceso a la información pública.

El 10 de junio, una delegación del Tribunal Internacional por la Libertad Sindical hizo lo propio, al presentar al presidente de la SCJN los resolutivos de esa instancia internacional ciudadana de justicia laboral. El 25 de junio, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos presentó un amicus curiae manifestando su acuerdo y aprobación al proyecto del ministro Sergio Valls, en el que concluye que los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción no son violatorios de la Constitución ni de ningún tratado internacional ratificado por México. Y por fin, esa misma semana, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera, conjuntamente con otras organizaciones civiles y sociales, así como personajes del mundo académico y eclesial, como el obispo Samuel Ruiz, presentaron otro memorial de amicus curiae contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y las graves violaciones a los derechos civiles y sociales de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por parte del gobierno federal.

En forma más que bien fundamentada en el marco jurídico nacional y en la CADH, así como en su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en la jurisprudencia internacional, en particular la de la CIDH –a las que, por cierto, está jurídicamente obligada la propia SCJN–, pide a la Corte, entre otras cosas, que se consideren los argumentos allí expresados en el momento de resolver el amparo indirecto interpuesto por el SME, se haga efectivo el principio de igualdad ante la ley y el cumplimiento del artículo 25 de la CADH, así como que se les garantice un juicio justo.La sociedad está en espera de esa respuesta.

ONU crea agencia para promoción de derechos de las mujeres

ONU

MILENIO publica que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó hoy de forma unánime la creación de la agencia “ONU Mujeres”, que buscará promover la igualdad de género y los derechos de la población femenina en el mundo.

“ONU Mujeres impulsará significativamente los esfuerzos de Naciones Unidas para promover la igualdad género, expandir las oportunidades y abordar la discriminación en el mundo”, expresó Ban Ki-moon ante la Asamblea General.

La agencia fusionará la labor de la Oficina de la asesora del secretario general para cuestiones de género, la División para el avance de la mujer, el Instituto de la ONU para investigación en capacitación en cuestiones de género (INSTRAW) y el Fondo de la ONU para la mujer (UNIFEM).

La Asamblea General indicó que ONU Mujeres no sólo fusiona a las mencionadas agencias sino que además mejorará y reimpulsará los esfuerzos que ya se hacían en torno a la igualdad de género y la no discriminación. La nueva oficina recibirá un presupuesto de al menos 500 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos de la Asamblea General, una suma que duplica lo que ya recibían las cuatro agencias ahora extintas dentro del sistema de la ONU.

“ONU Mujeres dará a las mujeres y niñas la voz fuerte y unificada que merecen en el escenario mundial”, indicó Asha-Rose Migiro, secretaria alterna de Naciones Unidas, durante la sesión en que se decidió crear la agencia.

La ONU informó que la nueva oficina es el resultado de años de negociaciones entre Estados y organismos internacionales que abogan por los derechos de la mujer.

Mujeres empezará sus operaciones en enero de 2011 con dos tareas: respaldar a los órganos intergubernamentales para la formación de políticas, y ayudar a los Estados miembros a implementarlas mediante apoyo técnico y financiero. Además, ONU Mujeres formará alianzas con la sociedad civil y velará por el cumplimiento interno de los compromisos de género de Naciones Unidas, reporta MILENIO.

Atenco, los movimientos sociales y la justicia

Francisco López Bárcenas

Por fin. Después de que los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra permanecieran cuatro años, un mes y veintiséis días injustamente privados de su libertad, tres de ellos en una cárcel de máxima seguridad, de esas diseñadas para que peligrosos delincuentes purguen sus penas, en una celda de dos por tres metros, donde tenían que pasar veintitrés horas del día en la más completa soledad, con derecho a una en el patio de la prisión, que podía ser suspendida por cualquier motivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que su reclusión era ilegal y ordenó su libertad inmediata.

En el debate prevalecieron las razones de la mayoría de los cinco ministros de la primera sala del máximo tribunal de la República, frente a la de su presidente que, contra toda evidencia, sostuvo que los quejosos eran responsables de los delitos que se les imputaban, y a la de otro de sus integrantes, quien proponía reclasificar el delito por el que se les condenó y devolver el expediente al tribunal responsable del proceso para que emitiera otra sentencia.

La resolución es un triunfo evidente de los movimientos sociales, que frente al uso de los aparatos de procuración e impartición de justicia, lo mismo federales que de los estados de la República, han tenido que incluir dentro de sus demandas la libertad de sus compañeros detenidos y el cese a la represión de los que cargan con órdenes de aprehensión en su contra por su participación en la protesta social y la defensa de los derechos ciudadanos y de los pueblos. En lo inmediato, la victoria se refleja en la libertad de los detenidos. Pero tiene otros efectos, que se desprenden de los argumentos vertidos por los propios ministros durante el debate, entre ellos: que la Procuraduría de Justicia del estado de México acusó a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el juez que conoció del caso dictó sentencia con base en premisas falsas y endebles, y que aun así tales pruebas eran insuficientes e ilícitas para condenarlos. En otras palabras, los ministros dieron la razón a todos los ciudadanos de México y del mundo que denunciaron que la condena de los luchadores sociales obedecía a motivos políticos.

Pero si alguna duda quedara de que esa y no otra era la naturaleza del proceso y la sentencia recurrida, el ministro Juan N. Silva Meza lo expresó claramente durante su intervención, afirmando que las sentencias por las que los procesados solicitaban el amparo mostraban de forma maquillada una actitud institucional de criminalización de la protesta social, cuyo fin era castigar a la oposición. Para ilustrar su afirmación, dijo que la acusación contra ellos se basó en la circunstancia de que se encontraban en el lugar de los hechos, donde fueron detenidos, pero sin probar que ellos los hubieran cometido; y como no pudieron hacerlo, prefirieron responsabilizarlos enfatizando su participación en una organización social, partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delitos por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas.

La aseveración tiene importancia porque el caso de San Salvador Atenco no es excepción en el país, sino la regla con que desde el Estado se mide la conducta de los movimientos sociales. Si no fuera porque el razonamiento del ministro derivaba de un caso concreto, se podría afirmar que no se estaba juzgando la conducta de las autoridades mexiquenses, sino las del país entero, todo el sistema de justicia mexicano. Por eso hay que celebrar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que se aparta sustancialmente de otras anteriores, pero no olvidar que miles de casos de esa naturaleza esperan sentencia, no en la primera sala del máximo tribunal del país, sino en los juzgados del fuero común y federal, y es ahí donde hay que dar la batalla.

Entre los inmediatos: exigir castigo a los responsables de las violaciones contra 27 compañeras durante su detención aquel ominoso 4 de mayo de 2006, justicia para los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, los trabajadores de Cananea, los triquis de San Juan Copala, los comuneros de Santa María Ostula y la libertad de Raúl Hernández Abundio, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), preso en Ayutla de los Libres, por citar algunos. También habrá que volver la vista a los congresos de los estados y al federal para exigir que se derogue el tipo penal de secuestro equiparado, cuya única razón de ser es la criminalización de la protesta social.

Repudia crimen de comunicadores en Coyuca de Benítez


Califica SIP como censura el asesinato de periodistas en México


De la redacción

Guatemala 2 jul 10 (CIMAC/Cerigua).- La Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP) repudió la violencia en México, por los recientes asesinatos de la periodista María Elvira Hernández Galeana, y de su esposo, Juan Francisco Rodríguez Ríos, también reportero, en Coyuca de Benítez, Guerrero, con lo que se eleva a seis el número de crímenes de comunicadores en lo que va del año.

En un comunicado, la SIP pidió la intervención inmediata de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a fin de investigar de manera expedita los hechos y deslindar responsabilidades.

El lunes 28 de junio cerca de las 21:30 horas, los comunicadores; ella responsable de un semanario en la localidad, y él corresponsal de El Sol de Acapulco, fueron asesinados mientras se encontraban en un cibercafé junto a su hijo de ocho años. El menor de edad resultó ileso.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, de Miami, se solidarizó con sus colegas y condenó el crimen, sobre todo porque estamos ante un hecho de censura, “que no sólo quita la vida de los periodistas, sino que también crea una cultura del miedo, cercenando el derecho del público a la información”.

En la ciudad de México, el titular de la SIP, dijo que en México “estamos evidenciando la violencia contra la sociedad entera y contra los políticos involucrados en las elecciones del 4 de julio”, en referencia al asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.

Aguirre pidió públicamente al fiscal especial, Gustavo Salas Chávez, a que la instancia que dirige, intervenga de inmediato en las investigaciones de los asesinatos contra periodistas en México, donde, en lo que va del año, otros cuatro periodistas han sido ultimados, y seis están desaparecidos.

Rodríguez Ríos también era dirigente de la sección 34 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, al suroeste de Ciudad de México.

De acuerdo con medios locales, durante la convención de la organización realizada recientemente, el periodista denunció acoso a la libertad de expresión en esa zona del país. Su esposa tenía un semanario en esta localidad.

El diario El Sol de Acapulco, para el cual laboraba Rodríguez Ríos, difundió en su versión electrónica que, de acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por agentes de la Policía Investigadora Ministerial, un sujeto armado entró al establecimiento y pretendió asaltarlo.

El Sol de Acapulco, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana (OEM), compañía de medios impresos de México, se pronunció también por los atentados ocurridos la semana pasada contra las instalaciones de Televisa, y del periódico Noticias del Sol de la Laguna, en Torreón, Coahuila.

Desconocen Ley para ser atendidas con respeto: Pérez Castañeda


Veracruzanas no denuncian violencia gineco-obstétrica

Por Brisa Gómez, corresponsal Xalapa, Ver, 2 de jul 10 (AVC/CIMAC).- Entre la comunidad médica, las autoridades, la sociedad, y los legisladores en Veracruz, aún existe resistencia para aceptar que existe la violencia gineco-obstétrica, en contra de las mujeres, lo que ha complicado que la población conozca este tipo de abuso, lo denuncie y se sancione, expresó la diputada Dalia Pérez Castañeda. Veracruz es el único estado en la República mexicana que ha tipificado, dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en su código penal, el delito de violencia gineco-obstétrica, con el que se sancionan abusos, y malos tratos a las mujeres en materia de atención a su salud sexual y reproductiva.

La legisladora explicó que la violencia gineco-obstétrica es tan común que por lo menos ha sido sufrida una vez en la vida de cada mujer, al practicarse un papanicolau, o al tener una consulta ginecológica cuando no son atendidas con el respeto que se merecen, y eso no debe ser motivo para que dejen de recibir atención médica. A la fecha, no existen cifras reales u oficiales sobre este tipo de maltrato o a las denuncias presentadas, porque las mujeres casi no denuncian este tipo de hechos por las pruebas que se les exigen, así como por la violación a su intimidad, que representan no sólo las pruebas periciales, sino las mismas declaraciones, y el resto del proceso legal que implica una denuncia, abundó la legisladora.

En Veracruz, se considera violencia gineco-obstétrica, y se sanciona, la esterilización forzada, la práctica de cesáreas innecesarias, los tocamientos innecesarios y el trato denigrante para la mujer en la revisión ginecológica, entre otros. Y aunque este reglamento penal está vigente en la entidad, muchas mujeres lo desconocen, por lo que se han buscado mecanismos para que la población conozca sus derechos sobre todo en materia gineco-obstétrica, puntualizó. También, dijo, se busca que la propia autoridad, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado conozca el delito, lo atienda y resuelva de manera inmediata las denuncias que presenten las mujeres.

Dicen autoridades sobre carteles de la “Otra mirada católica al aborto”

Por cuestiones “técnicas”, la censura a campaña de CDD en Querétaro

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 02 jul 10 (CIMAC).-
Las autoridades del estado de Querétaro aún no dan una respuesta concreta sobe las causas de la clausura de anuncios espectaculares que informan sobre la campaña “Otra mirada católica al aborto”, denunció la organización Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) durante una manifestación en esa ciudad.

Este jueves, decenas de mujeres agrupadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres e integrantes de distintas organizaciones de la sociedad civil como CDD, la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Ipas México, y otros colectivos, se sumaron a una protesta a favor de la libertad de información en temas como el aborto.


De acuerdo con Minerva Santamaría, coordinadora del Área de Juventud de CDD, esta manifestación que se realizó en el marco de las movilizaciones que el Pacto realiza el primer jueves de cada mes, tenía como objetivo denunciar la censura con que se manejan temas como la interrupción legal del embarazo no deseado.
Explicó que con la campaña “Otra mirada católica al aborto” -la cual consta de spots en radio, espectaculares informativos, una línea 01800 y una página electrónica- ofrece orientación a las mujeres, por lo cual, si el Estado la esta censurando, asume un papel que no le corresponde.

Detalló que durante la manifestación una comitiva de mujeres fue recibida por funcionarios estatales, quienes lejos de responder sus cuestionamientos, explicaron que los espectaculares se clausuraron porque se estaba ordenando que cumplieran con las especificaciones técnicas, misma respuesta que días antes recibieron. Detalló que aunque solicitaron las órdenes de clausura de siete de los nueve espectaculares que contenían la frase “La iglesia católica no condena el aborto en muchos casos”, estas no les fueron proporcionadas y por el contrario se les invito a pedirlas a través del sistema de acceso a la información.

Argumento, que a decir de Minerva Santamaría, sólo fue una respuesta “políticamente correcta”, no obstante -señaló- solicitarán estos documentos, pero además están trabajando para documentar este caso de clara censura y de coartación a la libertad de expresión.

La activista expresó su preocupación porque se impide el derecho a que la sociedad este informada sobre temas de salud sexual y reproductiva, razón por la cual harán llegar un informe a los relatores especiales de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

Considera AI, que es lo que debe seguir en el caso Atenco


Reparar a las víctimas del uso indebido del sistema de justicia


Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 2 jul 10 (CIMAC).- Debido a que no existen fundamentos jurídicos que impidan la libertad inmediata de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, los tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) fueron liberados alrededor de las 21:30 horas de ayer, luego de permanecer más de 4 años en la cárcel.

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el 30 de junio la inmediata libertad para los 12 presos de Atenco, acusados de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006, y del 8 de febrero y 6 de abril del mismo año, su salida del penal se retrasó por varias horas.

Esto debido a que la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó que existían otras órdenes de aprehensión, giradas por jueces del estado de México contra los tres líderes de Atenco, así lo afirmó a Cimacnoticias Sandino Ribero, uno de los abogados de los luchadores sociales.

Precisó que ayer jueves, la SSP federal informó en un comunicado de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, que estaban pendientes cuatro procesos penales, sin embargo no es así porque –señaló- en abril pasado la defensa interpuso un amparo que las autoridades aún no responden, es decir, no se han girado las órdenes de aprehensión.

Por tal motivo, y aunque el amparo otorgado por la SCJN, sólo abarca el delito de secuestro equiparado, las autoridades del penal de máxima seguridad tuvieron que dejar libres a los tres presos.

Además Sandino Ribero destacó que Héctor Galindo salió una hora después de que fueron puestos en libertad sus compañeros, precisamente por estas intervenciones de la SSP.

De acuerdo con información de integrantes de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, los tres integrantes del FPDT llegaron durante la madrugada de hoy viernes al centro de Atenco, donde los esperaba una multitud para festejar su salida.

Finalmente, Sandino Ribero señaló que el encarcelamiento de Ignacio y Felipe “fue una maniobra en un conflicto político entre el gobernador del Estado de México y el gobierno federal”, sin embargo -dijo- estamos felices de su liberación.

Mientras los presos esperaban los trámites de su salida, Amnistía Internacional difundió un comunicado en el que consideró que “la decisión de SCJN, no debería significar el fin de este asunto”, sino que debería servir como una plataforma para reparar a las víctimas del uso indebido del sistema de justicia, y para garantizar que los funcionarios responsables rindan cuentas.

El organismo internacional, con trabajo en derechos humanos, manifestó que es esencial que este caso sirva para concretar la transformación del sistema de justicia para terminar con la fabricación de procesos por motivos políticos y para garantizar el juicio justo.

En el comunicado, también se señala que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados en la desviación de la justicia, porque terminar con la impunidad en casos como estos, “es esencial para que el sistema de justicia deje de ser un instrumento para reprimir activistas sociales, opositores, y defensores de derechos humanos”.

Niega secretario de gobierno que existan “focos rojos”

Se reportan listos los observadores de comicios en Oaxaca


Por Nadia Altamirano Díaz

Oaxaca, Oax 2 jul 10 (CIMAC).- En medio de una jornada electoral competida, con intromisiones de funcionarios públicos, un órgano electoral cuestionado y un posible conflicto postelectoral, este domingo en Oaxaca dos millones 574 mil electores podrán elegir a quien los gobernará los próximos seis años, y a los 42 legisladores que durante tres años conformarán el Congreso Local, y a los integrantes de 152 ayuntamientos.

En Oaxaca, durante las elecciones de este domingo podrían registrarse incidentes relacionados con “viejos agravios” o “los temores que quedaron de hace cuatro años”, advierte José Antonio Crespo Mendoza, investigador y docente de la división de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica.

Y es que apenas el jueves pasado, militantes del Partido Nueva alianza (Panal) quemaron parte de la paquetería electoral que se utilizará en el municipio istmeño de Jalapa del Márques. Por esos hechos fueron detenidas 10 personas que, según el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, es una muestra “de lo que no se debe de hacer,.

El jueves también se registró un nuevo asesinato en la convulsionada zona triqui, está vez de un integrante de la Unidad de Bienestar social de la Región Triqui (Uisort), Severiano Flores Ramírez, en una emboscada en la que resultó herida su esposa Herlinda Verónica Alavés Mendoza.

NO AGRADÓ LA VISITA DE EURODIPUTADAS

La presencia este viernes en la entidad de las legisladoras Satu Hassi de Finlandia y Franziska Keller, de Alemania –ambas del Partido Verde europeo- y tres funcionarios del parlamento Europeo llegaron a Oaxaca.

En un comunicado, la alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, informó que el jueves pasado ambas diputadas se reunieron con autoridades federales de la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.

No obstante, “lamentablemente, las autoridades del Gobierno de Oaxaca respondieron a estas solicitudes y gestiones mediante un comunicado oficial”, en el que señalaban que su presencia “será considerada como un acto de intromisión al proceso electoral en curso”.

Ambas diputadas no suspendieron su visita a Oaxaca, pero “ante la cerrazón del gobierno y los mensajes incluso intimidatorios de la Secretaría de Gobierno Estatal”, redujeron su estancia de dos a un solo día, con una agenda con dos encuentros de carácter privado con organizaciones civiles que han estado cercanas al proceso y al conflicto de la zona triqui.

El secretario general de Gobierno, Martínez Ramírez, negó que para esta jornada electoral haya focos rojos, sólo “algunos lugares que tienen algún conflicto pendiente”, como los problemas limítrofes que enfrentan en la región de la mixteca Chalcatongo de Hidalgo con Ixcatlan y San Juan Mixtepec con Santo Domingo Yosoyama.

San José del Progreso, en el distrito de Ocotlán, es otro de los municipios donde hay un conflicto social no resuelto, por las inconformidades que genera la instalación de una mina, y en el que hace dos semanas propició el asesinato del presidente municipal, Oscar Benancio Riveras y otro integrante del cabildo.

VIGILANTES DEL PROCESO ELECTORAL

Para denunciar los delitos electorales, combatir la corrupción y el chantaje, los casi 70 mil profesores de la Sección 22 del SNTE declararon un receso en su jornada de lucha, y en las primeras horas del viernes, levantaron el plantón masivo que mantenían en el zócalo de la ciudad y calles aledañas.

“En todas las rancherías, municipios y cabeceras distritales estaremos ahí para pedir un verdadero ejercicio de la democracia de manera transparente”, informó en conferencia de prensa el dirigente magisterial, Azael Santiago Chepi, quien recalcó que los profesores regresan a sus aulas este sábado “para ser garantes de la voluntad popular”.

Ante el Instituto Estatal Electoral están acreditados unos mil 700 observadores electorales, sin contar unas diez personas que integran la Comisión Internacional de comunicadores y observadores de derechos humanos que informarán a sus países de origen (Suecia, Argentina, España, Brasil y Suecia) sobre el proceso electoral afirmó Azril Bacal, integrante de la Asociación de Solidaridad Suecia América Latina.

Para el analista político, Isidoro Yescas, “estamos en una situación de alta competencia, las encuestas revelan un virtual empate técnico entre los dos candidatos de las dos coaliciones, esto genera bastante incertidumbre sobre los resultados del domingo.
Yo esperaría que pudiéramos tener una participación superior al 50 por ciento. El problema es que en Oaxaca hay mucha tensión y descalificación, así como una fuerte desconfianza hacia el órgano electoral”.

El clima de violencia, descalificación y de zozobra que se ha vivido en Oaxaca en las dos últimas semanas, podría hacer que el 20 por ciento de indecisos prefiera abstenerse de votar, concluyó el analista.

Estigmas y promociones

Enrique Calderón Alzati /II

En mi artículo anterior hablé sobre el penoso estigma que está generándose en estos tiempos difíciles en torno al pueblo de México, como un país de narcos, drogadictos y hombres y mujeres asociados al crimen organizado, con las más funestas consecuencias futuras para nosotros y para nuestro país, como resultado de la torpeza, así como de la falta de visión y responsabilidad de los sucesivos gobiernos que hemos sufrido en las décadas pasadas, incluyendo al actual de manera acendrada, en virtud de las políticas de promoción que ellos han venido realizando. Dos ejemplos reales de este estigma son las recientes declaraciones de la gobernadora de Arizona, así como el hecho inédito de que los mexicanos requiramos visa para ingresar a Canadá.

Los elementos centrales del desmesurado incremento de la violencia que vive el país han sido, por un lado, el armamento utilizado por los narcotraficantes, que desde luego no surge de las piedras, ni por generación espontánea, sino mediante enormes operaciones de compraventa que esos grupos realizan con las empresas proveedoras de armamento y, por otro, en el hecho de que, a diferencia de lo que sucedía hace 10 o 20 años, el consumo de drogas de los mexicanos se ha incrementado de manera alarmante, a partir del establecimiento de pagos en especie, recibidos por los capos del narco como pago de sus servicios de transportación y distribución hacia Estados Unidos, generando una competencia violenta por el control del mercado mexicano (lo cual parece no suceder en estadunidense, por alguna extraña razón).

Ante las recientes (y muy tardías) demandas del gobierno mexicano, tratando de comprometer a los estadunidenses para que se restrinja la venta de armamentos avanzados a las organizaciones criminales que operan en nuestro país, las declaraciones de los legisladores que recientemente vinieron a una reunión interparlamentaria no dejan duda de lo que podemos esperar: En nuestro país es imposible restringir la venta de armas, porque eso es contrario a nuestras creencias religiosas y libertarias.

Para los estadunidenses, la venta de armas a otros países ha sido y sigue siendo un gran negocio, sin importarles los efectos que ello tenga en la desestabilización y el deterioro social de esos países. Esto lo han sabido los gobiernos mexicanos desde tiempos de Madero, Carranza y Obregón, cuando los levantamientos y rebeliones se sucedían unas a otras, gracias a las armas que los descontentos podían comprar fácilmente en la frontera, sin restricción alguna. Para lograr la pacificación del país, los gobiernos mexicanos tuvieron que negociar y aceptar condiciones verdaderamente lesivas impuestas por Estados Unidos, sólo así aceptaron pasar por encima de sus creencias religiosas, suspendiendo la ventas de armas a los revoltosos de aquellos tiempos. Me temo que las consecuencias de aquellos arreglos todavía siguen vigentes para desgracia de México, mientras la nueva escalada de violencia promovida en forma suicida por el actual gobierno es vista nuevamente como un próspero negocio por los fabricantes y traficantes de estas mercancías.

Pero este es sólo uno de los varios componentes del problema, y quizás no el más importante. Recientemente diversos periódicos dieron espacio a una noticia bastante alarmante y además factible: Cada año ingresan al país del orden de $36 mil millones de dólares como producto de las ventas de drogas de los cárteles mexicanos en diversas naciones. La cifra mencionada en relación con las medidas que supuestamente se están adoptando para controlar el lavado de dinero proveniente de estos grupos tiene en el actual contexto nacional implicaciones muy graves, que parecieran ser desconocidas por los gobernantes.

Para miles de pequeños empresarios, que han tenido que renunciar a sus sueños de crear algún pequeño negocio que les permita asegurar un ingreso para vivir de manera honesta y digna, o por lo menos sobrevivir a las penurias que afectan a la mayoría de los mexicanos, la demagogia del gobierno y de los bancos en torno a supuestos apoyos para las PYMES, que rara vez se otorgan, y si lo hacen es mediante la presentación de garantías desproporcionadas, ha representado una burla más, y en términos económicos, un desmesurado nivel de desequilibrio entre oferta y demanda, generador recurrente de las crisis en que hemos estado inmersos permanentemente.

Sin un esquema de control y una política gubernamental adecuada y responsable, los bancos obtienen grandes utilidades mediante el instrumento ilegal de las tarjetas de crédito, el cual, pasando sobre nuestras leyes, constituye un mecanismo de usura. Al mismo tiempo, su negativa a fondear los procesos de producción nacional dejan como únicas opciones posibles la compra de mercancías extranjeras, o financiadas con capital extranjero, o bien la utilización de los excedentes mencionados en torno al ingreso del narcotráfico. Ciertamente, no cuento con información específica para afirmar que hoy, una cantidad creciente de negocios son financiados de esta manera, quizás sin que ellos lo sepan, sin embargo, el crecimiento de diversas empresas y giros económicos completos, visto como un fenómeno que se da en un escenario de cero créditos de bancos a empresas, necesariamente tiene una explicación, y ésta no viene del callejón de los milagros. ¿Cuántos de los muertos que aparecen día a día fueron personas que adquirieron créditos de este tipo de fuentes, sin conocer su procedencia hasta muy tarde, y que después no pudieron pagar? El crecimiento del crimen organizado es hoy, como hemos visto, una realidad que ya no puede ser negada ni minimizada por el gobierno. La cual tiene que ver con la promoción que está recibiendo, gracias a la corrupción de las autoridades y del sistema de justicia, aunados a la falta de visión del gobierno.


La ratonera

Porfirio Muñoz Ledo

Preparaba un texto sobre el revés futbolero cuando estallaron evidencias irrefutables de la derrota política nacional. Todo el empeño publicitario por exaltar eventuales hazañas deportivas sucumbió en unos días ante la realidad de los goles y —cancelada la esperanza— resurgió el testimonio de la violencia asesina sin atenuantes.

Los mexicanos solemos festejar las derrotas como vertiente de nuestra familiaridad con la muerte. Ganamos algunas batallas pero perdemos casi todas las guerras. Transitamos del “México, ya se pudo” al “México, ya valimos”. Después, el conformismo de nuestro melodrama histórico: somos pobres pero honrados y caímos con la cara al sol. En este caso: disciplinados y entusiastas, pero fatalmente ineficaces.

La economía latinoamericana ha tenido uno de los mejores desempeños frente a la crisis, con excepción de México. Los cuatro países del Mercosur están en cuartos de finales mientras los nuestros ya regresaron a casa. En la impotencia, el futbol parecía convertirse en el placebo que resolviera los problemas del Estado, un éxito virtual que disfrazara la decadencia ostentosa. Fue no obstante el espejo de nuestras derrotas esenciales. Cuántas veces hemos merecido la democracia o la justicia, pero siempre nos quedamos en la raya. En nuestras maneras de perder nadie nos gana.

El retroceso democrático parece imparable. El único avance de los últimos años: elecciones confiables que condujeran a la pluralidad, se ha tornado en pesadilla. A semejanza de la implosión soviética, la liberalización política y económica generó la disolución de las estructuras del Estado. Los aprendices de brujo trocaron la fortaleza de los poderes públicos en vértigo de impotencia colectiva.

En Europa se preguntan si el crimen organizado ha decidido asestar jaque-mate a la política o si se propone la toma formal del poder. Hablar de narcoelecciones parece una simplificación. La señal es más compleja: entre los poderes fácticos hay uno que rebasa a los demás, porque concentra el mayor volumen de recursos financieros y comienza a ejercer el monopolio de la fuerza.
El secretario de Gobernación todavía cree que “los votos son más poderosos que las balas”, ignora que el secuestro de la autoridad nulifica el sufragio. Voces piden la renuncia de Calderón, que hace poco hubiese permitido la formación de un gobierno constitucional de mayoría. Los excesos de la clase política, así como su recurrencia a los arreglos clandestinos, pervierten hoy la hipótesis de un genuino acuerdo político.

El Ejecutivo lanza un llamado al diálogo como quien arroja una botella al mar en el naufragio. La presidenta del PRI descubre que Calderón ha “envilecido la política” y descalifica el diálogo con “liderazgos ilegítimos”. Extiende así un certificado póstumo al fraude electoral que consintió y se erige en cómplice confeso de un gobierno espurio al que durante años protegió para luego despojarlo.

La situación es grave y merece otro nivel de reflexión. El país exige un nuevo consenso nacional, tanto más difícil cuanto mayor sea el encono al término de las elecciones. Pero, como diría el refranero, las cosas se han puesto tan mal que ya sólo pueden ponerse mejor. De la catarsis habría que extraer una salida viable de la ratonera.

La agenda debe ser clara y las decisiones contundentes. Con o sin dimisión presidencial es indispensable la formación de un nuevo gobierno, como ocurre en todo los regímenes democráticos. La cuestión es cómo llegar al 2012. La respuesta mínima es una nueva estrategia de seguridad con respeto a los derechos humanos.

Se impone también un sistema renovado de seguridad electoral y la democratización sustantiva de la radio y la televisión, una reforma mínima del Estado y el inicio de un proceso constituyente, el cese de la persecución sindical, un ámbito de distensión social y un programa económico de emergencia. El otro camino es aceptar el hundimiento irremisible del Estado-nación.

Diputado federal del PT