12/14/2012

Mi alegría por la rebelión campesina en Campeche. ¡Abajo Mouriño, Arriba Canek!



Pedro Echeverría V.

1. El 14 de diciembre de 1761 fue salvajemente asesinado el líder campesino Jacinto Canek en la plaza principal de Mérida, Yucatán después de encabezar la rebelión indígena de Cisteil. Por eso, en su aniversario 251, decenas de integrantes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (Frecies), derribaron en la ciudad de Campeche el busto a Juan Camilo Mouriuño Terrazo, fallecido ex secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, y arrojaron su "cabeza" en las puertas del Ayuntamiento como medida de protesta por el abandono en que se encuentran las comunidades indígenas de la entidad. En los ochenta los campechanos derribaron la estatua de López Portillo, gran despilfarrador de las riquezas petroleras, en esa misma ciudad. Los campechanos son muy respetuosos, muy pacientes, pero cuando se les ofende, también están dispuestos a rebelarse.

2. Campeche es uno de los estados (como Baja California Sur y Quintana Roo) con menor antigüedad de la República Mexicana. Campeche en 1852 y Quintana Roo en 1901 se independizaron de Yucatán por diferentes motivos. Uno de los argumentos de la separación de Campeche fue porque ellos eran liberales juaristas y los gobiernos y clases poderosas de Yucatán conservadores y hasta separatistas. ¿Eso explica lo de hoy? Los manifestantes pintaron consignas en la base del busto a Mouriño, colocado en el Paseo a los Héroes del barrio de San Román por administración municipal panista. Grupos campesinos indigenistas protestan desde hace varios años contra el busto, bajo el argumento de que Mouriño Terrazo no puede ser considerado un héroe campechano, pues nació en España y poco o nada hizo por Campeche, su tierra adoptiva.

3. Campeche es un estado que hoy cuenta con unos 850 mil habitantes; más de la mitad en la miseria, pero ha sido muy saqueado en su riqueza petrolera, pesquera y forestal. Por eso los campesinos, luego de una marcha por las principales calles de la ciudad, hoy turística, para conmemorar el 251 aniversario del asesinato de Jacinto Canek, los manifestantes se dirigieron al Paseo a los Héroes, donde gritaron y pintaron consignas en la base del busto. Al grito de "Fuera los gachupines", dos campesinos subieron al monumento y derribaron el busto, en medio de gritos de júbilo de los marchistas, en su mayoría campesinos de comunidades que exigen la regularización de sus tierras. Luego de que la estructura de metal cayó al suelo, los campesinos colocaron en su lugar una cabeza de cochino. La cabeza de Mouriño fue arrastrada hasta la Alcaldía encabezada por la cuñada de Mouriño.

4. Pero, ¿quién fue Jacinto Canek? Se ha escrito que éste en la festividad popular en el poblado de Cisteil, cerca de Sotuta, Yucatán (municipio a unos 80 kilómetros de Mérida) desde el atrio de la iglesia, incitó a los indígenas a levantarse contra los españoles. Les dijo: “Hijos míos muy amados: no sé que esperan para sacudir el pesado yugo y servidumbre en que han sido sujetos por los españoles; yo he caminado por toda la provincia y registrado todos sus pueblos; he considerado con atención la utilidad o beneficio que nos ha traído la sujeción de España y no encuentro otra cosa que una penosa servidumbre”. Después de los acontecimientos en el que murieron numerosos soldados del ejército de la Capitanía General de Yucatán, también vecinos de la localidad de Cisteil, el líder maya cayó preso siendo conducido a Mérida junto con los otros rebeldes. Su asesinato se conoció como el suplicio más grande de la historia.

5. Pero esa región de Sotuta, que pertenece al cercano oriente del estado, fue también centro de rebelión de Nachi Cocom en 1510-35 cuando los españoles conquistaron la península de Yucatán e impusieron su religión haciendo gala de su tecnología. La antigua rivalidad de los Cocomes (o seguidores de Nachi Cocom) y los Tutul Xiúes se definió a favor del jefe indígena de Sotuta quedando derrotados los Xiúes de Maní. Por ello, ante la persecución de españoles, ocupación de propiedades colectivas, la fundación de Mérida en 1542 y la imposición forzada de otra religión, los Cocomes de Sotuta se rebelaron contra los españoles. Nachi Cocom tenía clara la lucha de liberación de su pueblo, se oponía a la idea que sus dioses permitieran y favorecieran el asentamiento de los europeos. Era Cocóm un indomable enemigo de los invasores.

6. En esa región de Sotuta, Tixcacal, Tepich, Valladolid, que es el oriente del estado de Yucatán estalló lo que se conoció como la “Guerra de Castas en 1847. Campeche y Quintana Roo aún eran territorios yucatecos, pero Mérida concentraba la economía, el gobierno, la cultura. Por ello Campeche fue un territorio mucho más rebelde y avanzado que el mismo Yucatán. Esperemos que la represión fascista del gobierno de Peña Nieto no desate la represión contra los indígenas y campesinos campechanos por desatar su cólera ante la desatención de los gobiernos a pesar de que el petróleo de Campeche –los pozos que mayores riquezas a proporcionado al país- en vez de crear fuentes de trabajo y riquezas en el estado, ha servido para llevarlo a más pobreza y miseria. De antemano hay que decir: ¡Alto a la represión contra nuestros hermanos campechanos!

7. Así que en 1535, la rebelión de Nachicocom contra la colonización de los españoles; en 1761 la rebelión de Cisteil encabezada por Canek; en 1847 la Guerra de Castas que dirigió Cecilio Chi y José Antonio Hay, también contra los “blancos” que los expropiaban de sus tierras; y en 2012 nuevamente los campesinos campechanos descabezan el monumento de un español, el señor Mouriño, que en nada benefició a los campechanos. Me recuerda que también en los sesenta fue derribado el monumento de Miguel Alemán frente a la rectoría de la UNAM y hace siete años el enorme monumento que se autoerigió Vicente Fox en Veracruz. Pero también me avergüenza que en Mérida el gobierno municipal panista haya erigido un monumento al conquistar Francisco de Montejo y siga tan campante al inicio del paseo que lleva su nombre. No en vano se ha dicho que Mérida no es la blanca, sino de los blancos… derechistas y conservadores (14/XII/12)

Consulta: http://pedroecheverriav.wordpress.com

pedroe@cablered.net.mx

Chuayffet, ideas y personaje vetusto


Emilio Chuayffet, titular de la SEP. Foto: Benjamin Flores
Emilio Chuayffet, titular de la SEP.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo que más está cambiando en el mundo, y no es fácil ubicar algo que lo esté haciendo en forma más perseverante, son los conocimientos, los aprendizajes y la educación. Pero esto no ocurre en México, que tiene más de tres décadas de atraso monumental en el tema y ahora presenta un nuevo secretario de Educación del grupo priista más añejo y tradicional, con un programa (o, de manera más precisa, con algunas ideas sueltas) cargado de viejas fórmulas, que apuntan a la continuación de la degradación pedagógica y educativa en la que nos encontramos. Así comienza este gobierno.
El tamaño de la crisis educativa no puede ser afrontado con el perfil de un político experto en maniobras de partido, de movilidad ascendente en puestos de poder y de lealtades personalísimas, como es el caso de Emilio Chuayffet, ni con las ideas vagas y conservadoras con las que se anuncia la política gubernamental para el sector educativo. No se trata, ni debe ser visto así, de la llegada de un secretario de Estado, al área donde se padece la degradación social más extensa, para frenar los infinitos apetitos políticos de los miembros de la cúpula del SNTE ni para hacer a un lado a Elba Esther Gordillo. Sería verdaderamente una bajeza pensar que Peña Nieto ha designado a Emilio Chuayffet para hacer un trabajo sucio contra un personaje tan decadente como la lideresa del SNTE. No valdría la pena, ni debe pensarse que con echarla por la borda los enormes problemas educativos del país tendrían visos de solución. Para nada.
Podría ser hasta lo contrario, porque si esa fuera la pretensión lo único que se lograría sería arreciar una pugna inútil entre sectores priistas del más viejo cuño que ahondarían la actual descomposición del sistema educativo nacional. Peor aún, se repetirían en magnitud insospechada las peleas y diatribas con las que se la pasaron Elba Esther y los secretarios panistas de la SEP, y en verdad que ya no estamos para tales desmesuras. Ni son necesarias ni valen la pena, y no creo que para eso estén ubicando en el escritorio de Vasconcelos a Emilio Chuayffet.
Los problemas del sector no pueden afrontarse, ni remotamente, con más pruebas hacia los maestros (con la propuesta de poner en marcha el “Servicio Profesional de Carrera Docente” y de crear un “Sistema Nacional de Evaluación Educativa”); ni con la idea (nada nueva) de que “ha llegado la hora de la verdadera revolución educativa”, como la acuñó en su momento Jesús Reyes Heroles en funciones de secretario de Educación, y que culminó con una embestida terrible en contra de algunas universidades populares de entonces; ni con el acopio de estadísticas sobre la planta docente. Vale decir, las cosas no van a cambiar sólo con esas pequeñas ideas, que buscan un efecto más bien mediático.
En las propuestas de inicio de este gobierno no se ve ninguna idea sobre la magnitud de la desigualdad educativa y la baja cobertura escolar; nada respecto de lo que se ha distorsionado en materia de aprendizajes y conocimientos, o sobre el bajo nivel del gasto por alumno y la ine­quidad en la distribución del mismo gasto por entidades de la República; tampoco nada en torno a la obsolescencia de la currícu­la y la baja inversión en nuevas tecnologías; ninguna propuesta sobre la construcción de nuevas universidades públicas o sobre la regulación de las patito, el mejoramiento de la infraes­tructura escolar, la salud de los estudiantes y la participación ciudadana, entre muchas otras prioridades bastante más significativas que las señaladas. Con un programa de unas dos o tres iniciativas se pretende enmendar lo que es la peor crisis que se ha vivido en la historia del sistema educativo nacional. Parches, con un encargado para hacer remiendos al que no se le conoce oficio en lo estrictamente educativo.
La designación de un personaje como Emilio Chuayffet en la SEP suena más bien a que la educación se considera un trampolín político más que una tarea de responsabilidad social, y que la educación sólo debe ser tomada en cuenta para alcanzar el dominio y la imagen que busca presentar el grupo compacto ungido en el poder, desde sus principios de gobernabilidad, adquiridos y practicados por lustros: coop­tar, reprimir, sojuzgar o hacer demagogia. Chuayffet está hecho para manejarse con soltura en estas tareas.
No debería aceptarse sin más una nueva reforma educativa parchada que modifique, otra vez, el artículo 3° constitucional con medidas sin trascendencia. Valdría más discutir en serio sobre lo que significa construir un proyecto de país distinto al que se nos ha dejado como un chiquero, en donde se regocijan delincuentes e ignorantes a los que les gusta demostrar que lo son. Vayamos mejor a una discusión a fondo de lo que implica situar a la educación en el centro de una política social y pongamos a debate lo que esto significa, y, desde allí, observemos si, en verdad, algún político de puertas abiertas y mente experimentada podría dar cuenta de una apertura al diálogo digno y necesario. ¿Será esto harto incomprensible?­

Exigen a Harvard retirar invitación académica a Calderón


Un diputado porta una pancarta de repudio a Felipe Calderón. Foto: AP
Un diputado porta una pancarta de repudio a Felipe Calderón.
Foto: AP

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El sitio “change.org” envió más de tres mil firmas de apoyo para retirar la invitación de la Universidad de Harvard al expresidente Felipe Calderón para que sea profesor en la Escuela Kennedy.

En respuesta, el decano de la Escuela Kennedy, David T. Ellwood, defendió la permanencia de Calderón, al argumentar que favorecerá el aprendizaje de los estudiantes, destaca el diario 24 horas en una nota publicada este viernes.

La participación de Calderón, expresó Ellwood, permitirá a los universitarios “convivir con líderes mundiales y hacer preguntas difíciles relacionadas con políticas públicas importantes”.

En el sitio “change.org” está abierta la petición de John Randolph, exagente de la Patrulla Fronteriza, quien convoca a sumar firmas contra la incorporación de Calderón a Havard, por su responsabilidad en la violencia provocada por la guerra contra el narcotráfico.

“Hay pendientes derechos civiles y casos de asesinatos vinculados a las acciones de Calderón”, se lee en la petición: http://www.change.org/petitions/harvard-university-president-faust-deny-outgoing-mexican-president-felipe-calderon-employment-at-harvard

Artículo 362, margen de arbitrariedad




La Jornada
El artículo 362 del Código Penal vigente para el Distrito Federal establece sanciones de entre cinco y 30 años de prisión para quienes, mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realicen ataques a la paz pública o perturbación de la paz pública. Por añadidura, el artículo 254 impone penas adicionales de cuatro a 10 años de cárcel y de 200 a mil días de multa a quien integre una organización de hecho de tres o más personas para cometer, en forma permanente o reiterada, ataques a la paz pública.

Si bien los medios del delito, salvo la violencia extrema, están claramente tipificados, las figuras de ataque o perturbación de la paz pública son ambiguas e indefinidas y crean un enorme margen de arbitrariedad y discrecionalidad para la aplicación de la ley: en ella podrían caber desde una riña callejera hasta un atentado terrorista. La disposición referida puede usarse como una coartada para perseguir, reprimir, condenar y encarcelar a disidentes políticos y sociales según convenga a las autoridades locales en turno, por cuanto cualquiera que participe en una expresión de protesta que derive a la violencia podría, incluso si ha actuado en forma pacífica y legal, ser involucrado en las figuras delictivas señaladas.

Fue precisamente eso lo que ocurrió el pasado primero de diciembre, cuando, tras los actos vandálicos perpetrados por grupos de choque de origen y propósitos inciertos, decenas de jóvenes manifestantes y simples transeúntes fueron capturados con exceso de violencia, maltratados de diversas maneras y remitidos a la autoridad judicial. Catorce de esos ciudadanos permanecen recluidos en distintas cárceles, por más que existen documentos que prueban su palmaria inocencia.

Ayer, un centenar de integrantes del movimiento #YoSoy132 se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en demanda de la liberación de los 14 y de que sea derogado el artículo 362 del Código Penal capitalino. La exigencia de los manifestantes es procedente. Sin desconocer la necesidad de perseguir y castigar actos vandálicos y faltas administrativas como los cometidos en el centro de esta capital el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la persistencia del referido numeral es peligrosa, en la medida que establece sanciones para un delito abstracto, difícilmente reductible en el ámbito penal y carente de tipificaciones concretas. En esa medida, el artículo referido representa un peligro para la vigencia de los derechos humanos y sociales.

Es inevitable, por otra parte, vincular el contenido del artículo 362 del Código Penal capitalino con el tristemente célebre delito de disolución social, creado durante la década de los 40 del siglo pasado con propósitos de persecución política, aplicado a discreción de la autoridad para detener y encarcelar a activistas sociales, líderes políticos y a simples críticos del régimen, y cuya derogación fue uno de los reclamos principales del movimiento estudiantil de 1968, violentamente reprimido por el régimen de Gustavo Díaz Ordaz.

Hoy hay 14 personas a la espera de ser procesadas con base en una legislación injusta, anacrónica y ambigua, y a partir de los atropellos policiales documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que, como se dio a conocer ayer en estas páginas, no sólo consistieron en un uso desproporcionado de la fuerza –en 75 por ciento de las capturas– sino también en una visión discriminatoria y criminalizadora de los jóvenes.

En suma, en la ciudad capital –que se precia de ser una de las más progresistas del país– persisten prácticas autoritarias inadmisibles y la aplicación de leyes que facilitan la discrecionalidad y la arbitrariedad. Cabe esperar del gobierno y la legislatura locales que el primero se desista de los cargos que pesan sobre los 14 presos del primero de diciembre y que permita su liberación, y que la segunda realice las modificaciones legales pertinentes.

Demandan por genocidio económico y traición a la patria a Calderón y Fox


Por segunda vez en la historia del país se intenta encarcelar a ex presidentes de la República

La acusación presentada por académicos, abogados, sindicalistas y luchadores sociales ya fue admitida en el MP
Buscamos hacer justicia a millones de mexicanos pobres, dicen

Alfredo Méndez
 Periódico La Jornada
Viernes 14 de diciembre de 2012, p. 15

Por segunda ocasión en la historia de México se intenta llevar a prisión a ex presidentes de la República (en este caso a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón), bajo acusaciones de genocidio. En 2002 se presentó la primera denuncia penal relacionada con un supuesto genocidio imputado al también ex presidente Luis Echeverría, por la matanza del 2 de octubre de 1968, misma que prosperó ante la Procuraduría General de la República (PGR), aunque el caso terminó resolviéndose en los tribunales en favor del político priísta.

En esta ocasión, un grupo de académicos, abogados constitucionalistas y economistas egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), además de sindicalistas y luchadores sociales, intentan llevar a los tribunales mexicanos a Fox y a Calderón por presunto genocidio económico (modalidad no prevista en el Código Penal Federal, pero que sí se incluye en tratados internacionales avalados por el Estado mexicano), además de los delitos de traición a la patria y contra la administración pública, estos últimos incluidos en las leyes penales mexicanas.

Los querellantes consideran que durante ambas gestiones panistas los titulares del Poder Ejecutivo Federal depreciaron el salario de los mexicanos 65 por ciento, aumentaron la pobreza alimentaria 40 por ciento e incrementaron la deuda externa 162 por ciento.

Ocho de los denunciantes acudieron hoy a la PGR para ratificar denuncia presentada el pasado 30 de noviembre, la cual ya fue admitida a trámite por la agente del Ministerio Público Federal Flor Juárez Rivera, titular de la segunda mesa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

El litigante Porfirio Martínez González, vocero de la asociación Mexicanos Unidos, que agrupa a profesores, abogados, ingenieros, médicos, sindicalistas, obreros y luchadores sociales de diversas entidades del país –quienes presentaron esta denuncia–, informó ayer que la querella pretende hacer justicia a nombre de millones de mexicanos que quedaron en la pobreza absoluta durante las administraciones panistas que recién concluyeron.

En entrevista con La Jornada refirió que es inaceptable que este asesino de Calderón se vaya tan tranquilo, como si hubiera sembrado flores en el campo; y no es posible que Fox también se quede como si nada cuando avaló varios tratados comerciales que acabaron por empobrecer a millones de mexicanos.

En la querella contra ambos ex presidentes de la República se menciona que en los seis años anteriores el gobierno de Calderón incrementó la deuda externa 162 por ciento, al pasar a 7 billones de pesos.

Dijo que en los pasados 12 año, los gobiernos panistas han pagado solamente por servicios e intereses de la deuda más de 4 billones de pesos, lo cual ha violentado abiertamente lo que dispone el artículo 73 fracción VIII de la Constitución, en cuanto a que la deuda de la nación se debe pagar para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, y que ningún empréstito podrá celebrarse más que para la realización de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

Entre los querellantes destacan el doctor en derecho constitucional Raúl Jiménez, y los connotados abogados José Luis Alanís y Lauro Llona Sansón.

Chuayffet, Raúl Vera y Manuelito


Rafael Landerreche

Emilio Chuayffet, el hombre de los chinchones, que se autoacusó de borracho para no respetar los acuerdos de San Andrés; el hombre que renunció (o fue renunciado) a la Secretaría de Gobernación tras la masacre de Acteal, el que tuvo la insolente ocurrencia de declarar que era imposible preverla, cuando dos semanas antes Ricardo Rocha la había anunciado ante millones de televidentes; Emilio Chuayffet quien, por mucho que se dé vueltas al asunto, es cómplice (mínimamente por omisión y encubrimiento) de los 45 asesinatos perpetrados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, está de vuelta, con total impunidad, en un gabinete presidencial, después de 15 años de ausencia.
Este hecho no es sino una de muchas señales que demuestran que México está gobernado por una mafia que se adueñó del poder, como dijo AMLO. Otras señales, como las manías privatizadora, la represora y la televisora, aunadas al estado de la oposición política y de la resistencia popular, que si bien se mantienen heroicamente, se encuentran fragmentadas, dispersas y debilitadas, nos confirman que a México siguen esperándole días aciagos.
Este ciclo en la vida política de Emilio Chuayffet coincide curiosamente (o quizá misteriosamente) con otro ciclo: el de la comunidad mártir de Acteal. Apenas unos días antes del anuncio de que Chuayffet sería secretario de Educación, falleció el último de los sobrevivientes mortalmente heridos aquel 22 de diciembre, después de quince años de luchar contra la muerte.
En este nuestro México desgarrado por la injusticia, la impunidad y la violencia; en este México regado por la sangre de más de 70 mil muertos y sembrado de familias destruídas, diezmadas, enlutadas por el asesinato o la desaparición de sus miembros; en este pobre México si alguien tenía razones sobradas para caer en la desesperación e incluso en la violencia y la venganza, ese alguien era Manuel Vázquez Luna, quien se convirtió en el décimo miembro de su familia fallecido a consecuencia de la masacre de Acteal. Sin embargo, lo notable, lo increíble de Manuel es que nunca pidió venganza, nunca habló mal de nadie y nunca dejó de sonreír.
En realidad, Manuel no fue herido por las balas ese fatídico 22 de diciembre; fue herido por lo que había detrás de ellas: la estrategia del terror. Y fueron las secuelas sicosomáticas de ese gran trauma las que terminaron por quitarle la vida. Él vio cómo caían acribillados su padre, su madre y sus cinco hermanas. El escuchó a su papá, un catequista que no sabía leer, pero que se sabía muy bien los Evangelios, exclamar antes de morir: Padre, perdona a tu pueblo. Tras escuchar estas palabras, sobrevivió a la matanza cubierto por una montaña de cuerpos, entre ellos los de sus hermanas. Como llegó a comentar después, en su muy particular estilo: decía a mis pulmones que no respiraran para que no me escucharan los paramilitares.
Cuando vivió esa inimaginable experiencia de terror y muerte, Manuel tenía 12 años. Al morir, el pasado 10 de noviembre, tenía cronológicamente 27 años, pero de alguna manera su espíritu, o su corazón, como dirían los tzotziles, se detuvo en ese terrible momento y siguió siendo el de un niño de 12 años: De ahí que todos lo conocieran como Manuelito. La reacción unánime de los asiduos visitantes de Acteal al enterarse de su muerte fue exclamar con tristeza: ¿Ahora quién nos recibirá en Acteal ofreciéndonos contar un chiste, una adivinanza o un cuento? Porque esa era la costumbre de Manuelito. Contaba chistes para tapar el paso al dolor; sonreía para disipar la tristeza y hacer sonreir a todos los que encontraba. Con frecuencia, sus chistes no eran más que las bromas inocentes de un niño de 12 años, pero en ocasiones sus cuentos se elevaban a la altura de las parábolas.
Don Raúl Vera, obispo auxiliar de don Samuel en el momento de la masacre, le escribió una carta a Emilio Chuayffet, un par de meses antes de la masacre, alertándolo de lo que estaba pasando. Como sucesor y correligionario de Bartolomé de las Casas, don Raúl sabe denunciar con palabra de fuego. La carta a Chuayffet concluía con una cita del profeta Amós: “Ustedes aborrecen al que los amonesta y abominan al que les habla con la verdad…pisotean al pobre...y hostilizan al justo, reciben sobornos y hacen que los pobres pierdan su causa en los tribunales. Por eso callan los prudentes, porque los tiempos son malos”.
Ahora bien, Manuelito era de otro talante. Si se hubiera encontrado alguna vez con Chuayffet no le habría espetado duras palabras. Le habría contado un cuento, un cuento que era mucho más que un cuento: “Estaba caminando entre los árboles cuando oí una voz que me llamaba: ¡Manuel! ¡Manuel! –Volteé a donde se escuchaba la voz, pero no vi a nadie. Otra vez escuché la voz, ahora más fuerte: ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Veme a la cara si eres hombrecito!– Entonces me di cuenta de que era un pajarito el que me estaba hablando. ¿Qué quieres? –le respondí?, y contestó el pajarito:
–¿Tú mataste a mis papás? ¡Dímelo!
–Sí, yo fui. Perdón, no sabía que eran tus papás.
–¿Dónde están mis papás? –volvió a preguntar el pajarito.
Manuelito se toca su panza con las manos, dando a entender que se los comió. El pajarito vuelve a hablar, pero su tono es más suave y conciliador:
–Te perdono porque me dijiste la verdad. Ahora podemos ser amigos.
Si existe un México profundo, es el de los pueblos que llegaron a estas tierras antes de que hubiera memoria. Si existe un abismo insondable, es el dolor de un niño al que la violencia le ha arrancado a sus padres y a sus hermanos. Pues bien, de esas profundidades recónditas llega a nosotros una voz. No es el grito de espanto que cabría esperar de las tinieblas; no, es algo como el gorgeo de un pajarito en diciembre. Y lo que esa voz propone es amistad… ¡para los asesinos de sus padres! Pero eso sí, con una condición insoslayable: la verdad. México está urgido de justicia y reconciliación ¿Seremos capaces de comprender?

Greenpeace denuncia que Levi’s, Nike, C&A… contaminan las aguas de México



Los activistas advierten que esta situación, pese a ser denunciada, se sigue negando


IPS

La industria textil mexicana, en particular la que elabora prendas para grandes marcas de prestigio mundial, es acusada de inundar ríos y otros cursos de agua con residuos que contienen sustancias nocivas para la salud y el ambiente.
Prácticamente la totalidad de la ropa cosida en las grandes fábricas del país “contiene sustancias químicas peligrosas”, asegura el coordinador de la campaña de Tóxicos del capítulo mexicano de Greenpeace, Pierre Terras. “Son ampliamente usadas, lo cual es preocupante. No sabemos qué tan peligrosa es su exposición, pero cuando se liberan al agua se vuelven activas y se convierten en tóxicas”, añadió.
En su informe “Hilos tóxicos: Al desnudo. Exponiendo el papel de la industria textil en la contaminación de los ríos de México“, Greenpeace indica que las textiles nacionales Lavamex, del Grupo Inisa, y Kaltex, filial del consorcio de igual nombre, vierten polución en el San Pedro y en el San Juan, dos cursos fluviales que atraviesan los centrales estados de Aguascalientes y Querétaro, al norte de la Ciudad de México. Inisa y Kaltex proveen a cadenas globales de vestimenta, como las estadounidenses Levi Strauss y Nike, la holando-germana C&A y la francesa LVMH, además de producir, teñir y lavar tejidos en este país.
“Muchas de las sustancias químicas identificadas se utilizan en la producción en las plantas textiles, o se crean como resultado de la descomposición de las sustancias químicas usadas en el procesamiento”, cita el reporte, precedido por cinco estudios sobre las descargas y usos de sustancias peligrosas en este sector y en el del calzado en China y otros países.
El documento sobre México, divulgado el miércoles 5, indica que se desconoce el alcance de la contaminación y que la regulación es limitada y desacatada.
A partir de 1994 se instalaron en México docenas de plantas de manufactura en “maquila” (zona franca de fábricas para exportación), atraídas por los bajos salarios y costos para abastecer los mercados de Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los tres países ese año. Las maquilas, que gozan de exenciones impositivas, bajas tarifas de agua y electricidad y flexibilidad laboral, se dedican especialmente a la producción de ropa y al ensamblaje de automóviles y de aparatos electrónicos.
Las manufacturas textiles en estas áreas emplean a más de 500.000 personas en la confección de camisetas, pantalones vaqueros y otras prendas con tela de algodón rústico, para exportarlas a Estados Unidos, de quien México es el cuarto proveedor de tejidos y vestimenta, según la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación. Desde octubre de 2011, México exportó 4.684 millones de dólares en vestimentas y telas a Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Vestuario y Textiles del Departamento (ministerio) de Comercio de ese último país.
“Hay un montón de descargas clandestinas. Las que más se dan son las industriales y las del ‘rastro’ (instalación donde se mata y destaza ganado). Tenemos una contaminación brutal. No se aplica la normatividad. Es increíble la negación del problema”, se lamenta la activista Enriqueta Medellín, fundadora en 1992 de la no gubernamental Conciencia Ecológica de Aguascalientes.
Greenpeace muestreó los vertidos de ambas plantas en mayo, los cuales analizó en los laboratorios de la británica Universidad de Exeter, y que arrojaron presencia de restos de químicos como nonilfenol, bencenos triclorados y ftalatos, usados en la producción de detergentes, resinas y plásticos. Las normas mexicanas para la descarga de aguas residuales se basan en niveles permisibles de ocho indicadores de calidad de agua y concentraciones de nueve metales pesados. Pero no miden otras sustancias y se carece de regulaciones para las aguas con color, como las emanadas de las maquilas.
Ante nuestra consulta, la firma Lavemex respondió por correo electrónico que “se enorgullece de ser un ciudadano (sic) responsable con el ambiente y de trabajar diligentemente con el gobierno, sus clientes y grupos de monitoreo para asegurarse (de) que cumpla y hasta exceda los estándares” ambientales. Por su parte, Kaltex, que ya se ha extendido Estados Unidos, América del Sur y Europa, se negó a comentar el problema planteado.
Unos 60 casos de contaminación del agua, sobreexplotación de acuíferos y dificultades de acceso al líquido en México han llegado al Tribunal Latinoamericano del Agua, instancia de la sociedad civil creada en 2001 para enjuiciar las políticas hídricas aplicadas por los estados. “Debiera declararse una urgencia nacional por el agua. Las políticas de desarrollo ponen en riesgo la riqueza hídrica”, advirtió el presidente del Tribunal, el costarricense Javier Bogantes.
Esa entidad declaró culpable la semana pasada a la Ciudad de México y al país como tal por “la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno, que garantizan el derecho al agua” y por la incapacidad de las autoridades “para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental”. El tribunal, que analizó el expediente “Posible colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones” presentado por la no gubernamental Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, reconoce “el creciente deterioro del derecho humano al agua” y “la insuficiencia de los mecanismos jurídico-políticos” para frenarlo.
Greenpeace busca que las marcas internacionales de gran prestigio exijan estándares ambientales a las maquilas mexicanas
“La primera respuesta la tiene la marca que compra a esos proveedores, porque tiene la capacidad de cambiar la cadena de suministro para asegurar a sus clientes productos sin tóxicos y sin contaminación”, planteó Terras. Seis sellos de moda y ropa deportiva se han unido al desafío Detox que Greenpeace, que ya emprendió una campaña mundial para que Levi Strauss se sume, lanzó en 2011 mediante compromisos individuales para alcanzar el vertido cero de sustancias peligrosas para 2020.
Asimismo, le pide al gobierno mexicano enlistar las sustancias químicas peligrosas para ejercer acciones inmediatas y un registro público sobre las descargas, emisiones y fugas de esos compuestos. En su fallo, el TLA, que sesionará en octubre de 2013 en Lima, sugirió defender las leyes y políticas para el acceso al agua y revisar el sistema de procuración de justicia ambiental.
Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/greenpeace-denuncia-que-levis-nike-ca-contaminan-las-aguas-de-mexico.html

Violeta se lleva a los cielos el Glauber Rocha

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Escrito por ruth   
Imagen de muestraLa cinta chilena Violeta se fue al cielo conquistó el premio Glauber Rocha de la prensa extranjera acreditada en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, con el auspicio de Prensa Latina.  

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Declaración de la Liga de Unidad Socialista


El provocativo regreso del PRI

LUS


¡ALTO A LA REPRESIÓN!
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS DETENIDOS EL 1° DE DICIEMBRE!

La vuelta del PRI a la presidencia de la República se ha dado como era de esperarse: con un despliegue inaudito de fuerzas represivas (sólo en el Distrito Federal se calcula que participaron entre 8 y 10 mil efectivos policiacos) y con las inevitables acciones represivas que tal alarde provocativo de fuerzas produce en la ciudadanía, que con todos sus derechos constitucionales vigentes, protestaba el 1° de diciembre contra la imposición del presidente de la restauración priista, Peña Nieto.
En la capital de la República, en Guadalajara, en Monterrey y en muchas otras ciudades se expresó ese repudio por la vuelta del PRI. Ominosamente se inicia el sexenio de la restauración priista con decenas de heridos (un estudiante de la UACM tan grave que perderá un ojo por la represión sufrida), decenas de presos y con la presencia de granaderos y policias federales (muchos de ellos soldados vestidos de policías) en las calles arrojando gases lacrimógenos y apaleando a los ciudadanos.
La violencia y el terrorismo estatales en su mejor versión priista que nos recuerda los nefastos años de Díaz Ordaz y Echeverría.
Estos han sido los factores de la auténtica provocación a toda la población que ha escenificado el PRI a su vuelta a Los Pinos. Esa es la respuesta que da el poder al sentimiento de frustración y el descontento que se profundiza en el seno de las amplias capas de la población ante la injusticia, la desigualdad y la represión crecientes. Esos son los métodos conocidos priistas para solucionar en especial las demandas de una juventud exasperada ante la carencia de empleos, de educación, de perspectivas que le ofrece hoy la corrupta sociedad capitalista.
Es la política que corresponde a la decadencia de un régimen que encuentra frente a una situación social potencialmente explosiva.
La complicidad de los partidos "registrados"
Pero la vuelta del PRI se da en un contexto que no es el mismo al prevaleciente antes del año 2000 cuando perdió por primera vez la presidencia de la República. Hoy la democracia capitalista del dinero incluye a los partidos "registrados" privilegiados con las bolsas multimillonarias del corrupto IFE. Los dos partidos claramente colocados a la derecha, en el "centro derecha" el PRI y en la "extrema derecha" el PAN, de hecho han venido gobernando en alianza a veces tácita y a veces explícita el país en los últimos años. El PRD que nació hace 25 años para realizar una "revolución democrática" hoy es el tercer pilar político principal del régimen: en el Distrito Federal el jefe de gobierno perredista Marcelo Ebrard se ha caracterizado como un neoliberal, antisindicalista y aliado con los grandes capitales como cualquier gobernador del PRIAN. Y todo indica que Miguel Ángel Mancera, su sucesor seguirá ese mismo camino.
Por eso Peña Nieto ha convocado al PAN y al PRD a pactar "un acuerdo por México" al que presurosas las direcciones de ambos partidos han respondido positivamente. Para el PRI es fundamental volver a poner pie en la capital de la República de donde fue expulsado desde 1997 y ahora la dirección conciliadora del PRD le ofrece en bandeja esa posibilidad: recuperar para el priismo el centro no sólo de la oposición parlamentaria sino del fermento social explosivo de una posible transformación verdaderamente revolucionaria.
Todo esto significa, ni más ni menos, que los grupos dominantes de la economía, los señores del gran capital tanto nacional como extranjero, tendrán un régimen estatal por completo a modo de sus demandas privatizadoras (de PEMEX y de la CFE), hambreadoras (como la nueva ley laboral aprobada, como los impuestos que están en la agenda) y de recortes de los presupuestos de la educación pública y del desmantelamiento del IMSS y del ISSSTE.
El reto ante los trabajadores y el pueblo en general
¿Cómo enfrentar este desafío? Sólo organizándonos independiente, democrática y nacionalmente en una organización (frente, coalición, partidos, el nombre no es lo esencial) que verdaderamente represente y se identifique con los intereses de los trabajadores y los sectores masivos oprimidos que constituyen la absoluta mayoría de la población de México. Esa organización democrática y revolucionaria es lo que falta para que, vinculada estrechamente con estas numerosas luchas, las conduzca al éxito. Es necesario coordinar las luchas que se dan a lo largo y ancho del país pero que no encuentran un impulso concentrador que potencie su fuerza. Sólo así los trabajadores unidos con el pueblo explotado y oprimido serán invencibles: con organización y claridad de sus objetivos anticapitalistas y antiimperialistas.
Esta carencia de objetivos claramente anticapitalistas, para no decir internacionalistas, hacen que el proyecto propuesto por López Obrador de Morena carezca de perspectivas como solución a la crisis de dirección que atravesamos. Sus métodos electoralistas, su funcionamiento antidemocrático interno, el caudillismo innegable de AMLO hacen de Morena un proyecto que tiende a convertirse en un PRD bis.
Los próximos años de la restauración priista serán cruciales para definir la lucha popular después de tantos combates que no han podido consolidarse en una victoria contundente de los trabajadores y sus aliados, victoria que es la única garantía que permitirá al pueblo mexicano salir del precipicio de represioón, desempleo y decadencia en el que actualmente se encuentra.
La juventud, un sector especialmente golpeado por la crisis comienza a movilizarse: allí están los ejemplos del movimiento #Yosoy132 y ante todo del movimiento estudiantil democrático e independiente cuya vanguardia hoy mismo representa la huelga estudiantil de la UACM. Hay sectores de de esta juventud exasperados por la situación terrible por la que atraviesan ante la cual responden a veces no de la mejor y eficiente forma. Hay que educar paciente y firmemente a esta juventud que es la materia prima más valiosa de la transformación social a la que aspiramos y por la que luchamos. Muchas esperanzas están puestas en esta juventud para el renacimiento de México como un país democrático, independiente, solidario con los pueblos del mundo y encaminado hacia la construcción de un sistema no capitalista, un sistama socialista con las características específicas que son las de nuestro pueblo y sus tradiciones de lucha. Por eso nos debemos oponer firmemente a la criminalización de la protesta popular del 1° de dicembre y defender a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones participantes. Defender a los presos políticos y exigir un castigo a los métodos represivos y provocadores de las numerosas policías participantes ese día. No a la criminalización de las víctimas y castigo a sus verdugos.
¡ALTO A LA REPRESIÓN!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡PASO A LA JUVENTUD!
¡A PREPARAR LA HUELGA NACIONAL CONTRA EL GOBIERNO PRIISTA DE PEÑA NIETO!

CIMACTv Mujeres del penal de Santa Martha Acatitla inauguran mural

Cambiar política económica para abatir informalidad

NACIONAL
LABORAL
   Se debe garantizar seguridad social a las trabajadoras

Por: Guadalupe Cruz Jaimes
Cimacnoticias | México, DF.-


México debe reorientar su política económica y laboral para generar empleos formales que garanticen acceso universal a la seguridad social a los 29.3 millones de personas ocupadas en la informalidad, de las cuales 11.3 millones son mujeres.

Con base en la información recién difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual 6 de cada 10 empleos son informales, Carmen Ponce, economista experta en temas de género, consideró como muy grave que “un número tan grande de personas” labore sin derechos mínimos.

En declaraciones a Cimacnoticias, la experta dijo que es “lamentable” que más de la mitad de las y los trabajadores se ocupe sin contrato, prestaciones y sobre todo sin seguridad social, lo que les impedirá acceder a una pensión cuando lo necesiten.

Ponce refirió que las mujeres en la informalidad trabajan sobre todo en micronegocios y en la pequeña empresa, mientras que otras están subcontratadas en empresas formales.

En el empleo informal se ocupa el grueso de los 7.8 millones de jefas de familia en México, ya que 8 de cada 10 mujeres en esta situación carece de seguridad social.

Según  el Inegi, hasta el tercer trimestre de 2012 de los 29.3 millones de personas ocupadas en la informalidad, 14.2 millones estaban en el sector informal (como el comercio ambulante), 2.1 millones en el trabajo del hogar, 6.2 millones en el ramo agropecuario, y 6.8 millones laboraban en empresas, gobierno e instituciones.

El instituto reportó que las entidades federativas con menores proporciones de empleo informal son Baja California Sur (41.6 por ciento), Chihuahua (42.8 por ciento), y Nuevo León (43 por ciento). Mientras que los estados con tasas más elevadas son Oaxaca (80.8 por ciento), Guerrero (80.8 por ciento), y Chiapas (76.5 por ciento).  

Al respecto, Ponce refirió que en esas entidades con más personas en la informalidad, 80 de cada 100 mujeres carece de servicios de salud.

La activista indicó que es preciso un cambio en la política económica y laboral, para mejorar las condiciones de trabajo de los casi 30 millones de personas en la informalidad.

Para empezar, propuso, debe garantizarse el acceso a la seguridad social universal, de modo que sin importar la relación laboral de las y los trabajadores con el empleador tengan acceso a este derecho.

Además, las autoridades deben fomentar la generación de empleos formales, aunque esta tarea no será sencilla luego de la reciente reforma a la Ley Federal de Trabajo que “legalizó” formas de contratación (a prueba y por horas) que vulneran la estabilidad en el empleo.

Contar con fuentes de trabajo formales que garanticen protección social es un “piso mínimo” que ayudaría a reducir la pobreza en el país, según un análisis del Banco Mundial (BM) sobre el empleo en México.

En su reporte, publicado en octubre pasado, el BM informó que 62 por ciento de las y los trabajadores estaban en la informalidad, y criticó que el gran pendiente en el país es mejorar la calidad del empleo.

Hay que recordar que hasta el pasado 11 de diciembre, el Inegi se centraba en el conteo de las personas en el sector informal, que este año representó 29.2 por ciento de la fuerza de trabajo, y no consideraba a las personas ocupadas en otros sectores que tenían las mismas carencias de seguridad social y prestaciones.

Ahora, con la “medición ampliada” realizada por el instituto, la informalidad se ubicó en 60.1 por ciento, muy cerca de la estimación realizada por el BM.

Carmen Ponce calificó como un avance que luego de la “presión” de organismos como el BM, la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres, el Inegi mida y reconozca la cantidad de personas que están en esa “situación de desventaja”.
 

Caso “El Coqueto” devela la falta de justicia para las mujeres

NACIONAL
VIOLENCIA
   Familias se organizan contra el feminicidio en el Edomex

CIMACFoto | César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Las familias de las seis mujeres violadas, asesinadas y cuyos cuerpos fueron abandonados en la vía pública por César Armando Librado Legorreta, “El Coqueto”, por fin tienen un poco de tranquilidad tras la condena de 240 años de prisión dictada contra el feminicida confeso.

Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia –una joven de 17 años asesinada por Librado Legorreta– dijo que este caso despertó el interés de las mujeres del Estado de México por organizarse para denunciar las irregularidades del sistema de justicia.

Ayer el juez Juan Arturo Velázquez Méndez sentenció a 40 años de prisión a “El Coqueto” por violar y asesinar a cada una de sus víctimas: Cireni Dayana, Blanca Elia, Eva Cecilia, Fernanda, Patricia, y una mujer no identificada.

Dayana tenía 23 años y era madre de dos niños; Blanca Elia era una abogada de 28 años; Fernanda tenía 20, y Patricia era cocinera y madre de tres hijos.

Al conocer la resolución, Vargas aseguró que en comparación con las madres que llevan años buscando a sus hijas desaparecidas o exigiendo cárcel para los asesinos, ella está tranquila con este fallo.

Durante el receso del juicio oral que ayer se realizó, las familias de las víctimas se reunieron para expresar su pesar y recordar a sus hijas. En ese encuentro algunas de las madres coincidieron en la necesidad de seguir denunciando la mala impartición de justicia en la entidad.

La sentencia por feminicidio contra Librado Legorreta –delito tipificado en el Código Penal estatal desde marzo de 2011– no es un signo de justicia sino de la inacción de las autoridades, replicó la madre de Eva Cecilia.

Amparo criticó que “El Coqueto” haya tenido que matar a seis mujeres para que las autoridades mexiquenses hicieran algo, toda vez que cuando las madres denunciaron la desaparición de sus hijas los agentes del Ministerio Público las ignoraron.   

Con coraje aseguró que las madres fueron quienes aportaron todas las pruebas para que se localizara y se detuviera al asesino porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “nunca se preocupó por hacer su trabajo”, acusó.

Pero lo que más indigna a las madres es que las autoridades las ignoraran y al asesino confeso le pagaran una operación por las lesiones que sufrió en la columna vertebral y en la pierna derecha, luego de caer desde un tercer piso cuando intentó fugarse el pasado 27 de febrero.

PROCESO TORTUOSO

Sin dar nombres, la madre de Eva Cecilia narró el vía crucis que  vivió para encontrar a su hija, una estudiante de 17 años que desapareció el 26 de noviembre de 2011.

El 27 de diciembre, después de un mes de salir todos los días a las calles a pegar volantes, preguntar en oficinas públicas e insistir en el Ministerio Público para que le informaran sobre la situación de su hija desaparecida, Amparo fue a la PGJEM y empezó a gritarles a los agentes que la atendían.

Ese día, en una oficina del Ministerio Público de Tlalnepantla, la mujer exigió hablar con alguien que sí pudiera investigar, se metió a la fuerza a la Unidad de Homicidios y habló con un licenciado, quien al ver su enojo la dejó revisar los expedientes de mujeres asesinadas.

Eran cinco expedientes –recordó Amparo–; el primero que revisó describía a una occisa de entre 18 y 20 años de edad que vestía sudadera azul, mallas negras, short de mezclilla y botas, la misma ropa con que su hija desapareció un mes antes.

El cuerpo de Eva Cecilia fue encontrado el 24 de diciembre, pero tres días después Vargas se enteró de que su hija estaba muerta. Como una broma macabra, todavía el 26 de ese mismo mes los servidores públicos le dijeron que “no había nada” sobre la adolescente.

Situaciones como ésta vivieron las otras cinco familias y de no ser por su determinación para encontrar al asesino, la sentencia de 240 años nunca se hubiera dado y Librado Legorreta seguiría matando mujeres con el permiso del Estado.

CASO EMBLEMÁTICO

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destacó que este caso es emblemático porque refleja que la justicia llega tarde y que el asesinato doloso de mujeres no se investiga.

El OCNF fue la primera organización civil en denunciar que en los primeros cinco años de la administración del entonces gobernador del Estado de México y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, se cometieron 922 casos de feminicidio.

Desde entonces la gestión peñista negó que hubiera una ola de asesinatos de mujeres, y rechazó que se decretara una Alerta de Violencia de Género para implementar medidas de protección urgentes para las mexiquenses.

Ante la presión social, Peña Nieto envió al Congreso local una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio, la cual fue aprobada en marzo de 2011 y desde entonces el artículo 242 bis del Código Penal estatal considera este crimen que ahora se castiga con penas de 40 a 70 años de prisión.

María de la Luz Estrada señaló que lo más preocupante en este caso es que se estuvieran asesinando mujeres con el mismo modus operandi, en una zona determinada y con una frecuencia inaudita, sin que las autoridades se dieran cuenta o hicieran algo.

Según los cruces de información de las familias, en sólo dos meses Librado Legorreta mató a cuatro mujeres sin mayor problema, y todavía se dio el lujo de arrojar sus cuerpos en un radio de menos de tres kilómetros.

“¿Realmente se hizo justicia?”, se preguntó Estrada al apuntar que fue necesario que una mujer salvara la vida para que las autoridades pusieran atención sobre este fenómeno, es decir, esto es preocupante porque sólo así se logró la sentencia de feminicidio.

Incluso fue Amparo quien señaló que el captor de su hija podría estar en la Ruta 2 de microbuses que corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado, trayecto que la joven abordó la última vez que se le vio cuando se despidió de su novio para ir a casa después de ir a patinar.

Pero los agentes, a quienes Amparo tachó de irresponsables y corruptos, no tomaron con seriedad este indicio y lo consideraron hasta que la joven que sobrevivió a las agresiones del feminicida decidió denunciar y señalar a su agresor.

Amparo adelantó que algunas de las madres de las víctimas se organizan para conformar un grupo que promueva la prevención, y denuncie las desapariciones de otras mujeres a fin de que las familias no tengan que pasar por la misma situación.
 

Nueva dirigencia de Red de Mujeres Periodistas de Matamoros


ESTADOS
   Se compromete a impulsar periodismo con visión de género


Samara del Toro
Por: Samara del Toro, corresponsal
Cimacnoticias | Matamoros.- 

La nueva mesa directiva de la Red de Mujeres Periodistas de esta ciudad tamaulipeca asumió ayer su encargo con el compromiso de continuar la capacitación de las informadoras desde una perspectiva de género.

En su mensaje, la entrante coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas, Mónica Cecilia Robles González, calificó como “muy nefasto” el dicho de “mujeres juntas, ni difuntas”, ya que –advirtió– “cuando las mujeres nos unimos somos más fuertes”.

La comunicadora dijo que impulsará el periodismo con equidad de género, además de continuar las actividades que desde hace seis años realiza la red, tales como campañas de concientización social.

En el evento celebrado en el Museo Casamata de esta ciudad, se entregaron reconocimientos a las periodistas Georgina Méndez Martínez y María del Consuelo González Hernández.

Méndez Martínez tiene una trayectoria de 20 años en el periodismo; originaria de Oaxaca, ha sido columnista y reportera de medios como el diario Presente de Villahermosa, Tabasco, y El Fronterizo, de Matamoros.

Fue corresponsal en Brownsville, Texas, para los diarios El Bravo de Matamoros, y El Mañana. También se desempeñó como traductora del ruso al español en la embajada de México en Moscú, y para el diario Novedades que se editaba en la capital rusa.

María del Consuelo González fue galardonada por sus 23 años de trabajo en medios de comunicación. Inició como reportera gráfica en el diario El Bravo de Matamoros y es la primera fotoperiodista en realizar la cobertura de un Informe de Gobierno en el estado.

Posteriormente laboró como reportera de sociales y en 2010 presentó el proyecto de un suplemento infantil –“El Bravito”–, el cual le fue aprobado.

La coordinadora saliente de la Red de Mujeres Periodistas de Matamoros, Lidia Martínez Cardiel, rindió su informe de actividades 2011-2012, y destacó los logros alcanzados en capacitación de las comunicadoras en el ejercicio de un periodismo con visión de género.

Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), tomó la protesta a las integrantes de la nueva mesa directiva.

Además de Mónica Cecilia Robles González, rindieron protesta  Delia Arellano Contreras, vicecoordinadora; Ruth Salazar Aguilar, tesorera; Dora María Morales Garza, secretaria; Leticia Montalvo Ramírez, vocal, y Nelly Deyanira Vásquez Villanueva, también vocal.

Como testigos acudieron la coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas en Tamaulipas, Rosa María Rodríguez Quintanilla, y el alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza.
 

Albergue atiende a más migrantes hondureñas jefas de familia


LA OTRA RUTA MIGRATORIA
   Son jóvenes, viajan con sus hijos y evaden redes de trata

Por: Elizabeth Muñoz Vásquez, corresponsal
Cimacnoticias | Apizaco.- 

Las mujeres migrantes que recibe el albergue “La Sagrada Familia”, en esta ciudad del estado de Tlaxcala, son en su mayoría originarias de Honduras, su edad oscila entre los 20 y 30 años, y son jefas de familia con hijas e hijos pequeños.

La directora de “Un mundo, una nación” –organización civil defensora de los derechos de la población migrante–, Carolina González Cuevas, precisó en entrevista que de 2010 a octubre de este año el albergue “La Sagrada Familia” ha atendido a 548 hondureñas.

Le siguen las salvadoreñas (237); guatemaltecas (97), nicaragüenses (31), y 79 mexicanas originarias de estados del sur del país.

La activista detalló que la edad promedio de las mujeres migrantes oscila entre 20 y 30 años, tienen hijos pequeños y en su mayoría son jefas de familia en sus lugares de origen.

Con base en el más reciente reporte de “Un mundo, una nación”, González Cuevas abundó que en dos años de labores se han atendido a 14 mil 511 personas migrantes, de las cuales 992 son mujeres, y 107 de ellas son menores de edad. “Desde bebés hasta jóvenes de 17 años”, precisó.

La defensora especificó que en el caso de las menores de edad, todas han llegado al albergue acompañadas por algún familiar: “Por ejemplo, las bebés y las niñas hasta de 10 años, siempre van acompañadas por la madre o el padre; en tanto que las adolescentes de 13 y 14 años viajan en compañía de tíos, primos o hermanos, pero nunca  solas”.

PAGAN POR SEGURIDAD

La directora de “Un mundo, una nación” también advirtió que las migrantes centroamericanas evitan viajar en el tren en dirección a Estados Unidos para no arriesgar su integridad física, por lo que pagan a “coyotes” (traficantes de personas) para ser transportadas en vehículos particulares o incluso en las cajas de tráilers que llevan doble fondo.

Así, agregó Carolina González, las migrantes evitan ser captadas en su trayecto por México “por mafias dedicadas a la trata de personas, que las obligan a prostituirse y a vivir en el anonimato en diversas entidades del país”.

Señaló que desafortunadamente en los estados de Puebla y Tlaxcala las mujeres migrantes están expuestas a caer en las redes de trata, “y la ciudad de Apizaco está considerada como un foco rojo”, alertó.

Piden reparación del daño con enfoque de género

INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Presentan informe sobre efectos de guerra civil en Guatemala
Por: Tatiana Félix*
Cimacnoticias | Guatemala.- 

La organización Impunity Watch presentó su informe “Creando un lugar para las voces de todas las víctimas. Para procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición con sensibilidad de género”, en el que analiza las consecuencias de la guerra civil en este país centroamericano.

En el documento se destaca la necesidad de que los procesos de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (VJRNR) tengan una perspectiva integral de género.

Tras dejar una estela de cerca de 200 mil personas asesinadas durante 36 años, el conflicto armado interno en Guatemala terminó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz.

Más de 15 años pasaron y dos informes sobre la verdad fueron publicados, además de materiales alternativos sobre memoria y verdad.

Sin embargo, los reportes no contemplaron un análisis más profundo del conflicto en relación con la cuestión de género, ni elaboraron recomendaciones en la búsqueda de reparaciones integrales para esos delitos.

Por ello, el documento de Impunity Watch se propone analizar la sensibilidad de género de los procesos de VJRNR, con el propósito de facilitar reflexiones de manera integral y no sólo enfatizando la violencia sexual contra las mujeres.

El objetivo es denunciar que la limitada atención sobre otras consecuencias de la violencia de género en el conflicto, impacta negativamente en la efectividad de los procesos.

Para Impunity Watch dar atención sólo a los casos de violencia sexual y sus efectos es un modo de confirmar la vulnerabilidad y la victimización de las mujeres, dejando de resaltar su papel de liderazgo, activismo y resistencia.

“Además, tiende a provocar una separación entre ‘lo que les pasó a las mujeres’ y los impactos ‘generales’ del conflicto armado”, se explica en el informe.

La organización sostiene que “es esencial ponerle atención a los impactos del conflicto y pos conflicto diferenciados por género y diseñar e implementar respuestas que sean adecuadas e integrales”.

En el documento también se alerta sobre el hecho de que otros delitos basados en el género, como el trabajo y matrimonios forzados, y reclutamiento forzado de hombres no fueron tratados hasta ahora.

A pesar de las deficiencias en los procesos VJRNR, Impunity Watch destaca el trabajo de seguimiento psicosocial a las víctimas y el Tribunal de Consciencia sobre Violencia Sexual, realizado en 2010.

Por estas cuestiones es que Impunity Watch recomienda la implementación de mejores mecanismos que permitan que mujeres y hombres sobrevivientes del conflicto armado interno accedan a los procesos de VJRNR, y que las autoridades estatales luchen contra el estigma sufrido por las y los sobrevivientes y promuevan la justicia y la reparación de los delitos.

En especial, la entidad llama la atención del Ministerio Público para que mejore el acceso a la justicia para las víctimas del conflicto.

A organizaciones de la sociedad civil, Impunity Watch recomienda la creación de una memoria histórica colectiva, que incluya las historias de las comunidades, de mujeres y hombres que hasta ahora no fueron contadas.

*Este texto fue retomado del portal de noticias internacional Adital.
 

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