8/13/2020

Columnas y opinión del periódico La Jornada


Sin precedente, la lucha contra la corrupción en México
Coca-Cola admite que no es sana para los niños
Poetas
Ha sido buena, en general, la reacción de la prensa internacional a la decisión del gobierno mexicano de no enterrar, sino llevarla a la justicia, la corrupción que campeó en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La reacción tiene el valor de ser espontánea, no inducida ni pagada, la Presidencia ha seguido la línea de no atender a la prensa extranjera, no obstante que jugó un papel decisivo para evitar que Fox ejecutara el desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. El diario británico Financial Times –ya una vez fue objeto de un reclamo del presidente López Obrador– escribió esto: El presidente mexicano ha pedido a dos de sus predecesores (Calderón y Peña) que testifiquen sobre supuesta corrupción durante sus administraciones después de que un testigo los vinculara a esquemas ilícitos. Los fiscales dicen que Emilio Lozoya, el ex jefe de la petrolera estatal Pemex, les confesó que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht pagó millones de dólares de sobornos para ayudar a la campaña electoral de 2012 del ex presidente Enrique Peña Nieto. Lozoya, quien fue extraditado de España para hacer frente a cargos de corrupción, también ha alegado corrupción en el marco del gobierno conservador de Felipe Calderón en 2006-2012. Testificó que vendía materia prima a una planta petroquímica con una gran pérdida en otro esquema ilegal que involucraba sobornos, dijo el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Agrega Financial Times: En una medida sin precedente en un país con una larga historia de proteger a sus principales líderes de acusaciones, el señor López Obrador sostuvo que sus dos predecesores debían responder a las denuncias. El fiscal general ha revelado que ademas de los dos ex presidentes están involucrados en posibles actos de corrupción, servidores públicos y legisladores, dijo el presidente de izquierda en su conferencia de prensa matutina. Así que lo que viene después es que deben ser llamados y el señor Lozoya debe presentar pruebas. No podía faltar, por supuesto, un puntillazo. Agrega el diario: Los expertos dijeron que el momento de la extradición del señor Lozoya de España a México y los dramáticos informes de su testimonio, eran políticamente convenientes para un presidente que estaba luchando contra uno de los mayores números de muertes por coronavirus del mundo y una terrible recesión económica. Más allá de ese comentario, en el balance costo/beneficio, es importante que conozca el mundo la batalla contra la mugre política en uno de los países más corruptos del mundo.
Coca-Cola
El nuevo etiquetado ya está presente en algunas bebidas y alimentos procesados para prevenir sobre el exceso de sustancias no recomendables para la salud. Por ejemplo, Coca-Cola advierte que no es recomendable para niños por el exceso de calorías y azúcares, además de los edulcorantes y la cafeína que contiene. Con el objetivo de cumplir con las modificaciones que el Congreso hizo a la Ley General de Salud, y la NOM-051, Coca-Cola comenzó a mostrar en algunos de sus productos el nuevo etiquetado que deberá entrar en vigor a partir del primero de octubre. Hace unos días el Congreso de Oaxaca realizó una modificación a la ley para prohibir la venta de alimentos altos en azúcares, grasa y sodio a niños y adolescentes menores de 18 años.
¿Cuando menos que declaren EPN y FC?
Vericuetos judiciales
Contra un dirigente sindical
Funeral de Miranda Cardoso
A juicio del presidente de México, cuando menos dos de sus antecesores (Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) deberían ser llamados a declarar en el contexto del aún gelatinoso proceso judicial que tiene a Emilio Lozoya Austin como delator personaje principal.
El entusiasmo declarativo de Palacio Nacional sobre el tema de procedimientos escénicos (declarar) va a contrapelo de la reticencia del propio político tabasqueño respecto al fondo del asunto, es decir, que la propia Presidencia demande y promueva castigo a los presuntos responsables de hundir a la nación. Andrés Manuel López Obrador ha abundado en detalles, pistas y adelantos respecto de lo que habría de decir y denunciar Lozoya Austin en la etapa inicial de actuaciones jurídicas que requieren del máximo cuidado y sigilo para no conceder ventajas a un eventual litigio sobre violaciones al debido proceso judicial, pero se resiste a promover desde la silla presidencial acciones contra ex presidentes de la República, derivando el tema hacia una hipotética consulta popular en la que él abogaría por no hacer nada contra Peña, Calderón y otros a los que, sin embargo, sí desea ver sentados en el banquillo de los declarantes, aunque las diligencias judiciales no pasen de ahí.
Los vericuetos, contradicciones y eventuales insuficiencias del proceso escogido para hacer de Lozoya un colaborador de temporada generan, sin embargo, una percepción ampliamente esperanzada en una parte de los mexicanos que demandan acciones firmes contra los principales responsables del desastre nacional que casi diariamente menciona el actual ocupante del Poder Ejecutivo Federal en sus expandidas conferencias mañaneras de prensa.
En este caso, tan delicado y tan expuesto al rigor del análisis público, la Fiscalía General de la República, autónoma solamente en teoría, y la Presidencia de la República deben cuidar que los éxitos de circunstancia y proscenio lleguen a tener correspondencia justiciera a la hora de las sentencias formales. También deberían evitarse declaraciones desafortunadas como las hechas ayer por el fiscal Gertz respecto al trato dado a Rosario Robles Berlanga, endilgándole a la ex secretaria peñista una especie de culpabilidad extralegal de estar en prisión preventiva a causa de que no ha querido colaborar respecto a delitos de los que ella se declara inocente.
De pronto ha caído la guadaña judicial y hacendaria sobre un dirigente sindical en México. No ha sido uno de los archiconocidos gerentes delictivos de organizaciones de trabajadores, sino alguien poco conocido, Hugo Bello Valenzo, de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias, donde había constancia de transferencias por miles de millones de pesos, y la fiscalía de justicia del estado de México metió a la cárcel bajo acusaciones relacionadas con homicidios, extorsiones, despojos y secuestros. Bello ha dicho que apoya al presidente de la República y la llamada 4T. Por otra parte, mantuvo diferencias con Pedro Haces y su Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que aspira a ser una de las dos organizaciones sindicales favoritas de este sexenio.
Astillas
Ayer fue inhumado en Toluca el cuerpo de Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, político de marcada cercanía con Enrique Peña Nieto, quien no asistió al funeral ni el gobernador Alfredo del Mazo. Salvo el hallazgo de una camioneta relacionada con los hechos criminales, hasta anoche no había más información oficial sobre ese asesinato que ha generado especulaciones... Hoy, a las 8 pm, el autor de estos teclazos moderará una conversación entre tres ex guerrilleros que pertenecieron a la Liga Comunista 23 de septiembre, en el contexto de la nominación al Ariel de Oblatos, el vuelo que surcó la noche, documental dirigido por Acelo Ruiz. La conversación podrá verse en facebook.com/elccc y, la película, gratis durante unos días, en FilminLatino https://bit.ly/2PLicxx … ¡Hasta mañana!

Lozoya, ¿Valachi autóctono?
Famiglias mexicanas, fúricas
Seis décadas atrás la mafia se cimbró tras las confesiones y pruebas que uno de sus integrantes, Joe Valachi, rindió y presentó ante las autoridades legislativa y judicial estadunidense, con lo que, a cambio de protección, rompió la tradicional omertà y reveló nombres y apellidos de los cinco integrantes de la comisión, el máximo órgano colegiado de las cinco famiglias neoyorquinas. Tras ese episodio, el crimen organizado no fue el mismo, pues urgentemente debió cambiar prácticas, códigos, tácticas y estrategias para intentar mantener intocados sus vastos negocios ilegales, así como sus muy productivas relaciones con la clase política de aquel país.
Sirva de paralelismo, pues de la mafia mexicana (al menos de la surgida del salinismo) Emilio Lozoya Austin resulta ser el primero en romper abiertamente la omertà autóctona y detallar el modus operandi de las selectasfamiglias político-empresariales de México y de qué forma hacían negocios, componendas, enjuagues, compraventa de favores y demás gracias que a sus integrantes les permitió amasar fortunas de cuento de hadas, incluida la del propio ex director de Pemex.
Cierto es que muchas de las tranzas eran más que conocidas, pero la famiglia autóctona se sintió tan confiada, tan suelta, tan impune, que de plano se descaró y los casos de Agronitrogenados y Fertinal apenas son un par de botones del vestuario completo. Este conglomerado político-empresarial desvalijó al país, siempre en connivencia con el aparato de procuración de justicia, y, como diría Javier Jiménez Espriú, a lo largo de al menos cuatro décadas no dejó piedra sin labrar. Total, la factura siempre la pagaban los mexicanos.
A Joe Valachi la comisión neoyorquina puso precio a su cabeza, aunque no logró acabar con él, e intentos sobraron. En el caso de Lozoya quién sabe si ha sucedido lo mismo, pero lo cierto es que la famiglia mexicana está fúrica, porque sabe que puede complicársele el panorama, en especial cuando la cabeza del gobierno federal no pertenece a su pocilga.
En vía de mientras, para condimentar la sopa el ex director de Pemex involucró a dos ex inquilinos de Los Pinos: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; documentó la inyección de dinero sucio en la campaña electoral del divo de Atlacomulco; involucró a ex legisladores en la compraventa de votos para la expedita aprobación de las reformas del peñanietismo (en primer lugar la energética, por ser la más jugosa para hacer negocios a costillas de la nación); corrupción en Etileno Siglo XXI, en tiempos del comandante Borolas, y mucho más.
A pesar de ello, López Obrador insiste en no enjuiciar a los ex presidentes, salvo que la decisión surja de una consulta ciudadana y que se tomen en cuentacuando menos a los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y que la gente decida, porque no fue un sexenio nada más, sino un periodo de saqueo, de destrucción del país, y las eventuales denuncias serían atendidas por la FGR.
Eso sí, el mandatario dijo que con base en el testimonio de Lozoya, tendrán que ser llamados a declarar Calderón y Peña Nieto, el diputado, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray. Todos (incluidos Salinas, Zedillo y Fox). Es por procedimiento, pero al mismo tiempo no puedo convertirme en encubridor o en cómplice.
Por cierto, en los corrillos políticos se dice que, tras las revelaciones de Lozoya, los 353 ex diputados y 95 ex senadores (priístas, panistas, verdes y aliancistas, allá por diciembre de 2013, que votaron velozmente a favor de la reforma energética y estiraron la mano) hicieron compras de pánico y al por mayor adquirieron medicamentos anticagalera. Se trata de los mismos ex legisladores que, muchos de ellos, con una sonrisa aceptaron la coima, pero hoy gritan que el ex director de Pemex es un delincuente.
Las rebanadas del pastel
Cuestionar la vacuna Sputnik-V tiene tufo rusofóbico y parece un resabio de la guerra fría. ¿Será porque el salvaje de la Casa Blanca hizo berrinche y Putin le ganó la partida?

A Morena, un manipulador manipulado
Escribir sobre Morena es como calcar una historia de fracasos repetidos que no se quiere entender por más que el PRD –antecedente de Morena– esté hundido, y por más que los remedios se pongan al alcance del quehacer político de una militancia amorfa, así como de ciertos liderazgos empeñados en hacer de la organización un cártel familiar o una dudosa maquinaria de servicio para los cuates.
Empecemos por la Ciudad de México: resulta que aquí, en la capital, considerada por muchos el bastión de Morena, la experiencia nos dice que no se han hallado las dirigencias que encaminen al organismo al fortalecimiento de sus cuadros políticos.
Ahora envuelto en una trayectoria oscura que apenas busca disiparse, pero marcado por su reciente fracaso en la Central de Abasto, es decir, salido de la nada, Héctor García Nieto será –no tiene oposición– el nuevo dirigente local del partido en la Presidencia de la República.
Lo malo del señor García Nieto es que antes de la elección ya promete a ciertos diputados y alcaldes una relección aterciopelada siempre que sea él quien la maneje, o manipule –esto último se le da más–, según nos cuentan.
El inútil instituto electoral de esta capital ya dio el banderazo de salida a las campañas políticas, y luego de una buena propaganda, como el resucitador, no son pocos los que han buscado a García Nieto para que su poderoso dedo los mantenga en el nirvana, sobre todo por aquello de la rencarnación, pero tampoco hay que menospreciar a los que quieren llegar que se han convertido en sus fans.
Pero hay quien asegura que el trabajo para el que lo solicitan es para impedir que ciertos brazos políticos de algunos personajes que se han extendido hasta la ciudad crezcan; es más, el cometido sería cercenarlas para imponer nuevas candidaturas alejadas de la influencia, por ejemplo de algunos senadores y hasta de Marcelo Ebrard, de quien, dicen, ya no está en el camino, pero la querencia nadie se la quita.
Lo que en todo Morena ahora se comenta es: ¿De dónde salió Héctor García Nieto? ¿Cuáles son sus merecimientos para gobernar la parte más poderosa de Morena? ¿Quién tomará las decisiones de fondo en el partido? Total, la mejor explicación fue: es un manipulador manipulado. ¿Verdad que huele a amarillo?
En lo nacional, de lo que nos encargaremos muy pronto, hay mucha confusión porque algunos líderes que no quieren encuestas abiertas por puro temor de perder a la buena, andan buscando ayuda a futuro para obtener los beneficios que se dan a los negocios familiares. ¿Será?
De pasadita
Hay quienes aseguran que frente a los cambios que habrán de realizarse en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador para finales de año, algunas dependencias quedarán acéfalas y en una hay quienes acomodan barajas en los huecos que propone el recambio.
Uno de esos huecos, tal vez el más anunciado, es el que propone la supuesta candidatura del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a la gubernatura del estado de Sonora.
Y cuando los agoreros hacen cuentas descubren que hay muy pocos personajes que puedan cubrir un área de tan alta responsabilidad, aunque después alguno ha descubierto que Marcelo Ebrard podría echarse a cuestas el muy, pero muy difícil y peligroso encargo.
En la cancillería, cuando alguien expresó tal posibilidad, los ojos se abrieron y las caras se pusieron en modo de ¿what? Él, o la atrevida, fueron casi acusados de traición. Una cosa así es no querer al canciller, dijeron, pero la banderilla quedó clavada en lo más alto de los horizontes políticos que tiene pensado el equipo del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Lo malo del asunto es que las decisiones de ese tipo no se toman en la Secretaría de Relaciones Exteriores y las necesidades del país, ahora más que nunca, marcan senderos. Así es.

Editorial
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció ayer que bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, así como las de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas al dirigente gremial. De acuerdo con la oficina encargada de inhibir el uso del sistema financiero para el manejo de recursos de procedencia ilícita, Bello dispersaba las ganancias de sus actividades criminales a través de instituciones legales, para lo cual recurría a prestanombres, empresas fachada y una red de familiares y colaboradores.

Cárcel para todos los abusadores del poder
La acusación de corrupción de Emilio Lozoya a Peña Nieto y Luis Videgaray, en boca de millones de mexicanos, es una gran noticia que, al fin, podamos ver a todos esos pillos en la cárcel o lo más importante, que regresen nuestro dinero robado de manera inmoral.

El escenario político latinoamericano se cimbró la semana pasada con el arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, ordenado por la Corte Suprema de ese país. En América Latina, las detenciones, los procesos penales y la justicia no son necesariamente elementos concatenados que reflejen la vigencia de un estado de derecho en nuestras jóvenes y frágiles democracias.

Durante los últimos días de marzo y los primeros de abril, la emergencia sanitaria irrumpió en México y llevó a que las oficinas se vaciaran y el trabajo, junto con el miedo y la incertidumbre, se mudaran a los domicilios de empleados y patrones.
Foto
Trump ha conseguido algo muy significativo: constituirse como eje ordenador de la política en América Latina. Posicionarse en favor o en contra de su figura y sus ideas supone hoy un nuevo criterio dominante para agrupar a los diferentes grupos políticos y también a las preferencias ciudadanas.
Esta suerte de plebiscito ideológico sobre el presidente de Estados Unidos tiene una particularidad: distribuye muy desigualmente a los que están a un lado y al otro. La gran mayoría latinoamericana rechaza su manera de hacer política.
En las últimas cuatro encuestas del Celag realizadas en los pasados dos meses en América Latina, para Chile, México, Bolivia y Ecuador, observamos que cómo mínimo, 70 por ciento de la ciudadanía en cada país tiene una imagen negativa de Trump. Estos porcentajes están en la línea con otro estudio del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, para Argentina (casi 70 por ciento) y Brasil (60 por ciento).
Dentro de cada país, sea cual fuere el criterio de desagregación que apliquemos, no hay apenas diferencia entre grupos sociales, salvo en contadas excepciones. Por ejemplo, en Chile, en la población que se autoidentifica de derecha y en la clase alta (autopercibida), el nivel de rechazo a Trump es más bajo (62-64 por ciento). En Bolivia, entre los votantes del ultraderechista Camacho, también hallamos que la imagen de Trump es valorada como menos negativa (50 por ciento). En Ecuador, en la clase alta, en la derecha y en el anticorreismo, crece la imagen positiva del magnate.
Más allá de esas contadísimas salvedades, el antitrumpismo es un fenómeno transversal, es un nuevo sentido común de época que está impregnado en toda Latinoamérica. En poco tiempo ha logrado, incluso, desbancar otros ejes ordenadores que estuvieron muy presentes en años anteriores. Su postura injerencista, su carácter supremacista, su lenguaje belicista, sus políticas antimigratorias y su poca empatía (e incluso desprecio) hacia América Latina han provocado un rechazo muy amplio en la región.
Sin embargo, esta animadversión ciudadana está disociada de la relación estrecha que tienen algunos presidentes con Trump. Este es el caso de Jeanine Áñez (Bolivia), Lenín Moreno (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo (Paraguay) o Iván Duque (Colombia). Nace así un dilema complejo que deben afrontar los gobiernos conservadores de la región: compatibilizar su alto grado de dependencia del presidente de Estados Unidos con lo que piensa mayoritariamente la gente.
Estamos ante un nuevo eje reordenador del campo político y, en consecuencia, también del electoral. A su manera, Trump logra hacer coincidir a un gran grupo de ciudadanos en América Latina que, por otra razón, seguramente no hubieran llegado a acercar posturas. A veces, en política –y en particular en el terreno electoral– se generan escenarios en los que se crean mayorías por el rechazo a un enemigo común, en vez de estar unidos por algo en positivo.
Esto no significa que el antitrumpismo tenga la fuerza suficiente como para constituirse como el significante articulador de cualquier proyecto político o electoral, como así lo fuera, por ejemplo, el antimacrismo en Argentina u, hoy, el creciente rechazo contra el modelo económico chileno. Es cierto que el antitrumpismo emergente en Latinoamérica no tiene esa capacidad, pero no debemos subestimarlo porque supone una pieza clave para diseñar un campo discursivo en favor del progresismo.
Trump no es sólo una figura controversial y excéntrica; también es símbolo de un modelo ineficiente de políticas públicas en contra de la gente; instituciones con muy bajo grado de gobernabilidad; un fracaso en términos de gestión del Covid-19; una matriz de valores reaccionarios. Es el máximo exponente de un proyecto económico, cultural y social, y ejerce gran influencia en el patrón de comportamiento de la clase política conservadora. ¿Qué harán los líderes políticos de la derecha latinoamericana? ¿Imitarán a Trump? ¿Querrán tomarse una foto con él? ¿O estarán dispuestos a alejarse, en línea de las preferencias de la ciudadanía en América Latina?
* Investigadores del Celag

La pandemia ha hecho desaparecer del paisaje humano muchos aspectos comenzando por el rostro. En México se hizo popular una figura que se sumó a otras fruto de la publicidad: la botarga, ahora también descontada.
Sea en materia de catástrofe bioclimática planetaria, de juicios por corrupción, de oposición del cabildo petrolero a transparentar los registros de extracción de crudo, gas o minerales, o en relación a Shell, de complicidad en sonados casos de corrupción y masivas violaciones a los derechos humanos, las empresas a las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) asignó los 19 contratos en la cuarta licitación petrolera ( La Jornada, 1/2/2018) ameritan nuestra atención.
¡Fuera Áñez! es la demanda que se ha impuesto en la actual movilización popular de protesta en Bolivia. Hace escasamente una semana la exigencia era: ¡Elecciones, ya!, que se cumpliera con la convocatoria para la fecha del 6 de septiembre, pactada en su momento por las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Rechazar la nueva posposición de los comicios para el 18 de octubre adoptada por el TSE, la tercera, con la excusa de proteger a la población contra el coronavirus, sin haber realizado ninguna consulta a las fuerzas políticas y al movimiento popular. Como ya relaté en este espacio ( La Jornada, 30 de julio, Opinión), contra la posposición del acto electoral fue convocada una movilización y cabildo abierto en la ciudad de El Alto por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad (reúne a los movimientos sociales campesinos e indígenas), que dio un plazo de 72 horas al TSE para que repusiera la elección el 6 de septiembre o de lo contrario se decretaría una huelga general y bloqueos carreteros hasta que se accediera a su petición. El 3 de julio fueron aplicadas las medidas anunciadas por la COB y los movimientos sociales, que pese a haberse reunido durante horas con el órgano electoral no han logrado que éste adelante la fecha de las elecciones. Y es que el presidente del TSE ha obedecido hasta ahora las órdenes de Áñez. Las bases de la COB, del Pacto de Unidad y otras fuerzas sociales se sienten ninguneadas por el gobierno de Áñez, que les provoca el mayor hartazgo y rechazo por la evidente intención de la autoproclamada de perpetuarse en el poder, haber desmantelado y saqueado las empresas públicas, cerrado de manera arbitraria el curso escolar y por su desastroso manejo de la pandemia desoyendo los consejos del Colegio Médico, incluyendo una escasez de medicamentos básicos y corrupción escandalosa en las compras sanitarias, como 500 ventiladores que no se sabe dónde están.
Conviene recordar que Áñez se autoproclamó presidenta interina, en violación del texto constitucional, el 12 de noviembre de 2019, pero aceptó más adelante cumplir con una agenda pacificadora y convocar a elecciones el 5 de mayo de 2020. Recordemos, desde entonces ha habido tres posposiciones con el pretexto de la pandemia.
¿Cómo se fraguó el golpe de Estado que entronizó a Áñez? Estados Unidos y la derecha local realizaron una serie de acciones, previas y posteriores a las elecciones de octubre de 2019, para hacer creer a una parte de la población urbana, mediante una delirante campaña mediática nacional e internacional, que las elecciones serían fraudulentas y para alentar en las clases medias urbanas el racismo antindígena y, por consiguiente, demonizar la gestión de Evo Morales. Más adelante, promovieron un burdo montaje a cargo de Luis Almagro, secretario general de la OEA, para arrojar un velo de duda sobre la transparencia del proceso electoral y exigir que se realizaran nuevos comicios. Extremo aceptado por Evo, pese a saber que era una acción del imperio para derribar el proceso de cambios, pero en el intento de cortar la espiral de violencia salvaje que la derecha había lanzado contra funcionarios de su gobierno y sus familiares. Pero ya era indetenible el golpe de Estado, organizado por poderosos intereses económicos y geopolíticos locales y del imperio del norte ansiosos de acabar con una Bolivia independiente, próspera y de justicia social y de apoderarse de sus recursos naturales, entre ellos el litio. Contaron con el respaldo de la policía y muy especialmente del ejército, cuerpos cuyos jefes literalmente compraron con una millonada. Esto aseguró una violenta represión por los militares de la oposición indígena y campesina al golpe y condujo a las sangrientas matanzas en Senkata y Sacaba.
La situación actual es muy explosiva pues el régimen de Áñez está sumamente debilitado por todo lo ya expuesto. Tanto, que la señora no ha firmado hasta hoy el decreto que exige el comandante de las fuerzas armadas para actuar contra las protestas. El miércoles se daba a conocer que las fuerzas políticas, incluyendo el mayoritario MAS de Evo Morales habían acordado aprobar en el Senado y Cámara de Diputados una ley fijando las elecciones cuando más hasta el 18 de octubre, como fecha única y definitiva, con participación de veedores de la ONU, la Unión Europea, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones nacionales. Si esto se aprobara faltaría saber la opinión de la COB y de las fuerzas que están en los bloqueos, con los que habría que negociar esta salida, pues hasta el momento muchos siguen pidiendo la renuncia de Áñez. Aislada y deslegitimada, la señora no controla la situación. El problema para Washington y la derecha boliviana es que, según las encuestas, Luis Arce, candidato del MAS, ganaría las elecciones en primera vuelta, a menos que lo invaliden para competir. Se abre un compás de espera donde no está excluida la posibilidad de un autogolpe golpe cívico-militar, como ha denunciado Evo Morales.

Pocos videos tan viralizados como el de la golpiza recibida por el ladrón en la combi del Estado de México. Su penetración social llega a que se le hagan poemas, canciones, videojuegos, falsos documentales y más a los participantes.
En cuanto avanza la pandemia y empiezan los indicios de rebrotes y la prolongación por meses o años de la epidemia, la(s) vacuna(s) aparecen como el remedio definitivo. Hay una carrera entre las farmacéuticas de todo el mundo para lanzar primero una vacuna al mercado. La vacunación también se ha convertido en un tema altamente politizado, como todo el debate sobre el Covid-19, hecho que dificulta la comprensión de la pandemia. Sin embargo, hay dos problemas específicos relacionados con las vacunas: el paradigma explicativo de la epidemia y la ubicación de las vacunas en el terreno mercantil de la poderosa industria farmacéutica.

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