En su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró un señalamiento que ha formulado en diversas ocasiones sobre las llamadas reformas estructuralesdel sexenio pasado: se trató, dijo, de modificaciones constitucionales y legalesimpuestas y ordenadas desde el extranjeroeimpulsadas por organismos financieros internacionales.
Resulta difícil negar el aserto presidencial a la luz de los documentos y posicionamientos públicos y conocidos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, sobre todo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de sus insoslayables coincidencias generales y particulares con las modificaciones a los marcos laboral, fiscal, energético y educativo que fueron aprobadas en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, en las postrimerías del de Felipe Calderón y en los primeros dos años del de Enrique Peña Nieto.
Es claro, además, que ese conjunto de alteraciones de fondo a la organización misma del país obedeció, en todas sus expresiones, al interés de ensanchar las lógicas de mercado en los sectores afectados, de maximizar el papel de lo privado en detrimento de lo público, de convertir derechos básicos e inalienables en oportunidades de negocio y de introducir las lógicas de la oferta y la demanda en actividades sociales y estratégicas que nunca debieron ser sustraídas al control del Estado.
El ciclo de esas reformas, que llegó a su periodo más brutal en la administración anterior al amparo del Pacto por México, una negociación cupular a tres bandas que permitió a Peña Nieto lo que ni Calderón ni Vicente Fox habían conseguido: legalizar un paradigma educativo ajeno a las robustas tradiciones institucionales y sociales de la enseñanza nacional –de las que las normales rurales son un claro ejemplo–, ceder a los capitales privados un enorme filón de la producción, distribución y comercialización en el sector energético –hidrocarburos y electricidad– y transferir a la ciudadanía los costos de la merma de la renta petrolera. En el ámbito laboral se experimentó, asimismo, una combinación nefasta: el retroceso de los derechos laborales y la persistencia de las estructuras antidemocráticas y opacas del sindicalismo oficial.
Es pertinente señalar que estos procesos re- formadores supeditados al extranjero, regresivos y antipopulares constituyen el telón de fondo de las arduas negociaciones en torno a una nueva legislación educativa y de los forcejeos por el control de organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, una entidad autónoma con un poder desmesurado y excesivo que anula muchas de las potestades gubernamentales y que fue incrustada en la Constitución y las leyes secundarias con el claro propósito de desmantelar las industrias petrolera y energética de la nación.
En suma, el empeño por revertir esas reformas, así sea de manera parcial e incompleta, constituye a fin de cuentas un trabajo de reconstrucción de la soberanía y un esfuerzo por restituir la coherencia y la integridad al ejercicio gubernamental y al correcto funcionamiento de la economía.
Cabe esperar, por ello, que se logre avanzar en la tarea.
La creciente intervención de empresas
trasnacionales en territorios indígenas ha motivado que incluso la
Organización de Naciones Unidas (onu) aborde el tema en contextos de la
llamada mundialización. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas emitió los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: proteger, respetar y remediar,
con el fin de que los estados ejerzan control sobre las actividades
empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que
las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de
reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios,
el consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos,
que concluirá mañana su visita de 10 días a México con la presentación
de un informe preliminar sobre la misma después de entrevistarse con
empresas, gobierno y organizaciones.
El telón de fondo para la actividad de este grupo de trabajo es el documento de los Principios rectores que
no son instrumento jurídico y, por tanto, no son vinculantes, pero se
han convertido en una suerte de mantra. Se asumen acríticamente como
base para la actividad de la ONU en torno a la compleja relación entre
derechos humanos y empresas. Dichos principios no consideran los
derechos vigentes de los pueblos indígenas. Si bien no están referidos a
éstos de manera directa, sí encontramos que son los principales
afectados por la actividad de las empresas en sus territorios. Es
urgente colocar la discusión sobre el enfoque prevaleciente para tratar
una relación notoriamente asimétrica, más aún cuando está en curso en la
ONU a partir de 2014 la elaboración de un instrumento jurídico al
respecto. No parece clara la postura sobre la responsabilidad primaria
de los estados en la protección de los derechos de los pueblos
indígenas. Es significativo observar que la onu aparezca como mediadora
supuestamente neutral de una problemática que inevitablemente afecta a
los pueblos indígenas y ante la cual se responde, más que con el
reforzamiento de sus derechos, con la discusión de lineamientos,
recomendaciones o llamados a la buena voluntad o códigos de ética de las trasnacionales, cuyo único interés es el lucro siempre cobijado en nombre del progreso. Dentro de los diversos antecedentes de los llamados Principios rectores encontramos que la idea de incorporar a los actores sociales
a los espacios de la onu se adoptó oficialmente con el lanzamiento del
Global Compact, con la participación de 44 grandes sociedades
trasnacionales y algunos otros representantes de la sociedad civil. Fue anunciado en 1998 por el secretario general de la onu en un informe destinado a la Asamblea General titulado La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Entre las sociedades participantes en el Global Compact se encuentran
British Petroleum, Nike, Shell, Nestlé, Rio Tinto y Novartis (A/52/428).
Hoy estamos ante la falacia de que es posible establecer una relación equitativa
entre pueblos indígenas y empresas trasnacionales e incluso establecer
alianzas entre estos actores frente al Estado. En esa lógica es
lamentable que se plantee siquiera que los probables beneficios
compensatorios en esa relación sean la construcción de aulas, hospitales
o alguna infraestructura en las comunidades afectadas.
Para dialogar con el grupo de trabajo que nos visita, un colectivo de
más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil
elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales
violaciones a derechos humanos por las empresas y documenta 61 casos en
todo el territorio nacional. Las violaciones más frecuentes son contra
el derecho a la tierra y territorio; el derecho a la consulta y el
consentimiento previo; el derecho al acceso a la información; a un medio
ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento
de los derechos indígenas. Llama la atención que el informe refiera este
panorama como el obstáculo para el cumplimiento de los Principios rectores, asumiendo
con ello la legitimidad de los mismos o bien simplemente acogiendo la
oportunidad de un espacio de la ONU para documentar sus denuncias que
tienen como sustento tales principios.
El muy detallado informe destaca los impactos de las empresas
vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas
hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y
aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario,
turismo y maquilas, entre otros. Coloca la reflexión sobre el carácter
del Estado mexicano que se ubica al servicio de los intereses
empresariales, por encima de la protección del interés público mediante
la promulgación de normas que favorecen intereses empresariales en
detrimento de los derechos humanos. La moneda está en el aire, ya habrá
tiempo de elaborar balances.
Refinería de Basra, en Irak. Este país alcanzó en febrero un récord de 2.8 millones de barriles diarios de petróleo exportadosFoto Reuters
Los
texanos –sean empresarios de alcurnia, sean ciudadanos comunes– han
sido alcanzados por los daños a la salud, al medio ambiente y a la
armonía social que provoca el telúricamente tóxico fracking.
Rex Tillerson –mandamás de la máxima trasnacional de Estados Unidos,
la legendaria petrolera ExxonMobil, quien ostenta un salario de 40.3
millones de dólares al año– presentó una demanda legal, en la que cita
las “consecuencias del fracking”, con el fin de bloquear la
construcción de una torre de agua de 50.6 metros junto a su dañada
propiedad valuada en 5 millones de dólares en Texas (http://thinkprogress.org/climate/2014/02/21/3316881/exxon-ceo-protests-fracking/ ).
ExxonMobil, con sede en Texas, no es una trasnacional cualquiera: representa El imperio privado y el poder de EU (Penguin Books, Nueva York, 2012), según el autor Steve Cole, galardonado con el Premio Pulitzer.
ExxonMobil, junto a Apple y Google, se encuentra a la cabeza de las
máximas trasnacionales de Estados Unidos, medidas por su valor
accionario, según el ranking de The Financial Times.
Rebecca Leber, del portal Think Progress, comenta que ExxonMobil, mediante su polémica subsidiaria XTO Energy, es el máximo productor de gas natural en Estados Unidos que se basa en la controvertida tecnología de exploración para extraerlo (léase: la fracturación hidráulica, fracking).
Rebecca Leber cita un reporte de The Wall Street Journal sobre la torre de agua cercana a la casa de Rex Tillerson que abastecería un sitio cercano al fracking que
requiere de inmensas cantidades del líquido que, por cierto, ha
contaminado los mantos freáticos cada vez más secos de Texas.
A juicio de la feroz crítica Rebecca Leber, las operaciones de
petróleo y gas de ExxonMobil no solamente resultan en depredaciones,
que han destruido casas y regiones, sino también provocan el desplome
del valor de las propiedades. ¿Quién querrá vivir en medio de tanta
contaminación letal?
El quejoso Rex Tillerson arguye que el proyecto causaría mucho
ruido (¡supersic!) y tráfico (sic) debido a la transportación del agua
de la torre al sitio de perforación. ¡Qué sensible!
La demanda legal busca una indemnización de 40 millones de dólares
por daños (¡supersic!) y exige el desmantelamiento de la polémica torre
de agua propiedad de CTWSC (Cross Timbers Water Supply Corporation),
anteriormente BWSC (Bartonville Water Supply Corporation), que “venderá
agua a los exploradores de petróleo y gas mediante el fracking para las formaciones de shale gas” (lutitas/esquisto/grisú; http://www.bizjournals.com/dallas/news/2014/02/24/exxon-ceo-dick-armey-sue-to-stop-water-tower-in.html?page=all ).
Al unísono, el anterior líder de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos (del Partido Republicano), el también texano Richard
Keith Dick Armey y su esposa entablaron el mismo juicio del mandamás de ExxonMobil, aduciendo daño a su rancho de 2 millones de dólares. Very weird!
Uno de los abogados del sensible quejoso texano especifica que la
preocupación de su poderoso cliente petrolero/gasero es referente a la devaluación de su propiedad, más que al fracking. Como reza el popular dicho mexicano: que se ejecute la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre.
Extraña doble personalidad del mandamás de ExxonMobil: en su calidad de gasero ha fustigado a los numerosos críticos del fracking y a quienes pregonan su regulación, mientras que su alter ego de propietario presenta una demanda legal debido a la torre de agua cercana a su propiedad que servirá para el fracking. Tal
es el prototipo neoliberal de empresarios petroleros/gaseros en Estados
Unidos: ganan de todas en los dos bandos antagónicos, simultáneamente
como verdugos y víctimas.
Para el mandamás de ExxonMobil, quien expectora el aburrido cuan inoperante mantra neoliberal, la regulación del fracking es anatema: este
tipo de regulación disfuncional (¡supersic!) frena la recuperación de
la economía de Estados Unidos, su crecimiento y su competitividad global (http://www.reuters.com/article/2012/03/09/us-ceraweek-exxon-tillerson-idUSBRE82810B20120309 ).
En referencia al tóxico shale gas y a su vilipendiado fracking, el mandamás de ExxonMobil es laxamente displicente y considera que sus riesgos son muy manejables (¡supersic!).
Al texano Rex Tillerson no le perturba que en los recientes cuatro años se haya incrementado el número de sismos en Estados Unidos 11 veces más que en las tres décadas anteriores (http://oilprice.com/Energy/Energy-General/More-Scientific-Evidence-Linking-Fracking-and-Earthquakes.html ).
El anterior boy scout y hoy cowboy petrolero texano Rex Tillerson es un súper peso pesado: pertenece al think tank CSIS,
al superinfluyente American Petroleum Institute y al Bussines
Roundtable (el equivalente, para las principales trasnacionales de
Estados Unidos, de la legendaria Mesa Redonda del rey Arturo).
La omnipotente industria petrolera/gasera gasta fortunas para publicitar los “beneficios del fracking”, pero
no puede silenciar a sus críticos como el portal Truthdig que arremete
contra la doble moral de Rex Tillerson, quien “promueve el fracking en la prensa de Nueva York, mientras entabla una demanda legal por la afectación ambiental a su rancho texano” (http://www.truthdig.com/eartotheground/item/for_exxon_mobil_ceo_frackings _fine_just_not_in_his_backyard _20140225 ).
Pero nada parece detener el delirio en Estados Unidos por el “auge del shale gas como uno de los principales creadores de empleos” y su revolución energética del siglo XXI, que cuenta con la genuflexa complicidad del “México neoliberal itamita”. El costo médico/ambiental/social no importa.
Los fundamentalistas neoliberales del NCPA exultan que gracias al fracking el
empleo en el sector petrolero creció 40 por ciento desde la recesión de
2007, de acuerdo con el Manhattan Institute, de ultraderecha (http://www.ncpa.org/sub/dpd/index.php?Article_ID=24147 ).
En las antípodas de los panegiristas del shale gas, sus críticos Inside Climate News/Center for Public Integrity/The Weather Channel exponen una investigación que vincula el fracking a la emisión de aire tóxico en Texas (http://www.democracynow.org/2014/2/27/big_oil_and_bad_air_report ).
Más allá de la conocida contaminación y sequía de los mantos freáticos (http://www.jornada.unam.mx/2014/02/09/opinion/012o1pol ), resalta y resulta que en el célebre yacimiento de Eagle Ford (al sur de Texas, que traslapa la transfrontera de México), su fracking contamina en forma tóxica el aire: el sulfuro de hidrógeno puede ser letal y el benceno, un componente orgánico volátil, puede causar cáncer en el largo plazo.
Se asienta más la contribución al calentamiento global del telúrico fracking del shale gas debido a la elevada emisión de metano (http://www.jornada.unam.mx/2014/02/16/opinion/012o1pol ).
Los residentes en las áreas del fracking se quejan de los laxos reguladores –amigables con las empresas y estrechamente interconectados con la industria del petróleo y el gas– quienes desprecian sus cefaleas, los olores pestilentes y sus trastornos respiratorios.
También lamentan nostálgicamente el fin de la vida bucólica rural cuando en cinco años el auge del shale gas transformó a Texas en un panorama dantesco de proliferación de pozos y plantas procesadoras para el telúricamente tóxico fracking. www.alfredojalife.com
Twitter: @AlfredoJalife
Facebook: AlfredoJalife
La propaganda a favor del Tratado de Libre Comercio no sólo es
cínica sino ridícula. Los beneficios que se prometieron nunca llegaron.
Aquello de más y mejores empleos, de que las pequeñas, medianas y
grandes empresas mexicanas podrían acceder a los mercados de Estados
Unidos y Canadá, y de que se incrementarían los niveles de vida de toda
la población resultaron todo lo contrario.
Pero ya se habla de
“profundizar” o “actualizar” el Tratado, como si México fuera el
principal interesado en una “asociación” que sólo ha servido para
saquearlo.
El acuerdo únicamente sirvió para hacer irreversible la
implantación del neoliberalismo y poner a disposición de los capitales
estadunidenses los recursos del país.
Lo que sigue será la completa puertorriquización de México
Primera parte
¿Se asociaría usted con alguien 250 veces más rico?
De hacerlo, ¿sería usted realmente su socio o su empleado?
John Saxe-Fernández, México-Estados Unidos. La sardina protege al tiburón, La Jornada
Para que nada nos separe, que no nos una nada
Pablo Neruda
La historia, decía Carlos Marx, se
repite primero como tragedia y después como comedia. Pero a fuerza de
repetirse insistentemente, podría agregarse, ésta se vuelve procaz,
monótona, chocante. Vulgar hasta la náusea como ocurre en el
caso de la historia de los gobiernos mexicanos, que para justificar sus
decisiones remedan hasta la zafiedad los mismos desgastados argumentos
insostenibles de sus predecesores, los mismos gestos histriónicos, las
mismas campañas mediáticas, las mismas mentiras.
La falta de creatividad es palmaria en las razones esgrimidas para justificar un segundo ciclo del mito
del Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual preparan Enrique Peña
Nieto, Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.
Según Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, “el TLC
ha tenido un gran éxito”. Pero, agregó Guajardo, “20 años después de
que entró en vigor, necesita ser actualizado. Hablamos de una
profundización del TLC”.
¿Cuál ha sido la “historia de éxito” de la que hablan Guajardo y los publicistas del acuerdo?
El secretario recurrió a uno de los más
sobados lugares comunes: “el TLC ha tenido un gran éxito en materia
exportadora, pues las exportaciones mexicanas septuplicaron durante los
últimos 20 años y México se convirtió en una plataforma manufacturera”.
Pero inmediatamente se lamentó: por desgracia “las grandes empresas
fueron las que se beneficiaron más del acuerdo comercial
norteamericano. De las exportaciones mexicanas, 33 a 35 por ciento son
de valor nacional, y eso ya da pauta a una integración de valor. Otro
“problema [es que] las pequeñas y medianas enfrentaban condiciones
desiguales a sus empresas comparables en otros países o en Estados
Unidos o Canadá”.
Luego Guajardo hizo cuentas alegres
con simples especulaciones de dudoso fundamento como en su momento
hicieron los salinistas. Aventuró que “las reformas estructurales
recientemente aprobadas, entre ellas, la financiera, la energética y la
de telecomunicaciones, permitirán una mayor participación de las
pequeñas y medianas empresas a nivel internacional y a mejorar su
competitividad”, pues actualmente “pagan energía muy cara y tienen un
muy mal acceso al financiamiento”. Como lo anterior no será suficiente,
Guajardo añadió la necesidad de reciclar el TLC. ¿Con qué
objeto? Para ser más competitivos, “necesitamos homologar normas y
estándares para los sectores productivos, facilitar el tránsito entre
las fronteras, eficientar [sic] la administración de las aduanas e
impulsar la integración de las cadenas productivas”.
Guajardo reconoció al sesgo algunos
efectos indeseables, los cuales, empero, a su juicio, no empañan el
lustroso “éxito” del TLC ni, por añadidura, los ajustes estructurales
del pasado ni, por tanto, el modelo económico. Está convencido, junto
con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y demás peñistas, que con una nueva terapia
de reformas en la misma perspectiva de las precedentes, o con una
simple corrección de éstas, se alcanzarán las metas que nunca se
cumplieron en 30 años. Es la misma historia escuchada hasta el
cansancio por las mayorías desde 1983.
Al cabo, “todo tratado comercial es perfectible”, dijo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, 20 años después.
Si no se condensan las promesas, siempre queda el infalible recurso mandarlas hacia la inalcanzable posteridad, más allá de la frontera
de la responsabilidad sexenal; hacia el protector terreno neutral, en
donde los artífices no pueden ser tocados jurídica y políticamente por
el incumplimiento de los compromisos, pues no existen los mecanismos
legales ni instituciones que les obliguen a rendir cuentas. Sólo queda
la terapéutica sanción moral de la población, cosa intrascendente para los apestados sociales como Salinas y su familia.
Al defender el TLC, Carlos Salinas se cura en salud.
El 17 de noviembre de 1993, cuando la Cámara de Representantes
estadunidense aprobó el TLC, dijo: “los principales efectos del Tratado
irán reflejándose en el mediano plazo”. El 23 de ese mes, una vez que
los priístas y los panistas del Senado hicieron lo mismo con el acuerdo
negociado al margen de la población –los foros de discusión donde
participó la oposición fueron un montaje escenográfico para barnizarlo
de legitimidad–, Salinas reiteró: “para que haya libre comercio pleno,
el Tratado contempla un periodo [de transición] de 15 años. El Tratado
no debe dar lugar para expectativas excesivas”.
Transcurrieron los 15 años de gracia
concedidos al TLC y al “comercio pleno”, y otros 5 adicionales, y las
promesas y las expectativas continúan agazapadas en algún lugar del firmamento.
Alguna vez el eufórico José Ángel
Gurría señaló que la maduración del modelo neoliberal salinista, que
incluye al TLC, requeriría de al menos 18 años para ofrecer el maná
comprometido. Pasaron 30 años, entre catástrofes socioeconómicas y
políticas, y lo que parecía sólido para los forjadores del nuevo
proyecto de nación se desvaneció.
Guajardo también se adelantó a curar en salud al
peñismo. Afirmó que “los beneficios del TLC, firmado hace 2 décadas, se
verán reflejados a todo el país y a todas las empresas en los próximos
20 años”. En ese nuevo lapso de gracia “la historia de éxito
tiene que bajar a todas las regiones de México y a todos los tamaños de
empresa. Ésa es una tarea fundamental que a partir de las reformas se
tiene que transformar”.
Al respecto, el diputado Manlio Fabio
Beltrones acotó: “las reformas traerán más inversiones que generarán
crecimiento, y el crecimiento deberá traer empleo. Pero no traen
automáticamente todo ello”. José Ángel Gurría, ahora secretario de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con
aguda elocuencia consultó las calendas y dijo que la expansión
vendrá cuando tenga que llegar: “el crecimiento nos llegará en 24, en
36, en 48 o en 60 meses. Las inversiones irán llegando poco a poco”.
¿Qué pasará si la “historia de éxito” no baja a donde se presume tiene que descender?
Eso ya no fue asunto de los salinistas ni lo será de los peñistas.
Después de ellos, el diluvio.
En todo caso, la población se quedará como Vladimir y Estragon: esperando a Godot,
con quien quizá tienen alguna cita, algún asunto a tratar, mientras
alguien le dice: “aparentemente, no vendrá hoy, pero vendrá mañana por
la tarde”. “¡Nada ocurre, nadie viene, nadie va!”.
TLC: mitos y hechos
¿Qué esperaba Carlos Salinas cuando
firmó el TLC con George W Bush y el primer ministro canadiense Brian
Mulroney? Los mismos objetivos que espera alcanzar Peña Nieto con la
reapertura de las negociaciones, pese a que Carlos Salinas ya advirtió:
“no se reabre el TLC, se abre una Caja de Pandora” (Rogelio Cárdenas, El Universal, 11 de febrero de 2014).
En su alocución citada, y en las del 12
y 13 de agosto de 1993 –relativas a la culminación de las negociaciones
y la firma de los acuerdos paralelos, el ambiental y el laboral– Carlos
Salinas enumeró las “ventajas [que] nos traerá el Tratado”:
1) más
inversión extranjera y exportaciones que contribuirán al crecimiento
económico y la “modernización económica”;
2) mejores salarios, más
empleos y más bienestar de la población;
3) el respeto la soberanía
nacional.
¿Cuál es
balance del TLC que Peña Nieto pretende revitalizar, esa pieza clave de
la “modernización con justicia social”, como calificara el rumboso
Jaime Serra al proyecto neoliberal de nación del salinismo; del
“liberalismo social” como líricamente denominara el zalamero Jorge
Carpizo –convertido en Apóstol de la democracia– al populismo
asistencialista de la derecha, fingido heredero de los liberales
decimonónicos que política e ideológicamente combaten los
neoporfiristas, y que delirantemente supone que se fundamenta en la libertad, la democracia y la justicia social?
Más allá de los dos efectos escenográficos engañabobos,
de la nación exportadora y privilegiada por la inversión extranjera,
queda la cruel estela del estancamiento económico de larga duración;
las crisis recurrentes; la ausencia del empleo formal, el deterioro de
los salarios reales, la pobreza y la miseria rampantes; la pérdida de
la soberanía nacional y el ominoso sometimiento a los intereses
geopolíticos y de seguridad nacional estadunidense.
El objetivo central del TLC, sin embargo, se ha cumplido honorablemente:
el asegurar la casi irreversibilidad política del Tratado y el
neoliberalismo mexicano –ello dependerá de la sociedad– al integrarlo a
las esferas de la seguridad nacional y geopolítica estadunidenses; el
apoyo de la Casa Blanca a los gobiernos de ese pelaje, sea priísta o
panista, al cabo profesan los mismos intereses; la creación de un
espacio económico para las necesidades de la acumulación de los grupos
oligárquicos trinacionales y las empresas trasnacionales; la existencia
de un peón fiel, los gobiernos mexicanos, que respaldará la
política regional o global estadunidense en contra de quienes aspiren a
cuestionar y fracturar su hegemonía.
Sobre el tema, el especialista John
Saxe-Fernández anotó: “alejándose del ‘globalismo pop”, varios
estudiosos se preguntaban: ¿después de todo, qué es lo que distingue a
un imperio de una alianza o un tratado de libre comercio? Un imperio es
el principal actor en el sistema internacional y su poder está basado
en la subordinación de diversas elites nacionales que, ya sea bajo
compulsión o por convicciones compartidas, aceptan los valores de
aquellos que gobiernan al centro dominante o metrópolis. La inequidad
de poder, recursos e influencia es lo que distingue a un imperio de una
alianza (aunque los tratados de alianza a menudo formalizan o sirven de
disfraz para una estructura imperial)” (“México-Estados Unidos: la
sardina protege al tiburón”, La Jornada, 18 de marzo de 2008).
TLC, salvavidas del neoliberalismo mexicano
Ahora Salinas pretende dar una lección
de mesura y raciocinio a los peñistas cuando él fue quien abrió la Caja
de Pandora, liberó los males que aquejan actualmente al país y –a
diferencia de la mitología griega– hasta dejó escapar a Elpis, el
espíritu de la esperanza.
En los discursos citados, se jactó del
supuesto cuidado que tuvo su gobierno para negociar el TLC. Sin
embargo, en enero pasado, Jaime Serra declaró que el acuerdo tomó
cuerpo entre los salinistas después del Foro Económico Mundial de
Davos, Suiza (febrero de 1992), cuando tuvieron que aceptar que México
–es decir sus gobernantes, agrego por mi parte– estaba en calidad de
apestado internacional. Hasta ese momento sólo se discutía un convenio
limitado en comercio e inversión, iniciado en octubre de 1989. Después
de Davos empezaron las negociaciones del TLC y en diciembre se firmó.
La aprobación en el Senado, 11 meses después, sólo fue una simulación
(Concepción Peralta, “Jaime Serra Puche presume logros del TLC”, http://noticieros.televisa.com/mexico/1401/jaime-serra-puche-presume-logros-tlc/).
¿Qué seriedad puede existir en una “negociación” de esa trascendencia que se llevó a cabo en un lapso tan breve?
El economista Alejandro Nadal señaló
que “el TLC fue concebido con el propósito de hacer irreversible la
imposición del neoliberalismo en México. Las relaciones económicas con
Estados Unidos crearon un marco jurídico de subordinación que
efectivamente parece hacer inalterable las instituciones del
neoliberalismo” (La Jornada, 8 de enero de 2014).
La cuestión, sin embargo, es más grave.
Los “prudentes” salinistas aceptan un acuerdo que involucra aspectos
que trascienden del ámbito económico (productivo, comercial, de
inversión, financiero) y de las políticas públicas y alcanzan al
jurídico, constitucional, político, geopolítico, militar y la seguridad
nacional, cambios que definen el destino de México y la renovación de
su condición neocolonial ante Estados Unidos. Lo convierten en el nuevo
Puerto Rico, de “socio asociado en sociedad”, como diría el poeta cubano Nicolás Guillén.
El TLC es la salida de Carlos Salinas y
la oligarquía económica emergente que busca asegurar la legitimidad de
su gobierno y la consolidación de su modelo económico –políticas de
estabilización y reformas estructurales– y su proyecto neoliberal de
nación, el cual no es más que la originalidad de la copia del modelo
pinochetista y de las directrices del Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Consenso de Washington, arrojándose de esa manera a los brazos de los estadunidenses, de George Bush padre, de Bush hijo y de las empresas trasnacionales.
La sardina mexicana se arrojó voluntariamente a las fauces del tiburón que se la tragó con su proyecto de redespliegue hegemónico regional y global.
Carlos Salinas presenta al TLC como un nuevo ejemplo de las relaciones económicas internacionales. Pero no dice que:
1) Corresponde a las nuevas formas
mundiales de acumulación de capital promovidas por los organismos
internacionales citados, además de la Organización Mundial de Comercio
–OMC, Ronda Uruguay (1986), Marrakech (1993) y Doha (2001)–, con el
objeto de eliminar las barreras nacionales a los flujos de mercancías,
servicios y capitales y acelerar la integración capitalista mundial,
bajo la hegemonía de las potencias industriales y, en especial, de
Estados Unidos. Asimismo, atañe al nuevo orden mundial unipolar,
liderado por el imperialismo capitalista de este último país, luego de
la desaparición del bloque del Este y el reparto de sus pedazos.
2) El ejemplo sólo fue visto con interés y seguido por gobiernos que profesan el mismo credo neoliberal
y que en la década de 1990 coparon a América Latina (Carlos Menem y
Alberto Fujimori, por ejemplo), salvo Cuba, y la mayor parte del mundo,
con resultados mediocremente similares. Alguna vez Guido Di Tella,
ministro de Relaciones Exteriores del entonces gobierno argentino de
Menem, definió el entendimiento Argentina-Estados Unidos como
“relaciones carnales”. También dijo que “Argentina se ha vuelto hoy un
país claramente confiable en el mundo, bajo estándares de confiabilidad
que existen en el mundo, es decir, no inventamos un estándar de
confiabilidad especial para nosotros”. Ésa fue la relación y la
confiabilidad lograda de Salinas a Enrique Peña con la nación
imperialista.
Países como China o India, que se
apartaron de la internacional neoliberal, han mostrado balances
cualitativamente superiores en su mezcla de
estatismo-proteccionismo-neoliberalismo. En el mundo no existe un caso
de éxito de una experiencia neoliberal nacional. No lo habrá porque su
funcionamiento lo aborta. El objeto no es que países atrasados como
México superen su condición subdesarrollada, periférica del
sistema-mundo capitalista, sino que lo perpetúen y lo profundicen, en
beneficio de las potencias llamadas a sí mismas como desarrolladas,
“civilizadas”.
3) El TLC sólo es una pieza de un
proyecto más ambicioso: el redespliegue hegemónico estadunidense en el
Continente Americano. La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) lo ubica como parte de la “Iniciativa para las Américas”
(Enterprise for the America’s initiative), anunciada por George
Bush el 27 de junio de 1990 y considerada como el primer planteamiento
integral sobre las relaciones hemisféricas que Estados Unidos realiza
desde la Alianza para el Progreso (Alpro, 1961), de John F Kennedy, en
el contexto de la Guerra Fría, para contener la influencia de la
revolución cubana y el virus comunista (Cepal, La iniciativa para las Américas: un examen inicial, 1991).
Originalmente, añade la Cepal, el
propósito de largo plazo de Bush era crear una zona de libre comercio
“desde el Puerto de Anchorage hasta la Tierra de Fuego”. La propuesta
de mayor alcance se refiere a la eliminación de los aranceles al
comercio de mercancías y servicios, de los obstáculos a la inversión
extranjera y la protección jurídica a la propiedad intelectual. Esas
medidas la diferencian de la Alpro, que privilegiaba el apoyo
financiero estadunidense, público y privado, las medidas reformistas
(reforma agraria, modernización de la infraestructura de
comunicaciones, reforma de los sistemas de impuestos, acceso a la
vivienda, entre otras), junto a la asistencia e intervención
político-militar, pactada o soterrada. El último punto siempre se ha
mantenido, sólo cambia de forma.
Los países candidatos a las nuevas “relaciones carnales” serían los que hicieran actos de fe,
con sus respectivas pruebas empíricas en ristre, en las “señales del
mercado libre” y la apertura económica. “Con el fin de avanzar hacia
esta meta, se anunció que Estados Unidos está dispuesto a establecer
acuerdos de libre comercio con América Latina y el Caribe,
particularmente con grupos de países que se han asociado para lograr la
liberación comercial. El primer paso en este proceso fue la negociación
de un acuerdo con México. Con los países que aún no estén listos para
acuerdos integrales de libre comercio, Estados Unidos estaría dispuesto
a negociar acuerdos ‘marco’ bilaterales para reducir en forma paulatina
barreras específicas al comercio o resolver problemas surgidos en el
intercambio bilateral. Ya se negociaron acuerdos semejantes con México
en 1987 y con Bolivia, Colombia y Ecuador en 1990” (Cepal).
La Cepal advertía que la Iniciativa
incluía “el movimiento del factor capital” pero no al “factor trabajo”,
eufemismo que degrada y cosifica a los trabajadores migratorios, lo que
“implica un sesgo importante en contra de los intereses de los países
latinoamericanos”. Para cubrir las formas, Carlos Salinas
aceptó que se agregara un injerto, un “acuerdo paralelo” que vale tanto
como el papel donde está impreso el texto.
Con el tiempo se afina y se desdobla el
proyecto hegemónico estadunidense. La estrategia para subordinar a
América Latina, excepto a Cuba, se desplegó con la Cumbre de las
Américas (Miami, Estados Unidos, diciembre de 1994), la cual involucró
la eliminación de las restricciones al comercio de mercancías y
servicios y a la inversión, las compras gubernamentales, la protección
a la propiedad intelectual, el sector agrícola, los subsidios y el dumping (precios predatorios), entre otros temas.
Las discusiones debieron concluir en
2005, en la reunión de Mar del Plata, Argentina. Pero allí sucedió algo
“histórico”, dijo Néstor Kirchner, que obligó a Bush hijo a agregar:
“Estoy un poco sorprendido. Acá pasó algo que no tenía previsto”
(Fernando Cibeira, Página12, Buenos Aires, 6 de noviembre de 2005).
4) Un final con el corazón partido (Cibeira dixit).
En 2005 algo había cambiado. Los TLC y el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) dejaron de ser el ejemplo de referencia como había
dicho Carlos Salinas. El Continente y la internacional neoliberal se
partió en dos y dobló a duelo las campanas por el ALCA. De un
lado el emperador y sus cipayos de Panamá, México y Colombia, entre
otros, que aceptaron el neocoloniaje irrestricto. Del otro lado, Hugo
Chávez, promotor de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (Alba), y los miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur),
encabezados por Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, que exigían un
nuevo trato, alejado del estigma del “patio trasero, mientras exploran
nuevos senderos regionales de desarrollo más autónomos”.
El TLC y el ALCA respondieron a los
obstáculos que enfrentó Estados Unidos en la Organización Mundial de
Comercio y que frustraron los intentos por imponer sus intereses. En
una perspectiva histórica, constituyeron la fase avanzada de la
Doctrina Monroe (1823) y su Corolario Roosevelt (1904), que fundamentan
el imperialismo y el colonialismo de ese país, y el retoño temprano de
su panamericanismo (que pretende erigirse como heredero de la unión
hispanoamericana promovida por Simón Bolívar en 1826), la fallida
Primera Conferencia Panamericana (1889-1890), que quiso liberalizar el
comercio americano para ampliar sus exportaciones. En la conferencia el
representante argentino Roque Sáenz, dijo: “tratar de asegurar el
comercio libre entre mercados carentes de intercambio sería un lujo
utópico y un ejemplo de esterilidad”.
A raíz de dicha conferencia, José Martí
escribió “que tendría que declararse por segunda vez la independencia
de la América Latina, esta vez para salvarla de Estados Unidos” (http://tiempo.infonews.com/2012/ 04/14/editorial-73098-eterno-problema-para-ee-uu-en-las-cumbres-americanas.php). Eso es lo que aspiran los miembros de la Alba, inspirado en legítimo panamericanismo del sueño bolivariano.
Es obvio que ese sueño no es compartido por las elites mexicanas.
5) El síndrome del cipayo. Por
el contrario, el TLC ha implicado el vergonzoso sometimiento a los
intereses estadunidenses, desde el salinismo, que trasciende al terreno
económico. En este ámbito ceden rápidamente los espacios ganados para
la fase transitiva del TLC, así como los reservados: adelantan la
apertura agropecuaria (en granos básicos como el maíz); entregan las
plazas financiera, energética y de las telecomunicaciones.
Vicente
Fox y Felipe Calderón se suman a la tropa que defiende los intereses de
Estados Unidos en su agresión militar en Afganistán, Irak, Oriente
Medio, Asia Central o el Norte de África. Como viejos anticomunistas
convierten en enemigos a los enemigos de su protector del Norte: Cuba,
Venezuela, Bolivia. Sabotean los esfuerzos de integración suramericana.
Propician y cierran los ojos ante la intervención política, militar, de
los organismos de seguridad y la embajada estadunidenses en México,
bajo la coartada de la “guerra contra el narcotráfico”.
Enrique Peña y sus colaboradores balbucean y dan saltos de carnero ante los documentos secretos filtrados por Edward Snowden, y publicados por el semanario alemán Der Spiegel,
donde se denuncia el espionaje realizado por Agencia de Seguridad
Nacional estadunidense en contra del gobierno de Calderón (a los
correos electrónicos) y del propio Peña, cuando era candidato.
No se sienten incómodos de formar parte de la seguridad nacional y los intereses geopolíticos estadunidenses.
En su testimonio ante el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en 1995, Alan
Greenspan calificó a la crisis mexicana como “el primer caso relevante,
que las equivocaciones significativas en la política macroeconómica
también repercuten en el mundo, a una velocidad prodigiosa”. No
obstante, su país se vio obligado a rescatarlo porque “México era
percibido como el modelo de transición económica y política de un
sistema rígido dirigido por el Estado hacia una estructura de libre
mercado”. Si no hubiera funcionado el rescate, [las] reformas
económicas [hubieran sido] amenazadas por presiones para reimponer
controles en muchas áreas de su economía y para restablecer la
interferencia gubernamental en el cada vez más vibrante sector privado
en México. Una reversión de las reformas y una difusión de las
dificultades financieras a otros mercados emergentes podrían detener o
revertir la tendencia global hacia las reformas orientadas al mercado y
la democratización. Esto sería un retroceso trágico no sólo para estos
países sino para Estados Unidos, y también para el resto del mundo”.
Ésa es la lógica que priva en la relación de patio trasero de México con Estados Unidos.
6) El síndrome de cipayo reciclado. La renegociación del TLC que busca Peña Nieto no es más que la reedición de esa relación bastarda
inaugurada por Carlos Salinas de Gortari. Éste dio los pasos
unilaterales –desgravación arancelaria, apertura financiera, etcétera–
para ganarse el amor de Bush y los dueños del capital global, aunque quedó desarmado para negociar, si es que era posible hacerlo con un príncipe planetario que impone las reglas a su modo.
Peña Nieto emula a su maestro:
entrega al sector energético a los estadunidenses a cambio de nada,
antes de iniciar las “negociaciones”. Un regalo adelantado. Un gesto de
buena vecindad, desde luego, no solicitado. También se suma al acuerdo
de la Alianza del Pacífico, junto a los otros peones del imperio
(Chile, Colombia y Perú), que aspira a sabotear los vientos frescos del Sur de América. Otro guiño. Pero pretende mostrarse maquiavélico con la aparente renovación de las relaciones con Cuba. Cosa de risa.
Los resultados ya pueden saberse. En la
siguiente entrega se verán los mitos comerciales y financieros del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Las trasnacionales farmacéuticas se imponen en las negociaciones
del Acuerdo Estratégico Transpacífico de libre comercio. El tratado
multilateral –del que México forma parte– permitirá a Phrma, Eli Lilly,
Pfizer, Novartis y Sanofi reapropiarse de patentes de viejos
medicamentos y ampliar el periodo de los nuevos; pero también patentar
métodos quirúrgicos, terapéuticos y hasta de diagnóstico. Un borrador
de las negociaciones, llevadas a cabo en completo sigilo, revela que un
número indeterminado de medicamentos dejaría de producirse en sus
versiones genéricas, por lo que sólo estarían disponibles para la
población los productos de patente. El 84.1 por ciento del volumen de
medicamentos que actualmente se consumen en México es genérico
Los laboratorios trasnacionales logran
imponer sus condiciones en el capítulo sobre propiedad intelectual del
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su
siglas en inglés), que impulsan 11 naciones, entre ellas México. Las
negociaciones, que se mantienen en estricto sigilo, concluyen con su
firma este 10 de febrero. Hasta ahora, las grandes farmacéuticas han
logrado que se les devuelvan patentes de viejos medicamentos y que se
les otorguen mayores periodos para conservar las de los nuevos. Además,
han conseguido que, por primera vez, se les conceda patentar métodos
quirúrgicos, terapéuticos y hasta de diagnóstico.
Con estas disposiciones, más de 500
millones de personas en todo el mundo, en condiciones de pobreza y
consumidoras de medicamentos genéricos, podrían resultar afectadas,
según el documento Comerciando con la salud: Acuerdo de Asociación Transpacífico, elaborado por la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).
México es uno de los países que
participan en la estructuración de nuevas normas de propiedad
intelectual en el sector salud. Los otros negociadores son Estados
Unidos, Australia, Canadá, Brunei Darussalam, Perú y Vietnam. Aunque
Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Malasia también tienen interés en
firmar el Acuerdo y participan en las negociaciones, se han opuesto a
este tema en específico.
Borradores de las negociaciones, a los
que ha tenido acceso la organización médico-humanitaria MSF, indican
que las reglas sobre propiedad intelectual fortalecen la protección de
la información y las patentes a favor de las compañías farmacéuticas;
desmantelan las salvaguardas de la salud pública establecidas en la ley
internacional, y obstruyen la disminución de precios que genera la
competencia de los medicamentos genéricos.
En entrevista con Contralínea,
Judit Rius Sanjuan, directora de la Campaña de Acceso de MSF para
Estados Unidos, señala que la organización ha logrado revisar los
documentos del TPP. Entre las propuestas lideradas por el país vecino
en materia sanitaria y de propiedad intelectual se encuentra el
incremento de patentes en medicamentos y exenciones al plazo de
patentes, incluso para modificaciones de medicamentos que ya están en
el mercado.
Desde su oficina en Nueva York, Rius Sanjuan dice a Contralínea
que Estados Unidos está proponiendo que se formen barreras adicionales,
regulatorias, en los datos que prueban que un medicamento es eficaz y
de calidad.
Esto impediría, expone la abogada de
MSF, la entrada de medicamentos de competencia genérica en el mercado
mexicano, así como de todos los países que están firmando este Acuerdo.
La afectación se verá en medicinas nuevas que ya son muy caras,
específicamente en medicamentos biológicos para la atención del cáncer
y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida.
La propuesta estadunidense alargaría
los monopolios de patentes, y ahora hasta de procedimientos, para que
los genéricos tengan una entrada mucho más retrasada en el mercado
mexicano y en los mercados de otros países.
Las propuestas del TPP
El documento Comerciando con la salud: Acuerdo de Asociación Transpacífico
expone, entre otros puntos, que el Acuerdo requiere patentar
modificaciones de viejos medicamentos, métodos quirúrgicos,
terapéuticos y de diagnóstico.
Además, busca la “exclusividad de los
datos”, lo que evita que los reguladores de la seguridad de los
fármacos utilicen los datos clínicos existentes para aprobar la entrada
al mercado de los medicamentos genéricos o biosimilares.
El informe de Médicos Sin Fronteras
revela que con el TPP se pretende “extender el plazo de 20 años de los
monopolios de patentes, 5 años más para compensar los retrasos en el
proceso de regulación”.
México, consumidor de genéricos
La Fundación Mexicana para la Salud
indica que el 84.1 por ciento del volumen de medicamentos consumidos en
México, durante 2012, fueron genéricos.
El documento Descripción del sector farmacéutico en México,
muestra que el volumen de genéricos sin marca corresponde a 42.7 por
ciento; los genéricos de marca, a 9.5, y los genéricos con nombre, a
31.9 por ciento.
Publicado en noviembre de 2013, el
análisis de la institución privada dice que “la oferta de medicamentos
es dinámica y está influida en gran medida por el ciclo de vida de los
medicamentos, desde que se encuentran inicialmente en fase de
investigación y desarrollo, hasta que son lanzados al mercado bajo la
protección de una patente para convertirse años después en medicamentos
genéricos en mercados maduros”.
Expone que hace más de 1 década la
industria farmacéutica en México estaba segmentada en empresas
multinacionales enfocadas a la manufactura de medicamentos innovadores,
y en empresas de capital de origen nacional especializadas en la
producción de medicamentos genéricos. Esta segmentación se ha
desdibujado en los últimos años. Actualmente, muchas empresas
multinacionales han incursionado en la producción de medicamentos
genéricos y varias empresas de origen nacional se han enfocado a
invertir en el desarrollo y producción de medicamentos genéricos de
marca.
Senado, marginado del TPP
Pese a la repercusión de este Acuerdo, el Senado de
la República –que será el encargado de ratificar o no el pacto
internacional– ha sido marginado de las negociaciones.
La presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores, Gabriela Cuevas, dice
que los legisladores han insistido en que se instale un “cuarto de junto” y que se les informe de los puntos y resultados de las negociaciones.
La senadora reconoce que mientras a los
integrantes del Poder Legislativo mexicano no se les ha permitido
participar, empresarios de diversos sectores sí están informados e
influyen en las negociaciones.
En entrevista con Contralínea,
la legisladora panista indica que desde que México se sumó al proceso
de negociación del TPP, “los legisladores hemos estado muy atentos a
los avances que se han alcanzado en las distintas rondas de
negociaciones. Sin embargo, este seguimiento no ha podido darse de
manera acuciosa porque el proceso ha estado enmarcado en un ambiente de
opacidad.
“Debe reconocerse que la Secretaría de
Economía ha estado en contacto permanente con el Senado de la República
y que, en su momento, ha remitido los informes correspondientes a las
rondas de negociación en las que ha participado México. Sin embargo,
estos documentos contienen información sobre los avances del proceso de
negociación y no sobre el contenido mismo del Acuerdo.”
Al respecto, dice que el sector privado
sí cuenta con información detallada del texto, además de tener pase
directo a las rondas de negociación.
“Como ha sucedido en otras ocasiones,
el gobierno ha desarrollado un estrecho proceso de consultas con los
sectores productivos del país y, a través del mecanismo conocido como cuarto de junto,
comparten todo aquello que va surgiendo durante las negociaciones. En
cambio, los senadores no tenemos el mismo trato ni el mismo acceso a
dicha información, a pesar de que el Senado de la República será quien,
en última instancia, apruebe este acuerdo internacional en los términos
de lo dispuesto por el Artículo 76 de la Constitución [Política de los
Estados Unidos Mexicanos]”.
Luis Sánchez Jiménez, senador por el
Partido de la Revolución Democrática, dice que en torno a la firma del
TPP “el gobierno federal ha ocultado la información al [Poder]
Legislativo. Hemos estado cuestionando. No está claro lo que ocurre en
las negociaciones y tememos que pueda afectar incluso la economía del
país”.
Cuestiona: “A 20 años del TLC [Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre Canadá, Estados
Unidos y México], ¿cuáles son los resultados de ese acuerdo? Más de 50
millones de pobres en México. Carlos Salinas de Gortari dijo que
entraríamos al primer mundo y dónde está todo eso. ¿De qué nos
ha servido ese Tratado? Excepto a algunos empresarios, pero para la
mayoría de los mexicanos ha sido contraria a su economía y nos ha
perjudicado”.
Federación guarda silencio
Contralínea solicitó entrevista
con Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, a través de
Jesús Morales, director de Información, para conocer los avances en las
negociaciones del TPP. Al cierre de edición, no hubo respuesta.
La Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dice, por su parte, que “no se ha
pronunciado al respecto porque participa marginalmente en ese proyecto”.
“No tratamos el tema. No hay vocero al respecto”, asegura a Contralínea Isidro Chávez, director general adjunto de Comunicación Social.
El Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) informa, mediante su coordinadora de Comunicación
Social, Iris González Garduño, que la entrevista solicitada con su
director general, Miguel Ángel Margáin González, sobre el Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica no podrá llevarse a
cabo, debido a que las negociaciones aún no concluyen y el IMPI no
puede hacer comentarios al respecto.
Lobbying farmacéutico
Tras las propuestas de modificar las
normas de propiedad intelectual se encuentran las grandes
trasnacionales que invierten cantidades millonarias en el cabildeo
legislativo para obtener beneficios, dice Judit Rius, directora de la
Campaña de Acceso de MSF para Estados Unidos. La farmacéutica es una de
las industrias que más recursos inyecta a las campañas políticas
estadunidenses: sólo en 2013 la inversión en esta actividad rebasó los
225 millones de dólares.
La base de datos del Centro de Política
Receptiva –un grupo de investigación en Estados Unidos encargado del
seguimiento del dinero en la política y su efecto sobre las elecciones
y la política pública– enlista un total de 30 empresas que movieron a
sus personeros en el Congreso estadunidense durante 2013.
Las trasnacionales del sector
farmacéutico invirtieron en el cabildeo legislativo 225 millones 483
mil 937 dólares, es decir, unos 3 mil 6 millones 131 mil 840 pesos (de
acuerdo con el tipo de cambio del 30 de enero de 2014).
La lista la encabeza Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, que invirtió en el lobbying
17 millones 882 mil 500 dólares, unos 238 millones 407 mil 903 pesos.
También conocida como Phrma, ésta es la asociación de investigadores
biofarmacéuticos del país y empresas de biotecnología mencionada por
Rius Sanjuan, directora de la Campaña de Acceso de MSF para Estados
Unidos, como la principal promotora de las modificaciones al TPP.
Eli Lilly and Company es la segunda
compañía farmacéutica que más recursos suministró al cabildeo político,
con 9 millones 870 mil dólares (unos 131 millones 585 mil 964 pesos);
considerada como una de las más grandes en Estados Unidos, fue fundada
en 1876 por el coronel Eli Lilly, farmacéutico y veterano de la Guerra
Civil estadunidense.
Amgen invirtió recursos en cabildeo por
9 millones 120 mil dólares, unos 121 millones 587 mil 31 pesos. La
empresa de biotecnología, con sede en Thousand Oaks, California, fue
calificada como la cuarta compañía en el S&P 500 por la revista de
negocios Bussiness Week.
Le sigue Pfizer, con una inversión en el lobbying
de 8 millones 890 mil dólares (118 millones 520 mil 691 pesos). Éste
fue el primer laboratorio en producir penicilina a gran escala en 1946;
actualmente, uno de los medicamentos genéricos de mayor importancia en
el mundo.
Las más poderosas de Forbes
Además de invertir en el llamado lobbying,
las farmacéuticas ocupan listas de las empresas con mayor éxito en
ventas y poder en el mundo, según la publicación estadunidense Forbes (especializada en negocios y finanzas).
Con ventas anuales por 59 mil millones
de dólares (786 mil 582 millones 765 mil pesos), Pfizer es la empresa
más poderosa del sector. El gran negocio de los medicamentos y la
investigación coloca a la compañía estadunidense en el primer lugar de
la lista de Forbes, según su ramo.
Le sigue la sueca Novartis, con 56 mil
700 millones de dólares (unos 755 mil 919 millones 369 mil pesos).
Incluye medicamentos de venta con receta protegidos por patentes y su
versión de Sandoz, que incluyen productos farmacéuticos genéricos,
entre otros.
Sanofi, trasnacional de origen francés,
vende anualmente 46 mil 100 millones de dólares (614 mil 601 millones
109 mil pesos). Información de Forbes indica que esta compañía
se centra en seis plataformas de crecimiento: soluciones de diabetes,
vacunas, medicamentos innovadores, cuidado de la salud de los
consumidores, mercados emergentes y salud animal. Además de contar con
una cartera de patentes y genéricos. Todas operan en México.
De acuerdo con el estudio Industria farmacéutica,
elaborado el año pasado por la Unidad de Inteligencia de Negocios de la
Secretaría de Economía, “en 2012, la producción mexicana del sector
farmacéutico fue de 10 mil 757 millones de dólares. Se espera que para
2020 alcance un valor de 21 mil 475 millones de dólares y reporte una
tasa media de crecimiento anual de 9 por ciento para los próximos 9
años”.
El análisis añade que el consumo
mexicano de la industria farmacéutica fue de 13 mil 663 millones de
dólares en 2012. Y que se espera que este tenga una tasa media de
crecimiento anual de 8.8 por ciento para el periodo 2013-2020. Para el
último año, se estima que el consumo del sector en México sea de 26 mil
276 millones de dólares, indica.
Contralínea solicitó entrevistas
con los laboratorios Pfizer, Novartis, Sanofi y Boehringer. Hasta el
cierre de edición no se obtuvo respuesta.
El Peñasquito, una de las tres minas de oro más importantes del mundo. Foto: Mundo Minero
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Para el presidente Enrique Peña Nieto y los
legisladores del PRI y el PAN que avalaron la reforma constitucional en
materia energética, el petróleo y los hidrocarburos no son
concesionables, aun cuando una iniciativa anterior convirtió en
“sustancia concesible” el gas asociado al carbón. Hoy, al mantener
vigente aquella norma, se puso en bandeja de plata el negocio gasífero
para los industriales mineros y acereros.
La
historia data de 2006. El 8 de marzo de ese año la Cámara de Diputados
aprobó la primera apertura del sector energético a la inversión
privada, que incluyó reformas al artículo 27 constitucional y a las
leyes reglamentarias para que los concesionarios mineros pudieran
extraer y vender a Pemex el gas asociado al carbón mineral. Después
el Senado la ratificó.
Sin
embargo la reglamentación se entrampó y durante años los interesados no
pudieron participar en la extracción del gas de las minas. El tema se
reavivó durante los debates de la reforma energética, toda vez que en
el Senado las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y
Estudios Legislativos emitieron un dictamen en el que se prohibían esas
actividades.
Según el tercer párrafo del artículo transitorio
octavo del documento, las concesiones mineras vigentes o futuras no
conferirían “derechos para la exploración y extracción del petróleo y
los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, ni para el gas
asociado a los yacimientos de carbón”.
Sin embargo, el dictamen
fue modificado sin discusión. Senadores de izquierda, en particular la
perredista Dolores Padierna, denunciaron la alteración del texto
enviado por las comisiones al pleno, que posteriormente lo remitió a la
Cámara de Diputados, donde pasó hasta con los errores de sintaxis
enviado por la cámara de origen.
La alteración del transitorio
octavo –presuntamente ocurrida durante la transmisión del texto de
comisiones al pleno– cambió el orden de la redacción, aunque
prácticamente permaneció intacto, excepto porque la prohibición de
explorar y extraer el gas asociado al carbón se sustituyó por otra que
pone a salvo los derechos mineros sobre ese recurso energético como
“sustancia concesible”:
“Sin perjuicio de los derechos previstos
en sus concesiones”, estipula el transitorio modificado; también prevé
la coexistencia de proyectos mineros con energéticos en los casos en
que sea posible técnicamente.
Con esa modificación la apertura
del sector energético a particulares esbozada en 2006 quedó a salvo, lo
que generó nuevas expectativas entre industriales mineros sobre la
posibilidad de que puedan expandir sus actividades extractivas.
Transitorio con dedicatoria
La
carbonífera Cuenca de Sabinas, en el norte de Coahuila, se encuentra
empatada geográficamente con la gasífera Cuenca de Burgos, que abarca
esa entidad, así como Nuevo León y Tamaulipas. Hoy se sabe que la zona
es rica en lutitas, la roca de la que se extrae el shale gas.
La
importancia energética de la región es un atractivo para industriales
mexicanos, en especial los que se beneficiaron con las privatizaciones
durante el sexenio de Salinas de Gortari. Muchos de ellos se preparan
para incursionar en el sector energético, gracias a la reforma recién
aprobada.
Desde el sexenio de Vicente Fox, Pemex contrató a
mineras trasnacionales para la exploración y extracción de gas natural
en el noreste del país.
Y el 13 de agosto de 2013, durante la
presentación de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, destacó la importancia
de esa región: primero mencionó el proyecto Los Ramones, un gasoducto
de 840 kilómetros que contará con numerosas estaciones de compresión;
luego comentó que los trabajos de exploración y evaluación del gas y
aceite de lutitas en Coahuila se habían iniciado en marzo de 2013.
Desde
2006, Ahmsa y subsidiarias, del magnate Alonso Ancira Elizondo,
acaparan alrededor de 70% de las concesiones mineras para carbón y toda
sustancia concesible en las cuencas de Sabinas y Burgos. El resto de
las concesiones se las reparten pequeños consorcios vinculados a
cacicazgos locales (Proceso 1535 y 1880).
Luego de años de
problemas fiscales y conflictos con los gobiernos panistas, Ancira se
convirtió en un asiduo invitado del presidente Peña Nieto. En
reciprocidad, el mexiquense asistió el 18 de julio último a la acería
ubicada en Monclova, donde puso en marcha el proyecto Fénix.
Meses
antes, en marzo de 2013, el mandatario y Ancira estuvieron en Asia. El
empresario consiguió un contrato con una empresa china y el presidente
atestiguó la firma. Y el 28 de noviembre, durante su visita a México,
el primer ministro israelí, Shimon Peres, signó una serie de acuerdos
con Peña Nieto; asimismo, éste atestiguó la firma de un contrato entre
Ancira y una empresa de Israel.
Además de Ancira están los
regiomontanos Grupo Alfa y Cemex, así como Carso, Grupo México e ICA,
todos ellos de la élite salinista; de hecho ya tienen inversiones en el
sector energía en Texas, el estado fronterizo de Estados Unidos con la
región mexicana rica en gas (Proceso 1921).
Cuantificación preparatoria
El
aprovechamiento del gas de las minas por parte de los empresarios no se
logró debido a la falta de reglamentación. Pero eso no le impidió al
gobierno de Felipe Calderón sacar provecho de la reforma. Un año
después de su aprobación, en 2007, el gobierno lanzó una cuantificación
minera que detonó la entrega de más de 12 mil concesiones en el sector,
equivalentes a más de 34 millones de hectáreas del territorio nacional.
Para
la reforma petrolera de 2008, el gobierno de Calderón lanzó una campaña
con el lema “México tiene un tesoro en aguas profundas”, basado en la
Prospectiva de Hidrocarburos presentada en agosto de 2007 por Rafael
Alexandri Rionda, uno de los técnicos más influyentes en el ramo de
energía y minas durante los dos gobiernos del PAN.
Alexandri fue
nombrado director del Servicio Geológico Mexicano (SGM) ese mismo mes.
Apenas tenía 10 días en el cargo cuando inició el trámite de enormes
asignaciones mineras por el concepto de gas asociado al carbón y toda
sustancia concesible.
Según el artículo 10 de la Ley Minera, la
exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y
cuantificar los recursos minerales potenciales debe realizarla el SGM
por medio de asignaciones mineras que son expedidas únicamente a favor
del organismo.
Las asignaciones obtenidas por el SGM fueron para
“la exploración de gas asociado al carbón y toda sustancia concesible”.
Es decir, para más de 160 sustancias minerales sólidas, líquidas y
gaseosas previstas por la Ley Minera, además de aquellas que “por
decreto ordene el titular del Ejecutivo cuya utilidad no ha sido
descubierta o contemplada en las leyes”, indica el artículo 27
constitucional.
El SGM está facultado, de acuerdo con el artículo
13 de la Ley Minera, para concursar entre particulares las asignaciones
mineras o, en su caso, declarar la libertad de terreno.
Copias de
expedientes que obtuvo Proceso y publicó en su edición 1673 indican que
las cuatro asignaciones mineras que obtuvo el SGM en 2007 se realizaron
a gran velocidad y abarcaron dos terceras partes del territorio
nacional (320 millones de hectáreas), además de incluir línea de costa,
plataforma continental y aguas territoriales, sobre todo en el Golfo de
México.
Las
mineras en México parecen estar “encantadas”. Fueron beneficiadas con
la reforma energética y también gozan de otros privilegios. El año
pasado la mina La Encantada solo pagó de impuestos un 0.004 por ciento
de sus supuestas ganancias
Por Peniley Ramírez -
La Encantada es la mayor inversión de First Majestic y la que paga menor
porcentaje de impuestos
Les entregaron lotes que no son del ejido, estaban fuera del plan original y
tienen otro dueño legalmente acreditado
La oferta de 10 millones de pesos por su terreno fue rechazada por los 36
ejidatarios propietarios
Afincada
sobre tierras que pertenecen a una comunidad ejidal, la mina La
Encantada tiene un récord: es la que paga menos impuestos sobre sus
ganancias en todo México.
La cifra parece risible.
El año pasado la compañía canadiense First Majestic, dueña del 100
por ciento de la mina ubicada en Ocampo, Coahuila, ganó por la
extracción de plata en La Encantada, mil 464 millones de pesos.
Ese mismo año pagó al estado mexicano 68 mil 160 pesos de impuestos. La cifra significa un 0.004 por ciento de sus ganancias.
Aun así, al gobierno le fue mejor que a los ejidatarios.
Los dueños de las tierras donde están ubicadas tanto la mina como
sus caminos de acceso, no han recibido ni un centavo de la minera en
las cuatro décadas en que se ha explotado comercialmente.
La empresa canadiense lo sabe bien.
En mayo de este año intentaron negociar con la asamblea de 36
ejidatarios que son –por decreto presidencial de junio de 1973– los
dueños de las tierras.
First Majestic les brindó 10 millones de pesos para comprarles las mil 343 hectáreas de su terreno y “dejar la fiesta en paz”.
¿Diez millones para cada ejidatario? Preguntó Demetrio González, uno
de los dueños de las tierras. No, para que se repartan entre los 36,
contestó el abogado de la minera.
Serían 277 mil pesos por dueño, después de haber gastado en juicios
y haber tenido afectaciones en sus tierras durante los últimos 40 años.
Los dueños no aceptaron. Piden, como mínimo, que les paguen a cada
uno 1.5 millones de pesos como indemnización por el uso indebido de sus
tierras y una renta mensual a partir de que se llegue a un acuerdo.
Sabiendo que los comuneros ignoran las ganancias reales que obtuvo
First Majestic por la extracción de cuatro millones de onzas de plata
solo el año pasado en La Encantada, se rieron de su petición.
“Nos dijeron que los semidioses que están en Canadá están a años luz
de podernos pagar ese dinero”, cuenta desde un café en la Ciudad de
México el presidente del Comisariado Ejidal, Mario Antonio Valdes.
Los ejidatarios vinieron a buscar en la capital la ayuda que les han negado durante años en Coahuila.
A pesar de que han ganado los juicios para recuperar sus terrenos y
pudieron demostrar que las hectáreas donde está afincada la mina
pertenecen a su ejido, todo sigue en suspenso.
La solución que encontraron fue cerrar el camino de acceso a la mina para presionar a la compañía canadiense a escucharlos.
El intento fue fallido. A menos de tres días de que se instalaran en el acceso, la policía estatal los sacó del lugar.
Ahora enfrentan una denuncia por “obstrucción a las vías de comunicación”, la cual los podría llevar a juicio.
Concesión ¿pirata?
Los registros de la Secretaría de Economía indican que la mina La
Encantada, propiedad de la canadiense First Majestic, tiene vigente una
concesión para explotar plata durante los próximos 45 años.
La concesión fue otorgada en octubre de 2008, mientras el secretario
de Economía era Gerardo Ruiz Mateos, coordinador de finanzas de la
campaña de Felipe Calderón y dos veces su jefe de la Oficina de
Presidencia.
De acuerdo con los documentos de la concesión, el lote Platón,
concesionado en 2008, es el mayor de una serie de 14 lotes cuyos
permisos de explotación vencerán entre 2015 y 2040.
En los permisos oficiales indica que la minera solo ocupa un área de 2 mil 335 hectáreas.
A sus accionistas First Majestic les presume que tienen posesión de
4 mil 76 hectáreas de derechos mineros y mil 343 de derechos de
superficie, es decir, exactamente los que reclama el Comisariado
Ejidal.
La Encantada tiene dos títulos: es la mayor inversión de First
Majestic y es la mina que paga menor porcentaje de impuestos entre sus
equivalentes en México.
Sus porcentajes de pago de impuestos están muy por debajo de Fortuna
Silver Mines, en Oaxaca, Aurico Gold, ubicada en Sonora y otras minas
propiedad de compañías canadienses.
Los datos fueron elaborados por el Comisionado para el Diálogo con
los Pueblos Indígenas en un estudio sobre la Minería en México.
Para los ejidatarios, el título de concesión con el que opera La Encantada es “pirata”.
Fue otorgado utilizando como garantía del terreno un título de propiedad que fue revocado por un juez agrario desde 2006.
Historial de agravios En una entrevista en la Ciudad de México los ejidatarios de
Coahuila afirman que las autoridades no han resuelto su reclamo del pago
Enfundado en una chamarra de piel, sin desprenderse ni un instante
de su sombrero, Mario Antonio Valdés, presidente del Comisariado Ejidal
que reclama los terrenos de La Encantada, relata una batalla que cumple
ya 40 años.
En junio de 1973 el ejido Tenochtitlán, en el municipio de Ocampo,
en Coahuila, obtuvo una resolución presidencial para administrar 10 mil
100 hectáreas de tierras ganaderas.
Valdés y sus dos acompañantes, el ejidatario Demetrio González y su
asesor Juan Abdón Valdez, muestran los planos que traen doblados al
interior de una carpeta.
“Este es el terreno que dieron por decreto presidencial, esta es la
tierra que les corresponde”, plantea Abdon, quien ha acompañado a los
ejidatarios en su batalla legal.
Al año siguiente de que el decreto fuera publicado en el Diario
Oficial de la Federación, cuando ya las tierras eran legalmente
propiedad del ejido, el pequeño propietario Armando de Hoyos Galicia
vendió “su terreno” a la minera Peñoles, primera propietaria de la
mina.
“Desde ahí estuvo incorrecto, él no podía venderle porque las tierras ya eran nuestras”, explica Valdes.
En su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró un señalamiento que ha formulado en diversas ocasiones sobre las llamadas reformas estructuralesdel sexenio pasado: se trató, dijo, de modificaciones constitucionales y legalesimpuestas y ordenadas desde el extranjeroeimpulsadas por organismos financieros internacionales.
