Vector sale del mercado
Temblaron varios personajes del sector financiero privado con el anuncio de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores canceló el permiso a Casa de Bolsa Vector y no podrá seguir operando. Estaba a un año de cumplir medio siglo. Resultó fulminante la sanción por narcolavado que le aplicó el gobierno de Estados Unidos. La decisión de la comisión se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Aunque no la dirigía personalmente, fue hasta el final una firma financiera ligada al empresario regiomontano Alfonso Romo, uno de los personajes del sector privado que apoyó a Andrés Manuel López Obrador desde su campaña. Al triunfo del movimiento, fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia. El desmantelamiento será total; abarca la casa de bolsa y la operadora de fondos de inversión. La solicitud de revocación, según la comisión, fue presentada por la propia firma financiera. Tenía escasas oportunidades de sobrevivir después de que fuera exhibida como responsable de facilitar negocios del cártel de Sinaloa y el hoy preso secretario de Seguridad del calderonismo, Genaro García Luna. Vector fue señalada por el gobierno de Estados Unidos junto con otras dos firmas. CiBanco e Intercam: la primera vendió sus activos; prácticamente ya desapareció.
El señor de las demandas
El presidente Trump demandó al diario New York Times por 15 mil millones de dólares porque se sintió difamado por una publicación de dos periodistas. Trump también demandó a The Wall Street Journal y a su propietario, Rupert Murdoch, por al menos 10 mil millones de dólares, al señalarse en el periódico que su nombre aparecía en un saludo de cumpleaños de 2003 para Jeffrey Epstein, el pedófilo que presuntamente cometió suicidio en la cárcel. Incluía un dibujo con contenido sexual sugerente y una referencia a secretos que compartían. Ahora está litigando contra la BBC exigiendo una indemnización de al menos 10 mil millones de dólares por la supuesta manipulación de un documental, que daba la impresión de hacer un llamado a la violencia en un discurso previo al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de sus seguidores, según reportes de la prensa internacional. Hay registro de otros conflictos legales con medios de información. ¿Qué sucedería en México si la presidenta Sheinbaum demandara a algunos de los chayócratas o medios que la difaman todos los días?
Díselo a Claudia
Asunto: una sola identificación
En Europa y en varios países el único documento que se usa para todo trámite es el DNI (Documento Nacional de Identidad). ¿Por qué no imitarlos y quitarnos tantas credenciales, y sobre todo ahorrar dinero?
José M. Gilabert
Twitterati
O sea… los agarran lavando dinero y los lavadores piden la revocación a la CNBV, que se las otorga y tan tan… todos contentos.
Mariana @LMarianaLuna
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La sentencia de la Corte (distinta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) confirma las manipulaciones y abusos cometidos por Felipe Calderón Hinojosa, ocupante de Palacio Nacional en aquellas fechas (25 de febrero de 2007, el día del ataque a Ascencio Coronel); Fidel Herrera, entonces gobernador priísta de Veracruz (siempre bajo acusaciones graves); José Luis Soberanes, que era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Léase este párrafo: “La Corte concluyó que la investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias, y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares”.
El 26 de febrero de 2020, en esta columna se consignó que “la reportera Norma Trujillo Báez dio a conocer que el médico legista Juan Pablo Mendizábal, uno de los peritos que participaron en el tratamiento científico del caso de la indígena Ernestina Ascensio Rosario, muerta según primera versión por el ataque sexual de militares mexicanos, ha asegurado que Calderón Hinojosa, entonces habitante de Los Pinos, y Fidel Herrera Beltrán, el priísta que gobernaba Veracruz, acordaron y ordenaron modificar el dictamen oficial, para salvar a los soldados y dejar todo como un problema personal de salud de la mujer de 73 años de edad”.
El médico legista Mendizábal aseguró que el gobernador Fidel Herrera les dijo que “al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República (Calderón Hinojosa) y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”. Así se acordó hablar de “anemia” como causa del fallecimiento, y el propio Calderón se refirió a una “gastritis crónica”. La CNDH, a cargo de José Luis Soberanes, aceptó la nueva versión. Al médico legista Mendizábal, por no aceptar el cambio de los dictámenes y las evidencias, según publicó Trujillo Báez, “dos años antes de salir jubilado lo cesaron de su trabajo diciendo que ‘reprobó los exámenes de confiabilidad”. Ante la violación a sus derechos, acudió al Tribunal Contencioso Administrativo y ganó el laudo, pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral (https://goo.su/gCKfG).
Como en otros casos, (los 43 de Ayotzinapa, por dar un ejemplo vigente), la Presidencia de la República (a cargo entonces de un ocupante espurio) mueve y acomoda cuanto le es necesario para mantener a salvo a las fuerzas armadas. El poder civil no puede ir más allá de las murallas verde olivo. En particular, Calderón hubo de apoyarse en el Ejército a falta de base social amplia y bajo sostenidas acusaciones de haberse hecho del cargo de manera fraudulenta. Actualmente, el empoderamiento militar es evidente, excesivo e igualmente sustraído a formas de verdadero control civil, sin procesamientos realmente justicieros.
Anoche, el “gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados” y anunció que “se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional”. ¡Hasta mañana!
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Frente al ascenso irresistible de los BRICS, no es novedad la caída del G-7, promovido por el presidente galo Giscard d’Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt en 1975 para paliar la grave crisis energética de las siete potencias industriales de Occidente.
De facto, la Estrategia de Seguridad Nacional asimila el nuevo orden tripolar de EU/Rusia/China y hasta tetrapolar con India.
Lo que causa disonancia es la incorporaciónde Japón, en la fase de la primera ministra Takai-chi, quien desde su primer mes de gobierno ha calentado las pasiones adversas de China (por el contencioso delicado de Taiwán) y Rusia.
A mi juicio, la Estrategia de Seguridad Nacional colocó, con un criterio reduccionista de corte economicista a los cinco primeros lugares del ranking del PIB (medido por el poder adquisitivo) del World Factbook de la CIA (bit.ly/3XTcXze), o quizá constituya un artilugio de Trump para no quedar tan aislado frente a las otras tres superpotencias del RIC (Rusia/ India/China).
Nada menos que el filósofo y geoestratega Alexander Dugin, muy cercano al ejército ruso, comenta que la idea del C-5, como sucedáneo del caduco G-7, epitomiza la “versión MAGA ( Make America Great Again)” de Trump en un mundo multipolar policéntrico: “el orden de las grandes potencias (bit.ly/3XVq9n9)”.
No es ningún secreto aducir que Dugin es un trumpiano inveterado desde que publicó su polémico libro La revolución de Donald Trump (bit.ly/4qhSpwu)”, cuyo subtítulo premonitorio es “El orden de las grandes potencias”, donde “la construcción de un sistema internacional en el que sólo los Estados civilizados (¡megasic!) con su propia ideología, economía y geopolítica, que hayan demostrado su valía (sic), tendrán una soberanía (sic) real”.
Dugin arguye en forma nada irónica que “EU tiene reservado su lugar en el BRICS si abandona la globalización”, cuando “tanto el G-7 como el G-20 fueron clubs (sic) dominados por la agenda globalista”.
Juzga que “EU es forzado a reconocer la multipolaridad, aunque ofrece su propia versión (el C-5)” y sentencia que Trump aplica la “geopolítica MAGA”, que reconoce a su manera la multipolaridad policéntrica.
La diferencia entre el “orden de las grandes potencias” y el proyecto BRICS es que sólo los Estados civilizacionales existentes, como EU, Rusia, China e India, son reconocidos como soberanos (sic). Y Japón también está incluido para equilibrar a China. Aunque Japón, al haberse independizado de EU, podría convertirse en un polo soberano. Este proyecto es la versión estadunidense de la multipolaridad. Y esta idea se expresa explícitamente en la última doctrina de seguridad nacional estadunidense”.
Comenta que “la ausencia de Europa, Gran Bretaña, Canadá y Australia es crucial aquí. Es decir, aquellos regímenes que, en su agonía, siguen aferrándose desesperadamente al proyecto globalista”.
Lo más importante radica en que en el C-5 “no hay Unión Europea ni globalistas ni Soros ni Schwab ni Foro de Davos ni Macron (…), ya que fueron arrojados a la basura junto con Zelensky y el nazismo ucraniano”.
Dugin define que “C-5 es una propuesta muy seria. Por supuesto, se le puede criticar, se puede decir que el BRICS es mejor. Eso es lo que pienso: el BRICS es mejor para todos, excepto que EU no forma parte de él. Y mientras EU y Occidente no estén allí, nadie dentro del BRICS se atreve realmente a desafiar la hegemonía mundial”. ¡Megauf!
En efecto, Rusia y China anhelan mantener óptimas relaciones con Trump (aun en el declive de EU), a contrario sensu de los pugnaces globalistas rusófobos y sinófobos, quienes llegaron hasta buscar la conflagracion nuclear con Moscú y Pekín.
Pareciera que, con o sin Japón, Trump abandona al globalista G-7 con el deseo de incorporarse a los soberanistas del BRICS.
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resume así las “perspectivas” regionales: “en 2026 se mantendrá una dinámica de bajo crecimiento, en un contexto internacional que aún resulta incierto; continuará transitando por una senda de bajo dinamismo, caracterizado por tasas de crecimiento moderadas y persistentes limitaciones internas para impulsar la inversión, fortalecer la productividad y expandir el empleo formal”.
Ayer, el organismo especializado de la ONU divulgó su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2025, y de ese informe se toman los siguientes pasajes.
Se estima que el producto interno bruto (PIB) regional crecería 2.4 por ciento en 2025 y 2.3 en 2026, con lo que se completaría una secuencia de cuatro años con tasas cercanas a esas proporciones, lo que confirma el hecho de que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer. Se esperan dinámicas de crecimiento diferenciadas entre las subregiones. En América del Sur, el “avance” pasaría de 2.9 por ciento en el presente año y 2.4 en el siguiente, como reflejo de una menor expansión en Brasil y la “normalización” del ciclo en Argentina.
Para Centroamérica se prevé un avance de 3 por ciento en 2026, tras crecer 2.6 en 2025 y 2.8 en 2024. Esta subregión ha sido la más afectada por el debilitamiento de la demanda agregada externa, en particular de la proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, economías como las de Guatemala, Panamá y República Dominicana, tres de las más grandes de la subregión, han mostrado una relativa resiliencia en 2025 y se prevén tasas de crecimiento cercanas a 3.5 o más, gracias a la dinámica del sector de los servicios, el comportamiento del consumo privado y la expansión de los envíos de remesas. No obstante las mejores perspectivas para el próximo año, esta área geográfica se mantiene muy vulnerable a los choques externos debido a su dependencia estructural de la economía estadunidense en los ámbitos comercial, financiero y migratorio, así como a su exposición a los posibles efectos adversos del cambio climático.
En México, se espera un crecimiento de 0.4 por ciento en 2025, debido al debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión. Para 2026 se prevé un avance de 1.3 por ciento, aunque, pese a la mejoría esperada, su economía sigue siendo vulnerable a choques externos derivados de la política comercial, financiera y migratoria de Estados Unidos.
Para el Caribe, sin incluir a Guyana, se estima una tasa de crecimiento de 1.8 por ciento en 2026, lo que representa una leve desaceleración respecto del crecimiento estimado para 2025. La expansión económica está supeditada a la evolución del turismo y la construcción en esta subregión, que se encuentra sujeta a niveles significativos de vulnerabilidad debido a su dependencia de la energía importada, los altos costos del transporte y su exposición a los desastres.
América del Sur, como Centroamérica, presenta desde el segundo semestre de 2022 una desaceleración de su crecimiento económico que ha convergido a tasas cercanas a 2.5 y 3, respectivamente. En América del Sur, el crecimiento se aceleró en la mitad de los países en 2025, mientras en la otra mitad se redujo. En Centroamérica, por otra parte, se mantiene un proceso continuo de desaceleración desde 2022 y el crecimiento ha alcanzado tasas levemente superiores a las que presentan las economías sudamericanas.
En fin, como se constata, las perspectivas regionales parecen inalterables, siempre en vías de acumular una década perdida tras otra.
Las rebanadas del pastel
Empresarios de la lucha libre están muy interesados en contratar a varias “diputadas” del Congreso de la Ciudad de México, las cuales, sin duda, harían mejor papel en la industria del pancracio.
Armado con entrevistas a 20 creadores que en su momento participaron en dicho taller, a más del propio Aura, entre otros Elsa Cross, Vicente Leñero, José Agustín, Elva Macías, Tita Valencia, Federico Campbell y el propio Arreola (quien ubica el nacimiento de ese espacio de formación en el Centro Mexicano de Escritores, de cuya primera generación recuerda a Ramón Xirau y Rubén Bonifaz Nuño –cabe agregar que asimismo la integraron Alí Chumacero, Emilio Carballido y Sergio Magaña–, la obra que comentamos incluye datos, observaciones y anécdotas dignos de consideración.
Entre los primeros, por ejemplo, será sabido, pero no muy sabido, que Carlos Payán, Andrés González Pagés, Carlos Bracho y Antón Arrufat (este último en La Habana) sesionaron con el maestro; entre las segundas que (Guillermo Fernández) “para el poeta de aquellos tiempos no abundaban las oportunidades”. Los jóvenes “no teníamos quien nos orientara”. Estaban los amigos, “pero no los iba uno a atosigar”. Iban “a fiestas, tomábamos la copa y todo eso, parábamos la oreja. Era lo que teníamos que hacer: escuchar, escuchar y escuchar… Era difícil para un poeta [novel] aquel tiempo en México”.
Y entre las terceras que antes de ser presidente Adolfo López Mateos en la XEFO “hizo carrera de locutor, de orador y lector y decidor de poemas” (Arreola), y la que confía José Agustín: su mentor tardó un año en hincarle el diente al original de La tumba, un día de corrido lo leyó y, coincidentemente con el cumpleaños 18 del acapulqueño, le llamó entusiasmado: la novela se publicaría.
El título del libro –informa el prólogo, que enaltece a Arreola como “creador y centro” de “la cultura del taller”– procede de algo que el jalisciense dijo de sí mismo: “soy un taller continuo”.
Víctor Manuel Pazarín (1963-2021) fue poeta, narrador, periodista y coordinador de talleres literarios.
Una de ellas se realizará el domingo 28 de diciembre en el Hilvana y se unen al festejo Arturo Meza y José Manuel Aguilera; estos dos músicos, compositores, escritores y personajes muy chidos subirán al escenario junto a los actuales Reales: María José Camargo, Rodrigo Pratt, Arturo Waldo, Francisco Velasco, Alan López y, por supuesto, la imagen frontal: José Cruz Camargo Zurita. El repertorio, set list, promete muchas rolas para corear al compás que marquen José Cruz, Meza y Aguilera, creadores y practicantes de música y poesía. Domingo 28 de diciembre, 17 horas, Foro Cultural Hilvana: Av. México Tenochtitlán (antes, Puente de Alvarado) 17. Llegas como una princesa/ ante su príncipe vago/Ardo en la luz de tu boca/Oigo rapsodia en azul… (Contraley)
Un nombre ligado profundamente al blues en México es el de Mario Compañet, quien inició su trayectoria radiofónica al lado del reconocido promotor y escritor Raúl de la Rosa; tiempo después Compañet creó el programa El Blues Inmortal transmitido en Radio UNAM durante 27 años (1986/2013). La emisión fue sacada del aire entre el azoro y disgusto, no sólo de Mario, sino de sus seguidores, quienes por medio de firmas pedían la reinstalación del programa. No lo lograron. Tres años después de salir de Radio UNAM, en 2016, el músico Isidoro Negrete invitó a Compañet a seguir la labor de difundir el blues en Ke Huelga Radio.
Al iniciar 2025 Mario abandonó el micrófono por enfermedad y el pasado 19 de mayo, Mario Compañet falleció. Su archivo discográfico, de publicaciones y con grabaciones de sus programas es digno de considerar, catalogar y rescatar. Mientras esto sucede, el pasado viernes 12 en la explanada del Centro Cultural José Martí se le dedicó un homenaje con blues en vivo; tocaron Montaño Blues Combo, San Luis Blues, Junksons, La Rambla y Follaje, liderada por Jorge García Ledesma, quien antes de subir al escenario afirmó “Mario nos educó sobre el blues a la mayoría de nosotros”. En otro espacio: la esquina de los bluseros del Tianguis del Chopo, aún se extraña la robusta figura –con morral al hombro– de Mario Compañet.
PD: A propósito del Tianguis del Chopo: en sus pasillos aún se pregunta: ¿Qué beneficios obtuvo el Chopo ante la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México mediante el decreto publicado el viernes 22 de septiembre de 2023 en la Gaceta Oficial, que establece la salvaguardia, identificación y divulgación de este espacio de expresión? La respuesta, mi amigo, está en el viento, dijera Bob. Salú.
La violación y asesinato de Ernestina Ascencio fue una especie de aviso del horror que Felipe Calderón desataría sobre el país tras usurpar la Presidencia de la República con la complicidad del Congreso –dominado entonces por el PAN y el PRI–, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presidida por Mariano Azuela Güitrón y Guillermo Ortiz Mayagoitia, el Instituto Federal Electoral encabezado por Luis Carlos Ugalde, el gran empresariado y la casi totalidad de los medios de comunicación.
El 25 de febrero de 2007, vecinos del pueblo de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, encontraron a la anciana tirada en un paraje ubicado a escasos metros de un campamento militar, la levantaron y subieron a una camioneta. Después de peregrinar por varios centros de salud, lograron que fuera admitida en el hospital regional de Río Blanco, donde falleció horas después. En su agonía, Ernestina Ascencio relató que fue agredida por militares, y el hecho de que padeció una violación sexual y murió como resultado de agresiones fue corroborado en el acta de defunción, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas, el dictamen del subprocurador estatal, y declaraciones del procurador estatal, Demetrio López. Las causas de la muerte fueron traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda. De acuerdo con el director del nosocomio, el intestino de la mujer fue perforado por un objeto extraño introducido en el recto. Ese mismo 26 de febrero, el comandante de la 26 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sergio Arturo Aragón, acudió a los domicilios de los deudos y les presentó a cuatro efectivos militares “que iban vestidos de civil y en calidad de detenidos”.
El entonces alcalde de la localidad ratificó que el mando “dijo que esos eran los posibles responsables de la agresión sexual a nuestra hermana mayor”, como se refieren a las personas de la tercera edad.
Sin embargo, el 13 de marzo Calderón decidió suplantar las evidencias científicas y los testimonios con un relato agraviante: aseguró que la anciana murió de “gastritis crónica” y decidió anular toda la indagatoria previa. A instancias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presidida por José Luis Soberanes, el cuerpo de la víctima fue exhumado y se practicó una nueva necropsia, con un dictamen que daba razón al mandatario y que ha había sido adelantado por el ombudsman antes incluso de la diligencia.
Fernando Cervantes Duarte, coordinador de servicios periciales de la segunda visitaduría de la CNDH, quien estuvo a cargo de la observación del proceso, reconoció que “por el estado de descomposición del cadáver ya no es posible validar las muestras externas o visibles”; es decir, la CNDH descartó la violencia a sabiendas de que no contaba con ningún elemento para ello.
En vez de condenar lo ocurrido, la OEA premió a una de las responsables directas en el encubrimiento del crimen: en 2010, nombró presidenta del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres a Rocío García Gaytán, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres del calderonato que descalificó el testimonio de la víctima por haberlo pronunciado en su lengua materna, el náhuatl. García validó la versión de Calderón porque “es el presidente; tiene información privilegiada, tiene que estar enterado, y no es sospechoso que haya adelantado un dictamen”.
En suma, es cierto que el Estado mexicano, como un todo institucional, conspiró para dejar impune el asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, con el muy probable objetivo de facilitar la estrategia de violencia de Estado y enriquecimiento ilícito puesta en marcha por Calderón y su mano derecha, Genaro García Luna. Al mismo tiempo, los 18 años transcurridos entre el crimen y la sentencia y el que ésta se produzca ahora dejan pocas dudas acerca de que el fallo se inscribe en el permanente golpeteo de la OEA y sus instancias contra los movimientos progresistas como el que hoy gobierna México.
Si la Comisión y la Corte interamericanas se hubiesen pronunciado de manera oportuna, pudieron haber tenido incidencia en frenar el baño de sangre desatado en los casi seis años que todavía le quedaban al calderonato cuando Ernestina Ascencio fue atacada; a estas alturas, más que una reivindicación de las víctimas, es una prueba de la parcialidad y la ineficacia de dichos organismos.
Es indebido que Machado haya recibido el Premio Nobel de la Paz, sobretodo tras impulsar sanciones contra su propio pueblo que han causado severos daños mientras ella disfruta del apoyo de la derecha internacional.
Además de traicionar a su patria, pretende poner al alcance de las trasnacionales petroleras y otros saqueadores los recursos que pertenecen a los venezolanos.
Es falso que el gobierno de Maduro esté aislado. Muestra de ello es que, pese al acoso de Estados Unidos, miles que apoyan al chavismo se han alistado para enfrentar una posible intervención.
Eduardo del Castillo V.
Rechaza que se pague en UMA a los jubilados
El 13 de diciembre apareció en El Correo Ilustrado una carta llamada “Sobre el salario mínimo, los jubilados y el Issste”, en la que se pretende justificar lo injustificable, y hacer legal lo ilegal. Al puro estilo priísta se usan la unidad de medida y actualización (UMA) y la resolución de los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pagar las pensiones de jubilados y pensionados del IMSS e Issste en UMA.Debido a la ilegalidad e inmoralidad que implica que nuestras pensiones no se nos paguen en salarios mínimos, desde el 2 de septiembre el Consejo Nacional de Adultos tiene demandado a los actuales ministros y ministras de la SCJN para que respeten la Constitución, en particular el artículo 14 que establece la no aplicación retroactiva de la ley, por lo que deberán resolver que las pensiones sean pagadas en salarios mínimos.Estamos en espera de que la SCJN dictamine que la ley no se aplique retroactivamente; entonces reclamaremos jurídicamente a todos los implicados.Ya tenemos la cuantificación del daño hecho a 512 pensionados del IMSS e Issste: son más de 400 millones de pesos.Invitamos a jubilados y pensionados del país a que se adhieran a nuestra demanda para que sepan cuánto no les han pagado por efecto de UMA y puedan demandar su pago. Les pedimos que nos envíen por WhatsApp al 56-1319-5925 un pequeño listado a mano su nombre completo, número de seguridad social o número de pensión, según se trate del IMSS o Issste, así como cuánto les pagaron en marzo durante todos los años desde que se pensionaron.
Francisco Muñoz Apreza
Denuncia “cuotas abusivas” de franeleros
Es indignante la forma en que los llamados franeleros abusan de los visitantes a la Basílica de Guadalupe, a la vista y complacencia de los miembros de la policía de la Ciudad de México asignados a vigilar la inmediaciones de ese lugar.Dichos “franeleros” piden hasta mil pesos por permitir estacionar en la vía pública. El fenómeno no sólo ocurre ahí, se replica por toda la ciudad. En mi caso, por necesidad tengo que acudir a la Unidad de Medicina Física del IMSS, ubicada en Calzada del Hueso.Ahí los “angelitos” piden $50 pesos por hora, ya que de otro modo el vehículo “puede sufrir rotura de espejos o ponchaduras”, o bien te arriesgas a obtener una receta de golpes, cortesía de la banda del lugar.Si la proliferación de estos grupos no se detiene, pronto estas células se unirán y serán parte de la delincuencia organizada.La solución es colocar parquímetros en los lugares en que operan. La gente prefiere hacer un pago legal a dejarse extorsionar por estas bandas.
Juan Manuel Hernández Castillo
Cincuenta y dos años después del golpe fascista que culminó con la muerte de Salvador Allende y una aterradora represión a la población. A 35 años del fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet, triunfa en las urnas José Antonio Kast, su autoproclamado heredero pinochetista.
El presidente electo chileno se benefició del apoyo de dos sectores importantes de la derecha: la histórica y la ultra del Partido Libertario. Su oferta de campaña es orden y seguridad ante las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia, la migración irregular y falta de crecimiento económico. ¿Qué propone Kast? Orden y disciplinamiento institucional mediante medidas estrictas de seguridad, reducción del gasto público, reformas laborales proempresa y una política migratoria centrada en expulsiones masivas, así como de control fronterizo portentoso. Su proyecto se alinea con tendencias globales de derecha radical presentes en Estados Unidos y Europa.
Más a la ultraderecha el presidente chileno electo no puede estar. Hijo de un militante alemán nazi. Militante del catolicismo más rancio del país. Su hermano Miguel Kast fue ministro del gobierno de Augusto Pinochet. Miguel formó parte de la los llamados Chicago Boys, corriente político-económica de actores chilenos formados en la Universidad de Chicago bajo la influencia de Milton Friedman, quienes aplicaron políticas neoliberales radicales en Chile durante la dictadura de Pinochet. Implementaron privatizaciones, liberalización económica y reformas de mercado, buscando crear un “milagro económico”, pero también generando alta desigualdad y controversia que culminó en protestas sociales.
Dada la composición actual del Poder Legislativo, donde la oposición de izquierda tendrá peso, José Antonio Kast deberá gobernar negociando con diversos poderes de la sociedad civil, mediáticos y de la Iglesia. En términos religiosos, José Antonio Kast cuenta con la simpatía de sectores ultraconservadores en la que aún resuena el anticomunismo. Desde hace mucho, Kast ha declarado: “Primero soy católico, después soy político”. Es adherente del movimiento católico de Schoenstatt, movimiento mariano alemán, y de ahí se desprenden sus posturas conservadoras, como la oposición al aborto, al matrimonio igualitario y antiderechos contra el feminismo, alineados con sus creencias y prácticas religiosas.
A pesar de su explícita filiación católica, en los diversos procesos electorales ha contado con el apoyo de diferentes conformaciones pentecostales y neopentecostales chilenas. El respaldo se basa en coincidencias en temas valóricos como la defensa del derecho a la vida, el matrimonio tradicional, la libertad de culto y la oposición a las ideologías de género en la educación.
José Antonio Kast tiene la misma disyuntiva de Pinochet, esto es, buscar la legitimidad de la Iglesia católica. En el régimen militar de Pinochet, la jerarquía católica se mostró ambivalente ante la dictadura. Obispos conservadores amparados por Juan Pablo II apoyaron a Pinochet, así como importantes congregaciones como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. En cambio, en la capital de Santiago se conformó la Vicaría de la Solidaridad arropada por el entonces cardenal Raúl Silva Enríquez (1907-1999). Ésta defendió los derechos humanos, cuestionó los excesos del pinochetismo y se convirtió en espacio de protección y agregación social abrigando a sectores de oposición perseguida.
Según el analista chileno Aníbal Pastor, el gobierno de Kast profundizará las divisiones dentro de la Iglesia, algo que debería preocupar a la jerarquía y al próximo gobierno. Le llama un conflicto inevitable. Mientras parte del laicado celebraría el giro conservador, otro sector, especialmente en el mundo popular y en las periferias pastorales, vería en este proyecto un retroceso ético y social.
La Iglesia chilena ya no está bajo la sombra de los pontífices conservadores como Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora el papa León XIV tiene una agenda muy distinta en favor de los pobres y de los vulnerables condensadas en su primera Exhortación Apostólica Dilexi te. Seamos claros, el episcopado chileno coincide con Kast en términos de valores y principios como la defensa de la vida, el rechazo al aborto y la protección de la familia tradicional. Una parte significativa de los obispos siente afinidad con el ideario ultraderechista del presidente electo. Sin embargo, en materia social, los obispos están en contra de la narrativa de mano dura para expulsar sin miramientos a migrantes. Los obispos publicaron una carta de felicitación donde marcan su firme oposición a la criminalización de los migrantes, señalando: “Nos preocupa la creciente denigración de migrantes y personas vulneradas, y reiteramos nuestro compromiso por la vida, la dignidad humana y la protección de los más débiles, recordando las palabras del papa León XIV en su Exhortación Apostólica Dilexi te: “en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes”. Quizá la frase más fuerte remata así: “En este contexto, la elección presidencial renueva la esperanza de avanzar hacia un país más justo, fraterno y solidario, donde la fuerza de la razón prevalezca siempre sobre la razón de la fuerza”.
Veremos el desenlace y el comportamiento de la Iglesia chilena.
En un primer acercamiento, se tiene a la recién retocada fiscalía y su legitimidad. Hasta aquí nada básico que se pueda proyectar hacia delante. Al parecer la autoridad pareció repensar el caso y ofrece, sin haberse solicitado, una discreta disculpa por agitar las aguas de la disputa. Tal vez deseó desprenderse de la obligada continuidad. En ese pequeño espacio entreabierto, podrá juzgarse, después, el rumbo cierto que seguirá el embrollo.
Mientras, varios analistas de la vida mediática se hicieron notar con altisonantes y acusadoras peroratas. Entre ellas, se alistan varias ideas o tesis importantes. Una, crucial, apunta hacia la validez de la institución acusadora como sujeto eficaz. Enseguida, aparece el complemento estructural: un gobierno autoritario, como envoltorio, que no resiste la crítica y, menos aún, la investigación privada de sus fechorías. Todavía se puede precisar un tanto adicional a este complejo argumento. En su mero centro, aparece un ex presidente (AMLO), tachado sin miramientos como déspota. Personaje que, sin la obligada delicadeza del poderoso, inició los ataques a una académica incómoda. Utilizó, sin dimensionar consecuencias, sus cuestionadas mañaneras. Sólo para dar paso a lo que se ha transformado en maligna herencia, retomada por su sucesora (CSP). A ella no se le ataca por el momento, pero será, sin duda, parte sustantiva del envenenado caso.
Entra en el rejuego defensivo la organización privada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Un referente harto expuesto y tocada por la crítica presidencial, ciertamente no por sus logros, bien conocidos y usados, sino por ser, al menos en parte, financiada por el gobierno estadunidense. Pero los apoyadores de la indiciada usan a MCCI como respaldo a la eficacia investigadora de la acusada que es su presidenta y líder. Los gratuitos abogados de soporte, profundizan supuestos adicionales. En una cadena de silogismos tramposos, hilan la desaparición de los contrapesos, la intimidación a críticos y al haber cortado el nervio de la independencia judicial. Todo esto hace de la corrupción, afirman categóricos, la médula de dominación política. Un enlace por demás arbitrario y francamente falso. Pero, sin temor alguno, el crítico avezado y enardecido trasmutado en defensor, continúa engarzando frases para concluir que la corrupción generalizada se instaló en – este y el anterior– gobierno y trastocó el discurso de pretendida superioridad moral de López Obrador. Todos estos argumentos aparecen en la defensa de una, señalada, como infractora administrativa, civil y penal. Asuntos que están, todavía, lejos de ser materia de tribunales.
Es prudente poner la atención a una serie de supuestos que conforman un universo de acusaciones generales. Se sostiene que no será posible administrar justicia donde existe una fiscalía de utilería, condicionada, a su vez, por otra democracia también de utilería. En esa concepción no podrá haber, entonces, salvación alguna ni, tampoco, sano juicio público alguno. Todo quedará flotando en la ilegalidad o en la imposibilidad de administrar justicia. Todo es falso, de utilería y corrupto, es el fondo de los alegatos.
En el curso de esta que es, en verdad, una disputa por un modelo de gobierno hay que hacer varios deslindes. Se debe sacar a colación una activa voluntad de cambio que viene ensamblando varias piezas transformadoras de un dañino régimen previo. Es notorio el torpe uso de los ataques a la legitimidad de un gobierno electo para defender a un aliado o amiga querida.
Las calidades investigadoras no disculpan errores, y menos, delitos. Asegurar la vocación autoritaria de un presidente acusador como coraza para el indiciado es, cuando menos, una exageración irrespetuosa. Permitida en un ambiente libertario.
Se olvida la materia del asunto en cuestión: ¿hubo suicidio o accidente de trabajo? ¿Se trató de influenciar (y logró) a la institución para modificar el veredicto técnico? ¿La indemnización y pensión vitalicia ya cobrada, es legal o no? ¿Quién o quiénes fueron los responsables que mediaron en el caso? Estos son algunos de los tópicos útiles y no la diatriba denunciatoria de presidentes y gobiernos enemigos de la verdad y reactivos a la crítica.
Felipe Ángeles, cuyo padre fue un coronel republicano que combatió al ejército estadunidense en 1847 y después luchó contra la intervención francesa, nació en Zacualtipán el 13 de junio de 1869. Cuando tenía 14 años, ingresó becado al Colegio Militar en la Ciudad de México. Seguramente en la elección de esta carrera influyó el ejemplo, la educación en el hogar, la disciplina y amor por la patria que le enseñó su padre. Desde niño y en su adolescencia, mostró un carácter introspectivo, reservado, taciturno, reflexivo, con una gran afición por la lectura. Era un mestizo, con sangre indígena en sus venas y gran capacidad de observación, como lo prueban muchos de sus escritos.
El joven Ángeles fue un alumno muy destacado. Obtuvo las más altas calificaciones. Egresó del Colegio Militar en 1892, con el grado de teniente de ingenieros. Su sólida y reconocida formación académica, sobre todo en matemáticas y física, le valieron para que se le asignaran las cátedras de matemáticas, mecánica analítica y balística interior y exterior en su alma mater.
Vito Alessio Robles, compañero de Felipe Ángeles, describió así al joven militar de esos años de fines del siglo XIX:
“Conocí al después general Felipe Ángeles el 14 de enero de 1898. El que esto escribe era entonces alumno de la Segunda Compañía del Colegio Militar de Chapultepec. Su nombre era un orgullo para el Colegio Militar. Estaba rodeado de una aureola de prestigio y de leyenda. Inspiraba respeto y simpatía. Se le consideraba como el oficial más inteligente y culto del ejército, era además, un atleta vigoroso y ágil, un excelente gimnasta y un consumado caballista. Se imponía por su saber y por su fuerza física y moral. Sin embargo, la característica que más se destacaba en aquella varonil y simpática figura, era la modestia, una gran modestia.”
Al comenzar el nuevo siglo, fue comisionado para supervisar en Francia el material de artillería que había comprado el gobierno de México en ese país. En 1904, sus méritos y servicios le valieron el ascenso como teniente coronel técnico de artillería. Cuatro años más tarde ascendió a coronel y fue nombrado director de la Escuela de Tiro. Ese mismo año se creó la Escuela Militar de Aspirantes, proyecto apoyado por el general Bernardo Reyes, quien había sido secretario de Guerra unos años antes para regresar a gobernar Nuevo León, desde donde controlaba para el gobierno de Díaz la región del norte y noreste del país.
La Escuela de Aspirantes ofrecía una educación militar técnica básica a los alumnos, que cursaban en tres semestres los fundamentos del manejo de armas. En esa escuela, Ángeles fue profesor de teoría y práctica de tiro. No obstante, aunque era un buen proyecto, para él, desde el punto de vista académico no se comparaba con la formación que daba el Colegio Militar, equivalente al bachillerato y a una carrera universitaria.
Se atrevió a publicar en el periódico El Diario un artículo en el que afirmó que “la instrucción adquirida por los aspirantes en sus tres semestres de estudios, podía ser repasada por un alumno de años superiores del Colegio de Chapultepec, durante una sobremesa”. Proponía reformar el sistema educativo militar.
En una institución caracterizada por el respeto a la institucionalidad, una opinión pública como ésa, a pesar de sus buenas intenciones, no podía ser entendida sino como un acto irresponsable que merecía un castigo. Y, en efecto, así ocurrió. Se le arrestó ocho días.
En marzo de 1909, se le envió nuevamente a Francia, para estudiar en la Escuela de Fontainebleau y en Mailly. Al decir de algunos, por presiones del general Manuel Mondragón, uno de los más influyentes jefes del ejército, para que no obstaculizara –como ya lo había hecho antes–, la compra de material de guerra del ejército, pues Ángeles era miembro del comité de adquisiciones.
Mondragón se había enriquecido en esas compras y estaba en trámite una compra de cañones a la fábrica alemana Krupp. Según Friedrich Katz, en ese nuevo contrato Mondragón había inflado 25 por ciento el costo de la adquisición.
Mientras Ángeles cumplía su comisión, estalló la Revolución Mexicana. Leyó con preocupación las noticias que llegaban a Europa. El 24 de noviembre de 1910 pidió permiso para regresar a México: “Deseo compartir la amargura común y espero que se me llamará y se utilizarán mis servicios en el ejército con un mando de tropas”, escribió. Se le contestó que no era cierto lo publicado en Francia, que el país estaba en calma. Si algo ocurría, se le llamaría.
No se le llamó. En seis meses, el régimen porfirista fue barrido por una revolución popular masiva, en la que múltiples bandas guerrilleras rebasaron la capacidad de respuesta del viejo ejército porfirista, incapaz de aplastar una rebelión rural con gran movilidad e iniciativa. Los jefes y oficiales del ejército demostraron su incompetencia. Ángeles regresaría cuando Madero era ya presidente. Se hicieron muy amigos. El presidente demócrata lo hizo director del Colegio Militar, con la misión de reformarlo.
* Director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Lo agradecen y reconocen la comunidad de Mala Noche y su acompañante, Contec, Asesoría Técnica Comunitaria. Sin embargo, manifiestan en un comunicado que aún quedan mil 100 hectáreas por restituirles y que algunas de sus rancherías continúan en confinamiento forzado, así como muchas otras comunidades indígenas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno y luchan por sobrevivir en un ambiente de violencia, abandono institucional y omisión pública en toda la Sierra Tarahumara.
Tienen razón: desde principios de año varios grupos criminales atacaron comunidades warijío y mestizas en los municipios de Moris y Uruachi, Chihuahua, limítrofes con Sonora. Antes habían agredido a pueblos ódami y rarámuri en el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites con Sinaloa. Una mujer de mediana edad de Moris narra con terror cómo tuvieron que salirse de su rancho porque estaban cayendo bombas por todos lados y las casas se incendiaban y los malandros destruían propiedades, robaban y mataban el ganado.
Desde enero de este año empezaron a llegar a Ciudad Cuauhtémoc las primeras familias desplazadas, en marzo llegaron 30 familias de Uruachi y en junio otro grupo del municipio de Moris, hecho muy publicitado por una de las cadenas de televisión privada. Actualmente se calcula que se encuentran 196 familias desplazadas de Moris y 180 de Uruachi, la mayor parte en Cuauhtémoc, aunque también de Sonora y otras poblaciones de Chihuahua. También hay un nutrido grupo de familias desplazadas del municipio de Guadalupe y Calvo, muchas de ellas ódami, en la sección municipal de Baborigame.
La causa del desplazamiento es la misma: los ataques de grupos del crimen organizado para hacerse del control del territorio. Se trata de localidades ubicadas en los límites de los tres estados donde se libran combates entre las fracciones del cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayitos, y otros cárteles que incursionan como aliados de unos o de otros: La Línea o cártel de Juárez e incluso el cártel Jalisco Nueva Generación.
En diversas reuniones que han tenido las personas desplazadas que logran imponerse al miedo, dejan ver claramente sus demandas, que no son otras que se les garanticen sus derechos humanos fundamentales:
Derecho a vivir en paz en su propia tierra. Todas las personas quieren regresar a sus poblados, recuperar su casa, sus tierras, sus animales. No quieren ser refugiados permanentes, ni cambiar a otro tipo de vida, ni ser indemnizadas por los daños sufridos. Quieren vivir como vivían, tal vez con pobreza, pero con libertad y dignidad, sin ningún miedo a que se atente contra su vida, contra su familia, contra su patrimonio.
Derecho a la vivienda. Las viviendas de estas familias fueron incendiadas o saqueadas por los criminales, o fueron abandonadas por temor a nuevos ataques. En Cuauhtémoc, las personas desplazadas tienen que rentar pequeñas casas o precarios cuartos donde se hacinan y tienen que pagar mínimo mil pesos mensuales de renta. Ningún programa oficial de cualquier orden de gobierno les ayuda en este aspecto.
Derecho al trabajo. Al principio, dado que apenas comenzaba el año agrícola, un buen número de personas desplazadas se contrató en las huertas manzaneras de la región. Sin embargo, al terminar la pizca y el empaque de la fruta, quedaron desempleadas, precisamente cuando llega el invierno y requieren más recursos para sobrevivir y calentar las viviendas. Las personas desplazadas prefieren trabajar, pero en sus tierras, con su ganado, en sus bosques, muchos de ellos ahora talados ilegalmente por los criminales.
Derecho a la educación. Con los ataques y la implantación de los grupos criminales en las poblaciones de origen, muchas escuelas y cursos del Conafe tuvieron que cerrar sus puertas. Algunos de los niños y niñas desplazados encuentran lugar en las escuelas de las localidades a donde llegan; el Conafe ha movido a varios de sus promotores comunitarios para que los sigan atendiendo, sin embargo, dada la movilidad continua y la inseguridad en el trabajo de sus padres, muchos se quedan sin posibilidad de asistir a escuela alguna.
Hasta el momento, las necesidades y los derechos de estos cientos de personas desplazadas han sido atendidos principalmente por diversas organizaciones de la sociedad civil, las primeras en hacerse presentes. Señalan que ellas han cumplido con su misión, pero que el Estado mexicano se ha quedado muy corto: no ha cumplido con su deber fundamental de proteger la vida, la paz y el patrimonio de estas comunidades.
Por eso debe atenderse el llamado que hace Mala Noche a los tres niveles de gobierno a proteger a las comunidades indígenas y mestizas de la Sierra de Chihuahua, a que se les proporcionen los servicios básicos como educación, salud, trabajo y alimentación para tener condiciones dignas de vida.
La justicia para con los pueblos originarios comienza por no despojarlos, y por impedir que les quiten lo que tienen.
En su proceso creativo, Monroy retoma con respeto la tradición clásica. Retoma la pintura religiosa, los íconos medievales, la herencia del Renacimiento. No lo hace por nostalgia, sino para tender un puente entre el pasado y el presente: utiliza un lenguaje capaz de nombrar el dolor contemporáneo con la fuerza simbólica de lo ancestral.
El punto de inflexión en su obra es la masacre de Acteal, ocurrida en 1997. Ese horror absoluto lo confronta con la brutalidad y la realidad sin atenuantes y fija una posición ética irrevocable: no es posible permanecer al margen. Desde ahí, su pintura carga con una cicatriz colectiva, con un dolor que no debe olvidarse.
Monroy utiliza su propio cuerpo como signo. Su rostro y su figura –a menudo desnudos, barbados, melancólicos– se convierten en autorretratos que representan al otro: al desplazado, al desaparecido, al silenciado. Así, su obra no es testimonio distante, sino proximidad y empatía. Reivindica una pintura comprometida, que incomoda, que hiere, que obliga a mirar de frente las fosas, las migraciones, las desapariciones, las muertes silenciosas de un país convertido en bitácora de su propio dolor.
Monroy no pinta para consolar. Pinta para recordar –tal vez para sanar un poco–, para sostener una memoria colectiva amenazada por la indiferencia. Su arte se vuelve un acto de resistencia: un grito contenido, una herida abierta sobre el lienzo, un intento por nombrar aquello que muchos prefieren olvidar.
El documental El arte como bitácora de la violencia, dirigido por Darwin García, recorre la historia de Gustavo Monroy desde su infancia en Sonora, marcada por relatos fronterizos y tensiones sociales que forjaron una conciencia crítica y la decisión de mirar sin callar. Con una duración de 28 minutos, el filme no busca consolar ni embellecer: expone heridas, activa la memoria y avanza como un registro sobrio de la violencia, un mapa en penumbra donde la pintura se vuelve testimonio. Una confesión sin alarde, un mapa oscuro dibujado con óleo y sombra.
El relato visual recorre las etapas de su obra como quien hojea un diario doloroso. Cada cuadro abre una puerta a la violencia social: de la masacre de Acteal al ataque a las Torres Gemelas, acontecimientos distantes y universales, unidos por una misma herida: la de la condición humana.
El resultado es una bitácora visual de violencia, sufrimiento y resistencia. En sus lienzos late una pregunta amarga, ¿cómo seguir viviendo cuando el cuerpo colectivo ha sido herido? La respuesta, tenue y firme a la vez, es el acto de pintar como exorcismo, como testimonio, como plegaria. Los cuadros de Monroy no sólo cuentan una historia, comparten una cicatriz.
En uno de los pasillos del Colegio de San Ildefonso, donde aún resuena el eco de los viejos muralistas, Gustavo Monroy presenta un lienzo que parece hablar desde un lugar suspendido entre el tiempo y la memoria. Su mural Tzompantli no es sólo una pintura de gran formato, es una respiración contenida, un corredor donde pasado y presente se observan sin reconocerse.
La obra se extiende a lo largo de más de 11 metros, como si intentara abarcar aquello que no alcanza el lenguaje: la violencia, la sombra que dejan los cuerpos ausentes, las voces que se disuelven en el aire. Monroy recupera el antiguo muro de cráneos mexica, pero lejos de un gesto arqueológico ofrece una lectura íntima y dolorosa. Los cráneos, pintados con la paciencia de quien sabe que cada trazo es un nombre perdido, conviven con símbolos del mundo contemporáneo: armas modernas, cielos que parecen arder sin prisa.
El mural no exige nada, sólo invita a mirar, a detenerse, a aceptar que el país es una constelación de heridas y que quizá la única forma de comprender es asomarse a ellas. Tzompantli demuestra que el arte público todavía intenta salvar algo de nosotros, aunque sea un fragmento mínimo: una chispa que resista al olvido.
Y al final, lo que se impone no es sólo la violencia retratada, sino la certeza de que el arte puede ser un ritual de resistencia, un deber ético y estético que nos llama a seguir recordando.
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