8/15/2020

Persisten deudas del Estado mexicano con hijas e hijos de mujeres asesinadas


Ciudad de México. A un año de que el gobierno de México se planteó saldar el desamparo que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, la cifra real de estas víctimas indirectas aún es desconocida y no existen programas sociales que les garanticen la protección plena que requieren tras la pérdida de sus madres.
En marzo de 2019, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, presentó el “Plan de emergencia para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México”. El anuncio proponía atender de manera más amplia el impacto del feminicidio en México, un delito que ocurre al menos 10 veces al día. Este plan buscaba atender la deuda histórica que tiene el Estado con estas víctimas indirectas de la violencia contra las mujeres.
Como muchas otras políticas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, ésta es el resultado de las demandas de abuelas y hermanas quienes, además de exigir justicia por sus víctimas, cuidan a las niñas y niños a quienes les fueron arrebatadas sus madres. El reto de estas mujeres no es menor, ya que estas niñas y niños viven con las secuelas de estos crímenes y violencia contra sus madres, de la cual fueron testigos en muchos casos.
Cimacnoticias retrató estas historias hace tres años en la investigación periodística, “Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio”, que dio cuenta por primera vez que no existía ninguna política pública para la protección de esta niñez, a pesar de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado mexicano respecto de la  violencia contra las mujeres. Esta investigación también sirvió de base para algunos estados crear programas de reparación del daño a la niñez en condición de orfandad por feminicidio.
Testimonio: Huellas de la violencia
El 12 de febrero de 2014, Rafael, Ulises y Fabiola -nombres para proteger a las víctimas- vieron a su madre, Nadia Muciño, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello. Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlan Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y  su declaración no fue considerada como evidencia. Su abuela  María Antonia Márquez, nos relata la historia. 
Sin registro de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio
Como documentó Cimacnoticias en 2017, uno de los principales obstáculos del gobierno federal para hacer realidad una política para la atención de la niñez en condición de orfandad por feminicidio era que desde los años noventa, cuando comenzaron a registrarse los asesinatos de mujeres por razón de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desconocía la magnitud de esta problemática. 
Tres años después, el Estado mexicano sigue sin tener un mecanismo claro para registrar a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad tras la muerte violenta de sus madres.  
El “Plan de emergencia para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México”, que se anunció en 2019, incluía la creación de un registro de las niñas y niños en orfandad por el asesinato de sus madres, así el Estado podría brindarles atención y acompañamiento integral. 
No obstante, actualmente el Inmujeres sólo tiene información de 26 entidades federativas que identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y diciembre de 2019. Los estados de Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala no compartieron información sobre las solicitudes hechas por la instancia rectora de la política de género en el país. Tampoco se tiene información de años previos.
Otras niñas, niños y adolescentes seguirán sin ser visibilizados y escuchados, pues el registro no contempla a las mujeres asesinadas cuyos casos fueron clasificados como homicidio o las que se encuentran desaparecidas. Sólo este año, de enero a mayo de 2020, se cometieron mil 608 asesinatos de mujeres, entre feminicidio y homicidios dolosos. 
A estos casos se suman las hijas e hijos de quienes se encuentran entre las cuatro mil 305 mujeres de entre 20 y 30 años de edad que se encuentran desaparecidas en el país, según el último reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 
Por todo esto, la cifra de las posibles víctimas indirectas de la violencia contra las mujeres en México, específicamente de las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, aún es desconocida.
Inmujeres proyectó en 2019 una primera cifra de estas víctimas hasta ahora invisibles. Sólo de diciembre de 2018 a abril de 2019, unas 3 mil 400 niñas y niños estarían en esta condición. La estimación se obtuvo de multiplicar el número de víctimas de feminicidio en este periodo, mil 564, con el número de hijas e hijos que en promedio tiene una mujer de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), 2.2 descendientes.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) conocía de 65 casos entre 2014 a febrero de 2018, mientras la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, únicamente reportó uno hasta 2017.
Testimonio: Abuela-madre-activista 
Tras el asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de un año y  Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001. Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio.
Apoyos a cuenta gotas
El pasado 20 julio de 2020, el Inmujeres informó finalmente de los avances en la política para atender a la orfandad por feminicidio. Junto al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) adelantaron la creación del Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio (PNNAOF).
El protocolo que aún es un borrador, prevé publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que los estados queden obligados a garantizar el acceso a la justicia a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención a la infancia en orfandad por feminicidio, pues hoy son contados los estados que buscan reparar el daño a estos niños y niñas en condiciones vulnerables.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las únicas entidades del país que regulan de manera específica en sus normativas la reparación del daño a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Otras entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, prevén de manera general la reparación del daño para el delito de feminicidio en sus Códigos Penales.
El resto del país no tiene regulaciones específicas en la materia; no obstante, las autoridades tienen la obligación de atender a la orfandad por feminicidio por que la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación
inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.
Tras la investigación de Cimacnoticias, algunos estados crearon programas de reparación del daño a la niñez en condición de orfandad por feminicidio. En Jalisco, por ejemplo, se creó el “Apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio”. A cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres entregan a las personas responsables del cuidado un recurso de tres mil pesos de manera bimestral por cada niño o niña. El programa tiene para 2020 un presupuesto de seis millones 300 mil pesos.
Otro ejemplo es el Estado de México, que en 2020 etiquetó 43 millones 200 mil pesos para el programa “Reparación a víctimas o víctimas indirectas u ofendidos del delito de feminicidio”. 
Mientras se crean los mecanismos de protección para la niñez en orfandad en todo el país, el número de víctimas indirectas sigue en aumento. En cinco años, las denuncias por presuntos delitos de feminicidio en México se han incrementado 129.3 por ciento según el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados; en 2020 se calcula un total de 10.53 de mujeres asesinadas al día, en 2015 se contaban en promedio 6.

Orfandad por feminicidio


Entre las víctimas invisibilizadas y desprotegidas por el Estado durante décadas están precisamente las y los huérfanos por feminicidio.
Desde que en México se inició el registro del Feminicidio en la década de los 90, las niñas y niños huérfanas por estos crímenes machistas han quedado excluidas de la protección del Estado.
Esta ausencia ha generado una sobrecarga en las familias de las víctimas y en las mujeres en concreto, quienes han asumido el cuidado y manutención de estas niñas, niños y adolescentes que, en ocasiones, son testigos presenciales de los crímenes de sus madres, con todos los daños que eso implica.
Proteger a niñas y niños en condiciones extraordinarias que vulneran su bienestar es una tarea primordial para el Estado. Quedar en orfandad producto de la violencia misógina es una de esas condiciones extraordinarias que debe tener prioridad.
Hasta hoy la prioridad se diluyen en las instituciones tanto las responsables de atender a las víctimas como las que deben proteger los derechos de la infancia.
El 2017, Cimanoticias realizó la primera investigación sobre las orfandades por feminicidio y constató la ausencia de una política pública específica y de información estadística que mostrara las dimensiones de los efectos del feminicidio.
Por ejemplo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, conocía entonces un solo caso de orfandad por feminicidio, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contaba con 65 casos. 
Saber quiénes son, dónde están, qué situación están viviendo, cuáles son sus necesidades es fundamental si realmente se busca atender a esta población.
Recientemente el Instituto Nacional de las Mujeres ha tomado la batuta para construir el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, hasta ahora el diálogo lo ha mantenido solo con las instituciones a nivel federal, estatal y municipal.
El Protocolo que se presentará públicamente entre agosto y septiembre tiene un enorme reto para saldar una de las deudas que el Estado Mexicano tiene con las víctimas de feminicidio.
Lo que se sabe hasta ahora es que se busca establecer las líneas de atención y la responsabilidad específica de cada institución.
Sin embargo, en este proceso falta sumar las voces de las víctimas, conocer la realidad a la que se enfrentan quienes se han quedado con la responsabilidad de la crianza de esta infancia a quien la violencia machista le arrebato su madre o su cuidadora.
Este Protocolo además de homologar actuaciones institucionales, de dar responsabilidades claras a todas aquellas dependencias involucras, necesita entrar a los vacíos que son utilizados por los feminicidas para extender la violencia y que deja en desprotección a la infancia y adolescencia.
Por ejemplo, pensemos en la guarda y custodia, cómo se va a definir esta cuando el asesino de la mujer es el padre de las criaturas, qué criterios deben prevalecer para garantizar la máxima protección de esas niñas, niños y adolescentes, cuando las familias del feminicida son usadas para extender la violencia a través del litigio de la guarda y custodia.
Dimensionar la problemática en la cual se aplicará este Protocolo requiere de datos concretos para poder evaluar el impacto de estas acciones.
Los datos proporcionados al Inmujeres por 26 entidades de las 32 a las que se les solicito información, reportan que en 2019 registraron 796 personas menores de 18 años en orfandad por feminicidio.
 REGISTROS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ORFANDAD POR FEMINICIDIO (ENERO-DICIEMBRE 2019)
ENTIDADESTOTAL
AGUASCALIENTES24
BAJA CALIFORNIA113
BAJA CALIFORNIA SUR6
COAHUILA26
COLIMA37
CHIAPAS9
CHIHUAHUA3
DURANGO12
GUANAJUATO76
GUERRERO20
HIDALGO27
JALISCO132
EDO. MÉXICO34
MICHOACÁN89
NAYARIT20
NUEVO LEÓN32
PUEBLA29
QUERETARO9
SAN LUIS POTOSÍ18
SONORA26
VERACRUZ47
YUCATÁN3
ZACATECAS4
TOTAL796

Información proporcionada por Inmujeres
La consolidación de los datos ha sido uno de los grandes desafíos a los que se han enfrentado las instituciones al construir estas bases de datos, pues las entidades federativas o no responden o informan lo que quieren.
Tomando la experiencia, es necesario garantizar la información y la homologación de las formas de registro de los casos entre todas las instituciones involucradas.
20/LLH

Voces contra la trata






Rescatamos las entrevistas a la activista Helena Maleno y Alejandra Acosta, fundadora de Break the Silencie. Derrotar la esclavitud del siglo XXI exige un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género





Madrid, 31 julio. 20. AmecoPress.- Derrotar la esclavitud del siglo XXI exige un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. También requiere incorporar y revisar recursos para hacer frente a las distintas formas de trata y explotación que mutan y crecen cada día. Las organizaciones llevan tiempo reclamando la aprobación de una Ley Integral contra la trata a nivel estatal. Pero lo cierto es que la defensa de los derechos humanos pierde puntos frente discursos que sostienen que la seguridad, el beneficio económico y el mantenimiento del orden establecido son prioritarios.
La trata de seres humanos es un fenómeno complejo y global, que exige coordinación y formación entre todas las autoridades y recursos que intervienen en el proceso de detección, protección y reparación de las víctimas y persecución del delito.
La aprobación de una Ley Integral de Lucha contra la Trata de Seres humanos y Protección a las Víctimas ofrecería más garantías a las personas que sufren esta enorme violación de derechos humanos. Es lo que defienden las organizaciones que forman parte de la Red contra la Trata en el Estado español: Women’s Link, APRAMP, Proyecto Esperanza, entre otras. La Ley podría ser una herramienta para consolidar la perspectiva que sitúa a las víctimas en el centro de todo y garantizar un enfoque integral basado en derechos humanos. Una ley contribuiría también a algo fundamental: cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la trata y empezar a abordarla como un problema de derechos humanos.
Con motivo de la celebración del Día internacional contra la trata de seres humanos, retomamos dos entrevistas realizadas en el periodo de confinamiento, con dos mujeres que, desde distintos ángulos y experiencias, profundizan en la trata y aportan propuestas para abordar este tipo de violencia.
Foto: archivo AmecoPress

La Declaración de Pekín sobre la mujer 25 años después: ¿una agenda inacabada o contestada?







Un cuarto de siglo después de la Conferencia mundial sobre mujeres celebrada en Pekín, la situación en materia de género se puede resumir en pocas palabras: pocos avances, algunos retrocesos y nuevos desafíos




Madrid, 23 jul. 20. AmecoPress/esglobal.- Hace más de dos décadas y media, 189 países se comprometieron con la que sigue siendo la hoja de ruta más ambiciosa para alcanzar la igualdad plena y efectiva de las mujeres en todo el mundo. En aquel 1995, en Pekín, los Estados acordaron intensificar esfuerzos para lograr, antes del fin de siglo XX, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, garantizando sus derechos y libertades, su independencia económica, la igualdad de acceso a puestos de poder, el derecho y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, o a la educación en todos sus ciclos.
A lo largo de estos 25 años ha habido avances, aunque no en todos los ámbitos. Y la covid19 puede ampliar las brechas preexistentes. Según datos de ONU Mujeres, hay más niñas en la escuela que nunca (aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación primaria); menos mujeres mueren durante el parto (cifras que, no obstante, han vuelto a dispararse durante esta pandemia, como lo hicieron en las anteriores del Ébola o el Zika); la proporción de féminas en los Parlamentos se ha duplicado en todo el mundo (aunque sigue siendo solo del 25% y en el poder ejecutivo es exigua); y, durante la última década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres.

Como advierte el Informe de balance de la Plataforma y Plan de Acción de Pekín del Secretario General de Naciones Unidas del pasado mes de marzo, el progreso hacia la igualdad de género es lento, sigue retrasándose, no es sostenido, y no solo se ciernen amenazas sobre algunos de los avances que tanto ha costado alcanzar, sino que están revirtiéndose logros que se habían conquistado con enorme esfuerzo. A este contexto hay que sumar, como señala el informe, la desigualdad generalizada, la emergencia climática, los conflictos y el auge alarmante de las políticas excluyentes, que amenazan el progreso futuro hacia la igualdad de género. También hay que sumar los efectos desproporcionados de la covid19 en las mujeres y las niñas, y las consecuencias que tendrá no abordar esta pandemia con perspectiva de género.

Las mayores dificultades para lograr lo acordado en Pekín siguen siendo de índole política y económica. La falta de medidas eficaces para aumentar la representación de las mujeres en los cargos de poder es aún un gran obstáculo. Como señala la directora de ONU Mujeres, “no se puede llamar igualdad a apenas una cuarta parte de los puestos de toma de decisiones”: los hombres son el 75% de los parlamentarios, ocupan el 73% de los puestos directivos y suman el 70% de los negociadores climáticos y la práctica totalidad de los encargados de establecer la paz.
También estamos muy lejos de alcanzar los objetivos en el ámbito económico: globalmente, el progreso en el acceso de las mujeres al trabajo remunerado se ha detenido en los últimos 20 años. Solo el 62% de ellas forman parte de la población activa, frente al 93% de los hombres. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, y en promedio, se les paga el 23% menos que a ellos, una disparidad que alcanza el 35% en algunos países.
Las cifras de la violencia machista (agravada durante la pandemia) siguen siendo abrumadoras, y aún afectan al 33% de las mujeres en todo el mundo.
Cabría pensar que, en este contexto, la Unión Europea es una isla igualitaria que avanza a mayor velocidad. Según el Informe global de brecha de género 2020 del Foro Mundial de Davos, Europa occidental es la región de menor brecha, manteniéndose en esta posición durante los 14 años que se viene elaborando el informe.
No obstante, 25 años después de Pekín, ningún Estado del mundo ha conseguido la igualdad, ni siquiera los más avanzados: Islandia ha cerrado el 87,7% de la brecha de género; Noruega el 84,2%; Finlandia el 83,2% y Suecia el 82%. España, que ha reducido en un 80% su brecha de género, asciende en el ranking situándose entre los 10 primeros puestos, fundamentalmente por el importante avance en la dimensión de representación política . Con todo, señala Davos, al ritmo actual y si no se toman medidas adicionales, los países europeos tardarían una media de 54 años en cerrar la brecha.
En la UE, el balance de Pekín no es halagüeño. Un informe reciente del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) que monitoriza el cumplimiento del Plan de Acción de Pekín revela que muchos de los desafíos identificados en 1995 siguen siendo muy relevantes: la brecha salarial, la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerado, o la violencia de género, entre otros. En territorio europeo conviven, junto con los escasos avances, retrocesos y nuevos desafíos que han emergido más recientemente, como los derivados de la digitalización, los flujos migratorios o una creciente reacción en contra de la igualdad de género. Hay progresos indiscutibles (aunque ningún país de la UE ha alcanzado los objetivos), pero en la región más igualitaria del planeta, también hay retrocesos y reacciones a los avances logrados.
Los obstáculos tienen muchas similitudes con los de hace 25 años: muchas de las desigualdades económicas tienen su origen en la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado, crianza y otros tipos de trabajo no remunerado. Esta carga desproporcionada de trabajo de cuidados que asumen las mujeres (que dedican, de media, 13 horas más a la semana que los hombres) impacta directamente en su participación en el mercado de trabajo. La brecha salarial persiste, y en la UE alcanza una media del 16%. Ellas ocupan los trabajos de menores salarios, el trabajo a tiempo parcial, y son quienes abandonan su carrera profesional para cuidar de menores y personas dependientes. La brecha en las pensiones alcanza el 37%, lo que incrementa el riesgo de que muchas europeas sufran pobreza. A futuro y si no se actúa para cambiar la tendencia, las mujeres podrían ser, también, las grandes perdedoras de las oportunidades laborales que ofrece la digitalización. Están infrarrepresentadas en los puestos de decisión de las empresas y en las profesiones ligadas a las tecnologías de la información y la comunicación, una tendencia de carácter global.
Persisten en el conjunto de los países que integran la Unión estereotipos de género y discriminaciones políticas, económicas y sociales. En los últimos tiempos, ha emergido con virulencia una reacción “anti-género” que puede tener impacto negativo en el medio plazo si no se aceleran y se consolidan medidas concretas para avanzar en la igualdad efectiva. Como señala el informe del EIGE, estos grupos políticos y sociales impugnan el concepto de “género” para negar ciertos derechos a las mujeres y las personas LGTBQI, en particular el derecho a la salud sexual y reproductiva, que consideran “ideológico” y contrario a la concepción tradicional de la familia, apelando a la recuperación de los roles de género tradicionales (que relegan a las mujeres al ámbito doméstico y subrayan su papel subordinado) y a combatir lo que denominan “ideología de género” . Su carácter iliberal (en Hungría, Polonia o Rumania, entre otros) tiene en la igualdad de género uno de sus ejes ideológicos e identitarios. Como señala el informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género, en algunos Estados miembros la situación ha empeorado respecto a la incorporación de la perspectiva de género, o el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, claves para construir una Europa más social y para lograr buena parte de los ODS relacionados no solo con la igualdad sino también con la pobreza, la salud, la educación, la acción climática, o el trabajo decente, por citar algunos.
El cambio social hacia sociedades inclusivas es posible, como han demostrado medidas encaminadas a hacer efectivos los derechos de las mujeres: la ampliación de los servicios públicos (incluyendo el acceso a la salud sexual y reproductiva, o servicios de cuidado infantil), la lucha contra la violencia de género, o el impulso a la presencia de más mujeres en la esfera política a través de leyes y medidas como las cuotas electorales. En la UE, más de la mitad de los Estados miembros han introducido cambios para el cuidado de la infancia y medidas para facilitar la conciliación de la vida personal y profesional de hombres y mujeres.
Como objetivo y valor fundamental de la UE, sus instituciones, en particular la Comisión y el Parlamento, deberán redoblar esfuerzos para avanzar en el camino marcado en Pekín . Para ello, necesitarán el apoyo de algunos de los Estados miembros más comprometidos con la agenda de la igualdad como España, Finlandia, Suecia o Países Bajos. En un contexto de erosión de algunos derechos y libertades de las mujeres (a instancias, entre otros, de países como EE UU y Rusia, pero también de Estados europeos como Hungría o Polonia) y de un claro intento de ruptura de los consensos básicos en la comunidad internacional acordados hace 25 años, se seguirá requiriendo de la UE un permanente esfuerzo para promover (y defender) la igualdad entre hombres y mujeres.
La crisis y la enorme incertidumbre global causada por la pandemia puede también contribuir al debilitamiento de la causa de la igualdad, no solo en las respuestas nacionales, sino también en los espacios multilaterales. Cierto que la movilización social en favor de los derechos y libertades de las mujeres en cada vez un mayor número de países del mundo demuestra que no se renunciará a lograr los objetivos . Pero no es menos cierto que, hoy, existe un riesgo mayor de que algunos de los compromisos acordados en Pekín acaben siendo excluidos de los marcos mundiales y los compromisos internacionales.
El balance de Pekín bien puede condensarse en pocas palabras: pocos avances, algunos retrocesos y nuevos desafíos. No estamos solo ante una agenda inacabada, o como definió el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de la “gran tarea inacabada de nuestro tiempo que es lograr la igualdad de género”. Asistimos, un cuarto de siglo después, a un cuestionamiento de derechos y libertades que habíamos dado como consolidados, a una agenda contestada, también en el interior de la UE.
Este 2020 aspiraba a ser un año para tomar nuevo impulso y relanzar el compromiso con la igualdad. La covid19 podría no solo arrinconar la agenda (imprescindible para lograr el resto de los Objetivos de la Agenda 2030), sino agravar las brechas de desigualdad preexistentes si las respuestas, una vez más, son ciegas al género. Es el momento de que los países más comprometidos, junto con instituciones como la UE, asuman un liderazgo más firme y robusto y acompañen a Naciones Unidas para que este año no sea una ocasión perdida, sino el momento en el que, como sucedió en Pekín hace 25 años, gobiernos, sociedad civil y organizaciones multilaterales comprometan acciones inaplazables para acabar, y hacerlo con urgencia y determinación, la gran tarea pendiente de nuestro tiempo.
Fotos: Archivo AmecoPress. Getty Images. Manifestación feminista en Turín, Italia, junio 2020. Mauro Ujetto. 

"En la estrategia de lucha contra la trata, necesitamos datos y conocimiento para poder innovar"

Entrevista a Alejandra Acosta, fundadora de Break the Silencie






Manifiesta que es fundamental saber cómo los tratantes están captando a las víctimas, cómo las obligan a moverse, qué edad tienen, qué factores intervienen en el proceso, y construir soluciones con una perspectiva un poco más compleja que las medidas por las que se apuesta actualmente




Madrid, 14 may. 20. AmecoPress.- La vida de Alejandra Acosta cambió cuando, siendo estudiante de Trabajo Social, asistió a un congreso en el que supo que, en su ciudad, Madrid, existía la esclavitud y conoció el testimonio de una chica nigeriana de su edad a la que habían rescatado de una red de explotación sexual, que tenía “las mismas aspiraciones y sueños que yo, pero no las mismas oportunidades”. Entonces, junto a una amiga estudiante de Psicología, decidió “hacer algo”. Ese algo se llama Break the Silencie, un proyecto formado por voluntarias universitarias que nació para concienciar a los y las jóvenes sobre la trata de personas, a través de charlas en institutos y universidades y que ha ido ampliando y profundizando su estrategia en la medida que encuentra límites para avanzar.
Alejandra Acosta no rehúye del cambio y defiende el conocimiento como parámetro necesario para combatir una realidad cruel en la que los verdugos transforman permanentemente sus estrategias para seguir explotando y esclavizando. En la trata se entrelazan capas y opresiones que sostienen nuestro mundo y la categorización simplista y ramplona no forma parte de la estrategia que esta joven risueña y clara elige para luchar contra ella.
¿La gente es consciente de la existencia de esclavitud en las ciudades en las que vive y pasea?
Todavía falta mucha conciencia, pero es preciso destacar que, gracias al auge del movimiento feminista, el tema de la trata se ha puesto encima de la mesa y cuando hablas de trata de personas con fines de explotación sexual la gente conoce unos mínimos conceptos. Pero, aunque agradecemos mucho este avance, la trata es un fenómeno sumamente complejo, aunque es una cuestión de género -que obviamente lo es- va mucho más allá. Es una cuestión de derechos humanos transversales y afecta a niños, niñas, mujeres, hombres, personas de muchas condiciones y situaciones diversas. Por supuesto trata es explotación sexual, pero la trata es uno de los cimientos de nuestra sociedad, es decir, el mundo, tal y como lo construimos, está fundamentado o al menos uno de sus pilares es la esclavitud.
Cuando se trata de explicar los factores que hacen que una mujer caiga en las redes de trata se alude a la “vulnerabilidad”, ¿la vulnerabilidad es siempre y solo económica?
No, efectivamente, no solo es económica. Nosotras empezamos a ir a los institutos bajo la premisa de que, si la gente se enteraba de lo que estaba pasando, las chicas serían un poco menos vulnerables porque tienen conocimiento. Era un poco inocente. Pero cuando llegamos a las aulas encontramos chicas que no sólo eran vulnerables económicamente. En barrios muy adinerados por ejemplo, encontrábamos chicas que eran captadas para explotación sexual y la premisa para captarlas estaba mucho más relacionada con la vulnerabilidad emocional; estas chicas establecían un vínculo por redes sociales con un hombre, (sobre todo por Tinder, que es una red que tristemente han usado mal muchas chicas), establecían este vínculo romántico tóxico, compartían imágenes desnudas o en situaciones de intimidad, y luego este chico las extorsionaba y las amenazaba con difundir las imágenes y mediante esta presión las explotaba: “si no haces lo que yo te pido voy a decir en tu instituto que eres una prostituta”. Entender la complejidad es un proceso.
¿Cómo habéis modificado la estrategia?
Empezamos yendo a institutos hablando de trata con fines de explotación sexual y encontramos tanto chicas potenciales de ser captadas como víctimas de explotación sexual, y chicos con un alto consumo de pornografía y una normalización de la prostitución que empeoraba este problema. Pero, además, vimos que, entre estos adolescentes, había círculos en los que por ejemplo sus familias eran dueñas de un burdel o un club de striptease y era complicado para ellos enfrentar esa situación. O también, cuando encontrábamos a alguna chica estaba siendo explotada, tratábamos de ponerla en contacto con alguna organización que pudiera ayudarla, y a veces el profesorado o las familias se oponían, no querían remover más la situación. Es decir, era el propio sistema el que planteaba dificultades a estos chicos y chicas. Porque la trata es el resultado de un complejísimo sistema de opresiones que se entrelazan (económicas, raciales, identitarias,…) y por eso normalizamos determinadas lógicas y narrativas que no son normales.
Nos dimos cuenta de que lo que estamos intentando solucionar tenía una envergadura a la que no llegábamos y decidimos ir un pasito más allá, planteando hacer incidencia política a nivel municipal, quisimos que las personas que hacían ordenanzas y políticas locales tuvieran conciencia del problema y supieran cómo se desarrollaban en su municipio la trata, para que pudieran maximizar la actividad de prevención y sensibilización. Lo cual está muy bien, pero volvimos a llegar una limitación porque vimos que sin una ley integral contra la trata que tipifique adecuadamente el delito, esta acción se quedaba pequeña.
Ahora estamos en otra fase. El trabajo de acompañamiento de mujeres de modo informal y voluntario nos permite recoger muchos testimonios y comprender situaciones, para plantearnos cómo poder hacer más y mejor; y de repente, un día, una chica nos contó cómo a ella la trasladaban constantemente en Uber y abrimos otro melón: la trata, para legitimarse, se sirve de la estructura de las ciudades, es decir, todas aquellas cosas que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas usamos, los tratantes también las utilizan para llevar a cabo su negocio y una por ejemplo es una estructura de movilidad que se llama Uber. ¿Es Uber un proxeneta? No, posiblemente Uber no tenga ni siquiera noción de lo que está transportando, y si la tiene, no se mete ahí. Entonces, nosotras nos planteamos la posibilidad de ofrecer a Uber o a estas cadenas de movilidad una solución para que entiendan que en su negocio viajan víctimas de trata y que si ellos y ellas son conscientes de lo que ocurre e implementan protocolos pequeños, vamos a acelerar la identificación de víctimas de trata. En esa fase estamos, investigando qué puede hacer el sector privado en la lucha contra la trata, pensando cómo coaligar estas entidades con otros sectores como ejes de administración pública y producir datos, producir conocimiento, saber cómo están captando a las víctimas, como las están moviendo, por dónde se mueven, qué edad tienen, y construir soluciones con una perspectiva un poco más compleja.
¿Es fundamental contar con una ley integral contra la trata?
Por supuesto, si no se tipifica el delito con todas las particularidades y todos los tipos de trata que hay, no va haber sentencias condenatorias.

“Evidentemente no podemos sostener que prostitución y trata van separadas, porque esto no es cierto, pero, aunque beben una de la otra, me parece demasiado categórico hablar de que una y otra son lo mismo”

¿Trata y prostitución van de la mano?
Yo diría, y me vas a permitir citarla porque la admiro mucho, lo que siempre dice Martina Capelli, siempre explica la trata y la prostitución como dos alianzas que se entrelazan, y ahora mismo, ante la ausencia de suficientes datos veraces y de calidad (lo cual dice mucho de un Estado que no invierte en investigación) que impiden medir bien muchísimas aristas que tiene este problema, hace que sean unas alianzas que beben una de la otra, pero no sabemos en qué medida. Evidentemente no podemos sostener que prostitución y trata van separadas, porque esto no es cierto, pero, aunque beben una de la otra, me parece demasiado categórico hablar de que una y otra son lo mismo. Y lo explico al menos desde mi perspectiva de sensibilización. Si yo en un instituto o en una universidad digo que prostitución y trata es lo mismo, aquella persona que está siendo tratada pero no está explícitamente en la prostitución, no se va identificar con este problema. Entonces, hay una escala de grises desde que eres “víctima de trata de manual” hasta que eres lo que definiría mucha gente como una “prostituta empoderada”. Lo digo entre comillas porque soy abolicionista y creo que la prostitución es una institución patriarcal. Pero creo que hay que ser capaz de evaluar la escala de grises porque las realidades no son tan simples.
Hay investigaciones realizadas por defensoras de derechos humanos, feministas, que ponen de manifiesto que a veces, las llamadas mafias, se convierten en redes que “protegen” a las mujeres en su tránsito migratorio, si no estuvieran en ellas sufrirían una violencia aún mayor. ¿Es necesario cuestionar las fronteras y las leyes de extranjería si queremos acabar con la trata?
Absolutamente. Para mí un activismo abolicionista que no cuestione la Ley de Extranjería, por ejemplo, o un activismo contra la trata de personas que no esté cuestionando el sistema de fronteras me parece que no está teniendo en cuenta un factor esencial. Porque, aunque hay víctimas de trata por supuesto españolas, también menores de edad, sabemos que la mayoría de las víctimas son migrantes o en situación de vulnerabilidad económica. Entonces, no podemos dejar de tocar todo el tema del racismo, el control de fronteras, que está hecho así a propósito. Cuando hablamos de vulnerabilidad no hablamos de algo etéreo, hablamos de un conjunto de condicionantes que impiden acceder a unas oportunidades y unas condiciones dignas y esos condicionantes no son inocentes, se han creado a propósito para que quien quienes están en los márgenes estén todavía más.

“Faltan herramientas: vemos chicas en el aula con un discurso feminista súper interiorizado y en situaciones de trata de explotación sexual”

La trata con fines de explotación sexual afecta cada vez a mujeres más jóvenes. También parece haber un aumento de adolescentes y jóvenes que se acercan al sexo a través de la prostitución y la pornografía. ¿Es así tu percepción? ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir esta situación?
Yo veo varias tendencias confluyen y que si queremos hacer una sensibilización eficaz y acercarnos a esta franja de la población hay que pararse a analizar. Lo primero es que, gracias a la conciencia feminista, hay cuestiones que la gente joven conoce y tiene la posibilidad de pensar. Pero el problema es que, aunque estos adolescentes tienen mucha más información que antes, gracias al feminismo, sobre temas relacionados con pornografía, con violencia, con sexualidad, sin embargo, no tienen herramientas. No podemos pelear en una charla de 45 minutos con 23 horas y cuarto diarias de sexualización. Entonces, fantástica la divulgación, pero creo que tenemos que mutar de etapa y empezar a dar herramientas, porque ves a chicas en el aula con un discurso feminista súper interiorizado y en situaciones de trata de explotación sexual. Hablo de herramientas para poder poner trabas o para poder pedir ayuda, construir capacidades es un proceso largo en el tiempo. Por otro lado, creo que hay un claro auge de la normalización de la pornografía, de la prostitución, y del consumo, que es absolutamente preocupante y que tiene que ver también con el auge del sexismo y con lo que los partidos de la ultraderecha están reforzando. ¿Cómo puedo ser un chico de 18 años y no normalizar el consumo de prostitución por ejemplo si llevo consumiendo pornografía desde los 10? Si he normalizado que puedo comprar lo que quiera con un clic, que puedo conseguir lo que quiera en cualquier país del mundo, que ser racista es normal, todos los parámetros de este mundo que va rápido, donde todo es inmediato, que normaliza la prostitución, que normaliza la precariedad, que normaliza la falta de opciones, he interiorizado una narrativa mucho más compleja que simplemente el lado de la explotación sexual, son visiones que se entrelazan.

“¿Cómo puedo ser un chico de 18 años y no normalizar el consumo de prostitución por ejemplo si llevo consumiendo pornografía desde los 10?”

¿Sigue habiendo mucha violencia sexual dentro de las paredes de las casas?
Si, de hecho los casos que aparecen en las aulas casi siempre son chicas que han sido agredidas sexualmente por personas de su entorno y de su confianza. En institutos donde nos permiten hacer un trabajo permanente de talleres semanales puedes ir profundizando y hemos trabajado mucho la cultura de la violación.
¿Sanan las heridas de la esclavitud sexual?
Sí, claro que sí. Ayuda mucho que estas mujeres tengan acceso a la justicia y también que como sociedad estemos dispuestos y dispuestas a ayudar a que estas mujeres sanen. No son un caso aislado, es un sistema que legitimamos entre todas y todos.

Medidas durante el estado de alarma provocado por el covid-19

Durante el estado de alarma provocado por el covid-19 se han implementado algunas medidas dirigidas a las mujeres víctimas de trata, de esclavitud sexual o en contextos de prostitución. ¿Qué opina de etas medidas? ¿Cómo ha afectado este confinamiento a las víctimas de trata?
Las medidas son un avance en el sentido de que contemplan a estas mujeres como receptoras ese tipo de ayudas pero tristemente no es suficiente. Y con “no es suficiente” no quiero decir que ya tendríamos que tener la ley integral estatal. El coronavirus nos ha pillado por sorpresa a todos y a todas y no vamos a esperar que el gobierno en tres días apruebe una ley integral contra la trata, pero no se han dado ni siquiera para las entidades, a las que tanto muchas veces acusan, protocolos y criterios claros para saber cómo estas mujeres pueden acceder a los recursos y las ayudas previstas. Y otro aspecto que deja en evidencia el trabajo que está realizando también por parte de las asociaciones es que no tenemos suficientes datos y estructuras para poder agrupar el trabajo que se está haciendo. Necesitamos, de cara a coordinarnos con instituciones, tener hechos claros, saber lo que está pasando y como está pasando.
Las redes y los tratantes van cambiando de estrategia y a veces van por delante del trabajo que se realiza desde las organizaciones e instituciones. Da la impresión que el ritmo de los datos y del conocimiento de la situación no se adecúa a la necesidad.
Sí, efectivamente, dentro del problema de la trata, esta es mi causa: la necesidad de conocer para innovar. Entiendo que muchas organizaciones están haciendo un extraordinario trabajo a pie de calle y están ocupadas con intervención y a menudo desbordadas. Pero necesitamos fomentar la investigación, saber cuáles son las tendencias, qué está pasando, como está pasando, porque si no, sigue sucediendo que los tratantes van 15 pasos por delante de nosotras.
La trata es un gran negocio, donde están involucrados muchos sectores y muchos estamentos de la sociedad.
En todos los sectores hay gente que cierra los contratos en los burdeles pero también hay gente convencida de querer acabar con la trata. Desde mi punto de vista no podemos caer en un discurso simplista donde convirtamos a todos en verdugos o a todos en víctimas. La realidad es mucho más compleja. Y lo que va a hacer que la trata acabe es que seamos capaces de permear en toda la sociedad.

Escuchar y dar voz a las supervivientes y preguntar también cómo quieren ser ayudadas

Danos un mensaje para los medios de comunicación, que de alguna manera también contribuimos a construir o transformar determinados imaginarios. ¿Cómo abordar la trata en los medios?
Para mí es fundamental que los medios de comunicación reciban formación por quien toca terreno. Claro que hay formación sobre estos temas para medios de comunicación, claro que hay más gente queriendo estar en la conversación y aportar, pero realmente ¿cuánta de esta gente está tocando terreno? Ahí te das cuenta de que no es mucha y esto es peligroso, porque al final vendemos mitos, cosas desactualizadas y excesivamente politizadas ante la falta de datos. Creo que es fundamental que los y las periodistas estén formados y formadas por quien toca terreno. Y lo segundo, escuchar en la medida de lo posible, o dar voz en la medida de lo posible, a las consignas de las supervivientes, no desde el morbo, sino preguntar también cómo quieren ser ayudadas.
¿Hay algún testimonio que te haya marcado especialmente?

Hay un testimonio que me marcó especialmente porque puso en cuestión muchísimas de mis valoraciones patriarcales y paternalistas sobre las víctimas y supervivientes de trata. Nelly es una chica de Veracruz que fue tratada en la universidad con 18 años. Fue de los primeros testimonios mediáticos que escuché. Era un caso parecido a los que yo trabajaba en los institutos, una chica que está en una situación de vulnerabilidad económica, pero sobre todo de vulnerabilidad emocional y es engañada por un hombre, inician una relación, ella se va a vivir con él a otra ciudad, él le cuenta que trabaja en una fábrica de coches y lo que hacía era explotar a mujeres, él logra prostituirla y ella ni siquiera estando en la prostitución es consciente de que él la ha tratado. Finalmente, Nelly logró escapar y entrar en un recurso de reinserción social especializado para mujeres supervivientes se trata. Por cosas de la vida, me invitan a un congreso internacional para hablar sobre trata de personas en México y ahí coincidimos, ella es uno de los testimonios de supervivientes. En esos días yo me entero de que Nelly está terminando su carrera, se va a graduar, ha conseguido fondos para montar un negocio y además la han nombrado una de las 50 mujeres más poderosas de México. 
No quiero resaltar este testimonio como una cuestión de éxito individual de Nelly, sino porque supuso poner en cuestión muchos de los prejuicios y parámetros que yo tenía establecidos con respecto a las supervivientes de trata. De hecho, creo que aquí en España todavía las oportunidades que desde las organizaciones se les ofrece no son suficientes y están enfocadas a un tipo de trabajos que son los que creemos que una superviviente será capaz de hacer, cuando esto no es así.

Foto: archivo AmecoPress, cedidas por Alejandra Acosta

Helena Maleno: Hay que ser valiente para apostar por la vida







La defensora acaba de publicar ’Mujer de frontera’, un libro en el que repasa el injusto proceso judicial al que fue sometida y en el que rescata los saberes de migrantes, de víctimas de trata, de hombres y mujeres cuyos cuerpos son atravesados por las políticas migratorias




Madrid, 02 jun. 20. AmecoPress.- La defensa por el derecho a la vida y la libre circulación en la Frontera Sur española tiene un nombre y se llama Helena Maleno Garzón. Periodista, investigadora y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, su activismo y lucha casi le cuesta la cadena perpetua. Su trabajo es un órdago a “las necropolíticas en las fronteras” pero sobre todo es un canto a la vida.
Acaba de publicar ’Mujer de frontera’, un libro en el que repasa el proceso judicial al que se vio sometida por presunto tráfico de personas, una experiencia que teje con saberes vitales de muchas otras personas a las que ha conocido y ayudado en su labor de defensora de la vida de las personas migrantes. Es de algún modo una forma de expresar lo aprendido al ser valiente y escuchar. Una forma de retribuir, pues el hostigamiento que vivió –cuyo eco aún resuena- también se ha combatido con el apoyo de mucha gente y acciones colectivas que le han hecho sentir querida y protegida.
¿Por qué decide escribir este libro y qué ha supuesto para usted contar esta historia personal pero que también es una historia colectiva, donde se entrelazan muchas vidas?
Cuando estoy en mitad del proceso judicial y voy enterándome de cosas, me daba rabia e impotencia no poder contar, porque estábamos en secreto de sumario, ahí empezó a fraguar en mí la idea de contarlo de alguna forma. Escribir un libro para contar todo el procedimiento judicial y todas las historias de vida que me llevaron hasta ahí y hacerlo en primera persona, porque al final quería que la gente entenderse como las macropolíticas atravesaban el cuerpo de las personas, a mí con la criminalización pero a otras muchas incluso costándoles la vida. Fue difícil contarlo porque yo soy muy pudorosa y fue como abrirse en canal, pero creo que era necesario, que la gente entienda, que la gente ponga nombre y apellido, que ponga historia, que ponga vida a lo que nos ocultan con estas políticas de muerte.
Vamos con ese eje central del libro que es su procesamiento, la emisión de un informe desde el Estado español, la posibilidad de ser sentenciada con cadena perpetua… ¿Estaban lanzando un mensaje a quienes defienden los derechos humanos en la frontera? ¿Influyó el hecho de que fuera mujer y su trabajo con la trata?
Fueron dos cosas que se unieron. Paradójicamente investigaba la trata y he luchado mucho contra ella, conozco muy bien esa realidad y conozco el daño que hacen a las mujeres, he acompañado a muchas de ellas y la misma policía (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales –UCRIF-) que se supone protege los derechos de las víctimas de trata y que yo había encontrado en muchas conferencias y formaciones, es la que hizo mi dosier. Porque en el Estado español la policía de control de fronteras es la policía que trabaja temas de trata. Las organizaciones hemos pedido muchas veces que esto no sea así, porque al final el sesgo migratorio lo toca todo y habría que separarlo. Por un lado, buscaban un caso ejemplarizante y, por otro lado, yo creo que, en mi labor, como estaba en el terreno, estaba con las mujeres, también pensaron que a lo mejor era fácil encontrar algo con lo que acusarme. No fue así, en el dosier no había nada real, eran todo mentiras. Y luego, en el dosier influye mucho mi condición de mujer, se ve mucho odio a la mujer, hablando de mis relaciones sentimentales y sexuales, y homofobia también. Mis relaciones sexuales y sentimentales, ¿en qué definen si soy más o menos traficante? Y eso lo hizo una policía española tal vez pensando que, si lo abría un juez marroquí, dado que es un país donde la prostitución y la homosexualidad incluso está penado, podía ser un plus…no sé. En todo caso el dosier es tremendo y es un ataque a mi condición de mujer.

“La misma policía que se supone protege los derechos de las víctimas de trata y que yo había encontrado en muchas conferencias y formaciones, es la que hizo mi dosier, que es un ataque a mi condición de mujer”

¿Cómo ha cambiado su vida ese proceso?
Con esa experiencia se instala la protección en mi vida, he tenido que aprender en todo este proceso, también lo cuenta en el libro, descubro organizaciones internacionales que apoyan a defensoras de derechos humanos, la Relatoría de Naciones Unidas, y todas empiezan a tejer sistemas de protección alrededor mío. Me enseñan que la criminalización no termina nunca, que hay que protegerse porque los estados no sólo usan los procedimientos judiciales, sino que utilizan muchas otras estrategias. Yo ya había sufrido una amenaza de muerte, tengo una denuncia puesta en 2014, un intento asesinato; en 2017, en Twitter hubo muchos mensajes de cuentas españolas pidiendo mi violación y una serie de cosas brutales… Las defensoras me enseñaron que ya mi vida no iba a ser igual, que a partir de ahora tenía que protegerme y bueno, integras la protección a tu vida, acabas no saliendo de noche, acabas reportando cualquier tipo de ataque porque sabes que el Estado no te va a defender. Cuando hablaba con otras compañeras de Honduras, de México, se sorprendían de que esto también pase en Europa. Y sí, en Europa hay una tendencia a la persecución y a la criminalización de personas que defienden derechos, ya hay más de 250 casos judicializados parecidos al mío. Desgraciadamente la vida te cambia totalmente, no sólo la mía, sino la de la gente que me quiere, la de mis hijos. Pero mereció la pena.
En el libro cuenta cómo en Dublín coincide con defensoras de otros países, algunas de ellas buscan refugio en el Estado español y ese Estado, en su caso, intenta criminalizar su labor de defensa de los derechos humanos. Es una paradoja. Pero también, en estas experiencias se rescatan las redes de solidaridad.
Efectivamente, en Dublín, donde cada año llevan a 121 personas de todo el mundo. Era brutal conocer las estrategias de fuerza, de resistencia de estas defensoras. Y ellas flipaban porque yo era europea y cuando les contaba acerca del dosier, de las amenazas por mi condición de mujer, se evidenciaba que eran las mismas estrategias de ataque en todos los países. Pero había muchas estrategias de apoyo y de resistencia de las que aprendí. Esto fue un triunfo colectivo, ganamos juntas el procedimiento judicial. Se nota mucho en el libro, por eso está empapado de todas las historias de mujeres valientes que construyen vida cada día.

Humanizar el relato, una forma de resistencia

Uno de los valores de su libro, desde mi punto de vista, es que logra humanizar el relato, saliendo de las lógicas habituales. En los rincones más oscuros, usted advierte y narra la vida. ¿Esa mirada es también una forma de resistencia?
Claro, claro, ante políticas de muerte son resistencias de vida. En los campamentos (cercanos a la frontera) hay vida, hay tiendas para recargar los móviles en baterías de coches, por ejemplo, porque tener cargadas las baterías era una estrategia de vida, si no estuviesen cargadas y te deportan al desierto –en aquel momento había muchas deportaciones al desierto- podías morir; había un campo de fútbol donde incluso los militares marroquíes participaban en la liguilla cuando terminaban de perseguir a los migrantes (antes de que los armaran) … El libro es un canto a la vida, solamente escribo lo que he vivido, porque no es sólo sobrevivir, como nos han hecho creer cuando muestran a esas personas que “atacan la valla”, mientras pasa todo eso, las personas se enamoran, resisten, ríen, hacen fiestas, se ponen guapas cuando van a la iglesia... son estrategias de vida y es verdad que es interesante leerlo porque es maravilloso ver cómo la vida se abre paso en un sitio tan violento.
Mientras vivía el proceso judicial y esperaba con la presión de una condena, entrevistaba a mujeres migrantes en Marruecos, para una investigación sobre sus derechos que le encargó Alianza por la Solidaridad. ¿Qué tenemos en común con esas mujeres y cómo le ayudaron?
Era flipante porque, claro, cuando hago una investigación relacionada con mujeres soy muy cuidadosa, hay que protegerlas, muchas están en situación de explotación, de trata, y hay que protegerlas y también hay que protegerlas de la violencia del control migratorio, y por eso soy cuidadosa de dónde nos vemos, cuándo, que sea en condiciones de seguridad… Bueno, pues ellas buscaban esas condiciones de seguridad para mí también, me preguntaban y se preocupaban por mí y el proceso judicial, me enseñaban a protegerme. Hablábamos de sus estrategias de resistencia y me las estaban compartiendo a mí. Fue un informe muy especial para mí porque creo que fue investigación donde hubo mucho amor, las conversaciones fueron muy especiales, me dieron mucho cariño y apoyo.

Las mujeres normalizan la violencia durante el proceso como una adaptación para la supervivencia

Hemos participado en muchas de las charlas y presentaciones que ha hecho en Madrid. En algunas presentaba informes realizados con organizaciones feministas como Women’s Link o Alianza por la Solidaridad, acerca de las mujeres en los procesos migratorios, o del fenómeno de la trata. Más de una vez hablaba de la normalización de la violencia durante el proceso migratorio, en particular la violencia sexual, como una adaptación para la supervivencia. Cuando intento explicarlo me cuesta, no logro hacerme entender. ¿Qué quiere decir?
(Ríe, como reconociendo mi incomprensión). Claro, la gente no lo entiende porque no escuchamos a las mujeres. Por eso los informes de estas organizaciones son muy importantes. Dicen que no te entienden porque lo que dices es otro paradigma, es otro pensamiento, es otro saber, es un saber que viene desde las propias mujeres y eso nos cuesta. En España se construyen saberes desde las organizaciones sociales, o por ejemplo vas a una conferencia y están las expertas de trata, el policía, la ONG, la experta de la universidad y luego está el testimonio de la mujer, es un testimonio, no se considera un saber, no lo entendemos como pensamiento. Lo dicen las propias mujeres. Es brutalmente racista, aunque no nos demos cuenta. No es que tú no lo transmitas bien, es que la gente no quiere escuchar eso porque se quedan con sus saberes y no quieren permearse de los saberes de las otras. Cuando escuchamos a las mujeres, lo que ellas dicen es: miren ustedes, sabemos que durante todo el trayecto migratorio vamos a pagar un dinero, pero no solo vamos a pagar dinero, sino que vamos a pagar con nuestro cuerpo -porque el cuerpo de las mujeres define nuestra relación con el exterior y es así-; saben que la violencia sexual está presente en el proyecto migratorio y por lo tanto normalizar esa violencia les permite vivir, porque si no normalizan que es un precio a pagar, se volverían locas; así, la convierten en una estrategia de resistencia; mi cuerpo no te pertenece, no voy a dejar que la violencia se quede con mi cuerpo, mi cuerpo se va a convertir en mi resistencia. Entonces, yo creo que es maravilloso…

“Se acaba con la trata reconociendo y reintegrando los derechos humanos a las mujeres”

Su libro también recoge referencias de mujeres, niñas, víctimas de trata, que han estado encerradas en CIEs y que han sido expulsadas del Estado español. Por ejemplo, Esther, nigeriana. Esto es una vulneración grave de los derechos humanos.
Cuando voy a Nigeria y las estoy visitando, iba con un listado de las que habían sido devueltas desde el Estado español y era brutal porque, una vez habían llegado a Nigeria, habían sido recogidas directamente por las redes de trata que las estaban preparando para iniciar otro camino, algunas veces para volver a Marruecos y otras veces para llevarlas por Libia. Y eran niñas chicas, algunas las había visto en el CIE y también las compañeras de Womens Link habían estado con ellas. Por eso volvemos a lo mismo, la policía, la UCRIF, no es la que se tiene que encargar de estos temas porque al final el control migratorio atraviesa los cuerpos de las mujeres víctimas de la trata. Hay que eliminar todo ese control migratorio de sus cuerpos. En Nigeria me di cuenta de que no solamente con persecución policial se acaba con la trata, la policía tiene que estar ahí porque hay un delito efectivamente, pero cuántos tratantes están en la cárcel, cuántas condenas hay, cuántas redes han sido de verdad desmanteladas totalmente de las grandes redes: son mínimas. El tiempo nos ha demostrado que las grandes redes cada vez son más grandes y cada vez son más fuertes. En Nigeria me di cuenta que se acaba con la trata reconociendo y reintegrando los derechos humanos a las mujeres, la lucha contra la trata requiere un enfoque de derechos humanos e integral. La parte policial tiene que existir, pero tiene que existir otra parte que tiene que ver con los derechos humanos de las víctimas y creo que ese enfoque se ha olvidado mucho en el Estado español. Salvamos a unas pocas y sacrificamos a muchas otras, en ese marco del control migratorio que las que las atraviesa.
La presión hacia Salvamento Marítimo de las nuevas políticas militares en la frontera está siendo muy fuerte. Las políticas migratorias de Europa, cada vez más, provocan muerte. La industria militar y criminal están conectadas y se retroalimentan. Son conclusiones de su libro. ¿Cómo despertar conciencia en los pueblos para exigir la transformación de estas condiciones?
Hay un entramado grandísimo que se ha ido construyendo también con el relato. Un entramado de un aumento del negocio de las industrias de control migratorio, que son las industrias del armamento. Son unas industrias que necesitaban este tipo de política, la necroplolítica, que explica muy bien un pensador camerunés, Achille Mbembe. Al final llevamos 30 años escuchando las mismas mentiras que son discursos de odio que justifican la necropolítica, que consiste en hacer morir -como en Tarajal- o en dejar morir -como cuando no vas a un rescate- a determinadas personas de determinados colectivos. Esa necropolítica subsiste porque da dinero, está dando mucho dinero a empresas de armamento y a Frontex también.
¿Cómo crear y construir otras políticas? Hay que apostar por políticas de vida. La pandemia nos ha puesto delante varias de ellas. Había una gran amenaza a la vida y se ha respondido con solidaridad, se ha respondido con apoyo mutuo, se ha respondido con servicios públicos de defensa de derechos. Así es como se ha respondido, aunque en el Estado español se ha dejado a mucha gente fuera, entre ellas a la población migrante. Pero está claro que se pueden hacer políticas de vida, las comunidades migrantes llevan mucho tiempo respondiendo a la política de muerte con políticas de vida, con solidaridad, con apoyo mutuo, con redes de resistencia, con redes colectivas. Por ejemplo, este libro no es un ensayo político, pero el otro día lo recomendaba Saskia Sassen, que es una de las grandes pensadoras en este momento. No es un ensayo político pero este libro y muchos otros permiten hacer políticas de vida. Pero hay que ser valiente para apostar por la vida.
Creo que hay una posibilidad de cambiar, pero te tienes que enfrentar a un gran negocio. ¿Por qué las políticas migratorias no han sido diferentes, sea cual sea el signo político del partido que estaba en el poder? Porque detrás hay unos intereses económicos brutales que se esconden tras los discursos del odio y los discursos racistas, que sólo ocultan un sistema al que el hecho de que determinadas personas mueran, les da dinero, y para el que los que consiguen llegar al final son explotados, sostienen el sistema en situación de explotación durante un tiempo. Por eso ese discurso del odio, del racismo, está tapando situaciones de esclavitud y explotación en los campos. Los que han ido a los campos durante el confinamiento, que siguen viviendo en chabolas, que son explotados, han sido migrantes en su mayoría, y eso da mucho dinero. Se puede hacer otro tipo de sistema, pero hay que ser valiente. Es lo que están pidiendo ahora mismo con la campaña de ‘Regularización ya’ al nuevo gobierno: sean valientes y reconozcan los derechos de las personas migrantes que están aquí.
Helena Maleno Garzón es defensora de derechos humanos, periodista e investigadora de los movimientos migratorios y la trata de seres humanos. Es fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Desde 2002 vive en Marruecos y trabaja denunciando las violaciones de derechos humanos en la frontera sur con España. Ha sido galardonada con múltiples premios que reconocen su labor, entre ellos el Premio Derechos Humanos 2015 del Consejo General de la Abogacía Española, el Premio Nacional de Periodismo 2018 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación 2018, el Premio Séan McBride 2018 del International Peace Bureau y el Premio Pimentel Fonseca 2019 del Festival Internacional de Periodismo Civil de Italia.
Foto: archivo AmecoPress, cedidas por Helena Maleno, realizadas por Dikobraz y por el hijo de la defensora

La trata de mujeres: la esclavitud del siglo XXI







La ONU afirma que solo el 1% de las víctimas de trata sexual salen a la luz. Ni es trabajo sexual ni son mujeres que han optado por este camino. Son “las excluidas de las excluidas”




Cd. de México, 31 jul. 20. AmecoPress/SemMéxico.- La trata de personas -mujeres en su gran mayoría- para la explotación sexual forzada constituye un delito preocupante tanto por sus consecuencias en las víctimas como por la cantidad de leyes nacionales e internacionales que infringe. A pesar de que se trata de un negocio en continuo crecimiento, es un problema que no recibe atención suficiente por parte de los Gobiernos y medios de comunicación, y las víctimas y las atrocidades que sufren suelen quedar en el olvido. Son “las excluidas de las excluidas”.
Cuando hablamos de esclavitud y comercio de esclavos, lo primero que nos viene a la mente son los grandes barcos negreros europeos que cruzaban el Atlántico repletos de esclavos africanos para trabajar en todo tipo de plantaciones en América, allá por el siglo XVI. Parece que es un fenómeno que se quedó en el pasado, como la lucha con espadas o el transporte a caballo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Aunque la proporción sea menor, el número de esclavos actual es muy superior al de aquellos tiempos. Para hacernos una idea, durante los 700 años de mayor auge del comercio esclavista —entre los siglos XII y XIX— se comerciaron 12 millones de esclavos, mientras que solamente en las tres últimas décadas 30 millones de mujeres y niñas fueron forzadas a la explotación sexual, a las que habría que añadir los millones de esclavos presentes en otros sectores, como la agricultura o el trabajo doméstico.
La trata y tráfico de personas continúa siendo un negocio muy rentable por razones obvias: las víctimas trabajan completamente al margen de la ley, sin derechos laborales ni sanitarios, recibiendo poco o nada a cambio y sin tener otra opción. Se calcula que en muchos países mueve el mismo dinero que el tráfico de armas y drogas juntos, aproximadamente seis billones de euros al año, lo que supone el 1,5% del PIB mundial. El proceso que lleva a estas personas a verse atrapadas en esta situación es muy complejo y cambiante; para comprenderlo correctamente se deben analizar todos los factores y partes implicadas y evitar caer en clichés y prejuicios generalizados.

Un viaje lleno de amenazas y promesas truncadas

Para evitar confusiones, es importante tener clara la diferencia entre trata y tráfico de personas. El tráfico implica introducir de manera irregular en un Estado a una persona que no es nacional o residente del mismo con el fin de obtener un beneficio, y en ocasiones se realiza por iniciativa de la futura víctima, mientras que la trata de personas puede ocurrir dentro del ámbito nacional - o comunitario - y supone que la víctima realice trabajos forzados por voluntad del explotador. De hecho, una de las nacionalidades más frecuentes en las mujeres explotadas de los países miembros de la UE corresponde a las rumanas.
Las férreas políticas migratorias de los países más desarrollados —y, por lo tanto, más atractivos para el resto del mundo—, como Estados Unidos o los países ricos de la Unión Europea, han hecho muy difícil acceder a ellos de manera legal. En estos casos, generalmente se recurre a la figura del facilitador, una persona u organización que se encarga de introducir de manera irregular a aquellas personas que quieran huir de su país por situaciones tan variadas y desesperadas como la pobreza extrema, amenazas personales o a familiares, persecuciones por motivos de raza, religión, sexo u orientación sexual o conflictos bélicos.
En otras ocasiones, el contacto con las redes de explotación sexual se produce a través de personas que gozan de la confianza de la víctima, como parejas o incluso sus propias familias, que esperan que las víctimas les manden dinero desde el país de destino. La manera en la que las víctimas caen en los dominios de los proxenetas cambia mucho según su situación, por lo que no se puede generalizar: en ocasiones es voluntario; en otras se trata directamente de una venta de seres humanos. En lo que sí se suele coincidir es que nadie escapa de su hogar por apetencia.
Una vez estas personas se ponen a disposición de los facilitadores, se inicia un proceso que muestra la verdadera naturaleza de muchas de estas organizaciones, que no es otra que captar gente con el fin de explotarla sexualmente en el país de destino. Este proceso, en unas ocasiones sutil y en otras todo lo contrario, tiene como objetivo minar la autoestima de la víctima y aumentar sus sentimientos de culpa, vergüenza y, sobre todo, miedo, de manera que la posibilidad de escapar o denunciar la situación en la que viven sea vista como utópica e incluso se nieguen a hacerlo cuando las organizaciones que luchan contra esta situación les ofrecen su ayuda.
La estigmatización de las prostitutas es uno de los factores que más hace mella en la resistencia de las víctimas de explotación sexual. A pesar de haber sido forzadas, la sensación de culpa y vergüenza por haberse convertido en una puta se convierte en una de las principales barreras a la hora de denunciar lo sucedido a las personas de su alrededor o a las autoridades. Además de ello, sufren amenazas, deudas que no terminan, violencia física y verbal, tratos vejatorios, intoxicaciones con drogas y sedantes…; todo vale con tal de garantizar el control total de las víctimas y su sumisión. Ello resulta en que la mayoría de las víctimas jamás son identificadas. La ONU afirma que solo el 1% de las víctimas de trata sexual salen a la luz, por lo que es complicado saber con exactitud la cantidad de afectadas. Aun así, se calcula que la trata de personas con fines de explotación sexual es el negocio criminal con mayor crecimiento de todos. Y nada de esto sería posible sin la otra cara del negocio: los clientes.

Sin demanda no hay oferta

Al hablar de la prostitución, la gran mayoría de los prejuicios y estigmas se centran en las prostitutas, mientras que los clientes se mantienen en un segundo plano. Esto no solo pasa en las conversaciones a pie de calle; también se aplica en las legislaciones de la mayoría de los países que prohíben la prostitución. Así, en Egipto se condena a las prostitutas a ir a la cárcel - incluidas las menores de edad -, pero al cliente no se le imputa ningún delito; es más, generalmente es uno de los testigos principales en el juicio posterior. Sin embargo, nada de esto cambia el hecho de que sin clientes no funcionaría el mal llamado “oficio más viejo del mundo”; un oficio deja de serlo cuando, en países como España, el 90% de las prostitutas son en realidad víctimas de trata y tráfico de personas. Además, muchas de estas víctimas son prostituidas cuando todavía son menores de edad; la ONU calcula que el 62% de las prostitutas fueron forzadas a prostituirse siendo menores. Ni es trabajo sexual ni son mujeres que han optado por este camino; es simple y llanamente explotación sexual y esclavitud.
Muchos clientes afirman saberlo, pero no lo denuncian por miedo a ser descubiertos por sus familias o las mafias que controlan a las prostitutas o simplemente por indiferencia. Algunos de estos puteros - como se los conoce coloquialmente - reconocen abiertamente que, en el momento en el que se convierten en prostitutas, da igual si es de manera forzada o voluntaria, las mujeres pasan a ser objetos para su disfrute y sus penurias y traumas no suponen nada que no se merezcan, otro exponente de la cosificación que las mujeres sufren en la mayoría de las sociedades. En muchas ocasiones, esto no es lo peor que hacen los clientes: las prostitutas se encuentran entre las ocupaciones más peligrosas del mundo, ya que están expuestas a palizas, violaciones, enfermedades sexuales y todo tipo de abusos que no se denuncian la mayoría de las veces, ni siquiera cuando suceden en el ámbito de la prostitución legal. Las prostitutas tienen una tasa de mortalidad 200 veces mayor que la media de mujeres de su misma edad y el 95% de ellas afirma haber sufrido un acoso sexual que en otros sectores llevaría a acciones legales.
Posiblemente motivados por estos hechos, varios países han decidido cambiar el enfoque con el que intentan combatir la trata de mujeres y las agresiones que sufren. En países como Suecia, Islandia, Canadá, Francia o Noruega no se criminalizan a las prostitutas, sino a quien busca este servicio, lo que ha llevado a una reducción significativa de la prostitución callejera y la explotación sexual. Este resultado contrasta con el de aquellos países que optan por la criminalización de las prostitutas, donde la trata de mujeres y la explotación sexual ha ido en aumento, motivada por la creciente demanda de sexo por dinero, ya sea local o de los denominados turistas sexuales, personas que viajan a países donde la ley —o su aplicación— es débil e ineficaz con la intención de usar servicios sexuales que muchas veces incluyen menores de edad o prácticas abusivas. Los informes más recientes afirman que en estos países hay 50 prostitutas en la cárcel por cada usuario preso.

Un problema de derechos humanos

Una de las principales reclamaciones de las asociaciones que luchan contra la trata de personas con fines de explotación sexual es que el problema se trate siempre como una violación de los derechos humanos y no como un problema de inmigración. Este enfoque, presente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) o en el Protocolo de Palermo (2000), se ha incluido progresivamente en las leyes de los principales países destinatarios de tráfico y trata de mujeres, aunque todavía está muy lejos de ser aplicado consecuentemente. Cuando las autoridades se encuentran con un caso, la atención se centra mayoritariamente en la situación irregular de la víctima. Por ello, la situación generalmente desemboca en cárcel y posterior deportación de la víctima, que posiblemente volverá a quedar atrapada en las redes de explotación sexual una vez regrese a su país; el caso se cierra sin perseguir a los culpables detrás de la trata. En palabras de una víctima de trata, es el único caso en el que la persona abusada es puesta entre rejas.
Otro de los obstáculos al que se enfrentan las víctimas es conseguir que las identifiquen como tales, ya que la ley encierra varios trucos —que los proxenetas conocen— que hacen muy difícil probar que una mujer ha sido forzada, encerrada y sometida a la voluntad de sus explotadores. Por otro lado, prácticamente solo aquellas que han entrado en contacto con asociaciones de apoyo a las víctimas de trata conocen la totalidad de sus derechos, lo que hace que muy pocas los reclamen cuando son descubiertas por las autoridades.
Por su parte, las autoridades muchas veces pecan de los mismos prejuicios que la sociedad civil tiene contra las víctimas de trata, lo que incluye racismo y discriminación por sexo. La falta de empatía y cercanía que sus historias personales producen en los responsables de protegerlas hace que no se persiga con la determinación necesaria a los culpables, quienes en ocasiones también corrompen a las fuerzas de seguridad del Estado para asegurarse su silencio y permisividad. Si las víctimas normalmente desconfían de las autoridades por su situación irregular, estas actuaciones no hacen más que dificultar su colaboración.
Autor: Burgos, 1994. Graduado en Relaciones Internacionales por la URJC y máster en Antropología de Orientación Pública por la UAM. Interesado en descubrir las verdaderas causas de los problemas de nuestro tiempo.
Fotos: Archivo AmecoPress. SemMéxico.  

Cámara de Diputados presenta propuesta para homologar feminicidio en todo el país

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Ciudad de México.- El Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio, conformado por 12 diputadas y diputados federales, propuso a los congresos estatales homologar su tipo penal de feminicidio con el Código Penal Federal y aumentar la pena de 40 a 60 años de prisión.
Durante la “Presentación de la Propuesta de tipo penal homologado del delito de Feminicidio”, que se llevó a cabo este 13 de agosto en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva de se repite, Laura Angélica Rojas Hernández, y de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, explicaron en qué consiste esta propuesta legislativa y llamaron a los Congresos locales a adoptarla. 
La diputada Pilar Ortega explicó que los puntos centrales de esta propuesta son:
—Retomar como base el tipo penal del artículo 325 del Código Penal Federal, cuya conducta principal consiste en la privación de la vida de una mujer por razón de género. 
— Homologar la sanción para fijarla en 40 a 60 años de prisión y 500 días de multa.
— Establecer la pérdida de derechos del agresor en relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
— Plantear que el delito se actualice con la concurrencia de una sola razón de género.  
— Recuperar lo político y comunitario como contextos de violencia previa en contra de la víctima.Con estas consideraciones el tipo penal de feminicidio en los estados debería quedar así: “Haya existido entre el sujeto activo y la víctima un parentesco por consanguinidad o afinidad, o relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o de alguna otra que evidencia desigualdad o abuso de poder entre el agresor y la víctima”.
— Las conductas en relación con el cadáver deben ser consideradas en tanto la instrumentalización de la mujer, o una forma de degradación o desprecio. Para ello, el párrafo quedaría así: “el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público”.
— Reconocer el feminicidio en contextos de trata de personas, para lo cual el párrafo quedaría así: “El sujeto haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación”.
–Incluir un agravante para casos en los que se haya hecho uso de estupefacientes para vencer la voluntad de la víctima. 
— Establecer que en caso de que no se acredite el delito de feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 
En México se asesina de forma cruel a una mujer cada dos horas y media. Entre 2015 y 2020, el delito de feminicidio creció 137 por ciento, esto es cuatro veces más que el resto de los homicidios según datos de la Fiscalía General de la República.Cada hora, mil 200 mujeres son sometidas a algún tipo de violencia, incluyendo violencia sexual. Uno de los obstáculos para garantizar la justicia en cada uno de estos casos —coincidieron las diputadas— es la ausencia de un adecuado tipo penal para todas las entidades. 
Para llegar a esta propuesta legislativa, el Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio conformado por 12 diputadas trabajó con la Fiscalía General de la República, hizo foros nacionales, presentó un estudio al respecto y realizó reuniones con fiscales estatales . 
Al respecto, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, –que en enero pasado propuso eliminar el tipo penal de feminicidio– dijo durante la presentación ue, si bien está de acuerdo con el proyecto final que se propuso desde el Congreso, valdría la pena agregar un párrafo que obligue a los agentes ministeriales a acudir a la figura legal de feminicidio en todos los casos de muertes violentas.
De agregarse su propuesta, debería quedar así: “que la investigación de todos los hechos en los que se prive de la vida con violencia a una mujer, el MP está obligado a constatar si existe alguna de las razones de género previstas en las fracciones de este artículo para que se aplique”. 
El Fiscal dijo que mandará esta propuesta al Congreso, y se comprometió a someter y presentar el proyecto legislativo que  promueven las diputadas a todas las personas que presiden las Fiscalías en el país. 
La propuesta fue bien recibida por el presidente de la Conferencia Permanente de Congreso Locales, el diputado Leopoldo González, quien agregó que se compromete a trabajar la propuesta con las y los diputados locales.