¿Realmente Pablo Lemus gobierna Jalisco?

 Puntos y Contrapuntos

Pedro Mellado Rodríguez

"¿Quién manda en Jalisco? ¿Por qué nadie puso freno a la violencia contra los manifestantes que reclamaron por el agua infecta en Guadalajara?".

¿Quién gobierna realmente en Jalisco? Esta pregunta es muy pertinente cuando observamos que frente a la más grave crisis que ha enfrentado su Gobierno, el mandatario jalisciense Jesús Pablo Lemus Navarro dio la cara prácticamente hasta 24 horas después de que los cuerpos de seguridad estatal realizaron un salvaje acto de represión contra ciudadanos que manifestaron su disgusto por el agua infecta que se suministra en la zona metropolitana de Guadalajara, en la cual viven más de cinco millones de personas.

Los policías actuaron impunemente, sin ningún control, sin ningún mando visible que atemperara su furia, amenazaron, insultaron, golpearon, detuvieron en muchos casos sin causa justificada, agredieron salvajemente a las personas, y muchos de los detenidos y sus familiares denuncian que inclusive fueron torturados.

Pero un detalle más que agrava la situación: algunos de los detenidos violentamente por los policías, fueron prácticamente arrastrados y secuestrados en el interior de Casa Jalisco, la residencia en la que vive el Gobernador de la entidad, que hasta el momento no se ha aclarado si estaba presente o se encontraba en otro lugar.

¿Dónde estuvo Jesús Pablo Lemus Navarro el domingo 11 de octubre del 2026, en los momentos más delicados de la represión? ¿Quién autorizó que los detenidos fueran encerrados en Casa Jalisco? Ante su muy evidente ausencia ¿a qué funcionario le encomendó Lemus Navarro, si así lo hizo, que atendiera y estuviera al pendiente de los acontecimientos para evitar abusos?

Dónde estaban Roberto Alarcón Estrada, el Coordinador General de estratégia de seguridad del Gobierno de Pablo Lemus; Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Pública de la entidad; Juan González Castañeda, Comisario General de la Secretaría de Seguridad; y Sergio Ramírez López, director general de Protección Civil en Jalisco, quien tendría que explicar las razones por las cuales se involucró al Heroico Cuerpo de Bomberos en la represión del pasado domingo 11 de octubre del 2026.

¿Por qué nadie les puso freno a los violentos embates de los policías contra gente indefensa? Porque los agentes, como está documentado en cientos de videos, golpearon indistintamente a jóvenes, adultos mayores y mujeres.

Los hechos ocurrieron en Guadalajara, más de un millón de personas de la capital del estado son afectadas por el suministro de agua sucia y pestilente, muchos tapatíos estuvieron en la protesta y fueron reprimidos, y frente a estos acontecimientos resalta el silencio ominoso de la Presidenta Municipal Verónica Delgadillo García, que no ha expresado alguna palabra de apoyo para los agredidos, tampoco algún justificado reproche en contra de la represión, o alguna exigencia firme para que el Gobierno estatal resuelva la crisis sanitaria que agobia a la zona metropolitana más importante de Jalisco.

Frívolo, superficial

Los reclamos al Gobernador de Jalisco se acumulan día con día. Se le reprocha su ligera proclividad a invertir en eventos faranduleros superfluos y privilegiar las obras de ornato, mientras castiga los presupuestos para la búsqueda de personas desaparecidas, cuando Jalisco es primer lugar nacional con 16 mil 246 casos al cierre de agosto. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, municipios gobernados por Movimiento Ciudadano desde hace más de una década, concentran más del 40 por ciento de los desaparecidos en la entidad. Mientras que el número de jóvenes menores de edad secuestrados por el crimen organizado crece durante la actual Administración.

Se le reprochan sus gastos frívolos y superfluos cuando tampoco hay dinero suficiente para equipar a los servicios forenses para la identificación de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, de restos humanos, que entre cuerpos completos y fragmentos suman más de 11 mil casos.

También es creciente el rechazo a su propuesta de entregar a una empresa privada el jugoso negocio del financiamiento, la construcción y operación de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, lo que representaría un costo desmesurado para el estado, pues la contraprestación que se entregaría al inversionista involucrado durante 20 o 25 años aumentaría sensiblemente los compromisos financieros de la Administración estatal. Negocio, que muy probablemente ya esté amarrado desde antes de que se apruebe el endeudamiento en el Congreso de Jalisco y se lleve a cabo la licitación.

El Gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro tiene muchas preguntas qué responder y muchas cuentas qué pagar. La brutal represión contra manifestantes que protestaron por el agua infecta que se suministra en Guadalajara debe ser investigada y sancionada con energía, pues se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de las personas que fueron secuestradas por policías estatales de Jalisco.

De ninguna manera se puede justificar que los detenidos hubieran estado incomunicados, como denunciaron los familiares de la mayoría de las personas secuestradas por las fuerzas del orden, tanto en Casa Jalisco como en la Fiscalía de Justicia del estado, sin que se les permitiera comunicarse con sus parientes o amigos para notificarles de su situación y ubicación, ni tampoco que tuvieran la asesoría y la protección legal de un abogado proporcionado por sus familias o por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Las detenciones durante la protesta por el agua sucia que llega a los hogares de Guadalajara, implicaron golpizas en la residencia del Gobernador Pablo Lemus Navarro y trabas para la defensa legal, denunció el abogado Ángel Abraham sobre el caso de los manifestantes que, aunque siete ya salieron libres, siguen bajo investigación.

En entrevista con Daniela Barragán y José Manuel Fuentes en el programa "Café y Noticias", del diario digital SinEmbargo, el abogado cuestionó el uso de la sede oficial del mandatario estatal de Movimiento Ciudadano (MC) como lugar de concentración de los ciudadanos arrestados antes de que los manifestantes fueran trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco. Además, advirtió que las carpetas de investigación podrían utilizarse para intimidar a quienes participan en movilizaciones.

Ecos siniestros

¿Quién manda en Jalisco? Nos preguntamos, mientras resuenan las palabras que en dos diferentes ocasiones pronunció el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre la siniestra presencia del crimen organizado en la entidad. ¿Quién manda en Jalisco? ¿Por qué nadie puso freno a la violencia contra los manifestantes que reclamaron por el agua infecta en Guadalajara?

“Nuestro estado fue entregado, hace muchos años; no quiero ni señalar culpables ni hablar de momentos específicos, pero distintos gobiernos, en distintos momentos, decidieron entregar el estado donde vivimos, donde viven nuestras familias, al crimen organizado, así de claro y así de sencillo”, señala el Gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en un video que subió a su muro en la red Facebook, el lunes 24 de junio del 2019.

“Yo he tenido dos responsabilidades de Gobierno en mi vida, esta es la tercera; fui Alcalde de Tlajomulco y fui Alcalde de Guadalajara; en ninguna de las dos responsabilidades jamás, y lo digo de frente y con claridad, acepté dialogar con delincuentes, jamás aceptaremos doblegarnos, ni jamás permití que desde el trabajo que nos tocaba encabezar se favoreciera a un grupo o a una expresión de delincuentes”, explicó el mandatario en el video de la reunión que sostuvo ese día con personal de la Fiscalía General de Jalisco, teniendo como testigo al titular de esa dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez.

El 4 de mayo del 2020 fue asesinado el joven Giovanni López, por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que lo detuvieron por no usar cubrebocas en esos aciagos días de la pandemia por la COVID-19, lo que generó indignación y protestas.

Derivado de este abuso, el 5 de junio del 2020 manifestantes protestaron frente a Palacio de Gobierno de Jalisco y por lo menos 28 muchachos fueron reprimidos, detenidos y secuestrados por agentes investigadores de la Fiscalía de Justicia de Jalisco.

Debido a la fuerte presión social, los muchachos fueron liberados horas después. Al final la Fiscalía de Jalisco responsabilizó por estos abusos sólo a dos servidores públicos. Tras el escándalo, el Gobernador Enrique Alfaro dijo que sospechaba de la infiltración del crimen organizado en la dependencia. Que de esa expresión delictiva habría surgido la orden de detener a los muchachos. Hasta la fecha, nada se ha investigado o aclarado sobre esa presunta infiltración del crimen organizado en la Fiscalía de Jalisco, ni el Gobierno de Alfaro ni en el Gobierno de Lemus.

La irritación contra el Gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, es creciente ante su incapacidad manifiesta, real o simulada, para resolver el problema del agua infecta y pestilente que se suministra en la Zona Metropolitana de Guadalajara; por la evidente incapacidad y frivolidad con la que gobierna el estado; por la flagrante violación de derechos humanos de los manifestantes violentamente reprimidos, que el pasado domingo 11 de octubre del 2026 protestaron contra el liquido infeccioso que suministra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El mal Gobierno de Lemus Navarro justifica el reclamo creciente en Jalisco de que existen razones suficientes para promover en su contra la Revocación de Mandato, es decir, que sea destituido del cargo. Aunque el procedimiento es largo, enredado, complejo y casi imposible, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco señala en su Artículo 83 que la Revocación de Mandato es procedente cuando el funcionario viole sistemáticamente los derechos humanos; incumpla en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de Gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada; por su manifiesta incapacidad administrativa en el desempeño de su encargo y por la pérdida de confianza, debidamente argumentada.

La Constitución de Jalisco establece que la Revocación de Mandato contra el Gobernador puede promoverse una vez que cumpla la mitad de su mandato, en diciembre del 2027, con el respaldo de las firmas del tres por ciento de los ciudadanos de la entidad inscritos en la Lista Nominal de Electores, que supera actualmente seis millones 897 mil 59 ciudadanos. Se necesitarían por lo tanto más de 206 mil firmas para respaldar la Revocación de Mandato a Pablo Lemus Navarro que tendría que resolverse en las urnas en 2028.