11/25/2023

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, «las Mariposas» con causa

 

Ciudad de México.- El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una fecha muy latinoamericana y fue desde el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981, cuando se tomó la decisión de instaurar esta fecha en honor a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana un 25 de noviembre de 1960 por su activismo político en contra del régimen militar que controló la isla entre 1930 y 1961.

Su único delito fue haber luchado por sus derechos contra el dictador. En esa fecha, Patria de 36 años, Minerva de 34 y María Teresa de 26 fueron capturadas por un grupo a cargo del general José René “Pupo” Román, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, cuando regresaban a casa después de visitar a sus parejas en la cárcel de Puerto Plata. Las golpearon, asesinaron y arrojaron el auto en el que viajaban a un barranco, para hacer pasar el hecho como un accidente.

Nadie creyó esta farsa. El asesinato de las hermanas Mirabal conmocionó a la sociedad dominicana que, cansada del régimen militar y en medio de una ola de rebeliones en América Latina motivada por los levantamientos sociales de finales de la década de los 50 -en especial la revuelta organizada en contra de Fulgencio Batista en Cuba-, terminó emboscándolo el martes 30 de mayo de 1961, suceso que se conoce como ‘el ajusticiamiento’.

Por miedo al derrocado régimen y al momento de transición política, los homenajes a las hermanas Mirabal tardaron en llegar en la isla caribeña. Sin embargo, ahora son un símbolo de lucha en República Dominicana.

En 2007 se cambió el nombre de la provincia de Salcedo, donde las asesinaron, por el de Hermanas Mirabal; sus restos descansan en un mausoleo que fue declarado extensión del Panteón Nacional; el gobierno dominicano ha emitido cuatro billetes en su honor (2007, 2009, 2010 y 2013) y el monumento colocado en una céntrica vía de Santo Domingo es punto de encuentro en el peregrinaje de muchas mujeres que cada 25 de noviembre se manifiestan contra los abusos de género, la violación y el acoso sexual por parte de los Estados, incluyendo la tortura y la prisión por razones políticas.

Las Mariposas, cómo se hacían llamar en el movimiento político, ahora es un símbolo internacional de lucha, de fuerza, resiliencia y transformación de las mujeres.

Acoso sexual y político

Minerva Mirabal, tenía 23 años cuando conoció al dictador Rafael Leónidas Trujillo, alias “El Chivo”, uno de los dictadores en la historia de América Latina, en una recepción en honor al general a la que fue invitada su familia en 1949. Desde que el general vio a Minerva comenzó a cortejarla, luego, ante el rechazo de la joven, el cortejo pasó al acoso sexual, luego a la vigilancia, persecución, acoso a su familia y amigos cercanos, amenazas, hasta el asesinato.

En ese tiempo, las hermanas Mirabal, estudiantes universitarias, ya tenían una intensa actividad política en contra del régimen militar, formaban parte del Partido Socialista Popular (PSP) y participaban en la conformación del movimiento del 14 de junio, que pugnó por la liberación de República Dominicana, llamado así en honor a una expedición armada proveniente de Cuba que llegó a República Dominicana en dicha fecha.

Las hermanas jugaron un papel clave en la disidencia y eran conocidas como “Las Mariposas”.

En este contexto, Minerva solicitó al dictador que terminara el acoso judicial en contra de Pericles Franco, uno de los fundadores del PSP, encarcelado en diversas ocasiones y amigo íntimo de Minerva. En lugar de atender la petición de Minerva, el acoso y persecución contra sus cercanos incrementó, la mismas hermanas Mirabal entraron y salieron de la cárcel varias veces.

El gobierno opresor encabezado por Trujillo encarceló a todos los disidentes e involucrados en la creación de la Agrupación 14 de junio. Más de un centenar de personas fueron torturadas y varios perdieron la vida. La presencia de varios miembros de las familias más acomodadas de la isla entre los presos -como la de las hermanas Mirabal-, incrementó la presión social ante el gobierno de Trujillo y posteriormente muchos fueron liberados, aunque la vigilancia gubernamental y el acoso policiaco continuaron.

En 1960, un 21 de enero, las hermanas Mirabal y sus esposos fueron detenidas y puestas en prisión, después ellas fueron liberadas, pero sus esposos fueron juzgados por atentar contra la seguridad del estado dominicano y condenados a tres años de prisión. En una de estas visitas a la prisión, fue cuando las capturaron y asesinaron.  

Pañuelos de seda y palos

Cuatro hombres esperaban a las hermanas Mirabal en la carretrea, a punta de pistola fueron obligadas a subir a otro auto. Las llevaron al patio de la casa de Minerva y María Teresa, en La Cumbre, provincia de Salcedo, donde el teniente Víctor Peña Rivera repartió pañuelos de seda entre sus tres compañeros «para ahorcarlas».

Agonizantes, las remataron a palazos. Los cuerpos de las hermanas y de su chofer fueron cargados en su automóvil y luego sería arrojado al fondo de un barranco para simular un accidente y atribuirle los golpes mortales.

El testimonio de uno de los asesinos es demoledor. Ante el tribunal de justicia en junio de 1962, el cabo de policía Ciriaco de la Rosa, relataba:

“Después de apresarlas, las condujimos al sitio cerca del abismo, donde ordené a Rojas Lora que cogiera palos y se llevara a una de las muchachas. Cumplió la orden en el acto y se llevó a una de ellas, la de las trenzas largas, María Teresa. Alfonso Cruz Valerio eligió a la más alta, Minerva, yo elegí a la más bajita y gordita, Patria, y Malleta al chofer, Rufino de La Cruz. Ordené a cada uno que se internara en un cañaveral a orillas de la carretera, separadas todas para que las víctimas no presenciaran la ejecución de cada una de ellas. Traté de evitar este horrendo crimen, pero no pude, porque tenía órdenes directas de Trujillo y Johnny Abbes García. De lo contrario, nos hubieran liquidado a todos”.

Ninguno de los asesinos tuvo castigo. Los instigadores y autores materiales, condenados en junio de 1962 a treinta años de prisión, apenas cumplieron dos. Escaparon en masa aprovechando un levantamiento militar: un alto jefe les abrió la puerta de la Fortaleza Ozama, donde estaban recluidos. Y se dispersaron para siempre.

Esposas, madres y activistas

Si bien, las hermanas Mirabal tuvieron estudios universitarios y fueron activistas políticas, la más activa fue Minerva, abogada y fundadora del Movimiento Revolucionario 14 de junio junto con su esposo Manolo Tavárez Justo, un estudiante de derecho opositor al régimen, con quien se casó en 1955.

La hija de Minerva, Minou Tavárez Mirabal, se convirtió al crecer en diputada y viceministra de Relaciones Exteriores.

“Me consuela pensar que no se equivocó mi madre ante las advertencias que se le hacían sobre lo peligroso que era enfrentarse a Rafael Leónidas Trujillo”, señaló en un discurso de 2006, “contestaba siempre con la misma frase: ‘Si me matan, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte’”.

Aunque se conoce a las tres hermanas Mirabal, en realidad son cuatro. Bélgica Adela ‘Dedé’ no era activista, por tanto no fue apresada por la dictadura y sobrevivió a sus hermanas, sin embargo ella ha sido clave para mantener la memoria de sus hermanas. En el libro Vivas en su Jardín, escribió acerca de los actos revolucionarios de sus hermanas, y preservó su recuerdo en un museo, la Casa Museo Hermanas Mirabal, en su ciudad natal, Conuco. Murió en febrero de 2014 a los 88 años.

La historia de Las Mariposas, ha trascendido a libros y películas, una de ellas con el mismo nombre (2001) es protagonizada por Salma Hayek como Minerva y Edward James Olmos como Trujillo, otra es Trópico de Sangre (2010), protagonizada por Michelle Rodríguez en el papel de Minerva.

Violencia contra las mujeres

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), más de 133 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja o un familiar cada día durante 2022, en todo el mundo y de estos feminicidios el 53 por ciento se cometió en sus hogares.

Al menos 200 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina en los 31 países en los que se concentra esta práctica.

En 2020, por cada 10 víctimas de trata de seres humanos en el mundo, cuatro eran mujeres adultas y alrededor de dos eran niñas. La mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual detectadas (el 91%) son mujeres. 

Señora, no. Candidata

 

,.Ciudad de México.- Durante un programa de Grupo Fórmula, la precandidata de Morena a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, tuvo una conversación con el periodista Joaquín López Dóriga, en la que se abordó el tema de la paridad de género en la candidatura y el comunicador afirmó «que no había ganado la encuesta» frente a su contrincante, ella le pidió evitar caer en discursos de misoginia, no obstante el comunicador al menos cuatro veces se refirió a ella como «señora», en vez de llamarla candidata, lo que desmerece la participación política de las mujeres.

Llamarle “señora” a una mujer implica despojarla del valor simbólico de su trayectoria, incluso tiene una carga para deslucir, pues puede utilizarse en sentido despectivo cuando sustituye su cargo o carrera. Clara Brugada no es madre y no se ha casado, criterios ampliamente aceptados en una sociedad patriarcal y que son asignados al valor de las mujeres.

Cabe señalar que la paridad de género en la política mexicana es un derechos constitucional, no obstante, López-Dóriga pretendía cuestionar la legitimidad del triunfo de Clara Brugada para contender, tras los resultados de la encuesta interna de Morena, sin tomar en cuenta que la exalcaldesa de Iztapalapa fue la mujer aspirante más competitiva de todo el país, su perfil así como su trabajo la colocó en las encuestas como la mujer con mayores preferencias a nivel nacional, entre todas las entidades que se disputan rumbo al proceso electoral del 2024, por lo que la competitividad y conocimiento fueron las cualidades fueron que le otorgaron la candidatura.

Cabe señalar que la fracción IX del Artículo 20 Ter, del Capítulo IV BIS relativo de la Violencia Política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considera en este rubro entra el: «difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos».

Además el concepto de «señora» para evitar el cargo efectivo y vigente de una mujer en la política lleva un estereotipo de género que remite a la intrusión de ellas al espacio público, es decir, se le mira como ajena porque reafirma que el espacio aceptable para ellas es en el hogar, en el espacio privado y se vacía de la trayectoria recorrida.

En una entrevista al aire se trató el tema del criterio de paridad de género con el que la exalcaldesa en Iztapalapa fue designada como precandidata para gobernar la capital del país, pero el comentario de Clara Brugada encendió los ánimos del periodista, quien expresó con enojo: “con todo respeto, no le permito que a mí me califique de misógino. Yo soy producto de la educación de mi madre. Entonces, nada más se lo digo”, comentario que recibió la morenista con una actitud calmada.

La precandidata morenista a la CDMX fue la invitada y lo que inició como una conversación rutinaria del noticiario, terminó en un elevado tono de parte de López Dóriga, luego que Clara Brugada le pidiera evitar caer en discursos de misoginia, por lo que el periodista ejerció una serie de discursos importantes contra Clara Brugada.

El choque se debió cuando el comunicador cuestionó a la alcaldesa de Iztapalapa con licencia: “Déjeme hacerle esta pregunta que es de puro sentido común. Usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género, ¿cómo cree usted o cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios?”.

Señora, señora…

Con voz pausada y tranquila, Brugada Molina, respondió: “La encuesta que importa justamente es la que ahorita se está dando y en las que estoy ganando por mucho. Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia, como del tema de que ganamos por género”.

“La paridad de género no es un acto de caballerosidad o que los hombres nos regalen candidaturas. Es un acto de justicia hacia las mujeres”, precisó la morenista.

Sin embargo, López-Dóriga inmediatamente se incomodó y la increpó: “Nada más déjeme fijarle, Clara, dos cosas, a mí no me puede señalar de misoginia, primero porque no me lo merezco, porque nunca lo he sido”.

El periodista le pidió que le diera un ejemplo de su presunta misoginia, por lo que la morenista respondió con calma: “La manera como usted expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta. Discúlpeme, en Morena, afortunadamente, se definió la paridad de género como un criterio, entonces no caigamos en los relatos que dicen que ganar por género no es lo importante”.

Tras la explicación, el conductor no se conformó y siguió con su enojo contra la precandidata, y le señaló: “Dicho lo cual, señora, porque nadie me ha podido señalar, porque nunca lo he sido, yo soy producto de la educación de mi madre”, en ese momento interviene Clara Brugada y le menciona: “Pues cada quien, no, defiende con sus actos, con sus palabras…”.

Ante ese comentario, López Dóriga se moletó aún más y le responde: “No, señora no” y la cuestionó si iba a discutir al programa, mientras ella le pidió que no se enojara: “Yo vengo a responder lo que usted me pregunta, estamos platicando con todos que la gente me conozca…”, pero el periodista la interrumpió: “Señora, usted cree, Clara, Clara, véanla. Yo no me enojo, yo soy un profesional”.

Sin embargo, a Clara Brugada no le agradó el que López Dóriga dijera “véanla” y en tono calmado le señaló: “No se vale eso, tampoco, eh, nada de que véanla”.

Luego, López Dóriga le pidió reiniciar la entrevista, pero volvió a preguntar el tema que derivó en el pleito: “¿No cree que habiendo perdido la encuesta entre los suyos en Morena, se le pueda dificultar ganar la elección en la CDMX?”.

No obstante, una vez más, Clara Brugada le respondió: “Actualmente, en todas las encuestas que están saliendo, voy arriba por muchos puntos, fue lo primero que le contesté. La encuesta más importante es la que ahorita está pasado y vamos ganando y por mucho, entonces ante su pregunta si se me va a dificultar, la respuesta es no”.

La madrugada del 11 de noviembre, la dirigencia nacional de Morena difundió los resultados de las tres encuestas que aplicó para medir a los cinco aspirantes a la candidatura a la Jefatura de Gobierno. En los tres ejercicios ganó el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, por un promedio de 14 puntos.

No obstante, y después de los resultados de las encuestas para medir a los aspirantes de las otras ocho entidades donde habrá elecciones a gobernador, la dirigencia morenista aplicó la regla de paridad de género y decidió que Brugada, con un conocimiento entre la gente de 26%, sería la elegida para aparecer en la boleta electoral de las elecciones del 2 de junio del 2024.

¿Por qué es importante el principio de paridad?

Hasta el 2020, en México solo se habían elegido siete mujeres como gobernadoras y dos más que habían sido designadas para cumplir ausencias de gobernadores o del jefe de gobierno en la Ciudad de México y en ese mismo periodo de tiempo se habían elegido 350 hombres para gobernar las distintas entidades federativas.

-Griselda Álvarez Ponce de León (1979-1985), gobernadora en Colima

-Beatriz Paredes Rangel (1987-1992), gobernadora de Tlaxcala

-Dulce María Sauri Riancho (1991- 1993), gobernadora de Yucatán en sustitución de Víctor Manzanilla Schaffer

-Rosario Robles Berlanda (1999-2000), jefa de gobierno de la Ciudad de México en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas.

-Amalia García Medina (2004-2010), gobernadora de Zacatecas

-Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), gobernadora de Yucatán

-Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021), gobernadora de Sonora

-Claudia Sheinbaum Pardo (2018-2023), jefa de gobierno de la Ciudad de México

-Martha Erika Alonso Hidalgo, el 24 de diciembre del 2018, a dos semanas de asumir la gubernatura de Puebla murió en un accidente en una aeronave en la que viajaba.

En el 2021 de 15 gubernaturas, seis mujeres ganaron por elección popular:

-Maru Campos en Chihuahua

-Evelyn Salgado en Guerrero

-Indira Vizcaíno en Colima

-Lorena Cuéllar en Tlaxcala

-Layda Sansores en Campeche

-Marina del Pilar Ávila en Baja California

Ese mismo acuerdo lo llevaron a cabo en el 2022 y de 6 entidades federativas, dos mujeres llegaron a las gubernaturas.

-Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes

-Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo

Lo mismo sucedió en el 2023 con:

-Delfina Gómez en el estado de México

Por tanto, si se considera una análisis en retrospectiva en tres años se propició la participación política de nueve mujeres gobernadoras a diferencia de los 68 años anteriores que solo se habían tenido siete.

¿Probamos?

 ,.¿Está preparado México para que lo gobierne una mujer?, me pregunta el reportero. Le cambio la pregunta, contesté, ¿está preparado México para que lo gobierne otro hombre?

Permítame aclarar que de ninguna manera creo que el solo hecho de ser mujer te haga mejor o peor que un hombre. El sexo con el que nacemos no determina si tendremos honestidad, respeto por los derechos humanos, empatía, inteligencia. Nada. No determina nada. Pero muchísimas personas sí lo creen.

No es algo nuevo. En la Antigüedad y en la Edad Media se sostuvo que el sexo con el que se nace viene en paquete con una serie de cualidades y aptitudes. Sin embargo, esas ideas comenzaron a cuestionarse desde el siglo XVII. Leyó bien: siglo diecisiete.

En esa época, se plantea que teníamos inteligencia, Razón (así, en mayúscula), lo cual abrió la puerta a poderosos conceptos como: igualdad, libertad, universalidad, ciudadanía y a la democracia moderna, que terminaba con la creencia de que el gobierno le correspondía a una familia -el rey y su descendencia o parentela masculina- por designio divino.

Y ahí estaban mujeres pariendo también esas ideas. Marie le Jars de Gournay con su texto Sobre la igualdad de hombres y mujeres (1622) critica la jerarquía sexual desarrollada a partir de la falta de formación y conocimientos de las mujeres (recordemos que teníamos prohibido aprender a leer y escribir).

Años más tarde, François Poullain de la Barre, proclama que “la mente no tenía sexo” (1673) y que, salvo diferencias genitales, no había ninguna diferencia sustancial entre los sexos.

Eso abrió un debate que, por increíble que parezca, llega a nuestros días. Y aparece con toda claridad cuando una mujer, la que sea, se postula para gobernar lo mismo un municipio, un estado, un país o una empresa.

Se parte del supuesto que los hombres, solo por nacer hombres, son capaces de gobernar. Y, por el contrario, las mujeres, solo por nacer mujeres, no lo somos.

Por eso, nadie se preguntó si después de Hitler deberíamos dejar un gobierno en manos de un hombre. O después de Mussolini o Stalin o Trump o… piense usted en cualquier apellido de gobernantes mexicanos.

Sin embargo, basta que una mujer tenga posibilidades de llegar al poder para que surja la pregunta.

Y en México ahora surge a menudo, porque obligamos legalmente a la paridad (2014) y ensanchamos el camino con la paridad en todo (2019), que obliga a los partidos políticos a postular por igual mujeres y hombres a gubernaturas.

Lo que hay de fondo en esa pregunta y en muchos cuestionamientos que se hacen a las mujeres que quieren gobernar (o que ya gobiernan), es que no se termina por reconocernos como iguales. Igualmente humanas. Igualmente personas.

Porque, si partiéramos de la idea de que somos igualmente humanas que los humanos, daríamos por supuesto que podemos ser tan buenas o tan malas, tan honestas o tan corruptas, tan capaces o tan incapaces como cualquier señor que aspire a gobernar.

Pero, si se insiste en pensar que el sexo es lo que define la capacidad para gobernar, diría que: a) la evidencia en nuestro país muestra lo contrario, y b) aunque sea para variar, a partir de ahora todos los cargos de poder deben quedar en manos de mujeres, hasta que la evidencia muestre lo contrario ¿Probamos?

La deuda de la humanidad hacia las mujeres es la violencia

 

,.A dos días de la conmemoración de 25 de noviembre es imposible no hablar de la deuda que tiene la humanidad para cerrarle el paso al permiso de dañar a las mujeres.

Porque en la medida que tenemos más evidencia de esta violencia, es terriblemente doloroso ver la crueldad con la cual nos lastiman en cualquier parte de este mundo y cómo, nuestros agresores son protegidos y disculpados, pero para nosotras, que somos a quienes violentan nos siguen exigiendo demostrar el maltrato, como si no compartiéramos lo humano.

Cualquiera puede ir a denunciar el robo de un objeto y no pondrán en duda el dicho, pero si una mujer denuncia violencia no le creerán fácilmente, tendremos que demostrar esa violencia y aun cuando sea evidente el maltrato, pesará sobre ella la responsabilidad de la agresión y no en el agresor.

Estas miradas y comentarios de… quién sabe, ¿qué habrá hecho?, ¡ella se lo busco!, nos han acompañado a lo largo de la historia, como tótems, aún cuando el razonamiento humano avanza, los estigmas sobre la violencia contra las mujeres no lo hacen con la misma velocidad.

Reconocer a la violencia contra las mujeres como un atentado contra la humanidad es el pendiente civilizatorio que tenemos hoy en día.

Pues pese a toda la evidencia que hemos proporcionado las mujeres de los impactos individuales, colectivos y globales que genera la violencia contra las mujeres se sigue mirando como un hecho menor que afecta a unas cuantas y en ciertos lugares, ocultando la dimensión sistémica de la violencia.

Es tan ominoso lo que vivimos las mujeres en todo el mundo, que la iniciativa feminista latinoamericana de declarar un día al año para llamar la atención sobre los impactos terroríficos de la violencia contra las mujeres y la responsabilidad de los Estados en ello, se convirtió en un hecho mundial. No hay país donde no haya una acción al respecto.

Pasó de ser una acción de las feministas a una fecha de relevancia en la agenda internacional de los derechos humanos de manera más o menos rápida.

42 años después de que se creara el 25 de noviembre como el Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos siguen dañando, nos compran y venden como mercancías, nos lastiman el cuerpo, la autoestima, la vida completa frente a todo el mundo.

Porque aun cuando hemos avanzado y logrado recuperar nuestro derechos educativos, laborales, a nuestro propio dinero, a nuestras propiedades, estar en el mundo público, y todo lo que hoy hemos logrado, la violencia está pegada a nuestras vidas como el gran dique para el reconocimiento pleno de nuestra humanidad.

Y por más que intentamos sacudírnosla, no lo logramos porque no podemos solas, si el resto de la humanidad no se la sacude.

Y para sacudirlo hay que sancionar socialmente el daño contra la mitad de la población que somos las mujeres. Garantizar que niñas y niños crezcan reconociéndose iguales en derechos y valía.

Donde los Estados, los gobiernos, la ciudadanía deje de voltear la cara a otro lado cuando las mujeres salgan a las calles para gritar queremos vivir libres y plenas.

Un sistema putrefacto de arriba abajo. El Verdugo de Alejandra Cuevas

 

En un testimonio valiente y honesto, Alejandra Cuevas, presa por un delito inexistente durante 528 días, devela la podredumbre del sistema de justicia desde las altas esferas hasta los pasillos obscuros y las celdas sobrepobladas de las cárceles.

Su libro, El Verdugo, deja en claro la injusticia atroz de un sistema penal convertido en arma de venganza que padecieron ella y su familia, nos obliga, a la vez, a mirar detrás de los discursos y leyes que justifican el encarcelamiento de miles de personas en nombre de la “justicia”, la “reparación del daño“ o “el bien de la sociedad”.

Contra el populismo punitivista que en los últimos años en México ha atraído a tantos (incluso a mujeres que se dicen feministas), libros como éste corrobaran lo que múltiples estudios del sistema penitenciario mexicano han documentado, con la gran ventaja y acierto de compartir esta mirada crítica  y este conocimiento doloroso y necesario, con un público más amplio.

Las pésimas condiciones de la población carcelaria en México y en América Latina son de sobra conocidas  – y no por ello cambian. Elena Azaola, estudiosa de este espacio de marginación y sufrimiento, documentó en 2021, por ejemplo, cómo el punitivismo, con su endurecimiento de penas y ampliación de delitos sancionados con cárcel, ha llevado desde los años 90 al incremento del encarcelamiento, a la sobrepoblación y pérdida de control del Estado en muchos penales, y al empeoramiento de las condiciones de vida en ellos, que afecta más a las mujeres para quienes la justicia “es más lenta” y quedan años encarceladas sin sentencia.

Las cárceles son tan terribles por infrahumanas que, además de evitar el punitivismo y la prisión preventiva oficiosa, entre sus recomendaciones Azaola incluye asegurar “el abasto de agua y de alimentos suficientes y de buena calidad”, atención médica y otras necesidades básicas para cualquier ser humano.

En El Verdugo, donde también cuenta su caso y el de su familia, perseguidas por el fiscal general de la república, Alejandra Cuevas recupera sus diarios de esos meses en Santa Martha Acatitla. Muestra lo que significan el hacinamiento, el maltrato y las “condiciones infrahumanas” que se imponen a las presas, incluso en un penal considerado menos terrible que otros. Desde su arresto ilegal hasta su salida, el trato por parte del personal policiaco y penitenciario fue casi siempre hostil, agresivo o de plano grosero, como si parte del castigo fuera humillar e insultar.

Entre otros detalles que revelan mucho de la vida en prisión, Cuevas refiere cómo la obligaron a desnudarse y ponerse una ropa cinco tallas más grande que la suya, a bañarse con agua helada a las 3 de la mañana; cómo las custodias pasaban también a las 3 golpeando los barrotes de las celdas y, cuando las inspeccionaban, las dejaba “como si hubiera pasado un huracán”.

Al trato vulgar se añade la burla: cuando pregunta por la regadera (inexistente), la custodia responde: “no estás en un hotel” o “¡¿Qué no entiendes que estás en la cárcel?!”. Las groserías desde luego tampoco faltan.

La cárcel, como lo mostrara con extraordinaria crudeza José Revueltas en El apando (1969), deshumaniza a quienes encierra, presas o custodias. Las autoridades, superadas o cómplices, forman  parte de esta trituradora de vidas y almas que, como escribe Cuevas, transforma a miles de mujeres sin sentencia, en “mujeres invisibles”,” fantasmas” de beige; muchas sin posibilidad de defenderse por falta de recursos, abandonadas por sus familias.

No extraña entonces que, ahí donde “los gritos son aullidos mudos”, las ideas de suicidio sean “constantes” y los intentos (fallidos o logrados) recurrentes. Tampoco sorprende que, también corrompidas y despreciadas, las custodias abusen de su minúsculo poder, como suele suceder en este país jerárquico y autoritario.

Contra las violaciones de derechos humanos que comete, impune, el Estado en las cárceles, la fortaleza espiritual de Alejandra y el inteligente activismo de sus hijos e hija convirtieron su caso en causa nacional.  

Lograron superar hasta las más sucias manipulaciones de la ley y confirmar su inocencia. Contra la obscuridad y la desesperanza que permean Santa Martha, Alejandra imaginó y logró iluminar la cárcel, con pintura clara y trabajo colectivo de las propias presas. La solidaridad y amistad que ahí también florecen nos refrendan la urgencia de desmantelar un sistema que aplasta toda esperanza y mata en vida.   

El mundo alcanza la cifra más alta de feminicidios en dos décadas

 

 .-Ciudad de México.-Más de 133 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja o un familiar cada día durante 2022 en todo el mundo y de estos feminicidios el 53 por ciento se cometió en sus hogares, así lo indica el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El informe Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género indica que cerca de 89 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en 2022. Del total, 48 mil 800 feminicidios fueron cometidos por integrantes de sus familias (padres, madres, tíos o hermanos), es decir, un 53 por ciento.

“Es la cifra anual más alta registrada en las últimas dos décadas… el número de homicidios de mujeres no está disminuyendo… En el período 2009-2015 los feminicidios cometidos por las parejas de las víctimas, ex parejas o por un integrante de la familia aumentó a 99 países (antes eran 74)”, advirtió ONU Mujeres.

Estos feminicidios se relacionan con la ideología de los derechos y privilegios de los hombres sobre las mujeres, las normas sociales y la necesidad de afirmar el control o poder masculino, de hacer cumplir los roles de género impuestos o castigar lo que se considera ‘un comportamiento femenino inaceptable’. Estos feminicidios suelen seguir a experiencias previas de violencia física, sexual o abuso emocional, indica en documento.

Sin embargo, destaca, “los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género pueden tener lugar en diferentes situaciones, tanto dentro de la esfera pública y privada, como en diferentes contextos de relación víctima-agresor. Por ejemplo, el asesinato tras una violación, los mal llamados “asesinatos por honor”, asesinatos relacionados con la dote, asesinatos de mujeres acusadas de brujería y homicidios por motivos de género relacionados con conflictos armados o con pandillas, trata de personas y otras formas de crimen organizado.

El potencial de factores estresantes, incluidos conflictos, crisis humanitarias y ambientales, y desplazamiento – para exacerbar la violencia de género y el riesgo de asesinatos relacionados con el género ha de convertirse en un foco cada vez mayor de investigación.

«El feminicidio es una tragedia mundial de proporciones pandémicas, se ha convertido en una epidemia mundial a medida que los Estados incumplen su deber de proteger a las víctimas de la violencia de género”, afirmaba el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, en su informe a la Asamblea General.

Incrementan los feminicidios en el mundo

Las mujeres y las niñas de todas las regiones del mundo se ven afectadas por este tipo de violencia de género. Con unas 20 mil víctimas estimadas en 2022, África –por primera vez desde 2013, cuando la ONUDD comenzó a publicar estimaciones regionales– ha superado a Asia como la región con el mayor número de víctimas (2.8 víctimas por cada 100 mil mujeres).

“Ha superado a Asia como la región con el mayor número de víctimas en términos absolutos. En 2022, África también fue la región con el mayor número de víctimas en relación con el tamaño de su población femenina (2.8 víctimas por cada cien mil mujeres), aunque las estimaciones están sujetas a incertidumbre debido a la limitada disponibilidad de datos”, señaló la organización.

El informe indica que hay grandes lagunas sobre datos de feminicidios, especialmente en Estados de África, Asia y Oceanía.

«El alarmante número de feminicidios es un duro recordatorio de que la humanidad sigue enfrentándose a desigualdades profundamente arraigadas y a la violencia contra las mujeres y las niñas», declaró Ghada Waly, directora ejecutiva de la ONUDD.

En América la tendencia es “divergente”. En América Central y el Sur hubo una disminución de feminicidios anuales entre 2017 y 2022, de entre el 10 y 8 por ciento respectivamente; mientras que en América del Norte los homicidios contra mujeres y niñas se mostraron al alza con un 29 por ciento.

En México, la ONU documentó que los asesinatos de mujeres y niñas registraron un incremento, “hasta 2021 con una posterior inversión de la tendencia, que se está produciendo en el contexto de un aumento general de los homicidios.

El informe señala que el aumento en México, Estados Unidos y Canadá se debe, en parte, a un mejor registro de los homicidios en contra de las mujeres (feminicidios en caso de género).

Europa fue testigo de una reducción promedio del 21 por ciento en el número de homicidios femeninos relacionados con la pareja o la familia, entre 2010 y 2022, aunque con diferencias entre subregiones y con algunos retrocesos en Europa occidental y meridional, especialmente desde el inicio de la la pandemia de Covid-19 en 2020.

La disponibilidad mundial de datos sobre asesinatos relacionados con el género está aumentando gradualmente: mientras que 74 países tenían al menos un punto de datos sobre homicidios femeninos relacionados con la pareja o la familia en el período 2009-2015, esto aumentó a 99 países en el período 2016-2022.

Por ello, el Sistema de las Naciones Unidas, ha adoptado medidas concretas para ayudar a los Estados Miembros a mejorar la recopilación de datos y la presentación de informes, incluso mediante la introducción del Marco estadístico para medir el asesinato de mujeres y niñas por motivos de género. Exhortamos a los gobiernos a nivel mundial, en todos sus niveles, a implementar e invertir en políticas de prevención”, se indica en el documento.

Mujeres y las niñas de todas las regiones se ven afectadas por los asesinatos por motivos de género. En 2022, África fue la región con el mayor número absoluto de asesinatos y también con el mayor nivel de violencia en relación con el tamaño de su población femenina.

El aborto, un derecho reconocido pero negado a niñas violadas en Brasil

 

Mujeres brasileñas se manifestaron en São Paulo, el 28 de septiembre, Día Latinoamericano de Lucha por la Despenalización del Aborto. Las activistas impulsan la campaña "Ni presa, ni muerta" contra la represión al derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, que afecta incluso a las niñas a las que la ley faculta ese derecho. Imagen: Rovena Rosa / Agência Brasil

RÍO DE JANEIRO – Un total de 17 456 bebes nacidos vivos en Brasil tenían como madres a niñas de 10 a 14 años en 2021. Las cifras anuales están bajando, pero aún exponen el drama de la niñez arruinada y las fallas de jueces y médicos en la cuestión del derecho al aborto.

Los datos del Sistema de Informaciones sobre Nacidos Vivos (Sinasc) del Ministerio de Salud cifran en 252 786 las parturientas de esas edades en la década 2010-2019, recopiló la Red Feminista de Salud. Es decir un promedio anual de 25 278.

Esa violencia dejó de ser invisible desde 2020, al estallar una seguidilla de escándalos de niñas a las que se las impedía abortar por jueces, hospitales e incluso autoridades como la entonces ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022|), de extrema derecha.

En Brasil el aborto es legal en casos de violación, riesgo de muerte de la embarazada y fetos anencefálicos. Es también un derecho incuestionable de las niñas de hasta 14 años, ya que todas son legalmente víctimas de violación y sus abusadores se enfrentan a penas de ocho a 15 años de prisión.

Pero hubo jueces, incluso en la instancia de apelación, que fallaron en contra de la interrupción del embarazo en niñas que tenían 10 o 11 años.

En la base de esa iniquidad está la criminalización social del aborto, para la que contribuyen muchos religiosos que identifican “el aborto como asesinato, crimen repulsivo”, lamentó Clara Wardi, asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea), con su sede central en Brasilia.

Moralismo contamina Estado

“El estigma es fuerte, en la cultura, en la familia, incluso en las escuelas. Por eso las niñas desisten de la opción del aborto, aunque sea legal. Y hacerlo clandestinamente sale caro y es riesgoso”, observó a IPS desde Petrópolis, la ciudad cercana a Río de Janeiro donde vive.

Muchos médicos alegan “objeción de conciencia” para negar la práctica del servicio, lo que obliga las niñas a una “peregrinación” en busca de sus derechos en otros hospitales e incluso en la Justicia.

“Este país no cuida a las mujeres. Mientras la cardiología avanzó mucho en Brasil, la medicina dedicada a las mujeres, como la obstétrica y ginecológica, quedó en el siglo pasado, resiste la actualización. Un ejemplo es la persistencia del curetaje, una práctica abolida por la Organización Mundial de Salud hace más de 20 años”: Helena Paro.

Pese a todo, una encuesta de Cfemea, hecha desde 2018, apuntó una creciente opinión pública contra la penalización del aborto. A la pregunta “Usted está a favor o en contra de la prisión de mujeres que interrumpen el embarazo”, 59,3 % contestó ser contrario en 2023, contra 51,8 % en 2018.

Los que se pronunciaron a favor del encarcelamiento también aumentaron, pero menos, de 26,7% a 28,1%, reflejando la polarización ideológica durante el gobierno de Bolsonaro, que hizo caer de 16,1% a 7,6% a los indecisos, los que respondieron “depende” (de las circunstancias).

Hay “barreras institucionales” al aborto legal, un tema en que el estado deja de ser  laico al supeditar sus servicios a la moral religiosa. El caso más emblemático es el de la niña de 11 años embarazada por segunda vez en el estado nororiental de Piauí, que enfrentó a fines de 2022 la negación del aborto por un hospital público y por la Justicia.

Recogida en un albergue público, tuvo su segundo hijo en marzo de 2023. Es decir, el Estado actuó para alejarla de la familia, negarle el aborto legal que demandaba y forzar el parto, destacó Wardi.

Damares Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (2019-2022), durante el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro y de confesión evangélica radical, movilizaba a sus funcionarios para que presionasen a las niñas embarazadas a desistir del aborto, legal en su caso por tratarse siempre de víctimas de violación sexual. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Desconocimiento

Todo eso ocurre en medio a “fallas colectivas” de la misma sociedad, como la insuficiente información sobre los derechos reproductivos y la posibilidad de una elección de las mujeres, especialmente las niñas. No hay elección, si no hay acceso a los servicios de salud, argumentó.

“La criminalización del aborto invalida la legalidad de las tres situaciones. Es necesario informar que sí hay aborto legal en Brasil y formar personal capacitado para ofrecer el servicio, sin necesidad de acción judicial para obtener acceso”, apuntó Denise Mascarenha, coordinadora ejecutiva del grupo Católicas por el Derecho de Decidir.

La falla básica está en la formación de los trabajadores en salud, sean médicos, enfermeros o sicólogos que “no reconocen la violencia en un embarazo de niñas con menos de 14 años”, presente en el Código Penal desde nada menos que 1940, sostuvo Helena Paro, profesora de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Uberlândia.

Las universidades, adujo, no capacitan los médicos para cuidar las víctimas de violación sexual, pero tampoco seria suficiente una buena enseñanza. Falta la experiencia en la asistencia práctica a las pacientes, con el foco en los derechos humanos de las mujeres, acotó la médica especializada en ginecología y obstetricia.

En Brasil solo hay poco más de 60 centros de servicios médicos de aborto legal, casi nada para una población de 203 millones de habitantes en que las mujeres constituyen una mayoría de 51,7 %, destacó a IPS desde Uberlândia, una ciudad del sureño estado de Minas Gerais.

Solo cerca de 2000 abortos legales se efectúan cada año en Brasil, donde se estima que más de 400 000 ilegales se practican anualmente, de lo que resultan muchas muertes y complicaciones posteriores que sobrecargan los hospitales.

La jueza Rosa Weber durante la motivación de su voto en defensa de la despenalización del aborto hasta la 12 semana de gestación, en sus últimas sesiones como presidente de la Corte, antes de jubilarse el 2 de octubre. Imagen: Antonio Cruz / Agência Brasil

Medicina discrimina a las mujeres

“Este país no cuida a las mujeres. Mientras la cardiología avanzó mucho en Brasil, la medicina dedicada a las mujeres, como la obstétrica y ginecológica, quedó en el siglo pasado, resiste la actualización. Un ejemplo es la persistencia del curetaje, una práctica abolida por la Organización Mundial de Salud (OMS) hace más de 20 años”, comentó.

Paro coordina el Núcleo de Atención Integral a las Víctimas de Agresión Sexual de Uberlândia (Nuavidas), establecido en 2017 en el hospital de su universidad. Desde 2021 el núcleo ofrece servicios relacionados al aborto por telemedicina, luego de una consulta inicial presencial.

La pandemia de covid-19 motivó la asistencia digital, facilitada también por la eficacia del medicamento abortivo misoprostol, aprobado por la OMS y las autoridades brasileñas del sector.

La actuación de Paro le generó un proceso de inhabilitación en el Consejo Regional de Medicina de Minas Gerais que la acusa de usar sus conocimientos “para el crimen” y no para el bienestar de las pacientes.

“Es todo al revés”, contesta la médica, al argüir que cuida la salud de las pacientes “basada en las evidencias científicas” que el Consejo niega.

Los consejos, uno nacional y 27 regionales (en cada uno de los estados), regulan la práctica médica en el país y varios de ellos actuaron de forma poco científica durante la pandemia de covid-19, al aprobar, por ejemplo, el uso de medicamentos ineficaces como la cloroquina.


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Una ofensiva conservadora en el legislativo Congreso Nacional amenaza restringir más aún el derecho al aborto en Brasil, a contramano de lo que sucede en Argentina, Colombia, México y Uruguay que despenalizaron la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas del embarazo.

Un proyecto de ley de 2007, llamado el Estatuto del Feto (nascituro en portugués), renovó su empuje desde el año pasado en la Cámara de Diputados, por iniciativa de diputados ultraconservadores. Su aprobación prohibiría cualquier aborto, por garantizar al feto todos los derechos de un ser humano, especialmente el derecho a la vida, desde su fecundación.

Otras medidas para penalizar legalmente incluso las interrupciones en los restringidos supuestos actualmente permitidos están en discusión parlamentaria.

Para contrarrestar esa ofensiva conservadora, los movimientos brasileños a favor de los derechos de la mujer activaron las campañas por la despenalización “Ni presa ni muerta” y “Niñas, no madres”, esta última de ámbito latinoamericano.

Las feministas celebran también el fallo de la jueza Rosa Weber, que dejó registrado su voto a favor de la despenalización del aborto hasta la 12 semana de embarazo, el 22 de septiembre, antes de dejar la presidencia del Supremo Tribunal Federal (STF) y jubilarse 10 días después.

En el máximo tribunal del país, que ha ejercido como contrapeso de las iniciativas ultraconservadoras del parlamento y del Ejecutivo de Bolsonaro,  se dirime si fallar a favor o en contra de la legalización del aborto en cualquier causal hasta ese plazo de 12 semanas.

El voto de Weber coincide con el movimiento feminista, especialmente con la contribución original de las mujeres negras, al defender “la justicia reproductiva como herramienta para transformaciones sociales”, celebró Wardi.

“Es un hito importante en la lucha por el derecho al aborto en Brasil” y afirma “la legitimidad del Poder Judicial en asegurar los derechos humanos de las mujeres”, acotó Mascarenha desde São Paulo.

Pero el momento es poco favorable a su tesis, con un Congreso dominado por grupos conservadores y ultraconservadores.

También porque el proceso dentro del STF sobre el derecho al aborto tiende a su postergación indefinida desde que su nuevo presidente, Luis Roberto Barroso, sustituyó a Weber.

ED: EG

La violencia feminicida martiriza a América Latina

 Este artículo es parte de la cobertura de IPS sobre El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este sábado 25 de noviembre.

Cruces en una calle de la ciudad de Torreón, México, muestran el reclamo de justicia por feminicidios. En América Latina y el Caribe en promedio cada dos horas una mujer o niña es asesinada, víctima de la violencia de género. Imagen: Iván Gutiérrez / Pie de Página

SANTIAGO – Al menos 4050 mujeres murieron víctimas de feminicidio el año pasado en la región, informó el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este sábado 25.

“No nos cansaremos de repetirlo: es inaceptable que más de 4000 mujeres y niñas sean asesinadas cada año en nuestros países por razones de género”, afirmó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, al presentar el reporte del Observatorio.

La violencia feminicida “se mantiene en la región, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, de los avances legislativos, de la respuesta estatal y de los progresos en medición”, indica el informe.

En 2021 se constató la muerte violenta por razones de género de 4473 mujeres, y el año precedente de 4091, es decir, en la región cada dos horas una mujer es asesinada.

De los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de feminicidios en 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras (6,0 por cada 100 000 mujeres), República Dominicana (2,9) y El Salvador y Uruguay (1,6).

Las más bajas (es decir, menos de una víctima por cada 100 000 mujeres) correspondieron a Puerto Rico y Perú (0,9), Colombia (0,8), Costa Rica (0,7), Nicaragua (0,5), Chile (0,4) y Cuba (0,3).

En el Caribe, 46 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en siete países y territorios que entregaron información correspondiente a 2022. El mayor número de casos se dio en Trinidad y Tobago (43).

Más de 70 % de las víctimas de feminicidio en 2022 tenían entre 15 y 44 años, de acuerdo con la información entregada por ocho países de América Latina. Cuatro por ciento tenían menos de 15 años y ocho por ciento 60 años y más.

En siete países al menos 400 niñas, niños, adolescentes y otras personas dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa de feminicidio en 2022. Y solo ocho países han generado medidas de reparación concretas para apoyar a personas dependientes de víctimas de feminicidio.

El informe de la Cepal reitera que el feminicidio, también llamado femicidio en algunas leyes nacionales, es solo la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Por ejemplo, de acuerdo con encuestas nacionales especializadas de 10 países de la región, entre 42 % y 79 % de las mujeres (alrededor de dos de cada tres) han sido víctimas de violencia por razón de género en distintos ámbitos.

Además, en promedio, una de cada tres mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ese cálculo corresponde a 88 millones de mujeres mayores de 15 años en América Latina y el Caribe.

A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en la región, que afecta a una de cada cinco niñas.

Salazar-Xirinachs expuso que “la violencia feminicida se puede prevenir con respuestas estatales integrales y contundentes. Se necesitan con urgencia transformaciones profundas para garantizar que las mujeres y las niñas de nuestra región puedan vivir vidas libres de violencia”.

El documento de la Cepal recordó que en el Compromiso de Buenos Aires, de 2022 –adoptado en la 15 Conferencia Regional sobre la Mujer, un foro de las Naciones Unidas- se abordó el tema de la violencia contra la mujer, en el camino de avanzar hacia la sociedad del cuidado.

Allí los países de la región acordaron “impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales y multisectoriales, y programas educativos de sensibilización” ante todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Finalmente, la Cepal instó a los gobiernos a mejorar los sistemas de registro e información; a aumentar los recursos presupuestarios para responder a las víctimas y sobrevivientes; y a invertir en prevención, acceso a servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, y en oportunidades educativas, económicas y laborales.

A-E/HM

Mexicanas se hacen cargo del aborto en la frontera con EEUU

 

El misoprostol es uno de los medicamentos utilizados para el aborto que está disponible en México sin receta médica. Imagen: Jorge Belleza / openDemocracy

HERMOSILLO, México – Alma, una joven mexicana cuyo verdadero nombre se omite, se quedó embarazada sin querer en junio de 2021. Ya tenía un hijo y no pensaba tener otro. Pero como vivía en Sonora, estado fronterizo del norte del país con Estados Unidos, pensó que tenía pocas opciones. El aborto allí solo está permitido si hubo violación o si la vida de la embarazada corre peligro. Nada de eso aplicaba a Alma, y le podían caer hasta seis años de prisión si abortaba.

Entonces, una amiga compartió un secreto bien guardado. Una red de activistas a favor del aborto podía ayudar a Alma a interrumpir su embarazo de forma segura en Hermosillo, la capital del estado.

Una ginecóloga, también activista por el derecho a decidir, confirmó que Alma estaba embarazada de unas cuatro semanas y la remitió a Marea Verde, grupo feminista que ayuda a las mujeres que desean abortar. El grupo la guió en el proceso de un aborto médico, le proporcionó las píldoras y estuvo con ella y su pareja cuando se tomó la medicación en casa.

“Fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida”, dice Alma ahora. “Tuve la suerte de estar acompañada y segura. A pesar de toda la situación, se siente increíble tener esa compañía”, añade.

La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó este año el aborto en todo el país, allanando el camino para que el sistema sanitario federal brinde el servicio, pero eso no ocurrirá de la noche a la mañana. Mientras tanto, el aborto a demanda sólo está disponible en 12 de los 32 estados del país. En el resto, rigen restricciones severas, y el aborto solo se permite en casos de agresión sexual o si la vida o salud de la embarazada corre peligro.

Sin embargo, miles de mujeres mexicanas encuentran la forma de interrumpir su embarazo cada año. En los estados del norte cerca de la frontera con Estados Unidos cuentan con ayuda de activistas por los derechos reproductivos y de una red de acompañantes, que funciona de forma muy parecida al “ferrocarril subterráneo” del siglo XIX, que ayudaba a las personas esclavizadas del sur estadounidense a escapar de sus explotadores y viajar al norte, donde la esclavitud era ilegal.

En México, donde la desinformación abunda, los grupos feministas pueden ser la única fuente fiable – y confidencial – de información sobre aborto. Con la ayuda de aliadas, gestionan casas seguras y emplean canales de comunicación secretos para apoyar a quienes necesitan tomar decisiones sobre su salud reproductiva. El método seguro y no quirúrgico del aborto con medicamentos es su principal herramienta.

La Organización Mundial de la Salud considera que el misoprostol es un fármaco seguro para provocar un aborto hasta la semana 12. Puede utilizarse solo o en combinación con otro medicamento, la mifepristona. El misoprostol provoca contracciones y hemorragias similares a las de un aborto espontáneo prematuro, y la mifepristona bloquea la secreción de la hormona progesterona, impidiendo que el embarazo progrese.

En México, el misoprostol se vende sin receta en farmacias por entre 15 y 30 dólares , pero para la mifepristona sigue siendo necesaria una receta.

En Estados Unidos, la  Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó hace poco la venta de mifepristona sin receta, y el misoprostol lleva más de dos décadasen venta en farmacias o por correo. Pero la aprobación de la FDA fue impugnada en Texas por un grupo conservador representado por la organización jurídica religiosa Alliance Defending Freedom. Ninguno de los dos fármacos está legalmente disponible en estados que, como Texas, han prohibido el aborto.

Andrea Sánchez del grupo feminista Marea Verde Sonora impartiendo taller en un parque sobre aborto seguro con pastillas. Imagen:  Meliza Valencia/openDemocracy

Solidaridad por el aborto

En junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia Roe contra Wade, y puso fin así a la protección constitucional del aborto. Esto abrió el camino a que las legislaturas estatales promulgaran leyes más restrictivas sobre la interrupción del embarazo. En respuesta, al menos 17 organizaciones mexicanas que operan a lo largo o cerca de la frontera entre los dos países ampliaron sus redes transfronterizas para brindar atención a mujeres estadounidenses que necesitan abortar.

openDemocracy y La Verdad de Juárez revelaron este año que organizaciones antiabortistas, como Vifac (Vida y Familia AC), dirigen centros acusados de difundir desinformación y de coaccionar a mujeres y niñas para que continúen con sus embarazos.

Tokya Casimiro, acompañante abortista de Hermosillo, relató que ella y sus colegas suelen recibir a mujeres que no quieren que sus familias se enteren de que están pensando en abortar, procedentes de ambos lados de la frontera.

El papel de la acompañante es ofrecer información y apoyo, no juzgar. “Intentamos hacer hincapié en que no es que no nos importen sus razones, sino que creemos que todas las razones son válidas”, explica Casimiro.

Andrea Sánchez trabaja como acompañante para Aborto Seguro en Sonora. El grupo ayuda a las mujeres a acceder a píldoras abortivas, y Sánchez afirma que ofrece una amplia gama de apoyo, desde salud mental hasta asesoramiento jurídico.

“Parte de nuestro trabajo consiste en descubrir los distintos contextos a los que se enfrentan las mujeres que necesitan acceder al aborto. También podemos identificar si una mujer es víctima de violencia y sugerirle opciones, dependiendo de la situación”, dice.

Garantizar el acceso al aborto con medicamentos fue la razón por la que Sandra Cardona fundó en 2016 el grupo Necesito Abortar en Monterrey, la capital de Nuevo León, otro estado fronterizo. Ella comenzó a usar Facebook para informar a la gente sobre el aborto con pastillas.

Desde entonces, según Cardona, el grupo ha asistido a más de 20 mil personas con apoyo para abortar o información sobre derechos sexuales y reproductivos, principalmente en México, pero también de otros países latinoamericanos y de Estados Unidos.

A unos 220 kilómetros de la frontera con el estado de Texas, Cardona y su compañera Vanessa Jiménez abrieron una ‘abortería’ en su casa, en un barrio residencial de Monterrey. El aborto está severamente restringido en Nuevo León, y solo se permite en casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la mujer.

Cardona y Jiménez acogen a personas que carecen de un lugar seguro para tomar las píldoras, y les proporcionan cobijo y orientación. No le tienen miedo a la persecución, a pesar del código penal del estado, porque se amparan en la sentencia de la Suprema Corte de 2021, que declaró inconstitucional criminalizar el aborto.

Las dos solían atender sobre todo a mexicanas o a migrantes de camino a Estados Unidos, pero esto cambió el año pasado.

“Normalmente, dábamos información a mujeres de EE.UU. una vez cada uno o dos meses, pero a partir de septiembre de 2022 empezaron a llamar más mujeres. Algunas llegaron a nuestra ciudad pidiendo ayuda”, dice Cardona. “Ahora mismo, unas cinco o seis personas [de Estados Unidos] vienen aquí cada semana en busca de un aborto”, añade.

Otra acompañante abortista del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas, asegura que, salvo una excepción, todas sus usuarias del lado estadounidense son hispanohablantes y muchas viven en comunidades fronterizas.

Mariela Castro, voluntaria del grupo de apoyo Marea Verde en ese estado, dice que las mujeres estadounidenses interesadas en su red transfronteriza suelen ser de clase trabajadora y con pocos recursos. “Sabemos que son ellas las que sufren esta situación. Buscar un aborto tiene mucho que ver con no complicar aún más su situación vital”, agrega.

La mayoría de las mujeres proceden de Texas, donde es ilegal practicar abortos en casi cualquier circunstancia e incluso mediante el envío por correo de los medicamentos mifepristona y misoprostol. Las leyes de Texas solo contemplan excepciones para salvar la vida o evitar un “deterioro sustancial de las principales funciones corporales” de una paciente embarazada.

Esquivando a la criminalización y la vigilancia

Uno de los mayores desafíos de esta red transfronteriza es trasladar las píldoras abortivas por la frontera.

Para las clientas de México, las normas de las farmacias locales facilitan el envío de medicamentos por correo o mediante aplicaciones de entrega. Pero hacer llegar las píldoras a Estados Unidos es otro cantar. A veces, las acompañantes tienen que encontrar allegados a la usuaria estadounidense u otras personas dispuestas a cruzar la frontera con el misoprostol. En Texas, el suministro de píldoras abortivas puede acarrear una pena de cárcel.

La mayoría de las proveedoras con las que hablamos en México no parecen preocuparse del riesgo de ser imputadas por autoridades estadounidenses, aunque sí por la seguridad de las mujeres a las que ayudan – y por sus familias.

Pero Karina de la Cruz, activista de Marea Verde Nogales, en la frontera con Arizona, afirma que acompañantes de Nogales le han confiado que temen ser criminalizadas por llevar píldoras abortivas a Estados Unidos.

“Las restricciones en Estados Unidos nos pondrían a nosotras o a cualquiera que quiera ayudarnos al mismo nivel que los narcotraficantes, porque estaríamos cometiendo un delito al llevar allí el medicamento [misoprostol]”, dice.

La seguridad en línea también es crucial. Salma, una acompañante de Chihuahua que pidió no publicar su apellido, afirma que ella y muchas de sus colegas tuvieron que cambiar sus protocolos de comunicación con las personas a las que ayudan.

Por ejemplo, dejaron de utilizar aplicaciones de mensajería instantánea de Meta, como WhatsApp, Messenger e Instagram, luego de que Facebook reveló información a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en el caso del aborto de una adolescente en Nebraska. Las autoridades estatales revisaron los mensajes privados de la chica, en los que supuestamente se detallaba cómo se había practicado un aborto con pastillas.

El muro fronterizo entre Estados Unidos y México en Nogales, en el estado de Sonora. Imagen: Meliza Valencia / openDemocracy

Precios al alza y escasez

Las restricciones de Estados Unidos desde la anulación de la sentencia Roe también impactan en la demanda de medicamentos abortivos en México.

Varias organizaciones mexicanas entrevistadas por openDemocracy han tenido dificultades para conseguir misoprostol de sus proveedores habituales. “Después de todas estas acciones contra el aborto en Estados Unidos, hubo escasez de misoprostol en México”, dice Salma.

Aunque consiguieron negociar un precio bajo (14 dólares por caja), frente al precio habitual de venta al público de 30 dólares, los precios están subiendo.

La organización Colectiva Libre Feminista, con sede en Ciudad Juárez, estuvo recaudando fondos para un almacén de misoprostol, con el fin de ayudar a las mujeres necesitadas en territorio mexicano y en El Paso, Texas.

Si las farmacias  se muestran reacias a venderles pastillas de misoprostol, recurren a un hombre para que las compre, “porque es más fácil para ellos que para una mujer”, explica Aylin Flores De la Rosa, integrante fundadora del grupo.

Aylin Flores de la Colectiva Libre Feminista de Ciudad Juárez, afuera del Hospital de la Mujer local. Imagen: erónica Martínez/openDemocracy
Las defensoras del aborto en México también están preocupadas por un posible aumento del costo de los abortos quirúrgicos, así como de otros procedimientos de salud sexual y reproductiva.

Actualmente, el sistema público de salud ofrece un número limitado de estos procedimientos de forma gratuita, según Laura Dorado, de Aborto Seguro Chihuahua. Pero se teme que los hospitales privados puedan ver una oportunidad de ofrecer estos servicios, y hacerlo a un precio elevado, poniéndolos fuera del alcance de las mujeres mexicanas, pero al alcance de sus pares estadounidenses.

“Los extranjeros vienen aquí por odontología, cirugía plástica y procedimientos médicos que son demasiado caros en su país. Vienen aquí porque es barato para ellos, pero para la gente que vive aquí es costoso”, dice Flores.

A pesar de las dificultades, las activistas de ambos lados de la frontera son optimistas. Mariela Castro afirma: “Las mujeres de Estados Unidos no estarán solas mientras haya mujeres del otro lado organizándose”.

Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy.