11/26/2022

EEUU quiere luchar contra abusos sexuales en organizaciones internacionales

 

Los miembros del Consejo de Seguridad durante la votación para adoptar una resolución que respalda medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexuales por parte de las fuerzas de paz de la ONU. Crédito: Foto: Loey Felipe / ONU

NACIONES UNIDAS – Estados Unidos acaba de establecer una serie de principios para vigilar la explotación y el abuso sexual (EAS) por ciudadanos estadounidenses en organizaciones internacionales, incluida las Naciones Unidas y sus agencias en todo el mundo. Y también acusó implícitamente a la ONU de fallar en un caso de alto perfil.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York condenó en octubre a Karim Elkorany, ciudadano estadounidense y antiguo empleado de la ONU (Organización de Naciones Unidas), a 15 años de prisión por drogar y agredir sexualmente a una víctima y hacer declaraciones falsas para encubrir otra agresión sexual.

Durante la investigación federal, Elkorany admitió que había drogado y/o agredido sexualmente a otras 17 víctimas entre 2002 y 2016.

El embajador Chris Lu, representante de Estados Unidos para la Gestión y la Reforma de la ONU en la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo que, en consonancia con las políticas del Departamento de Estado, “hemos remitido este asunto a la Oficina del Inspector General para que lo revise y garantice una cultura de rendición de cuentas”.

“También pedimos a las Naciones Unidas que lleven a cabo una revisión similar que incluya un examen exhaustivo de la gestión de cualquier denuncia de explotación y abuso sexual o acoso sexual (SEAH, en inglés) contra el Sr Elkorany durante su empleo en las Naciones Unidas”, remarcó.

La investigación, dijo Lu, debe examinar si los funcionarios de la ONU eran conscientes de la mala conducta de Elkorany y no tomaron las medidas adecuadas, incluyendo la disponibilidad y accesibilidad de la ayuda a las sobrevivientes.

Tras dar a conocer el 26 de octubre los «Principios de Protección contra la Explotación y el Abuso Sexuales y el Acoso Sexual para el compromiso del gobierno de Estados Unidos con las organizaciones internacionales», Washington dijo que está comprometido con la prevención y la respuesta a la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual en el sistema de la ONU.

“Apoyamos firmemente la política de tolerancia cero de las Naciones Unidas y los esfuerzos del secretario general para reforzar su aplicación”, dijo Lu.

El embajador estadounidense añadió que “la protección contra el acoso sexual es responsabilidad de los dirigentes y administradores de todos los niveles, que tienen el deber de tomar medidas en respuesta a las denuncias de acoso sexual y garantizar la aplicación de las políticas de gobernanza y la prestación de servicios”.

Todo ello con el fin, adujo, “de que se respeten los derechos y la dignidad de todo el personal y las comunidades a las que sirven nuestras instituciones”.

La postura crítica contra la ONU se produce cuando están por comenzar los «16 días de activismo contra la violencia de género», que comienzan el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una oportunidad para prevenir uno de los flagelos que lejos de reducirse se incrementan en el mundo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha creado un Grupo de Trabajo de la Junta Ejecutiva para revisar las políticas de prevención del acoso sexual y desarrollar enfoques mejores y coherentes en el organismo mundial, incluyendo una revisión de cómo se define internamente el acoso sexual.

Avance positivo

Tsitsi Matekaire, responsable mundial del Programa para Acabar con la Explotación Sexual de Equality Now (Igualdad Ya), con sede en el Reino Unido, dijo a IPS que la publicación de estos principios por parte de la administración estadounidense representa un avance positivo.

Esta iniciativa sigue a otras similares establecidas en países como Australia y el Reino Unido, que han introducido medidas tras los escándalos muy publicitados en los últimos años en el sector de la asistencia internacional.

“Es bueno ver que más organizaciones introducen y amplían las políticas de protección, pero las palabras deben estar respaldadas por acciones efectivas y necesitamos más pruebas sobre el impacto de estos compromisos. No sirve de nada tener estrategias y procedimientos de protección si no se aplican bien y los abusos continúan sin control», dijo Matekaire.

La especialista de la organización internacional que promueve los derechos de las mujeres y las niñas recordó que “no conocemos la verdadera magnitud del problema, pero sabemos, por las frecuentes revelaciones, que el acoso sexual, la explotación sexual y los abusos siguen siendo un problema generalizado en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales de desarrollo».

En septiembre de 2022, señaló, una investigación de los medios de comunicación reveló abusos sexuales por parte de trabajadores humanitarios en un campamento gestionado por la ONU en Sudán del Sur. Se informó de que los abusos se produjeron «a diario» durante varios años y que los funcionarios de la ONU eran conscientes de ello en 2015.

Las Naciones Unidas tomaron algunas medidas, pero fueron muy criticadas por no introducir estrategias efectivas para acabar con el problema, y una revisión externa citó la falta de apoyo a las víctimas, recordó Matekaire.

«La ONU y todos los organismos internacionales de desarrollo deben aplicar un enfoque de tolerancia cero ante el acoso y el abuso sexual dirigido al personal y perpetrado por él. Esto debe aplicarse a todos, independientemente del nivel de su posición”, remarcó la especialista.

A su juicio, «todo el personal debe recibir formación, con políticas y procedimientos bien comunicados. Las denuncias de abusos deben tomarse en serio, las investigaciones deben llevarse a cabo con rapidez y eficacia, y los autores deben rendir cuentas plenamente».

La directiva de Quality Now añadió que los trabajadores humanitarios y otros denunciantes deben estar bien protegidos para que puedan revelar las denuncias de abusos sin temor a las repercusiones negativas, incluidas las represalias o la marginación.

“Y los mecanismos de salvaguarda y denuncia deben garantizar que los depredadores sexuales no puedan eludir el castigo o trasladarse a otros puestos de trabajo donde puedan cometer más delitos», remarcó.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Mientras tanto, un informe de Reuters del 1 de noviembre dice que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha suspendido a un alto directivo de su sede central en Ginebra después de que una doctora británica denunciara públicamente que fue agredida sexualmente en una conferencia sobre salud en octubre, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Rosie James, una médica de 26 años que trabaja para el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, tuiteó el mes pasado que la agresión se produjo durante la Cumbre Mundial de la Salud de Berlín. La reunión, celebrada del 16 al 18 de octubre, fue coorganizada por la OMS. James dijo entonces que pensaba denunciar el incidente.

“El presunto agresor está de baja y la investigación está en curso», dijo un portavoz de la OMS en una respuesta por correo electrónico a Reuters sobre las declaraciones de James, pero sin dar datos sobre su nombre y cargo.

Los nuevos principios

El conjunto de «Principios de Compromiso Gubernamental para la Protección contra el Abuso de la Explotación Sexual y el Acoso Sexual en las Organizaciones Internacionales», establecido por Washington, incluye seis componentes clave:

  1. Tolerancia cero

Estados Unidos continuará promoviendo la plena aplicación de políticas de tolerancia cero frente a la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual, incluida la tolerancia cero frente a la inacción en respuesta a las denuncias, en todas las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Esto incluye el apoyo a políticas que den prioridad a los esfuerzos de prevención y mitigación, que supervisen la eficacia de dichos esfuerzos, que garanticen un acceso seguro a los mecanismos confidenciales de denuncia de SEA y un apoyo adecuado a los supervivientes, y que integren los principios centrados en los supervivientes en todas las acciones de respuesta a las denuncias presentadas, incluidas las investigaciones.

Estados Unidos reconoce que la ausencia de denuncias no significa que no se estén perpetrando incidentes, ni indica que se estén aplicando plenamente las políticas de tolerancia cero.

  1. Un enfoque centrado en el superviviente

Estados Unidos espera que todas las denuncias o incidentes de explotación y abuso sexual y de acoso sexual sean examinados y tratados, respetando los principios del debido proceso.

En su compromiso con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, Estados Unidos seguirá abogando por el uso de principios y normas centrados en el superviviente, un enfoque que reconoce y empodera a los supervivientes como individuos con capacidad de acción y necesidades únicas, salvaguardando su dignidad y bienestar.

  1. Prevención y mitigación de riesgos

Estados Unidos trabajará con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para institucionalizar medidas de prevención y mitigación que vayan más allá de la concienciación básica, la formación, el desarrollo de capacidades o la difusión de códigos de conducta. También para que se incluya el compromiso de promover una financiación adecuada, personal técnico dedicado y un análisis y una mitigación de riesgos significativos.

Estados Unidos exigirá a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales el máximo nivel de exigencia, incluso desde el inicio de una crisis, un conflicto o una emergencia, para mitigar dicho riesgo, especialmente con las poblaciones altamente vulnerables.

  1. Responsabilidad y transparencia

Estados Unidos espera que los dirigentes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales adopten medidas significativas para apoyar la responsabilidad y la transparencia mediante, entre otras cosas, lo siguiente:

La realización de investigaciones oportunas y centradas en los supervivientes; esfuerzos de respuesta impulsados por las necesidades, las experiencias y la capacidad de recuperación de las personas que corren mayor riesgo de padecer SEA; sistemas claros de notificación y respuesta, incluso para informar a los Estados miembros de las denuncias o los incidentes; y medidas de responsabilidad, incluida la terminación del empleo o la participación de las fuerzas del orden, según sea necesario.

  1. Cambio de cultura organizativa

Estados Unidos trabajará para que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales desarrollen métricas y estándares de práctica basados en la evidencia en la aplicación de políticas de tolerancia cero, promuevan enfoques holísticos, empoderen a las mujeres y a las niñas, y refuercen el liderazgo y la responsabilidad organizativa.

Las políticas, las declaraciones y la formación son esenciales, pero por sí solas son insuficientes para producir un cambio positivo duradero.  El cambio a nivel de sistemas requiere un cambio en la cultura organizativa, el comportamiento y los procesos y mecanismos subyacentes para prestar asistencia y promover la responsabilidad interna.

  1. Potenciación de las comunidades locales

Estados Unidos dará prioridad, en colaboración con los dirigentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, a la importancia crítica de los esfuerzos dirigidos a nivel local, en particular los dirigidos a mujeres y niñas, que, cuando reciben un apoyo significativo y se comprometen, pueden informar sobre las medidas que pueden mitigar los riesgos y promover una programación de la ayuda exterior más segura.

T: MF / ED: EG

La pandemia hizo más traumática la violencia contra mujeres en América Latina

“Ni una menos, respeto a nuestras vidas”, escribe una peruana sobre la efigie de una mujer en un parque frente al Poder Judicial, antes de una manifestación en Lima por la falta de aplicación de las leyes contra los feminicidios y otras violencias contra la mujer. Foto: Mariela Jara / IPS

 

Este artículo integra la cobertura de IPS sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.


“Ni una menos, respeto a nuestras vidas”, escribe una peruana sobre la efigie de una mujer en un parque frente al Poder Judicial, antes de una manifestación en Lima por la falta de aplicación de las leyes contra los feminicidios y otras violencias contra la mujer. Foto: Mariela Jara / IPS

La pandemia hizo más traumática la violencia contra mujeres en América Latina

Mariela Jara

LIMA – La violencia contra las mujeres no ha logrado descender en la región de América Latina tras el grave incremento registrado durante la pandemia de covid-19, a la vez que se mantiene como un gran desafío la prevención de las causas que la originan.

Así reflexionaron para IPS representantes de Naciones Unidas, de organizaciones feministas y de movimientos de mujeres en el marco de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La fecha, instituida en 1999 por Naciones Unidas, surgió en 1981 en el primer encuentro feminista de América Latina y del Caribe realizado en Colombia, para impulsar las luchas contra las violencias hacia las mujeres, en una región donde se mantiene exacerbada por los altos niveles de machismo.

El día escogido quería rendir homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por las fuerzas represivas del régimen del dictador Rafael Trujillo.

La fecha abre 16 días de activismo contra la violencia de género, que culminan el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, porque justamente la violencia machista contra mujeres y niñas es la más generalizada violación de los derechos humanos en todo el mundo.

“No se puede confirmar un descenso de la violencia de  género en la región en este momento de pospandemia. Podría decir, por la información que he recogido y empíricamente, que se mantiene tras el significativo incremento registrado en los dos últimos años” consideró la abogada venezolana Moni Pizani, una de las mayores expertas de la región en materia de derechos de las mujeres.

Pizani, jubilada de Naciones Unidas, apoya actualmente a la oficina de ONU Mujeres en Guatemala tras un fructífero recorrido en favor de los derechos de las mujeres. Fue dos veces representante en Ecuador de ONU Mujeres y su predecesora Unifem, trabajó luego para el este y sudeste asiático y abrió después la Oficina de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe en Ciudad de Panamá, como directora regional.

“Antes de la pandemia hablábamos que tres de cada 10 mujeres había sufrido violencia, hoy hablamos que son cuatro de cada 10. El otro dato alarmante es que el impacto es en todo el ciclo vital de las mujeres incluyendo a las adultas mayores”, refirió en un diálogo con IPS en Tegucigalpa, durante un coloquio centroamericano sobre la situación de la mujer.

“Atacamos el problema pero no sus causas, tengo 30 años hablando de la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres promoviendo cambios culturales fuertes para que niñas y niños se críen en el conocimiento de que es inaceptable en cualquier forma”: Moni Pizani.

ONU Mujeres midió el año pasado en 13 países de todas las regiones la “pandemia en la sombra”, término con el que nombró a la violencia contra las mujeres durante los periodos de confinamiento y cierre de actividades por covid.

Se halló que siete de cada 10 mujeres experimentaron alguna vez la violencia durante la pandemia, que una de cada cuatro se siente insegura en el hogar ante el incremento de los conflictos familiares y que siete de cada 10 percibe que es más común el maltrato de sus parejas.

También reveló que cuatro de cada 10 mujeres se sienten más inseguras en los espacios públicos.

El estudio evidenció, como detalló Pizani, que esta vulneración a los derechos humanos de las mujeres se da en los diferentes grupos etarios: están afectadas 48 % de quienes tienen entre 18 y 49 años, 42 % de las que están entre los 50 y 59 años y 34 % de las mujeres de 60 o más años.

La venezolana Moni Pizani, una de las mayores expertas latinoamericanas en temas de género, con una larga trayectoria en ONU Mujeres y su predecesora Unifem, durante un coloquio centroamericano en Tegucigalpa sobre la recuperación sostenible con igualdad de género, tras la pandemia de covid. Foto: Mariela Jara / IPS

En mayor vulnerabilidad, según el mismo estudio, se encuentran las mujeres desempleadas: 52 % de ellas vivieron hechos de violencia durante la pandemia.

Y quienes son madres: una de cada dos mujeres con hijos experimentó también la vulneración de sus derechos.

Pizani destacó el esfuerzo que hicieron muchos países para adoptar medidas durante la pandemia con el incremento de servicios, líneas telefónicas de atención, uso de nuevos medios de denuncia a través de aplicaciones móviles, entre otras. Pero lamentó que no fueran suficientes y se registrara un déficit en la atención.

La región cuenta este año con 662 millones de habitantes, 8 % de la población mundial, algo más de la mitad, mujeres.

El nivel de violencia contra las mujeres es tan grave, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lo coloca como uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género junto a las brechas en el empleo, la concentración de los trabajos de cuidado y la inequitativa representación en los espacios públicos.

Estado ni previene ni atiende la violencia

Perú es un ejemplo de situaciones similares se violencia de género en la región.

Fue uno de los países donde se dispuso uno de los confinamientos más estrictos que paralizó la acción del Estado frente a la violencia de género, los que se fueron retomando paulatinamente en el segundo semestre del 2020 y que posibilitó, por ejemplo, la recepción de denuncias en las fiscalías provinciales del país.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (fiscalía) reportó 1 081 851 denuncias en 2021, lo que representa un promedio de 117 por hora. Esa cantidad retornó a los niveles prepandemia la frecuencia de las denuncias, que en el 2020 descendieron a cerca de 700 000, porque las mujeres confinadas tuvieron dificultades para hacerlo, por el confinamiento y por tener a sus agresores más cerca.

Cynthia Silva, abogada peruana y directora del feminista no gubernamental Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer-Demus, sostuvo a IPS que el Estado no ha logrado reactivar los diferentes servicios y que se necesita implementar plenamente el sistema nacional especializado de justicia para proteger a las víctimas y sancionar a agresores.

Cynthia Silva, abogada y directora de la institución feminista peruana Demus, en la sede de la organización feminista en Lima. Ella remarca la necesidad de que la acción del Estado frente a la violencia de género contemple no solo estrategias de atención, sino de prevención para lograr su erradicación. Foto: Mariela Jara / IPS

Remarcó la importancia de destinar recursos tanto para la atención de los casos de violencia como para la prevención. “Son dos estrategias que deben ir de la mano y vemos que el Estado no está haciendo lo suficiente en relación a lo segundo”, dijo.

Silva instó al Estado a tomar acción en medidas dirigidas a la población para contribuir a revisar patrones socioculturales discriminatorios a las mujeres y sentidos comunes machistas.

En base a la experiencia que desarrollan con niñas y adolescentes en el distrito de Carabayllo, al extremo norte de Lima, afirmó que se trata de acompañar procesos de deconstrucción para que desde la infancia se fomenten relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

Este 26 de noviembre marcharán con diversos movimientos y colectivos feministas contra las violencias machistas a fin de que “el derecho a vida libre de violencia a las mujeres se garantice y no se dé ni un paso atrás respecto de lo avanzado, en particular en derechos sexuales y reproductivos, que son amenazados por grupos conservadores del Congreso”.

Adolescentes mujeres y hombres en Lima, la capital peruana, agitan una enorme pancarta durante la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre del 2019, antes estallar la pandemia de covid-19 que agudizó esa violencia en América Latina. Foto: Mariela Jara / IPS

Panorama igual de grave

Argentina es otro ejemplo de la violencia de género en América Latina, la región con mayores agresiones hacia las humanas en el mundo, fruto de sociedades muy machistas, incluidos los feminicidios o femicidios.

Eso sucede en contraste con el hecho de que es una de las regiones más pertrechadas contra esa violencia en las legislaciones nacionales e incluso regionales, porque desde 1994 cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El problema es que esas leyes fallan gravemente en su implementación, sobre todo en los territorios del interior de los países, coinciden ONU Mujeres, organismos regionales y organizaciones feministas nacionales.

Para Rosaura Andiñach, docente universitaria argentina y responsable de procesos comunitarios en el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio-Creas, es preocupante que en su país se mantengan las altas tasas de femicidio, pese a los avances normativos con que cuenta el país.

Entre enero y octubre del 2022 sumaban 212 casos y 181 intentos de homicidio por razones de género, según el observatorio de sociedad civil Ahora que sí nos ven.

Afirmó que el Estado mantiene su deuda con las mujeres en este contexto post pandemia pues no garantiza los derechos de las mujeres al no atender adecuadamente sus denuncias

“No queremos que ocurra lo mismo que con un caso reciente: Noelia Sosa, de 30 años, vivía en Tucumán y denunció en una comisaría a su pareja por violencia de género. No le hicieron caso y ella se suicida esa tarde porque ya no sabía qué más hacer. La preocupación que tenemos es grande porque el panorama sigue siendo igual de grave en la violencia contra las mujeres”, dijo.

Justamente en Argentina surgió en 2015 la campaña #NiunaMenos que se extendió por toda la región como un movimiento contra los feminicidios y la inoperancia de las autoridades en la aplicación de las leyes para prevenirlos y castigarlos, porque es un delito con un altísimo nivel de impunidad en América Latina.

Moni Pizani, de ONU Mujeres, subrayó que la prevención de la violencia de género no debe ser más un déficit en la región.

“Atacamos el problema pero no sus causas, tengo 30 años hablando de la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres promoviendo cambios culturales fuertes para que niñas y niños se críen en el conocimiento de que es inaceptable en cualquier forma”, puntualizó.

Esa estrategia, remarcó, “es invertir en la juventud y en la niñez para garantizar que las nuevas generaciones estén libres de violencia, de acoso, de discriminación, con respeto a una vida digna para todas y todos”.

ED: EG









Cinco mujeres son asesinadas cada hora en sus hogares

 ipsnoticias.net

Corresponsal de IPS

Mujeres de América Latina y el Caribe durante una manifestación contra la violencia en las calles de Bogotá. El año pasado en todo el mundo se registraron 81 000 feminicidios, y más de la mitad de las víctimas perecieron a manos de sus parejas u otro pariente. Foto: ONU Mujeres

NACIONES UNIDAS – El hogar puede ser un lugar mortal para muchas mujeres y niñas, pues más de cinco de ellas fueron asesinadas cada hora en 2021 por alguien de su propia familia, reveló un estudio de dos agencias de las Naciones Unidas.

“Detrás de cada estadística de feminicidios está la historia de una mujer o niña individual a la que se le ha fallado. Estas muertes se pueden prevenir: ya existen las herramientas y el conocimiento para hacerlo”, dijo Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Junto con esa agencia de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) divulgó el estudio antes de conmemorarse, el viernes 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer.

De las 81 000 mujeres y niñas asesinadas intencionalmente el año pasado, 45 000 (56 %) murieron a manos de sus parejas u otros miembros de la familia.

Por contraste, 11 % de los homicidios de hombres se cometen en el ámbito privado, lo que revela que el hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres y niñas.

Las cifras también muestran que el número total de homicidios de mujeres se ha mantenido prácticamente sin cambios durante la última década, lo que subraya la urgencia de tomar medidas más fuertes en materia de prevención y respuesta.

Demasiadas víctimas aún no se cuentan, según el informe. Para aproximadamente cuatro de cada 10 mujeres y niñas asesinadas intencionalmente en 2021 no existe información suficiente para identificar sus muertes como feminicidios.

El informe “es un horrible recordatorio de que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas en todo el mundo”, según la Onudd y ONU Mujeres.

“Ninguna mujer o niña debe temer por su vida por ser quien es”,  dijo Ghada Waly, directora ejecutiva de Onudd, al abogar por políticas y medidas “para detener todas las formas de asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género”.

“Debemos contar a todas las víctimas, en todas partes, y mejorar la comprensión de los riesgos y los impulsores del feminicidio para que podamos diseñar mejores y más efectivas respuestas de prevención y justicia penal”, subrayó Waly.

Aunque el feminicidio es un problema en todos los países del planeta, el informe señala disparidades regionales.

Asia registró la mayor cantidad de asesinatos relacionados con el género en la esfera privada en 2021, mientras que las mujeres y las niñas corrían más riesgo de ser asesinadas por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia en África.

La tasa de estos asesinatos en África se estimó en 2,5 por cada 100 000 de sus mujeres. La tasa fue de 1,4 en América, 1,2 en Oceanía, 0,8 en Asia y 0,6 en Europa.

Los hallazgos también sugieren que el inicio de la pandemia covid-19 en 2020 coincidió con un aumento significativo de los asesinatos relacionados con el género en la esfera privada en América del Norte, y en Europa occidental y meridional.

Los asesinatos por motivos de género, así como otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas, no son inevitables, subraya el informe.

Estos delitos pueden y deben prevenirse con una combinación de medidas como la identificación temprana de las mujeres afectadas por la violencia y el acceso a apoyo y protección centrados en las sobrevivientes, según el informe.

Otras recomendaciones apuntan a las causas fundamentales, incluso mediante la transformación de las masculinidades y las normas sociales dañinas, y la eliminación de las desigualdades estructurales de género.

Fortalecer la recopilación de datos sobre feminicidios también es un paso fundamental para informar las políticas y programas relacionados.

Bahous dijo que organizaciones de derechos de las mujeres ya están monitoreando los datos y abogando por el cambio de políticas y la rendición de cuentas.

“Ahora necesitamos una acción concertada en toda la sociedad que cumpla con el derecho de las mujeres y las niñas a sentirse y estar seguras, en el hogar, en las calles y en todas partes”, agregó.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el viernes 25, iniciará como cada año 16 de activismo para erradicar la violencia de género que concluirán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

A-E/HM

Hebe, madre de todas las luchas

 rebelion.org


Un perfil de la trayectoria, las conquistas, las peleas y el heroísmo de la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Hebe afirmaba que fue una madre común, sin embargo, la desaparición de sus hijos la convirtió en una de las madres más importantes de la historia. “Haber socializado la maternidad nos dio una posibilidad muy grande”.

Hebe de Bonafini se abre camino entre una multitud de gente que está hace varias horas en el barrio de Recoleta. Camina con la dificultad propia de la edad y lleva en sus manos un ramo de flores para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien horas después saldría hacia el Senado para responder desde su despacho las acusaciones del fiscal Luciani. 

Ese gesto de Hebe, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, es uno en miles. Junto a otras mujeres comenzó en abril de 1977 su caminata enfrentando a la dictadura cívico militar. Feroz defensora de la democracia, de convicciones firmes y de una militancia indómita que persistió hasta los últimos días de su vida. 

Hebe de Bonafini nació el 4 de diciembre de 1928 en Ensenada. Tenía 14 años cuando se casó con Humberto Alfredo Bonafini con quién tuvo tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. 

“Fui una mamá joven, una madre común, siempre jugué mucho con mis hijos”, contó en una entrevista con Rosario Lufrano en la TV Pública por el Día de la Madre. “Éramos una familia muy unida, mis hijos fueron muy diferentes, los tres. El más grande era más paternalista, le decíamos El Duque, y Raúl era más de los bichos. Y Alejandra todo lo estudiaba, sabe de todo ella”.  

Fue la desaparición de sus hijos la que la convirtió en una de las dirigentas más importantes en la historia de Argentina. Su hijo Jorge Omar fue el primero en desaparecer. El 8 de febrero de 1977 se lo llevaron de su casa luego de haber sido golpeado en uno de los tantos operativos ilegales de la dictadura. El 6 de diciembre de ese mismo año ocurrió lo mismo con Raúl Alfredo, en Berazategui. Un año después, el 25 de mayo de 1978, desapareció la nuera de Hebe, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

“Desde los 15 años ellos hacían política. Yo estaba encantada de lo que hacían mis hijos, como yo casi no pude ir a la escuela, para mí todo era nuevo, me parecía fantástico”, contaba Hebe. “Cuando se llevan a Jorge y Raúl tuvo que pasar a la clandestinidad, una ya está medio preparada o apertrechada. Yo le decía “Raúl, por qué no te vas” y nos veíamos muy poco.  Después ya empezó a decirme que me iba a ver cada vez menos, pero quería ver a la nena. Alejandra con sus diez añitos veía a su hermano, pero nunca dijo dónde ni qué hablaban”. 

Dos años después de la desaparición de sus hijos, Hebe pasó a ser la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. “Transformamos el odio y la bronca en lucha. En una lucha concreta diaria, permanente, sin dejar nunca la Plaza”, definía Hebe. 

En los primeros años de la década del 80, ya durante el gobierno de Alfonsín, la dirigenta intentó entrevistarse con el entonces presidente, quien nunca accedió a recibirla. Tiempo después se negó a darle la mano porque “con esa mano firmó la ley de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió que los genocidas estén en la calle el tiempo que quieran”, explicó.

Hebe de Bonafini marcha contra la Ley de Obediencia Debida del gobierno de Raúl Alfonsín (Télam)

Los gestos políticos de Hebe la diferenciaron de otras madres. En 1986, luego de profundos debates respecto a la Conadep y al desempeño del gobierno alfonsinista en relación con los derechos humanos, un grupo de integrantes se separó y fundó Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas y Tati Almeida.

Durante los 90 también se enfrentó al gobierno de Menem. “El día del indulto sentimos bronca, impotencia, odio. No puedo decir que no odio a aquel que hizo pedazos a más de 30 mil personas, que los violó y que robó a nuestros niños. Los odio desde lo más profundo de mi corazón. Por eso yo no voy a perdonar y no voy a olvidar”, dijo en una entrevista en el programa El Perro Verde que conducía el periodista español Jesús Quintero. 

Allí dijo también que el entonces presidente Carlos Saúl Menem era una “basura”. Por esa expresión, el mandatario le interpuso una denuncia por desacato. Esa quizá fue uno de los tantos destratos judiciales que debió enfrentar Hebe a lo largo de su vida. 

Durante el gobierno de Mauricio Macri la justicia, afín al oficialismo, se dedicó a perseguir a dirigentes sociales. En agosto de 2016, el juez Marcelo Martínez de Giorgi libró una orden de detención para Hebe y la declaró prófuga. Apenas se conoció la noticia, una multitud se instaló en la sede de la Asociación, frente a Plaza Congreso, para proteger a Hebe. 

“Al señor juez de la Nación, Marcelo Martínez de Giorgi, me dirijo usted para manifestarle el motivo de respuesta a su citación. Desde el año 1977, desde el 8 de febrero de ese año vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia. En ese momento empezó mi calvario. Hice 168 presentaciones por mi hijo Jorge. Luego, en conjunto, reclamé por mi hijo Raúl -que desapareció en diciembre del mismo año- en una constante peregrinación por los juzgados, siempre padeciendo la misma injusticia, las mismas agresiones. Las Madres siempre vamos a defender los valores de solidaridad social. Extender las manos a los vulnerados por sus sueños en este tiempo y por los que vendrán y vamos a luchar para que alguna vez nos enfrentemos con jueces probos que nos ayuden a sentir en nuestros cuerpos el valor de la justicia”, le respondió al juez en una carta que leyó en Plaza de Mayo. 

El encuentro con el kirchnerismo 

Fue el saludo de Cristina Kirchner el que confirmó la muerte de Hebe de Bonafini. “Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad”, expresó la vicepresidenta en Twitter. 

El kirchnerismo tuvo en Hebe a una de sus grandes aliadas. “No apoyamos con el voto porque pensábamos que era toda la misma mierda”, dijo en una ocasión Hebe respecto a la candidatura de Néstor Kirchner. Sin embargo, tiempo después, pidió una audiencia con el mandatario y tuvo una recibida afectuosa y un encuentro que duró para siempre.

En marzo pasado, Bonafini recibió a Cristina en la sede de las Madres. “Estuvo siempre con la misma sonrisa, el mismo abrazo”, dijo en esa ocasión. 

Fue en las primeras épocas del kirchnerismo cuando Hebe fundó el programa para construcción de viviendas, “Sueños Compartidos” que luego terminó con una causa judicial debido al manejo de fondos a manos de Sergio Schoklender. 

Como defensora del kirchnerismo, también Hebe encabezó apoyos a los presidentes de la región Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. 

La Iglesia, un lugar hostil 

Hebe supo ser una de las grandes contrincantes de Jorge Bergoglio, quien estaba al frente del Arzobispado de Buenos Aires. La reconciliación llegó cuando el funcionario eclesiástico se convirtió en el Papa Francisco. 

En mayo de este año, el Papa recibió a Hebe en el Vaticano. Fue un encuentro que duró casi tres horas. A su regreso, Hebe afirmó: “Había perdido la fe completamente y cuando comenzó la relación me devolvió la fe, tan necesaria… Sin fe no se puede vivir, y gracias a esa fe yo hablo con mis hijos todas las noches”.

También contó que había sido invitada muchas veces al Vaticano pero ella jamás aceptó por las sucesivas peleas que tuvieron.

La despedida

Hebe de Bonafini ya había tenido algunos problemas en octubre por lo que estuvo internada y bajo control médico. La semana pasada recorrió la Plaza de Mayo en su marcha habitual de los jueves junto a estudiantes secundarios que llevaban adelante tomas en las escuelas, como parte de un plan de lucha por una serie de consignas contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

“Transformamos el odio y la bronca en lucha. En una lucha concreta diaria, permanente sin dejar nunca la plaza. Trece años y medio no faltamos ni un solo jueves a la Plaza. La defendimos y la seguimos defendiendo porque es el bastión para nuestro pueblo. El jueves es el día que se reclama contra la injusticia, que los hombres y mujeres que son despedidos de sus trabajos, que son perseguidos, que los desalojan, van a la Plaza”. 

Por su parte, Alejandra, hija de Hebe, escribió este domingo un comunicado. “Agradecemos enormemente las demostraciones de amor, acompañamiento y preocupación que, en estos días de internación en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, como en toda su trayectoria militante, ha recibido mi madre. Son momentos muy difíciles y de profunda tristeza y comprendemos el amor del pueblo por Hebe, pero en este momento como familia tenemos la necesidad de llorar a la Madre de Plaza de Mayo, a Hebe, en intimidad”, añadió.

“Desde ya no hay palabras que signifiquen realmente mi profundo agradecimiento para con el equipo de salud médico que durante tantos años la asistieron y cuidaron como, así también, al equipo médico, de enfermería, auxiliares y directivos del Hospital Italiano de La Plata, que durante los días de internación estuvieron al lado de mi madre cuidándola con mucho amor y respeto. ¡La seguiremos encontrando a Hebe en la Plaza y en las luchas de pueblo!”, concluyó su hija.

Hebe afirmaba que fue una madre común, sin embargo, la desaparición de sus hijos la convirtió en una de las madres más importantes de la historia. “Haber socializado la maternidad nos dio una posibilidad muy grande”. 

Decía que extrañaba a sus hijos pero sólo en algunos momentos. “Me acostumbré a vivir sin ellos pero me acostumbré a vivir con millones y es que no tengo tiempo de extrañarlos. Cuando llegan fechas que están en el almanaque sí, la mesa es más chiquita. No están. Ahí sí se extraña pero después no. Como nosotros no consideramos muertos a nuestros hijos, todas las noches hay un diálogo con ellos. Repaso lo que hago en el día casi con ellos. Lo primero que se olvida de los hijos es la voz, yo tengo que ponerme a recordar la voz de ellos, y eso cuesta. Ese ‘hola mamá’ tenés que esforzarte para volverlo a escuchar. Me propongo que me aparezca”. 

Nunca fue su bandera la venganza. Sí la justicia que se le negó durante años y que recién pudo obtener con los juicios de lesa humanidad que comenzaron a realizarse por impulso de las organizaciones de derechos humanos y decisión política del kirchnerismo.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/politica/quien-fue-hebe-de-bonafini-madre-de-luchas/

La violencia económica contra las mujeres

 Por Txaro Goñi 

Fuentes: El salto [Imagen: AINHOA DÍEZ RUIZ]

La violencia contra la mujer es una derivada del sistema patriarcal que subordina de forma estructural a la mujer y que presenta multitud de dimensiones, siendo la económica una de ellas.

El 25 de noviembre se celebra el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una de las diversas violencias que sufrimos las mujeres es la violencia económica. Es cierto que otros colectivos, como jóvenes o personas con edad avanzada, sufren también este tipo de violencia, pero como en otros muchos ámbitos, el hecho de ser mujer agrava y crea violencias específicas. Hay que tener en cuenta que la violencia contra la mujer es una derivada del sistema patriarcal que subordina de forma estructural a la mujer y que presenta multitud de dimensiones, siendo la económica una de ellas.

Dentro del ámbito de la pareja, por ejemplo, aparecen violencias relacionadas con el hecho de controlar los gastos y la gestión financiera de las mujeres, usurpación de su identidad, limitación del acceso a la información de las finanzas familiares o control de su desarrollo profesional. Esta violencia se produce también cuando se esconden los bienes patrimoniales o se utiliza el dinero para obligar a la mujer a mantener la relación con su maltratador. Este tipo de violencias pueden seguir después de la ruptura con el agresor, mediante el impago de la pensión de alimentos a los hijos e hijas o la dilatación de los procesos judiciales.

La acreditación de esta violencia económica es difícil ya que no existe, como ante una violencia física o psicológica, un certificado médico o un dictamen pericial que la certifique. Sin embargo, es más frecuente y con unas consecuencias más graves de lo que parece. Compromete la dignidad de la mujer. En sentencia del año pasado ya se fundamentaba de forma razonada la necesidad de modificación del Código penal en materia de violencia económica, pidiendo la tipificación de la violencia económica como un tipo de violencia machista de acuerdo al Convenio de Estambul.

La acreditación de esta violencia económica es difícil ya que no existe, como ante una violencia física o psicológica, un certificado médico o un dictamen pericial que la certifique.

Evidenciar y señalar las distintas violencias contra la mujer es un punto de partida, pero si no se trabaja y se regulan soluciones, no se puede avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria y justa para todos sus miembros. Es necesaria una protección real. Se necesitan plazas de acogimiento urgente y alojamiento temporal que permitan un mejor acompañamiento psicológico de estas mujeres, personal especializado que ayude con temas administrativos y su inserción en el mercado laboral. La educación y sensibilización a profesionales de la judicatura, colegios de notarios, bancos, empresarios, es un trabajo básico para avanzar. Su compromiso para actuar con sensibilidad ante estas violencias, en aspectos tan sencillos como el pago de salarios o dinero procedente de venta de inmuebles en la cuenta personal de las mujeres que sufren estas violencias o permitir la adopción de medidas de protección financiera para ellas, es imprescindible. También la administración tiene su papel. Recordar que la primera sentencia en el Estado español en la que se obliga a la impartición de justicia con perspectiva de género, es una resolución relativa a una víctima de violencia de género a la que se le había denegado la pensión de viudedad. Se puede hablar también de una violencia institucional contra la mujer.

Pero la violencia económica no sólo se percibe en el ámbito de la pareja, se extiende a otras esferas de la sociedad. En el ámbito laboral, la discriminación salarial constituye una agresión continua a la vida de las mujeres y a su economía. Se distingue una discriminación salarial a priori, por la existencia de factores que condicionan el acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres y una discirimación salarial a posteriori, cuando la mujer ya ha accedido a ese mercado laboral. Se infravalora el trabajo realizado por las mujeres tanto económica como socialmente. Baste sólo con un ejemplo de los muchos que se pueden referir; con datos del INE para 2019 el salario medio bruto era de 21.682,02.-€ para una mujer frente a los 26.934,38.-€ para un hombre. Otra vez aquí se compromete la dignidad de la mujer. La discriminación salarial es una realidad dificil de solucionar y que interpela a todos los sujetos sociales a una auténtica actitud de cambio. Bajo la apariencia de neutralidad, se producen perjuicios en las percepciones salariales de las trabajadoras cuyas consecuencias se dan tanto a lo largo de la vida activa como al alcanzarla jubilación.

Bajo la apariencia de neutralidad, se producen perjuicios en las percepciones salariales de las trabajadoras cuyas consecuencias se dan tanto a lo largo de la vida activa como al alcanzar la jubilación.

Es cierto que la discriminación directa ha quedado superada. Está ampliamente aceptado que a mismo trabajo, mismo salario. Sin embargo, la discriminación indirecta no se ha vencido. Cuando los trabajos son diferentes pero tienen el mismo valor, la retribución de quienes los desempeñen debe ser la misma, sin considerar las diferencias de género. Pero en la valoración de los puestos de trabajo persisten los prejuicios a la hora de decidir y valorar los factores a tomar en consideración. El registro obligatorio de salarios y auditorías salariales, así como los criterios a valorar en los sistemas de clasificación de los puestos de trabajo, que vienen regulados desde el año 2021, son una herramienta  disuasoria de esta descriminación retributiva.

La sociedad capitalista no sólo infravalora el trabajo remunerado que realiza la mujer, todo el trabajo de cuidados y reproductivo parece tener valor cero en nuestra sociedad. Este trabajo, impuesto a las mujeres, ha sido invisibilizado en el estudio de la realidad de tal manera que ni tan siquiera tenemos claro cómo podríamos incorporar su valor en el PIB nacional.

El diagnóstico de la realidad es un primer paso, pero desde nuestras organizaciones nos preguntamos muchas veces si es posible ir más allá. Podemos caer en el fatalismo. Parece que exista una fuerza superior que conecta unos problemas con otros haciéndolos irresolubles. No podemos dar solución a un problema sin que aparezca otro que hay que solucionar antes. Sin embargo, ese desaliento, esa frustración, no es buena para la transformación social.

Nuestra realidad es compleja, enredada en múltiples crisis que se superponen unas a otras, pero si no anteponemos la vida a la lógica heteropatriarcal, capitalista y colonial que rige en la actualidad, no podremos avanzar en el desarrollo de una sociedad más próspera para todos y todas. No basta con denunciar y hacer visibles estas violencias, tenemos que propiciar espacios y procesos participativos de hombres y mujeres, donde se fomente el diálogo positivo para lograr resolver las desigualdades. Educar para la transformación social, para transitar a otro modelo menos violento, es una forma de generar los cambios que buscamos.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/economia-justa/violencia-economica

Desde la sororidad y el amor: las ‘revolucionarias’ de la actualidad

 



CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta.- 
Ciudad de México.- Las mujeres revolucionarias de hace más de 100 años abrieron los caminos de resistencia, fueron las predecesoras de las actuales mujeres, jóvenes y niñas que rechazan los mandatos opresores, quienes se sostienen una a otras para generar sus propias revoluciones.

Este 20 de noviembre se conmemora el 112 aniversario de la Revolución mexicana, misma que sin la participación de las mujeres no habría logrado sus objetivos de reivindicación, justicia y libertad.

Entre las mujeres destacadas de este proceso recordamos a María de la Luz Espinoza Barrera, a quien 1910 le fue otorgado el grado de teniente coronel, por el general Emiliano Zapata, “al demostrar gran valentía, coraje y habilidad como jinete”, destaca la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

También tenemos a Carmen Vélez, conocida como «la Generala», quien comandó cerca de 300 hombres que lucharon en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Clara de la Rocha, quien fungió como comandante de guerrilla en 1911, durante la toma de Culiacán, Sinaloa. María Quinteras de Meras, quien participó en 10 enfrentamientos y alcanzó el grado de coronel en el Ejército Villista. Destaca además Petra Herrera, quien formó su propio ejército integrado por mujeres.
Fotografía: Sedena

Ellas participaron en un proceso de lucha y liberación. Y en la actualidad, las mujeres valientes continúan construyendo caminos por medio de la exigencia, el amor y la sororidad.

Aunque la lucha feminista precede por años a esta década, se ha podido ver con más fuerza en los últimos años la organización de mujeres y la creación de redes desde el acompañamiento y el cuidado.

Como ejemplo recordemos la Primavera Violeta de 2016, cuando un 24 de abril miles de mujeres marcharon en más de 40 ciudades mexicanas de manera simultánea. La militancia callejera se hizo presente ante el incremento de casos de feminicidio, la exigencia por una igualdad y la búsqueda de una vida libre de violencia.

Tampoco podemos olvidar la brillantada feminista en 2019, año en que el glitter se volvió el símbolo de las mujeres en la CDMX para demostrar que acompañadas defenderían a sus amigas, hermanas, madres y desconocidas que fueran violentadas por el sistema machista que por años las ha oprimido.
CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

Terremotos, tsunamis feministas que han marcado momentos históricos, como el realizado en 2020, meses antes de que el COVID-19 provocara un confinamiento masivo. Ese 8 de marzo miles de mujeres salieron a las calles, pintando de violeta los caminos que acompañaban bajo consignas de libertad, cubiertas por jacarandas que combinaban con la esencia de su andar.

El glitter, las voces, los carteles y los pañuelos son los elementos que acompañan a las nuevas revolucionarias, quienes de las manos de las otras han creado redes para lograr lo que hace 112 años también movió espíritus: libertad y justicia.

Reformas en materia de género no abrirán paso a vientres de alquiler: Aleida Alavez Ruiz

  

Diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena. Fotografía: Twitter @ALEIDAALAVEZ

Alavez Ruiz (del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena) es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Dicha comisión está encargada del proyecto de reforma en materia de género. En entrevista con Cimacnoticias, la diputada explicó que esta iniciativa ha estado en la Cámara desde 2018, pero se está retomando en esta legislatura; además, afirmó que se ha ido modificando conforme a las diferentes observaciones de sus compañeros y compañeras y de la sociedad civil.

En determinado momento, dichas observaciones se centraron en la inclusión del concepto «autonomía reproductiva» en el artículo 4o constitucional (una propuesta hecha por el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo). De acuerdo con Aleida Alavez, en sus primeras versiones, la iniciativa hablaba sobre dicha autonomía abarcando el tema de la reproducción asistida.

Esto desató diversos comentarios sobre la posibilidad de que la reforma abriera la puerta a la regulación federal de los vientres de alquiler. Como lo han revelado diversas investigaciones, este servicio suele traer diversas consecuencias físicas y emocionales para las mujeres que ofrecen sus vientres a otras; además, en México implica una amplia red de corrupción entre autoridades, pacientes y empresas privadas.

La diputada morenista afirma que, tras escuchar estos argumentos, se llegó a un consenso entre los diferentes grupos parlamentarios y se decidió omitir lo referente a la reproducción asistida. Ahora, asegura, la redacción hace énfasis en la calidad de la salud sexual y reproductiva y en garantizar el acceso a los servicios para cuidar de ella.

La posición de Aleida Alavez Ruiz sobre un señalado «borrado de mujeres»

Además de la discusión sobre los vientres de alquiler, otro de los aspectos polémicos sobre la propuesta de reforma constitucional es el llamado «borrado de mujeres«. Aleida Alavez reconoce que, en algún momento, las y los diputados propusieron el uso de la palabra «personas» en lugar de referir a hombres y mujeres. Sin embargo, aclara que esto nunca se propuso en un dictamen definitivo.

La legisladora afirma que se recibieron diversos comentarios sobre el sentido jurídico de hablar de mujeres y hombres y no de personas en general; también, sobre el hecho de que aquello que estaban haciendo podía considerarse borrado de mujeres. Esto provocó que se tomara la decisión de regresar a la redacción anterior.

Una disculpa si hicimos algo que se tradujera en esta apreciación, porque nunca fue la intención sino tener un lenguaje incluyente y no dejar a nadie fuera en una redacción que no contemplara a todas las personas.

Aleida Alavez Ruiz

Por otro lado, Alavez Ruiz afirma que coincide con las posturas de quienes hicieron esta corrección: «lo que no se nombra no existe», dice, y agrega que hay que reconocer la lucha por visibilizar que las mujeres.

A pesar de que se ha llegado al consenso en estos aspectos, la diputada declaró que aún se están recibiendo comentarios que son «más apreciaciones que determinaciones jurídicas» sobre temas como la libre determinación de una persona. También lamentó que muchos de ellos sigan basándose en versiones anteriores cuando el dictamen definitivo aún no se ha concluido.

Cámara de Diputados. Fotografía: Facebook oficial del Honorable Congreso de la Unión.
La propuesta de reforma ha estado congelada en el Congreso desde 2018; recientemente ha recibido diversos comentarios por parte de activistas y abogadas feministas, además diversas organizaciones e instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fotografía: Facebook oficial del Honorable Congreso de la Unión.

Es imposible llegar a acuerdos absolutos

Desde la perspectiva de la legisladora de Morena, el encuentro entre estas opiniones divididas es normal tomando en cuenta que hay diferentes posturas acerca de los temas planteados en la reforma. También es natural que, debido a estas diferencias, no se logre llegar a un acuerdo absoluto.

«Lamentablemente no vamos a llegar al momento en el que todas y todos estén de acuerdo. No hay tal», advierte la diputada, poniendo como ejemplo la postura abolicionista y las ideas de derecha sobre los derechos sexuales y reproductivos.

A pesar de ello, de acuerdo con Aleida Alavez, en el proceso de revisión de la propuesta se han realizado mesas con organizaciones como Save the Children, instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y «grupos de feministas», aunque no especificó cuáles. De igual forma, en la legislatura anterior se llevó a cabo un parlamento abierto.

Todos estos actores han revisado la redacción de la propuesta «para además cerrarle la puerta a interpretaciones que no dan cabida a lo que estamos nosotros dejando en una redacción muy puntual», dijo Alavez Ruiz a Cimacnoticias, y añadió: «siguen señalamientos de todo tipo, pero yo creo que tenemos la obligación de llegar a un trabajo ya más acabado».

No obstante, esta última versión aún no está lista. Tampoco hay consenso sobre todos los puntos; es por eso que el proyecto de reforma se dividirá en tres partes:

  • Una primera «en materia de igualdad sustantiva y género«, que incluye todos los artículos donde se aborda la paridad en el gobierno, el lenguaje incluyente, la Ley 3 de 3 para el servicio público, entre otros temas ya consensuados.
  • La segunda sobre el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la diversidad de familias que conforman la sociedad
  • Finalmente, un apartado en materia de derechos sexuales. Tanto en este como en el segundo apartado se incluyen temas alrededor de los cuales aún no hay consenso entre los grupos parlamentarios.

Estos tres dictámenes se votarían de manera separada. Sin embargo, aún no se ha deliberado al respecto. Y, aunque se fijó el 25 de noviembre como una fecha tentativa para su presentación, tal como afirmó la diputada Amalia García, no es un hecho que esto vaya a suceder.

Aleida Alavez afirmó que ya tienen cerca de un año discutiendo sobre este proyecto. Eso, más el tiempo que tomó armar la propuesta inicial en la legislatura anterior. Durante ese periodo se constituyó el grupo de igualdad sustantiva, del cual es coordinadora.

De hecho, fue este grupo de donde emanó la propuesta de trabajar la reforma constitucional, la cual incluye iniciativas de los diferentes partidos políticos. No obstante, el dictamen sólo se dio a conocer entre comisiones y nunca llegó a pleno. Ahora se ha vuelto a trabajar a raíz de la propuesta de Alavez Ruiz para retomarlo.

Estas 50 iniciativas que impactan en 28 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya han sido revisados por las diputadas Blanca Alcalá Ruiz, Elizabeth Pérez Valdez, Mirza Flores Gómez, Joanna Felipe Torres y Julieta Vences Valencia, entre otras más. De pasar por el pleno de la Cámara de Diputados llegaría al Senado y, de ahí, se iría a discusión a los congresos estatales. Si esto no sucede, nuevamente se quedará congelada.

María Teresa, una de las hermanas Mirabal, juntas enfrentaron la dictadura de Trujillo. Cobertura Especial #25N

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Ciudad de México.“Se arriesga la vida sin pensar en posibles beneficios personales, ya que el principal motivo por el cual luchamos es la anulación completa de los privilegios […] quizá lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta: seguiremos luchando por lo justo”, aseguraba María Teresa Mirabal Reyes, la más joven de las hermanas Mirabal, tres mujeres que enfrentaron la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en República Dominicana

María Teresa, junto a sus hermanas, nació en el pueblo Ojo de Agua, localizado en el municipio de Salcedo. Desde pequeña tuvo especial inclinación por el estudio de las ciencias y las matemáticas, su sueño era convertirse en una profesional de la ingeniería; sin embargo, Trujillo Molina acabó con sus planes. 

La Casa Museo Hermanas Mirabal, fundada en honor a las tres hermanas también conocidas como ‘Las Mariposas’, destaca que María Teresa se interesó en la Escuela Primaria de Ojo de Agua por los números, “manifestando una enorme curiosidad por los fenómenos naturales”. 

“Era famosa en su familia por su memoria gráfica y por sus habilidades para el cálculo. Eso la llevó -luego de terminar su bachillerato en Ciencias Naturales en Santiago- a hacer otro bachillerato en Ciencias Físicas y Matemáticas, que le permitiera ingresar en la carrera de Ingeniería de la Universidad de Santo Domingo”. 

En 1958 contrajo matrimonio con Leandro Guzmán con quien tuvo a su única hija, Jacqueline Guzmán Mirabal. La dictadura que envolvió a su país por más de 30 años oprimió al pueblo dominicano la empujó a que, junto a sus hermanas, confabulara las bases de lo que más tarde sería el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, con el que se derrocó a Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. 

Cabe destacar que la dictadura de Rafael Trujillo es recordada como una de las más violentas en América Latina, sus actos de represión y duras políticas dejaron un saldo de cerca de 50 mil personas muertas de acuerdo con el Centro Nacional de Registro de Víctimas, Torturados y Desaparecidos de República Dominicana.

El camino para llegar al derrocamiento de Trujillo no fue sencillo para las hermanas Mirabal, quienes en reiteradas ocasiones intentaron ser silenciadas. En 1960 María Teresa fue arrestada junto a Minerva y las parejas de ambas, pero tras presiones sociales fueron liberadas, mientras que sus esposos permanecieron en prisión

Fue el 25 de noviembre del mismo año cuando las tres hermanas volvían de visitar en prisión a los esposo de María Teresa y Minerva, cuando fueron interceptadas por un grupo de hombres, quienes las golpearon y asesinaron, para posteriormente arrojarlas a un barranco al interior del jeep en el que viajaban. 

El asesinato de “Las Mariposas” causó gran conmoción en el país y a nivel internacional, por lo que en 1981 se realizó el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, donde se propuso establecer el 25 de noviembre como el Día de Lucha Contra La Violencia Hacia las Mujeres, quedando instaurado oficialmente en 1999.

Así, a la edad de 25 años María Teresa fue asesinada por una dictadura que le impidió luchar por sus ideales y realizar sus sueños. 

¿Quieres leer más sobre Minerva y Patria Mirabal? Visita los siguientes enlaces: 

Minerva Mirabal, abogada y defensora contra la dictadura de Trujillo. Cobertura Especial #25N

Patria Mirabal, la mayor de las hermanas que marcaron el fin de una dictadura

Congreso busca ampliar Ley Olimpia y castigar intentos de difundir contenido íntimo

sinembargo.mx

Los diputados avalaron una modificación al Artículo 20 Quáter de la Ley Olimpia, en el cual se establece que el sólo hecho de extorsionar o amenazar a una mujer con difundir material con contenido sexual de su persona sin su consentimiento será considerado un delito.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Congreso busca incluir el delito de “sextorsión” en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también conocida como Ley Olimpia, al añadir este concepto en el catálogo de delitos que comprende esa Ley.

Los legisladores aprobaron el miércoles esta medida en la Cámara de Diputados. Al hacerlo destacaron que lo que buscan es contar con mayores herramientas para combatir la violencia digital.

Se trata de una modificación al Artículo 20 Quáter de la Ley Olimpia, en el que se establece como delito “la acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer a exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”.

La iniciativa avalada en San Lázaro, que se envió al Senado de la República para su eventual aprobación, define a la sextorsión como una conducta que violenta, vulnera y transgrede los Derechos de las mujeres en México, por lo que los legisladores consideraron necesario que se implementen acciones y políticas pública con el fin, señalaron, de acabar con los intentos de exhibir contenidos sexuales sin consentimiento.

Los legisladores argumentaron que su objetivo es “ampliar el concepto de Violencia Digital”, para lo cual incorporaron a “esta modalidad de violencia aquellas acciones que tiene como propósito amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una persona mayor de edad con exponer, distribuir, difundir , exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audio o videos reales o simulados de contenidos íntimo sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, esto con el objetivo de obtener un lucro o beneficio”.

Aunque Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya tomaba en cuenta la distribución, difusión, exhibición, intercambio, etcétera de fotos, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su autorización o consentimiento, la propuestas que aprobaron los diputados establece que basta con extorsionar o amenazar a una mujer con difundir ese material para que sea considerado un delito.

“Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, si su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocionales cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia”, se indica en la ley vigente.

En la misma se agrega que “así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”.

En la propuesta de la iniciativa se agrega el siguiente párrafo:

“También se considera violencia digital la acción de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una persona mayor de edad con exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar, o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de su persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, esto con el objetivo de obtener un lucro o beneficio”.

Del lado izquierdo, la Ley vigente; del derecho la propuesta de reforma.

La propuesta, presentada el 30 de junio de 2022, por las diputadas Julieta Cristal Vences Valencia, Alma Anahí González Hernández y el Diputado Wilbert Alberto Batún Chulim, integrantes del grupo parlamentario de Morena, refiere que, de acuerdo con la definición establecida por la Organización de las Naciones Unidas, la “sextorsión” es una “actividad que supone el chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza de publicar compartir imágenes íntimas que de ella tiene”.

Asimismo, subraya que tal conducta “transgrede diversos derechos humanos y fundamentales que tienen las personas que se encuentran al interior del Estado Mexicano, como son la dignidad, la privacidad, la intimidad personal y el derecho a una vida libre de violencia de género”.

Fue el 1 de junio de 2021 cuando entró en vigor a nivel nacional la llamada Ley Olimpia, con el objetivo de combatir el acoso digital, por lo que en la misma se establecieron penas de entre tres y seis años de prisión a toda persona que difunda imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.

La Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla como delito el grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización de la persona implicada de este tipo de materiales. Además, sanciona la violencia mediática, a la que define como una agresión por cuestiones de género a través de un medio de comunicación o que sirva como difusor de esta.

Asimismo, entre las disposiciones y anexos de la legislación se menciona que en 19 de los 32 estados de México ya se prevé la violencia digital en su legislación estatal, así como un castigo para quien incurra en el mismo. Por ejemplo, las penas en prisión va de los tres a los seis años, mientras que las multas que contempla varían de los 44 mil 810 pesos a los 89 mil pesos.

Previo a la determinación a nivel nacional, el 3 de diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia para que la misma se aplicara, por primera vez, en la capital mexicana, lo que sucedió en enero de 2020.

La llamada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también se conoce como Ley Olimpia debido a que fue impulsada por la activista Olimpia Coral Melo Cruz, una mujer originaria de Huachinango, Puebla, de 27 años de edad, quien luego de ser víctima de violencia sexual digital encabezó una ardua lucha en contra del acoso y la agresión sexual en medios digitales.

Olimpia Coral empezó su lucha cuando tenía 19 años, al impulsar una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla para tipificar como delito la violencia sexual digital y el ciberacoso, de la que fue víctima en 2013, cuando su entonces novio publicó un video sexual de ambos sin su consentimiento.

En él sólo se mostraba su rostro y en poco tiempo se viralizó, por lo que Olimpia cayó en una depresión muy fuerte. Sin embargo, cuando se presentó ante las autoridades para ejercer alguna acción penal, las autoridades le dijeron que su demanda no procedería, pues no estaba bajo ninguna sustancia y tampoco habían sufrido violencia sexual en el acto, por lo que al no contemplarse en el Código Penal de ese momento no había infracción que perseguir.

Junto con otras mujeres, Olimpia creo el Frente Nacional para la Sororidad con el objetivo de apoyar a más personas víctimas de violencia sexual digital, esfuerzo que vio la luz el 22 de enero de 2020 cuando por primera vez entró en vigor en la Ciudad de México. Sin embargo, fue hasta el 1 de junio de 2021 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a nivel nacional.

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.