.- Ciudad
de México.- Antes de concluir este 2025, el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo un llamado «urgente y contundente» a
la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; así como a Citlalli
Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres; y a todas las autoridades
responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para
que se retomen de inmediato los trabajos detenidos en este año de los
Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) del mecanismo de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
«Estado
mexicano tiene la obligación indeclinable de actuar con seriedad,
urgencia y responsabilidad. Cada día de inacción se traduce en más
violencia, más impunidad y más vidas de mujeres, adolescentes y niñas en
riesgo. Frente a ello, el OCNF no guardará silencio ni dejará de exigir
respuestas, acciones concretas у resultados verificables».
El
OCNF señaló que a casi un año de la creación de la Secretaría de las
Mujeres, instancia que asumió las tareas de coordinación del mecanismo
de Alertas que anteriormente correspondían a la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM): «el
funcionamiento de la AVGM se encuentra gravemente debilitado».
Las
defensoras del Observatorio apuntaron que esta situación ya había sido
advertida oportunamente por ellas, mediante una carta dirigida a la
Secretaria de las Mujeres el 9 de julio de 2025, en la que manifestaron
su preocupación por la parálisis de los procedimientos y la falta de
seguimiento a las Alertas.
Esto mismo fue documentado por
Cimacnoticias en junio de este 2025, al señalar que ese momento, a seis
meses de que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) entrara en
operaciones, un informe sombra reveló que la institución no había sido
capaz de asumir la función de las Alertas de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM) ante la falta de estructura administrativa y
personal, por lo que la nueva reestructura se ha traducido a un
retroceso que ha debilitado la protección estatal de las mujeres.
El
OCNF comparó que en 2024 se llevaron a cabo 112 sesiones de los Grupos
Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) para dar seguimiento a
13 de las 26 Alertas vigentes, durante el primer semestre de 2025
únicamente se realizaron 10 sesiones, de manera parcial y solo en
algunos estados, sin avances sustantivos en el cumplimiento de las
medidas, y en varios casos ni siquiera se convocó a sesionar.
Por
lo que consideraron que esta inacción desconoce el trabajo técnico,
especializado y honorario que las organizaciones de la sociedad civil
realizamos como integrantes de los GIM y pone en riesgo los avances
logrados.
Asimismo, señalaron que permanece pendiente, desde 2022,
la publicación del Reglamento reformado de la LGAMVLV, indispensable
para armonizarlo con la ley vigente; que no se ha realizado la
reingeniería del mecanismo; que no se ha aclarado la representación de
la Secretaría de Gobernación; ni se ha informado sobre el incremento de
personal técnico especializado necesario para atender las 26 Alertas
declaradas у las solicitudes en proceso.
Derivado de estas
preocupaciones, solicitaron una mesa técnica con la Secretaría de las
Mujeres, la cual se llevó a cabo el 18 de agosto de 2025. En esa reunión
se acordó establecer mesas técnicas para fortalecer el mecanismo, con
participación de las integrantes de los GIM, y no detener los trabajos
para no perder los avances alcanzados. Sin embargo, estos acuerdos no se
han cumplido.
Si bien informaron que recibieron el proyecto de
Reglamento, trabajado desde 2022 con la participación de diversas
instancias, y emitieron observaciones adicionales, no se convocó a una
segunda mesa técnica. Asimismo, el calendario de sesiones remitido
posteriormente no se ha cumplido al 15 de diciembre de 2025.
Por
otro lado, aunque se les compartieron las ligas electrónicas a los
Convenios suscritos entre la Secretaría de las Mujeres y las entidades
federativas que accedieron al Subsidio de la AVGM 2025, otorgado por la
propia Secretaría, los trabajos de los GIM no fueron reactivados.
Las
defensoras recordaron que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó
que su gobierno fortalecería las Alertas de Violencia de Género.
La
Secretaria de las Mujeres se comprometió a considerar a la sociedad
civil y a construir un proceso conjunto. Hoy, esos compromisos no se
reflejan en los hechos. Una sola sesión de mesa técnica, sin
seguimiento, y convocatorias parciales e incumplidas, no constituyen una
política de fortalecimiento.
Por ello, exigen
La
reactivación inmediata de los trabajos de los 26 GIM del país, con
convocatorias claras, periódicas y con capacidad de toma de decisiones.
La
instalación urgente de una mesa técnica permanente con participación de
la sociedad civil, para dar seguimiento real a los acuerdos.
La
publicación inmediata del Reglamento de la LGAMVLV y la presentación de
una propuesta integral de reingeniería del mecanismo de AVGM.
La
transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio del subsidio
AVGM 2025, que asciende a aproximadamente 117-120 millones de pesos,
incluyendo resultados claros, verificables y medibles del impacto de
dichos recursos en las medidas implementadas.
Advirtieron
con claridad que frenar o debilitar la AVGM implica desmantelar el único
mecanismo existente en México para atender la violencia feminicida en
territorios específicos. Las mujeres no pueden esperar más.
CIMAC Foto.- Ciudad
de México.- Este año, el Congreso de la Unión en México aprobó una
serie de reformas constitucionales para almacenar y tener acceso a datos
personales de las mexicanas y mexicanos, incluso provenientes de
espacios como internet; sin embargo, el Estado tiene una deuda
pendiente, ya que mientras se usan las plataformas digitales para crear
escenarios de censura y violación de privacidad, poco se les cuestiona
para indagar o frenar casos de violencia digital contra las mujeres.
Frente
a la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional; Ley General en
Materia de Desaparición Forzada; Ley para Eliminar los Trámites
Burocráticos; y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como sus
leyes secundarias, que consolidaron la conformación de un Estado espía;
en octubre de este año, la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2026
que incluye una reforma al Código Fiscal de la Federación.
Particularmente,
el artículo 30-B del Código sostiene que las plataformas digitales
deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso en tiempo real
sobre información que permita comprobar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales o de lo contrario abría un bloqueo temporal del
acceso de la plataforma. Además, las autoridades fiscales podrán
trabajar de la mano de la Agencia de Transformación Digital y
Telecomunicaciones para la gestión de los datos obtenidos y su análisis.
Dicha
iniciativa fue presentada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y
ordena diferentes disposiciones a las plataformas que ofrecen servicios
digitales como el acceso permanente a datos, las cuales organizaciones
como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
advirtieron que las medidas son incompatibles con el derecho a la
privacidad y la libertad de expresión en internet.
Mientras que
las políticas públicas y las nuevas leyes utilizan a las plataformas
digitales como herramientas de vigilancia y censura sobre la ciudadanía,
estas no enfrentan cuestionamientos ni sanciones cuando se trata de
frenar la violencia digital ejercida contra las mujeres. Esta
contradicción evidencia una prioridad del Estado en el control social
por encima de la protección de derechos fundamentales, especialmente de
mujeres víctimas de agresiones en línea.
En entrevista para Cimacnoticias,
Valeria Martínez Mondragón, abogada e integrante de las Defensoras
Digitales, señaló que las plataformas digitales tienen una
responsabilidad en cuanto a la violencia de género que se ejerce en
internet. No obstante, existen diferentes obstáculos comenzando por el
uso de «términos y condiciones» que no son claros con las usuarias y usuarios, pero que deben aceptar para acceder a los servicios.
La
abogada también puntualizó que las plataformas digitales deberían ser
un catalizador para ayudar en investigaciones relacionadas a delitos de
género que ocurren en el espacio digital enviando informes cuando una
mujer es víctima de violencia digital; sin embargo, resaltó que esto no
ocurre, ya que la falta de regulación del Estado a las plataformas
permite que, no solo se nieguen a colaborar, sino que se excusen bajo la
regulación de leyes que pertenecen a otros países.
«Nos
parece importante que las plataformas también colaboren en la
investigación de delitos de género, porque ya tenemos una maquinaria que
se va a mover, pero si al final se toca con las plataformas, pues de
nada sirve que en México se esté regulando, si las plataformas nos van a
decir: «Ah, bueno, pues sí, muy bonita tu ley, pero yo me regulo con
las leyes en donde se encuentran mis servidores que son en un país
nórdico.»» explicó Valeria Martínez Mondragón.
De acuerdo con el informe «Violencia digital contra las mujeres y las niñas»de
ONU Mujeres, define necesario el compromiso del sector privado y las
empresas intermediarias de internet como una de las acciones necesarias
para impulsar el cambio. Entre ellas especifica que, se deben proveer
criterios claros para atender casos de violencia digital, crear
mecanismos de reporte y de solicitud para eliminar contenidos
perjudiciales sencillos y sin tecnicismos, y colaborar con las víctimas y
autoridades judiciales asegurando la entrega de información para su
investigación.
La organización también resalta que es gracias al
anonimato y alcance generalizado en los espacios en línea ha creado un
marco para el aumento de violencia en los contextos digitales. A esto se
suman otros factores como la escala, velocidad, facilidad de
comunicación, asequibilidad, impunidad, responsabilidad limitada, falta
de medidas preventivas, de respuesta y de denuncia lo que agrava la
preferencia de plataformas digitales para cometer violencia contra las
mujeres.
«Los
intermediarios de internet, los medios sociales y las empresas de
medios de comunicación tradicionales tienen responsabilidades en materia
de derechos humanos en virtud de los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos.» -ONU Mujeres
Para
Valeria Martínez Mondragón, en México la violencia digital no se está
reconociendo en todos los estados. Esto se debe a que se tiene una
percepción sobre el concepto, pero no sus alcances y el impacto
diferenciado contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia identifica este delito con la definición:
Extracto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
A
pesar de su definición y explicación en esta ley, su tipificación no
está contemplada en todos los códigos penales estatales o es reconocido
por las gobernadoras y gobernadores de los estados. Pese a que México
cuenta con la Ley Olimpia, para denunciar y castigar la violencia sexual
digital, se ha incluido de una forma diferenciada en cada entidad
dejando sin protección a muchas mujeres.
«Por
ejemplo, en la Ciudad de México está de una forma y en el Estado de
México está de una forma totalmente diferente y para la protección de
las mujeres en el estado de México no sirve, realmente no está
protegiendo lo que debería. Entonces, creo que este es un problema muy
grande e inicial.» describió Valeria Martínez Mondragón.
Frente
a este panorama, la defensora digital se ha encontrado diferentes
obstáculos como la falta de perspectiva de género de quienes imparten
justicia y quienes investigan debido a la falta de cursos especializados
para el personal. Tampoco existe autoridades que les obliguen a emitir
sentencias con perspectiva de género generando así falta de voluntad
política.
Por otro lado, la falta de homologación penal que frena
lograr avances en otras entidades y que no contemplan los escenarios
reales y simulados en los casos, así como la falta de protocolos de
investigación para acompañar a las víctimas de este delito se posicionan
como otros obstáculos: «Mientras no haya un ABC de cómo juzgar,
investigar o acompañar a víctimas de violencia digital, creo que no
podemos avanzar. Es de las partes más importantes que nos hemos topado
en el camino», mencionó la defensora digital.
En este
contexto, la falta de regulación efectiva hacia las plataformas
digitales y la ausencia de una política nacional homogénea con
perspectiva de género dejan en vulnerabilidad a millones de mujeres en
México. Aunque existen avances como la Ley Olimpia, la persistente
impunidad, la falta de homologación jurídica y la desprotección ante
tecnologías cada vez más invasivas reflejan un reto urgente: garantizar
que los derechos digitales —incluyendo la privacidad, la libertad de
expresión y una vida libre de violencia— sean protegidos con la misma
fuerza con la que se regulan y vigilan los espacios virtuales.
.-Ciudad
de México.– El día de hoy se cumplen 15 años del feminicidio de
Marisela Escobedo, asesinada a los 52 años frente al Palacio de Gobierno
de Chihuahua mientras reclamaba justicia por el asesinato de su hija
Rubí, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras gobernaba
César Duarte Jáquez, hoy recién detenido en una prisión de máxima
seguridad, por lo que esta deuda sigue pendiente por parte de este
funcionario y del Estado mexicano.
Hay que recordar que fue el
pasado 13 de diciembre de este 2025, cuando un juez de control vinculó a
proceso al ex gobernador de Chihuahua, Duarte Jáquez, por uso de
recursos de procedencia ilícita y le dictó prisión preventiva oficiosa
en Almoloya, no obstante este funcionario quien gobernó el estado
norteño del 2010 al 2016, tiene una deuda pendiente con las mujeres, por
los casos de feminicidio que asolaron esta entidad durante su mandato y
que fue constantemente increpado por las defensoras por lo emprender
acciones para erradicar la situación.
Por ejemplo, la periodista Lydia Cacho documentó en su columna Las mentiras peligrosas de Duarte, publicada en Cimacnoticias el 26 de marzo del 2012, la situación de violencia feminicida que prevalecía en Chihuahua mientras Duarte era gobernador:
«La
realidad nos muestra que hoy en día el estado de Chihuahua tiene la
tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos
por cada 100 mil mujeres, 15 veces más alta que la registrada a nivel
mundial, que es de 2.6 asesinatos por cada 100 mil. Por cuarto año
consecutivo, Chihuahua ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres».
Hay
que recordar que en el 2013 el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes
Desaparecidas en Ciudad Juárez, le dieron un plazo a Duarte para que
informara públicamente en qué consistían las investigaciones que se
llevaban a cabo para identificar los restos de las mujeres que habían
sido víctimas de feminicidio, así como para averiguar el paradero de las
que continuaban desaparecidas, situación que fue incumplida por el
funcionario.
Abundaron que el ex gobernador contaba con el mismo
plazo para informar sobre la identificación de los 253 restos óseos
que, según el comité, estaban en las instalaciones del Servicio Médico
Forense de Juárez.
El
caso de Marisela Escobedo, es emblemático porque ha demostrado todas y
cada uno de los errores, violencias, revictimizaciones y omisiones por
parte del Estado mexicano en un caso de violencia contra las mujeres, es
uno de los casos que más ha trascendido el tiempo sin embargo, esto no
le ha otorgado verdad, ni justicia.
El caso de Marisela Escobedo
ha llegado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar
justicia, porque en México agotó todas las instancias legales y ninguna
favoreció el derecho de esta madre buscadora.
A ella se le
recuerda por varios actos de resistencia que tuvo mientras buscaba
justicia por su hija, por ejemplo, caminó desnuda para protestar, lo
hizo cubierta únicamente con la foto de su hija mientras sostenía esa
caminata, ella decía que era porque le habían quitado todo y este
momento le dio la vuelta al mundo.
Foto del fondo: Cimac Foto, por Anayeli García Martínez.
Foto: Marisela, cortesía Cedehm.
En el marco del
aniversario luctuoso de Marisela Escobedo, organizaciones de la
sociedad civil convocaron a un homenaje que iniciará desde las primeras
horas del día frente al Palacio Municipal de Chihuahua, donde se
instalará un tendedero de fotografías junto con una ofrenda floral y
veladoras, más tarde se realizará una ceremonia religiosa y la jornada
concluirá con un un performance titulado “Marisela Vive”.
Cabe
poner bajo la mira que, a 15 años del suceso, la situación para las
mujeres en Chihuahua continúa sin ser alentador, pues tan solo entre
enero y octubre de 2025 se registraron 217 asesinatos de mujeres, de los
cuales únicamente 41 fueron tipificados como feminicidio, lo que coloca
a la entidad en el cuarto lugar nacional en este tipo de delito, solo
por debajo del estado de México, Sinaloa y la Ciudad de México, de
acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
seguridad pública.
Ante este panorama, el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) ha señalado que son en su mayoría
las madres de las víctimas de feminicidio y de las de las personas
desaparecidas las que arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y
reparación; es por ello que hay una obligación por parte de los
gobiernos, en el ámbito de sus competencias, para garantizar los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
El 24 de junio del
2019, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización
Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex), presentaron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Marisela
Escobedo Ortiz, asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su
hija Rubí Frayre Escobedo.
A partir de la solicitud al órgano
interamericano, las organizaciones y la familia de Marisela buscan
superar los obstáculos impuestos en México en la búsqueda de justicia y
en evitar que situaciones de esta naturaleza se presenten.
Entonces,
las defensoras afirmaron que Lla petición emitida a la CIDH permitirá
al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones
de derechos humanos cometidas las violaciones de DDHH que han implicado
para Rubí, Marisela y 17 miembros de su familia. Entre ellas cuentan la
falta de protección que desencadenó la violencia machista en su contra y
el posterior asesinato y desaparición de la joven; la falta de
investigación de estos hechos. A esto se suma la falta de garantías para
que Marisela Escobedo ejerciera su rol de defensora de derechos humanos
de manera segura, lo que facilitó su asesinato y desencadenó el
desplazamiento forzado de su familia.
Sin embargo pese a esa
obligación, en el caso de Marisela Escobedo, en 2020 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano la
existencia de una denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio
de Rubí Frayre Escobedo y el asesinato de Marisela Escobedo, otorgándole
un plazo de tres meses para remitir sus observaciones, sin embargo 5
años después no se han anunciado avances significativos.
Frente a
este caso de total impunidad, año tras año colectivos feministas,
organizaciones y diversos sectores de la sociedad han buscado
visibilizar con mayor ímpetu el caso a través de documentales, informes,
pronunciamientos, actividades y homenajes; sin embargo, pese a estos
esfuerzos, la atención al caso de Marisela Escobedo y a las miles de
víctimas de feminicidio en la entidad no ha sido una prioridad en la
agenda pública regional.
Caso de Marisela Escobedo
La
noche del 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 21 horas, Marisela
Escobedo Ortiz fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua,
levantaba pancartas para denunciar la impunidad en el feminicidio de su
hija, Rubí Marisol Frayre, cuando un hombre descendió de un vehículo y
abrió fuego contra ella. Aunque ella intentó huir, el agresor la
persiguió y le disparó en repetidas ocasiones, quitándole la vida en el
lugar.
Rubí Marisol Frayre, de 16 años, había sido asesinada en
agosto de 2008 en Ciudad Juárez por su pareja sentimental, Sergio Rafael
Barraza.
Tras la desaparición de su hija, Marisela Escobedo
emprendió una lucha para exigir justicia: repartió volantes, se integró a
colectivos de madres que buscaban a sus hijas desaparecidas y acudió de
manera constante a los medios de comunicación para visibilizar el caso.
El
30 de enero de 2009, Marisela recibió una llamada de Ángel Valles,
quien aseguró haber escuchado a Barraza confesar el asesinato. Meses
después, en junio de ese mismo año, el propio Sergio Barraza admitió su
responsabilidad y señaló el lugar donde había enterrado el cuerpo de
Rubí. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos óseos encontrados
correspondían a la joven.
Pese a la confesión y a las pruebas
científicas, el asesino fue liberado meses después, al considerar un
tribunal que la Fiscalía de Chihuahua no había logrado acreditar el
delito. La decisión provocó indignación y llevó a Marisela Escobedo a
presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
En 2013, la CNDH emitió la Recomendación 44/2013, en la
que documentó graves irregularidades y fallas estructurales del sistema
judicial en Chihuahua. El organismo condenó la actuación de la Fiscalía
General del Estado, señaló la revictimización sufrida por Marisela y su
familia y determinó la violación de diversos derechos humanos, entre
ellos el derecho a la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno,
la debida procuración de justicia y el derecho a la verdad. Además,
solicitó la investigación de los servidores públicos involucrados y una
disculpa pública por parte del Estado.
Días después de emitida la
recomendación, un tribunal superior modificó la sentencia que había
permitido la liberación de Barraza; sin embargo, el feminicida ya se
encontraba prófugo. A partir de ese momento, Marisela Escobedo se
convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad.
Realizó protestas, marchas y plantones, y exigió públicamente la
recaptura del asesino de su hija.
Tras huir de la justicia, Sergio
Rafael Barraza se integró al grupo criminal los zetas, una de las
organizaciones delictivas más violentas del país, conformada en sus
orígenes por exintegrantes de las Fuerzas Especiales. En ese mismo grupo
militaba José Enrique Jiménez Zavala, alias el Wicked, quien
fue identificado como el autor material del asesinato de Marisela
Escobedo, un crimen que marcó a México y evidenció la profunda crisis de
impunidad en los casos de feminicidio.
La
autora es una periodista afgana, formada con apoyo finlandés antes de la
toma del poder por los talibanes. IPS mantiene su identidad anónima por
razones de seguridad.
Bajo
las restricciones de los talibanes, la circulación y el trabajo de las
mujeres se han visto cada vez más restringidos en todo Afganistán.
Imagen: Learning TogetherPeriodista de IPS
KABUL – Shabnam, una joven de 26 años y con casi la carrera de
derecho terminada, se las arregla para vivir y trabajar disfrazándose
como varón en Afganistán. En un mercado abarrotado, con el bullicio de
los vendedores ambulantes y el olor de los restaurantes cercanos, una
pequeña tienda anónima se mezcla con el caos.
En su interior, estanterías oxidadas cubren las paredes, latas de
refresco vacías colgadas en la pared añaden un toque de color y una
vieja mesa cubierta con un paño gastado se encuentra en una esquina.
Para los transeúntes, el tendero es un joven.
Nadie percibe que que, detrás de este disfraz, una joven respira entre el miedo y la esperanza.
«Nunca tuve una infancia», dice Shabnam, «mientras otros niños jugaban en las calles, yo abría la tienda».
Y continúa: «Desde los 10 años trabajé a tiempo parcial junto a mi
padre y seguí trabajando a tiempo parcial mientras continuaba mis
estudios universitarios bajo su tutela».
Sin embargo, su padre ahora es un anciano y está parcialmente
paralizado, y ella es la única fuente de ingresos de la familia. Su
mayor deseo, dice, es que su hermano menor crezca y tenga éxito.
Un secreto que conocen muy pocos
Los residentes de los barrios circundantes solo la conocen como un joven educado.
Cada día, los funcionarios municipales recaudan impuestos de los
comerciantes, exigiendo el pago independientemente de si han vendido
algo o no. Esta jornada, incluso le entregaron una advertencia formal
después de la visita.
«¡Eh, chico, paga tus impuestos!», le gritó el recaudador. «Haz
crecer tu negocio. Consigue un carrito pequeño y vende en la calle», le
demandó.
«Por cierto, ¿de quién es esta tienda?», le preguntó a continuación.
Aterrorizado, el asustado joven respondió tímidamente: «Es de mi padre.
Está paralítico y se queda en casa».
«Alquila tu tienda y paga tus impuestos con el alquiler», le gritó el
recaudador de impuestos una vez más. «Todas las tiendas pagan
impuestos. ¿Cuánto has vendido hasta ahora?», le insistió.
«He ganado 75 afganis (1,10 dólares)», le dijo Shabnam.
«Vamos, eso no es suficiente. ¡Ve a comprar un carrito pequeño y
trabaja más duro, vende verduras y frutas! ¿Lo entiendes?», le dijo el
recaudador.
Dos comerciantes vecinos, amigos íntimos del padre de la joven, están
muy impresionados por la resistencia y la determinación de la joven.
«Si esta chica no existiera, su familia pasaría hambre», dice uno.
«Pero si los talibanes descubren que es una mujer disfrazada de hombre,
la pondrían en peligro. Por desgracia, su hermano pequeño es demasiado
pequeño para llevar una tienda», comenta.
Este secreto forma parte de la vida cotidiana de esta joven. Como
viste ropa de un varón adolescente, afortunadamente nadie en el barrio,
donde la mayoría son inquilinos, la reconoce por la calle. Ni siquiera
sus parientes vienen a proponerle pretendientes para casarse, lo que
harían si conocieran la verdad, según la costumbre afgana.
Los vecinos cotillean y aseguran: «Que Dios nunca haga que nuestra
familia sea como la suya, ¿una joven que regenta una tienda? Nadie en
nuestra tribu ha sido nunca tan desvergonzado».
Una
tienda dentro de una zona comercial en Kabul. En otra de ellas, una
tendera disfrazada como un joven es quien atiende a los clientes, en una
de las pocas formas en que puede ganarse la vida y alimentar a su
familia. Imagen: Learning Together
Una nube constante de miedo
Cada mañana, cuando abre la puerta de la tienda, un miedo intenso se apodera de ella.
«Nunca he empezado un día sin temor. Cuando los talibanes pasan por
delante de la tienda, mi corazón se acelera. Me pregunto si este será mi
último día en la tienda», dice.
Aun así, no tiene otra opción. Si no trabaja, su familia no come. Cada noche esperan en casa a que cierre la tienda para cenar.
«Cuando mi madre me ve, se le llenan los ojos de lágrimas. Me besa y
me dice: «¡Eres una chica valiente y fuerte, y además abogada!», cuenta
Shabnam.
Y añade: «Mi madre quería trabajar; quería lavar ropa para otros,
pero yo no se lo permití. Hace poco, cuando llegué a casa, la vi
cosiendo colchas y colchones para otras personas. Me di cuenta de que
era mi turno de proclamarla una mujer valiente y fuerte».
Los escasos ingresos que gana su madre ayudan a cubrir los gastos de
la medicación para la hipertensión de su padre. La familia, compuesta
por cinco miembros, incluye dos hermanas y un hermano.
«A menudo nos acostamos con hambre si ganamos menos de 100 afganis
(1,60 dólares) al día. Mi hermano llora hasta quedarse dormido, pero yo
intento poner buena cara aunque por dentro lloro», cuenta Shabnam.
Sus palabras reflejan la realidad de miles de mujeres afganas en todo Afganistán.
Un pequeño sueño que parece inalcanzable
A pesar de los riesgos, Shabnam se aferra a un modesto sueño. «Algún
día, quiero tener suficiente capital para montar un negocio para mujeres
en esta tienda», dice con una leve sonrisa. En lugar de patatas fritas
quemadas y refrescos que revuelven el estómago de todos los tenderos,
ella vendería bolani fresco, un pan plano tradicional afgano,
normalmente relleno de patatas, espinacas, calabaza o puerros.
Pero no tiene ni el capital ni la seguridad necesarios para solicitar un préstamo para comprar el equipo.
Los vecinos siguen de cerca la vida de Shabnam. La han visto llorar
detrás de las estanterías de la tienda y comprenden el cansancio que la
agota y saben que no hay otra opción. «Esta chica es como mi propia
hija», dice uno de los vecinos, «siempre admiro su valentía. Ni siquiera
aceptaría ninguna oferta gratuita por mi parte».
La
vida cotidiana en Kabul, donde el comercio y la rutina persisten a
pesar de la creciente presión sobre la población del gobierno talibán.
Imagen: Learning Together
Una sociedad de mujeres silenciadas
Según las Naciones Unidas, más de 80 % de las mujeres afganas han
perdido su trabajo desde que los talibanes volvieron al poder, en agosto
de 2021.
El regimen del movimiento político y militar islamista
fundamentalista ya habían gobernado el país entre 1996 y 2001, e imponen
un acatamiento estricto de la ley islámica, la Sharia, que fuerza a las
mujeres a restringirse al ámbito doméstico, sin posibilidad de estudiar
o trabajar.
Las mujeres que antes mantenían a sus familias ahora están confinadas
en sus hogares. En este contexto, una joven que aún se atreve a
mantener abierta su tienda es un símbolo de resistencia silenciosa. Sin
embargo, esta resistencia podría terminar en cualquier momento con una
sola amenaza.
Su mayor temor es la llegada de los recaudadores de impuestos. Ella paga en silencio lo que puede. No hay salida.
Los expertos económicos advierten de que la exclusión de las mujeres
del mercado laboral ha empujado a innumerables familias a la pobreza
extrema. La historia de Shabnam es un pequeño ejemplo de una crisis
social mucho mayor.
La tienda es un refugio de esperanza
Para Shabnam, la tienda es más que un lugar de trabajo. Es un refugio
donde se siente viva. Cada lata de refresco que cuelga como decoración
es un signo de esperanza. Intenta dar color a la tienda incluso en medio
de la pobreza y las amenazas.
«El secreto de mi éxito es el pequeño disfraz que hace que todo el mundo piense que soy un chico de 16 años años», dice.
Pero, añade, «últimamente me despierto casi siempre con miedo por los
impuestos. ¿Podré abrir la tienda hoy? ¿Y si vienen los funcionarios
municipales, me lo quitan todo en un momento y lo tiran a la calle? ¿Y
si no puedo comprar una pequeña bandeja o tengo que dejar de alquilar mi
tienda? ¿Qué me harán?».
«Mi historia podría ser la de miles de otras mujeres que siguen luchando por el pan, por la vida y por su dignidad», reflexiona.
A pesar de los enormes retos, Shabnam sigue albergando la ambición de
terminar sus estudios de Derecho y poder convertirse en la abogada que
una vez se propuso ser.
Fotograma Canal del Congreso CDMX.- Ciudad
de México.– En días recientes, el Congreso de la Ciudad de México fue
escenario de una confrontación física entre legisladoras de MORENA y del
PAN, un episodio que acaparó la atención mediática y evidenció que la
sanción social fue más severa por tratarse de mujeres en el ámbito
político, a quienes se les exige un comportamiento acorde con mandatos
de género que no se aplican con la misma intensidad que a los hombres.
Los
golpes, la rudeza, la confrontación e incluso la violencia son mandatos
de género adjudicados a los hombres y esto se espera de ellos, no
obstante, a las mujeres se les crece y desarrolla con mandatos distintos
que incluyen la docilidad, la calma, el silencio y hasta la
resignación, pero la política es un escenario que va más allá de
cabildeos, las negociaciones tienen un tono elevado que ha sido
respaldado por el Tribunal Electoral del Poder Superior de la
Federación, al cual han excluido de la violencia política de género,
pero lo exhibido en el Congreso de la Ciudad de México nos muestra que a
la vara con la que se mide a hombres y mujeres es distinta.
Este
enfrentamiento entre las legisladoras ocurrió durante la sesión
ordinaria del Congreso, mientras se discutía el dictamen que extingue el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(InfoCDMX) y crea un nuevo órgano de transparencia adscrito a la
Contraloría Jurídica; sin embargo, la conversación social no se centró
en dicha modificación, sino que se trasladó únicamente al acto de
violencia.
Cabe señalar que no es la primera vez que suceden actos
de agresividad entre las y los funcionarios públicos, pero hay que
poner bajo la mira que en su mayoría son protagonizados por hombres.
Prueba de ello, se suscitó hace algunos meses entre Alejandro Moreno y
el presidente de la Mesa Directiva de dicho recinto, Gerardo Fernández
Noroña, de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Este
evento fue abordado mediáticamente desde la burla y la trivialización,
pese a que durante el enfrentamiento se registraron agresiones verbales,
empujones, gritos, imposiciones, manotazos y encaramientos; incluso, la
violencia se trasladó al ámbito digital, donde fue justificada.
Además,
más allá de señalar responsabilidades individuales, es importante no
perder de vista que ambos legisladores involucrados en el encontronazo
cuentan con denuncias previas en su contra por parte de legisladoras,
quienes los han acusado por violencia política de género, pese a ello,
ninguno de los dos ha sido sancionado, ni castigado socialmente.
Castigo diferenciado
¿Por
qué el castigo social frente a actos agresivos resulta desproporcionado
cuando quienes los cometen son mujeres y no hombres?
Este dilema es abordado por el colectivo Criminología Feminista,
quienes señalan que la sociedad patriarcal ha normalizado juzgar con
mayor severidad a las mujeres, a quienes se les exige perfección y
cuidado, mientras que a los hombres se les permite ser imperfectos,
impulsivos o incluso agresivos sin enfrentar el mismo nivel de sanción
social.
En el caso de las legisladoras, el episodio llegó incluso a
medios internacionales y acaparó la agenda informativa, lo que derivó
en un señalamiento y un doble juicio, pues más allá de la indignación de
los actos violentos y agresivos cometidos, fueron juzgadas por ser
mujeres, ya que este tipo de conductas no se ajustan a los mandatos de
género socialmente establecidos.
Criminología Feminista apunta
que, cuando las mujeres cometen errores o toman decisiones que no se
ajustan a las expectativas sociales, suelen ser culpabilizadas y
sometidas a mecanismos de vergüenza, lo que incluso puede llevarlas a
juzgar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. En
contraste, los hombres suelen ser exonerados de culpa y vergüenza, y se
les permite “aprender de sus errores” sin enfrentar las mismas
consecuencias sociales.
Asimismo, aclara que esta postura no
plantea la tolerancia hacia violencias ejercidas por mujeres, sino que
evidencia cómo las equivocaciones y las violencias se encuentran
socialmente normalizadas cuando provienen de varones, a quienes se les
concede mayor permisividad para cometer errores o ejercer violencias sin
enfrentar el mismo nivel de señalamiento mediático.
Señalar la violencia machista en espacios de poder
Tal
como advierte la colectiva feminista, no se trata de justificar ningún
tipo de violencia ejercida por mujeres; sin embargo, es importante poner
sobre la mesa cómo, en los espacios políticos, los hombres han sido
exonerados de distintos actos de agresión, violencia e incluso delitos,
sin que haya ningún tipo de sanción
Evidencia de ello se ha
observado a lo largo de los años, en diversos casos que involucraron a
diputados y servidores públicos. Uno de ellos fue el de Cuauhtémoc
Blanco, exjugador del América y actual diputado federal de Morena, quien
fue señalado por violencia sexual en grado de tentativa contra Nidia
Fabiola N., su media hermana, quien lo denunció dos meses después de los
hechos.
Pese a que se presentó una solicitud de desafuero en la
Cámara de Diputados para permitir su investigación, el proceso fue
bloqueado. Con 291 votos, el pleno negó discutir el retiro del fuero del
legislador, lo que impidió que avanzara la indagatoria en su contra.
Otro
ejemplo es el del senador Félix Salgado Macedonio, acusado en 2021 de
violencia y acoso sexual contra Basilia N., cuando era menor de edad,
así como por otra mujer que trabajó para él cuando dirigía La Jornada de Guerrero.
A pesar de que las denuncias se hicieron públicas hace siete años, el
funcionario continúa en funciones y sigue siendo una figura relevante
dentro de Morena.
Tal como ha ocurrido con estos dos personajes,
que continúan concentrando poder pese a las denuncias por abusos
sexuales, la lista se extiende; sin embargo, han sido librados de
responsabilidad y sanción, e incluso han sido arropados por sus propios
partidos, lo que evidencia una vez más que la respuesta social e
institucional no es la misma para hombres y mujeres.
.- Texto
originalmente publicado el 26 marzo del 2025 para documentar la
audiencia del caso Lilia Alejandra Andrade en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Este 19 de diciembre del mismo año el fallo fue contra el Estado mexicano.
Ciudad
de México.- En punto de las 9 de la mañana hora centro del país, la
honorable corte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
inició la primera parte de la audiencia «García Andrade vs México», que
constató de escuchar los argumentos de Norma Andrade, madre de Lilia
Alejandra García Andrade víctima de feminicidio en Ciudad Juárez en
2001, y las contra respuesta presentada por el Estado mexicano a cargo
del abogado Fernando Romero Pérez de la Fiscalía de la Mujer de
Chihuahua quien, en la última parte de la sesión, mostró tropiezos
importantes en defender las acciones de las autoridades chihuahuenses.
Con
una duración de 3 horas con 15 minutos esta primera parte de la
audiencia mostró una apertura favorable para Norma Andrade y su equipo
legal constituido por la abogada Karla Michel y David Peña.
Durante
la intervención de Andrade, fue Karla Michel la responsable de liderar
la entrevista y exponer los ejes fundamentales ante la CoIDH: Las
omisiones en la investigación de la muerte de Lilia García, el fallo en
brindarle protección a Norma Andrade luego de vivir 2 intentos de
homicidios y la forma en que la desaparición – feminicidio de las madres
implica un recrudecimiento en la vulnerabilidad de las hijas e hijos de
las víctimas; misma, que el Estado nunca ha reconocido.
Luego de
una extensa intervención de Norma Andrade, por primera vez en los 24
años de lucha desde el feminicidio de su hija, puedo narrar de viva voz
las inconsistencias en el caso, cómo su vida cambió por completo y la
manera en que tuvo que cargar en sus hombros toda investigación para dar
con los responsables, tomó la palabra Fernando Romero Pérez quien salió
en defensa del trabajo del Estado de Chihuahua bajo un argumento que,
no sólo fue repetitivo, sino también, terminó por mostrar una endeble
acción: «Chihuahua no contaba -en 2001- con la infraestructura
suficiente para llevar el caso».
Arrancando la audiencia y en la
presentación de motivos, fue Cristina Blanco de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos quien sentenció que, en el informe de
fondo de la CIDH se tenía ya un registro de lo que sucedía en Ciudad
Juárez y que ha sido plenamente reconocido por la Corte desde la
sentencia por el caso Campo Algodonero.
Por ello, Blanco externó
que el Estado era responsable pues, a pesar de saber lo que sucedía en
Chihuahua, no se agilizó desde un primer momento para encontrar a Lilia
Alejandra Andrade; no tomó ninguna medida, a pesar de que la mujer
permaneció con vida al menos 5 días antes de su feminicidio.
«El
Estado violó el artículo número 7 de la Convención Belem do Pará, por
ello, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinó que
Norma y los dos hijos de Lilia también sufrieron los estragos de la
violencia. El presente caso muestra la persistencia de los mecanismos
para dar fin a la violencia de mujeres en Ciudad Juárez. El 20 de
noviembre del 2021 se notificó al Estado 8 prorrogas, pero las víctimas
nunca obtuvieron una reparación integral, por lo que se giró a la CoIDH
que hoy, tendrá la oportunidad de reconocer la violación sexual como
tortura, los contextos de grave violencia y, además, los impactos en las
familias ante casos de desaparición de mujeres».
Norma
«Soy
madre de Lilia Alejandra García Andrade», pronunció Norma Andrade como
primera frase ante la Corte Interamericana. Su primera intervención
estuvo focalizada en presentar a su hija ante las y los jueces a quien
describió como «una joven alegre de 17 años, de carácter fuerte,
inteligente y decidida a lograr sus objetivos, ella era poeta,
disfrutaba del canto, el ajedrez, la oratoria y soñaba con ser
periodista».
Andrade también acotó que su hija se había convertido
en madre a una edad muy temprana y aunque existió la posibilidad de una
interrupción del embarazo, Lilia nunca estuvo de acuerdo en ello y
acordaron que se haría responsable de los gastos del bebé; trabajaría y
estudiaría para sacar adelante a su hija.
«Al
momento de su asesinato, Alejandra trabajaba en una maquila para sacar
adelante a sus dos hijos, era madre de dos pequeños. Jade García de 1
año 8 meses y de José Caleb de 5 meses de nacido. Estaba estudiando la
preparatoria, su papá, José García Pineda y yo, teníamos el acuerdo de
que, si sacaba buenas calificaciones en la prepa, nosotros absorberíamos
los gastos de sus dos hijos para que pudiera estudiar la universidad»,
dijo Norma Andrade.
Sucintamente, su defensa Karla Michel le pidió
a Norma narrar cómo aconteció el secuestro y asesinato de Lilia y la
forma en que su trabajo de búsqueda comenzó. De esta forma, la madre de
Lilia García Andrade le explicó a las y los jueces que su hija había
salido un 14 de febrero del 2001 a las seis de la mañana con dirección
al trabajo; cumplía una jornada de 12 horas y usualmente, llegaba a casa
a las 10 de la noche, sin embargo, ese día no llegó.
Norma
Andrade explicó que, al ser día del amor y la amistad, concluyó que su
hija se había ido; sin embargo, toda esa noche la dedicó a contactar a
las amistades de Lilia y la respuesta era la misma: dijo que se iría a
casa.
El 15 de febrero, Norma se dirigió a la fiscalía y les pidió
levantar una orden de búsqueda, la cual fue rechazada pues debía
esperar 72 horas. Las autoridades le señalaron que, si quería, mejor
«fuera a buscarla ella». Así lo hizo, la buscó en comandancias, en los
hospitales, en las delegaciones y entre sus conocidos; fue un día
extenuante de búsqueda y preguntas.
No fue hasta el 16 de febrero
que la fiscalía por fin aceptó girar una orden de búsqueda, sin embargo,
mientras se realizaba el proceso uno de los agentes le dijo: «Ay
señora, ¿para qué se hace tonta? Su hija ya no la aguantaba, por eso se
fue, porque la tenía en el puño». Asimismo, le plantó en la cara que
tenían más de 2 mil desapariciones y que sólo eran dos agentes de
investigación; «ahí entendí que no iban a buscarla», contó Norma.
Ante
estas respuestas indolentes de las autoridades, Norma y su familia
crearon volantes con el rostro de Lilia. Fueron repartidos en centros
comerciales, en las calles, en las plazas públicas, lo llevaron a la
televisión y a la radio. Para este momento ya habían pasado 5 días de la
desaparición de su hija y siendo 20 de febrero, se mostró una primera
pieza que terminó por reventar que, en efecto, las autoridades nunca
hicieron nada por atender la crisis de desapariciones en Ciudad Juárez y
menos, por dar con el paradero de Lilia Andrade.
«El
20 de febrero en un noticiario habla la señora Martha Barragán diciendo
que un día antes el 19 de febrero en la noche había hablado a la
policía porque desde el garaje de su casa vio cómo unos sujetos
golpeaban a una jovencita semi desnuda, alta, de pelo largo y lacio y
que se veía que la estaban violentando. La señora refiere que la policía
llegó 2 horas después de que hizo la primera llamada y cuando finaliza
la llamada, la mujer dice: A ver si no la encuentran asesinada después.
El 21 de febrero es encontrada mi hija. Justo a 500 metros de donde
Martha Barragán dijo que estaban golpeando y torturando a una jovencita.
La necropsia dice, que Alejandra tenía entre 24 y 36 horas de haber
sido asesinada, murió por estrangulamiento y tortura sexual.», señaló
Norma.
Cambio de paradigma
Uno
de los puntos más álgidos durante la presentación del caso -y narrado
por Norma Andrade- se dio cuando expuso la odisea que tuvo que emprender
para dar con los responsables de la muerte de su hija; todos los
fiscales que tuvo que enfrentar, los gobiernos indolentes y los intentos
desesperados de los ministerios públicos por frenarla de encontrar
justicia.
Sobre el caso de Lilia García se abrieron 8 líneas de
investigación, tardaban años en hacerse y sorprendentemente, ninguna dio
en el clavo debido a inconsistencias. Como, por ejemplo, cuando se
apuntaba a un hombre de apodo «Tyson» quien, de hecho, se encontraba
preso desde 1999.
Sólo 7 años después, en el 2008 todas y cada una
de las líneas de investigación comenzaron a cerrarse, una a una, y con
ella, las posibilidades de justicia; no había responsables y tampoco
nada que apuntara a quiénes cometieron la tortura y el feminicidio de
Lilia.
«Se
solicita un reprocesamiento de todas las investigaciones dándonos como
resultado la identificación de otro material genético, la muestra 1666 /
700, estas dos muestras se corren en la base de datos en la fiscalía de
Chihuahua y nos da un match con una muestra de un funcionario
público quien fue asesinado en 2010 de nombre Enrique Castañeda [existía
compatibilidad genética, lo que apunta a que el responsable era un
masculino de la familia Castañeda, más no el propio Enrique*]. Gracias a
estas pruebas de ADN me doy cuenta de que (Lilia) no fue la única
asesinada por estos agresores, sino que hubo 3 chicas antes y una
después de Alejandra, a este grupo se le tiene vinculado a 4 casos»,
dijo Norma.
La presión comenzaba a apretar al gobierno de
Chihuahua; un grupo de violadores y asesinos seriales había operado en
total impunidad en Ciudad Juárez, y no sólo eso, existían elementos
suficientes para saber que, al menos uno de ellos, estaba relacionado
con un funcionario público de la ciudad. Y aunque Norma cada vez se
mostraba más incisiva para dar con respuestas, su lucha se frenó
momentáneamente cuando en 2011 recibió 5 impactos de bala en pecho y
hombros.
Fue llevada a un hospital y posteriormente, ingresada a
un hospital privado por órdenes del gobierno; sin embargo, sólo 3 días
después, sería -en palabras de Norma Andrade ante la CoIDH-
«literalmente echada a la calle», porque el hospital recibió amenazas de
que asesinarían al personal médico si continuaban dándole atención.
Norma
es desplazada forzosamente de su ciudad natal, tomó sus cosas y la de
sus dos nietos y migró, donde apenas un par de meses después, y en ese
nuevo hogar presuntamente oculto, fue apuñalada en el cuello.
La evidencia de los cuidados, el trabajo de buscar justicia y los cambios de vida
Uno
de los ejes más importantes dentro de esta discusión y de la serie de
argumentos, fue la manera en que Norma tuvo que responsabilizarse de la
hija e hijo de Lilia García; Jade y Caleb, a quienes cuidó desde que
tenían 1 año y 5 meses de nacidos, respectivamente.
Los cambios de
vida de Norma fueron asunto de discusión entre ella y el juez Diego
Moreno Rodríguez quien expresó su admiración a su valentía y a los
cuidados de su nieta y nieto.
«De
abuelos, volvimos a ser padres, yo tenía 2 trabajos, maestra de
profesión y renuncié al otro para cuidar de mis nietos y exigir a las
autoridades. Lamentablemente, José [García*, su esposo] no pudo superar
la perdida de [Lilia] Alejandra y muere de cáncer a los 2 años del
asesinato de su hija, fueron dos pérdidas enormes y, aun así, me hice
cargo de mis nietos. El día del funeral de José estaba en la funeraria
cuando fueron por mí a sacarme y me llevaron al DIF para saber si yo
podía hacerme cargo de mis nietos. De las aulas, tuve que salir a las
calles a exigir justicia y empezar a investigar el asesinato de mi hija,
me di cuenta de que yo sola no soy nadie y me uní a otras compañeras,
donde constituimos un grupo (…) nos dimos cuenta de que teníamos qué
capacitarnos porque si no las autoridades se burlaban de nosotras, nos
ofendían, nos amenazaban, nos perseguían, robaban nuestros expedientes y
vivíamos allanamientos», narró Norma ante Moreno Rodríguez.
¿Qué espera usted de esta Corte?:
«Primero espero una sentencia favorable para Alejandra, pero también,
para todas las mujeres y niñas de México, quiero tener la certeza de que
mis nietas salga a la calle y volver a casa, que cualquier jovencita
puede salir a pasear en mi país sin que sea acosada, por eso espero una
sentencia favorable.
Que los verdaderos agresores de Alejandra
sean detenidos porque mientras sigan libres van a seguir asesinando. Hoy
me tocó estar aquí a mí, pero yo no estoy sola, a Norma la acompaña
Ramona, Soledad, Irinea que son madres como yo que tienen una hija
asesinada. Ellas también esperan una respuesta favorable.
Esperamos
que se ordenen políticas públicas para las niñas y niños que quedan
huérfanos, que puedan desarrollarse plenamente. Que esta honorable corte
obligue al Estado a aceptar su omisión para con ellos y que haga lo que
tenga que hacer para que nuestros niños crezcan alegres» le respondió
Norma al juez Moreno Rodríguez.
¿Cómo esto ha afectado su vida?
«Ahora [los nietos] son adultos jóvenes de 24 y 25 años. Ellos tenían 5
meses de nacido y 1 año 8 meses cuando asesinaron a su mamá, crecieron
entre mítines, marchas, mesas de trabajo, aportaciones de líneas de
investigación, pero ellos ahí eran unos niños alegres, sociables,
platicadores y crecieron todavía sanos hasta que presenciaron mi intento
de asesinato, todo cambió, porque aprendieron a vivir con miedo, el
miedo a que volvieran a intentarlo y ahora sí lo lograran.
Jade
requirió más de 10 internamientos psiquiátricos por crisis de ansiedad e
intentos de suicidio porque no lograba procesar lo que estábamos
viviendo, porque los 2 atentados fueron cercanos y ella los presenció».
«Muchas
consultas médicas, psiquiátricas y muchas terapias. Caleb de ser un
niño alegre se convirtió en un niño huraño y violento, desarrolló
fobias, empezó a tener miedo a dormir, generó miedo y se culpaba por no
poderme proteger. Cuando internaban a Jade yo me tenía que ir al
hospital y Caleb quedaba solo, entonces, quienes se quedaban con él eran
los escoltas; él se quedaba encerrado. El miedo de que me hagan algo
aún prevalece. Aún antes de esta audiencia Jade me dijo: «Estoy cansada
de que mi mamá tenga que seguir buscando, que mi mamá vaya a acompañar a
otras madres, tengo miedo de que le hagan algo por seguir ayudando»,
expresó Norma.
Estas últimas dos intervenciones representan un
punto clave para dimensionar los impactos del feminicidio en nuestro
país y ante la apertura evidente de las y los jueces de la CoIDH se
infiere la urgencia de que México desarrolle un mecanismo para atender
la salud mental, económica, educativa, de alimentación y cuidados de las
personas en situación de orfandad derivado de un feminicidio –
desaparición.
La palabra de Norma Andrade nos atañe a toda la
población y fue contundente en exponer, a través de sus vivencias, que
esto no sólo es una lucha por Lilia Alejandra, sino por todas.
Antes
de avanzar con los alegatos de la defensoría del Estado se necesita
entender la participación de 2 sujetos y el por qué, el meollo
terminaría por explotar entre tropiezos y una clara evidencia de que
existen discrepancias, orillando, incluso, a la jueza Verónica Gómez a
sostener que no había entendido ningún argumento: Manuel Navarro Rivas y
el hombre de apellido Castañeda.
Asimismo, entender que el caso
de Alejandra está presuntamente ligado al de Rosa Icela de 14 años
asesinada en el 95; Iveth Sánchez de 13 años asesinada en el 96 y Coral
de 16 años asesinada en el 2005. En el caso de 2 de ellas, ya hay una
persona detenida y sentenciada a 100 años de prisión, sin embargo, este
hombre de nombre Manuel Navarro nunca figuró en la carpeta de
investigación de Lilia Alejandra, por ello, Norma Andrade rechaza que se
le intente adjudicar a este hombre como responsable de la muerte de su
hija; no ha permitido que se le dé carpetazo, pues no cuenta con ninguna
prueba de ADN que se ligue con Lilia.
«Presuntamente
es el asesino de Alejandra y digo supuestamente, porque este señor
nunca figuró en las líneas de investigación. Se llama Manuel Navarro
Rivas y nunca se le hizo prueba de ADN, se le detiene y hasta la fecha,
al menos en el caso de Alejandra, no hay información para cotejarlo.
Para mí es un culpable fabricado porque no hay ninguna prueba de ADN
para decir: Este es al agresor de Alejandra.», apuntó Norma.
¿Y
qué pasa con Castañeda quien sí tiene coincidencia con los residuos
biológicos encontrados en el cuerpo de Alejandra?: Es desconocido.
Finalmente,
Norma Andrade zanjó su participación advirtiendo que, actualmente, las
cosas están aún peor que hace dos décadas; 11 mujeres asesinadas es una
cifra imposible de contener.
«Los
asesinatos siguen y las desapariciones también. Yo digo que ahorita
estamos peor que antes, públicamente cuando empezamos a denunciar se
hablaba de 3 asesinatos, ahorita, se habla de 11 mujeres asesinadas al
día. No voy a negar que se han creado leyes, instituciones, que el
gobierno ha hecho un aparato para resolver la situación porque no lo voy
a negar, pero aun así, con la infraestructura no se han frenado ni las
desapariciones, ni los asesinatos, incluso los asesinatos de madres
buscadoras.», mencionó Norma.
El caso de Lilia
Alejandra ha pasado por 9 fiscales, 17 ministerios públicos, 8 policías
de investigación, es decir, no ha habido un agente que siga la
investigación de forma sostenida. Hasta que llegó el licenciado Romero
quien desde el 2016 tiene la investigación y quien, momentos más tarde,
fungiría como el defensor del Estado.
«No estoy entendiendo»: La defensa del Estado
Fernando
Romero Pérez externó que desde el 2016 ha estado involucrado en la
investigación y externó que las líneas de investigación fueron múltiples
desde un inicio, donde se tomó en cuenta el contexto social y cultural,
lo que encauzó en que la muerte de Lilia Alejandra fuera vinculada a la
muerte de las otras menores de edad que fallecieron bajo condiciones
similares -tortura sexual y posterior feminicidio-.
«El expediente
se mandó a un juez especializado en 2018 y a cada caso se le dio una
causa penal, se ordenó librar la orden de aprehensión, sin embargo, en
el caso de Lilia Alejandra se mandó [por parte de la defensa de Norma
Andrade] un escrito donde se sostiene que no se está de acuerdo con la
decisión.», dijo Romero Pérez. Y es que, hay que recordar que, según
Norma Andrade, no existe nada que vincule a este presunto agresor con su
hija.
Asimismo,
Romero Pérez fue increpado sobre por qué se ha dilatado tanto el caso,
pues luego de 24 años resulta complejo dimensionar qué ha entorpecido
tanto el proceso. En respuesta y defendiendo el actuar de las
autoridades, el fiscal de investigación sostuvo que se debía a que, en
2001 -cuando sucedieron los hechos- Chihuahua no contaba con la
tecnología suficiente para recoger evidencia biológica y por ello,
tuvieron que aliarse con otros laboratorios de Guanajuato y Estados
Unidos.
El segundo problema esencial es que, al estar
presuntamente vinculado con otros casos, fue necesario tratar cada caso
de forma individual reconociendo sus particularidades. Y, además,
sostuvo que se han realizado dos exhumaciones para obtener el perfil
genético de los hombres de la familia Castañeda, como lo ha exigido la
familia García Andrade a quien, además, refirió que han mantenido cerca
en todo proceso.
Entonces, ¿cuál es el estado actual?: Con un
Castañeda en anónimo, el único que está en manos de la justicia es
Manuel Navarro a quien, según Romero, ya están sólo a unos pasos de
dictarle la sentencia superior a los 100 años al ser hallado culpable
por el feminicidio de las otras 2 menores que comparten similitudes con
Alejandra.
Dos de los tropiezos más grandes se dieron cuando David Peña, abogado de Norma Andrade cuestionó a Romero con dos puntos:
Si
se utilizó apoyo de un laboratorio de Guanajuato para obtener mejores
muestras biológicas, ¿por qué esto no fue utilizado en el dictamen?
¿Qué tiene qué ver Manuel Navarro? Nombre 3 puntos que lo liguen con Lilia Alejandra.
Las respuestas balbuceadas de Romero se limitaron a señalar que desconocía el hecho y que no había entendido la pregunta.
Segunda etapa de la audiencia: Los alegatos finales
Estado reconoce responsabilidad parcial, pero también su «buen actuar«
Con
una presentación de alegatos finales de más de dos horas, el
enfrentamiento legal apareció en la Corte Interamericana; por un lado,
las y los representantes del Estado sostuvieron en todo momento sus
buenas acciones a lo largo de los años, del otro lado, la representación
de la familia García Andrade luchó por tirar todo argumento presentado
por el Estado, señalándolo de único responsable.
En una primera
parte, Romero Pérez no supo responder el por qué Norma Andrade negó la
responsabilidad de Manuel Navarro, sin embargo, David Peña, en
representación de la familia citó un documento oficial del juez que
rechazó liberar la aprehensión de Navarro por el caso particular de
Lilia Alejandra, donde se rezó «Se niega la orden de aprehensión al no
estar acreditada su posible responsabilidad».
Asimismo, David Peña
cuestionó que, de nueva cuenta, el Estado si bien reconoció que existía
dilación en las investigaciones, no reconoció los hechos particulares
donde violentó e incumplió sus obligaciones.
En representación a
la familia, también se sostuvo que en el informe del Estado -presentado
como defensa ante la CoIDH- se negaba la violación como tortura sexual y
se denunció que, en 24 años, las autoridades nunca identificaron al
grupo criminal, además de que ejercieron «terribles y groseras omisiones
que provocaron que Alejandra fuera sometida, al menos, 7 días a tortura
sexual».
«Es
lamentable que hoy el Estado pretenda sustentar esta investigación [la
de Manuel Navarro], cuando el Estado cometió graves omisiones,
incluyendo un inconsistente desarrollo como ha quedado evidenciado. Hubo
inactividad casi total, no ha garantizado una investigación en un lapso
de tiempo razonable; hablamos de un grupo de perpetradores sistemáticos
que opera desde hace 10 años y el fracaso del Estado mexicano. Respecto
a las violaciones de Norma, tras el feminicidio no sólo tuvo que cargar
con el cuidado de sus nietos, sino también ha sido víctima de múltiples
intentos de homicidio [además], respecto a las investigaciones por los
atentados contra Norma, se encuentra que nunca se ligó a la carpeta de
Lilia Alejandra», sostuvo la representación de García Andrade.
En
añadidura, la defensa fue contundente en señalar que el Estado es el
único responsable de cooptar -a Norma y a sus dos nietos-, del derecho a
la familia, de garantías sociales y el libre tránsito. Además, se
denunciaron las profundas heridas emocionales hija e hijo de Lilia,
quienes vivieron el brutal feminicidio de su madre siendo apenas unos
bebés, enfrentaron el horror de presenciar los atentados contra su
abuela y finalmente, vivir el desplazamiento forzado que les alejó de
sus redes de apoyo; se les negó el derecho a una familia, a ser cuidados
por su madre y crear recuerdos propios.
Asimismo, la nieta y
nieto de Norma Andrade han asumido roles de protección que no les
corresponden, viven en constante alerta y han renunciado a su derecho a
la privacidad al estar acompañados todo el tiempo y en todo momento.
Karla
Michel Salas le pidió a la Corte recordar el caso Campo Algodonero
donde al igual que en el caso García Andrade, negó su responsabilidad
total en el caso y aunque este primer hecho permitió crear un marco
normativo más sólido a favor de las mujeres, resulta evidente que no fue
suficiente, por ello, en aras de la emisión de una sentencia, pidió a
las y los jueces cuestionar si México había tenido avances efectivos y
si logró transformar la cultura de la violencia. Así, se constituyeron
los siguientes puntos del pliego petitorio:
Debe ser la Federación quien siga las investigación de Lilia Alejandra
Debe
existir un mecanismo de defensa y no repetición, pues desde 1993 a 2024
hay 49 víctimas de feminicidio aún sin identificar, por ello, es
necesario desarrollar un banco de datos y procesamiento de datos óseos
independiente de la Fiscalía General de la República.
Solicitamos
que se ordene la preservación y conservación de las memorias del
feminicidio, así como cuidar los espacios como las cruces rosas o las antimonumentas, constituyen ejercicios de memoria viva donde el estado es interpelado por sus omisiones estructurales.
Que
se reconozca a las madres buscadoras como defensoras de derechos
humanos, así como el robustecimiento de los mecanismos de protección Se
exigió su reconocimiento al desempeñar un papel fundamental en la
búsqueda de justicia de forma histórica.
Es la oportnidad de
esta honorable corte para evaluar el campo normativo, sino el impacto
concreto en la vida de las mujeres y niñas. No basta con reconocer los
avances [legislativos], exigimos justicia transformadora.
Ninguna política institucional tendrá legitimidad si no se construye de manos de las víctimas.
En
respuesta a estas exigencias y ante la clara evidencia de que el Estado
debía reconocer sus deficiencias para prevenir la muerte de Lilia
Alejandra, el Estado intervino bajo una bandera muy clara: Reconocerlo, sí, pero sólo parcialmente.
Victor
Sánchez Colin, embajador de México en Costa Rica aprovechó la apertura
del Estado para hablar de Claudia Sheinbaum quien, en su representación,
«reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, destacando a las mujeres como su prioridad«
Sucintamente,
Jennifer Feller de la Secretaría de Relaciones Exteriores extendió las
primeras disculpas en un total de casi 7 horas de sesión.
«El
estado expresa su más sincero pesar, a su hija Jade, a su hijo Kaleb y a
su madre, Norma Andrade, es consciente de mejorar su fortalecimiento
institucional. El estado reconoce que el caso se enmarca en un contexto
de violencia y asume plenamente su responsabilidad en la privación de
libertad de Lilia Alejandra, que es reflejo de fallas estructurales que,
en su momento, Las dilaciones obedecieron a la falta de personal
debidamente capacitado, este reconocimiento no es sólo un compromiso
formal, sino garantizar que nunca más una familia enfrente la violencia
feminicida» (Jennifer Feller, SRE)
Asimismo, se
destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres y su trabajo en
transversalizar la perspectiva de género, el asunto medular con este
reconocimiento es que, en todo momento, se manejó el discurso de que las
dilaciones fueron de infraestructura y falta de recursos, mismas, que
ahora ya han sido subsanadas, esto a través de las reformas de Igualdad
Sustantiva que impulsó Claudia Sheinbaum y la inyección a los programas
por las mujeres, así como el lanzamiento de la Cartilla de las Mujeres.
Y
aunque el Estado se defendió bajo la premisa de que se había avanzado
enormemente a favor de las mujeres y que hoy, existían marcos normativos
más poderosos, olvidaron que en la otra trinchera de la defensa estaba
Karla Michel Salas, coautora de la Cartilla de las Mujeres y presente en
el diseño de políticas públicas quien en un revés refutó: No es
suficiente y es ambivalente señalar a la falta de recursos.
«No
es simple dilación e insensibilidad, en el caso concreto, pudo
rescatarla, evitar que fuera torturada y asesinada. Se marcó a la línea
especializada en estos casos y funcionaba, no fue porque no existía una
infraestructura, la había y la que había no sirvió. En el caso
específico de Lilia Alejandra pudo evitarlo y no lo hizo, el estado
argumenta el principio de complementariedad cuando ya pasaron 24 años y 3
lustros de los atentados contra Norma»
Karla Michel
Salas sostuvo haber participado en muchas acciones, como la redacción de
la cartilla de las mujeres, se han redactado protocolos y leyes
justamente porque, aún con marcos normativos, reformar y proyectos, no
ha implicado un efecto útil que garantice el acceso a una vida libre de
violencia.
Paralelamente, Sayuri Herrera, Directora General de
Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres mantuvo la misma
narrativa discursiva sobre «ser conscientes que el Estado debe reparar
el daño y garantizar la erradicación de la violencia con perspectiva de
género», además, en representación de la Secretaría de las Mujeres
externó que el órgano estará dispuesto a desarrollar nuevas políticas
públicas para garantizar el derecho a la familia de las niñas, niños y
adolescentes… no sin antes, apelar a que, si no se había hecho, era
porque en su momento «no había el desarrollo suficiente para responder a
esas necesidades».
«El
Estado manifiesta su voluntad de asumir las responsabilidades que la
Corte demande, se cuenta con el impulso de la Secretaría [de las
Mujeres]por el cambio cultural, las reformas constitucionales,
perspectiva de género en tareas de seguridad pública, medidas de
protección y fiscalías especializadas en delitos de género.
[Solicitamos] que tome en cuenta estos avances y que, de considerarse
necesarias, medidas de reparación estas se alienen a los estándares
interamericanos. Desde la Secretaría de las Mujeres le decimos que se
continuará en el desarrollo de políticas públicas para que ninguna otra
mujer viva las series consecuencias que vivió usted [Norma Andrade]»
(Sayuri Herrera)
Desde Chihuahua, el fiscal estatal
Jesús Manuel Fernández se defendió sosteniendo que el estado norteño
había avanzado en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar
investigaciones con perspectiva de género. Y aunque, igual que toda la
bancada de defensa del Estado, Fernández mantuvo el margen denunciando
que todas las falencias cometidas ya se habían corregido en estos 24
años, fue el primero en reconocer que, en efecto, hubo violaciones que
propiciaron la tortura sexual y el feminicidio de Lilia Alejandra.
«El
Estado reconoce que existió dilación en el inicio de la investigación,
particularmente, cuando se debió desplegar la búsqueda de Alejandra en
las primeras horas de desaparición, sin embargo, estas falencias han
sido corregidas por el Estado mexicano. Todas las líneas de
investigación se han señalado exhaustivamente, hay complejidad por el
material genético, ello se dificulta aún más tomando en cuenta no
tenemos a disposición los datos de la población para así dar con los
responsables, desde el 2001 se recabaron muestras genéticas, se han
realizado acciones para identificar al agresor y no fue hasta 2018
cuando se encontró un empate con un presunto responsable [Manuel
Navarro, quien, Norma niega de forma incisiva que tenga algo qué ver con
su hija, pues además, nunca se le ha realizado una toma genética a
pesar de ya estar aprehendido].»
Además,
el fiscal chihuahuense sostuvo que el Estado ha estado cumpliendo con
sus obligaciones internacionales y no existen datos suficientes para
comprobar lo contrario, pues el proceso penal avanza determinando las
debidasresponsabilidades y si bien existe una persona imputada, el
Estado seguirá atendiendo las peticiones de Norma Andrade hasta agotar
todas las particularidades hasta concluir el proceso.
A continuación, estas son las medidas de reparación que ofreció el Estado mexicano y sus debidas consideraciones.
Sobre
las medidas de rehabilitación, se manifiesta el compromiso de seguir
externando atención psicológica a las víctimas indirectas del
feminicidio – desaparición, en caso de determinarse atención médico
particular, se podrá realizar la vinculación con sistemas de salud
pública según el modelo de atención a víctimas
En cuanto a las
medidas de satisfacción, el Estado puede ofrecer una disculpa pública
por los hechos que responsabiliza, puede participar las autoridades
estatales y federales en el acto
Se propone realizar el resumen
oficial de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el
Periódico Oficial de Chihuahua, así como dejar un año este documento en
las páginas web oficiales de Gobernación
Medidas de
indeminización: Determinar las cantidades de acuerdo con estandares
interamericanos considerando la proporcionalidad de los hechos
Sobre
medidas de no repetición, se solicita que al momento de la
determinación [de la Corte] esta considere los cambios sustanciales
[realizador por el Estado] de la política pública para prevenir,
erradicar y sancionar la violencia
Asimismo, el abogado
Pablo Rocha solicitó a la Corte que acepte la responsabilidad parcial
del Estado mexicano y que determine que el país no ha incurrido en la
irresponsabilidad internacional, asimismo que, al momento de lanzar su
veredicto, se tomen en cuenta los criterios interamericanos aplicados en
casos similares y que considere las medidas de reparación ofrecidos por
el Estado, así como verdaderos avances sustanciales.
Ante esto, la defensa de la familia García Andrade reviró de forma contundente:
«Nos
sorprende la posición ambivalente del Estado que se resiste a
especificar los hechos donde incumplió, [señalan que] no se contaba con
el andamiaje institucional, no fue por eso, sino que se extendieron por
el tiempo e incluso lo agudizaron aún más con el nuevo andamiaje. ¿El
principio de complementariedad? El Estado ha sido omiso en recordar que
se le dieron 8 prorrogas y se le han dado 24 años para resolver el caso y
no han hecho nada al respecto. Nos da mucho gusto escuchar que hay
deficiencias, aunque siga sin reconocer su responsabilidad, pero es
falso que estas deficiencias fueron corregidas. 24 años después, la
desaparición y, la tortura sigue impunes. Dicen que la representación
del Estado seguirá con sus investigaciones si Norma Andrade lo quiere,
lo que evidencia de nueva cuenta que la actividad procesal sólo debe
recaer sobre ella».
Aún con estos argumentos sólidos,
el Estado zanjó luego de casi 3 horas de alegatos con una intervención
de Pablo Rocha quien concluyó:
«El Estado sostiene que el feminicidio se ha llevado de manera diligente»
Finalmente,
los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la
representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan
hasta el 25 de abril del 2025 presentar sus alegatos escritos finales
escritos, lo que representa, la última parte antes de que se desahoguen
todas las pruebas y la Corte Interamericana haga de conocimiento público
su sentencia.
En resumen: Los atentados sin resolver de Norma Andrade
Como
ya se apuntaba, Norma Andrade fue víctima de dos atentados; no se
cuenta con ninguna carpeta de investigación por estos hechos y mucho
menos, una línea que apunte a quién / quiénes son los responsables. El
caso se cerró, luego de que se calificara como «lesiones que ponen en
riesgo la vida» y no como tentativa de feminicidio.
Asimismo,
la manera en que el Estado notificó de esto fue dejando un aviso la
puerta de su domicilio ubicado en Ciudad Juárez; mismo, que Norma
abandonó hace más de una década por seguridad y que, por supuesto, nunca
pudo leer, ni impugnar.
En respuesta, Pablo Rocha, en defensa del
Estado mexicano enterró esto sosteniendo que «la señora Andrade no agotó
sus impugnaciones» y aunque la Procuraduría General del Estado inició
una investigación por la agresión, no se obtuvieron los elementos
suficientes para identificar al responsable.
Además, en ese
entonces, la ley era expresa sosteniendo que, en caso de que no se
pudiera comunicar con la persona y / o familiares, se debía colocar en
el domicilio de la persona. La ley -aunque ya reformada- era contundente
y pareció llevarse una respuesta convincente entre las y los jueces.
.- Ciudad
de México.- Antes de concluir este 2025, el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo un llamado «urgente y contundente» a
la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; así como a Citlalli
Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres; y a todas las autoridades
responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para
que se retomen de inmediato los trabajos detenidos en este año de los
Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) del mecanismo de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
