3/13/2010

Pronunciamiento final del Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno


Por el Tribunal de conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala - Guatemala, 12 de marzo de 2010  Pronunciamiento

LUCHA SEMEITA !!!



[Audio]

México: La lucha del SME frente a la privatización. Hacia la Huelga Nacional del martes 16 de marzo

Ángeles Maestro entrevista a Daniel Jesús, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricitas (SME).
[Audio] México: La lucha del SME frente a la privatización. Hacia la Huelga Nacional del martes 16 de marzo 1 mp3 1 mp3

Represión de la migración y género



Matteo Dean

El pasado 12 de febrero sucedió lo temido. Joy y Hellen, dos nigerianas migrantes en Italia, fueron internadas en el Centro de Identificación y Expulsión (CIE) de Milán. La permanencia en este triste y mal afamado lugar no les es nueva. Las dos ya lo conocían. Estuvieron allí cuando el responsable de la policía italiana de ese centro de detención intentó violar a Joy. Esa noche, tras la resistencia de la migrante, el agente italiano la golpeó en pleno rostro. De ahí a pocas horas la rebelión explotó en el CIE de Milán.

Era el 13 de agosto de 2009. Por esa rebelión, las dos mujeres, otras tres migrantes y nueve hombres de distintos orígenes fueron condenados a la cárcel. Seis meses después de esa noche, Joy y Hellen fueron liberadas. Pero el destino las esperaba una vez más en el CIE de Milán, pues aun purgada la condena –por cierto, conminada por una juez–, las dos seguían sin tener documentos. Y para los sin papeles en Italia sólo hay un lugar: los CIE. Y en el de Milán los funcionarios que acosaron a Joy siguen en sus puestos: Vittorio Addesso, inspector de la policía italiana en el CIE, y Massimo Chiodini, responsable de la Cruz Roja en el mismo centro.

El temor que algo más pueda suceder es fundado. No es sólo la violencia que los funcionarios mencionados podrían repetir al total amparo de la autoridad que representan y que, al parecer, hasta ahora los ha salvado de cualquier condena. Es también el serio riesgo de suicidio que contamina el ambiente dentro de los CIE. Son numerosos los casos de suicidio o tentativas de hacerlo entre los migrantes encerrados. Para el caso de Joy resulta muy significativo un hecho en particular: el 16 de enero de este año, uno de los condenados junto a Joy y Hellen, Mohammed El Abouby, se quitó la vida. ¿La razón? El día anterior, su abogado le comunicó que iba a ser transferido otra vez a un CIE. Mohammed había participado en la rebelión y durante el proceso había acusado al inspector de violencia en contra de la migrante nigeriana. Tras ese suicidio, un comunicado de una organización en favor de los migrantes divulgó: Mohammed demostró todo el valor concreto de la solidaridad activa por la cual pagó el precio hasta con su propia vida.

Si eso no sucediera, queda vigente el peligro de otros abusos. La tentativa del 13 de agosto pasado no es un caso aislado, denuncian diversas organizaciones de la sociedad civil italiana. Es más, según las mismas, Vittorio Addesso sería un violador en serie, pues el caso de Joy no ha sido el único. Si esto fuera poco, las mismas organizaciones denuncian que en realidad éste sería sólo el último eslabón de la cadena. Según múltiples testimonios recogidos entre las mujeres migrantes que acuden a las organizaciones en busca de un poco de solidaridad y ayuda, nosotras somos objeto de la violación perfecta, pues en la gran mayoría de los casos no acudimos al hospital a que nos curen; tenemos miedo de que nos expulsen. Este es el precio –entre otros– de no tener papeles para regular su estancia.

La actual situación es sin duda consecuencia del creciente entorno represivo que los migrantes viven hoy en Italia. El más reciente episodio legislativo en este sentido fue el llamado paquete de seguridad, un conjunto de leyes y dispositivos legales que acotan aún más las libertades y los derechos de los migrantes. En el caso específico, es preciso subrayar que parte de dicho paquete legislativo se concentra precisamente en las medidas pensadas para frenar la violencia en contra de la mujeres. Casos reales convertidos en paradigmas de la supuesta violencia migrante en contra de las mujeres que deben de ser frenados, impedidos y castigados. Así las cosas, tras una imponente campaña mediática, el resultado tenía que ser uno: las mujeres (italianas) deben tener miedo y la sociedad en su conjunto exigir el castigo ejemplar de los bárbaros foráneos.

Y si el resultado inmediato era la aprobación parlamentaria del paquete, la finalidad última es abusar con nuevas y otras formas de esos cuerpos femeninos. Primero, transformando los cuerpos de las mujeres en instrumento y pretexto para el endurecimiento de las medidas de control y represión para toda la sociedad. Segundo, se construye la diferencia y la separación entre italianos y migrantes, pues la seguridad que se ofrece a las mujeres es sólo para las blancas, italianas, autóctonas, la mujer nostra, naturalmente. Porque por el otro lado, las migrantes pagan y siguen pagando el precio de tanta represión. Lo pagan tan directamente que es su cuerpo el objeto de ese cobro indebido que la sociedad italiana, indecisa frente a su propio miedo, exige a los migrantes, la parte más indefensa y sujeta a chantaje de la sociedad italiana.

Ese es el cuerpo femenino: objeto de campañas mediáticas para que el Estado italiano corra en su defensa cuando los potenciales abusadores son los migrantes; objeto de indiferencia cuando el abuso se consuma en las cuatro paredes domésticas (tres cuartas partes de la violencia hacia las mujeres en Italia sucede en los hogares familiares, según datos estadísticos); objeto de todo tipo de abuso cuando ese cuerpo es migrante –y extranjero, por lo tanto indefenso, anónimo, invisible–, y cuando se encuentra en manos de las autoridades que de él disponen a pleno gusto de los carceleros en turno.

Mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas



Seguimos en la lucha por el empleo que nos arrebataron a la mala

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 12 mar 10 (CIMAC).- A más de 100 años de la lucha que dieron las trabajadoras de la industria textil en Nueva York para conseguir mejoras laborales, motivo por el que se conmemora el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, actualmente las trabajadoras en México siguen sufriendo iguales violaciones a sus garantías como son: el derecho a la huelga, y al trabajo digno.

Así lo señalaron mujeres representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de las secciones 65, 17 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), durante el foro Trabajadoras en resistencia, convocado ayer por el Partido Obrero Socialista (POS).

De acuerdo con Carmen Vargas, trabajadora de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), del área de contraloría, la política del gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, va en contra de los derechos de las y los trabajadores del país.

Muestra de ello, dijo, es el decreto presidencial de extinción de LyFC, que emitió Calderón Hinojosa, el pasado 11 de octubre, con el cual dejó sin empleo a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres electricistas, de los que 18 mil continúan en resistencia a fin de que se les devuelva su fuente de trabajo.

“Vamos con la frente en alto, luchando por el empleo que este gobierno nos arrebató a la mala”, manifestó Carmen, quien desde el cierre de la empresa colabora en el comedor del SME, donde diariamente trabajadoras de LyFC preparan alimentos para alrededor de 600 personas.

La “Smeita” refirió que con el apoyo económico y en especie de organizaciones sindicales y campesinas han logrado mantenerse en resistencia, la cual, puntualizó, no es sólo por las y los electricistas sino “para que el pueblo no aguante más bajezas”.

Al igual que el SME, la resistencia de los mineros de las secciones 65 en Cananea, Sonora, 17 en Taxco, Guerrero, y 201 en Sombrerete, Zacatecas, tras dos años y siete meses de huelga, se debe a la certeza de que “nuestra lucha es justa, esta huelga es legal”.

Cabe recordar que más de mil mineros de estas secciones permanecen en huelga desde el 30 de julio de 2007, fecha en que izaron las banderas rojinegras en sus centros de trabajo para exigirle a Grupo México, empresa concesionaria de las minas, la mejora de las condiciones de seguridad e higiene y una revisión contractual.

“Hemos resistido porque peleamos por la seguridad e higiene en las minas, para que no ocurra otro Pasta de Conchos, para que no se mueran nuestros maridos por salir a trabajar”, expresó Ana Sánchez, esposa de un minero de la sección 17 del SNTMMSRM.

Ana es vicepresidenta del Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de los trabajadores de México, formada por las esposas de mineros de las tres secciones en huelga, el pasado 2 de febrero.

La guerrerense manifestó que con el movimiento de resistencia “las esposas de los mineros, de un momento a otro, pasamos de ser amas de casa a estar físicamente en esta lucha”.

Mientras que en sus hogares continúan con la tareas de “estirar” los recursos con los que el Sindicato Minero apoya a las familias en huelga. Su resistencia también es visible en las calles de su comunidad, donde difunden información y se unen a las movilizaciones.

La denuncia de las violaciones a los derechos laborales, cometidas por el gobierno federal en contubernio con Grupo México, como el fallo que el pasado 11 de febrero dictó el Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral que da por terminada la relación de trabajo entre la empresa Minera México y los más de mil mineros de Cananea, han sido escuchadas a lo largo del país e incluso en el extranjero, en voz de las sonorenses, mencionó Rosa Guayante, esposa de un minero de la sección 65.

Guayante, presidenta del Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de los trabajadores de México, lamentó que “este gobierno antisindicalista” desconozca el derecho a la huelga y al trabajo.

Sin embargo, pese a la adversidad, dijo, “yo le digo a mi esposo que él no se va a liquidar” porque la lucha es por un contrato colectivo de trabajo “digno”, por el cual pelearon sus padres, abuelos, y “ahora nos toca defenderlo, porque es la única herencia que les podemos dejar a nuestros hijos”.

Mujeres, el 56 por ciento de las 170 mil personas ocupadas en el sector

Viven trabajadoras de la maquila efectos de la recesión

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 12 mar 10 (CIMAC).- A diferencia de crisis económicas anteriores en México, a más de un año de recesión, la industria maquiladora de Tijuana no ha logrado recuperar los cerca de 40 mil empleos que se perdieron, de finales de 2008 a la fecha. Esta situación deterioró “todavía más” las condiciones laborales de alrededor de 170 mil personas ocupadas en este sector, de las cuales 56 por ciento son mujeres.

Así lo informó a Cimacnoticias, Carmen Valadez Pérez, del Centro de información para trabajadoras y trabajadores de la maquila, en Tijuana, al término del seminario internacional “La economía feminista como un derecho”, convocado por organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicales, en la Ciudad de México.

En entrevista, la socióloga, también integrante del Colectivo Feminista Binacional, señaló que en la “maquila” los despidos masivos son comunes, “siempre subía y bajaba, pero ahorita no se han podido recuperar aproximadamente 40 mil empleos”.

En consecuencia, las fábricas, en su mayoría dedicadas a la industria eléctrica, abaratan los costos de producción. “Despiden a la gente, argumentando que la empresa está en quiebra, y vuelven a contratar a otras personas o a las mismas, pero con salarios más bajos y sin prestaciones sociales”.

Con esta prácticas, las cerca de 700 maquiladoras de Tijuana, rompen la relación de trabajo y con ello, las trabajadoras pierden los derechos que conlleva una mayor antigüedad: salarios más altos, seguridad social, y a una pensión para la vejez, para empezar de cero, después de hasta 20 años de trabajo, explicó Carmen Valadez.

Las fábricas, ubicadas en 10 parques maquiladores, amenazan a su personal con irse a Asía, pero en realidad sólo cambian de parque maquilador, dejando a cientos de personas desempleadas, “a ellas no les conviene irse a trabajar lejos de sus casas porque el transporte en Tijuana es muy caro”.

Cada maquiladora emplea entre 2 y 6 mil trabajadoras y trabajadores, la mayoría bajo condiciones que ponen en riesgo su integridad física y mental.

Hasta hace 4 ó 5 años Tijuana era considerada la capital de la televisión porque la mayoría fabricaba estos aparatos, pero de manera reciente la industria médica creció considerablemente. “Hay muchas maquilas de computadoras o microchips que se utilizan en ese ramo, algunas limpian catetes y aparatos médicos”.

Al tiempo, se han desarrollado las industrias automotriz, del plástico, óptica, y textil en menor medida, el capital predominante es alemán y norteamericano. Todas generan altos niveles de contaminación y enfermedades en las y los trabajadores, pues carecen de la protección suficiente.

Debido a una “dramática” reducción de los cuidados de la salud, así como de las medidas de seguridad e higiene, la salud de las trabajadoras, quienes en promedio tienen 24 años de edad, está en riesgo constante.

Un ejemplo, es la industria óptica en la cual las y los trabajadores están en contacto con el químico compuesto KOH, con el que se elaboran las micas para los lentes, y que sin la protección adecuada puede “deshacer la piel”.

“Trabajan ‘a cielo abierto’ sin guantes resistentes, sin lentes, si acaso les dan un mandil, vendas para cubrirse los dedos, guantes de tela que se les rompen en ‘un dos por tres’ y se los proporcionan cada mes”, describió la activista.

Mientras que con el uso del plomo, el cual se utiliza en la industria eléctrica, las trabajadoras sufren trastornos durante su menstruación, y si están embarazadas corren el riesgo de padecer sus hijas o hijos corren el riesgo de sufrir enfermedades congénitas, como espina bifida o nacen sin cerebro.

Los derivados de la gasolina, que utilizan en la industria del plástico, también afectan la salud reproductiva de las mujeres, “provocan abortos, y los bebés que se logran nacen con malformaciones, en general, disminuye la fertilidad de mujeres y hombres”, refirió Carmen Valadez, quien durante los últimos 20 años se ha dedicado a defender los derechos de las y los trabajadores de la maquila, en Tijuana.

En tanto, las personas que laboran en la industria textil, “se pinchan constantemente, padecen enfermedades respiratorias por la cantidad de pelusa que respiran diariamente”, refirió.

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

Las trabajadoras son contratadas en los puestos más bajos, “la mayoría está en la línea de producción”, mientras que los empleos más especializados son destinados para los hombres. Y en consecuencia, ellas tienen menores ingresos.

La mayoría de las trabajadoras laboran de 10 a 14 horas al día y ganan en promedio de 600 a 800 pesos semanales. Mientras que quienes tienen el cargo de técnicos perciben más de mil pesos a la semana.

Un “porcentaje importante” de trabajadoras de la maquila son migrantes originarias de Michoacán, Jalisco, Veracruz y Chiapas. Cabe mencionar que las mujeres chiapanecas son a quienes contratan en las fábricas más alejadas de la ciudad y con menores prestaciones.

Además del maltrato que en general sufren las y los empleados de este sector, con frecuencia ellas padecen acoso sexual por parte de sus superiores y de sus compañeros, quienes las descalifican e insultan, “sin que nada pase, no hay un sindicato que las defienda”.

Lo mismo ocurre con las mujeres que a los 35 años de edad son despedidas, después de 10 ó más años de trabajo. Y es que si se organizan para protestar o con sólo manifestar sus inconformidades de manera individual, además de ser despidas son “boletinadas” entre las fabricas de la región.


Arte sanador




Alejandro Jodorowsky

Habiendo vivido muchos años en la capital de México tuve oportunidad de estudiar los métodos de aquellos a los que se les llama curanderos. Son legiones. Cada barrio tiene el suyo. En pleno corazón de la ciudad se alza el gran mercado de Sonora, donde se venden exclusivamente productos mágicos: velas de colores, peces disecados en forma de diablo, imágenes de santos, plantas medicinales, jabones benditos, tarots, amuletos, esculturas en yeso de la Virgen de Guadalupe convertida en esqueleto, etcétera. En algunas trastiendas sumidas en la penumbra, mujeres con un triángulo pintado en la frente frotan con manojos de hierbas y agua bendita a quienes van a consultarles, y les practican limpias del cuerpo y aura... Los médicos profesionales, hijos fieles de la Universidad, desprecian estas prácticas. Según ellos la medicina es una ciencia. Quisieran llegar a encontrar el remedio ideal, preciso, para cada enfermedad, tratando de no diferenciarse los unos de los otros. Desean que la medicina sea una, oficial, sin improvisaciones y aplicada a pacientes a los que se les trata sólo como cuerpos.

Ninguno se propone curar el alma. Por el contrario, para los curanderos la medicina es un arte. Le es más fácil al inconsciente comprender el lenguaje onírico que el lenguaje racional. Desde cierto punto de vista, las enfermedades son sueños, mensajes que revelan problemas no resueltos. Los curanderos, con una gran creatividad, desarrollan técnicas personales, ceremonias, hechizos, extrañas medicinas tales como lavativas de café con leche, infusiones de tornillos oxidados, compresas de puré de papas, píldoras de excremento animal o huevos de polilla. Algunos tienen más imaginación o talento que otros, pero todos, si se les consulta con fe, son útiles. Hablan al ser primitivo, supersticioso, que cada ciudadano lleva dentro. Para que lo extraordinario ocurra es necesario que el enfermo, admitiendo la existencia del milagro, crea firmemente que se puede curar. Para tener éxito, el brujo, en los primeros encuentros, se ve obligado a emplear trucos que convencen a aquél de que la realidad material obedece al espíritu. Una vez que la trampa sagrada embauca al consultante, éste experimenta una transformación interior que le permite captar el mundo desde la intuición más que desde la razón. Sólo entonces el verdadero milagro puede acontecer.

Recomiendo a todos los hijos de la razón que abandonen su vehículo intelectual, emerjan de sus libros y tomando el cayado del peregrino visiten a estos humildes curanderos, tal como lo ha hecho François Boucq. La cárcel lógica debe enriquecerse con los aportes de la imaginación y la intuición. Gran parte de la realidad está constituida de sueños. Los sabios curanderos mexicanos saben utilizar la fe como medicina.

Estado laico y derechos reproductivos en México



Discriminación hacia la mujer en el discurso católico

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 12 mar 10 (CIMAC).- Históricamente, la iglesia católica ha promovido una agenda en contra de los derechos sexuales y reproductivos, por ello y ante los nuevos escenarios de las sociedades modernas, es necesario garantizar la laicidad del Estado Mexicano.

En el foro “Estado laico y derechos reproductivos en México: avances y retrocesos”, especialistas en la materia consideraron que las mujeres han estado sujetas a distintas formas de dominación pero en especial a la espiritual, por lo cual es imprescindible reafirmar el carácter laico del país.

Esto debido a que “desde la perspectiva del catolicismo ortodoxo la mujer del siglo XXI aún sigue teniendo un valor mínimo”, lo que se refleja de forma clara en las legislaciones locales de 17 de los 32 estados de del país que impiden a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo, afirmó la escritora y periodista, Sabina Berman.

Al participar en la primera mesa del Foro, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), la escritora señaló que las Constituciones locales que “protegen la vida desde el momento de la concepción/fecundación” proviene de la idea religiosa que versa que “de las mujeres proviene la gloria de la creación: el varón”.

Bajo esta lógica, la interrupción de un embarazo no deseado suprime la razón de ser de las mujeres, ya que un feto siempre será más valioso que ellas. Moral expresada en documentos solemnes como la Carta apostólica y el discurso de pontífices como el de Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, afirmó la también ganadora del Premio Nacional de Periodismo.

Sin embargo, explicó que las consecuencias de esta ideología se ven reflejadas en la relajación de la obediencia al “vicario de Dios”, una reacción a la que la iglesia ha respondido con una nueva campaña de “recatolización” a través de la negociación con las cúpulas del poder político.

NI DIVINA, NI MALDITA: SÓLO LIBRE

Para la también dramaturga, esta batalla está perdida en Europa –donde sólo el 10 por ciento de la población asiste a misa- pero en América Latina esta teniendo resultados en países como Nicaragua, Perú, República Dominicana y México, lugares donde se ha impuesto la idea religiosa de que interrumpir un embarazo no deseado “transforma a la mujer de santuario de vida a sepulcro de muerte”.

Por su parte Marisa Belausteguigoitia, directora del PUEG, dijo “no quiero ser ni divina, ni maldita: sólo una mujer libre” y al definir el feminismo afirmó que es ineludible buscar espacios donde las mujeres se imaginen distintas y dejen de estar sujetas a la voces espirituales y discriminatorias como una forma de encontrar libertad.

MÉXICO: PAÍS DE LAICISMO POSITIVO

A 150 años de que se estableció la libertad de culto en México, en este año 2010, surgió la necesidad de emprender una defensa del Estado laico, la cual logró modificar el artículo 40 constitucional el pasado 3 de febrero para que el carácter laico se elevara a rango constitucional.

“Una República laica esta muy bien”, puntualizó el constitucionalista Diego Valadés y recordó que en la Constitución mexicana también se hace referencia a este carácter en los artículos 3 y 24, el primero establece educación laica y el segundo libertad religiosa o de cultos. No obstante hay temas en dónde no se ha especificado el tema.

Ejemplo de ello es la reforma y adiciones a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, en enero de 2009 y dónde el artículo 166 Bis señala que se debe garantizar el control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales, indicó el jurista.

Por otra parte mencionó que de acuerdo con el actual Papa, Joseph Ratzinger, la iglesia esta a favor del laicismo positivo. Es decir, esta a favor de la “no intervención en la imposición de religiones”. Pero tiene la firme creencia en que el atraso del mundo se debe al racionalismo y que el espiritualismo salvará al mundo.

México ha adoptado este laicismo positivo, interpretado en el cierre de su embajada de ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Organismo también promotor la investigación y la bioética y en cierto sentido de temas contemporáneos como aborto, eutanasia, y matrimonios entre personas del mismo sexo, puntualizó Valadés.

MEXICO IMPUNE, VIOLACION SISTEMATICA A LOS DH, LABORALES...




Violación de los derechos laborales en el DF

Arturo Alcalde Justiniani

Con este título fue convocado por la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un foro de evaluación de la política laboral en nuestra ciudad. Se trata, sin duda, de un análisis necesario por la importancia del tema en el conjunto de las políticas públicas. Suele soslayarse la relevancia que tienen los derechos laborales en estos tiempos de creciente precarización.

Asistieron al foro legisladores, dirigentes sindicales, funcionarios, especialistas y trabajadores de base de diversos gremios; fue un diálogo fuerte, pero necesario. Destacó la presencia del recién nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el abogado Ramón Montaño Cuadra. La reflexión colectiva se sustentó en varias premisas, entre otras que un gobierno como el de la ciudad de México, que pretende implementar una política progresista, debe promover prácticas laborales sustentadas en un auténtico desarrollo productivo con justicia social y respeto a la legalidad, contrastante con las seguidas por los gobiernos federal y de otras entidades; la diferencia debe notarse en hechos concretos y no sólo en pronunciamientos. Se reconoció que la concentración de centros productivos y de servicios en el Distrito Federal, así como el crecimiento del trabajo informal, obligan a una política laboral vigorosa y activa; ello depende de varios factores, entre otros, de la política presupuestal dictada por la propia Asamblea Legislativa.

En este acto fueron planteadas tres dimensiones de la política laboral: la primera, relacionada con el Gobierno del Distrito Federal como patrón y de la propia Asamblea Legislativa en el espacio de sus atribuciones; la segunda, en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como órgano de justicia, y la tercera, vinculada con la política laboral en general, incluyendo la llamada justicia administrativa laboral dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. La intención fue subrayar las limitaciones existentes, con una finalidad propositiva.

En relación con el primer punto, se cuestionó la política salarial del Gobierno del Distrito Federal y se enfatizó la necesidad de ser congruentes con un discurso que plantea la recuperación del poder adquisitivo y la exigencia de que los incrementos superen la inflación oficial, tal como se ha aplicado en el pasado, cuando se fijaban los salarios sobre la base de inflación más dos puntos. Se sugirió la necesidad de recuperar el servicio civil de carrera no sólo limitado a los llamados empleados de confianza, sino también a los trabajadores de base, para rescatarlos de su letargo que combina bajo salario con precario desempeño y rigidez en algunas condiciones de trabajo. Se hizo énfasis en la urgencia de revisar la política de contratación bajo la modalidad de honorarios, que priva a los empleados de los derechos más elementales, incluyendo la seguridad social. El gobierno debe dar un ejemplo de respeto a la ley laboral y a los principios de estabilidad y protección al trabajo que la misma señala. En este capítulo, se hizo notar que la Asamblea Legislativa ha descuidado en su prioridad presupuestal los recursos para superar la condición de estos auténticos trabajadores indocumentados.

Por lo que se refiere al desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se confirmaron sus limitaciones. El número de juicios que atiende ha crecido en grandes proporciones, no así la capacidad para resolverlos, provocando que la justicia sea cada vez más lenta e ineficiente. En materia colectiva, se reproducen muchos de los vicios que se critican en el ámbito federal, relacionados con registros sindicales, tomas de nota y titularidades en un escenario caracterizado por los contratos de protección patronal. Fueron denunciadas de manera dramática las dificultades para desahogar los juicios de titularidad contractual y se subrayó la presencia de grupos violentos en las propias instalaciones del tribunal, actuando a la vista de todos. Se hizo énfasis en la necesidad de tomar medidas de seguridad e implementar estrategias de inteligencia para inhibir estas crecientes conductas delictivas que ponen en riesgo no sólo a los trabajadores, sino también a litigantes, pequeños y medianos empresarios y al personal de la junta. Nuevamente salieron a relucir, como eje transversal del foro, las limitaciones presupuestales.

Respecto al tercer punto, se confirmó que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal cumple parcialmente sus funciones, ya que se dedica sobre todo al tema cooperativo y al seguimiento de programas de apoyo al empleo. Esta limitación inhibe su gigantesco potencial para convertirse en un promotor de planes y proyectos sustanciales, tales como la concertación entre empresarios y trabajadores en ramas de industria urgidas de protección, entre ellas la construcción, el mantenimiento y limpieza, el comercio y los servicios, en general, en donde se carece de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en perjuicio de los empleados. Funciones que deberían ser centrales como la inspección laboral son casi inexistentes y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se limita al litigio menor de asuntos individuales con un claro enfoque indemnizatorio, ausente de una defensa integral ante prácticas viciosas en la ciudad, como son las renuncias en blanco, la subcontratación fraudulenta y el incumplimiento de normas laborales fundamentales.

Una propuesta que destacó en el foro fue la necesidad de dar continuidad a una evaluación periódica del tema y a la creación de un observatorio permanente, integrado por diputados, especialistas, trabajadores y empresarios que den seguimiento a estas áreas de la política laboral, apoyado en convenios interinstitucionales y en la más amplia participación ciudadana. Urge que las propuestas del foro se vuelvan una realidad.

Violencia e impunidad

Miguel Concha
El Centro Miguel Agustín Pro (Prodh) presentó hace algunos días un informe sobre los derechos humanos en México. El título, Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, adelanta los ejes del análisis realizado a partir de la actividad que esta organización ha efectuado en años recientes. Violencia e impunidad son dos factores necesarios para aclarar lo que hoy sucede en México en esa materia. Lo mismo se acaba de afirmar en el Parlamento Europeo, a pesar de la fuerte oposición del Partido Popular español, cercano políticamente al partido en el gobierno federal. La falta de sanción a las violaciones de derechos humanos alienta a las autoridades a cometer actos arbitrarios en contra de la sociedad. Esta impunidad encuentra a su vez pretexto en el actual contexto de violencia, que con frecuencia es invocado para ocultar la falta de investigación y acción. Y ello aunque la violencia denunciada sea sobre todo la misma que es provocada por las propias autoridades con su inacción o complicidad.

A pesar de que todavía no puede realizarse una evaluación definitiva sobre la reforma judicial aprobada en 2008, en el informe se adelanta que las organizaciones civiles que han trabajado bajo el nuevo sistema ya han encontrado aspectos problemáticos. Sin embargo, haciendo un balance de las reformas aprobadas, se reitera que hay aspectos regresivos, como el arraigo, la prisión preventiva automática para ciertos delitos y la creación de un régimen de excepción para quienes son considerados previamente como miembros de la delincuencia organizada. Elementos que debilitan la aplicación del principio de presunción de inocencia, ausente hoy de la práctica judicial. El desconocimiento de la presunción de inocencia ha estado presente en dos casos paradigmáticos analizados en el estudio del Prodh: los de Jacinta Francisco Marcial e Isabel Almaraz, mujeres indígenas cuyos procesos estuvieron plagados de irregularidades. En ellos ha sido además evidente que el sistema de justicia profundiza a lo largo de todo el proceso penal la discriminación existente en la sociedad, siendo una de las más visibles la que ocurre por razón de condiciones como el género o la pertenencia étnica. En continuidad con la sistematización de los abusos cometidos por militares desde que se iniciaron los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada en el actual sexenio, el Centro Pro actualiza las cifras que presentó en su informe Comandante Supremo en 2009. A partir de los datos se constata el aumento del número de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en las regiones donde hay mayor presencia castrense, sea por los operativos contra la delincuencia organizada, sea por las actividades de contrainsurgencia encargadas al mismo tiempo a las fuerzas armadas. Nuevamente la impunidad es constante en este campo, favorecida sobre todo por la extensión indebida del fuero militar para tratar asuntos que no están vinculados con la disciplina militar.

El asunto ha sido ampliamente debatido, y al gobierno mexicano se le ha recomendado internacionalmente, incluso se le ha ordenado mediante una sentencia, ajustar la legislación a los estándares internacionales en la materia. Es decir, restringir el fuero militar, para que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos sean vistos por la justicia civil. Como las instancias nacionales no han sido eficientes, lo que ha sido debidamente documentado por las organizaciones civiles –entre ellas el Prodh, a través de la exigencia de justicia en casos como el de las mujeres de Atenco, en el que no fueron eficientes ni las instancias del estado de México ni la Fiscalía sobre Violencia contra las Mujeres–, para obligar al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos se ha recurrido con mayor frecuencia a instancias internacionales. Ha habido por ello una sostenida participación de la sociedad civil en esas instancias. El año pasado participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hace unos días en la 98 sesión del Comité de Derechos Humanos, órgano creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto valdrá la pena tener puesta la mirada en casos que serán tratados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

El Centro Pro retoma también un tema de creciente preocupación: la situación de los defensores de los derechos humanos. En su informe constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas son amenazados, sino también quienes en las circunstancias actuales ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de autoridad. Esta situación amenaza no sólo a los defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad. A esta amenaza se agrega el uso del sistema de justicia para castigar a quienes exigen derechos. En el informe se abordan también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir del derecho a una vivienda digna, frecuentemente vulnerado por la política del gobierno al respecto y la mala calidad de las casas edificadas por empresas constructoras. El mismo derecho se ve violentado cuando se desplaza a pobladores de localidades afectadas por la construcción de megaproyectos, cuyo beneficio para la sociedad es dudoso. Todo lo cual obliga a la sociedad a mantener en alto la defensa y promoción de los derechos humanos, antes de que sea demasiado tarde.


Escenarios de guerra
Enrique Calderón Alzati
Hace unos cuantos días tuve oportunidad de hablar con un hombre joven, que luego de un rato de conversación me contó que él había pasado su niñez y parte de su juventud en Chiapas, concretamente en Comitán, población que recordaba con cariño y añoranza por la belleza de sus paisajes y la amabilidad de sus gentes. “Mis padres –me dijo– eran maestros que trabajaban en una escuela pública de Comitán, luego de haber pedido su traslado a aquel estado, en virtud de problemas de salud de mi hermanita que vivía enferma en el Distrito Federal, por la contaminación.

En Comitán estudié la secundaria y luego el bachillerato, la vida era tranquila y transcurría para mi familia y para mí sin problemas, hasta el alzamiento de los zapatistas, la llegada del Ejército cambió totalmente las cosas, el sentimiento dominante era de miedo, sin saber exactamente a qué. Mis padres no nos dejaban salir por miedo a que alguna patrulla del Ejército nos detuviese y pudiéramos tener problemas, algunas personas comenzaron a comentar el riesgo que tenían las mujeres jóvenes de salir a la calle y ser vistas por los militares. Se comentaban detenciones de personas a las que se les involucraba con los zapatistas por alguna simple sospecha, la gente en general prefería eludir el tema en sus conversaciones; luego de vivir un tiempo en aquellas condiciones mis padres decidieron regresar a México, yo ya no seguí estudiando, preferí trabajar pues la vida era mucho más difícil en la capital.

Aquella no era una historia trágica, como muchas otras que ocurrieron seguramente, pero me hizo pensar en lo que implica la ocupación militar en una región para los habitantes de ésta. Los soldados, con un nivel de preparación muy básico, y con características naturales de inmadurez fácilmente entendibles, constituyen riesgos sociales para la población civil de las regiones donde operan. Las posibilidades de perturbar los tejidos sociales han constituido una de las grandes tragedias asociadas a la guerra, por ello la utilización del Ejército como instrumento para combatir los niveles de delincuencia que existen en diversas ciudades y regiones del país ha constituido una muestra de la desesperación del gobierno ante su propia incapacidad, o bien un acto de irresponsabilidad suprema. Me atrevo a pensar que es un poco de las dos cosas.

De muchos años atrás, la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez ha sido un hecho conocido y a la vez ignorado por las autoridades locales, estatales y regionales. La existencia de organizaciones criminales que han operado en ella, con el encubrimiento de algunas de esas autoridades, no ha sido ajena al problema hoy desbordado y fuera de control. La decisión del actual gobierno de enfrentarlo mediante la ocupación de Ciudad Juárez con tropas del Ejército, estableciendo de facto un escenario de guerra que hoy se extiende a otras ciudades y regiones del país, ha constituido una medida arbitraria, torpe y desafortunada, que entre otras cosas ha dejado al propio gobierno metido en una trampa, para la cual me temo que no tiene salida.

Para la población de Ciudad Juárez y de las otras urbes ocupadas del país, la presencia del Ejército no ha traído efectos visibles en el abatimiento de la delincuencia; por el contrario, las cifras de asesinatos y actos de barbarie aumentan día con día y entre las noticias difundidas por los medios de comunicación resalta el número creciente de ex policías y ex militares vinculados a los grupos delictivos; las narraciones valientes de profesionistas y comerciantes amenazados de muerte por los delincuentes, con objeto de obligarles a pagar cuotas de protección, hablan claro del nivel al que están llegando las cosas, la imposibilidad de los jóvenes de reunirse como suele hacerse en todas partes, ante el miedo de ser víctimas de hampones y luego de autoridades corruptas, constituyen el único resultado claro y directo de las acciones instrumentadas por el gobierno.

Para las regiones del país alejadas de estos escenarios y menos contaminadas por la delincuencia, las estadísticas de la violencia ligada al narcotráfico se han convertido en parte de una realidad cotidiana, ante la cual parecemos ser más insensibles cada día, una especie de autodefensa o de aceptación de una realidad ante la cual nada podemos hacer, una especie de sopor que nos permite escuchar, sin perturbación alguna, la aparición de 20 cuerpos descabezados, sin preocuparnos en preguntar el porqué de su muerte, igual que la de algún hombre o mujer cuyo cuerpo aparece luego de semanas de su secuestro, hasta que una tragedia cercana nos sacude, o la difusión de un caso de interés para la televisión se convierte en tema de conversación. ¿Cuánta violencia más estamos dispuestos a seguir aceptando? ¿Acaso no es esto un síntoma de que algo esta mal y muy mal en nuestro país y en nosotros mismos?

Lo desafortunado del caso es que esa situación está configurando una imagen de violencia e inseguridad, comparable sólo a la de países en franco estado de guerra como Irak o Afganistán, lo cual puede dar lugar a una secuela de consecuencias económicas que serán cada día más graves, incluyendo la salida de capitales y la renuencia a invertir en un país dominado por la violencia, mientras la población juarense, al igual que la de otras ciudades, vive días de angustia y desolación en medio de una guerra a la que son ajenos, sin saber cuándo, ni cómo, los problemas serán superados.

Quizás es todo esto lo que ha llevado a algunos analistas a decir que es Juárez el tema que decidirá la suerte del actual gobierno; en realidad la afirmación tiene sentido, como lo tiene también el desprecio que parece generalizarse en torno al Presidente y a su decisión, de crear estos escenarios de guerra que parecen constituir el único objetivo de su gestión.



La columna de Muñoz Ledo


Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora Republicana
El mito sexenal

Una de las características atribuidas a la posmodernidad es la evaporación de los mitos. En el paraíso prometido del fin de las ideologías, todo proyecto colectivo anterior al pensamiento lineal estaba destinado a desparecer. Una sola verdad habría de emerger del vientre de la globalización y toda novedad en la esfera de las costumbres sería permisible.

En el debate sobre la iniciativa petrolera, la denuncia del “mito nacionalista” se ha convertido en trinchera del entreguismo. Una falange de alquilones intenta descalificar a los defensores de la soberanía con el argumento de que estamos anclados en una anacrónica fijación patriotera. Ignoran que el gran mito hoy abolido es el neoliberal y que el nacionalismo se reafirma en todas partes, empezando por EU. Los heraldos de la “modernización” han rechazado no obstante la revisión de nuestro marco constitucional y de los prejuicios políticos heredados del antiguo régimen, como la duración fatal de los mandatos por todo el periodo para el que fueron electos sus titulares. Hablar de la suspensión constitucional de un encargo público parece una herejía o un llamado sedicioso. Quien lo propone es denunciado como golpista.

Nuestro país vivió durante largo tiempo obsedido por la estabilidad política. La fragilidad de los gobiernos posteriores a la Independencia fue causa y efecto de asonadas, revueltas, guerras civiles e intervenciones extranjeras. También del recurso al hombre indispensable. “Gobiernos sietemesinos” los llamaba José Iturriaga en referencia a su promedio de su duración.

La restauración de la República fue en rigor la refundación del Estado. Pero la seguridad y permanencia de éste se confundieron con las del gobierno y las del presidente que lo encabezaba. De otro modo no se explican las reelecciones de Juárez ni las de Díaz o la de Obregón. Tampoco la violación sistemática del sufragio a pesar de haber sido causa primordial de la Revolución.

La institucionalización del régimen en los años 30, a más del establecimiento de un partido hegemónico, tuvo como pivotes la indiscutida supremacía presidencial, la estricta rotación de sus titulares y la autonomía política del sucesor respecto de quien lo puso en el cargo. Así se construyó el mito presidencial, que sus críticos llamaban “monarquía sexenal”.

Se entronizó la impunidad y el mandatario fue convertido en mandante, ya que el ejercicio de su función quedó al margen de toda sanción, durante su desempeño y después de éste. La Constitución de 1917 estableció la suspensión del mandato de los ayuntamientos por los congresos locales y de los poderes de los estados por el Senado, pero nada semejante para los poderes federales.

Las únicas puertas entreabiertas son el juicio político y la renuncia “por causa grave”. El artículo 108 establece que “el Presidente sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, y el 111 que deberá hacerse ante la Cámara de Senadores. Sin embargo, no es claro si se trata de una declaración de procedencia, con lo que perdería el fuero y podría ser juzgado por los tribunales, o bien de “infracciones políticas” que ameritan directamente la pérdida del cargo.

El modelo anglosajón del impeachment (literalmente “bochorno”), cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, acarrea sanciones administrativas y penales. En la tradición europea, según sostenía el maestro Jean-Jacques Chevalier, la sanción es eminentemente política y se relaciona con desviaciones ostensibles del poder o faltas contra las leyes fundamentales del Estado.

Algunos juristas sostienen que debiera extenderse a la responsabilidad patrimonial y a la violación de la Constitución. ¿Qué sentido tendría la obligación contenida en el artículo 87, relativo a la protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del Presidente de la República”?

Tratándose de un requisito constitutivo —que no protocolario— para acceder a la función, la expresión “si así no lo hiciere, que la nación me lo demande” debe tener consecuencias jurídicas. De otro modo, resultaría retórico el precepto del artículo 39: “El pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de cambiar la forma de su gobierno”, y con mayor razón al gobierno.

La vía popular o “control vertical” del poder es la revocatoria del mandato, que no implica acción parlamentaria o jurisdiccional alguna, sino exclusivamente la voluntad de los ciudadanos. Es frecuente en los regímenes presidenciales, ya que los parlamentarios cuentan con las elecciones anticipadas para remover a los gobiernos.

Tal revocación está consagrada en cinco entidades y propuesta por varios partidos en el Congreso. Urge su aprobación a fin de que el pueblo tenga pronto un camino más expedito para la recuperación de su soberanía.

Aprovecha gobernador veracruzano clima electoral para parecer “benefactor”


Confusión por anuncio de excarcelar a
mujeres presas por aborto

Por Brisa Gómez, corresponsal
Xalapa, Ver, 12 mar 10 (AVC/CIMAC).- Aprovechando el ambiente electoral que ya se vive en el estado, el gobernador, Fidel Herrera Beltrán, anunció en el Día Internacional de la Mujer, que otorgaba el “indulto” a las 8 mujeres presas en distintos penales veracruzanos, por el delito de aborto, sin darse cuenta de que ellas por Ley ya tienen derecho a su libertad desde diciembre pasado.

Han pasado cuatro días desde que el mandatario local, hizo el “espectacular” anuncio y hasta el momento, ninguna de ellas ha sido liberada, ni se les ha informado acerca de su situación legal que de acuerdo con el artículo 150 del Código Penal establece que:

“A la mujer que provoque o consienta su aborto se le impondrá un tratamiento psicológico integral provisto por el estado y una sanción de 80 días de salario mínimo, en caso de reincidencia, multa de hasta 100 días de salario mínimo y pena de cárcel”.

Con ello y conforme a dicha reforma vigente, aprobada en diciembre pasado, las mujeres continúan en la cárcel. Algunas de ellas aún están en proceso debido a que no se les ha dictado sentencia.

De estas mujeres que se encuentran recluidas poca información se tiene sobre el avance de sus casos, puesto que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha rechazado todas las solicitudes de información al respecto.

El anuncio hecho por Herrera Beltrán generó confusión e inconformidades, incluso, los funcionarios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social aseguran que se encuentran en proceso las excarcelaciones.

La activista Aracely González Saavedra, de Xoxhiquetzal A.C. consideró que esto es una forma de generar votos a favor del gobernador y su partido para mostrarlo como el benefactor de las mujeres, cuando es un derecho que tienen a ser liberadas por la reforma aprobada en diciembre.

Veracruz fue el estado número 17 que aprobó este tipo de modificaciones constitucionales y el primero en presentar ante el Congreso de la Unión, para su análisis, una propuesta de reforma constitucional federal para proteger la vida desde el momento de la concepción.

La primera en su tipo en la zona centro del país



Crean la Red de Centros y Programas de estudios de la Mujer

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 12 mar 10 (CIMAC).- Con el fin de encontrar un espacio de apoyo a su trabajo, un grupo de 30 mujeres de distintas universidades, centros académicos y de investigación, crearon la Red Centros y Programas de Estudios de la Mujer, Género y Feminismo de la Región Central de México, la primera en su tipo.

A pesar de que existen espacios similares en el resto del país, en la zona centro no había, por ello y debido a que “por ser mujeres investigadoras y estudiosas de las mujeres, enfrentamos obstáculos y discriminación cada vez que tratamos de difundir nuestro trabajo creamos esta Red”, informó Elvira Hernández Carballido, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Hernández Carballido dijo a Cimacnoticias que en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se instituyó la Red, con el fin de dar resguardo a investigadoras de temas de género en áreas como la sociología, antropología, historia y la comunicación, esto con el objetivo de no mantener su trabajo aislado.

La Red trabaja por el momento en conseguir apoyo y financiamiento de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además de que está formando un directorio y un catálogo de investigadoras de la región céntrica del país.

La también profesora agregó que entre sus compromisos está editar una publicación conjunta en el mes de septiembre o noviembre, la cual conmemorará la participación de las mexicanas en los movimientos de 1810 y 1910. Además organizarán un encuentro sobre feminismo y género en meses próximos.

Las integrantes pertenecen a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, La Universidad Pedagógica, la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Simone de Beauvoir y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras.

Desde octubre de 2009 estas académicas se reunieron en la Universidad Autónoma Metropolitana, identificadas por su compromiso con los estudios feministas y de género, y considerando que todas desarrollaban su trabajo en instituciones y organizaciones que se encuentran en el centro del país, decidieron crear esta agrupación.

Con intereses en común y con la meta de enfrentar de forma conjunta situaciones complejas como la actitud patriarcal de algunas instituciones, pero sobre todo con el deseo de abrir ya sea una línea de investigación o una asignatura sobre mujeres, decidieron trabajar unidas y apoyarse para fortalecer su presencia en la academia.

El primer año de existencia de la Red, será coordinado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, representada por las doctoras Elvira Hernández Carballido y Josefina Hernández Téllez. En tanto, la Universidad Autónoma de Querétaro se comprometió a apoyar de manera directa al primer comité de esta red.

Fue en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, durante el VI Encuentro sobre “Empoderamiento Femenino” que se informó de la creación de la Red y se invitó a participar y conocer los objetivos de la misma.

LA DOBLE MORAL DERECHISTA ATACA DE NUEVO...


Exigen antiabortistas eliminar la cartilla nacional de salud; fomenta la promiscuidad, dicen
Carlos García, corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 23

León, Gto., 12 de marzo. Organizaciones antiabortistas respaldadas por Luz María Ramírez, titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense, solicitaron al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, José Ángel Córdova Villalobos, el retiro de la cartilla nacional de salud, porque, argumentaron, promueve la promiscuidad y las relaciones sexuales a temprana edad.

Representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la Coalición por la Fami-lia y la Vida (Cofavi), y Suma Tu Voz, participaron hoy en la conferencia Los alcances de la cartilla nacional de salud, en la que le pidieron al funcionario modificar la política de salud sexual del gobierno de la República.

El objetivo del acto es invitar a los padres de familia a que no acaten la política de educación sexual aplicada por Salud federal, comentó Beatriz Rodríguez, presidenta de Cofavi.

Consuelo Mendoza García, presidenta de la UNPF, solicitó a Córdova Villalobos que no se inmiscuya en la formación sexual de los hijos, porque esa es una potestad de los padres.

Educación sexual sesgada

Que retire esas hojas centrales (de la cartilla) en cuanto a educación sexual, que no sea sesgada, que respeten la patria potestad de los padres y la libertad que tenemos para elegir la educación para nuestros hijos, solicitó.

En la conferencia impartida por Mendoza García, a la que asistieron estudiantes de secundaria, padres de familia y funcionarios del Instituto de la Mujer Guanajuatense, encabezados por Luz María Ramírez, consideró que en la cartilla se promueve el hedonismo sexual sin compromisos.

Arremetió contra la píldora de emergencia, pues es abortiva y atenta contra la vida, incluso de la misma mujer, advirtió.

Están diciendo que ser padres es malo, tan malo como el con- traer sida, y además los están engañando, porque si hasta las aspirinas tienen efectos secundarios, mucho más los tienen estas píldoras, señaló .

El año pasado, integrantes de Suma Tu Voz y Cofavi, encabezadas por la entonces regidora panista Hortencia Orozco, quemaron el libro de biología de la Secretaría de Educación Pública y exigieron que se distribuyera el texto editado por el gobierno del estado, que basa la educación sexual en la virginidad, la abstinencia y el matrimonio.

Impide el gobierno al SME cobrar $21 millones por cuotas


Alejandro Muñoz ya no es tesorero de los electricistas: Amezcua

Bobadilla, secretario del Trabajo del gremio, hizo los trámites, dice

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 30

La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Martín Esparza, precisó que no cobró 21 millones de pesos, producto de cuotas sindicales, y que el gobierno federal intervino nuevamente para impedir que el gremio tuviera acceso a tales recursos.

La institución bancaria privada en donde estaban depositadas las cuotas entregó el monto referido a un tribunal judicial, el cual autorizó la canalización del mismo al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

De acuerdo con la versión de los dirigentes del SME, Alejandro Muñoz ya no es tesorero de este sindicato, no tiene representación legal alguna y, además, “ya ni le podemos decir ‘compañero’, porque se ha convertido en un empresario al servicio de las limosnas que le ha arrojado el gobierno federal”, señaló Fernando Amezcua, vocero del sindicato.

El tesorero actual, reconocido por los agremiados, es Fernando Muñoz Ponce; sin embargo, quien realizó los trámites para cobrar los 21 millones de pesos fue Eduardo Bobadilla, secretario del Trabajo del SME, quien cuenta con la toma de nota (reconocimiento oficial) vigente.

Bansefi presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por la presunta falsificación del poder notarial que exhibieron representantes del SME para cobrar la suma citada.

Muñoz afirmó que él tenía la facultad para cobrar los recursos, porque –argumentó– tiene la toma de nota respectiva, según los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En efecto, los cheques llegaron a manos del grupo de Esparza, pero no han podido ser cobrados.

Sin embargo, agregó Amezcua, el titular de la STPS, Javier Lozano, definió que Alejandro Muñoz era el tesorero. Aquí el objetivo es evitar que el SME tenga acceso a ese dinero. Está metida la mano de Lozano y, cómo no habría de hacerlo, si ha empeñado su esfuerzo y su tiempo para evitar que nos paguen nuestros derechos, como el aguinaldo.

El vocero del SME comentó que los abogados del sindicato ya están al frente del caso para hacer valer los derechos necesarios para el cobro de las cuotas sindicales.

Por lo pronto, dijo, la base de trabajadores electricistas está ocupada en la preparación de la huelga que estallará el 16 de marzo.

Autoridades educativas estatales piden a la SEP atender nutrición

La población estudiantil de áreas indígenas es la más afectada por la mala alimentación

Funcionarios de salud buscarán regular un millón de puntos de venta de comida chatarra

Foto
Las autoridades buscan restringir la comida chatarra en los centros escolares, pues imputan la obesidad infantil en buena parte a estos alimentosFoto María Meléndrez
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010, p. 29

Autoridades educativas de 12 entidades demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) atender no sólo el problema de la obesidad infantil en las escuelas, también los altos índices de desnutrición entre los estudiantes, pues aseguraron que la población escolar indígena es la más afectada por la mala alimentación.

En tanto, autoridades de salud informaron que se buscará regular un millón de puntos de venta de comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas, como parte de la estrategia del gobierno federal contra el sobrepeso infantil. Además, se creará un nuevo sistema de etiquetado con un sello de calidad escolar que garantice que los productos que se expenden en tiendas y cooperativas escolares cumplen con los lineamientos de regulación de alimentos en las escuelas que se aprobará antes del inicio del próximo ciclo escolar.

En una reunión privada, encabezada por el titular de la SEP, Alonso Lujambio, y a la que asistió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Mauricio Hernández Ávila, los secretarios de Educación de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán demandaron la aplicación de medidas paralelas para frenar tanto la obesidad como la desnutrición infantil, que afecta a un número cada vez mayor de alumnos en el país.

Tras concluir el encuentro, que se prolongó por cuatro horas en la sede de la SEP, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, reconoció que una de las preocupaciones de fondo que se presentaron en la mesa fue la necesidad de reforzar las acciones para frenar la mala alimentación de los alumnos, en particular en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz.

En algunas regiones del país, agregó, parecería que la obesidad es un problema urbano y la desnutrición un problema rural que afecta particularmente a las zonas indígenas. Las entidades que concentran ese problema lo expusieron de manera muy clara. Se discutió que paralelamente hay que encontrar soluciones a la desnutrición infantil, pues afirmaron que no sólo se trata de la obesidad y el sobrepeso.

Hernández Avila aseguró que al concluir el proceso de consulta a las autoridades educativas estatales sobre sus mecanismos de regulación en la venta de comida dentro de las escuelas, reconoció que en algunas entidades se presenta un problema combinado de obesidad y desnutrición. Existe la demanda de contar con lineamientos que incorporen esta situación y no correr el riesgo de dejar fuera a los niños que no reciben una alimentación adecuada.

La meta, indicó, es sumar esfuerzos entre las autoridades educativas y de salud para bajar el contenido calórico de la colación que consumen los niños en la escuela y pasar de 480 a 280 calorías, que es una reducción importante. Un almuerzo con este contenido energético puede incluir una galleta, una pequeña porción de leche descremada y una torta de huevo o jamón.

Agregó que otras de las acciones que buscarán impulsar con las autoridades municipales y las secretarías de Salud en los estados es el control de los puntos de venta de comida chatarra en las calles, pues destacó que por cada uno de los 250 planteles escolares en el país hay cuatro puntos de venta en banqueta, es decir, hablamos de un millón, y es un tema que estamos estudiando a profundidad.

Por su parte, Lujambio indicó que frenar el sobrepeso y la obesidad infantil es un reto que requiere el esfuerzo de todos los sectores sociales, y no sólo en materia de educación, pues si encontramos el lenguaje correcto, donde la culpa no se deposita en un actor, sino en los hábitos que tenemos que modificar, con la participación de todos, estaremos en condiciones de lograrlo, pero si nos empeñamos en culparnos unos a otros, el esfuerzo será inútil.

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